Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 278, June 1991

1. 174. En su último informe provisional sobre este caso (véase 275.o informe, párrafos 240 a 322, aprobado por el Consejo de Administración en su 246.a reunión (noviembre de 1990)), el Comité solicitó ciertas informaciones del Gobierno y observando que los puntos de vista de la organización querellante y del Gobierno eran divergentes en varias cuestiones importantes recomendó al Consejo de Administración que solicite del Gobierno la aceptación de una misión de contactos directos a Costa Rica a fin de examinar los alegatos con completos elementos de apreciación (véase 275.o informe del Comité, párrafos 321 y 322, inciso h)). El Gobierno aceptó la misión por comunicación de 25 de enero de 1991.
2. 175. El Comité toma nota de que la misión tuvo lugar del 3 al 10 de abril de 1991 y fue llevada a cabo por el Sr. Enrique Marín Quijada, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, acompañado de los Sres. Bernard Gernigon, Jefe del Servicio de Libertad Sindical de la OIT, y Alberto Odero, funcionario de dicho servicio.
3. 176. El Comité toma nota de que la misión se entrevistó con el Excmo. señor Presidente de la República, Licenciado Rafael Angel Calderón Fournier, el Sr. Vicepresidente de la República, Licenciado Germán Serrano Pinto, el Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Licenciado Carlos Monge Rodríguez, y altos funcionarios del Ministerio de Trabajo, al igual que con las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas; fue recibida por altos representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial; y se reunió con profesores de Derecho del Trabajo, representantes de organizaciones solidaristas y otras personalidades conocedoras de las cuestiones planteadas en la queja de la CIOSL. (En anexo figura el informe de misión y la lista completa de las personas y organizaciones visitadas.)
4. 177. El Comité observa con interés que el Gobierno suministró las más amplias facilidades para el buen desarrollo de la misión, así como el gran espíritu de cooperación de las autoridades y demás interlocutores, y agradece al Sr. Enrique Marín su detallado informe sobre las cuestiones planteadas en la queja, del que ha tomado debida nota. El Comité ha tomado nota igualmente de una comunicación del Gobierno, de fecha 3 de abril de 1991, entregada en mano a la misión, cuyo contenido se reproduce supra.
5. 178. Costa Rica ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Observaciones recientes del Gobierno

1. 179. En su comunicación de 3 de abril de 1991, el Gobierno declara que no son veraces las acusaciones de la CIOSL sobre presunta violación de la libertad sindical y pide que se desestime la queja. El Gobierno indica que en Costa Rica no solamente las asociaciones solidaristas administran o participan en la gestión de los fondos de la cesantía. No existe sobre este tema un monopolio de hecho ni de derecho en favor del solidarismo y que discrimine al movimiento sindical. La realidad es que se ha iniciado un proceso normativo, vía convención colectiva de trabajo, que regula la participación sindical en la administración de los fondos de cesantía de los trabajadores; ejemplo de ello son las convenciones colectivas suscritas en la Municipalidad de Grecia, en la Junta de Administación Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), y en la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), donde se han incluido disposiciones en el sentido apuntado.
2. 180. El Gobierno añade que reitera su disposición y decisión de formular iniciativas legislativas para reformar la normativa que regula las actividades del solidarismo en Costa Rica (Ley Solidarista), garantizando que no se discriminará el ámbito de acción del movimiento sindical.
3. 181. En relación a los plebiscitos organizados para definir la titularidad de un sindicato para negociar una convención, frente a la solicitud de un comité permanente de trabajadores para suscribir un arreglo directo, el Gobierno reitera las afirmaciones que hizo en noviembre de 1990 en cuanto a que, en este tema concreto, solamente un plebiscito organizó el Ministerio de Trabajo (Inspección General del Trabajo), resolviendo el 25 de junio de 1986 un caso en la empresa bananera BANDECO, decidiendo por la votación en favor del arreglo directo frente al instrumento convencional (convención colectiva).
4. 182. Por otra parte, el Gobierno envía estadísticas sobre el número de sindicatos y de asociaciones solidaristas y sobre el total de los trabajadores que respectivamente afilian en el cual se demuestra que, pese a existir mayor número de asociaciones solidaristas inscritas, en un proceso de atomización asociativa, es mayor el número de trabajadores afiliados y registrados en el sindicalismo. El Gobierno envía también estadísticas sobre número de convenciones colectivas y arreglos directos, por actividades, indicando que, en total, es también mayor el número de convenciones colectivas que de arreglos directos (sin duda, el Gobierno se refiere al número total de convenciones colectivas y de arreglos directos a lo largo del período considerado). Según las estadísticas del Gobierno, en 1986 había 335 sindicatos (138.583 afiliados) y 862 asociaciones solidaristas (32.143 asociados) y en 1990, 420 sindicatos (154.469 afiliados) y 1.154 asociaciones solidaristas (113.879 asociados); en cuanto a las convenciones colectivas y arreglos directos, en 1980-81 se firmaron 85 convenciones colectivas y 24 arreglos directos, en 1986-87 44 convenciones colectivas y 67 arreglos directos, y en 1990 - 9 de febrero de 1991 32 convenciones colectivas y 40 arreglos directos.
5. 183. Dado que en el informe de la misión de contactos directos figura un resumen de los alegatos, de las respuestas del Gobierno y de las conclusiones del Comité en sus dos exámenes anteriores del caso, el Comité puede proceder directamente a la formulación de sus conclusiones.

B. Conclusiones del Comité

1. 184. El Comité observa que en el presente caso se plantean tres cuestiones fundamentales: 1) la alegada interferencia de las asociaciones solidaristas en actividades sindicales, incluida la negociación colectiva a través de los "arreglos directos"; 2) la alegada existencia de despidos u otros actos perjudiciales por razones sindicales o para favorecer la afiliación a las asociaciones solidaristas, y la insuficiente protección legal contra este tipo de actos, y 3) la alegada desigualdad de trato entre asociaciones solidaristas y sindicatos a nivel de la legislación.
2. 185. En lo que respecta a la alegada interferencia de las asociaciones solidaristas en actividades sindicales, incluida la negociación colectiva, a través de "arreglos directos" (concluidos entre el empleador y un grupo no sindicalizado de trabajadores, aun habiendo sindicato en la empresa), el Comité observa que según el informe del representante del Director General, las acciones laborales de las organizaciones solidaristas han culminado en la firma de una serie de arreglos directos. Asimismo, según el informe de misión, citando fuentes gubernamentales, el número total de convenciones colectivas vigentes en el sector privado sólo es 15, mientras que hay 87 arreglos directos. El Comité toma nota asimismo de que según el informe de misión, "la interferencia de las asociaciones solidaristas en actividades sindicales ha sido reconocida a la misión por representantes del Gobierno del mundo académico, o sindical, o inclusive del mundo empresarial y al menos por una parte de los representantes solidaristas entrevistados". "En particular - prosigue el informe de misión -, el Presidente y el Primer Vicepresidente de la República coincidieron en que en la práctica el solidarismo asume funciones sindicales y en que es necesario deslindar normativamente sus roles; las autoridades de Gobierno dieron seguridades en el sentido de que existe la disposición de adoptar en breve medidas legislativas y de otro orden apropiadas para garantizar una efectiva separación de funciones entre sindicatos y asociaciones solidaristas."
3. 186. En cuanto a la alegada existencia de despidos u otros actos perjudiciales por razones sindicales o para favorecer la afiliación a las asociaciones solidaristas, y la insuficiente protección legal contra este tipo de actos, el Comité toma nota de que la legislación permite el despido sin indicación de causa pagando las correspondientes indemnizaciones (incluso cuando se trata de dirigentes sindicales) y las multas por infracciones a las disposiciones del Código de Trabajo (aun las relativas a la libertad sindical) son claramente anacrónicas, ya que su montante es de entre 300 y 1.000 colones (menos de 9 dólares de los Estados Unidos). El Comité toma nota asimismo de que según el informe de misión, ésta "obtuvo testimonios de los sindicatos y de las autoridades laborales, según los cuales se han producido y se siguen produciendo despidos u otros actos perjudiciales por razones sindicales". El Comité toma nota asimismo de que el según el informe de misión "hay un amplio consenso expresado a la misión sobre la necesidad de establecer una legislación detallada y apropiada en materia de fuero sindical que ofrezca una protección eficaz, y el Gobierno, en particular el Presidente de la República, ha mostrado la mejor disposición para adoptar iniciativas legislativas eficaces en ese sentido; los empleadores no se oponen al principio de una protección de los dirigentes sindicales (aunque tendrían recelo por ciertas modalidades) siempre y cuando se establecieran obligaciones en cabeza de éstos". El Comité toma nota también de que existe actualmente un proyecto de ley preparado por el Ministerio de Trabajo que refuerza considerablemente las multas por infracciones al Código de Trabajo, estableciendo un nuevo sistema.
4. 187. En cuanto al trato dado por la legislación a asociaciones solidaristas y organizaciones sindicales, el Comité toma nota de que en el informe de misión se indica que: "... no hay duda de que la ley acuerda a las asociaciones solidaristas una serie de ventajas respecto del sindicato en ciertos aspectos (número mínimo de trabajadores necesario, posibilidad de ejercer el comercio con ánimo de lucro, expectativas de indemnización en caso de despido con justa causa, posibilidad de manejo de los fondos de cesantía, etc.)." A este respecto, el Comité observa en este sentido que, para constituir una asociación solidarista hacen falta 12 trabajadores, mientras que para un sindicato se requieren 20; sin embargo, la mayoría de las empresas de Costa Rica tienen apenas 20 trabajadores, o menos. El Comité observa asimismo que, según el informe de misión, "existe un amplio consenso (Gobierno, organizaciones sindicales y organizaciones de empleadores) sobre la conveniencia de suprimir la discriminación que existe actualmente a propósito del auxilio de cesantía entre los trabajadores miembros de una asociación solidarista y los demás, mediante una norma legal que generalice el beneficio contenido en la ley de asociaciones solidaristas y declare el auxilio de cesantía como un derecho de todo trabajador, cualquiera que sea la forma de terminación de su relación de trabajo".
5. 188. A partir de las informaciones suministradas por el representante del Director General en su informe, el Comité concluye que la interferencia de las asociaciones solidaristas en actividades sindicales incluida la negociación colectiva, a través de arreglos directos concluidos entre un empleador y un grupo no sindicalizado de trabajadores, aun habiendo sindicato en la empresa, no promueve la negociación colectiva en el sentido del artículo 4 del Convenio núm. 98, que se refiere al fomento de la negociación entre los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores. El Comité considera también que al estar las asociaciones solidaristas financiadas en parte por los empleadores, integradas por trabajadores pero también por altos cuadros y personal de confianza del empleador y a menudo suscitadas por los empleadores, no pueden realizar un papel como organizaciones independientes en el proceso de negociación colectiva, proceso éste que debe llevarse a cabo entre un empleador (o una organización de empleadores) y una o más organizaciones de trabajadores, totalmente independientes entre ellas. Esta situación plantea pues problemas de aplicación con respecto al artículo 2 del Convenio núm. 98, que consagra el principio de plena independencia de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades. El Comité expresa pues la esperanza de que el Gobierno tomará con carácter urgente las medidas legislativas y de otro orden necesarias para garantizar que las asociaciones solidaristas no asuman actividades sindicales.
6. 189. Observando asimismo que el Código de Trabajo vigente permite el despido sin indicación de causa pagando las correspondientes indemnizaciones (incluso en el caso de los dirigentes sindicales y de los trabajadores que realicen actividades sindicales) y que prevé multas anacrónicas por infracción a las disposiciones relativas a la libertad sindical (entre 300 y 1.000 colones, es decir menos de 9 dólares de Estados Unidos), el Comité concluye que esta situación no otorga una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical en el sentido del artículo 1.o del Convenio núm. 98. El Comité observa que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha considerado que la legislación en materia de protección contra la discriminación antisindical no está en conformidad con el artículo 1.o del Convenio núm. 98. El Comité expresa la esperanza de que el Gobierno tomará con carácter urgente las medidas legislativas y de otro orden necesarias para garantizar una protección eficaz contra toda forma de discriminación antisindical.
7. 190. Por último, en cuanto al trato dado por la legislación a asociaciones solidaristas y organizaciones sindicales, el Comité concluye que la legislación acuerda a las asociaciones solidaristas una serie de ventajas importantes con respecto al sindicato en ciertos aspectos, en particular el número mínimo de trabajadores necesario, las expectativas de indemnización en caso de despido con justa causa, la posibilidad de manejo de los fondos de cesantía, etc. A este respecto, el Comité toma nota de la intención del Gobierno de que una norma legal declare el auxilio de cesantía como un derecho de todo trabajador cualquiera que sea la forma de terminación de su relación de trabajo, y considera que sería necesario que la legislación equipare a los sindicatos y a las asociaciones solidaristas en cuanto al número mínimo de trabajadores necesario para constituirlos. El Comité expresa pues la esperanza de que el Gobierno tomará con carácter urgente las medidas legislativas y de otro orden necesarias para que se garantice la eliminación de toda desigualdad de trato.

ANEXO

1. Informe sobre la misión de contactos directos efectuada en
2. Costa Rica del 3 al
3. 10 de abril de 1991 por el Sr. Enrique Marín Quijada, profesor
4. de Derecho del
5. Trabajo de la Universidad Central de Venezuela y de la
6. Universidad Católica
7. Andrés Bello
8. I. Introducción
9. 1. El 21 de diciembre de 1988, la Confederación Internacional
10. de
11. Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) presentó una queja
12. ante el Comité de
13. Libertad Sindical contra el Gobierno de Costa Rica por violación
14. de los
15. derechos sindicales (caso núm. 1483). Habiendo recibido las
16. observaciones del
17. Gobierno, el Comité examinó el caso en sus reuniones de mayo
18. y noviembre de
19. 1990 y presentó sendos informes provisionales al Consejo de
20. Administración
21. (véanse 272.o y 275.o informes del Comité, párrafos 389 a 444 y
22. 240 a 322
23. respectivamente, aprobados por el Consejo de Administración
24. en sus 246.a y
25. 248.a reuniones (mayo-junio y noviembre de 1990)).
26. 2. En su último informe provisional sobre el caso, el Comité
27. solicitó ciertas
28. informaciones del Gobierno y, observando que los puntos de
29. vista de la
30. organización querellante y del Gobierno eran divergentes en
31. varias cuestiones
32. importantes, recomendó al Consejo de Administración, a fin de
33. examinar los
34. alegatos con completos elementos de apreciación, que
35. solicitara del Gobierno
36. la aceptación de una misión de contactos directos a Costa Rica
37. (véase 275.o
38. informe del Comité, párrafos 321 y 322, inciso h)). El Gobierno
39. aceptó la
40. misión por comunicación de 25 de enero de 1991.
41. 3. El Director General de la OIT me nombró como representante
42. suyo para
43. realizar esta misión de contactos directos, la cual tuvo lugar en
44. Costa Rica
45. del 3 al 10 de abril de 1991. Me acompañaron los Sres. Bernard
46. Gernigon, Jefe
47. del Servicio de Libertad Sindical, y Alberto Odero, funcionario de
48. dicho
49. servicio.
50. 4. La misión se entrevistó con el Excmo. señor Presidente de la
51. República,
52. Licenciado Rafael Angel Calderón Fournier, el Sr.
53. Vicepresidente de la
54. República Licenciado Germán Serrano Pinto, el Sr. Ministro de
55. Trabajo y
56. Seguridad Social Licenciado Carlos Monge Rodríguez, y altos
57. funcionarios del
58. Ministerio de Trabajo, al igual que con las organizaciones de
59. trabajadores y
60. empleadores más representativas. La misión fue recibida por
61. altos
62. representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
63. Además se reunió
64. con profesores de Derecho del Trabajo, representantes de
65. organizaciones
66. solidaristas y otras personalidades conocedoras de las
67. cuestiones planteadas
68. en la queja de la CIOSL. (En anexo figura la lista completa de
69. las personas y
70. organizaciones visitadas.)
71. 5. El Gobierno suministró las más amplias facilidades para el
72. buen desarrollo
73. de la misión, y deseo poner de manifiesto el gran espíritu de
74. cooperación de
75. las autoridades y demás interlocutores, a quienes expreso mi
76. más sincero
77. agradecimiento.
78. II. Resumen de los alegatos y de las respuestas del Gobierno
79. 6. Los alegatos de la CIOSL se refieren por una parte a la
80. intervención de
81. asociaciones solidaristas en las actividades de relaciones
82. laborales propias
83. de los sindicatos (negociación colectiva, participación de
84. representantes
85. solidaristas en organismos económico-sociales tradicionalmente
86. tripartitos) y
87. a cuestiones de desigualdad de trato entre ambos a nivel de
88. legislación y de
89. práctica (número mínimo de afiliados necesario, ámbito de las
90. actividades
91. económicas legales, subvenciones del Estado) y, por otra, a la
92. falta de
93. protección legal contra actos de discriminación como el despido
94. (el Código de
95. Trabajo admite el despido sin indicación de causa) o el
96. desmejoramiento en las
97. condiciones de trabajo por la pertenencia a un sindicato o la
98. realización de
99. actividades sindicales o por la no afiliación a las asociaciones
100. solidaristas
101. (las sanciones a las disposiciones del Código se reducen a una
102. multa de un
103. montante de 300 a 1.000 colones). La CIOSL había puesto de
104. relieve el auge de
105. las asociaciones solidaristas bajo control patronal y la
106. disminución del
107. número de sindicatos, el importante descenso en el número de
108. convenciones
109. colectivas en los últimos años y su sustitución por "arreglos
110. directos"
111. (concluidos entre un grupo de trabajadores no sindicalizados y
112. el empresario,
113. incluso cuando existía un sindicato), el despido de 74 dirigentes
114. sindicales y
115. sindicalistas y testimonios de trabajadores que habían recibido
116. presiones para
117. afiliarse a asociaciones solidaristas y a renunciar a su sindicato.
118. 7. El Gobierno ha subrayado que el Movimiento Solidarista es
119. una manifestación
120. del derecho constitucional de asociación y que el deterioro
121. sufrido por el
122. movimiento sindical en contraposición al auge del solidarismo
123. obedece en
124. muchos casos a factores eminentemente internos y de dirección
125. sindical, que
126. escapan a la competencia del Gobierno. El Gobierno niega que
127. las asociaciones
128. solidaristas se hayan establecido jurídicamente como un
129. mecanismo de
130. manipulación de sectores ajenos a la clase trabajadora, así
131. como que los
132. trabajadores sean obligados legalmente a pertenecer a dichas
133. asociaciones. El
134. Gobierno destacó también que el artículo 8 de la Ley de
135. Asociaciones
136. Solidaristas prohíbe a tales asociaciones, a sus órganos de
137. gobierno y
138. administración, así como a sus representantes legales, realizar
139. cualquier
140. clase de actividad tendiente a combatir, o de alguna manera
141. entorpecer, la
142. formación y funcionamiento de las organizaciones sindicales y
143. cooperativas,
144. sancionándose el incumplimiento de esta disposición con la
145. disolución de la
146. asociación.
147. 8. El Gobierno ha declarado asimismo que las asociaciones
148. solidaristas no son
149. organizaciones sindicales y no tienen la naturaleza y fines de
150. una entidad
151. sindical, pues asumiendo los trabajadores una forma asociativa
152. mutualista
153. (fundada en el aporte de recursos de los trabajadores por una
154. parte y de los
155. empleadores por otra para distintos programas de bienestar) no
156. tienen el
157. objetivo de defensa de los intereses de clase del sector
158. trabajador; aunque
159. las funciones de las asociaciones solidaristas y de los sindicatos
160. son
161. disímiles, las de las primeras pudieran semejarse a la acción
162. económica que
163. ejercen los sindicatos en otros países. El Gobierno niega que
164. las asociaciones
165. solidaristas interfieran en sus fines y funciones con los sindicatos
166. y ha
167. invocado para ello la coexistencia de sindicatos y asociaciones
168. solidaristas
169. en 38 instituciones y empresas tanto del sector público como del
170. privado. Para
171. evitar que las asociaciones solidaristas invadan atribuciones y
172. funciones
173. propias de los sindicatos, como la negociación colectiva, el
174. Gobierno ha
175. resuelto presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa,
176. que establece
177. que los órganos directivos, de administración y los
178. representantes legales de
179. las asociaciones solidaristas tienen prohibido participar directa o
180. indirectamente en contrataciones colectivas de carácter laboral;
181. además, el
182. Gobierno ha señalado que ha establecido como política el
183. rechazo de la
184. homologación y depósito de arreglos directos concluidos por un
185. grupo
186. cualquiera de trabajadores y su empleador cuando ya se había
187. iniciado el
188. trámite de negociación de una convención colectiva (de la que
189. tiene
190. titularidad la organización sindical).
191. 9. En cuanto al nivel de independencia de las asociaciones
192. solidaristas con
193. respecto al empleador, el Gobierno ha declarado que si bien el
194. patrono realiza
195. un aporte mensual a los fondos solidaristas, en la ley sobre
196. asociaciones
197. solidaristas se establece que las juntas directivas deberán
198. integrarse
199. únicamente con trabajadores no pudiendo ocupar cargos los
200. que ostenten la
201. condición de representantes patronales (sean directores,
202. gerentes, auditores,
203. administradores o apoderados de la empresa), aunque la ley
204. faculta a que el
205. patrono pueda designar un representante que asista con
206. derecho a voz pero sin
207. voto a las asambleas generales y a las sesiones de la junta
208. directiva salvo
209. que la asamblea o la junta manifieste lo contrario.
210. 10. Por otra parte, el Gobierno ha reconocido que dado que la
211. función de las
212. organizaciones sindicales "no es de crecimiento patrimonial sino
213. de defensa de
214. los intereses laborales y sociales de sus afiliados, la legislación
215. del
216. trabajo les ha prohibido hasta la fecha ejercer el comercio con
217. ánimo de
218. lucro" y que se hace necesario y conveniente localizar formas
219. de protección al
220. patrimonio de las organizaciones sindicales concediéndoles la
221. facultad de
222. realizar inversiones de carácter lucrativo siempre que los
223. beneficios se
224. destinen a los fines concluyentes que la ley dispone para los
225. sindicatos.
226. 11. En lo que respecta a los numerosos alegatos de
227. discriminación
228. antisindical, el Gobierno respondió a ocho casos de
229. discriminación alegados
230. (despido de dirigentes sindicales y sindicalistas que no aceptan
231. el modelo
232. solidarista, presiones para que los trabajadores se afilien a las
233. asociaciones
234. solidaristas o renuncien al sindicato, etc.), limitándose a declarar
235. sobre el
236. resto que los alegatos no tienen fundamento legal en la mayoría
237. de los casos y
238. que dado el volumen de los expedientes omite adjuntar
239. documentación y
240. comentarios. El Gobierno ha declarado sin embargo, que se ha
241. impuesto como
242. prioridad renovar y actualizar la legislación laboral incluyendo en
243. particular
244. un capítulo específico sobre las prácticas desleales (acciones u
245. omisiones que
246. tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el ejercicio de sus
247. derechos a
248. trabajadores o a coaliciones de trabajadores, acciones entre las
249. que se
250. incluye inducir a los trabajadores a afiliarse o retirarse de
251. determinados
252. sindicatos, así como los despidos injustificados o ilegales que
253. tiendan a
254. disminuir el apoyo de los trabajadores a los sindicatos).
255. III. Conclusiones formuladas por el Comité de Libertad Sindical
256. 12. En su reunión de mayo de 1990, el Comité observó que la
257. ley de
258. asociaciones solidaristas de 1984 prevé que se constituirán con
259. 12 o más
260. trabajadores y las define en su artículo 4 en la forma siguiente:
261. "Las asociaciones solidaristas son entidades de duración
262. indefinida, con
263. personalidad jurídica propia, que, para lograr sus objetivos
264. (procurar la
265. justicia y la paz social, la armonía obreropatronal y el desarrollo
266. integral
267. de sus asociados), podrán adquirir toda clase de bienes,
268. celebrar contratos de
269. toda índole y realizar toda especie de operaciones lícitas
270. encaminadas al
271. mejoramiento socioeconómico de sus afiliados, en procura de
272. dignificar y
273. elevar su nivel de vida. En tal sentido, podrán efectuar
274. operaciones de
275. ahorro, de crédito y de inversión, así como cualesquiera otras
276. que sean
277. rentables. Asimismo, podrán desarrollar programas de vivienda,
278. científicos,
279. deportivos, artísticos, educativos y recreativos, culturales,
280. espirituales,
281. sociales y económicos, lo mismo que cualquier otro que
282. lícitamente fomente los
283. vínculos de unión y cooperación entre los trabajadores y entre
284. éstos y sus
285. patronos."
286. De acuerdo con el artículo 18 de la ley, los recursos de las
287. asociaciones
288. solidaristas están integrados entre otros ingresos por:
289. "a) El ahorro mensual mínimo de los asociados, cuyo porcentaje
290. será fijado por
291. la asamblea general. En ningún caso este porcentaje será
292. menor del tres por
293. ciento ni mayor del cinco por ciento del salario... Los asociados
294. podrán
295. ahorrar voluntariamente una suma o porcentaje mayor... El
296. asociado autorizará
297. al patrono que le deduzca del salario el monto correspondiente,
298. el cual
299. entregará a la asociación..."
300. "b) El aporte mensual del patrono en favor de sus trabajadores,
301. que será
302. fijado de común acuerdo entre ambos de conformidad con los
303. principios
304. solidaristas ..." (véase 272.o informe, párrafo 441).
305. 13. Asimismo, en su reunión de mayo de 1990, el Comité
306. expresó su grave
307. preocupación ante el debilitamiento del movimiento sindical
308. costarricense y la
309. importante disminución del número de organizaciones sindicales
310. en los últimos
311. años. Según se desprende de los elementos disponibles hasta
312. ahora - señalaba
313. el Comité -, estos fenómenos están relacionados con el
314. desarrollo de las
315. asociaciones solidaristas. El Comité subrayó a este respecto la
316. importancia
317. fundamental del principio del tripartismo preconizado por la OIT,
318. que supone
319. organizaciones independientes (entre ellas y respecto de las
320. autoridades
321. públicas) de trabajadores por una parte y de empleadores por
322. otra. Teniendo en
323. cuenta la importancia de este principio, el Comité expresó la
324. esperanza de que
325. el Gobierno tomará medidas en concertación con las centrales
326. sindicales, con
327. miras a crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento
328. del
329. movimiento sindical independiente y para el desarrollo de sus
330. actividades en
331. materia de obras sociales (véase 272.o informe, párrafo 442).
332. 14. En su reunión de noviembre de 1990, el Comité formuló las
333. siguientes
334. conclusiones (véase 275.o informe, párrafos 316 a 321):
335. A partir de todos los elementos de información contenidos en los
336. alegatos y en
337. las respuestas del Gobierno, el Comité infiere que las
338. asociaciones
339. solidaristas son asociaciones de trabajadores cuya constitución
340. está
341. subordinada al aporte del empleador del que dependen,
342. financiadas con arreglo
343. al principio mutualista por los trabajadores y por los empleadores,
344. con fines
345. económicos-sociales de bienestar material (ahorro, crédito,
346. inversión,
347. programas de vivienda, educativos, etc.) y de unión y
348. cooperación entre
349. trabajadores y empleadores, cuyos órganos deben integrarse
350. por trabajadores
351. aunque puede participar en ellos un representante patronal con
352. voz pero sin
353. voto. A juicio del Comité, si bien nada impide desde el punto de
354. vista de los
355. principios de los Convenios núms. 87 y 98 que trabajadores y
356. empleadores
357. busquen formas de cooperación, inclusive de naturaleza
358. mutualista, para el
359. logro de objetivos sociales, corresponde al Comité, en la medida
360. en que tales
361. formas de cooperación cristalicen en estructuras y
362. organizaciones permanentes,
363. asegurarse de que la legislación y funcionamiento en la práctica
364. de las
365. asociaciones solidaristas no interfieren en las actividades y
366. funciones
367. propias de los sindicatos.
368. El Comité se felicita de las decisiones adoptadas por el Gobierno
369. y de las
370. intenciones que ha manifestado en relación con cuestiones
371. importantes
372. planteadas en el presente caso, con objeto de esclarecer el
373. papel de las
374. asociaciones solidaristas y de los sindicatos y mejorar la
375. legislación.
376. Concretamente, el Comité toma nota con satisfacción de que:
377. - el Gobierno haya resuelto presentar un proyecto de ley a la
378. Asamblea
379. Legislativa que establece que los órganos directivos, de
380. administración y los
381. representantes legales de las asociaciones solidaristas tienen
382. prohibido
383. participar directa o indirectamente en contrataciones colectivas
384. de carácter
385. laboral, siendo el interés expreso de dicho proyecto evitar que
386. las
387. asociaciones solidaristas invadan atribuciones y funciones
388. propias de los
389. sindicatos como la negociación colectiva;
390. - el Gobierno haya establecido como política el rechazo de la
391. homologación y
392. depósito de arreglos directos concluidos por un grupo
393. cualquiera de
394. trabajadores y su empleador cuando ya se había iniciado el
395. trámite de
396. negociación de una convención colectiva por una organización
397. sindical;
398. - el Gobierno se haya impuesto como prioridad renovar y
399. actualizar la
400. legislación laboral incluyendo en particular un capítulo
401. específico
402. ("prácticas desleales") sobre la discriminación antisindical
403. (acciones u
404. omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el
405. ejercicio de
406. sus derechos a trabajadores o a coaliciones de trabajadores,
407. acciones entre
408. las que se incluye inducir a los trabajadores a afiliarse o retirarse
409. de
410. determinados sindicatos, así como los despidos injustificados o
411. ilegales que
412. tiendan a disminuir el apoyo a los movimientos colectivos de los
413. trabajadores
414. o sus sindicatos);
415. - el Gobierno considere necesario y conveniente localizar formas
416. de protección
417. al patrimonio de las organizaciones sindicales concediéndoles la
418. facultad de
419. realizar inversiones de carácter lucrativo siempre que los
420. beneficios se
421. destinen a los fines concluyentes que la ley dispone para los
422. sindicatos.
423. El Comité espera firmemente que el Gobierno hará todo lo
424. necesario para que se
425. ejecuten lo más rápidamente posible estas decisiones e
426. intenciones expresadas
427. por el Gobierno en relación con la negociación colectiva, la
428. protección contra
429. la discriminación antisindical y las actividades económicas de
430. los sindicatos,
431. que consultará al respecto a los interlocutores sociales y que
432. acelerará la
433. tramitación de los proyectos de ley.
434. En lo que se refiere a los alegatos de discriminación e injerencia
435. antisindicales alegados (despidos de sindicalistas que no
436. aceptan el modelo
437. solidarista, presiones para que los trabajadores se afilien a las
438. asociaciones
439. solidaristas o renuncien al sindicato, etc.), el Comité lamenta que
440. el
441. Gobierno sólo haya respondido específicamente a ocho de los
442. numerosos alegatos
443. de la organización querellante (presentados en septiembre de
444. 1989). El Comité
445. pide al Gobierno que responda a los demás alegatos.
446. En cuanto a los alegatos relativos a la disminución de
447. convenciones colectivas
448. y al aumento de los arreglos directos, el Comité no ha recibido el
449. cuadro
450. comparativo de convenios colectivos y arreglos directos al que
451. el Gobierno se
452. refiere en su respuesta.
453. El Comité observa que el Gobierno ha presentado cifras, según
454. las cuales hasta
455. ahora existe equilibrio cuantitativo entre las subvenciones
456. públicas a los
457. sindicatos y a las asociaciones solidaristas, ha enviado también
458. el texto de
459. un proyecto de ley que establece un impuesto ("timbre
460. solidarista") en favor
461. del movimiento solidarista. El Comité pide al Gobierno que
462. indique si pretende
463. mantener en el futuro dicho equilibrio cuantitativo. Por otra
464. parte, el Comité
465. desearía conocer la opinión del Gobierno en cuanto a la
466. posibilidad de que la
467. legislación permita a las organizaciones sindicales disponer de
468. los fondos de
469. cesantía a fin de poder ejercer actividades en materia de obras
470. sociales.
471. Por último, el Comité observa que los puntos de vista de la
472. organización
473. querellante y del Gobierno son divergentes en varias cuestiones
474. importantes,
475. como por ejemplo la alegada desigualdad de trato, por parte de
476. la legislación
477. y de las autoridades, entre sindicatos y asociaciones
478. solidaristas, la alegada
479. invasión de estas últimas en las atribuciones y funciones propias
480. de los
481. sindicatos, y la situación en la práctica en lo relativo a los actos
482. de
483. discriminación antisindical. A fin de examinar estos alegatos con
484. completos
485. elementos de apreciación, el Comité recomienda al Consejo de
486. Administración
487. que solicite del Gobierno la aceptación de una misión de
488. contactos directos a
489. Costa Rica.
490. IV. Principales aspectos examinados
491. 15. De acuerdo con los resultados obtenidos durante la misión,
492. serán
493. examinados en los párrafos siguientes diversos aspectos de la
494. queja,
495. relativos, por una parte, a la proyección de las asociaciones
496. solidaristas en
497. las relaciones de trabajo y, por la otra, al trato que reciben
498. asociaciones
499. solidaristas y organizaciones sindicales, así como a los actos de
500. discriminación antisindical. Previamente, y siguiendo las
501. orientaciones del
502. Comité de Libertad Sindical en el presente caso (véase 275.o
503. informe, párrafo
504. 316, reproducido en el párrafo 14 de este texto), puede ser de
505. utilidad hacer
506. algunas consideraciones generales en torno al desarrollo del
507. solidarismo y sus
508. repercusiones en la libertad sindical.
509. Significados y desarrollo del solidarismo
510. 16. Solidarismo es un término arraigado en Costa Rica, aunque
511. con significados
512. diversos y parcialmente diferentes, según esté referido a una
513. idea, a un
514. movimiento, o a unas asociaciones. Ante todo el solidarismo es
515. una idea
516. promovida desde 1947 por el ciudadano costarricense Alberto
517. Martén, con la
518. finalidad de propiciar una acción mancomunada del empleador y
519. sus
520. trabajadores, en beneficio de éstos. Además se habla de un
521. movimiento
522. solidarista, promotor y animador de asociaciones, con por lo
523. menos dos grandes
524. orientaciones: la de la asociación civil Unión Solidarista
525. Costarricense y la
526. de la Escuela Social Juan XXIII, creada por el Arzobispo de San
527. José.
528. Finalmente están las asociaciones solidaristas: las primeras
529. fueron
530. constituidas a partir de 1949, bajo la inspiración de Martén, en
531. virtud de la
532. ley general de asociaciones; y a partir de 1984 han quedado
533. reguladas por la
534. ley de asociaciones solidaristas.
535. 17. Es importante destacar que las tres acepciones del
536. solidarismo (idea,
537. movimiento y asociación) pueden aparecer confundidas en la
538. práctica y que hay
539. una cierta rivalidad por su empleo. En particular, cuando se
540. habla de
541. movimiento solidarista, se está haciendo referencia en realidad a
542. la Unión
543. Solidarista o a la Escuela Social Juan XXIII. Ambas entidades
544. actuaron en
545. colaboración en el pasado, pues en 1979 la Unión Solidarista le
546. encomendó a la
547. Escuela Social Juan XXIII la capacitación de trabajadores y
548. empresarios
549. solidaristas. En la actualidad ambas instituciones sostienen
550. posiciones
551. divergentes, en particular frente a los sindicatos, y cada una
552. tiene su propio
553. radio de acción: la Unión Solidarista actúa sobre todo en el
554. Valle Central y
555. la Escuela Social Juan XXIII en la Zona Atlántica - donde tiene
556. absoluto
557. control de la acción solidarista -, en el Valle Central y en el Sur.
558. 18. Estas tres acepciones en cuanto al significado del
559. solidarismo no deja de
560. producir cierta confusión al momento de examinar los problemas
561. planteados en
562. la queja, pues si bien la misma está centrada en las
563. asociaciones y la ley que
564. las rige, es imposible entender a cabalidad el desarrollo del
565. solidarismo en
566. Costa Rica, el cual se produce realmente sólo a partir de los
567. años setenta, y
568. hasta la adopción de la ley de asociaciones solidaristas, si se
569. hace caso
570. omiso de la existencia, las orientaciones y las actividades
571. inspiradoras o
572. claramente directivas y de opinión pública de la Unión
573. Solidarista y la
574. Escuela Social Juan XXIII. Basta señalar, en este sentido, que
575. el número de
576. asociaciones solidaristas aumenta en forma sensible desde
577. 1979, año del
578. convenio de cooperación entre esas instituciones, como se
579. indica a
580. continuación.
581. Asociaciones solidaristas y sindicatos
582. Año As.Sol. Sind.
583. 1979 168 *
584. 1980 216 222
585. 1981 * 281
586. 1982 465 292
587. 1983 * 291
588. 1984 * 288
589. 1985 * 359
590. 1986 862 335
591. 1987 976 356
592. 1988 1089 411
593. 1989 1175 469
594. 1990 1154 420
595. * Dato no recibido.
596. Fuente: Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social.
597. Asociaciones solidaristas: mutualismo y relaciones laborales
598. 19. De acuerdo con la ley, las asociaciones solidaristas están
599. integradas y
600. dirigidas por trabajadores, se constituyen con un ahorro mensual
601. mínimo de sus
602. asociados y un aporte mensual del empleador, imputable a lo
603. que éste deba
604. pagar en el futuro por indemnizaciones de fin de contrato
605. ("auxilio de
606. cesantía"), y pueden realizar actividades diversas, inclusive
607. rentables, para
608. el mejoramiento socioeconómico de sus asociados (artículos 5,
609. 14 y 16 de la
610. ley de asociaciones solidaristas). Las asociaciones suelen tener
611. planes de
612. ahorro y crédito y, según sus posibilidades, abordan también
613. actividades de
614. venta de bienes de consumo, salud, vivienda, recreación,
615. inversión, creación
616. de empresas y planes de pensiones complementarias. Desde
617. este punto de vista,
618. las asociaciones solidaristas tienen un marcado carácter
619. mutualista y de
620. bienestar, han acumulado en conjunto un cuantioso capital y
621. distribuyen
622. dividendos entre sus asociados. Hay más de 1.300
623. asociaciones en la
624. actualidad. Por esta actividad mutualista y de bienestar, que
625. desarrollan con
626. dinamismo y eficacia, las asociaciones solidaristas han
627. alcanzado un gran
628. prestigio en Costa Rica, aun cuando ha habido tropiezos
629. administrativo-financieros en algunas asociaciones,
630. especialmente por atrasos
631. de empleadores en el pago de sus aportes y por préstamos
632. riesgosos de una
633. asociación a la empresa cuyos trabajadores asocia. Fueron
634. mencionados a la
635. misión los casos de ocho empresas del sector privado, donde
636. las asociaciones
637. solidaristas habrían tenido problemas financieros importantes,
638. temporales, o
639. irreversibles; y en una encuesta en el sector público se observó
640. que 5 de 38
641. asociaciones confrontaban el problema de la falta de aporte
642. patronal (Narren
643. Ortega y Luz A. Cubero, Encuesta a asociaciones solidaristas
644. en el sector
645. público. Avance de investigación de la tesis de grado en
646. sociología, sobre
647. surgimiento y desarrollo del solidarismo en el sector público
648. costarricense,
649. 1984-1989, Universidad de Costa Rica, octubre de 1990,
650. cuadro 32).
651. 20. Además de sus funciones mutualistas, las asociaciones
652. solidaristas pueden
653. asumir en la práctica, directa o indirectamente, funciones
654. netamente
655. reivindicativas y de relaciones laborales, propias de las
656. asociaciones
657. sindicales, aun cuando la ley lo prohíbe expresamente (artículo
658. 8). Esto
659. ocurre de una manera espontánea, cuando la asociación, a
660. falta de sindicato,
661. se ve confrontada con la necesidad de intervenir en defensa o
662. en nombre de los
663. trabajadores, por ejemplo para evitar un despido, o enfrentarse a
664. la
665. arbitrariedad del empleador o de algún representante suyo, o
666. para tratar de
667. obtener un alza de salarios, o una mejora de las condiciones de
668. trabajo. O
669. bien ocurre de una manera intencional y organizada de
670. antemano, por ejemplo
671. para promover un arreglo directo de condiciones de trabajo con
672. el empleador.
673. También ha sido señalado a la misión que esta posición de las
674. asociaciones
675. solidaristas ha contribuido a mantener la acción reivindicativa de
676. los
677. trabajadores en un nivel muy bajo.
678. 21. Responsables solidaristas expresaron en forma reiterada a la
679. misión que
680. las asociaciones como tales no asumen funciones
681. reivindicativas, aunque sí
682. pueden hacerlo individualmente trabajadores miembros de una
683. asociación. Sin
684. embargo, al detallar las actividades efectivas que esas
685. asociaciones cumplen,
686. quedó claro que pueden estar llamadas a intervenir en las
687. relaciones de
688. trabajo, como lo denuncian los dirigentes sindicales; y de hecho
689. los
690. responsables de la Unión Solidarista Costarricense no pudieron
691. asegurar que
692. ciertas asociaciones, especialmente las no controladas por
693. ellos, no
694. intervinieran en funciones "sindicales". Por su parte, los
695. responsables de la
696. Escuela Social Juan XXIII refirieron a la misión que gracias al
697. solidarismo
698. habían sido activados en muchas empresas del Atlántico los
699. comités de higiene
700. ocupacional, previstos en los artículos 193 y siguientes del
701. Código de Trabajo
702. y la acción de esos comités frente a los empleadores había
703. hecho disminuir
704. considerablemente la incidencia de siniestros laborales; además,
705. la Escuela
706. imparte formación a los trabajadores sobre derechos y deberes
707. derivados de la
708. relación de trabajo, y ha intervenido ante los empleadores en
709. casos de serios
710. atrasos salariales, o de despidos, o en la promoción de arreglos
711. directos.
712. Asimismo, el representante de la Federación de Entidades
713. Privadas de
714. Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP), expresándose a título
715. individual,
716. manifestó que las asociaciones solidaristas pueden adoptar un
717. comportamiento
718. sindical a través de las juntas de relaciones laborales; señaló
719. que en tiempos
720. de crisis el solidarismo puede convertirse en un verdadero
721. sindicato, pues la
722. existencia de la asociación reduce la confrontación con el
723. empleador pero no
724. la elimina y, en particular, puede haber confrontación por el
725. monto del
726. porcentaje de aporte patronal. Dijo, además, que algunos
727. empresarios abusan
728. con las asociaciones solidaristas y las utilizan para evitar la
729. presencia del
730. sindicato, al cual persiguen, como ha ocurrido en empresas
731. bananeras.
732. 22. El solidarismo parece plantear, en realidad, una situación de
733. competencia
734. con el sindicalismo, cuando invoca una y otra vez la "opción
735. solidarista" para
736. dar a entender que la asociación solidarista es una alternativa
737. que compite
738. ventajosamente con el sindicato, o la cooperativa, comparación
739. que no tendría
740. razón de ser si fueran movimientos enteramente diferentes. En
741. una reseña de
742. prensa de 1984, cuyo enfoque coincide con planteamientos
743. que fueron formulados
744. a la misión, se atribuyen al Sr. Rodrigo Jiménez, Director
745. Ejecutivo de la
746. Unión Solidarista, las ideas siguientes: "... el solidarismo es
747. compatible con
748. los sindicatos y las cooperativas, pero se diferencia en mucho
749. de ambos tipos
750. de organización, entre otras características porque el
751. sindicalismo fomenta el
752. choque entre trabajadores y empleadores, es ideológico, tiene
753. procedencia
754. externa y se mantiene por el pago de las cuotas de los
755. trabajadores (...); el
756. solidarismo, en cambio, es más avanzado que el cooperativismo
757. (y el
758. sindicalismo) y persigue el mejoramiento global con base en un
759. entendimiento
760. ético entre empleadores y trabajadores..." (La República,
761. 16.9.84). El mismo
762. Sr. Jiménez explicó a la misión su punto de vista sobre la
763. justificación de la
764. asociación y el sindicato, en los siguientes términos: "para un
765. buen empleador
766. hace falta una buena asociación solidarista; para un mal
767. empleador hace falta
768. un buen sindicato".
769. 23. A su vez, la Escuela Social Juan XXIII pareciera entrar
770. también en
771. competencia al menos con un cierto sindicalismo, a juzgar por la
772. siguiente
773. descripción de una de sus actividades; "... 2.o Fundación de
774. Asociaciones
775. Solidaristas en las empresas, tanto públicas como privadas,
776. industriales,
777. comerciales y agrícolas. En los últimos tres años se le ha dado
778. más
779. importancia a la zona bananera, dominada desde 1930 por los
780. comunistas por
781. medio de sindicatos y confederaciones seguidores de esta
782. ideología". He aquí
783. la visión que la Escuela tiene del sindicalismo: "...
784. SOLIDARISMO,
785. SINDICALISMO, UNION SOLIDARISTA: A. La Escuela Social
786. Juan XXIII, al promover
787. el solidarismo, no menosprecia el sindicalismo. Por el contrario,
788. como
789. difusora de la doctrina social de la Iglesia, lo apoya y estimula. El
790. problema
791. está en que la mayor parte de los sindicatos de Costa Rica,
792. como ocurre en
793. América Latina, están dominados por los comunistas. De aquí la
794. necesidad de
795. impulsar asociaciones, como las solidaristas, para purificar los
796. sindicatos y
797. buscar la superación de los trabajadores..." (esta cita de un
798. documento de la
799. Escuela Social Juan XXIII aparece en Juan José Flores, El
800. solidarismo desde
801. adentro. San José, ASEPROLA, 1989). La misma Escuela
802. define de esta manera los
803. fines de una asociación solidarista: "... mejorar los salarios, los
804. horarios
805. de trabajo, las demás condiciones del obrero, y realizar diversos
806. proyectos en
807. beneficio de los trabajadores, sin violencia ni lucha de clases.
808. En la
809. asociación solidarista se busca la armonía y el aporte del
810. trabajador a la
811. asociación a la que pertenece éste, junto con el aporte del
812. empleador."
813. (Escuela Social Juan XXIII, La doctrina social de la Iglesia
814. (Introducción a
815. su estudio). Serie Doctrina. San José, Editorial Ministerio de
816. Educación
817. Pública, 1985: 74). En el mismo sentido, en el órgano
818. periodístico del
819. Departamento de Relaciones Laborales de la empresa Bandeco
820. se dice lo
821. siguiente: "... Para nadie es un misterio el daño que causaron al
822. país y en
823. particular a algunas de las empresas privadas, ciertos
824. movimientos
825. sindicalistas que surgieron con mentalidades muy negativas (...).
826. Mientras
827. estas cosas estaban pasando, ya se encontraba germinando
828. (...) (la) semilla
829. del "SOLIDARISMO" (...). Los beneficios que el Solidarismo ha
830. traído son
831. interminables. (...) La paz social, las buenas relaciones
832. obreropatronales, el
833. diálogo, el bienestar económico, el socorro mutuo, la
834. comprensión, la
835. estabilidad laboral, la libertad no convertida en libertinaje, la
836. buena
837. organización de las asociaciones solidaristas, son algunos de
838. los dulces
839. frutos que se disfrutan, cuando un trabajador de cualquier parte
840. que sea,
841. abraza los principios solidaristas, basados en la doctrina social
842. cristiana..." (La Fagina, CIT: 2).
843. 24. La misión fue informada de que en ciertas empresas y entes
844. públicas
845. coexistían sin problemas asociación solidarista y sindicato, cada
846. uno en su
847. esfera propia, como para indicar que no se trata de
848. organizaciones sociales
849. incompatibles. Diversos representantes sindicales y trabajadores
850. expresaron,
851. sin embargo, que los casos de coexistencia eran muy raros,
852. información que fue
853. confirmada por otros medios. Dijeron además que, en la mayoría
854. de los casos,
855. la presencia de la asociación solidarista era considerada como
856. una amenaza
857. para el sindicato. En la encuesta en asociaciones solidaristas y
858. sindicatos
859. del sector público (págs. 11 y siguientes, citada en el párrafo 19
860. de este
861. informe) se formulan los comentarios provisionales siguientes: A)
862. Para la
863. mayoría de los sindicalistas entrevistados: 1) las causas de
864. creación de las
865. asociaciones solidaristas son la obtención de beneficios
866. económicos y sociales
867. para los trabajadores y dotar de arma al empleador para
868. combatir al sindicato;
869. 2) el solidarismo no reemplaza al sindicalismo porque poseen
870. diferentes
871. objetivos, diferentes ideologías y el sindicato es más combativo;
872. B) Para los
873. solidaristas: 1) las causas de creación de las asociaciones son
874. la búsqueda
875. del mejoramiento económico de los trabajadores y constituir una
876. alternativa
877. propia de éstos; 2) el aporte principal del solidarismo en el sector
878. público
879. es fomentar el ahorro del trabajador, mejorar las relaciones
880. laborales y
881. procurar el bienestar socioeconómico del trabajador; 3) el
882. solidarismo no
883. reemplaza al sindicalismo porque tienen distintos objetivos, pero
884. el 61,5 por
885. ciento considera que en el futuro podría reemplazarlo en la
886. titularidad de las
887. relaciones laborales, porque el solidarismo busca la armonía
888. entre el
889. empleador y el trabajador; C) Donde coexisten ambas
890. organizaciones la relación
891. entre ellas es considerada buena por 43,8 por ciento de los
892. solidaristas
893. entrevistados y 38,9 por ciento de los sindicalistas entrevistados
894. y unos y
895. otros coinciden en que el Estado favorece la creación de
896. asociaciones
897. solidaristas a través de la ley solidarista, apoyo institucional y de
898. la
899. cesión del auxilio de cesantía.
900. 25. A fin de conocer una experiencia exitosa de coexistencia de
901. ambas formas
902. de organización social, la misión tuvo ocasión de visitar las
903. sedes de la
904. Asociación Solidarista y el Sindicato de la empresa Líneas
905. Aéreas
906. Costarricenses, S.A. (LACSA). Hay varios datos importantes a
907. considerar en
908. este caso, que le confieren un cierto carácter excepcional: la
909. empresa cuenta
910. con unos 850 trabajadores, la mayoría inscritos en las dos
911. organizaciones, y
912. muchos de ellos de una cierta calificación profesional; la
913. asociación fue
914. fundada en 1954, ha crecido por su propia cuenta, sin
915. influencia de la Unión
916. Solidarista ni de la Escuela Social Juan XXIII, y cuenta con un
917. capital de
918. alrededor de 200 millones de colones (1,6 millones de dólares de
919. Estados
920. Unidos, aproximadamente); el sindicato data de 1970; en la
921. empresa hay una
922. convención colectiva y en virtud de ésta el auxilio de cesantía
923. es casi un
924. derecho adquirido para todos los trabajadores y no sólo para los
925. solidaristas
926. (a los demás sólo se les niega en caso de dolo); no parece
927. haber rivalidad
928. entre ambas organizaciones (varios de sus dirigentes explicaron
929. a la misión,
930. en reunión conjunta, los roles y ventajas de cada una). Según
931. surgió de las
932. declaraciones de los representantes solidaristas de LACSA y
933. otras personas
934. entrevistadas, en una empresa pequeña es difícil realizar el
935. doble esfuerzo de
936. organización que allí existe entre el personal y es prácticamente
937. imposible
938. conseguir que asociación y sindicato sean dirigidos por
939. personas diferentes;
940. la empresa necesita un interlocutor para las cuestiones laborales
941. que hable
942. por los trabajadores, y cuando ese interlocutor no es el
943. sindicato, la
944. asociación solidarista puede realizar su papel.
945. Proyección laboral del solidarismo: administración de cesantía.
946. Comités
947. permanentes y juntas de relaciones laborales
948. 26. Las actividades laborales de las asociaciones solidaristas, o
949. del
950. movimiento solidarista, pueden manifestarse principalmente en
951. tres aspectos:
952. el aporte patronal, los comités permanentes, a través de los
953. cuales han sido
954. suscritos los llamados "arreglos directos", y las juntas de
955. relaciones
956. laborales.
957. 27. La creación de una asociación solidarista supone el
958. acuerdo del empleador,
959. quien inclusive la hace posible mediante un aporte en dinero.
960. Ese aporte
961. consiste en un porcentaje de la indemnización de fin de
962. contrato por tiempo
963. indeterminado ("auxilio de cesantía") que el empleador tendría
964. que pagar a un
965. trabajador en caso de despido injustificado, retiro justificado o
966. terminación
967. por otra causa ajena a la voluntad del trabajador (artículo 29 del
968. Código de
969. Trabajo) y que libremente conviene en adelantar a la asociación
970. para que lo
971. administre. El acto mismo de constitución de la asociación está
972. subordinado a
973. la voluntad del empleador, quien consiente en financiarla y
974. puede exigir el
975. cumplimiento de ciertas condiciones y en este sentido la
976. asociación puede
977. colocarse en mayor o menor medida bajo la dependencia del
978. empleador; pero
979. además ese acto genera un campo de posible reivindicación de
980. los trabajadores
981. integrantes de la asociación, sea para la determinación inicial
982. del porcentaje
983. de aporte patronal, el cual no podrá ser inferior al 3 por ciento
984. del salario;
985. o bien, en caso de que el empleador en dificultades económicas
986. proponga
987. posteriormente la reducción temporal del aporte, supuesto sobre
988. el cual un
989. dirigente de la Unión de Cámaras, refirió a la misión un caso
990. concreto; o, a
991. la inversa, para reivindicar un incremento del mismo, o
992. beneficios adicionales
993. para la asociación. Dirigentes sindicales observaron, por lo
994. demás, que el
995. llamado aporte patronal en realidad se hace con cargo a una
996. indemnización que
997. el empleador deberá pagar a los trabajadores, a la terminación
998. del contrato, y
999. por tanto su administración debería estar al alcance de una
1000. organización
1001. sindical más que de una asociación mutualista, o al menos en
1002. las mismas
1003. condiciones para ambas.
1004. 28. En las empresas puede crearse, en un momento dado, un
1005. comité permanente de
1006. trabajadores, para la celebración de un arreglo directo sobre
1007. condiciones de
1008. trabajo. El Código de Trabajo prevé la figura de la convención
1009. colectiva,
1010. celebrada por empleadores y sindicatos de trabajadores; y la
1011. figura de los
1012. arreglos directos, concluidos sólo por empleadores y
1013. trabajadores, o con
1014. intervención de amigables componedores; la primera tiene su
1015. fundamento en la
1016. propia Constitución Política y sirve para reglamentar las
1017. condiciones de
1018. trabajo, con "fuerza de ley" (artículo 62 de la Constitución
1019. Política y 54 del
1020. Código de Trabajo); la segunda es un medio de empleadores y
1021. trabajadores para
1022. resolver sus diferencias (artículo 497 del Código de Trabajo).
1023. 29. La experiencia indica que, ante la débil presencia sindical
1024. en la empresa,
1025. las posiciones en el comité permanente a menudo son
1026. ocupadas por solidaristas.
1027. Los responsables de la Escuela Social Juan XXIII y los de la
1028. Unión Solidarista
1029. afirman que esa participación de solidaristas tiene lugar a título
1030. personal.
1031. No obstante, muy diversos sectores, inclusive solidaristas,
1032. coincidieron en
1033. afirmar que la Escuela Social Juan XXIII mantiene una línea
1034. opositora al
1035. movimiento sindical y promueve arreglos directos a través de
1036. comités
1037. permanentes, al punto de figurar la Escuela como "amigable
1038. componedor", en
1039. determinados arreglos directos. Ha sido éste el caso, por
1040. ejemplo, en
1041. Agroindustrial Pacuare, S.A. (28.3.88), Yucatica, S.A. (2.6.89) y
1042. Standard
1043. Fruit Company, Finca 6, Zona de Río Frío (16.9.89). El amigable
1044. componedor es
1045. un tercero de buena fe que ha facilitado la solución de un
1046. conflicto (artículo
1047. 497 del Código de Trabajo) y que en este caso revela al menos
1048. el interés de la
1049. Escuela por el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo,
1050. a través de
1051. comités permanentes. Este interés es destacado, por cierto, por
1052. el propio
1053. Director de la Escuela, en comunicación enviada a la misión, en
1054. los siguientes
1055. términos: "... en las empresas donde existe solidarismo se
1056. acostumbra a
1057. dialogar frecuentemente con los diferentes grupos de
1058. trabajadores, comités
1059. permanentes (...), etc. (...). Esto ha permitido consolidar los
1060. comités
1061. permanentes como defensores de los derechos de los
1062. trabajadores". Aun cuando
1063. tal vez en menor medida, la Unión Solidarista también ha
1064. abordado la materia
1065. de la regulación de las condiciones de trabajo a través de los
1066. arreglos
1067. directos, pero en la actualidad declara que es contraria a los
1068. arreglos
1069. directos en el ámbito de las asociaciones solidaristas y que tiene
1070. una
1071. orientación abierta hacia el movimiento sindical en su conjunto.
1072. En opinión de
1073. un abogado vinculado a la Escuela Social Juan XXIII,
1074. normalmente los miembros
1075. del comité permanente son dirigentes solidaristas, lo cual genera
1076. la
1077. superposición entre la asociación y el comité; pero en su opinión
1078. eso ocurre
1079. ahora muy raramente porque el sindicalismo está muy debilitado,
1080. pero el
1081. mecanismo del arreglo en lugar de la convención sí fue utilizado
1082. en los años
1083. ochenta; y en definitiva el problema no está en el solidarismo,
1084. sino en el uso
1085. que hacen los empleadores de un grupo de trabajadores para
1086. deshacer la
1087. convención colectiva.
1088. 30. Según los representantes sindicales, varias personalidades
1089. del mundo
1090. académico y abogados laboralistas, en la práctica, el arreglo
1091. directo ha sido
1092. utilizado por el empleador y por dirigentes solidaristas, no como
1093. un medio de
1094. solución de conflictos, como prevé el Código de Trabajo
1095. (artículo 497), sino
1096. para hacer las veces de convención colectiva, en lugar de
1097. ésta, y en perjuicio
1098. de la presencia sindical, con la circunstancia de que la
1099. protección legal es
1100. más amplia en el caso de la convención colectiva y el
1101. contenido en general
1102. netamente más ventajoso para los trabajadores. Según
1103. representantes
1104. sindicales, esto habría ocurrido en los casos de las empresas
1105. Empacadora
1106. Costarricense Danesa, S.A. (Plumrose), Standard Fruit
1107. Company, Yucatica S.A. y
1108. Agropalmito. En este sentido, comités permanentes y arreglos
1109. directos aparecen
1110. como expresiones de la acción solidarista, al menos de ciertas
1111. de esas
1112. asociaciones, en contraposición de la convención colectiva,
1113. asociada por ley a
1114. la acción sindical. En el cuadro facilitado por el Gobierno sobre
1115. convenciones
1116. y arreglos firmados entre 1980 y 1989 revela cómo en el sector
1117. privado a
1118. partir de 1985 los arreglos directos superan el número de
1119. convenciones
1120. colectivas. Según los funcionarios de la Dirección de Asuntos
1121. Laborales del
1122. Ministerio de Trabajo, actualmente se hallan vigentes en el país
1123. 45
1124. convenciones colectivas (de ellas 15 en el sector privado) y 91
1125. arreglos
1126. directos (de los cuales 87 en el sector privado); el número total
1127. de
1128. sindicatos asciende actualmente a 539 (167.275 afiliados) y el
1129. de asociaciones
1130. solidaristas a 1.335 (173.269 afiliados).
1131. 31. Según dijera a la misión un profesor de Derecho del Trabajo,
1132. ha sucedido
1133. efectivamente en el pasado, que una empresa donde esté
1134. vigente una convención
1135. colectiva, instale una asociación solidarista; al vencimiento de la
1136. convención
1137. la denuncia, sin que el sindicato tenga la posibilidad de exigir su
1138. renovación, y luego surge la posibilidad del arreglo directo con
1139. un "comité
1140. permanente", con lo cual el sindicato pasa a tener un rol
1141. simbólico o
1142. simplemente desaparece. Algo parecido sucedió en la
1143. compañía bananera Carmen
1144. S.A., en 1986, según documentos oficiales entregados a la
1145. misión: el 21.3.86
1146. el secretario general del Sindicato de trabajadores de
1147. plantaciones agrícolas
1148. denunció el fenecimiento de la convención colectiva vigente,
1149. que había
1150. suscrito con dicha empresa, comunicó el proyecto de nueva
1151. convención
1152. colectiva, para su discusión a partir del 14.4.86; y el 29.3.86 el
1153. comité
1154. permanente firmó un arreglo directo con la empresa, como
1155. consta en documento
1156. consignado en el Ministerio del Trabajo el 31.3.86. Otro tanto
1157. habría sucedido
1158. en la empresa Atlantis Costarricense S.A., donde, en vez de la
1159. convención
1160. colectiva solicitada por el sindicato, se firmó un arreglo directo y
1161. fueron
1162. despedidas varias trabajadoras dirigentes y militantes del
1163. sindicato. Con el
1164. Sindicato de trabajadores de plantaciones de Guácimo y Potosí
1165. ocurrió algo
1166. diferente: fue solicitada y obtenida la disolución judicial del
1167. sindicto y de
1168. las 35 convenciones colectivas que había negociado, 33 no
1169. llegaron a ser
1170. renovadas.
1171. 32. Representantes empresariales y de la Escuela Social Juan
1172. XXIII señalaron
1173. que en algunos casos la preferencia de los trabajadores por el
1174. arreglo
1175. directo, en lugar de la convención colectiva, fue expresada en
1176. plebiscito, y
1177. mencionaron repetidas veces el que tuviera lugar en la empresa
1178. Bandeco. Los
1179. dirigentes sindicales, por su parte, incluidos dirigentes de la zona
1180. del
1181. Atlántico, indicaron a la misión que el único caso de plebiscito
1182. de esta
1183. naturaleza había sido el de Bandeco (lo cual fue confirmado
1184. luego por
1185. funcionarios del Ministerio del Trabajo) y que éste había tenido
1186. lugar en
1187. medio de grandes irregularidades.
1188. 33. En algunos casos ha habido jurisprudencia contraria a la
1189. aceptación libre
1190. de un arreglo directo (fue mencionada, por ejemplo, una
1191. sentencia de 1984,
1192. donde se decidió no admitir un arreglo tardío sin la firma de los
1193. delegados de
1194. los trabajadores). Además, el caso de la empresa Agropalmito
1195. C.A. ha provocado
1196. un cambio en la práctica administrativa, según refiriera el
1197. Gobierno en su
1198. última respuesta al Comité de Libertad Sindical de septiembre de
1199. 1990 y
1200. ratificara a la misión. A partir de este caso, el Ministerio del
1201. Trabajo ha
1202. decidido rechazar la homologación y el depósito de un arreglo
1203. directo cuando
1204. estuviese en curso el trámite de negociación de una
1205. convención colectiva de
1206. trabajo.
1207. 34. En las empresas puede haber también una junta de
1208. relaciones laborales
1209. creada por acuerdo, es decir, un ente paritario que sirve como
1210. instancia de
1211. diálogo entre la empresa y sus trabajadores, para velar por el
1212. cumplimiento de
1213. las obligaciones pactadas. Los dirigentes solidaristas sostienen
1214. que las
1215. asociaciones solidaristas no se inmiscuyen en las actividades de
1216. las juntas de
1217. relaciones laborales. Sin embargo, hay signos de una
1218. vinculación estrecha
1219. entre ambas. Por lo pronto, en el esquema organizativo que la
1220. Unión
1221. Solidarista propone para las asociaciones figuran diversos
1222. posibles comités, y
1223. uno de ellos es el comité de relaciones laborales, al cual
1224. interesarán las
1225. actividades de la junta de relaciones laborales (véase Unión
1226. Solidarista
1227. Costarricense, Solidarismo, herramienta para el bienestar, San
1228. Pedro, Sursum,
1229. 1989). A su vez, la Escuela Social Juan XXIII se impuso la tarea
1230. de promover
1231. "... en las empresas la instalación de asociaciones de
1232. empleados y de juntas
1233. de relaciones laborales, ..." (Boletín El Solidarista, Escuela
1234. Social Juan
1235. XXIII, abril de 1978, núm. 16). Pero además, todos los
1236. responsables
1237. solidaristas consultados coinciden en reconocer que con
1238. frecuencia los
1239. trabajadores integrantes de las juntas de relaciones laborales
1240. son miembros o
1241. hasta directivos de la correspondiente asociación solidarista y, si
1242. bien
1243. insisten en que su participación es a título individual,
1244. difícilmente la misma
1245. puede ser desligada en realidad de la formación y la política de
1246. la asociación
1247. solidarista, o del movimiento solidarista. En tal sentido, conviene
1248. tener
1249. presente que la mayoría de las empresas de Costa Rica no
1250. tienen más de 20
1251. trabajadores, o ni siquiera alcanzan ese número, por lo cual es
1252. frecuente que
1253. los líderes solidaristas sean también las personas seleccionadas
1254. para integrar
1255. las juntas de relaciones laborales. Asimismo, desde el punto de
1256. vista de las
1257. ideas, el solidarismo no es proclive a la confrontación entre
1258. empleador y
1259. trabajadores, y antes que la reivindicación salarial prefiere la
1260. participación
1261. en los beneficios de la empresa. Es normal, por lo tanto, que la
1262. coincidencia
1263. de personas, entre la asociación y la junta hayan dado lugar en
1264. ciertos casos
1265. a una cierta orientación, de bajo nivel de reivindicación, al
1266. comportamiento
1267. de las juntas de relaciones laborales.
1268. 35. El examen de algunos arreglos directos resulta útil para
1269. entender el papel
1270. y la composición del comité permanente, la junta de relaciones
1271. laborales y
1272. otros organismos paritarios, así como los vínculos con el
1273. solidarismo y en
1274. particular con la Escuela Social Juan XXIII. La misión ha
1275. analizado los de
1276. compañía bananera Carmen S.A. (31.3.86), Empacadora
1277. Costarricense Danesa S.A.
1278. (Plumrose) y sus trabajadores (23.4.87), Agroindustrial Pacuare
1279. S.A.
1280. (28.3.88), Yucatica S.A. (2.6.89), Standard Fruit Company, Finca
1281. 6, Zona de
1282. Río Frío (16.9.89) y compañía bananera Siquirres S.A. En
1283. algunos de esos
1284. arreglos directos la empresa dice proponerse lograr un clima de
1285. verdadera paz
1286. laboral, enmarcado en los principios del solidarismo, entre cuyos
1287. fines
1288. señalan: la solidaridad entre la empresa y los trabajadores, la
1289. constante
1290. superación de los trabajadores como seres humanos y la
1291. constante superación de
1292. las condiciones de trabajo. El comité permanente es definido
1293. como el organismo
1294. legal que representa a los trabajadores en el centro de trabajo y
1295. le
1296. corresponde el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses
1297. económicos y
1298. sociales; es el interlocutor con quien tratará la empresa los
1299. casos que se le
1300. presenten a fin de lograr un clima de verdadera paz laboral en
1301. los principios
1302. del solidarismo; está integrado por un número variable de
1303. trabajadores. A la
1304. junta de relaciones laborales se asigna la función de velar por el
1305. efectivo
1306. cumplimiento del arreglo directo y la integran, por lo general, tres
1307. representantes de los trabajadores que conforman el comité de
1308. empresa y tres
1309. de la administración de la empresa, aun cuando en un caso se
1310. prevén dos
1311. miembros por cada parte y un quinto elegido por mayoría.
1312. Algunos arreglos
1313. prevén la creación de la comisión de salud ocupacional, de
1314. composición
1315. paritaria. Algunos incluyen una cláusula de reconocimiento de la
1316. asociación
1317. solidarista, o de compromiso de crear una tal asociación y
1318. facilitar su
1319. funcionamiento, así como cláusulas de ayuda al solidarismo,
1320. bien sea mediante
1321. el otorgamiento de una contribución para la celebración de la
1322. asamblea de la
1323. asociación denominada asamblea general de trabajadores, de
1324. un local que
1325. también servirá de uso "del comité permanente y otros comités
1326. de las
1327. asociaciones solidaristas...", de un ventilador, de una romana; o
1328. bien
1329. mediante beneficios para los trabajadores, ya se trate de
1330. permisos para
1331. asistir a cursos de la Escuela Social Juan XXIII, o de un local
1332. para
1333. construir, con la asociación solidarista, un club de los
1334. trabajadores, o bien
1335. de contribuciones para celebrar el día del padre, o el de la
1336. madre, o de la
1337. entrega de bananos defectuosos para ser vendidos en
1338. provecho de la asociación.
1339. En tres de los mencionados arreglos intervinieron uno o varios
1340. amables
1341. componedores, en nombre de la Escuela Social Juan XXIII. En
1342. estos arreglos,
1343. por cierto se establecían beneficios para dicha Escuela, o para
1344. la asociación.
1345. Trato a organizaciones sindicales y asociaciones solidaristas
1346. 36. En la queja se ha señalado que las asociaciones solidaristas
1347. reciben un
1348. trato preferente en el plano de la ley, y de parte del Gobierno y
1349. del sector
1350. empresarial, en desmedro del movimiento sindical. La misión
1351. solicitó
1352. informaciones acerca del trato que reciben las asociaciones
1353. solidaristas y las
1354. organizaciones sindicales, y de la alegada situación de
1355. discriminación
1356. antisindical.
1357. 37. Desde el punto de vista normativo, la Constitución Política
1358. establece
1359. entre los derechos y garantías individuales el derecho de
1360. asociación para
1361. fines lícitos, sin que nadie pueda ser obligado a formar parte de
1362. asociación
1363. alguna (artículo 25); y entre los derechos y garantías sociales
1364. consagra el
1365. derecho de empleadores y trabajadores a sindicalizarse
1366. libremente, con el fin
1367. exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos,
1368. sociales o
1369. profesionales (artículo 60); asimismo, ordena fomentar la
1370. creación de
1371. cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de
1372. vida a los
1373. trabajadores (artículo 64). En este sentido, el derecho
1374. específico de
1375. sindicalización tiene rango constitucional, mientras las
1376. asociaciones
1377. solidaristas o de otro tipo serían expresión del derecho general
1378. de
1379. asociación.
1380. 38. En el plano de la ley, el tratamiento de las asociaciones
1381. solidaristas, en
1382. cuanto a su constitución y funcionamiento, es más sencillo y ágil
1383. que el de
1384. los sindicatos, como se desprende de las normas relativas al
1385. número mínimo de
1386. miembros, el derecho de éstos al auxilio de cesantía, las
1387. funciones permitidas
1388. a la asociación, las sanciones por desviación de sus fines y la
1389. designación de
1390. su junta directiva.
1391. 39. Para constituir una asociación solidarista hacen falta 12
1392. trabajadores,
1393. mientras que para un sindicato se requieren 20. Pero no sólo es
1394. menor la
1395. exigencia en el primer caso, sino que el mínimo de trabajadores
1396. exigido para
1397. la constitución de un sindicato de empresa es muy elevado y
1398. casi imposible de
1399. alcanzar en la mayoría de las empresas de Costa Rica pues,
1400. como se indicara
1401. con anterioridad, éstas tienen apenas 20 trabajadores, o menos.
1402. Por otra
1403. parte, los trabajadores más allegados al empleador, y sobre todo
1404. sus
1405. representantes, por lo general no se incorporarían a un
1406. sindicato y, en
1407. cambio, sí están integrados a la asociación solidarista. En este
1408. sentido, no
1409. sólo es más fácil constituir una asociación solidarista que una
1410. organización
1411. sindical, por el número mínimo de miembros que requieren y la
1412. posibilidad de
1413. incorporar trabajadores de confianza del empleador, sino que
1414. respecto del
1415. sindicato ese número mínimo resulta imposible de alcanzar en la
1416. mayoría de las
1417. empresas del país.
1418. 40. La asociación solidarista cuenta por ley, entre sus recursos
1419. económicos,
1420. con un aporte mensual del empleador, que naturalmente la
1421. organización sindical
1422. no recibe salvo que así lo prevea una convención colectiva (lo
1423. cual se da en
1424. casos muy excepcionales). Ese aporte es considerado como
1425. parte del fondo
1426. económico del auxilio de cesantía, para el pago de una
1427. indemnización en
1428. ciertos supuestos de terminación del contrato de trabajo:
1429. despido
1430. injustificado, retiro justificado, o terminación por causa ajena a la
1431. voluntad
1432. del trabajador, de acuerdo con el Código de Trabajo (artículo
1433. 29). Pero de
1434. acuerdo con la ley de asociaciones solidaristas (artículo 21),
1435. todo trabajador
1436. asociado que se retire o sea despedido recibirá por concepto de
1437. auxilio de
1438. cesantía al menos el porcentaje que el empleador hubiese
1439. aportado a la
1440. asociación. En consecuencia, esta ley crea una situación más
1441. favorable para
1442. los trabajadores asociados que para los demás trabajadores de
1443. la empresa, en
1444. cuanto al derecho al auxilio de cesantía, pues unos lo
1445. percibirían en
1446. cualquier supuesto de terminación del contrato de trabajo y
1447. otros no,
1448. situación que supone un atractivo de las asociaciones
1449. solidaristas, que los
1450. sindicatos no pueden ofrecer, y una discriminación entre
1451. trabajadores. Los
1452. sindicatos reivindican el derecho del auxilio de cesantía para
1453. todos los
1454. trabajadores y su derecho a administrarlo en la forma como lo
1455. hacen las
1456. asociaciones solidaristas.
1457. 41. La observación acerca del distinto trato que existe para el
1458. auxilio de
1459. cesantía fue comunicada a la misión por los más diversos
1460. sectores, y en
1461. particular por los profesores de derecho del trabajo consultados.
1462. Pero,
1463. asimismo, los representantes empresariales no se mostraron
1464. hostiles a la idea
1465. de extender el derecho al auxilio de cesantía a todos los
1466. trabajadores, en las
1467. condiciones en que hoy lo tienen los trabajadores afiliados a
1468. una asociación
1469. solidarista, es decir, sin distinguir acerca de las circunstancias
1470. en las
1471. cuales termine el respectivo contrato de trabajo. Por su parte, el
1472. propio
1473. Presidente de la República dijo estar de acuerdo en que el
1474. auxilio de cesantía
1475. fuera convertido en derecho real de los trabajadores en todo
1476. supuesto de
1477. terminación del contrato de trabajo y ser partidario, además, de
1478. reconocer a
1479. los trabajadores el derecho a la participación en las utilidades de
1480. la
1481. empresa.
1482. 42. En cuanto al alcance de las actividades económicas
1483. permitidas por la
1484. legislación, la asociación solidarista puede realizar una
1485. amplísima gama,
1486. inclusive operaciones rentables (artículo 4 de la ley de
1487. asociaciones
1488. solidaristas); los sindicatos en cambio, como expresaron los
1489. responsables
1490. sindicales a la misión, tienen la prohibición legal de ejercer el
1491. comercio con
1492. ánimo de lucro (artículo 280, b) del Código de Trabajo). Esta
1493. prohibición no
1494. impide el ejercicio de actividades económicas a los sindicatos y
1495. en particular
1496. "crear, administrar o subvencionar instituciones,
1497. establecimientos u obras
1498. sociales de utilidad común como cooperativas, entidades
1499. deportivas,
1500. culturales, educacionales, de asistencia y de previsión" (artículo
1501. 270, c) del
1502. Código de Trabajo); existe además en el país un banco de los
1503. trabajadores, de
1504. gestión mayoritariamente sindical. No obstante, como
1505. destacaron varias
1506. personas, es evidente que sobre este punto el Código de
1507. Trabajo es menos
1508. amplio que la ley de asociaciones solidaristas.
1509. 43. Al parecer, las recomendaciones formuladas por el Comité
1510. de Libertad
1511. Sindical con ocasión del caso núm. 1304, contra el Gobierno de
1512. Costa Rica,
1513. influyeron en una modificación del proyecto de ley de
1514. asociaciones
1515. solidaristas, según la cual se las prohibió, entre otras cosas,
1516. "realizar
1517. cualquier clase de actividad tendiente a combatir, o de alguna
1518. manera
1519. entorpecer, la formación y funcionamiento de las organizaciones
1520. sindicales y
1521. cooperativas" (artículo 8, ch)), y se prohibió que los
1522. representantes
1523. patronales ocuparan cargos en la junta directiva, a pesar de lo
1524. cual, en
1525. opinión del profesor Van der Laat, ex decano de la Facultad de
1526. Derecho de la
1527. Universidad de Costa Rica, "... en la práctica existen excelentes
1528. relaciones,
1529. si no control, por parte del empleador, con la asociación
1530. solidarista y
1531. consciente o inconscientemente, este tipo de organización
1532. actúa en forma
1533. paralela y competitiva con el movimiento sindical..." (La
1534. prevención de las
1535. prácticas antisindicales, debate laboral, 1988 (1): 53). De esta
1536. manera se
1537. pretendió deslindar los campos entre las tres formas de
1538. organización social y,
1539. sobre todo, que las asociaciones solidaristas no interfirieran en
1540. actividades
1541. propias de los sindicatos. La infracción de esa norma da lugar a
1542. la disolución
1543. de la asociación, o a la destitución de sus representantes
1544. legales, según
1545. fuere el caso. Sin embargo, los dirigentes sindicales se quejan
1546. de que esa
1547. sanción no ha sido aplicada, a pesar de las frecuentes y
1548. reiteradas
1549. violaciones a la referida prohibición; en cambio, ha habido
1550. casos de
1551. disolución de importantes sindicatos. Por su parte, funcionarios
1552. del
1553. Ministerio del Trabajo dicen no haber recibido denuncias de que
1554. alguna
1555. asociación se hubiese desviado de sus fines, pero reconocen
1556. también que no hay
1557. un procedimiento concreto, sencillo y claro para formularlas y
1558. que ese
1559. Ministerio no cuenta con personal suficiente para velar por el
1560. cumplimiento de
1561. la ley de asociaciones solidaristas en este aspecto en particular.
1562. 44. De la lectura de la Constitución Política (artículo 60,
1563. parágrafo
1564. segundo), el Código de Trabajo (artículo 275, e)) y la ley de
1565. asociaciones
1566. solidaristas (artículo 14), se desprende que éstas tienen
1567. mayores
1568. posibilidades que las organizaciones sindicales para elegir sus
1569. directivos,
1570. pues aparte de que suelen incluir a altos empleados, basta que
1571. los candidatos
1572. sean trabajadores mayores de edad, mientras que los directivos
1573. de los
1574. sindicatos de trabajadores tienen que ser, además,
1575. costarricenses o
1576. extranjeros casados con mujer costarricense y, por lo menos
1577. con cinco años de
1578. residencia permanente en el país, lo cual limita las posibilidades
1579. de
1580. elección.
1581. 45. En cuanto a la actitud del Gobierno frente a las
1582. asociaciones
1583. solidaristas, o frente al solidarismo en general, los representantes
1584. sindicales y sus asesores jurídicos expresaron a la misión que
1585. en el sector
1586. público las medidas de ajuste, específicamente de despidos y
1587. de limitaciones a
1588. la negociación colectiva, debilitan al movimiento sindical,
1589. mientras en
1590. dependencias como el seguro social se promueve el
1591. solidarismo. Por su parte,
1592. acerca de los aportes económicos recibidos por la Escuela
1593. Social Juan XXIII, y
1594. mencionados en la queja, sus representantes precisaron que no
1595. había nada
1596. reprochable en que el Gobierno hubiese contribuido con una
1597. institución de la
1598. Iglesia que cumple una labor social en favor de los trabajadores
1599. y no sólo en
1600. el ámbito del solidarismo; en segundo lugar, quisieron aclarar
1601. que en lugar de
1602. los millones de colones indicados en los alegatos, el monto de
1603. ayuda
1604. gubernamental efectivamente recibido había sido de 1.700.000,
1605. entregados por
1606. el Ministerio de Planificación y Política Económica. Dijeron,
1607. además, en el
1608. mismo sentido, que las iniciativas que habían conducido a la
1609. creación de un
1610. banco solidarista y promovían el "timbre solidarista" para
1611. financiar a ese
1612. movimiento, provenían de la Unión Solidarista Costarricense,
1613. pero no eran
1614. compartidas por la Escuela Social Juan XXIII. Finalmente, la
1615. misión recibió de
1616. parte del Gobierno la seguridad de que había la mejor
1617. disposición para hacer
1618. respetar el derecho de asociación y el derecho constitucional
1619. de
1620. sindicalización. En tal sentido, el Presidente y el Primer
1621. Vicepresidente de
1622. la República reafirmaron la decisión de adoptar medidas como
1623. las anunciadas al
1624. Comité de Libertad Sindical, tendentes a favorecer un claro
1625. deslinde entre las
1626. asociaciones solidaristas y los sindicatos, de modo de evitar
1627. toda posibilidad
1628. de interferencia entre ambas clases de organizaciones.
1629. 46. En cuanto los empleadores y sus organizaciones, no cabe
1630. duda de que, en
1631. general, existe una amplia actitud de simpatía y apoyo hacia el
1632. solidarismo,
1633. en contraste con una posición de recelo o de reticencia hacia el
1634. movimiento
1635. sindical en parte debida a errores de algunas organizaciones y
1636. dirigentes
1637. sindicales en el pasado, y así lo han manifestado a la misión las
1638. altas
1639. autoridades del Gobierno, magistrados, profesores, dirigentes
1640. sindicales y lo
1641. han dejado ver inclusive dirigentes empresariales y solidaristas.
1642. El profesor
1643. Van der Laat escribió lo siguiente: "... afiliarse (el trabajador) a
1644. ese tipo
1645. de asociaciones es visto con simpatía por su empleador y no es
1646. objeto de
1647. eventuales represalias, como cuando se afilia a un sindicato".
1648. (Véase artículo
1649. citado: 53).
1650. 47. La constitución misma de una asociación solidarista supone
1651. el
1652. consentimiento del empleador, pues para ello éste conviene en
1653. financiarla
1654. mediante aportes periódicos. Esta erogación pone de manifiesto
1655. la simpatía del
1656. empleador por la asociación solidarista y le hará mantenerse
1657. vinculado a ella
1658. hasta para asegurarse de la buena administración del dinero
1659. aportado. Más aún,
1660. puede decirse que en muchos casos es el empleador quien da
1661. el primer paso para
1662. la constitución de la asociación, de común acuerdo con la
1663. Escuela Social Juan
1664. XXIII, o la Unión Solidarista, o ante la iniciativa de una de estas
1665. instituciones. La participación de estos entes promotores, en la
1666. organización
1667. de la asociación, la preparación de sus documentos
1668. constitutivos y la gestión
1669. de los trámites correspondientes ante el Ministerio del Trabajo,
1670. garantizan
1671. que la inscripción de la nueva asociación solidarista se
1672. produzca rápidamente
1673. y sin tropiezos. A diferencia de lo que puede ocurrir con una
1674. organización
1675. sindical, lo cual ha sido confirmado a la misión por funcionarios
1676. de dicho
1677. Ministerio.
1678. 48. En las ofertas de empleo publicadas en la prensa, es
1679. corriente incluir la
1680. existencia de una asociación solidarista en la empresa, entre los
1681. beneficios
1682. que hacen atractivo el trabajo, lo cual confirma la buena
1683. disposición de los
1684. empleadores hacia esa clase de asociaciones. En los
1685. testimonios recibidos,
1686. representantes gubernamentales, sindicales e inclusive un
1687. representante
1688. empresarial, así como profesores de la cátedra de derecho del
1689. trabajo,
1690. manifestaron que la oferta de empleo puede traducir, además,
1691. en la práctica,
1692. la expectativa del empleador de que el nuevo trabajador se
1693. inscriba en la
1694. asociación y en ningún caso participe en actividades sindicales.
1695. En el sector
1696. rural, o agroindustrial, fue citado el caso de la empresa
1697. Bandeco, donde,
1698. según dirigentes sindicales, fue eliminado el sindicato y se
1699. condicionó el
1700. empleo de los trabajadores a su afiliación a una asociación
1701. solidarista.
1702. 49. Diversos testimonios coincidieron en señalar que en muchos
1703. casos el
1704. empleador no sólo da un claro apoyo a la asociación solidarista
1705. y tiene
1706. interés en que todos sus trabajadores se afilien a ella, sino que
1707. con
1708. frecuencia mantiene un control sobre la gestión misma de la
1709. asociación, a
1710. través de directivos que son personal de su confianza. El
1711. representante de
1712. FEDEPRICAP habló de las ventajas, incluidas buenas
1713. condiciones de trabajo, que
1714. había logrado para los trabajadores una asociación solidarista
1715. de una empresa
1716. de maquila, entre cuyos directivos estaba el jefe de personal.
1717. Los
1718. representantes sindicales y trabajadores de varias empresas
1719. privadas dijeron
1720. que en las elecciones de directiva tendían a ganar los
1721. candidatos incluidos en
1722. la papeleta electoral propuesta por altos empleados, entre ellos
1723. el jefe de
1724. personal, o el de contabilidad, por su competencia, el
1725. conocimiento que tenían
1726. de la empresa, y la incomodidad de los demás trabajadores para
1727. atreverse a
1728. afrontarlos en una contienda electoral. En este mismo sentido,
1729. los dirigentes
1730. de la Unión Solidarista con quienes la misión se reunió, y que
1731. pertenecen a
1732. asociaciones solidaristas, eran en su mayoría altos empleados
1733. de empresas
1734. particulares: uno de ellos se identificó como gerente de recursos
1735. humanos, y
1736. otro como director del departamento de personal de una
1737. empresa de plásticos. Y
1738. un funcionario de la inspección del trabajo dijo que los jefes de
1739. personal
1740. suelen formar parte de las juntas directivas de las asociaciones
1741. solidaristas.
1742. Discriminación antisindical
1743. 50. En la queja se hace referencia no sólo a un trato a las
1744. asociaciones
1745. solidaristas más favorables que el proporcionado a los
1746. sindicatos, sino a
1747. hechos de discriminación antisindical, y a una insuficiente
1748. protección
1749. jurídica contra hechos de esa naturaleza. La misión tuvo
1750. oportunidad de
1751. obtener informaciones en ambos sentidos.
1752. 51. Representantes sindicales y trabajadores entrevistados
1753. afirmaron
1754. enfáticamente que la persecución antisindical es corriente en el
1755. sector
1756. privado.
1757. 52. La misión recibió copia completa de la documentación
1758. relativa al conflicto
1759. surgido entre la empresa AURIND S.A. y el sindicato de la
1760. misma, el cual fue
1761. registrado el 26.4.89. Los miembros de la junta directiva fueron
1762. despedidos un
1763. día después, el 27.4.89, por "propagación de rumores"
1764. contrarios a la empresa.
1765. Del 24.4 al 5.5.89 se produjeron 56 despidos, de directivos y
1766. asistentes a la
1767. asamblea constitutiva del sindicato, y renuncias al mismo de
1768. parte de varios
1769. trabajadores. En la empresa había quedado constituida una
1770. asociación
1771. solidarista el 2.5.89. El inspector del trabajo, mediante informe
1772. detallado de
1773. 8.6.89, confirmado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad
1774. Social, llegó a
1775. la conclusión de que efectivamente había habido persecución
1776. sindical contra
1777. los trabajadores despedidos. Por sentencia judicial del 23.5.90,
1778. confirmada
1779. por sentencia del 27.6.90, les fue ordenado el pago de sus
1780. indemnizaciones por
1781. despido efectuado sin causa justificada.
1782. 53. Un representante sindical consignó a la misión información
1783. escrita acerca
1784. de las siguientes denuncias por persecución antisindical: el
1785. 5.12.89, contra
1786. la empresa Buen Paso S.A., por obstaculización a la actividad
1787. del sindicato y
1788. despido de dirigentes sindicales; el 17.9.90, contra la empresa
1789. Asociación
1790. Prohospital Nacional de Niños, por hostigamiento al comité
1791. sindical, a través
1792. de la asociación solidarista, y posterior despido de todos los
1793. miembros del
1794. comité; el 5.6.89, ante el presidente de la Cámara de Industrias,
1795. por razones
1796. diversas, que incluyen despidos por motivos sindicales,
1797. destrucción de
1798. sindicatos, rechazo de convenciones colectivas, contra las
1799. empresas Calzado
1800. Ecco, Pegaso Internacional, Caballero Blanco S.A., Creaciones
1801. Francés, Perryco
1802. S.A., Industrias Katuir, Yorkin de Costa Rica, Melkis de Costa
1803. Rica,
1804. Industrias Romano, Interfashion Industrias, Cocoa Products de
1805. Costa Rica, El
1806. Gallito Industrial, Constructora Carrez, Coca Cola, Kokomerica
1807. S.A., Pozuelo
1808. S.A., Ladrillera La Sabana, Exportadora Almah S.A., Gazapati
1809. S.A., Leonisa
1810. S.A., Nuguet S.A., Textiles S & R, Durman Esquivel, Dos Pinos,
1811. Plywood
1812. Costarricense, Yanber de Costa Rica, Skyline S.A., Ceinsa S.A.,
1813. Industrias
1814. Dada S.A., Industrial Eiffel S.A., Tica Tex S.A., Sansung S.A.,
1815. Coceca S.A.,
1816. Plumrose S.A., Realtex S.A., Textiles Dragón S.A., Textiles El
1817. Roble, Bali
1818. S.A.; el 5.3.91, mediante recurso de amparo ante la sala
1819. constitucional de la
1820. Corte Suprema de Justicia, contra la Bilbaína S.A., por
1821. obstaculización a la
1822. acción del sindicato y despidos a raíz de un conflicto colectivo
1823. de carácter
1824. económico y social.
1825. 54. En la agricultura, según el asesor jurídico de varios
1826. sindicatos, la
1827. persecución antisindical ha estado apoyada en la precarización
1828. del empleo,
1829. mediante el recurso sistemático a contratos por tiempo
1830. determinado, de breve
1831. duración; en medidas de presión como el despido de familiares
1832. del trabajador
1833. que se dedique a actividades sindicales, malos tratos, malas
1834. condiciones de
1835. trabajo, especialmente como penalización para ciertos
1836. trabajadores, lo cual
1837. reviste especial importancia teniendo en cuenta por ejemplo que
1838. hay un gran
1839. abuso en el empleo de pesticidas y las viviendas de muchos
1840. trabajadores están
1841. en pésimo estado. Señaló la misma persona que los almacenes
1842. solidaristas,
1843. previstos para vender a bajos precios artículos necesarios,
1844. pueden ser
1845. utilizados para tentar al trabajador con artículos costosos, a
1846. crédito, con
1847. los cuales disminuyen el salario disponible y crean una
1848. dependencia entre el
1849. trabajador y la empresa, a través de dichos almacenes; esta
1850. dependencia sirve
1851. a su vez para fortalecer los vínculos del trabajador con la
1852. asociación
1853. solidarista y alejarlo del sindicato.
1854. 55. Representantes sindicales consignaron documentos
1855. otorgados ante notario
1856. público, el 8.1.91, por ciudadanos que se identifican como
1857. agricultores y
1858. refieren su experiencia sindical en cuanto al solidarismo, donde
1859. denuncian
1860. presiones y amenazas para ingresar en una asociación
1861. solidarista o renunciar
1862. al sindicato, despidos por tener la condición de sindicalista o a
1863. raíz de una
1864. huelga, existencia de listas negras que se utilizan en el momento
1865. de la
1866. contratación y diversas discriminaciones contra sindicalistas.
1867. 56. En el sector público, donde se desarrolla cada vez más el
1868. solidarismo, los
1869. representantes sindicales consultados encuentran que las
1870. políticas de ajuste
1871. estructural, en aplicación actualmente, están sirviendo para
1872. incluir en los
1873. despidos masivos a dirigentes sindicales, y asimismo conducirán
1874. al
1875. fraccionamiento o a la desaparición de organizaciones
1876. sindicales, en la medida
1877. en que los entes públicos sean disminuidos, o divididos, o que
1878. sean
1879. privatizados. A este respecto citan el caso de los despidos por
1880. supresión del
1881. programa de comedores escolares. En el mismo sentido,
1882. representantes del
1883. Sindicato Unitario de Trabajadores Agrícolas y Plantaciones
1884. comunicaron a la
1885. misión copia de un acta de 20.2.91, levantada en una oficina
1886. cantonal de
1887. trabajo de Potosí y Guacimo, del Ministerio del Trabajo y
1888. Seguridad Social, en
1889. la cual el secretario general de dicho sindicato denuncia
1890. persecución sindical
1891. en la estación experimental Los Diamantes (sector público), por
1892. los hechos
1893. siguientes: traslado perjudicial del subsecretario del sindicato,
1894. retiro de la
1895. administración de un comedor, que estaba a cargo del
1896. sindicato, suspensión de
1897. permisos para actividades sindicales, suspensión injustificada y
1898. sin goce de
1899. salario de varios trabajadores afiliados al sindicato y renuncias
1900. de
1901. trabajadores al sindicato, inducidas por el capataz. Indicaron
1902. que esto se
1903. produce mientras que se favorece la constitución de la
1904. asociación solidarista.
1905. Por otra parte se señala que en el Instituto Costarricense de
1906. Ferrocarriles se
1907. están produciendo violaciones a la convención colectiva,
1908. incluido el despido
1909. de dirigentes sindicales. Finalmente, diversos representantes de
1910. trabajadores
1911. del sector público temen que la propuesta reforma del estatuto
1912. de servicio
1913. civil suprima el derecho de negociar convenciones colectivas
1914. de trabajo.
1915. 57. Funcionarios del Ministerio del Trabajo, con muchos años de
1916. experiencia en
1917. labores de inspección, dijeron que había habido pocas
1918. denuncias de persecución
1919. sindical y que sin mediar denuncia no había inspección, entre
1920. otras razones
1921. por escasez de recursos humanos. Mencionaron, por ejemplo,
1922. una denuncia
1923. reciente, contra la empresa Comandos de Vigilancia Civil S.A.,
1924. declarada con
1925. lugar, en informe de 17.12.90, del inspector del trabajo,
1926. confirmado por
1927. decisión superior del 5.4.91; por cierto, la empresa ha recurrido
1928. contra esta
1929. decisión. Dijeron conocer, sin embargo, de una serie de
1930. modalidades de
1931. discriminación antisindical y de presión favorable al solidarismo.
1932. Algunas de
1933. esas modalidades serían: condicionar el empleo y ascensos a la
1934. afiliación a
1935. una asociación solidarista; despidos, aun con pago de auxilio de
1936. cesantía,
1937. particularmente en parques industriales y plantaciones, a
1938. quienes traten de
1939. formar un sindicato; hacer firmar documentos de renuncia al
1940. sindicato; y
1941. difundir por altavoces consignas antisindicales.
1942. 58. Según reiterados testimonios expresados a la misión, la
1943. legislación de
1944. Costa Rica carece de disposiciones que puedan suministrar una
1945. adecuada
1946. protección contra la discriminación antisindical. El Profesor
1947. Edgar G. Alfaro
1948. resumió la situación legal en los términos siguientes: a) la
1949. legislación
1950. permite el despido libre, sin determinación de causa, apenas
1951. con un eventual
1952. pago del auxilio de cesantía (artículo 80 del Código de Trabajo);
1953. por cierto,
1954. refiriéndose a esta misma característica de la legislación, un
1955. abogado
1956. vinculado a la Escuela Social Juan XXIII dijo a la misión que la
1957. persecución
1958. antisindical existe y existirá siempre mientras haya un régimen de
1959. libre
1960. despido; b) no hay protección alguna para los representantes de
1961. los
1962. trabajadores; c) según el criterio de la jurisprudencia dominante,
1963. no existe
1964. la figura del derecho a la reinstalación por despido arbitrario, ni
1965. siquiera
1966. en caso de despido durante un conflicto colectivo; d) no existe
1967. el criterio
1968. del sindicato más representantivo, no se le reconoce de pleno
1969. derecho la
1970. titularidad para negociar, sino que para obligar al empleador a
1971. negociar el
1972. sindicato debe demostrar que cuenta con la afiliación de un
1973. tercio de los
1974. trabajadores de la empresa: en realidad, en muchas empresas
1975. necesitarán
1976. afiliar al 100 por ciento de los trabajadores, visto que el sindicato
1977. de
1978. empresa no se puede constituir con menos de 20 trabajadores y
1979. que el 52 por
1980. ciento de las empresas industriales cuenta con menos de 20
1981. trabajadores y el
1982. 70 por ciento de las empresas no tiene 100 trabajadores; e) no
1983. existe, en la
1984. práctica, posibilidad alguna de negociar convenciones
1985. colectivas de región, o
1986. de actividad económica; f) el ejercicio del derecho de huelga se
1987. ve seriamente
1988. obstaculizado por la exigencia de cumplir un procedimiento
1989. complicado, de
1990. conciliación judicial, y contar con el apoyo del 60 por ciento de
1991. los
1992. trabajadores. Por otra parte, varias personas entrevistadas
1993. subrayaron el
1994. bajísimo montante de las multas previstas en el Código de
1995. Trabajo por
1996. infracción a sus disposiciones, incluidas las relativas a la libertad
1997. sindical
1998. (entre 300 y 1.000 colones).
1999. 59. En 1989 el Ministro del Trabajo se comprometió con las
2000. organizaciones
2001. sindicales más representativas a promover un decreto de
2002. reglamentación del
2003. fuero sindical, pero ese proyecto no llegó a ser adoptado.
2004. Algunos sectores
2005. expresaron a la misión que la materia del fuero sindical no podía
2006. ser regulada
2007. por decreto sino que debía ser tratada por ley; otros insistieron
2008. en que en
2009. 1989 se había incurrido en errores de procedimiento,
2010. especialmente por falta
2011. de consulta a las organizaciones interesadas, en particular las
2012. organizaciones
2013. de empleadores, pero que el asunto podría ser examinado
2014. nuevamente ahora,
2015. sobre mejores bases.
2016. 60. Algunos representantes empleadores señalaron a la misión
2017. que no se
2018. opondría al reconocimiento de una especie de fuero sindical
2019. (aunque tendrían
2020. recelo por ciertas modalidades), siempre y cuando también se
2021. establecieran
2022. obligaciones en cabeza de los dirigentes sindicales. Los
2023. representantes de la
2024. Unión Solidarista están de acuerdo con el fuero sindical si hay
2025. reciprocidad
2026. para los miembros de la junta directiva de la asociación
2027. solidarista; esto
2028. contribuiría, según dijeron, a proteger su libertad de expresión.
2029. 61. La ley de jurisdicción constitucional y la novísima Sala IV de
2030. la Corte
2031. Suprema de Justicia, competente para la aplicación de las
2032. normas
2033. constitucionales y los tratados y convenios internacionales, los
2034. cuales
2035. prevalecen sobre la ley nacional, constituyen un elemento
2036. nuevo y muy
2037. importante para proporcionar protección a los trabajadores
2038. contra la
2039. discriminación antisindical, según opinión de variados sectores.
2040. La ley
2041. permite, por ejemplo, el ejercicio del amparo constitucional aun
2042. contra
2043. particulares. La Sala IV está comenzando a pronunciarse sobre
2044. la aplicación de
2045. convenios internacionales del trabajo ratificados, y podría, en
2046. criterio de su
2047. Presidente, conocer de recursos individuales por despidos de
2048. carácter
2049. antisindical. Sin embargo, para una mayor protección, con
2050. carácter general,
2051. haría falta una legislación detallada, desde su punto de vista.
2052. 62. El Primer Vicepresidente de la República reconoció que
2053. existe una carencia
2054. legislativa en materia de protección contra la discriminación
2055. antisindical,
2056. que es necesario colmarla y que es posible hacerlo. Siendo
2057. Ministro de Trabajo
2058. solicitó la cooperación de la OIT para enmendar el Código de
2059. Trabajo en este
2060. aspecto, pero el proyecto de reforma no fue adoptado, por
2061. circunstancias
2062. propias del sistema parlamentario de Costa Rica.
2063. 63. El Presidente de la República expresó a la misión su
2064. convencimiento de la
2065. necesidad de establecer el fuero sindical por ley y su disposición
2066. de promover
2067. la correspondiente reforma legislativa, para la cual cree que
2068. podría haber
2069. apoyo parlamentario. En el mismo sentido, informó que ya está
2070. en consideración
2071. de la asamblea un proyecto para suprimir los artículos 333 y 334
2072. del Código
2073. Penal, los cuales establecen la pena de prisión por incitar al
2074. abandono del
2075. cargo de funcionarios y empleados públicos (incluido pues el
2076. supuesto de
2077. huelga ilegal) y multa para quienes lo abandonen.
2078. 64. A propósito de la posibilidad de introducir reformas
2079. legislativas, el
2080. Presidente de la Asamblea Legislativa a partir del 1.o de mayo
2081. de 1991
2082. suministró informaciones valiosas a la misión, acerca del
2083. funcionamiento de
2084. dicha Asamblea. Afirmó que en este momento no hay en la
2085. agenda parlamentaria
2086. ningún proyecto de reforma del Código de Trabajo, a pesar de
2087. haber sido
2088. presentados algunos en el pasado, por la simple razón de que al
2089. final de cada
2090. año son retirados de agenda los proyectos no adoptados y para
2091. volver a
2092. incorporarlos hace falta una nueva gestión con esa finalidad.
2093. Por otra parte,
2094. en cada período constitucional hay una renovación total de los
2095. miembros de la
2096. Asamblea, lo cual obliga a plantear de nuevo cuestiones que
2097. hubiesen sido
2098. conocidas por los miembros del período precedente.
2099. Finalmente, en vista del
2100. corto período constitucional, de cuatro años, y de la renovación
2101. anual de la
2102. agenda, considera que las reformas del Código de Trabajo
2103. deben, para poder ser
2104. viables, ser parciales y muy precisas.
2105. V. Otras informaciones de interés
2106. 65. Representantes del Gobierno hicieron entrega a la misión de
2107. varios
2108. proyectos legislativos, preparados por el Ministerio del Trabajo y
2109. de la
2110. Seguridad Social entre ellos: de reforma parcial del Código de
2111. Trabajo para
2112. establecer un sistema unitario de multas, expresadas en
2113. números de salarios y
2114. para elevar a quince meses el tope del auxilio de cesantía; de la
2115. ley orgánica
2116. del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para dar mayor
2117. eficacia al
2118. procedimiento de conciliación; de derogatoria de los artículos
2119. 333 y 334 del
2120. Código Penal, relativos a la huelga de funcionarios y empleados
2121. públicos. Se
2122. dio a conocer, asimismo, los lineamientos generales de un
2123. proyecto de ley
2124. sobre participación de los trabajadores en las utilidades de las
2125. empresas.
2126. VI. Conclusiones
2127. 66. En resumen y de acuerdo con las informaciones obtenidas
2128. por la misión
2129. pueden establecerse las siguientes conclusiones:
2130. 1) En cuanto a las relaciones entre solidarismo y sindicalismo,
2131. las
2132. asociaciones solidaristas, cuyo patrimonio está constituido por
2133. aportes de los
2134. trabajadores y aportes que hace el empleador con cargo a la
2135. indemnización de
2136. auxilio de cesantía, tienen por ley una función de ayuda mutua,
2137. en beneficio
2138. de los trabajadores (mutualismo). La gran mayoría de las
2139. personas
2140. entrevistadas, pareciendo reflejar en esto el sentir general de la
2141. población,
2142. consideran que este aspecto del solidarismo merece ser
2143. preservado. En la
2144. práctica sin embargo, las asociaciones solidaristas pueden
2145. asumir y de hecho
2146. asumen en muchos casos funciones muy variadas normalmente
2147. reservadas a
2148. organizaciones sindicales y la misión recibió numerosas
2149. informaciones de los
2150. diferentes medios con que se entrevistó y una abundante
2151. documentación que
2152. confirman el ejercicio de acciones laborales por parte de
2153. asociaciones y
2154. organizaciones solidaristas, en particular a través de los comités
2155. permanentes
2156. y las juntas de relaciones laborales. Estas acciones laborales
2157. han culminado
2158. en la firma de una serie de arreglos directos particularmente en
2159. empresas
2160. cuyas asociaciones solidaristas están en el ámbito de la Escuela
2161. Social Juan
2162. XXIII. Estos arreglos directos hacen las veces de convención
2163. colectiva o la
2164. han sustituido, contribuyendo así en el sector privado a la
2165. disminución del
2166. número de convenciones colectivas y al debilitamiento e incluso
2167. a la
2168. desaparición de gran número de organizaciones sindicales, al
2169. ser privadas de
2170. este modo de su instrumento principal de acción sindical. Estos
2171. arreglos
2172. directos tienen una protección legal inferior a la de las
2173. convenciones
2174. colectivas, y se concluyen entre un empleador y un grupo no
2175. sindicalizado de
2176. trabajadores, aun habiendo un sindicato en la empresa.
2177. Actualmente el número
2178. total de convenciones colectivas en el sector privado se eleva
2179. a 15
2180. convenciones colectivas.
2181. 2) Si bien es cierto que la desaparición de organizaciones
2182. sindicales y el
2183. crecimiento atenuado del movimiento sindical en la última
2184. década han sido
2185. resultado de la situación apuntada y de lo que se dice más
2186. adelante sobre la
2187. insuficiente protección legal contra los actos de discriminación
2188. antisindical,
2189. también es cierto que la crisis del movimiento sindical obedece
2190. en buena parte
2191. a razones internas, como oyó repetidas veces la misión de la
2192. voz de diversos
2193. representantes sindicales y pone de relieve la CIOSL en sus
2194. alegatos; otros
2195. sectores se han referido en cambio a errores de algunas
2196. organizaciones
2197. sindicales y sus dirigentes en el pasado.
2198. 3) La interferencia de las asociaciones solidaristas en
2199. actividades sindicales
2200. ha sido reconocida a la misión por representantes del Gobierno,
2201. del mundo
2202. académico, o sindical, o inclusive del mundo empresarial y al
2203. menos por una
2204. parte de los representantes solidaristas entrevistados. En
2205. particular, el
2206. Presidente y el Primer Vicepresidente de la República
2207. coincidieron en que en
2208. la práctica el solidarismo asume funciones sindicales y en que
2209. es necesario
2210. deslindar normativamente sus roles. Las autoridades de
2211. Gobierno dieron
2212. seguridades en el sentido de que existe la disposición de
2213. adoptar en breve
2214. medidas legislativas, y de otro orden, apropiadas para garantizar
2215. una efectiva
2216. separación de funciones entre sindicatos y asociaciones
2217. solidaristas.
2218. 4) En cuanto al trato dado a asociaciones solidaristas y
2219. organizaciones
2220. sindicales, no hay duda de que la ley acuerda a las
2221. asociaciones solidaristas
2222. una serie de ventajas respecto del sindicato en ciertos aspectos
2223. (número
2224. mínimo de trabajadores necesario, posibilidad de ejercer el
2225. comercio con ánimo
2226. de lucro, expectativas de indemnización en caso de despido
2227. con justa causa,
2228. posibilidad de manejo de los fondos de cesantía, etc.). Estas
2229. ventajas hacen
2230. más fácil su constitución y funcionamiento.
2231. 5) En cuanto a la alegada discriminación antisindical y la falta de
2232. protección
2233. legal contra la misma, la legislación permite el despido sin
2234. indicación de
2235. causa pagando las correspondientes indemnizaciones, (incluso
2236. cuando se trata
2237. de dirigentes sindicales) y las multas por infracciones a las
2238. disposiciones
2239. del Código de Trabajo (aun las relativas a la libertad sindical)
2240. son
2241. claramente anacrónicas, ya que su montante es de entre 300 y
2242. 1.000 colones
2243. (menos de 9 dólares de Estados Unidos). La misión obtuvo
2244. testimonios de los
2245. sindicatos y de las autoridades laborales, según los cuales se
2246. han producido y
2247. se siguen produciendo despidos u otros actos perjudiciales por
2248. razones
2249. sindicales (en el período de formación de un sindicato o por
2250. realizar
2251. actividades sindicales, e incluso presiones para que los
2252. trabajadores se
2253. afilien a una asociación solidarista, renuncien al sindicato o a
2254. sus
2255. actividades sindicales), situaciones estas contra las cuales no
2256. hay suficiente
2257. protección en la ley y que son especialmente agudas en el
2258. sector de las
2259. plantaciones. En tal sentido la creación de la sala IV
2260. (constitucional) de la
2261. Corte Suprema de Justicia y la ley de jurisdicción constitucional
2262. representan
2263. elementos de progreso para el ejercicio de derechos sindicales,
2264. en cuanto
2265. permiten el amplio ejercicio del recurso de amparo, aun contra
2266. particulares.
2267. No obstante, hay un amplio consenso expresado a la misión
2268. sobre la necesidad
2269. de establecer una legislación detallada y apropiada en materia
2270. de fuero
2271. sindical, que ofrezca una protección eficaz, y el Gobierno, en
2272. particular el
2273. Presidente de la República, ha mostrado la mejor disposición
2274. para adoptar
2275. iniciativas legislativas eficaces en ese sentido. Los empleadores
2276. no se oponen
2277. al principio de una protección de los dirigentes sindicales
2278. (aunque tendrían
2279. recelo por ciertas modalidades) siempre y cuando se
2280. establecieran obligaciones
2281. en cabeza de éstos. Por otra parte, existe actualmente un
2282. proyecto de ley
2283. preparado por el Ministerio de Trabajo que refuerza
2284. considerablemente las
2285. multas por infracciones al Código de Trabajo, estableciendo un
2286. nuevo sistema,
2287. así como un proyecto que ya está en consideración de la
2288. Asamblea Legislativa
2289. para suprimir los artículos 333 y 334 del Código Penal, que
2290. establecen
2291. sanciones penales en caso de huelga ilegal de funcionarios y
2292. empleados
2293. públicos.
2294. 67. Las principales cuestiones planteadas en la queja así como
2295. las
2296. conclusiones y recomendaciones provisionales del Comité de
2297. Libertad Sindical
2298. fueron examinadas en detalle con el Ministro de Trabajo y
2299. Seguridad Social y
2300. algunos de sus colaboradores inmediatos, en un ambiente
2301. franco y muy
2302. constructivo, con la idea de aclarar algunos aspectos y explorar
2303. diversas
2304. posibilidades de acción. De estas conversaciones surgió que lo
2305. deseable para
2306. una acción eficaz y realista sería contemplar una serie de
2307. medidas de diverso
2308. orden, que pudieran ser adoptadas y aplicadas de manera
2309. progresiva, en la
2310. espera de que se produzcan las reformas previstas en las
2311. cuestiones examinadas
2312. en los párrafos anteriores.
2313. 68. El Comité de Libertad Sindical había tomado nota de la
2314. decisión del
2315. Gobierno de emprender iniciativas legislativas con miras a
2316. prohibir la
2317. ingerencia directa o indirecta de las asociaciones solidaristas en
2318. la
2319. negociación colectiva y establecer normas de protección contra
2320. la
2321. discriminación antisindical, y el Ministro de Trabajo y Seguridad
2322. Social,
2323. interpretando las palabras del propio Presidente de la República,
2324. mostró su
2325. firme disposición de actuar en forma pronta y eficaz en tal
2326. dirección. Lo más
2327. adecuado consistiría en explorar las posibilidades de ratificar,
2328. ampliar y
2329. precisar por ley la posición del Ministerio, de no aceptar arreglos
2330. directos
2331. cuando esté en trámite la negociación de una convención
2332. colectiva, y de no
2333. aceptar la presencia de un comité permanente cuando exista un
2334. sindicato en la
2335. empresa; según las autoridades del Ministerio quizá también
2336. fuera posible
2337. regular por vía de reglamento a la ley orgánica del Ministerio, la
2338. creación de
2339. los comités permanentes. Por otra parte, de las conversaciones
2340. con el
2341. presidente de la Asamblea Legislativa a partir del 1.o de mayo
2342. de 1991 se
2343. desprende la necesidad de actuar con una cierta rapidez
2344. mediante proyectos
2345. breves y viables, en razón de las características mismas del
2346. órgano
2347. legislativo. Dadas las buenas intenciones expresadas por el
2348. Gobierno, cabe
2349. esperar que en las instituciones o empleos sometidos al control
2350. directo o
2351. indirecto de una entidad gubernamental, el Gobierno examine la
2352. posibilidad de
2353. poner en práctica de modo más inmediato algunas decisiones
2354. para evitar
2355. interferencias de las asociaciones solidaristas en las actividades
2356. propias de
2357. los sindicatos y para garantizar una protección eficaz contra la
2358. discriminación antisindical.
2359. 69. Existe un amplio consenso (Gobierno, organizaciones
2360. sindicales y
2361. organizaciones de empleadores) sobre la conveniencia de
2362. suprimir la
2363. discriminación que existe actualmente a propósito del auxilio de
2364. cesantía,
2365. entre los trabajadores miembros de una asociación solidarista y
2366. los demás,
2367. mediante una norma legal que generalice el beneficio contenido
2368. en la ley de
2369. asociaciones solidaristas y declare el auxilio de cesantía como
2370. un derecho de
2371. todo trabajador, cualquiera que sea la forma de terminación de
2372. su relación de
2373. trabajo.
2374. 70. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expresó su mejor
2375. disposición
2376. para proseguir la política de no registrar arreglos directos
2377. cuando esté en
2378. trámite la negociación de una convención colectiva, así como
2379. de adoptar
2380. algunas decisiones administrativas sencillas y urgentes, dentro
2381. de su esfera
2382. de competencia, para mejorar la acción de la inspección del
2383. trabajo en materia
2384. sindical (por ejemplo entrevistar a dirigentes sindicales durante
2385. las
2386. inspecciones), simplificar los trámites administrativos de registro
2387. sindical y
2388. denuncias por persecución sindical e informar mejor y de
2389. manera más amplia a
2390. los trabajadores acerca de sus derechos, especialmente en esta
2391. materia.
2392. 71. Por último, en atención a los principios generales de la OIT,
2393. la misión
2394. consideró oportuno destacar la importancia de que en las
2395. iniciativas
2396. legislativas o de otro tipo que se lleven a cabo se tenga
2397. debidamente en
2398. cuenta los puntos de vista de las organizaciones sindicales y de
2399. las
2400. organizaciones de empleadores.
2401. 72. Al concluir este informe, quisiera expresar mi profundo
2402. reconocimiento al
2403. Director General de la OIT, por la confianza que me ha
2404. dispensado al confiarme
2405. esta delicada tarea. Deseo, además, expresar mi gratitud hacia
2406. el Sr. Bernard
2407. Gernigon y el Sr. Alberto Odero, del Servicio de Libertad
2408. Sindical, quienes me
2409. acompañaron en esta misión, por su cooperación y valioso
2410. apoyo, así como por
2411. la muy eficaz colaboración de parte del personal directivo, de la
2412. biblioteca y
2413. administrativo de la Oficina de la OIT en San José.
2414. Caracas, 6 de mayo de 1991. Enrique Marín.
2415. LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS
2416. PODER EJECUTIVO
2417. - Excmo. Sr. Presidente de la República, Licenciado Rafael
2418. Angel Calderón
2419. Fournier.
2420. - Sr. Primer Vicepresidente de la República, Licenciado Germán
2421. Serrano Pinto.
2422. - Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Licenciado Carlos
2423. Monge
2424. Rodríguez.
2425. - Sr. Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Licenciado
2426. Víctor Morales.
2427. - Sr. Director Nacional e Inspector General del Trabajo,
2428. Licenciado Rodrigo
2429. Valverde.
2430. - Sr. Director de Asuntos Laborales, Licenciado Eugenio Solano
2431. Calderón.
2432. - Sra. Jefe del Departamento de Organizaciones Sociales,
2433. Licenciada Zayda
2434. Solano.
2435. - Sr. Jefe del Departamento de Relaciones de Trabajo,
2436. Licenciado Alvaro Sojo
2437. Mendieta.
2438. - Licenciado Bernardo Benavides, asesor legal.
2439. - Licenciado Danilo Ugalde, asesor del Viceministro.
2440. - Licenciados Miguel Pizarro, Enrique Rodríguez, Fernando
2441. Chacón y Alba Rosa
2442. Ruiz, inspectores del trabajo.
2443. PODER LEGISLATIVO
2444. - Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría, diputado de la
2445. Asamblea Legislativa y
2446. Presidente de la misma a partir del 1.o de mayo de 1991.
2447. PODER JUDICIAL
2448. - Dr. Alejandro Rodríguez Vega, Presidente de la Sala IV
2449. (Constitucional) de
2450. la Corte Suprema de Justicia.
2451. - Dres. Orlando Aguirre, José Luis Arce, Alvaro Fernández, Jorge
2452. Rojas y
2453. Zarela Villanueva, Magistrados de la Sala II (Laboral) de la Corte
2454. Suprema de
2455. Justicia.
2456. ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES
2457. Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa
2458. Privada (UCCAEP)
2459. - Licenciado Jorge Amador Sánchez (Cámara de Industrias).
2460. - Ingeniero José Vicente Badilla (Cámara de Industrias).
2461. - Licenciado Arnold Hoepcker (Cámara de Comercio).
2462. - Licenciado Edmundo Gerli (Coordinador de Asuntos
2463. Laborales).
2464. - Licenciado Carlo Frittela (Cámara de Comercio).
2465. - Licenciado José Arturo Montero (Director Ejecutivo de la
2466. UCCAEP).
2467. Cámara de Comercio
2468. - Licenciado Emilio Bruce Jiménez, presidente.
2469. Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá
2470. (FEDEPRICAP)
2471. - Licenciado Carlos Ml. Echeverría, director ejecutivo. (Se
2472. expresó a título
2473. personal.)
2474. ORGANIZACIONES SINDICALES
2475. Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT)
2476. - Sr. Luis Anderson, secretario general.
2477. - Sr. Gerardo Castillo, responsable de educación.
2478. - Sr. David Mena, coordinador de la ORIT para Centroamérica.
2479. Consejo Permanente de los Trabajadores
2480. - Sr. Gilbert Brown Young, secretario general de la
2481. Confederación Nacional de
2482. Trabajadores (CNT).
2483. - Sr. José Joaquín Meléndez, secretario general de la
2484. Confederación Auténtica
2485. de Trabajadores Democráticos (CATD).
2486. - Sr. Olger Chávez, secretario general de la Confederación
2487. Costarricense de
2488. Trabajadores Democráticos (CCTD).
2489. - Sr. Adalberto Fonseca, secretario general de la Confederación
2490. Unitaria de
2491. Trabajadores (CUT).
2492. - Sr. Alvaro Montero Vega, presidente de la Confederación de
2493. Trabajadores de
2494. Costa Rica (CTCR).
2495. - Sr. Daniel Quesada Mora, director de la CNDC.
2496. - Sr. Jorge Soto Fallas, secretario general adjunto de la Central
2497. de
2498. Trabajadores Costarricenses (CTC).
2499. - Sr. Mario Rojas Vilchez, secretario de organización de la
2500. CATD.
2501. - Sr. Luis Pablo Zuñiga Morales, dirigente de la CTCR.
2502. - Sr. Osman Guadamuz, secretario de finanzas de la CNT.
2503. - Sr. Luis Fernando Alfaro, abogado de la CATD.
2504. - Sr. Jorge Emilio Regidor, abogado (CTC, CATD).
2505. - Sr. Mario A. Blanco, abogado de la Confederación Unitaria de
2506. Trabajadores
2507. (CUT) y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos
2508. (ANEP).
2509. - Sr. Manuel Hernández, abogado de la CCTD.
2510. Confederación Auténtica de Trabajadores Democráticos (CATD)
2511. - Sr. José Joaquín Meléndez, secretario general.
2512. - Sr. Siliam Salas, secretario general adjunto.
2513. - Sr. Mario Rojas Vilchez, secretario de organización.
2514. - Sr. Rodrigo Aguilar, secretario de finanzas.
2515. - Sra. María de los Angeles Araya, secretaria de actas.
2516. - Sra. Lucrecia Ruiz, fiscal.
2517. - Sr. Jorge Regidor, asesor.
2518. Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos
2519. (CCTD)
2520. - Sr. Olger Chaves, secretario general.
2521. - Sr. Miguel Calderón, secretario general adjunto.
2522. - Sr. Alvaro Enrique Hernández, secretario de educación.
2523. Confederación Nacional de Trabajadores (CNT)
2524. - Sr. Gilbert Brown Young, secretario general.
2525. - Sr. Eduardo Irías, presidente.
2526. - Sr. Osman Guadamuz, secretario de finanzas.
2527. - Sr. Félix Solonof, secretario de organización.
2528. - Sra. Ana Isabel Montero, dirigente.
2529. - Sr. Ernesto Montero, secretario de educación de STICA.
2530. - Sr. Ramiro Hernández, vocal de STICA.
2531. Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
2532. - Sr. Adalberto Fonseca, secretario general.
2533. - Sr. Eliecer Sánchez, dirigente sindical.
2534. - Sr. Miguel Angel Calderón, secretario general de FENATI.
2535. Central de Trabajadores Costarricenses (CTC)
2536. - Sr. José Joaquín Zuñiga, secretario general adjunto.
2537. - Sr. Jorge Soto Fallas, secretario general adjunto.
2538. - Sra. Vera Violeta Loría, secretaria de organización.
2539. Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR)
2540. - Sr. Oscar Monge, secretario de organización.
2541. - Sr. Gerardo Madrigal, secretario de finanzas.
2542. - Sr. Luis Pablo Zuñiga, asesor legal.
2543. - Sr. Julio Arias Chacón, secretario de organización de SITEP.
2544. Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP)
2545. - Sr. Johnny García, secretario general.
2546. - Sr. Albino Vargas, secretario general adjunto.
2547. Unión de Trabajadores Agrícolas de Limón (UTRAL)
2548. - Sr. Osman Guadamuz, secretario de finanzas.
2549. - Sr. V. Díaz Mendoza, fiscal general.
2550. Federación Nacional de Trabajadores de las Plantaciones
2551. Agrícolas (FENTRAP)
2552. - Sr. Ramón Fausto Barrantes, secretario general.
2553. - Sr. Luis Pablo Zuñiga, miembro de la comisión bananera.
2554. Sindicato Industrial de Trabajadores de la Empresa Privada
2555. (SITEP)
2556. - Sr. Luis Angel Serrano, secretario general.
2557. - Sr. Julio Arias Chacón, secretario de organización.
2558. - Sra. Zayra Alvares Soto, afiliada.
2559. Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
2560. - Sr. Gilbert Bermúdez, miembro de la junta directiva.
2561. Sindicato de Empleados de Líneas Aéreas Costarricenses
2562. (LACSA)
2563. - Sr. Bayardo Ramírez, vicesecretario general.
2564. - Sr. Sergio Alvarez, secretario de finanzas.
2565. - Sr. Marco Tulio Alvarado, asesor sindical.
2566. PROFESORES DE DERECHO DEL TRABAJO
2567. - Dr. Bernardo van der Laat.
2568. - Dr. Edgar G. Alfaro.
2569. - Dra. Rosa Esmeralda Blanco.
2570. - Dr. Mario A. Blanco.
2571. - Dr. Alberto Umaña.
2572. ORGANIZACIONES SOLIDARISTAS
2573. Unión Solidarista Costarricense
2574. - Sr. Rodrigo Jiménez Vega, director ejecutivo.
2575. - Sr. Carlos A. Naranjo, director suplente.
2576. - Sr. Mario Hernández, vicepresidente laboral.
2577. - Sra. Gabriela Herrán, secretaria.
2578. - Sr. Walter Alpízar, vocal laboral.
2579. - Sr. Guillermo Echeverría, fiscal.
2580. - Sr. Hugo F. Arroyo, fiscal laboral.
2581. - Sr. Rosendo E. Azofeifa, representante laboral.
2582. - Sr. Germán Espinoza, asesor.
2583. Escuela Social Juan XXIII
2584. - Presbítero Claudio Solano, director.
2585. - Sr. Julio Rodríguez B., asesor.
2586. - Sr. Roberto Quirós, asesor.
2587. - Sr. Gerardo Jiménez, responsable de capacitación.
2588. - Sr. Oscar Bejarano, asesor legal.
2589. - Sr. Alexis Gómez, asesor legal.
2590. Asociación Solidarista de Empleados de LACSA
2591. - Sr. Rafael A. Azofeifa, gerente de la asociación.
2592. - Sr. Edwin Céspedes, tesorero.
2593. OTRAS PERSONAS ENTREVISTADAS
2594. - Sr. Eric Thompson, ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
2595. - Sr. Gustavo Blanco, director de la Asociación Servicios de
2596. Promoción Social
2597. (ASEPROLA).
2598. - Sr. Mariano Sáenz, representante de ASEPROLA.
2599. - Sr. Comberty Rodríguez, representante de ASEPROLA.
2600. - Sr. Víctor Vega Isaula, representante de ASEPROLA.
2601. - Sr. Antonio Montero, representante de ASEPROLA.