Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1982)

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La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) recibidas el 1.º de septiembre de 2015, así como de las observaciones formuladas conjuntamente por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 2 de septiembre de 2015.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que ha implementado una nueva estrategia social, basándose en los lineamientos establecidos en el Plan de desarrollo económico y social para 2007-2013, dirigida a erradicar la pobreza y facilitar la inclusión social. Dicha estrategia se apoya en el sistema de misiones existentes en el país, centrándose en cinco elementos clave, a saber, el empleo y la calidad del empleo; la atención de la educación, la garantía de una educación gratuita y de calidad; y la superación definitiva de la pobreza. El Gobierno explica que el impacto social de las distintas políticas y programas se observa en los indicadores sociales (disminución progresiva del número de hogares en situación de pobreza extrema, la tendencia en baja del número de hogares pobres y el aumento de la inversión social). El Gobierno se remite al comportamiento de los indicadores de la fuerza de trabajo (la tasa de desocupación pasó del 10,6 por ciento en 1999 al 5,5 por ciento en 2014). El Gobierno indica que, en enero de 2015, el porcentaje de ocupados en el sector informal era del 41,2 por ciento (10,4 puntos porcentuales menos que en enero de 2004). El Gobierno añade que, entre 2000 y 2014, un tercio de los nuevos puestos de trabajo creados lo han sido en sector formal de la economía. FEDECAMARAS y la OIE sostienen que no existen verdaderamente planes de empleo que estén integrados dentro de la planificación macroeconómica y que la situación económica del país no permite la creación de nuevos empleos. La Comisión observa que FEDECAMARAS y la OIE, sostienen que el modelo económico de los últimos diez años ha tenido como consecuencia el cierre de aproximadamente 4 000 industrias y de más de 200 000 establecimientos empresariales; además, unas 120 000 empresas se encuentran en riesgo de quiebra. Según FEDECAMARAS y la OIE, en enero de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) habría anunciado que la tasa de desempleo en Venezuela era del 7,9 por ciento y que más de 13 millones de personas se encontraban ocupadas. El INE también indicó que el 58,8 por ciento del total de la población ocupada se encontraba en el sector formal de la economía, mientras que el sector informal (que incluye empresas con menos de cinco empleados) representa un 41,1 por ciento de la población. La Comisión pide al Gobierno que indique el impacto que tuvieron las medidas adoptadas en el marco del Plan de desarrollo económico y social para 2007-2013 y de las misiones sociales, en relación con la generación de empleo productivo. La Comisión también pide al Gobierno que agregue información detallada y desagregada sobre la situación, el nivel y las tendencias del empleo. Sírvase explicar la manera en que han sido utilizados los datos sobre el mercado del trabajo como base para revisar regularmente las medidas de política del empleo adoptadas, como parte integrante de una política económica y social coordinada para lograr los objetivos del Convenio.

Empleo juvenil. El Gobierno indica que, según el «Informe de Fuerza de Trabajo» del INE, para el segundo semestre de 2013, la población joven (entre 15 y 30 años) equivalía a 8 417 247 personas, lo que representaba un 28 por ciento de la población total del país. La población económicamente activa (PEA) de dicho grupo etario representa el 33,5 por ciento de la PEA total. En el segundo semestre de 2013, la tasa de ocupación de los jóvenes era del 87,2 por ciento (4 093 949 personas), representando el 31,6 por ciento de la población total ocupada. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones detalladas y desagregadas sobre las tendencias del empleo juvenil. La Comisión pide también al Gobierno que incluya una evaluación de las medidas de política activa ejecutadas para minimizar el impacto del desempleo sobre los jóvenes y favorecer su inserción duradera en el mercado del trabajo, en particular, de las categorías más desfavorecidas de jóvenes.

Desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno respecto de las disposiciones legales concernientes a la promoción y protección de las pymes, y de los créditos otorgados entre 1974 y 2013, por sector económico. Además, el Gobierno indica que ha concluido acuerdos mediante mesas de diálogo con el sector empresarial para el reimpulso del empleo productivo dando el apoyo financiero e institucional a los proyectos de creación de empresas de producción social, mixtas y comunales. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la productividad y un clima propicio para la generación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que la CTV sostiene que las organizaciones de trabajadores no son consultadas para la formulación de las políticas de empleo. Por su parte, FEDECAMARAS y la OIE indican que el Gobierno incumple la obligación de consultar a la organización más representativa de los empleadores en la República Bolivariana de Venezuela para la definición coordinada de las políticas que garanticen el empleo decente, estable, productivo y de calidad en la República Bolivariana de Venezuela, la elevación del nivel de vida de los trabajadores, así como para lograr el crecimiento y progreso individual y social. La Comisión reitera su pedido al Gobierno de aportar ejemplos concretos sobre la manera en que se han tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo.