Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión toma nota de la memoria detallada y de la completa documentación recibida en septiembre de 2009. El Gobierno enumera las medidas destinadas a promover el crecimiento económico, incrementar el ingreso y reducir el déficit fiscal y la presión tributaria. El objetivo del Gobierno es lograr la creación de empleo de calidad; realizar inversiones en infraestructura económica y social para fomentar la productividad, inversión y empleo digno; y reforzar la inversión en educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico. En el Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión destacó que el decreto ejecutivo núm. PCM-05-2007 de 2007 incorpora el Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno en su estrategia de reducción de la pobreza, y lo eleva a nivel de política de Estado (párrafo 57 del Estudio General de 2010). El Gobierno señala en su memoria que desde 2008 se logró salir de la categoría de «país pobre altamente endeudado» y pasar a la de «país de ingreso medio bajo». Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2009, el porcentaje de hogares en situación de pobreza fue del 59,2 por ciento y la «pobreza extrema» sigue afectando al 36 por ciento de los hogares. En 2009, la tasa de desempleo abierto se encontraba en un 2,9 por ciento y la tasa de subempleo invisible en un 29,8 por ciento. El Gobierno intenta con la ejecución del Programa Nacional de Trabajo Decente (PNTD) generar alrededor de 425.000 empleos durante 2006-2009, y 650.000 empleos en el sexenio siguiente. El PNTD pretende fomentar el trabajo decente con énfasis en los jóvenes, el desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, la reducción de la informalidad y el subempleo, la mejora de los servicios de empleo, formación profesional e información sobre el mercado laboral. El Gobierno también informa de que se están aplicando instrumentos de seguimiento para evaluar la gestión de las políticas integrales de empleo para poder así medir sus resultados. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre los resultados alcanzados para generar empleo productivo en el marco del Programa Nacional de Trabajo Decente. La Comisión pide que se incluyan datos actualizados sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo como fase indispensable para ejecutar una política activa del empleo en el sentido del Convenio.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. Medidas para mitigar los efectos de la crisis. La Comisión advierte que los efectos de la crisis financiera internacional han tenido un impacto desfavorable en las finanzas públicas, el crecimiento del PIB y la inversión privada, nacional y extranjera, produciendo una caída en los ingresos y el empleo. El Gobierno indica en su memoria que se realizan esfuerzos para procurar la estabilidad macroeconómica y estimular la creación de empleo productivo así como para incentivar la capacitación de la fuerza laboral en poblaciones y sectores productivos prioritarios. La Comisión también toma nota de la Mesa Tripartita creada para construir un espacio de diálogo, coordinación, negociación y consulta con especial énfasis en el Plan Nacional de Generación de Empleo Digno y la Política para el Apoyo de la Competitividad de las MIPYMES. En el Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión destacó la importancia que tienen las consultas tripartitas continuas y genuinas para afrontar y mitigar las consecuencias de la crisis económica mundial (párrafo 788 del Estudio General de 2010). La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria informe sobre las consultas efectuadas para diseñar y ejecutar una política activa del empleo que permita superar los efectos negativos de la crisis mundial. La Comisión pide también al Gobierno que brinde indicaciones sobre las consultas celebradas con los representantes «de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar» de otros sectores de la población económicamente activa tales como los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal.

La Comisión toma nota del decreto núm. 230-2010, de noviembre de 2010, mediante el cual se establece un Plan Nacional Solidario de Empleos Anticrisis, el cual incluye el Programa Nacional de Empleo por Horas. La Comisión toma nota de la oposición manifestada por la Central General de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Honduras y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras en contra del proyecto de Plan Nacional Solidario en una comunicación transmitida al Gobierno en octubre de 2010. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique de qué manera se han tomado en cuenta la opinión y la experiencia de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para la elaboración y ejecución de dicho Plan. La Comisión desearía poder examinar informaciones sobre la supervisión y seguimiento del programa y la medida en que los beneficiarios hayan logrado empleos productivos, así como detalles sobre edad, género, residencia, capacitación recibida y otros elementos que permitan realizar un examen cuantitativo y cualitativo del empleo generado.

Coordinación de políticas. El Gobierno declara que está aunando esfuerzos para mejorar la empleabilidad y elevar la competitividad de la fuerza laboral mediante un Programa Nacional de Formación Profesional integrado a la generación de trabajo productivo. La Comisión también toma nota de que la Estrategia Nacional de Competitividad identifica como motores del desarrollo: la maquila orientada a servicios, el desarrollo integral del potencial agroalimentario, la promoción del sector forestal y el desarrollo integral del turismo. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo y mejorar la competitividad de la economía.

Impacto de los acuerdos comerciales. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-RD). Considerando la importancia de las exportaciones para sostener el empleo productivo en la economía del país, la Comisión invita nuevamente al Gobierno a que incluya información en su próxima memoria acerca del impacto que los acuerdos comerciales tienen en la generación de empleo productivo.

Zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de que, según la Asociación Hondureña de Maquiladores, en enero de 2009 había 250 empresas trabajando bajo el régimen de zona franca (maquila) empleando a casi 119.000 trabajadores. Desde 2008, se han perdido más de 12.000 puestos de trabajo en el sector. Los sectores con mayor actividad siguen siendo el sector textil y el de la confección junto con el de los arneses para automóviles. La Comisión pide al Gobierno que siga informando sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad.

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Según la Secretaría de Industria y Comercio, las 280.000 MIPYMES existentes en el país generan aproximadamente el 25 por ciento del PIB y más de 700.000 empleos. En octubre de 2008 se adoptó el decreto núm. 135 por el que se aprueba la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad y de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. La ley pretende promover un entorno favorable para que las MIPYMES urbanas y rurales desarrollen su competitividad y establezcan una cultura empresarial; facilitar el acceso al financiamiento, crear condiciones para la creación y consolidación de cadenas productivas y elaborar planes estratégicos para garantizar el desarrollo integral del sector. Se destinó un fondo de capital de 1.000 millones de lempiras al fomento de las MIPYMES. La Comisión invita al Gobierno a incluir información sobre el impacto del nuevo marco jurídico de las MIPYMES para generar empleo y reducir la pobreza.

Trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de que el porcentaje de población migrante supera al 5 por ciento de la población. El destino del 81,1 por ciento de los migrantes es América del Norte. Se reciben anualmente cerca de 2.600.000 dólares de los Estados Unidos en remesas a Honduras. El Gobierno indica que se están aplicando mecanismos para organizar el flujo de remesas con fines laborales, de inversión y para aminorar su aplicación al consumo, garantizando que se realizan dentro de los planes propuestos de reducción del desempleo y subempleo. La Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones sobre la manera en que los programas para la inversión viable de las remesas enviadas por los trabajadores migrantes contribuyeron a la creación de empleo productivo.

Empleo juvenil. Según el Foro Nacional de Juventud, el desempleo afecta al 5,2 por ciento de la población joven económicamente activa, estando más acuciado en zonas urbanas, principalmente en la ciudad de Tegucigalpa (10,8 por ciento), mientras que en el área rural es de 2,9 por ciento. La tasa de desempleo abierto para jóvenes desocupados con educación secundaria y superior es de 8,6 por ciento y 8 por ciento respectivamente. La Comisión observa que los jóvenes que recibieron una formación presentan dificultades particulares para conseguir empleos. El Gobierno indica que es necesario eliminar los problemas sociales que representan un verdadero riesgo para la población juvenil, entre ellos, la violencia, el escaso acceso a la salud y a la educación, así como la exclusión de las oportunidades políticas, sociales y económicas. La Comisión toma nota de que se ha aprobado la Política Nacional de la Juventud y su Plan Estratégico. Se adoptó el Plan de Acción de Empleo Juvenil 2009-2011 para favorecer la empleabilidad de jóvenes mediante su acceso a la formación técnica y profesional. Entre las líneas estratégicas del Plan de Acción se encuentra el fomento del desarrollo empresarial juvenil y el acceso a activos productivos como desincentivo a la migración de jóvenes de entre 15 y 29 años en situación de vulnerabilidad. La Comisión también observó que existe un problema creciente de desempleo entre los trabajadores calificados, particularmente entre los jóvenes graduados universitarios, que no encuentran seguridad en el empleo acorde con su nivel de competencias laborales, lo que resulta un problema tanto para las economías de mercado avanzadas como para los países en desarrollo. No solamente se desaprovechan las capacidades de los jóvenes sino que éstos se ven obligados a aceptar trabajo de manera ocasional. Esta situación puede resultar perjudicial para el desarrollo de una carrera profesional (párrafo 800 del Estudio General de 2010). La Comisión insta al Gobierno a seguir poniendo énfasis en la necesidad de integrar a los jóvenes en el mercado laboral. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre los resultados alcanzados por la Política Nacional de la Juventud y el Plan de Acción de Empleo Juvenil 2009-2011.