Individual Case (CAS) - Discussion: 2022, Publication: 110th ILC session (2022)

Discusión por la Comisión

Representante gubernamental, Ministro de Trabajo y Previsión Social - El Salvador es Miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo, creemos en los valores y principios que fundamenta esta Organización, cuyo propósito esencial es lograr la paz en el mundo. Nuestro marco constitucional establece el obligatorio cumplimiento de los convenios internacionales ratificados. Por ello. como Gobierno somos respetuosos de la normativa internacional en materia laboral y tenemos un firme compromiso con el cumplimiento progresivo de estas.

En la Conferencia anterior, en junio de 2021, esta Comisión emitió sus conclusiones, las cuales fueron adoptadas por nuestro país y se han realizado todas las acciones necesarias para el cumplimiento de las mismas. De manera diligente, nuestro Gobierno instaló el Consejo Superior del Trabajo, en un proceso transparente, con el respaldo y la anuencia de los sectores de empleadores y trabajadores, quienes designaron de manera libre e independiente sus representantes y, además, con la verificación y el acompañamiento de la OIT.

Nuestro Gobierno mostró una clara voluntad política y compromiso con los órganos de control de la OIT, al recibir de manera tripartita a la misión de alto nivel que esta Comisión delegó. A pesar de que es al Estado salvadoreño a quien corresponde recibir la misión, con horarios y cronogramas establecidos, decidimos hacerlo de manera tripartita y consensuada con el Consejo Superior del Trabajo, y prueba de ello es que se elaboró un documento, el cual ustedes recibieron. Durante su visita, hemos brindado con transparencia y diligencia toda la información que la misión ha requerido, lo que ha quedado reflejado en el informe publicado por dicha comitiva.

Además, dicho sea de paso, toda la semana estuvo este Ministro, la Viceministra y todo el aparato direccional de este Ministerio a tiempo completo, dejando de lado otras labores ministeriales en El Salvador, para las cuales hemos sido nombrados, solo para atender de forma directa a la misión de alto nivel, dando la prioridad y el interés que como Gobierno tenemos.

El Gobierno de El Salvador, desde que recibió el informe de la misión de alto nivel, dio lectura al mismo, observando con espíritu constructivo y de cooperación multilateral sus valiosos aportes, en concordancia con el diálogo social, los compromisos tripartitos y la apuesta por un mejor futuro laboral y sus beneficios sociales.

No obstante, no encontramos coherencia entre las conclusiones del informe de la misión de alto nivel y la decisión de incluir a El Salvador en la lista en la cual estamos presentes, acción que nos genera una tremenda preocupación, porque lacera la credibilidad no nuestra sino de un organismo internacional. Los delegados que fueron a realizar la verificación constataron un clima de construcción de diálogo social tripartito. También verificaron que se cuenta con cinco instancias tripartitas en El Salvador, de las cuales cuatro están trabajando, y han estado trabajando desde la llegada de nuestro Gobierno de forma permanente, y un proceso de designación de representantes del sector empleador. Si esto tuviera una ponderación porcentual, que fuera un criterio a evaluar, estaríamos entonces diciendo que cumplimos a un 80 por ciento la integración de los espacios tripartitos, y además, se está en el proceso de conformación para superar ese 20 por ciento. De esta forma, se cumpliría al 100 por ciento con el Convenio, que fue la razón por la cual esta Comisión decidió incluirnos en la lista.

Por otra parte, si este término porcentual fuera un criterio de evaluación, ¿cuántos países adicionales al nuestro estarían en una lista corta? Estamos completamente seguros de que, aplicando este parámetro de medición, habría una gran cantidad de países que no llegan al término porcentual de nuestro país, en cuanto al cumplimiento del Convenio.

Esto muestra una clara y franca contradicción, y lo único que trae como resultado es la pérdida de credibilidad a un organismo, ya que ningún país creerá en un mecanismo de verificación como la misión de alto nivel, por existir una evidente contradicción, que manifestamos contundentemente en el espacio antes descrito. Asombra sobremanera que en algunos de nuestros países vecinos, a tan solo unos kilómetros de distancia de nuestra frontera, intimidan, chantajean, extorsionan y asesinan a dirigentes sindicales cuando estos están queriendo organizarse, y estos países no aparecen en ninguna lista que lacere la imagen de su nación.

Con estos dos enfoques, como Estado llegamos a la siguiente conclusión, que esta Comisión no tiene un análisis evidentemente técnico ni objetivo para incluir a un país en una lista, ya que, por el momento, no existe un proceso claro donde todas las partes puedan dar de forma libre y directa su planteamiento y cuya verificación del mismo conlleve a estar o no dentro de una lista.

Vemos cómo países violan derechos laborales, reprimen y vulneran la libertad sindical en contra de los sectores productivos de su país. Sin embargo, cuentan con experimentados equipos de lobby en estos espacios, especialmente en el escenario internacional, y quizás ese sea nuestro problema y nuestra mayor debilidad como país. El Salvador es fuerte en respetar los derechos de los sectores productivos, pero débil en el lobby que se requiere en el tablero internacional para tomar las decisiones de las entregas de las listas.

Esta contradicción entre las conclusiones de la misión tripartita de alto nivel y la decisión de esta Comisión de incluirnos en la lista no estimula para nada el progreso, es contraria al espíritu constructivo y de colaboración, desestimando la existencia de espacios reales de diálogo social.

Con base a lo expuesto, en nombre del Gobierno de El Salvador, quiero manifestar la inconformidad con esta decisión. Consideramos inaudito que esta Comisión haya hecho caso omiso de las conclusiones de la misión tripartita de alto nivel, que fue enviada por el mismo órgano de control, restando credibilidad a sus mismos delegados; además de invalidar los esfuerzos que como mandantes se están realizando y la buena voluntad constatada por esta misma Comisión.

En esa línea, vemos que la inclusión de nuestro país tiene más un propósito de carácter político que técnico, lo cual sería trágico, porque es impropio de las instancias de control que tiene la OIT. Exhortamos a esta Comisión a alejarse lo más que pueda de este tipo de actuaciones políticas, que dañan la imagen de los órganos de control de la OIT y debemos de recobrar el verdadero papel histórico en la construcción de la paz del mundo que es el eje trasversal de la OIT.

No somos de los que se han encontrado en el camino, sino que somos uno de los Miembros fundadores de la OIT. Recalcamos nuestro compromiso con esta Organización, que es inquebrantable, a pesar de las imperfecciones humanas o del tablero político que se ha manejado de forma discrecional por personas que no vienen a verificar los países. Prueba de ello es que recientemente nuestro país, por decisión del Presidente Bukele, ratificó cinco convenios como una respuesta a los clamores de la clase trabajadora, clamores que nunca habían sido escuchados en este país. Además, El Salvador nunca había estado en listas por no ratificar convenios. Lamentablemente, un lado de la balanza, a veces, tiene más inclinación que el otro. La ratificación de estos convenios muestra una voluntad real política de nuestro Gobierno por avanzar en la adopción y cumplimiento de normas internacionales del trabajo, en áreas como la seguridad social, la protección de la maternidad, la negociación colectiva, la salud ocupacional y la eliminación de la violencia en el mundo del trabajo, pero esto es una parte. Vienen más ratificaciones de convenios, porque nosotros sí somos fieles creyentes de la OIT, aunque algunas instancias hagan otro tipo de cosas que no van a enriquecer la imagen de la OIT.

Concluyo mi participación, confiando en que esta Comisión debe de valorar estos nuevos elementos constatados por la misión tripartita de alto nivel y la realidad de nuestro país. Estamos en una nueva etapa de diálogo social tripartito, franco, eminentemente técnico y duradero, así lo hemos planteado y allí están presentes los interlocutores. Ellos lo pueden confirmar o no, este ha sido el planteamiento, debe de ser un diálogo tripartito, franco, sincero, duradero, sostenible en el tiempo, y además, con el compromiso de superar los desafíos, no los que nosotros nos hemos encontrado o que hemos construido, porque apenas llevamos tres años en el Gobierno, sino los grandes desafíos históricos que hemos heredado de Gobiernos anteriores en materia de legislación laboral y que nunca fueron llevados a un escenario internacional y menos aún incorporados en una lista por esta gran deficiencia que ha existido.

Miembros trabajadores - Nuevamente nos han solicitado que examinemos el caso de El Salvador en relación con el cumplimiento del Convenio. Desde la revisión en nuestra última reunión ha habido varios avances. De hecho, como acaba de indicar el Gobierno en respuesta a las conclusiones de la Comisión, el Gobierno ha aceptado recibir la misión tripartita de alto nivel. Esto es, por supuesto, algo que hay que tener en cuenta y agradecer.

La misión que se llevó a cabo en mayo de este año hizo una serie de constataciones interesantes. Un ejemplo es el hecho de que el Consejo Superior del Trabajo haya vuelto a funcionar. Pudo celebrar varias reuniones y, en particular, examinar la ratificación de varios convenios de la OIT. También parece que se están resolviendo los problemas relativos a la integración de la organización patronal, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Sin embargo, El Salvador no está en nuestra lista de este año para destacar estas áreas de mejora, de hecho todavía hay tres problemas: la representación de los empleadores y de los trabajadores en el Consejo Superior del Trabajo debe estar en pie de igualdad, esto significa que las actuales vacantes en el organismo deben cubrirse lo antes posible; el proceso administrativo requerido para la designación de los representantes de los trabajadores sigue siendo complicado, el resultado es que se impide el funcionamiento normal del Consejo Superior del Trabajo; y por último, sigue existiendo un obstáculo legal que complica aún más el proceso de nombramiento de los trabajadores, ya que los sindicatos están obligados por el Código del Trabajo a renovar la composición de sus juntas directivas cada año. Por un lado, no vemos la razón de ser de esta norma de renovación; por otro lado, constituye una forma de injerencia en el funcionamiento de las organizaciones en cuestión. Hay que recordar que el artículo 3 del Convenio establece que los representantes deben ser designados libremente. En nuestra opinión, la norma de la renovación anual es una violación de esta libertad.

Por último, cabe señalar que para las organizaciones que representan a los empleadores, el periodo de renovación es de dos años. Todas estas consideraciones implican que, a pesar de los progresos realizados, el Gobierno sigue sin cumplir los requisitos del Convenio.

Miembros empleadores - Quiero empezar por agradecer el informe brindado por el Gobierno a esta Comisión. Destacamos nuestra preocupación por el hecho de que se trata de la quinta vez consecutiva que tenemos que atender este asunto ante una situación que de fondo permanece prácticamente igual que cuando se trató por primera vez, más aún, según el informe de la Comisión de Expertos, la situación se ha deteriorado.

Recordamos con preocupación que en 2017, 2018, 2019 y 2021, esta Comisión adoptó conclusiones muy concretas que incluían los pasos que el Gobierno debía dar para aplicar el Convenio, un convenio de gobernanza muy relevante en esta casa.

Considerando el poco tiempo que tengo para hacer mi presentación de un caso que consideramos grave y urgente, con faltas reiteradas, les invito a retomar nuestro informe de los años que acabo de citar.

En los antecedentes del caso figuran expresiones de extrema preocupación, tanto de la Comisión de Expertos como de esta Comisión, misiones de contactos directos de la Oficina, así como varias solicitudes de intervención urgente presentadas al Director General por la ANEP, organización más representativa de los empleadores de El Salvador, y por la Organización Internacional de Empleadores (OIE). Ello ante la injerencia gubernamental en la administración y el funcionamiento de la ANEP, ataques a sus dirigentes y serias deficiencias en el funcionamiento del diálogo social y la consulta tripartita en condiciones muy similares a las que, de acuerdo con el reporte de los expertos y la realidad nacional, viven las legítimas organizaciones de los trabajadores.

Cuando discutíamos este caso en 2019 expresamos la sincera esperanza de que el recién asumido, en aquel entonces, Gobierno revirtiera la grave situación. Ello, para la gobernabilidad del país, el fomento de las buenas relaciones entre los actores sociales y el Gobierno y el cumplimiento de las obligaciones provenientes del Convenio.

Recordamos bien que una vez adoptadas las conclusiones del caso en 2019, el representante gubernamental afirmó que tales conclusiones harían parte de una lista de prioridades del Gobierno. Este tipo de expresiones, alentadoras también fueron expuestas a la misión de alto nivel que recientemente visitó el país. No obstante, las anteriores expresiones, y muy a nuestro pesar, no se corresponden con los actos del Gobierno. La situación se ha agravado y se inscribe en el marco de un creciente deterioro general de la institucionalidad democrática y falta de independencia de poderes. En perjuicio del sistema de contrapesos y de los órganos de control, incluyendo la necesaria autonomía de la organización más representativa de los empleadores de aquel país.

Para mayor claridad y conocimiento de toda la sala procederé a detallar información concreta que demuestra lo anterior.

En primer lugar, el Gobierno instaló en septiembre de 2019 el Consejo Superior del Trabajo por un breve periodo de algunos meses. Esto sucedía en el marco de una orden presidencial de no reunirse con los representantes de la organización de empleadores más representativa del país. Se diría entonces que su constitución pareció obedecer más a una táctica del Gobierno de apariencia de cumplimiento, que a una intención real de privilegiar el funcionamiento del Consejo.

El Gobierno justificó su inoperancia debido a la crisis de la pandemia y a las medidas de suspensión de actividades aunque, por otro lado, justifica que hubo diálogo social a través de otras instancias y reuniones. Hay una contradicción.

Luego de esta aparente actividad, el Gobierno nuevamente ha instalado el Consejo Superior del Trabajo, en diciembre de 2021. No obstante, los representantes de los interlocutores sociales más representativos niegan la existencia de consultas tripartitas efectivas o la existencia de un verdadero diálogo social y manifiestan que se dialoga únicamente con los interlocutores afines al Gobierno, vulnerando los términos del Convenio en sus artículos 1, 2 y 3.

El Gobierno nuevamente, pues, recurre a la apariencia para evadir a los órganos de control.

Y, me explico, en un acto privado de celebración del Día del Trabajo, el 1.º de mayo de este año, el Gobierno anunció, sin haber consultado con el Consejo Superior del Trabajo, que ratificaría cinco convenios por medio de la Asamblea Legislativa, como nos han dicho ya por parte del Gobierno. La ANEP, que ha participado de buena voluntad durante seis meses en las reuniones del Consejo, se vio sorprendida por tal anuncio. Inmediatamente giró una carta para pedir al Gobierno que la ratificación de dichos convenios fuera sometida a consulta en el seno del Consejo Superior del Trabajo, conforme al Convenio, precisamente. Las propuestas de la ANEP fueron desoídas por el Gobierno y, el 16 de mayo —sin la consulta que obliga el artículo 2, del ya citado Convenio y los ofrecimientos de obrar en ese sentido, incluso la misión de alto nivel— la Asamblea Legislativa ratificó los cinco convenios mencionados.

No cuestionamos la voluntad soberana de la Asamblea de proceder con la ratificación, pero sí que es grave que el Gobierno desprecie el Convenio expresamente en su artículo 5 y los mecanismos de diálogo social y consulta tripartita, incluido lo que nos presentó como protocolo con lineamientos sobre el procedimiento de sumisión que había informado haber elaborado recientemente.

En segundo lugar, en plena celebración de la Conferencia del año pasado, 2021, el Gobierno de El Salvador reformó las leyes de 23 entidades paritarias y tripartitas a través de las cuales el Presidente de la República se atribuyó a sí mismo la facultad de nombrar y la facultad de destituir a los directivos que representan a los empleadores en las juntas directivas de dichas entidades. Desde su cuenta de Twitter, el Presidente de aquella nación, Sr. Bukele, anunció el envío de las 23 iniciativas de ley a la Asamblea para, y cito textualmente: «remover a la ANEP de las directivas de las autónomas y así poder ponerlas a trabajar verdaderamente al servicio de la gente». Desde entonces el Gobierno ha realizado actos desleales exigiendo la renuncia de los directores en las entidades tripartitas y paritarias en algunos casos bajo amenazas, y nombrando directores según lo establecido en las nuevas 23 leyes ya reformadas, en clara violación del artículo 4 del Convenio.

Sobre lo anterior, los expertos urgen firmemente al Gobierno: «la derogación de toda disposición jurídica relativa a las 23 entidades autónomas aludidas que irrogue al Gobierno la posibilidad de injerir en la designación de los representantes de los empleadores».

En tercer lugar, después de dos meses de haber asumido el cargo el nuevo presidente de la ANEP, en abril de este año, el Gobierno no ha activado los espacios de espacio bipartitos que existían antes del desconocimiento que hizo el Presidente de la República del anterior presidente de la ANEP. La injerencia en las elecciones de representantes para la consulta tripartita y la falta de entrega de credenciales a la ANEP es también una flagrante violación del Convenio. El ofrecimiento que hizo el Presidente Bukele de que todo regresaría a la normalidad cuando eligieran a un nuevo presidente de la ANEP no ha sucedido. Era una promesa falsa, era solo un evidente acto de injerencia y una flagrante violación a la independencia de la ANEP.

En cuarto lugar, a la fecha los empleadores no participan plenamente en el Consejo Superior del Trabajo porque el Gobierno aún no ha permitido la inclusión de tres organizaciones empresariales a efectos de que los tres sectores —Gobierno, trabajadores y empleadores— tengan la misma cantidad de representantes. Esto demuestra que no se está cumpliendo con el Convenio ni en la ley ni en la práctica. Al respecto los expertos urgieron al Gobierno a que asegure el pleno reconocimiento del presidente de la ANEP, y de esa organización más representativa de empleadores en el diálogo social y la consulta tripartita, así como en toda revisión pertinente al reglamento del Consejo, lo cual no ha sucedido. Los representantes de los trabajadores también han manifestado su indefensión en lo que respecta al reconocimiento de sus representantes y su independencia.

Y, por último, en quinto lugar, el Gobierno mantiene una campaña permanente de desprestigio en contra de la ANEP a través de la radio, la televisión, la prensa y las redes sociales desde el máximo nivel, la presidencia de la República.

Los hechos presentados dan cuenta del desprecio por el diálogo social y por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno de El Salvador al ratificar el Convenio.

Como podrán observar, este es uno de los casos más serios de incumplimiento reiterado de los convenios de la OIT, voluntariamente ratificados por El Salvador. Esperamos que el Gobierno tenga basado el éxito de esta participación, como lo anunció en las redes sociales, en el cumplimiento con el contenido del Convenio y en los hechos con actos tangibles y resultados comprobables y no solo en su palabra, lamentablemente incumplida, como hasta ahora lo hemos percibido. Presidente, estaremos muy atentos al desarrollo de esta discusión.

Miembro trabajador, El Salvador - Hablo en nombre de las organizaciones de trabajadores de El Salvador y es un honor dirigirme ante esta Comisión. Como sector de trabajadores, estamos convencidos de la importancia del diálogo social tripartito como elemento esencial para la construcción de un país más justo, con trabajo decente, y reconocemos la trascendental importancia de la OIT y su sistema de normas para alcanzar el objetivo de la justicia social y la paz a nivel mundial.

El Salvador es un país que ha sufrido injusticias sociales, la represión y la desigualdad, que nos llevaron a un enfrentamiento armado. A pesar de que se firmaron los acuerdos de paz, las causas originales del conflicto no fueron superadas. En la postguerra fuimos gobernados por élites políticas que empobrecieron nuestro país, privatizaron servicios esenciales, siguieron reprimiendo las luchas sindicales y se enriquecieron a costa de la pobreza y marginación del pueblo.

Durante esos gobiernos hubo muertes de líderes sindicales que quedaron impunes y se fracturó el diálogo social. Por muchos años, los trabajadores no tuvimos una participación real y eran élites económicas las que tomaban las grandes decisiones del país.

Hemos avanzado y como sector laboral hemos abierto espacios a través de las luchas que hemos librado, se ha fortalecido nuestra participación y la incidencia en las políticas públicas.

Expresamos nuestro beneplácito por la puesta en marcha de mecanismos de diálogo, la reinstalación del Consejo Superior del Trabajo, luego de muchos años de parálisis. Seguramente, la continuidad y el fortalecimiento de este espacio de diálogo tripartito, reclamado durante años por el movimiento sindical, nos permitirán alcanzar acuerdos importantes que dinamicen las relaciones laborales, y nos permitirán alcanzar más derechos y el impulso del crecimiento de la producción en el país.

Celebramos que el Gobierno haya escuchado nuestro reclamo histórico de ratificar cinco importantes convenios internacionales emanados de esta Organización. Debemos señalar que su ratificación fue impulsada por el movimiento sindical e instrumentada por el Gobierno. Se trata del Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), el Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148), el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), y el recientemente aprobado Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190). Con estas ratificaciones, se entrega una herramienta de lucha a los trabajadores con la que podremos exigir más y mejores políticas públicas, reformas al marco jurídico en concordancia con las normas internacionales, lo cual constituye un hecho histórico sin precedentes para el país.

El Salvador tiene muchos desafíos importantes en materia de derechos laborales. Años de Gobiernos neoliberales, contrarios a los intereses populares, que desmembraron las normas protectorias y restringieron duramente la libertad sindical y que legislaban para sus intereses, por ejemplo, estableciendo procesos burocráticos para dificultar la acreditación de las organizaciones sindicales.

Tenemos expectativas favorables sobre el proceso político actual. Desde el movimiento sindical, hemos presentado al Gobierno y al Congreso propuestas de reforma del Código del Trabajo para alinearlo a las disposiciones de la OIT, y nos encontramos en estos momentos con un proceso de diálogo activo, que muestra avances alcanzando importantes acuerdos. Esperamos llegar rápidamente a la redacción definitiva que concluya con la sanción de las nuevas leyes.

Nuestro Código del Trabajo, y la Ley de Servicio Civil, datan de hace 50 años. Estas normas se encuentran prácticamente obsoletas. Es tiempo de avanzar en su actualización.

Como sector laboral participamos ampliamente en la misión tripartita de alto nivel que esta Comisión señaló, y reconocemos la apertura y buena voluntad del Gobierno para recibir y atender de manera tripartita. Las recomendaciones emanadas de dicha misión dan muestra de los avances y desafíos que se tienen en el país, pero lo principal es que señala la perspectiva positiva de diálogo social en el país.

Como sector solicitamos a esta Comisión que pueda revisar y tomar nota de las conclusiones de dicha misión tripartita, cuyos delegados pudieron constatar los avances. De hecho, si esta Comisión hubiera revisado y valorado el informe que con mucha altura redactó la misión, El Salvador no tendría que haber sido incluido en esta lista corta a menos que existan otros intereses ajenos al fortalecimiento del diálogo social.

Como trabajadores esperamos contar con la asistencia técnica de la OIT para avanzar en las reformas planteadas, esperamos también que el Gobierno cumpla con los compromisos públicamente asumidos y que los empleadores aporten con espíritu colaborativo, dejando de lado egoísmos de acumulación de la riqueza, e intereses políticos. Nosotros pondremos nuestro máximo esfuerzo con espíritu constructivo; porque es en el diálogo social y en la fuerza de los trabajadores, donde tenemos depositadas nuestras esperanzas de construir un país más justo.

Miembro empleador, El Salvador - Hemos tomado nota de las explicaciones que ha dado este día el Gobierno de El Salvador. Ante la Comisión, hace tres años, expresamos nuestro optimismo porque el nuevo Gobierno se comprometía a cumplir con los convenios internacionales y a someterse a los mecanismos de control de la OIT. Nos alentó que, en septiembre de 2019, el Gobierno reactivó el Consejo Superior del Trabajo, pero en mayo de 2020, el mismo Gobierno prohibió a todos sus funcionarios reunirse con la ANEP.

Por ello, ha sido esperanzador que, hace seis meses, el Consejo haya sido reactivado nuevamente, y mantenga reuniones periódicas tanto de la plenaria como de su junta directiva. El Consejo ha retomado el proceso tripartito para elaborar una política de empleo, con la participación de trabajadores y de empleadores, y con la asistencia técnica de la Oficina Regional de la OIT. También el Gobierno ha consultado al Consejo iniciativas legales orientadas a modificar la prestación del servicio de salas cunas para los hijos de los trabajadores. Se han discutido, elaborado y presentado observaciones.

Sin embargo, para cumplir con el Convenio, se deben resolver al menos cinco situaciones planteadas anteriormente por esta Comisión y por la Comisión de Expertos. Con voluntad política de parte del Gobierno, estas cinco situaciones podrían convertirse en una hoja de ruta, que, de cumplirse, evitaría que el país fuera examinado nuevamente en 2023. Los empleadores no queremos continuar con este tipo de exámenes; nos interesa un ambiente propicio para la inversión y la generación de empleo decente. Esperamos sea posible.

Las situaciones son las siguientes:

En primer lugar, sobre la injerencia del Gobierno en la designación de los representantes de los empleadores, el informe de la Comisión de Expertos expresa «profunda preocupación» porque desde larga data se vienen planteando múltiples alegatos de injerencia de las autoridades en los procesos de designación de representantes en entidades públicas tripartitas y paritarias, y que en los últimos desarrollos apuntan a un empeoramiento. Los expertos urgen firmemente al Gobierno a la derogación de toda disposición jurídica relativa a las 23 entidades autónomas aludidas que irrogue al Gobierno la posibilidad de injerir en la designación de los representantes de los empleadores. Justo hace un año, el Gobierno reformaba 23 leyes para atribuirse a sí mismo el derecho de elegir y el derecho de destituir a los directores de los empleadores. A la fecha, en resumen, en diez entidades, el Gobierno ha realizado nombramientos arbitrarios al margen del Convenio, mientras que en otras diez entidades continúa pendiente el nombramiento. En algunos casos, los directores fueron obligados a renunciar de manera anticipada y en otros hubo algunos casos en que recibieron amenazas para renunciar. Esto ha deteriorado el diálogo social en mi país, no solo porque los nombramientos han sido arbitrarios, sino porque el diálogo social se realiza bajo la amenaza permanente de que en cualquier momento pueden ser destituidos. Solo han sido nombrados en apego al Convenio los miembros del Consejo Superior del Trabajo y del Consejo Nacional de Salario Mínimo, entidades donde tiene competencias el Ministerio de Trabajo. Para que exista un verdadero y efectivo diálogo social tripartito, las organizaciones de empleadores deben elegir a sus representantes de manera directa, libre y autónoma, sin injerencia del Gobierno.

Este es el primer punto de una hoja de ruta que esperamos que el Gobierno tenga voluntad de cumplir.

En segundo lugar, el marco legal que rige la elección de los miembros del Consejo tiene una deficiencia que limita la participación de los empleadores. Los expertos urgen al Gobierno a «que tome las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto de la autonomía de la ANEP y el reconocimiento de […] esta organización de empleadores como interlocutor social, a fin de permitir su plena participación en el diálogo […] a través de los representantes de su elección».

El segundo punto de la hoja de ruta sería elaborar y aprobar reglas claras, objetivas, predecibles y jurídicamente vinculantes para lograr la plena participación de los empleadores en el Consejo.

En tercer lugar, vemos con preocupación que el Gobierno ha estado presentando directamente a la Asamblea Legislativa iniciativas en materia laboral sin consultar al Consejo, incumpliendo lo establecido en nuestra legislación y en el Convenio núm. 144. Ejemplos: un nuevo Código del Trabajo y la Ley Procesal Laboral. Pero también diputados afines al Gobierno han presentado iniciativas legales. No es posible que, en la agenda sustantiva, el Gobierno actúe al margen del Consejo.

Por eso, el tercer punto de una hoja de ruta sería presentar en el seno del Consejo este nuevo Código del Trabajo y la Ley Procesal Laboral como un inicio del diálogo social en esa materia, y conformar comisiones técnicas para cada cuerpo legal.

En cuarto lugar, lo relativo a la ratificación de convenios. El diálogo social se muestra con hechos no con palabras y los graves hechos ocurridos el pasado mes de mayo nos ponen en alerta. Me explico: el Gobierno, sin consultar al Consejo, durante una celebración privada del Día del Trabajo, anunció la ratificación de cinco convenios de la OIT. Los convenios fueron presentados a la Asamblea Legislativa, quien los ratificó de manera exprés dos semanas después, sin consultar al Consejo. Aún estamos sorprendidos porque el país ha perdido una valiosa oportunidad de ejercitarse en el diálogo social, discutiendo los convenios y enviando un recomendable tripartito a la Asamblea Legislativa.

Un cuarto punto de una hoja de ruta sería agendar y discutir, en el seno del Consejo, cómo se implementarán estos convenios, pero también que el Consejo analice qué otros convenios conviene que sean ratificados en los próximos meses.

En quinto lugar, la ANEP interpuso una demanda ante el Comité de Libertad Sindical hace dos años porque el Gobierno desconoció al presidente de la ANEP y a la misma ANEP como la entidad más representativa de los empleadores de mi país, y luego presentamos solicitudes de intervención directa al Director General por acoso fiscal. Al respecto, el informe de los expertos observa con «profunda preocupación» que, en las más altas instancias gubernamentales, se han manifestado en contra de reconocer a la ANEP como la entidad más representativa de los empleadores de El Salvador. Permítame informarle que el pasado 4 de abril, la ANEP eligió un nuevo presidente, quien se ha manifestado de manera reiterada a favor del diálogo social como instrumento para construir acuerdos.

Un quinto elemento en la hoja de ruta sería que se reconociera a la ANEP, por parte del Presidente, los ministros y el Poder Legislativo, como la entidad más representativa de los empleadores.

Se ha instalado el Consejo y es una oportunidad de todos aprovecharlo, los empleadores no nos cansaremos de poner nuestro mejor esfuerzo para que así sea.

Miembro gubernamental, Francia - Tomo la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Albania, país candidato a la adhesión a la Unión Europea, y Noruega, país miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio y del Espacio Económico Europeo, se suman a esta declaración. La Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos con la promoción, la protección, el respeto y la realización de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, tal y como garantizan los convenios fundamentales de la OIT y otros instrumentos relativos a los derechos humanos y laborales.

Creemos firmemente que el cumplimiento de los convenios de la OIT es esencial para la estabilidad social y económica de todo país y que un entorno propicio al diálogo, la consulta y la confianza entre empleadores, trabajadores y Gobiernos es la base de un crecimiento fuerte y sostenible y de sociedades inclusivas.

La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan al pueblo de El Salvador. Estamos decididos a reforzar nuestra cooperación mediante vínculos políticos y comerciales. El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y América Central y la aplicación provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica proporcionan un marco para seguir desarrollando nuestra asociación, en particular mediante la cooperación en materia de comercio, de desarrollo sostenible y de aplicación efectiva, en la legislación y la práctica, de los convenios fundamentales de la OIT.

Tenemos en cuenta los recientes pasos dados con vistas al cumplimiento del Convenio, y esperamos que el diálogo social y las consultas tripartitas lleguen a ser plenamente funcionales en el país, señalando que el caso ya se ha debatido en las últimas cuatro reuniones de la Comisión, incluso como caso grave en 2017.

El año pasado, acogimos con satisfacción la inauguración y la primera reunión del Consejo Superior del Trabajo, en septiembre de 2019, y los pasos dados por el Gobierno para iniciar el diálogo social y la consulta tripartita y reactivar el Consejo Superior del Trabajo tras el informe de la Comisión de 2020. Si bien observamos que las reuniones de este Consejo cesaron a lo largo de 2020 y 2021, celebramos su restablecimiento para el bienio 2021-2023 y la creación de una comisión técnica tripartita para hacer operativa la agenda del Consejo Superior del Trabajo.

Nos congratulamos de que, tras la petición de la Comisión en 2021, el Gobierno haya recibido finalmente a la misión tripartita de alto nivel, del 2 al 5 de mayo de 2022.

En consonancia con las recomendaciones de la misión tripartita de alto nivel y haciéndonos eco de los llamamientos de la Comisión, subrayamos que, para garantizar el funcionamiento eficaz del Consejo Superior del Trabajo, sus normas deben respetar la autonomía de los interlocutores sociales, especialmente en lo que respecta a la designación de sus representantes. En este contexto, señalamos en particular la necesidad de garantizar el pleno reconocimiento del presidente de la ANEP y de esta organización en el diálogo social y la consulta tripartita, así como en cualquier revisión del estatuto del Consejo Superior del Trabajo.

También reiteramos el llamamiento de la Comisión para que el Gobierno respete plenamente la autonomía de las organizaciones de empleadores y trabajadores, tanto en la legislación como en la práctica. Esto incluye el pleno respeto a la elección de los representantes en los organismos públicos tripartitos y paritarios, como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social o el Fondo Social. También implica que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar la pronta entrega de credenciales a todas las organizaciones y derogue toda disposición jurídica que permita cualquier injerencia en la autonomía de las organizaciones.

Secundamos la petición urgente de la Comisión para que el Gobierno proporcione información detallada y actualizada sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas, también en el seno del Consejo Superior del Trabajo, celebradas sobre todas las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio, así como sobre la sumisión de las normas internacionales del trabajo a las autoridades nacionales competentes de conformidad con la Constitución de la OIT. Volvemos a pedir al Gobierno que cumpla con estas obligaciones relativas a la presentación de memorias.

Recordamos la importancia de la asistencia técnica de la Oficina para facilitar el cumplimiento de todos los convenios de la OIT ratificados y la promoción del tripartismo. Asimismo, destacamos que el alcance y el contenido de dicha asistencia deben definirse a través del diálogo social, por ejemplo, en el marco del Consejo Superior del Trabajo.

Instamos al Gobierno a que cumpla de forma constructiva y sincera sus compromisos de aplicar de forma efectiva, en la legislación y la práctica, todos los convenios de la OIT ratificados, y en particular el Convenio núm. 144 y los convenios fundamentales de la OIT.

La Unión Europea y sus Estados miembros siguen fieles a su compromiso conjunto y constructivo con El Salvador, entre otros medios, mediante proyectos de cooperación, con el objetivo de reforzar la capacidad del Gobierno para abordar las cuestiones planteadas en el informe de la Comisión.

Miembro empleadora, Costa Rica - Quisiera iniciar mi intervención con una definición de la OIT, la cual señala: «El diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas —e incluso el mero intercambio de información— entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales y este puede tratarse de un proceso tripartito o bien consistir en relaciones bipartitas».

Desde que la OIT se creó, ha promovido la cooperación entre empleadores, trabajadores y Gobiernos, permitiendo así la justicia social, a través del diálogo social. El Convenio núm. 144 permite que a nivel interno de cada país se asegure la participación de empleadores y trabajadores. Por esta razón, dicho Convenio es una de las normas del trabajo más importantes desde el punto de vista de la gobernanza de la OIT.

Dicho convenio señala claramente que las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores son aquellas que gozan del derecho de libertad sindical, principio que además implica que los Estados deben abstenerse de interferir en la conformación de dichas organizaciones. El sector empresarial costarricense, como bien señaló en anteriores discusiones sobre este caso, considera un muy mal precedente a nivel internacional que exista una injerencia por parte las autoridades salvadoreñas en los procesos de designación de representantes tanto de empleadores como de trabajadores en las entidades públicas tripartitas y paritarias. El artículo 3 del Convenio en discusión, establece que los representantes de dichas organizaciones serán elegidos libremente.

Si el principal objetivo del diálogo social es «la promoción del consenso y de la implicación democrática de los principales actores en el mundo del trabajo» no se comprende por qué el Poder Ejecutivo se atribuyó a sí mismo la facultad de destituir a los directores que representan a las organizaciones empresariales en las juntas directivas, estableciendo, además, causales discrecionales y arbitrarias para sus nombramientos reformando a su paso 23 leyes nacionales. A todas luces, esto es una violación al Convenio y al principio de libertad de asociación.

Resulta preocupante que varias instancias fundamentales para la toma de decisiones a nivel país no cuenten con una debida representación hasta este momento; y si bien, como mencionaba el representante del sector empleador de El Salvador, el Consejo Superior del Trabajo y el Consejo Nacional de Salario Mínimo ya se encuentran sesionando, se considera que se viola el diálogo social al no someter al conocimiento de dichas instancias materias que le corresponden y que además, no se permita al sector empleador su plena participación.

La forma correcta de construir herramientas de cualquier tipo se logra mediante el diálogo social, especialmente cuando se trata de instrumentos como los mencionados por la ANEP, es decir, proyectos de ley como un nuevo Código del Trabajo y la Ley Procesal Laboral, normas fundamentales para contar con trabajo decente y relaciones laborales adecuadas.

Solicitamos al Gobierno de El Salvador permitir que el Consejo Superior del Trabajo pueda dialogar y presentar su posición sobre materias que le atañen y que además son de suma importancia el país, de modo que se impulse la productividad y la competitividad generando a su vez trabajo decente. Todo lo anterior es básico en una democracia.

Miembro trabajador, Argentina - Este caso presenta particularidades por las cuales podemos destacar progresos, con relación a años anteriores y plantear cuestiones importantes que aún no encuentran solución. Sin lugar a dudas, en lo positivo debemos destacar la reciente ratificación de cinco convenios internacionales del trabajo por parte del Gobierno salvadoreño, luego de años de reclamos del movimiento sindical, esto constituye un paso adelante importante que destacamos y valoramos en toda su dimensión.

No obstante estos progresos, en el plano de la normativa rectora internacional, la legislación laboral en El Salvador se encuentra desactualizada, con serios problemas en la administración de las tramitaciones procesales y se arrastran conflictos en la conformación de los ámbitos tripartitos de diálogo social. La Comisión de Expertos pone el acento en un punto que resulta clave, la obligación que tienen los sindicatos de solicitar la renovación de su personería jurídica cada doce meses, un trámite que no se concluye en menos de nueve meses, y cuando es otorgado vence casi inmediatamente, y el proceso vuelve a comenzar. Todos aquí sabemos que la demora en el reconocimiento jurídico genera trastornos al ejercicio de los derecho sindicales colectivos, perjudica a las organizaciones en su responsabilidades de gestión en materia administrativa, financiera e institucional, y también sabemos que muchos Gobiernos utilizan la negatoria y/o la dilación en la entrega de los reconocimientos jurídicos como una táctica de presión y disciplinamiento contra los sindicatos que confrontan sus políticas: «rápido para los amigos», «tarde o nunca para los beligerantes». Este punto requiere atención y solución urgente por parte del Gobierno: solo es necesaria la voluntad política y un programa informático para resolverlo. Solo eso, no se puede demorar más.

Tomamos en cuenta también los planteos de dificultades en la conformación de las delegaciones representativas ante el Consejo Superior del Trabajo, aunque lo hacemos desde una perspectiva distinta a la del momento en el cual la Comisión de Expertos escribió su informe, ya que hemos sido informados de progresos significativos con un funcionamiento periódico del órgano de diálogo, reactivación de las comisiones y mayor amplitud en la participación. Queda mucho por hacer pero vemos que se transita el camino correcto y existen avances constatables.

Finalmente, quisiéramos destacar la tarea durante esta Conferencia del Gobierno de El Salvador a través de su Viceministra, que se acercó a conversar con los actores sociales, se allanaron las críticas y se buscó concertar asistencia técnica con otros Gobiernos para superar las dificultades, eso hace parte del trabajo que realizamos en esta Comisión. No debemos profundizar grietas y exaltar discursos concentrados en la contradicción por la contradicción misma, cada minuto en Ginebra lo debemos aprovechar en reuniones bilaterales, encuentros tripartitos, conversaciones con la Oficina, en la búsqueda de la síntesis y el consenso desde la buena fe negocial.

Esperamos que en el caso de El Salvador, el Gobierno cumpla en los hechos y, en el tiempo prudente, con los compromisos asumidos con los actores sociales y podamos constatar próximamente los avances y dar cuenta de ellos en la próxima Conferencia.

Miembro gubernamental, Chile - Pronuncio esta declaración en nombre de una significativa mayoría de países de América Latina y el Caribe. Agradecemos las informaciones brindadas por el Gobierno de la República de El Salvador a través del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, relativas al cumplimiento del Convenio. Tenemos en cuenta el informe emitido por la misión tripartita de alto nivel que visitó El Salvador en mayo de 2022, la cual estuvo presidida por la delegada de México en representación del Grupo Gubernamental. Esta misión fue recibida por el señor Ministro Rolando Castro, quien les dio la bienvenida en nombre del señor Presidente de la República, Nayib Bukele, considerándola una oportunidad y expresando su apertura a brindar todas las informaciones que la misión pudiese requerir.

La misión se recibió atendiendo las recomendaciones brindadas por la conclusiones de la Comisión de junio de 2021. Dicha misión constató el establecimiento y el funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo para el bienio 2021-2023, y la creación de una comisión técnica tripartita para operativizar la agenda de dicho Consejo. Este informe constata los avances significativos que El Salvador ha realizado en la promoción del diálogo social tripartito. Todo lo anterior contrasta con la inclusión nuevamente de El Salvador en la lista de los 22 países llamados a brindar un informe ante la Comisión.

Por todo lo anterior, alentamos el compromiso del Gobierno de El Salvador con la aplicación del Convenio y animamos a la OIT a continuar facilitando la cooperación técnica al Gobierno de El Salvador.

Miembro empleador, República Democrática del Congo - En nombre de los empleadores de la República Democrática del Congo, que están comprometidos con la letra y el espíritu de las normas internacionales del trabajo, afirmo que es totalmente inaceptable que el Gobierno de El Salvador interfiriera en las elecciones de los representantes de los empleadores, y en concreto de la ANEP, en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones mediante el decreto de noviembre de 2017. No importa que el Gobierno alegue después, como defensa, que la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia declarando nula y sin valor ni efecto alguno la elección de los representantes de los empleadores impugnada por la ANEP. Este acto constituye, sin duda, una clara violación del artículo 3, 1) del Convenio, tal como lo indica la Comisión de Expertos.

Asimismo, la exclusión de la ANEP del diálogo social por parte del Gobierno es otra manifestación de la violación del Convenio. Esto demuestra que no hay un verdadero diálogo.

Ante esta situación, es totalmente conveniente que el Gobierno de El Salvador reciba asistencia técnica de la Oficina para promover el tripartismo y el diálogo social en el país. También es aconsejable que esta asistencia técnica para la promoción del diálogo social se dirija también y sobre todo al Consejo Superior del Trabajo, que dista mucho de estar funcionando como es debido.

Miembro trabajador, Países Bajos - En el comentario del informe de la Comisión de Expertos sobre El Salvador se aborda el tema de los problemas derivados de la composición y condiciones de participación de los sindicatos en órganos tripartitos de diálogo social, como es el caso del Consejo Superior del Trabajo.

La reciente misión tripartita de alto nivel de la OIT en ese país aporta elementos y sugerencias importantes para su superación. Uno de los presupuestos del reconocimiento de las organizaciones sindicales es la necesidad de cumplir con ciertos requisitos de legalización de federaciones y confederaciones. La misión tripartita tomó nota del requisito legal que exige el recambio de las juntas sindicales y sus credenciales cada doce meses. Un exceso de intervencionismo restrictivo de la libertad y autonomía sindical.

El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), prescribe que las organizaciones sindicales son libres de redactar sus estatutos, definir su administración y elegir libremente a sus representantes.

Además de resultar una legislación altamente intervencionista de la autonomía colectiva, ocurre que en la práctica se constatan retrasos importantes en la tramitación administrativa de dichos registros de autoridades y hasta denegaciones injustificadas, a pesar de haber presentado todos los requisitos en tiempo y forma.

La acefalía consecuente en las organizaciones sindicales les impide participar en la designación de representantes para la consulta tripartita.

La negación a la entrega de credenciales impacta directamente en el derecho a la consulta que prescribe el Convenio, objeto de esta observación de la Comisión de Expertos. Esta limitación demanda una urgente modificación del Código del Trabajo en El Salvador a efectos de remover este pesado obstáculo, permitiendo la autonomía sindical, devolviendo a las organizaciones sindicales la facultad de fijar libremente los periodos de vigencia de las responsabilidades de dirección mediante su previsión estatutaria.

De manera similar, la misión tripartita de la OIT ha dejado establecido en su informe final que deberían considerarse medidas legislativas necesarias para revisar estos requisitos de elecciones y credenciales. Agrega, una opinión que compartimos, que se debería permitir a los sindicatos determinar en sus estatutos una duración del mandato de sus juntas directivas.

En definitiva, no parece difícil darle una solución urgente al estado de situación de la libertad sindical en El Salvador en lo referente a la determinación de la representación sindical, un elemento clave para la actividad sindical y el desarrollo del trabajo decente.

Miembro empleadora, Argentina - El sector empleador argentino ve con agrado que las autoridades de El Salvador hayan aceptado la asistencia técnica de la OIT y recibido a la misión tripartita de alto nivel, así como el restablecimiento del Consejo Superior del Trabajo en seguimiento de las recomendaciones de la Comisión del año 2020-2021. Sin embargo, luego de la lectura del informe de la misión tripartita, emitido en mayo del corriente año, y oídas las manifestaciones de los actores sociales del país debemos expresar que lamentamos encontrarnos nuevamente en una sesión de la Comisión donde no es posible acreditar un progreso consolidado en el cumplimiento de las obligaciones que surgen del Convenio. Por el contrario, las manifestaciones de los actores sociales indican que persiste la paralización de un número de espacios institucionalizados de diálogo social en el país, así como las acciones de injerencia indebida en la constitución y la vida interna de las organizaciones de empleadores y de trabajadores: el desconocimiento del derecho de las organizaciones más representativas de elegir sus propios representantes y la negativa a otorgar las credenciales para su participación en diversos espacios de diálogo social.

Vemos con gran preocupación que el Gobierno salvadoreño ha avanzado en la ratificación de una serie de convenios de la OIT, sin cumplir con la obligación de llevar adelante consultas efectivas con los actores sociales en forma previa.

Los trabajos de esta Comisión atestiguan que el reconocimiento y los mecanismos de diálogo social que integran a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores son factores fundamentales para el funcionamiento de los mecanismos de adopción y de revisión de normas de la OIT.

Definir las prioridades estratégicas a nivel nacional es una tarea que solo debe llevarse adelante después de identificar en forma previa los desafíos y las necesidades vinculadas a la implementación de una norma internacional del trabajo. La efectividad de una ratificación en un país determinado está ineludiblemente ligada al reconocimiento de la experiencia y la perspectiva de los mandantes sobre la materia regulada y de la construcción de consensos básicos sobre la estrategia para la implementación de un convenio en el territorio.

En el caso bajo análisis nos encontramos en un doble frente, donde no solo se omite consultar a los órganos de consulta constituidos, sino que cuando se los convoca ello sucede en un contexto de clima hostil, donde se desconoce la representatividad de las organizaciones o donde sus representantes no pueden manifestarse libremente.

Esperamos que a la luz de este debate el Gobierno salvadoreño adopte medidas adecuadas para garantizar las condiciones necesarias para el diálogo social en el país y se comprometa con la instauración y el funcionamiento de mecanismos de consulta institucionalizados, transparentes, predecibles y jurídicamente vinculantes que aseguren el cumplimiento en la ley y en la práctica del Convenio, con asistencia técnica de la OIT si fuera necesario.

Miembro trabajador, España - Los trabajadores observamos con esperanza y expectación los esfuerzos realizados por El Salvador, sobre todo en estos últimos meses, para impulsar y cumplir con las normas internacionales del trabajo y en especial con las disposiciones del Convenio.

En este sentido, es necesario subrayar cómo la misión tripartita de alto nivel de la OIT pudo comprobar el mes pasado que la principal instancia consultiva de diálogo social tripartito en el país (Consejo Superior del Trabajo) había retomado su actividad desde el 8 de diciembre de 2021. Y cómo no, también es importante que destaquemos que el 16 de mayo de 2022 la Asamblea Legislativa de El Salvador ha ratificado cinco convenios de la OIT, avanzando con ello hacia una mayor protección de los derechos de la clase trabajadora.

Sin embargo, sin obviar que la reactivación del Consejo Superior del Trabajo supone un avance en cuanto al respeto del dialogo social tripartito, lo cierto es que los trabajadores percibimos con cierta inquietud cómo la legislación de El Salvador mantiene una excesiva e inapropiada injerencia en la autonomía organizativa de las organizaciones sindicales, que les impide poder ejercer su derecho a formar parte de los órganos de consulta.

La exigencia legal de renovar las juntas directivas de las organizaciones sindicales cada doce meses con la consecuente retirada de credenciales, si no se lleva a cabo en este tiempo, unido a la demora en los procesos de revisión de las credenciales, supone un claro obstáculo a la libertad del sindicato para organizarse, autogobernarse y poder participar en los órganos de diálogo social.

Por este motivo, consideramos que el Gobierno de El Salvador debe dar un paso más en el impulso del diálogo social y tomar las medidas necesarias para suprimir en su legislación cualquier atisbo de intervención en las elecciones de representantes para la consulta tripartita así como en la entrega de credenciales.

Miembro gubernamental, Colombia - Quiero referirme a dos aspectos del caso. En primer lugar, es preciso resaltar que los representantes de trabajadores y empleadores deben ser elegidos libremente y estar representados en pie de igualdad, como establecen los Convenios núms. 87 y 144 en su artículo 3.

El Comité de Libertad Sindical ha indicado en reiteradas oportunidades que corresponde a las organizaciones de trabajadores y de empleadores la determinación de las condiciones de elección de sus dirigentes y las autoridades deberían abstenerse de toda injerencia indebida en el ejercicio de este derecho.

Es por lo anterior que observamos con preocupación que el Gobierno, por una parte, continúe desconociendo a la ANEP como la entidad más representativa de los empleadores en El Salvador y, por otro lado, persista la prohibición de reunirse y convocar a la ANEP para participar en los espacios de diálogo social.

En segundo lugar, el Convenio núm. 144, en su artículo 2, hace referencia al compromiso de realizar consultas efectivas y tiene como fundamento básico el diálogo social como herramienta esencial para la construcción de propuestas conjuntas entre trabajadores, empleadores y el Gobierno, que promuevan el crecimiento, la paz y el bienestar general. En ese sentido, para lograr un verdadero diálogo y por ende el desarrollo de consultas efectivas se requiere, como lo ha mencionado también el Comité de Libertad Sindical, un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones empresariales y sindicales con miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas.

Destacamos la importancia de la reactivación del Consejo Superior del Trabajo y la realización de reuniones periódicas que se realizan desde hace seis meses, sin embargo, observamos con preocupación que, a pesar de dicha reactivación, el Gobierno continúa presentando a la Asamblea Legislativa proyectos de normas en materia laboral de gran importancia, como el nuevo Código del Trabajo y la Ley Procesal Laboral, sin consultar a los empleadores ni a los trabajadores.

Frente a este punto es preciso retomar también lo indicado por el Comité de Libertad Sindical en su recopilación de decisiones sobre la consulta tripartita, indicando que dichas consultas tienen que darse antes de que el Gobierno someta un proyecto a la Asamblea Legislativa o establezca una política laboral, social o económica.

Es de la mayor importancia que las consultas se realicen en un marco de buena fe y confianza, y se permita a los empleadores y trabajadores expresar sus opiniones, análisis y propuestas para lograr verdaderos consensos y avanzar en la búsqueda del mejoramiento de las relaciones laborales a través del diálogo social.

En conclusión, solicitamos al Gobierno que, además de continuar con las reuniones periódicas del Consejo Superior del Trabajo, se comprometa a reconocer al nuevo presidente de la ANEP, el Sr. José Agustín Martínez, para generar un clima de confianza, y que permita a la ANEP participar en todos los espacios de diálogo social tripartito y realice consultas efectivas sobre los asuntos relacionados con la OIT y todos los temas relacionados con las políticas laborales y sociales del país.

Miembro empleador, Honduras - Hoy discutimos un caso muy grave. Violentar el derecho al diálogo social de las organizaciones más representativas, como es el caso de la ANEP en el Salvador, es atentar contra la estabilidad social, la paz y el buen gobierno que debe prevalecer en los Estados; es atentar contra el empleo al que tienen derecho los trabajadores y se constituye en una falta muy grave a uno de los principios fundamentales de la OIT como lo es el diálogo social.

Lamentamos que, por quinta vez, en forma consecutiva, se esté tratando este mismo caso; no se pueden apreciar avances en El Salvador, en donde se continúan manifestando las mismas violaciones al Convenio núm. 144, mismas que enumero a continuación:

1. El Gobierno continúa nombrando directores en entidades tripartitas y paritarias de manera arbitraria sin considerar lo establecido en el Convenio; pasaban reformas a leyes que atentan contra el diálogo social y sin atender que dichas reformas deben de ser derogadas, según establece la Comisión de Expertos.

2. El Gobierno, su Presidente, su Vicepresidente y la mayoría de los ministros de Gobierno continúan sin reconocer a la ANEP como la entidad más representativa de empleadores de El Salvador.

3. Los empleadores de El Salvador continúan participando de manera incompleta en el Consejo Superior del Trabajo porque el Gobierno no ha establecido normas y reglas claras, predecibles y jurídicamente vinculantes para elegir a los representantes de los empleadores, con lo cual violenta nuevamente el Convenio. A la fecha, después de dos meses de la elección del nuevo presidente de la ANEP, el Gobierno aún no entrega las credenciales correspondientes.

4. El Gobierno no consultó al Consejo Superior del Trabajo los convenios que somete a ratificación y los convenios que efectivamente son ratificados. Todo lo anterior violenta diferentes partes del Convenio y ha generado un clima político incierto en cuanto a la política de desarrollo y progreso social.

Es por lo anteriormente expuesto que pedimos a esta Comisión que tome medidas efectivas a fin de garantizar que se respete la autonomía de la ANEP como la organización más representativa de empleadores y así poder participar de forma plena en las distintas instancias de diálogo y consulta tripartita.

Recuerdo a la Comisión que el diálogo social solo es posible cuando las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden actuar con independencia, en forma técnica y con acceso a la información, sin temor a ningún tipo de represalia por parte de los Gobiernos y con la certeza de que los consensos y acuerdos alcanzados por medio del diálogo social se respetarán y ejecutarán en forma efectiva.

Miembro empleador, Panamá - El informe de la misión tripartita de alto nivel de la OIT a El Salvador da cuenta de que la participación de la ANEP, como organización más representativa de empleadores en el diálogo social, en la consulta tripartita y en el Consejo Superior del Trabajo, debe ser efectiva. En el Consejo Superior del Trabajo, los miembros representativos de los sectores empleador y trabajador deben ser designados libremente por cada sector en pie de igualdad.

La ANEP, como organización más representativa de los empleadores, debe ser respetada y considerada por todas las autoridades del país, lo mismo que en el caso de los trabajadores. Esto no es algo nuevo, los que venimos participando en la OIT desde hace muchos años, vamos viendo como la ANEP, como organización más representativa de los empleadores, participa en esta casa.

El Salvador ratificó el Convenio y su cumplimiento, en todos sus aspectos, no en un porcentaje, es una obligación del país que trasciende al Gobierno de turno. El diálogo social y la consulta tripartita con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores —como es la ANEP—, es parte de los valores que representa el Convenio, que el Gobierno está obligado a cumplir y no está cumpliendo.

Presentarse aquí, incumpliendo el Convenio ratificado, pero decirnos que ratifica otros convenios, es como el niño que le dice a la maestra que no hizo la tarea pero le regala una manzana. Qué bien por la manzana, pero tiene que hacer la tarea. Tiene que cumplir con el Convenio y reconocer y respetar a la ANEP como la organización más representativa de los empleadores en El Salvador, y no tratar de descalificar en esta Comisión los mecanismos de control de la OIT que han dado muestra de una gran efectividad.

Representante gubernamental, Ministro de Trabajo y Previsión Social - Me hallo un poco consternado porque hay dos tipos de países bajo la narrativa que se ha planteado. La primera es un poco la descripción que hace el representante del sector laboral acá, y otra cosa es que muchas personas que no son del país y emiten opiniones y no se han concentrado en las conclusiones que hizo incluso la misión de alto nivel, sino más bien han traído exactamente la misma descripción y la retórica de hace un año, como si no hubieran existido avances.

Quiero aclarar que, en cuanto al retraso de la entrega de credenciales por nueve meses, solo ha habido casos especiales, estamos hablando del 2 por ciento del movimiento sindical de El Salvador que ha tenido atrasos, y que ha tenido atrasos por máximo 7 u 8 meses. Al resto se le entrega en un mes o mes y medio y ese caso muy pequeño que ha estado en proceso de revisión es porque incluso vinieron empleadores acá demostrando con evidencias incluso que eran extorsionados por estos dirigentes sindicales, sobre lo que tenemos documentación. No es la generalidad, es un tema más de investigación administrativa y penal que se está llevando a cabo porque hubo empleadores que vinieron a plantear que eran extorsionados por estos grupos, que un poco se alejaban del tema sindical y más se dedicaban a otra cosa, como estar pidiendo dinero y otras cosas. Son los únicos casos especiales que se han tomado.

La otra cuestión es sobre la organización más representativa, que nosotros debemos de reconocer. Quiero aclararles que cuando nosotros finalizamos el Consejo Superior del Trabajo anterior se lleva a cabo la instalación del nuevo Consejo, en ese momento queda como vicepresidente del sector empleador el ingeniero Agustín Martínez, en ese momento, vicepresidente de la ANEP. Posteriormente, la ANEP lleva un proceso de elección y el actual presidente de la ANEP es precisamente el vicepresidente del Consejo. Entonces no hacer un reconocimiento —¿no sé de qué manera debe de reconocerse?—, si están los espacios, ha habido una elección eminentemente democrática que definieron, tal como el procedimiento lo establece, y decirles e informarles que el actual presidente de la ANEP es el actual vicepresidente del Consejo, entonces no veo la razón. Quizás en el tema de la representatividad la ANEP se quedó un poco. El momento que fue más representativo fue el momento en que su presidente era Elías Antonio Saca, y a Elías Antonio Saca, de la ANEP, lo catapultan para ser Presidente de la República. Es como un activismo eminentemente político y en ese momento queda como Presidente. Obviamente creo que fue el momento que mejor representada estuvo la ANEP. Dicho sea de paso, este es un ex-Presidente de la República que ha sido procesado por actos delictivos y que hoy está pagando una pena en prisión. Pero en el marco de nuestro Gobierno, los procesos de elección han sido totalmente demostrados y evidenciados y prueba de ello es que el actual presidente de la ANEP es el actual vicepresidente del sector empleador de este país.

Esa es la realidad concreta con la que nosotros contamos. Qué más reconocimiento, no entiendo qué es lo que se necesita. Hemos actuado según la normativa que tenemos acá, el Consejo debe de sesionar legalmente dos reuniones al año, en los tres meses en que nosotros hemos llevado a cabo el nuevo Consejo, ya llevamos cinco reuniones, y de forma bilateral incluso llevamos muchas más, porque hemos llevado a cabo reuniones y consultas bilaterales. No sé qué otra cosa más se puede hacer como Estado. Están en todos los espacios que se plantean.

Ahora, el tema bipartito no sé si entra dentro del Convenio, porque la ANEP negoció desde hace muchos Gobiernos anteriores la creación de 20 o 21 bipartitas, de las que excluyó y apartó históricamente al sector laboral para que no estuviera representado en negociaciones directas con el Gobierno. Estamos hablando entonces de la creación de 20 bipartitas donde solo se pone de acuerdo el Gobierno y la ANEP, pero de ahí queda excluido el sector laboral. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo y le hemos planteado a los vicepresidentes tanto del sector laboral como del sector empleador que hay que convertirlas en tripartitas para llevar a cabo en plenitud el Convenio. Eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que el portavoz del Grupo de los Empleadores planteó con ocasión de la nueva apertura, y está funcionando, pero no de forma tripartita, porque históricamente siempre excluyeron a los trabajadores y se mantuvieron prácticamente ellos.

El caso es sumamente preocupante porque, acerca del Convenio núm. 190, la ANEP dio postura pública, junto a los empleadores de Centroamérica, y dijo que no estaba de acuerdo, estuvo incluso el portavoz del Grupo de los Empleadores en esas decisiones. No estábamos de acuerdo en eso, y ahora, bajo la intervención del miembro empleador de El Salvador, representante de la ANEP, afirman que nosotros en mayo hemos cometido graves hechos históricos por llevar a cabo una ratificación. Nos queda sumamente claro que la ratificación de convenios de la OIT son hechos graves para estos sectores.

Estamos en el camino hacia la construcción de un nuevo modelo en El Salvador donde exista justicia e igualdad para todos los sectores. La reforma de pensiones hace unos años no era discutida con los sectores de forma tripartita ni en los consejos. Era precisamente discutida entre los diputados, diputados corporativos que respondían a poderes fácticos y que se ponían de acuerdo de forma bilateral. Hoy el Gobierno de la República ha privilegiado el diálogo social tripartito con todos los actores.

Vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos posibles por construir una República de El Salvador con justicia, pero con igualdad para todos los sectores. La única diferencia de este nuevo Gobierno es que en, aquel momento, —y puedo repetirlo— cuando la ANEP pone a su presidente de Presidente de la República, Elías Antonio Saca, este cargo donde yo estoy era precisamente de las cúpulas empresariales, quienes venían acá como ministros de trabajo. Es más, antes y después siguen siendo asesores de grupos fácticos y a los que defendían. Ahora no hemos venido a inclinar la balanza ni a excluir a ningún sector, lo único es que acá está el peso que tiene nuestro sector productivo empleador, pero acá en igualdad de condiciones con el peso que debe tener el sector laboral, ese es el problema por el cual hay muchas dificultades.

Cuando hacen descripción y señalamientos de los tuits, queremos decirles que todavía no hemos reformado la ley. La legalidad de este país funciona en base a decretos legislativos y en base a decretos ejecutivos, no en base a tuits. No son decretos ni legislativos ni ejecutivos, solo un tuit; lamento profundamente que se hayan concentrado tanto en el tema de hace un año, y no le hayan dado total validez, ni mínima validez, ni ponderación, por pequeña que sea, a las conclusiones que hizo la misión acá en El Salvador, a la que brindamos absolutamente toda la colaboración que ellos planteaban.

Así que, lamentablemente, tenemos países vecinos asesinando dirigentes sindicales, hoy son electos en las juntas directivas y en la noche están llegando a amenazar, e incluso a asesinar; vecinos, vecinos que a veces se convierten en voceros de sectores empresariales de acá y a escala internacional, que tienen problemas con contratos colectivos, que no firman los contratos colectivos y El Salvador ratificó los Convenios núms. 87 y 98 y salió corriendo porque la comunidad internacional y especialmente la Unión Europea presionó sobre el sistema arancelario.

Hoy hemos ratificado cinco convenios por voluntad expresa y por necesidad de la clase trabajadora y del sector productivo de este país.

Vamos a seguir haciendo esfuerzos, trabajando duro. Bienvenidos el sector empleador y el sector trabajador: vamos a continuar trabajando.

Miembros trabajadores - Agradecemos al Gobierno la aclaración. Antes de ofrecer nuestras conclusiones finales nos gustaría hacer un comentario preliminar. Nos gustaría dejar constancia, en esta Comisión, que desde el Grupo de los Trabajadores observamos que gran parte de los comentarios vertidos en esta sesión sobre El Salvador dedicada al Convenio núm. 144, por parte del Grupo de los Empleadores quedan fuera del ámbito y contenido de este Convenio que estamos analizando, y por tanto solicitamos que no figuren en las conclusiones de esta sesión cuando este sea el caso.

Para nosotros este caso no es un caso de retroceso, sino que vemos algunos pasos positivos en la dirección correcta. El hecho de que el Gobierno aceptara recibir la misión tripartita de alto nivel y la evolución positiva en algunas legislaciones, también con la aprobación de los cinco convenios de la OIT que ya se han mencionado, son en sí pruebas de la eficacia del trabajo de nuestra Comisión y de su credibilidad. No obstante, insistimos en que el Gobierno ha de tomar las medidas necesarias para cumplir plenamente el Convenio núm. 144. Esto implica tres medidas: en primer lugar, garantizar la plena composición del Consejo Superior del Trabajo lo antes posible; en segundo lugar, simplificar y facilitar el procedimiento de designación de los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, y en tercer lugar, y en particular, debería reformarse la disposición del Código del Trabajo que prevé la renovación anual de la junta directiva de los sindicatos.

En general, pedimos al Gobierno que aplique plenamente las recomendaciones de la misión tripartita.

Miembros empleadores - Hemos escuchado atentamente todas las intervenciones, muy particularmente la del señor Ministro. Agradecemos a la representante de la Unión Europea que nos aclarara los conceptos contenidos en las conclusiones de la misión tripartita de alto nivel.

Cuando otros oradores se refirieron a ella, me pareció que hablaban de un documento que yo desconozco. Nos sorprende que alguien considere positiva la ratificación de un convenio, por positivo que ello pueda ser, cuando se ha hecho en violación del Convenio núm. 144, que es justamente el que estamos analizando en esta sala hoy. El fin no justifica los medios. Con la clara confesión, a través de la cuenta de Twitter del Presidente Bukele, de su intención sistemática de excluir a la ANEP, a la que convenientemente no se han referido quienes ven progresos en otras afirmaciones del Gobierno, queda claro que lo que dice el Ministro no coincide con el cumplimiento de lo estipulado en el Convenio núm. 144.

Los hechos dan cuenta de la ausencia de voluntad efectiva para aplicar adecuadamente la ley en la práctica, todo el articulado del Convenio, ello a pesar de las conclusiones de esta Comisión en los años 2017, 2018, 2019 y 2021; a pesar de siete observaciones publicadas por la Comisión de Expertos; a pesar de las numerosas intervenciones urgentes solicitadas al Director General de la OIT, por parte de la ANEP y de la OIE, y a pesar de la asistencia técnica de la OIT y de los ofrecimientos efectuados a la misión tripartita de alto nivel que recientemente visitó el país.

La situación de incumplimiento del Convenio por El Salvador es continua, grave y urgente. En tal sentido, instamos al Gobierno a: que se abstenga de interferir en la constitución de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y facilite, de conformidad con la legislación nacional e internacional, la debida representación de las organizaciones legítimas de empleadores emitiendo las credenciales correspondientes; que se abstenga de agredir y desprestigiar a la ANEP, organización empresarial más representativa y a sus dirigentes; que elabore en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores reglas claras, objetivas, predecibles y jurídicamente vinculantes para la reactivación y el pleno funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo; que reactive, sin demora, la consulta efectiva en el Consejo y el funcionamiento mismo de otros entes tripartitos, respetando la autonomía de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores y a través del diálogo social, a fin de garantizar su pleno funcionamiento sin injerencia alguna; que, en consulta con los interlocutores sociales, tome sin demora todas las medidas necesarias para modificar los 23 decretos adoptados el 3 de junio de 2021, de manera que cumplan con las garantías establecidas en los convenios de la OIT ratificados por El Salvador; que continúe recurriendo a la asistencia técnica de la OIT; y que presente una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica a la Comisión de Expertos antes de su próxima reunión de este año.

Por la gravedad de los hechos expuestos, solicitamos que el presente caso se incluya en un párrafo especial del informe de la Comisión.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información oral proporcionada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación sobre las cuestiones relativas al cumplimiento del Convenio núm. 144. La Comisión tomó nota de que el Gobierno no comunicó información por escrito.

La Comisión también tomó nota de la reciente misión tripartita de alto nivel de la OIT, que tuvo lugar en mayo de 2022. La Comisión lamentó que cinco convenios de la OIT fueran ratificados sin consultar a la organización de empleadores más representativa.

La Comisión tomó nota con profunda preocupación de los múltiples alegatos de injerencia de las autoridades en la designación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en los órganos públicos tripartitos y paritarios.

Teniendo en cuenta la discusión del caso, la Comisión insta al Gobierno de El Salvador a:

- abstenerse de cualquier agresión y de interferir en la constitución y las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores, en particular la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP);

- garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo Superior del Trabajo (CST) y de otras entidades tripartitas, respetando la plena autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, y a través del diálogo social, para garantizar su pleno funcionamiento sin ninguna injerencia;

- abstenerse de designar unilateralmente a los representantes de los trabajadores y de los empleadores para las consultas e instituciones tripartitas, y desarrollar, en plena consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, los procedimientos de designación de dichos representantes;

- derogar la obligación legal de los sindicatos de solicitar la renovación de su estatuto jurídico cada doce meses y los 23 decretos adoptados el 3 de junio de 2021, y

- elaborar una hoja de ruta con plazos determinados para aplicar sin demora todas las recomendaciones formuladas por la misión tripartita de alto nivel de la OIT.

La Comisión pide al Gobierno que presente a la Comisión de Expertos, antes del 1.º de septiembre de 2022, una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica, elaborada en consulta con los interlocutores sociales.

La Comisión alienta al Gobierno a seguir recurriendo a la asistencia técnica de la OIT para garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio.

Otro representante gubernamental - En nombre de la delegación de El Salvador tomo nota de las conclusiones señaladas por esta Comisión.

Aprovecho la ocasión para señalar que El Salvador es respetuoso de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo. Por otra parte, lamentamos que la Comisión no haya examinado la comunicación por escrito que enviamos en diferentes ocasiones, respondiendo oficialmente a la Comisión de Expertos. Lamentamos profundamente que en sus conclusiones esta Comisión no reconozca ningún signo de progreso, y que no haya tomado nota del informe de la misión de alto nivel tripartita que este mismo órgano envió a El Salvador.

Lamentamos que la Comisión haya ignorado la intervención de la representación de los trabajadores de El Salvador. En el país hay cinco instancias de diálogo social tripartito, las cuales están funcionando de manera efectiva, privilegiando el diálogo social y la consulta tripartita en línea con el Convenio.

Lamentamos que las conclusiones estén escritas en un lenguaje lacerante y condenatorio; alejado de la elegancia y diplomacia que caracteriza esta Comisión, y contrario al espíritu de cooperación de la OIT.

Ante las conclusiones, con mucho respeto, trasladamos una inquietud: ¿es competencia de esta Comisión mandatar a un Estado para que reforme o derogue su legislación interna? Pareciera una extralimitación.

El Ministro de Trabajo, en su discurso ante la OIT planteó clara y categóricamente que nuestro compromiso con la OIT es inquebrantable, pero también hizo alusión a la dignidad y soberanía de los Estados.

Reafirmamos nuestro compromiso de que en El Salvador vamos a seguir privilegiando el diálogo social con todos los actores y sectores, sin privilegiar a ningún grupo de poder fáctico.

Finalmente, nos comprometemos a analizar las conclusiones de la Comisión.