Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 265, June 1989

1. 339. La Confederación Internacional de Organizaciones
   • Sindicales Libres
   • (CIOSL) presentó una queja por violación de los derechos
   • sindicales en el
   • Brasil en una comunicación del 23 de enero de 1989. El
   • Gobierno ha transmitido
   • sus observaciones en respuesta a dicha queja en sendas
   • comunicaciones de 3 y
2. 17 de abril de 1989.
3. 340. Brasil no ha ratificado el Convenio sobre la libertad
   • sindical y la
   • protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); sí ha
   • ratificado, en
   • cambio, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
   • negociación
   • colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

1. 341. La CIOSL expresa su preocupación ante las
   • disposiciones que se recogen
   • en la nueva Constitución del Brasil de 5 de octubre de 1988, en
   • la que se
   • siguen incluyendo diversos aspectos de la antigua legislación
   • sindical que,
   • según ella, se hallan en contradicción con el Convenio núm. 87
   • de la OIT.
2. 342. La CIOSL reconoce que en la nueva Constitución se han
   • introducido
   • varias disposiciones nuevas para garantizar a los sindicatos una
   • mayor
   • libertad respecto del Estado. No obstante, lamenta comprobar
   • que los dos
   • principios rectores de la estructura corporativista del sindicalismo
   • brasileño
   • siguen siendo los mismos, a saber: la unicidad y los impuestos
   • sindicales.
3. 343. En este sentido, en el texto constitucional se establece,
   • de manera
   • contradictoria, que "no se constituirá más de una organización
   • sindical,
   • cualquiera que sea su grado, que represente a la misma
   • categoría profesional o
   • económica sobre una misma base territorial", a la vez que se
   • prohíbe cualquier
   • tipo de intervención de los poderes públicos en los sindicatos y
   • se suprime la
   • necesidad de la autorización del Estado para crear sindicatos.
   • Por otro lado,
   • se determina que la base territorial será definida por los
   • trabajadores, si
   • bien no podrá ser inferior al área de un municipio.
4. 344. Por otro lado, al disponerse que "la asamblea general
   • fijará la
   • contribución que, para una categoría profesional dada, se
   • descontará de la
   • paga para financiar el sistema confederal con independencia de
   • la contribución
   • prevista por la ley", el texto constitucional establece no sólo una
   • contribución definida por la asamblea sindical que contemple
   • también las
   • federaciones y confederaciones (al contrario de lo que antes
   • acontecía, en que
   • la contribución asistencial se restringía en su mayor parte a la
   • financiación
   • de los sindicatos), sino que además mantiene la contribución
   • sindical prevista
   • por la ley.
5. 345. La CIOSL entiende que el texto constitucional deroga la
   • legislación
   • sindical existente, comprendidos los aspectos relativos a la
   • negociación
   • colectiva, el registro de las organizaciones sindicales y el
   • mantenimiento de
   • la contribución sindical obligatoria.
6. 346. Entiende igualmente que la libertad de organización
   • sindical debe
   • estar garantizada y que debe haber una legislación que defina
   • los órganos
   • competentes del registro de las organizaciones sindicales,
   • correspondiendo a
   • los trabajadores la decisión en el caso de existir duplicidad de
   • representación, así como en los casos de definición de la base
   • territorial de
   • la organización sindical ya previstos en el texto constitucional.
7. 347. Sin embargo, la CIOSL tiene serias dudas de que ello
   • llegue a ser una
   • realidad en el Brasil por ciertos hechos que se produjeron a raíz
   • de
   • promulgarse la nueva Constitución. Así, explica la CIOSL, el 6
   • de octubre de
8. 1988, una de las centrales sindicales del Brasil, la Central Unica
   • de
   • Trabajadores (CUT), solicitó al Ministerio de Trabajo el registro y
   • archivo de
   • sus estatutos. Al mismo tiempo, solicitó su registro en el "archivo
   • de títulos
   • y documentos". La CUT sigue este doble procedimiento por
   • tener que
   • constituirse en entidad jurídica y debido a la falta de un órgano
   • competente
   • para su registro.
9. 348. Ahora bien, por esas mismas fechas el Ministro de
   • Trabajo a la sazón
   • promulgaba un decreto por el que se reglamentaba
   • provisionalmente el registro
   • de las nuevas organizaciones sindicales, estableciendo un
   • procedimiento a
   • partir de las normas constitucionales que sin duda favorecía la
   • existencia
   • legal de las centrales sindicales.
10. 349. No obstante, unos días más tarde, otro Ministro de
    • Trabajo nombrado
    • posteriormente se reunió con la casi totalidad de las
    • confederaciones de
    • empleadores y de trabajadores para discutir sobre la repartición
11. del 20 por
    • ciento de la contribución sindical, que anteriormente se
    • destinaba al
    • Ministerio de Trabajo, y la competencia en materia de registro de
    • nuevas
    • organizaciones sindicales.
12. 350. A raíz de dicha reunión, prosigue la CIOSL, el 1. de
    • noviembre de
13. 1988, el segundo Ministro de Trabajo revocó el decreto
    • ministerial núm. 3280
    • de su predecesor, difundiéndose a travís de varios periódicos
    • del país la
    • convocatoria de un "Consejo nacional de los sistemas
    • confederales de
    • representación sindical", que debía tratar de las cuestiones
    • anteriormente
    • mencionadas del registro de las organizaciones y de la
    • contribución sindical.
14. 351. Estos hechos hacen suponer a la CIOSL que, con el
    • apoyo y el acuerdo
    • del Gobierno, se trata de crear una situación en la que se
    • impongan
    • restricciones a la libertad sindical y se creen las condiciones
    • para que la
    • futura legislación mantenga ciertos aspectos de la antigua ley.
15. 352. La CIOSL añade que la solicitud de una de las centrales
    • existentes "de
    • hecho" para constituirse en una central sindical "de derecho"
    • no ha recibido
    • aún respuesta alguna por parte de los poderes públicos, lo que
    • no hace sino
    • confirmar la gravedad de la situación actual. Teme, pues, que
    • se esté creando
    • una situación de hecho irreversible, incompatible con los
    • principios de la
    • libertad y la autonomía sindicales.
    • B. Respuestas del Gobierno
16. 353. En su primera respuesta de 3 de abril de 1989, el
    • Gobierno declara
    • que, bajo la ígida de la nueva Constitución, el país vive un
    • período delicado
    • de transición, comprendido todo lo que se refiere a las
    • relaciones
    • político-jurídico-sindicales. Ahora bien, parece que se registra
    • una
    • evolución satisfactoria de las relaciones directas entre los
    • dirigentes
    • empleadores y trabajadores, deseosos tanto unos como otros de
    • superar
    • cualesquiera divergencias eventuales relativas al orden
    • económico y social.
17. 354. El Gobierno afirma que debe quedar claro que, en el
    • marco de esta
    • nueva experiencia de las relaciones obreropatronales, el
    • Ministerio de Trabajo
    • actúa de simple árbitro y, necesariamente, de mediador de
    • cualquier debate que
    • pueda suscitarse.
18. 355. Habitualmente, prosigue el Gobierno, los interlocutores
    • sociales eran
    • los dirigentes de las confederaciones de empleadores y de
    • trabajadores y los
    • dirigentes que representaban a sectores importantes de la
    • economía nacional.
    • Por eso se ha convocado a las centrales sindicales para que
    • participen en
    • dichos debates, con objeto sobre todo de dar una mayor
    • autenticidad a las
    • negociaciones y a los aspectos generales de interés común.
19. 356. El Gobierno asegura que la nueva legislación regulará
    • todos los
    • aspectos de las relaciones político/sindicales y de las
    • relaciones de trabajo
    • manteniendo amplias consultas con las bases con el fin de
    • preservar los
    • principios que se recogen en la Constitución, a saber: el sistema
    • confederal,
    • la preeminencia del sindicato único dentro de una misma zona
    • de actividad, la
    • especificidad de representación de las categorías económicas y
    • profesionales
    • (por sectores: industria, comercio, servicios, etc.), así como de
    • las
    • profesiones autónomas y liberales, y la gestión de la
    • contribución sindical -
    • tal como se preví en la legislación en vigor - para garantizar el
    • mantenimiento de los servicios y programas de las
    • organizaciones de clase.
20. 357. En efecto, según el Gobierno la Constitución federal
    • consagra los
    • principios de la libertad y la autonomía sindicales como el eje de
    • la nueva
    • organización sindical, atribuyendo a sus dirigentes la
    • exclusividad de la
    • gestión de su propio destino, ya se trate de acciones política o
    • de clase o
    • bien de la gestión de carácter interno, comprendida la gestión
    • financiera y
    • patrimonial. La Constitución garantiza, según el Gobierno, la no
    • injerencia y
    • la no intervención de los poderes públicos en la organización
    • sindical, la
    • indisolubilidad de los sindicatos salvo en el caso de fallo judicial
    • en
    • contrario, la afiliación sindical libre y espontánea y, por último, la
    • no
    • necesidad de contar con la autorización del Estado para
    • constituir nuevos
    • sindicatos.
21. 358. No obstante, precisa el Gobierno, la Constitución reserva
    • la necesidad
    • del registro de los actos jurídicos para la creación de sindicatos
    • al órgano
    • competente. Esta atribución corresponderá lógicamente al
    • Ministerio de Trabajo
    • en virtud de una tradición que se remonta a hace casi medio
    • siglo y según la
    • cual el tratamiento de estas cuestiones compete a la Secretaría
    • de Relaciones
    • de Trabajo así como a sus delegaciones regionales y estatales,
    • que seguirán
    • garantizando una fiel observancia de los principios
    • constitucionales
    • anteriormente mencionados.
22. 359. Por lo que respecta a las huelgas, el Gobierno declara
    • que respetará
    • el principio constitucional, limitándose a garantizar a los
    • huelguistas el
    • derecho a participar pacíficamente en las huelgas con el fin de
    • evitar los
    • accidentes que pudieran resultar como consecuencia de
    • cualquier posible
    • acaloramiento de los ánimos.
23. 360. El Gobierno indica, por último, que todas las
    • observaciones de los
    • querellantes serán tomadas debidamente en consideración para
    • que se mantengan
    • unas buenas y fructuosas relaciones con la Central Unica de
    • Trabajadores (CUT)

.

1. 361. En una segunda comunicación de 17 de abril de 1989, el
   • Gobierno añade
   • que los debates que han dado lugar a la adopción de la nueva
   • Constitución se
   • han desarrollado de manera democrática y en una atmósfera de
   • total libertad de
   • expresión. Las partes y los grupos políticos representativos de
   • las distintas
   • tendencias de la sociedad han podido expresar sus puntos de
   • vista, al igual
   • que lo han hecho la opinión pública y el Congreso. La
   • Constitución no ha
   • podido evidentemente recoger todas las opiniones que se han
   • manifestado, las
   • cuales eran forzosamente divergentes y contradictorias pues
   • traducían
   • innumerables aspiraciones procedentes de los sectores más
   • diversos de la
   • sociedad. No obstante, se logró alcanzar un consenso de las
   • opiniones
   • manifestadas durante los meses que precedieron a su
   • promulgación,
   • fusionándolas en el deseo común de promover unas nuevas
   • condiciones sociales,
   • políticas y económicas para el país.
2. 362. El Gobierno prosigue enumerando las disposiciones
   • constitucionales
   • contenidas en el capítulo II sobre los derechos sociales
   • (artículos 6 a 9) las
   • cuales reflejan, según afirma, los principios democráticos que
   • han presidido
   • la elaboración de la Constitución, a saber: los derechos sociales
   • a la
   • educación, a la salud, al trabajo, al tiempo libre, a la seguridad,
   • a la
   • previsión social, a la protección de la maternidad y de la infancia
   • y a la
   • asistencia a los más desfavorecidos (artículo 6).
3. 363. La Constitución proclama que los derechos de los
   • trabajadores, ya sean
   • del campo o de la ciudad, suponen en particular: la protección
   • contra el
   • despido arbitrario y sin motivo justificado y contra el desempleo,
   • la garantía
   • de un salario ménimo fijado por la ley - unificado en el plano
   • nacional y que
   • permita hacer frente a las necesidades vitales esenciales -, una
   • remuneración
   • del trabajo nocturno superior a la del diurno, la participación en
   • los
   • resultados de la empresa, la noción del salario familiar para
   • quienes tienen
   • personas a cargo, la duración del trabajo normal de ocho horas
   • al día y 44
   • horas a la semana, la jornada de seis horas para el trabajo en
   • equipo, el
   • descanso semanal remunerado y preferentemente el domingo,
   • las horas
   • extraordinarias remuneradas en un 50 por ciento más, el
   • derecho a las
   • vacaciones anuales remuneradas un tercio por encima del
   • salario normal, la
   • licencia de maternidad sin pérdida de salario durante 120 días,
   • una licencia
   • de paternidad que deberá establecerse por ley, la protección del
   • trabajo de
   • las mujeres mediante la concesión de determinados incentivos,
   • un período de
   • preaviso de despido proporcional al tiempo de trabajo que
   • deberá establecerse
   • por ley pero en ningún caso podrá ser inferior a 30 días, la
   • reducción de los
   • riesgos inherentes al trabajo mediante la adopción de normas
   • mejores en
   • materia de salud, seguridad e higiene, la gratuidad de las
   • guarderías y otros
   • establecimientos preescolares hasta la edad de seis años, el
   • reconocimiento a
   • los convenios y acuerdos colectivos de trabajo, la protección de
   • la ley frente
   • a la automación, la asunción por el empleador del seguro contra
   • accidentes -
   • además de la indemnización que deberá abonar en caso de
   • dolo o falta -, la
   • prohibición de diferencias salariales por un trabajo igual por
   • motivos de
   • sexo, edad o estado civil, la prohibición de toda clase de
   • discriminación que
   • afecte al salario, la prohibición de toda discriminación entre los
   • trabajadores manuales, técnicos o intelectuales o entre las
   • profesiones
   • respectivas, la prohibición del trabajo nocturno, peligroso o
   • insalubre para
   • los menores de 18 años y de todo tipo de trabajo para los menos
4. de 14 años,
   • salvo que sean aprendices (artículo 7).
5. 364. El Gobierno prosigue explicando que la Constitución ha
   • consagrado
   • igualmente la libertad de asociación laboral y sindical al
   • disponer, entre
   • otras cosas, que la ley no podrá exigir la autorización
   • gubernativa para crear
   • sindicatos, que el registro de los mismos quedará reservado al
   • órgano
   • competente y que prohibirá a los poderes públicos toda clase de
   • injerencia o
   • intervención en la organización sindical. En ella se estipula
   • asimismo que se
   • prohíbe la creación de más de una organización sindical,
   • cualquiera que sea su
   • grado, para representar una categoría profesional o económica
   • sobre una misma
   • base territorial que se definirá por los trabajadores y empleadores
   • interesados, y que dicha base no será inferior al área de un
   • municipio. La
   • Constitución estipula asimismo que corresponde a los sindicatos
   • la defensa de
   • los derechos e intereses colectivos o individuales de su
   • categoría,
   • comprendidas las cuestiones de carácter judicial o
   • administrativo, que la
   • asamblea general será la que se encargue de fijar la
   • contribución que, para
   • una categoría profesional dada, se descontará de la paga para
   • financiar el
   • sistema confederal, con independencia de la contribución
   • prevista por la ley,
   • y que nadie se verá obligado afiliarse a un sindicato o a
   • permanecer en sus
   • filas. Además, proclama que los sindicatos se someten a la
   • obligación de
   • participar en las negociaciones colectivas de trabajo, a los
   • afiliados se les
   • reconoce el derecho a votar y a ser elegidos como
   • representantes en las
   • organizaciones sindicales, y se prohíbe despedir a cualquier
   • trabajador
   • sindicado tras presentar su candidatura para un cargo de
   • dirección o de
   • responsabilidad sindical o en el caso de ser elegido, incluso
   • como suplente,
   • hasta transcurrido un año de la finalización de su mandato,
   • salvo en el caso
   • de que haya cometido una falta calificada como grave por la
   • ley. Todas estas
   • disposiciones se aplican igualmente a la organización de los
   • sindicatos de
   • agricultura y pesca (artículo 8).
6. 365. Por último, concluye el Gobierno, la Constitución
   • consagra el
   • reconocimiento del derecho de huelga y estipula que compete a
   • los trabajadores
   • decidir sobre el ejercicio de dicho derecho y sobre los intereses
   • que podrán
   • defenderse al respecto. En ella se estipula, además, que la ley
   • definirá los
   • servicios o actividades esenciales y regulará el mantenimiento
   • de aquellos que
   • se estimen imprescindibles para la comunidad. Los responsables
   • de cualquier
   • abuso que se cometa quedarán sujetos a las penas previstas
   • por la ley
   • (artículo 9).

T. Conclusiones del Comité

• C. Conclusiones del Comité
  366. 366 El Comité observa que los alegatos de la CIOSL se
• refieren
• esencialmente a la posibilidad de que se impongan restricciones
• a la libertad
• sindical de acuerdo con ciertas disposiciones de la Constitución
• del Brasil
• recientemente adoptada el 5 de octubre de 1988, aun cuando
• el texto contiene
• numerosas mejoras en la materia, y a las dificultades con que ha
• tropezado una
• central sindical, la CUT, para ser registrada.
  367. 367 El Comité toma nota de las garantías dadas por el
• Gobierno a propósito
• de la cuestión del registro de la CUT, y en particular de que
• todas las
• observaciones de los querellantes se tomarán debidamente en
• cuenta para
• mantener con la CUT unas buenas y fructuosas relaciones.
  368. 368 El Comité entiende, no obstante, que la CUT será
• registrada en fecha
• próxima y que, conforme a los principios de la libertad y la
• autonomía
• sindicales, disfrutará de todas las prerrogativas de las
• organizaciones
• sindicales para la defensa y la promoción de los intereses
• económicos y
• sociales de los trabajadores afiliados a ella, comprendidos en
• materia de
• negociación colectiva las condiciones de empleo y el ejercicio
• de derecho de
• huelga.
  369. 369 El Comité pide, en consecuencia, al Gobierno que le
• indique si la CUT
• se halla debidamente registrada y que le mantenga informado de
• cualquier
• novedad que se produzca respecto a los principios
• mencionados en el párrafo
• precedente.
  370. 370 Por lo que se refiere a los aspectos de derecho, y en
• particular a las
• cuestiones de la unicidad sindical por categoría profesional
• sobre una base
• territorial elegida por los trabajadores y los empleadores y de la
• financiación del sistema confederal, el Comité observa que las
• opiniones de
• los querellantes y del Gobierno no concuerdan.
  371. 371 Por lo que respecta a la primera cuestión, el Comité
• observa que en el
• artículo 8 de la Constitución se estipula en efecto: I) que la ley
• no podrá
• exigir autorización para crear un sindicato, que reserva el
• registro a la
• autoridad competente y prohíbe a los poderes públicos toda
• clase de injerencia
• o intervención en la organización sindical. No obstante, en el
• artículo 8 se
• estipula igualmente: II) que se prohíbe crear más de un
• sindicato, cualquiera
• que sea su grado, para representar a la misma categoría
• profesional o
• económica sobre una base territorial que se definirá por los
• trabajadores y
• los empleadores interesados, la cual no podrá ser inferior al área
• de un
• municipio. En otras palabras, la Constitución misma impone la
• unicidad
• sindical por categoría profesional cualquiera que sea el grado
• de la
• organización. El Comité estima, por tanto, que esta disposición
• constitucional
• no es compatible con los principios de la libertad sindical.
  372. 372 Por lo que se refiere a la financiación del sistema
• confederal, el
• Comité observa que en el artículo 8 de la Constitución se
• dispone que la
• asamblea general del sindicato determinará la contribución que,
• para una
• categoría profesional determinada, se descontará de la paga
• para la
• financiación del sistema confederal, con independencia de la
• contribución
• prevista por la ley. Observa igualmente que nadie se verá
• obligado a afiliarse
• a un sindicato o a mantener su afiliación. Si bien la Constitución
• no impone
• la afiliación obligatoria a un sindicato ni tampoco designa la
• confederación
• beneficiaria, impone el pago de lo que los querellantes
• denominan "impuesto
• sindical", es decir, el descuento de una contribución sindical de
• la paga de
• los trabajadores de las distintas categorías profesionales para
• financiar el
• mantenimiento del sistema confederal de representación
• sindical, si bien
• reserva a la asamblea general del sindicato la determinación del
• montante. Por
• lo demás, mantiene igualmente el principio de la contribución
• sindical
• previsto por la ley.
  373. 373 El Comité estima que las cuestiones relativas a la
• financiación de las
• organizaciones sindicales, tanto por lo que respecta a sus
• propios
• presupuestos como a los de las federaciones y
• confederaciones, deberían
• regularse por los estatutos de los sindicatos, federaciones y
• confederaciones,
• por lo que la imposición de cotizaciones por medio de la
• Constitución o por
• vía legal no es conforme con los principios de la libertad
• sindical.