Interim Report - Report No 306, March 1997

• Alegatos: asesinatos y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, actos de discriminación antisindical y denegatoria de reconocimiento de la representatividad de una organización sindical
  248. 248 El Comité examinó el caso núm. 1761 por última vez en su reunión de marzo de 1995 (véase 297.o informe, párrafos 451 a 464). La Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) envió informaciones complementarias por comunicaciones de 2 y 8 de mayo y 31 de julio de 1995. El Gobierno envió observaciones parciales por comunicaciones de 29 de agosto y 9 de octubre de 1995.
  249. 249 El Comité examinó el caso núm. 1787 por última vez en su reunión de junio de 1996 (véase 304.o informe, párrafos 159 a 178). La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) envió informaciones complementarias por comunicaciones de 20 y 28 de mayo y 18 de julio de 1996. El Gobierno envió observaciones parciales por comunicaciones de septiembre y 16 de diciembre de 1996.
  250. 250 La queja correspondiente al caso núm. 1896 figura en una comunicación de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) de fecha 7 de mayo de 1996.
  251. 251 En su reunión de diciembre de 1995, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones formuló una observación sobre la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) por Colombia y solicitó al Gobierno que tomara medidas para poner en conformidad su legislación con el Convenio. Durante la discusión del caso relativo a la aplicación de este Convenio por Colombia en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 1996, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Sr. Orlando Obregón Sabogal, invitó a la OIT a que realizara una misión en su país con el fin de promover los derechos sindicales y el diálogo social. Posteriormente, el Gobierno decidió extender el mandato de la misión a los casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración (casos núms. 1761, 1787 y 1896).
  252. 252 La mencionada misión fue llevada a cabo del 7 al 11 de octubre de 1996 por el Sr. Santiago Pérez del Castillo, Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, acompañado del Sr. Horacio Guido, funcionario del Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo y del Sr. Luis Zamudio, Especialista en Normas Internacionales del Trabajo del Equipo Técnico Multidisciplinario con sede en Lima, Perú (véase en el anexo II el informe de misión). El Gobierno transmitió a la misión observaciones sobre los tres casos en instancia.
  253. 253 Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. A. Alegatos de los querellantes

• Caso núm. 1761 Examen anterior del caso
  254. 254 En el anterior examen del caso, al tratar alegatos relativos al asesinato de dirigentes sindicales y al procesamiento en sede judicial de sindicalistas, el Comité formuló las siguientes recomendaciones (véase 297.o informe, párrafo 464):
• "recordando que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, y que incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio, el Comité urge al Gobierno a que tome medidas para que de inmediato se lleven a cabo investigaciones judiciales para esclarecer la totalidad de los hechos alegados, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables de los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos y Rosario Moreno, así como el asesinato de Hugo Zapata Restrepo y las graves heridas sufridas por Carlos Posada durante el allanamiento de la sede sindical Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquía (FUTRAN). El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre la evolución y resultado de cada una de las investigaciones que se emprendan, así como de las investigaciones en curso respecto a los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Perea Israel y Miguel Camelo Reinaldo";
• "el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre los procesos judiciales en curso que se siguen a los Sres. Luna, Chaparro y Patiño, y que le comunique el texto de las sentencias que se dicten".
  255. 255 Asimismo, ante la falta de respuesta del Gobierno a ciertos alegatos presentados, el Comité formuló la siguiente recomendación:
• "el Comité pide al Gobierno que a la brevedad posible comunique observaciones completas sobre los siguientes alegatos: 1) la detención de ocho dirigentes sindicales (Sres. Ortega García Jorge Luis, Tovar Arrieta Domingo Rafael, Triviño Flavio, Orozco Nassam Luis Fernando, Martínez César, Quiceno Evelio, Escobas Héctor y Ronancio Germán) el 12 de febrero de 1994 en Mesitas; 2) la expulsión de su sede sindical de los trabajadores del Sindicato de la Construcción (SINDICONS), el 11 de febrero de 1994 en Cali; 3) la realización de visitas de miembros de la seguridad del Estado a asambleas y sedes sindicales, como por ejemplo al Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y del Cemento, que tuvo lugar en Bogotá del 9 al 12 de febrero de 1994; y 4) la existencia de grupos paramilitares en la ciudad de Medellín que impiden el normal desarrollo de la actividad sindical".
• Informaciones complementarias presentadas por la CLAT
  256. 256 En sus comunicaciones de 2 y 8 de mayo de 1995, la CLAT alega los siguientes asesinatos de dos dirigentes sindicales: el Sr. Guillermo Alonso Benítez Zapata, fiscal del Sindicato de Trabajadores de Olimpo Ltda. (SINTRAOLIMPO), el 26 de abril de 1995 frente a su domicilio en el municipio de Chigorobo, Antioquía, y el Sr. Marco Julio Martínez Quiceno, directivo del Sindicato de Trabajadores de Skanska, el 3 de mayo de 1995, en su domicilio en el municipio de Tierralta, Córdoba.
  257. 257 En su comunicación de 31 de julio de 1995, la CLAT alega que el dirigente sindical, Sr. Fernando Alfonso Davila Girón, presidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Tuluá, desapareció el 26 de noviembre de 1994, y que sus familiares han denunciado su desaparición ante la Fiscalía Primera Antisecuestro de Tuluá.
• Respuesta del Gobierno
  258. 258 En sus comunicaciones de 29 de agosto y 9 de octubre de 1995, el Gobierno declara que la Fiscalía General de la Nación lleva a cabo una investigación en relación con la desaparición del Sr. Fernando Alfonso Davila Girón, que la misma se encuentra en etapa averiguatoria y que oportunamente comunicará toda información que pueda recabar al respecto.
  259. 259 El Gobierno entregó a la misión documentación suministrada por la Fiscalía Nacional en relación con los alegatos sobre actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas. Concretamente, de la misma se desprenden las siguientes informaciones:
       • i) se están llevando a cabo investigaciones judiciales en relación con los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos y Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata y Marco Julio Martínez Quiceno; así como de las graves heridas sufridas por Carlos Posada durante el allanamiento de la sede sindical Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquía (FUTRAN);
       • ii) en lo que respecta a la alegada detención de dirigentes sindicales, el Gobierno informa lo siguiente:
         • - Ortega García Jorge Luis (se está llevando a cabo una investigación judicial por amenazas en su contra y a su vez se le imputa el delito de rebelión; se encuentra en libertad);
         • - Tovar Arrieta Domingo Rafael (se están llevando a cabo investigaciones judiciales por los delitos cometidos en su contra de secuestro y amenazas);
         • - Orozco Nassan Luis Fernando (se está llevando a cabo una investigación judicial por el delito cometido en su contra de extorsión), y
         • - Martínez César (se está llevando a cabo una investigación judicial por el delito de extorsión en su contra y a su vez se le imputa el delito de secuestro).
       • Caso núm. 1787 Examen anterior del caso
  260. 260 En el anterior examen del caso, al tratar alegatos relativos a asesinatos, desapariciones y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité formuló las siguientes recomendaciones (véase 304.o informe, párrafo 178, a)):
• "expresando su grave preocupación ante el recrudecimiento del clima de violencia en el país y ante el elevado número de asesinatos y actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité urge al Gobierno que si aún no lo ha hecho, tome las medidas necesarias para que de inmediato se inicien investigaciones judiciales, con el fin de esclarecer la totalidad de los asesinatos, amenazas y demás actos de violencia alegados, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. Asimismo, el Comité urge al Gobierno a que tome medidas para que se brinde protección a todos aquellos dirigentes sindicales y sindicalistas que han sido amenazados. El Comité pide al Gobierno que suministre informaciones sobre todos los casos mencionados en anexo" (que se reproduce a continuación):
• Alegatos que habían quedado pendientes en marzo de 1995
• Asesinatos:
  1. 1) Jaime Eliécer Ojeda (presidente del Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas (SINTRAMINOBRAS) (el Gobierno informó del inicio de investigaciones judiciales);
  2. 2) Alfonso Noguera (presidente del Sindicato de Empleados Públicos Municipales del Municipio de Ocaña) (el Gobierno informó del inicio de investigaciones judiciales);
  3. 3) Hernando Cuadros (presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), seccional Tibú).
• Tentativas de homicidio:
  1. 1) sindicalistas Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández y Monerge Sánchez.
• Amenazas de muerte:
  1. 1) Bertina Calderón (vicepresidenta de la CUT);
  2. 2) Daniel Rico (presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros (FEDEPETROL);
  3. 3) Domingo Tovar (miembro de la junta directiva nacional de la CUT);
  4. 4) Víctor Ramírez (presidente del Sindicato de Transportes (SINTRASON);
  5. 5) los integrantes de la junta directiva de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO).
• Amenazas de muerte y tentativas de homicidio:
  1. 1) Francisco Ramírez Cuéllar (presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Mineralco S.A.).
• Detención y allanamiento de domicilio:
  1. 1) Luis David Rodríguez Pérez (ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Incora (SINTRADIN).
• Allanamiento de sede sindical, intervención de teléfonos, vigilancia de sindicalistas:
  1. 1) allanamiento de la sede de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO); intervención de los teléfonos de la sede sindical y de los afiliados y la vigilancia por personas armadas del presidente de la Federación, Sr. Luis Carlos Acero.
• Informaciones complementarias presentadas por la organización querellante por comunicación de 20 de octubre de 1995
• Asesinatos:
  1. 1) Ernesto Fernández Pezter, dirigente sindical de la Asociación de Educadores del César, el 20 de febrero de 1995;
  2. 2) Manuel Francisco Giraldo, miembro de la junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 22 de marzo de 1995;
  3. 3) Pedro Bermúdez, miembro del comité de trabajadores de la plantación bananera de La Playa, Municipalidad de Carepa, Departamento de Urabá, el 6 de junio de 1995;
  4. 4) Artur Moreno, miembro del comité de trabajadores de la plantación Doña Francia, Municipalidad de Apartadó, el 7 de junio de 1995;
  5. 5) Antonio Moreno, fiscal del Sindicato de Trabajadores de la Industria Agrícola (SINTRAINAGRO), el 12 de agosto de 1995;
  6. 6) Manuel Ballesta, negociador del Sindicato de Trabajadores de la Industria Agrícola (SINTRAINAGRO), el 12 de agosto de 1995;
  7. 7) veintitrés trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 29 de agosto de 1995.
  8. 8) William Gustavo Jaimes Torres, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), el 28 de agosto de 1995;
  9. 9) veinticuatro trabajadores de la finca bananera Rancho Amelia, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 20 de septiembre de 1995.
• Desaparecidos:
  1. 1) Rodrigo Rodríguez Sierra, presidente del Sindicato de Trabajadores de Productores de Aceites (SINTRAPROACEITES), seccional Copey, el 16 de febrero de 1995;
  2. 2) Jairo Navarro, sindicalista, el 6 de junio de 1995.
• Agresiones físicas y represión policial:
  1. 1) represión policial contra trabajadores de las Empresas Públicas de Cartagena durante una manifestación pacífica, el 29 de junio de 1995;
  2. 2) represión policial contra los trabajadores de las Empresas de Acueductos y Teléfonos y campesinos organizados de Tolima que efectuaban una movilización el 14 de agosto de 1995. Dicha represión tuvo un saldo de un muerto, el Sr. Fernando Lombana, afiliado a la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores de Tolima (ASOPEMA), tres heridos de consideración y varios detenidos (sindicalistas de las organizaciones que participaron en la movilización).
• Amenazas:
  1. 1) Pedro Barón, presidente de la seccional de Tolima de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad desde que participó en una huelga de protesta el 19 de julio de 1995;
  2. 2) Domingo Tovar, afiliado a la Asociación de Educadores de Sucre, fue detenido por miembros del ejército, acusado de ser subversivo, el 12 de febrero de 1994, y posteriormente liberado por orden de las autoridades judiciales; luego fue amenazado de muerte el 8 de agosto de 1995, y tras una tentativa de atentado contra su vida debió salir del país durante unos meses;
  3. 3) Jorge Ortega García, sindicalista, fue detenido por miembros del ejército, acusado de ser subversivo, el 12 de febrero de 1994, y posteriormente liberado por orden de las autoridades judiciales. Posteriormente fue amenazado de muerte y es seguido por las fuerzas de seguridad que mantienen bajo vigilancia su oficina.
  261. 261 Además, al examinar alegatos sobre discriminación antisindical el Comité formuló las siguientes recomendaciones (véase 304.o informe, párrafo 178, b), c) y d)):
• "recordando que la protección contra la discriminación antisindical deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o en participación en actividades sindicales, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que de inmediato se realice una investigación en la empresa ALFAGRES S.A. y en caso de que se constate la veracidad de los actos de discriminación alegados se reintegre en sus puestos de trabajo a los dirigentes sindicales despedidos, y se tomen medidas para que no se continúe amenazando o perjudicando de cualquier otra manera a los trabajadores afiliados al sindicato. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto";
• "en relación con el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SINTRHA), el Comité pide al Gobierno que envíe sin demora sus observaciones en relación con los alegatos relativos a la supresión de puestos de trabajo de afiliados y dirigentes sindicales, el fomento por parte del Ministerio de Hacienda de una campaña antisindical intimidando a los trabajadores que desean afiliarse al sindicato, y el despido de miembros de la junta directiva del sindicato SINTRHA. El Comité pide a la organización querellante que envíe sus comentarios sobre la declaración del Gobierno relativa a la no inscripción de las reformas de los estatutos del SINTRHA"; y
• "recordando que anteriormente se solicitó al Gobierno que tomara las medidas necesarias para permitir que los dirigentes sindicales y trabajadores afiliados al sindicato SINTRATEXTILIA que hubieran sido despedidos por sus actividades sindicales legítimas pudieran obtener el reintegro en sus puestos de trabajo, el Comité insta al Gobierno a que tome medidas en este sentido y a que le mantenga informado al respecto".
• Informaciones complementarias del querellante
  262. 262 En sus comunicaciones de 20 y 28 de mayo y 18 de julio de 1996, la CIOSL alega distintos asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas. Concretamente la organización querellante manifiesta que:
       • - los Sres. Francisco Mosquera Córdoba y Carlos Arroyo de Arco, trabajadores de la Empresa Maderas de Darién, fueron asesinados en febrero de 1996 tras una reunión en la que se elaboró y discutió la propuesta del pliego de peticiones que sería discutido con la empresa;
       • - los afiliados al Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores del Agro (SINTRAINAGRO) Sres. Francisco Antonio Usuga (cobrador regional de SINTRAINAGRO en el municipio de Carepa), José Silvio Gómez (coordinador de actividades en Banafinca), Alvaro David (miembro del comité obrero de la finca Los Planes) y Oriol Chaverra (capataz de la finca La Argentina) fueron asesinados el 22 de marzo de 1996 en diferentes sitios del eje bananero de Urabá;
       • - los afiliados al Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores del Agro (SINTRAINAGRO), Sres. Hernán Correra (Fiscal Nacional), Medardo Cuestas (dirigente de la subsecretaría de Turbo), Manuel Márquez (tesorero seccional de Apartadó), Pedro Barbosa (secretario de prensa), Omar Casarubio (miembro de la seccional de Apartadó), Fernando Pérez (vicepresidente de la seccional de Apartadó) y Amin Palacio (miembro de la subdirectiva de Turbo), fueron asesinados el 14 de abril de 1996, en Currulao, corregimiento de Turbo;
       • - el Sr. Armando Umanes Petro, afiliado a la Asociación de Maestros de la Ciudad de Córdoba, fue asesinado el 23 de mayo de 1996 en la ciudad de Montería;
       • - el Sr. Jairo Alfonso Gamboa López y todos los demás miembros de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de Titán S.A., del municipio de Yumbo han sido amenazados de muerte por un grupo paramilitar denominado "Colombia sin guerrilla" (COLSINGUE);
       • - el Sr. Alvaro Hoyos Pabón, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Titán S.A., del municipio de Yumbo, fue asesinado el 12 de diciembre de 1995;
       • - el Sr. Libardo Antonio Acevedo, presidente de la Federación Sindical Regional de Trabajadores Libres del Valle del Cauca (FESTRALVA), Fiscal del Sindicato de Trabajadores de Colombina S.A. (SINTRACOLOMBINA) y miembro de la junta directiva nacional de la CTC, fue asesinado el 7 de julio de 1996 en la ciudad de Tuluá;
       • - el 7 de julio de 1996 individuos no identificados hicieron estallar un artefacto explosivo en la sede del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción (SINDICONS) en Medellín.
  263. Respuesta del Gobierno
  263. 263 En su comunicación de septiembre de 1996, el Gobierno nuevamente informa que se están llevando a cabo investigaciones en relación con la muerte de los sindicalistas Luis Noguera Cano y Eliecer Ojeda Cano. Además, el Gobierno manifiesta que se ha detenido y procesado a una persona en relación con la investigación sobre la muerte de Luis Noguera Cano.
  264. 264 El Gobierno suministró a la misión numerosa información sobre los actos de violencia contra dirigentes sindicales o sindicalistas, o contra locales sindicales. Concretamente, el Gobierno informa que se han iniciado investigaciones judiciales en relación con los siguientes asesinatos de dirigentes sindicales o sindicalistas: 1) Antonio Moreno; 2) Manuel Ballesta; 3) Francisco Mosquera Córdoba; 4) Carlos Arroyo de Arco; 5) Francisco Antonio Usuga; 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo; 7) Armando Umanes Petro; 8) William Gustavo Jaimes Torres; 9) Ernesto Fernandez Pezter.
  265. 265 Además, el Gobierno informa que se está llevando a cabo una investigación judicial en relación con el atentado explosivo contra la sede del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción (SINDICONS) en Medellín.
  266. 266 En cuanto a los alegados asesinatos de los sindicalistas afiliados a la organización sindical SINTRAINAGRO, Sres. Oriol Chaverra, Hernán Correra, Medardo Cuestas, Manuel Márquez, Pedro Barbosa, Omar Casarubio, Fernando Pérez, Amin Palacio, el Gobierno informa que los mismos se encuentran vivos y que no se han presentado denuncias por delitos contra sus vidas.
  267. 267 En lo que respecta a los alegatos sobre la detención y amenazas de muerte contra los dirigentes sindicales Sres. Domingo Tovar y Jorge Ortega García, el Comité analiza las observaciones del Gobierno en el marco del caso núm. 1761.
  268. 268 En cuanto a los alegatos que habían quedado pendientes sobre actos de discriminación antisindical, el Gobierno informó lo siguiente a la misión:
       • - Empresa Alfagres S.A.: el Gobierno manifiesta que se recibió queja verbal contra esta empresa por presunto despido de trabajadores y actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical, y que practicada la correspondiente investigación por la División de inspección y vigilancia se profirió la resolución núm. 001682, de fecha 23 de mayo de 1995, donde se resolvió "Declarar que la empresa no incurrió en violación al derecho de asociación y se deja en libertad a las partes para que acudan ante la justicia ordinaria laboral". Añade el Gobierno que mediante escrito de fecha 31 de mayo, varios sindicalistas presentaron desistimiento de la querella inicialmente instaurada ante las autoridades administrativas y que el 2 de junio de 1995 otros sindicalistas informaron que varios de los trabajadores fundadores de SINTRALFA negociaron con la empresa su retiro laboral, después de haber sido despedidos por la patronal. El Gobierno informa que, posteriormente, los fundadores del sindicato iniciaron proceso de fuero sindical - acción de reintegro, contra la sociedad demandada ALFAGRES, S.A., cuya radicación está en juzgado promiscuo del circuito del municipio de Soacha (Cundinamarca).
       • - Empresa Textilia LTD: en relación con los alegados despidos antisindicales efectuados en esta empresa, el Gobierno informa que el presidente y secretario general de SINTRATEXTILIA desistieron de la querella por persecución sindical en contra de la empresa Textilia, teniendo en cuenta que se ha presentado denuncia penal contra los directivos de la empresa y que los trabajadores despedidos han demandado a la empresa ante los juzgados laborales. Añade el Gobierno que varios sindicalistas (cuyos nombres cita el Gobierno) han iniciado procesos judiciales sobre fuero sindical y acción de reintegro.
       • - Ministerio de Hacienda y Crédito Público: en lo que respecta a los alegatos que habían quedado pendientes sobre actos de discriminación antisindical contra los dirigentes sindicales y afiliados al Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SINTRHA), el Gobierno informa que: 1) no se han suprimido puestos de trabajo de afiliados y dirigentes sindicales con el fin de destruir el sindicato, sino que se llevó a cabo un proceso de reestructuración del personal del Ministerio que abarcó a numerosos trabajadores; 2) es cierto que una funcionaria del Ministerio fomentó una campaña antisindical, pero dicha situación se corrigió; y 3) los tres miembros de la junta directiva del sindicato que fueron despedidos dentro del marco de la reestructuración iniciaron procesos judiciales.
  269. Caso núm. 1896 Alegatos del querellante
  269. 269 En su comunicación de fecha 7 de mayo de 1996, la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) informa que el 23 de febrero de 1996 el Ministerio de Trabajo expidió la resolución núm. 00431 referida a un censo realizado en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia (TELECOM) acerca de la representatividad de las organizaciones sindicales que funcionan en su seno. La organización querellante manifiesta que la resolución señala que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (SITTELECOM) contaba al 30 de noviembre de 1995 con un total de 1.779 afiliados; este sindicato rechazó el censo del Ministerio de Trabajo, alegando que contaba con 4.471 afiliados activos (la empresa confirma estas cifras al proporcionar la lista de descuentos por cotización sindical). La organización sindical aclara que es preciso tener en cuenta que la otra organización representante de los trabajadores de TELECOM es la Asociación de Técnicos de Telecom (ATT), organización que nuclea únicamente a los técnicos. En cambio, SITTELECOM incorpora a distintos tipos de trabajadores de la empresa. La ATT figura en el censo como siendo la organización mayoritaria en cuanto a la cantidad de afiliados (1.804) y por consiguiente queda facultada por ley para discutir el pliego de peticiones y firmar una nueva convención colectiva de trabajo. Por último, la organización querellante alega que las consecuencias de las cifras oficiales suponen la marginalización de SITTELECOM al tiempo que le privan del derecho legítimo a ejercer las prerrogativas sindicales.
• Respuesta del Gobierno
  270. 270 El Gobierno informó a la misión que el 23 de febrero de 1996 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expidió la resolución núm. 00431 a través de la División de Trabajo, donde se estableció que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "SITTELECOM" contaba al 30 de noviembre de 1995 con 1.779 afiliados, y el Sindicato de la Industria de Trabajadores de las Comunicaciones "ATT" con 1.804 afiliados, de los 8.710 trabajadores de la empresa denominada Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM. Añade el Gobierno que esta determinación, aún no se encuentra firme, pues es necesario decidir el recurso de apelación interpuesto por la organización sindical SITTELECOM. El Gobierno informa que el censo se realizó a petición de la empresa TELECOM, a efectos de establecer la representación sindical, con miras a la negociación colectiva, de acuerdo a la legislación interna, por cuanto el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 2, establece que cuando en una misma empresa coexista un sindicato de base con uno de industria, la representación de los trabajadores para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría (la mitad más uno) de los trabajadores de la empresa.
  271. 271 Además, el Gobierno indica que el censo sindical se realizó teniendo en cuenta lo siguiente:
       • - las normas estatutarias de cada una de las organizaciones sindicales, que señalan las condiciones o requisitos de afiliación, donde se establece: Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "SITTELECOM". Capítulo III. De las condiciones de admisión. Artículo 60. Para ser miembro del sindicato se requiere: ser trabajador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y haber superado el período de aprendizaje; tener más de 14 años de edad; presentar a la junta directiva por escrito, una solicitud de ingreso, la cual decidirá sobre su aprobación o improbación. Sindicato de Industria de Trabajadores de las Telecomunicaciones "ATT". Capítulo III. Condiciones de admisión. Artículo 40. Podrán afiliarse a ATT los trabajadores colombianos que estén vinculados a actividades o entidades públicas o privadas, del sector de telecomunicaciones. Parágrafo. Para ser aceptado como socio, se requiere presentar solicitud escrita y aceptar los presentes estatutos;
       • - para el caso de SITTELECOM, como el censo fue solicitado a nivel nacional se ofició a las diferentes direcciones regionales adscritas a este Ministerio, para que en cada una de sus jurisdicciones se practicara el conteo de la población trabajadora de TELECOM afiliada a SITTELECOM. Se les indicó la obligación de verificar el cumplimiento a los estatutos de la organización sindical para la afiliación. En consecuencia, cada uno de los funcionarios de las distintas regionales del país contabilizó única y exclusivamente como afiliados a SITTELECOM aquellos trabajadores que se vincularon a dicha organización sindical cumpliendo los estatutos sindicales, que son ley para el sindicato, y no aquellos que fueron asociados sin el cumplimiento de los requisitos que señalan tales estatutos, como son, presentación de solicitud escrita de afiliación a la junta directiva y aprobación de la solicitud por la junta directiva. Estos estatutos rigen las actuaciones de SITTELECOM, los cuales fueron aprobados por el mismo sindicato;
       • - para el evento del sindicato ATT, dado que la documentación pertinente está centralizada en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., no se necesitó comisionar a las direcciones regionales de este Ministerio en el país, habiendo realizado el censo la Dirección Regional del Trabajo de la ciudad capital; los funcionarios igualmente sólo contabilizaron como afiliados a este sindicato aquellos trabajadores que cumplieron el requisito señalado en los estatutos, que como acaba de mencionarse solamente consiste en la presentación de la solicitud escrita y la aceptación de los estatutos;
       • - por orden de los artículos 377 y 393 del Código Sustantivo del Trabajo, las organizaciones sindicales deben, entre otros, llevar libro de afiliados y de junta directiva, debidamente rubricados y foliados por el Inspector de Trabajo, y la organización sindical SITTELECOM, en la mayoría de los casos, como en Santafé de Bogotá D.C., no presentó libro de afiliados de las distintas seccionales o en otros casos habiéndolo presentado, la mayoría de los registrados como afiliados no habían sido debidamente admitidos por la junta directiva, según se observó en libros de actas de junta directiva, libo que en varias seccionales tampoco acreditó;
       • - una vez establecido el nombre y número de personas correctamente afiliadas, de acuerdo a los estatutos de cada organización sindical, se cotejó o comparó tales nombres con los nombres de las personas que se encontraban vinculadas laboralmente a la empresa TELECOM, según nómina aportada por ésta, lo cual arrojó el resultado del censo que fue motivo de la presente queja.
  272. 272 El Gobierno señala que es preciso aclarar que el hecho de acreditarse por parte de la empleadora la lista de trabajadores a quienes se les efectúa descuento por cotización sindical, no da la certeza de que esos cotizantes sean afiliados al sindicato, por cuanto de conformidad con el artículo 471 de Código Sustantivo del Trabajo, cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados, debiéndose descontar a esos no sindicalizados una cuota en favor del sindicato, por beneficiarse de la convención. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se suscribió a realizar el censo y a determinar el número de trabajadores correctamente afiliados a cada organización sindical, sin declarar un derecho ulterior de negociación. El Gobierno aclara que las cifras del censo reflejan el número de afiliados al 30 de noviembre de 1995, y que a la fecha no estaría en condiciones de responder por hechos de afiliación o desafiliación posteriores en ninguno de los dos sindicatos.

B. B. Conclusiones del Comité

• Conclusiones del Comité
  273. 273 El Comité toma nota del informe del representante del Director General, profesor Santiago Pérez del Castillo, sobre la misión efectuada en Colombia del 7 al 11 de octubre de 1996 y desea agradecerle la labor realizada. El Comité agradece al Gobierno, a las autoridades y a los interlocutores sociales la amplia cooperación brindada al representante del Director General a lo largo de la misión. Además, el Comité toma nota de las informaciones escritas facilitadas por el Gobierno sobre los distintos casos y de los distintos proyectos de ley que han sido sometidos al Congreso para poner la legislación en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98 y para ratificar los Convenios núms. 151 y 144, proyectos estos que han sido transmitidos a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
  274. 274 En primer lugar, antes de analizar los alegatos y las observaciones comunicadas por el Gobierno en relación con cada caso en particular, el Comité desea expresar su grave preocupación ante los alegatos que se refieren en gran parte a la muerte violenta, desaparición y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como allanamientos contra sedes de sindicatos y de domicilios de sindicalistas. El Comité recuerda que desde hace numerosos años existen casos sobre graves actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas en Colombia y deplora tener que observar que la violencia no parece haber disminuido, sino por el contrario, pareciera que en los últimos años existe un recrudecimiento de la misma, que ha afectado otra vez a sindicalistas.
  275. 275 El Comité observa que según se desprende del informe de misión, en la compleja y grave situación de violencia que vive Colombia se encuentran una serie de hechos preocupantes reconocidos por la mayoría de los entrevistados por el representante del Director General: i) la violencia golpea a todos los sectores de la sociedad (las cifras mencionadas sobre asesinatos cometidos durante 1995 varían entre 25.000 y 30.000) pero el movimiento sindical ha sido agresivamente atacado y es un fenómeno que se arrastra desde hace 45 años en Colombia y que se ve favorecido por una presencia - en ocasiones - distendida de la autoridad estatal en algunas regiones del país; ii) son actores de la violencia la guerrilla, el narcotráfico, los grupos paramilitares - algunos de ellos actuarían con la aquiescencia o activa participación de las fuerzas de seguridad del Estado - y la delincuencia común; iii) existe un elevadísimo número de casos de actos de violencia sin esclarecer, lo que provoca un incentivo adicional para la reiteración de los crímenes y violaciones de los derechos humanos (existen pocos juzgados, los procedimientos son lentos, los fiscales no pueden o no se atreven a investigar porque sus vidas corren peligro), y iv) es casi imposible brindar protección a los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados. El Comité destaca la total ineficacia del sistema judicial y la intervención de la justicia militar en concurrencia con la justicia civil.
  276. 276 El Comité toma nota de que según se desprende del informe de misión, el Gobierno manifiesta que ha tomado una serie de medidas positivas para lograr terminar con la impunidad. Concretamente, el Comité toma nota con interés de las siguientes medidas adoptadas: i) el programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía Nacional; ii) la creación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, cuya competencia se extiende, entre otros, a delitos en que la víctima es un dirigente sindical y se presume que la causa de su muerte es su actividad sindical; iii) el proyecto de creación en la estructura del Ministerio del Interior de la Unidad Administrativa Especial de Derechos Humanos que contaría con un área especial destinada a la protección de las personas amenazadas; y iv) la creación de un comité ministerial para examinar casos sobre violaciones de los derechos humanos que examina la veracidad de los alegatos y en caso de comprobar la veracidad de los mismos y de responsabilidad del Estado ordena el pago de indemnizaciones. Aunque toma nota de estas medidas, el Comité subraya que en el informe de misión se indica que el número de víctimas de la violencia es extraordinariamente elevado y que el fracaso de los procesos judiciales para esclarecer los hechos da lugar a un elevadísimo índice de impunidad. Además, el Comité deplora profundamente que en ninguno de los numerosos alegatos presentados se haya condenado y sancionado a los culpables. Por último, el Comité toma nota con interés del clima de concertación social que intenta imponer el Gobierno, divulgando la importancia de una ética y de una nueva cultura que, sin desconocer la diferencia o el conflicto, dé prioridad al diálogo y al entendimiento.
  277. 277 Finalmente, el Comité no puede dejar de observar con extrema preocupación que según el informe de misión llama la atención el desarrollo que tienen actualmente los grupos paramilitares o de autodefensa en muchos sectores del país, cuyos actos de violencia se suman a los del narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia común y, desde el punto de vista institucional, a los de representantes de las fuerzas de seguridad. Asimismo el Comité observa que del informe de misión surge que el accionar de grupos paramilitares afecta en primer lugar a los sindicalistas en numerosas regiones del país, y que muchos de los entrevistados hicieron hincapié en el hecho de que las fuerzas de seguridad permiten el accionar de estos grupos. También, el Comité observa que los entrevistados hicieron referencia a la existencia de casos en que agentes del Estado han cometido actos de violaciones de los derechos humanos.
  278. 278 En este contexto, y en relación con todos los actos de violencia alegados, el Comité recuerda al Gobierno que "la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y la seguridad de la persona"; "el asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron, y así, dentro de lo posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos"; y que "la ausencia de fallos contra los culpables comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales" (véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafos 46, 51 y 55). Además, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para desarticular los grupos paramilitares que impiden el normal desarrollo de las actividades sindicales en distintas zonas del país.
• Caso núm. 1761
  279. 279 En lo que respecta a los alegatos sobre asesinatos y lesiones contra dirigentes sindicales o sindicalistas, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se están llevando a cabo investigaciones judiciales en relación con los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos y Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata y Marco Julio Martínez Quiceno; así como de las graves heridas sufridas por Carlos Posada durante el allanamiento de la sede sindical Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquía (FUTRAN). El Comité expresa la esperanza de que en virtud de las investigaciones judiciales en curso podrán esclarecerse los hechos, deslindarse responsabilidades y sancionarse a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de estos procesos. Además, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el estado de las investigaciones en curso respecto a los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Perea Israel y Miguel Camelo Reinaldo, así como sobre el estado de los procesos judiciales que se siguen contra los sindicalistas Sres. Luna, Chaparro y Patiño (el Gobierno había informado al Comité en su reunión de marzo de 1995 sobre el inicio de estas últimas investigaciones judiciales).
  280. 280 En cuanto a las alegadas detenciones de dirigentes sindicales, el Comité toma nota de que el Gobierno informa lo siguiente: al Sr. Ortega García Jorge Luis se le imputa el delito de rebelión, pero a su vez se está llevando a cabo una investigación judicial por amenazas en su contra, y se encuentra en libertad; el Sr. Tovar Arrieta Domingo Rafael no está detenido, se están llevando a cabo investigaciones judiciales por delitos cometidos contra su persona (secuestro y amenazas); el Sr. Orozco Nassan Luis Fernando no está detenido, se está llevando a cabo una investigación judicial por un delito cometido contra su persona (extorsión); y al Sr. Martínez César se le imputa el delito de secuestro, pero a su vez se está llevando a cabo una investigación judicial por un delito contra su persona (extorsión). El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de los procesos judiciales que afectan a estos dirigentes sindicales.
  281. 281 En cuanto a las demás alegadas detenciones de los dirigentes sindicales Triviño Flavio Quiceno Evelio, Escobas Héctor y Ronancio Germán el 12 de febrero de 1994 en Mesitas, el Comité observa que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que verifique si estos dirigentes sindicales están efectivamente detenidos, y en caso de que constate que los mismos han sido detenidos por motivo de sus actividades sindicales, tome medidas para que sean liberados de inmediato.
  282. 282 Por último, en lo que respecta a los alegatos sobre: 1) la expulsión de su sede sindical de los trabajadores del Sindicato de la Construcción (SINDICONS), el 11 de febrero de 1994 en Cali; 2) la realización de visitas de miembros de la seguridad del Estado a asambleas y sedes sindicales, como por ejemplo al Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y del Cemento, que tuvo lugar en Bogotá del 9 al 12 de febrero de 1994; y 3) la existencia de grupos paramilitares en la ciudad de Medellín que impiden el normal desarrollo de la actividad sindical, el Comité observa que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para velar por que las fuerzas de seguridad del Estado no ingresen en sedes sindicales si no cuentan con el mandato judicial correspondiente.
• Caso núm. 1787
  283. 283 En relación con los numerosos asesinatos y actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité toma nota de la información suministrada por el Gobierno a la misión, de la cual se desprende que se han iniciado investigaciones judiciales en relación con los siguientes asesinatos y amenazas de muerte contra dirigentes sindicales o sindicalistas: 1) Antonio Moreno (12.08.1995); 2) Manuel Ballesta (13.08.1995); 3) Francisco Mosquera Córdoba (02.1996); 4) Carlos Arroyo de Arco (02.1996); 5) Francisco Antonio Usuga (22.03.1996); 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6.06.1995); 7) Armando Umanes Petro (23.05.1996); 8) William Gustavo Jaimes Torres (28.08.1995); 9) Ernesto Fernandez Pezter; 10) Jaime Eliacer Ojeda; 11) Alfonso Noguera; 12) Alvaro Hoyos Pabón (12.12.95); 13) Libardo Antonio Acevedo (7.7.96) y 14) Jairo Alfonso Gamboa López (amenazado de muerte). El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso.
  284. 284 Además, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se está llevando a cabo una investigación judicial en relación con el atentado a través de explosivos contra la sede del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción (SINDICONS) en Medellín. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de este proceso judicial.
  285. 285 En cuanto a los alegados asesinatos de los sindicalistas afiliados a la organización sindical SINTRAINAGRO, Sres. Oriol Chaverra, Hernán Correra, Medardo Cuestas, Manuel Márquez, Pedro Barbosa, Omar Casarubio, Fernando Pérez y Amin Palacio, el Comité toma nota de que Gobierno informa que los mismos se encuentran en vida y que no se han presentado denuncias por delitos contra sus vidas.
  286. 286 Por otra parte, el Comité observa que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones sobre un número importante de asesinatos, tentativas de homicidio, amenazas de muerte, desapariciones y agresiones físicas contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como allanamientos de sedes sindicales y domicilios de sindicalistas (véase en el anexo I la lista completa de los alegatos sobre los que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones). En estas condiciones, el Comité urge al Gobierno a que a la brevedad posible comunique sus observaciones sobre todos los casos mencionados en el anexo I.
  287. 287 En lo que respecta a la solicitud del Comité de que el Gobierno realizara una investigación en la empresa ALFAGRES S.A., a efectos de verificar la veracidad de los alegados despidos antisindicales, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que la División de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Trabajo llevó a cabo una investigación y determinó "que la empresa no incurrió en violación al derecho de asociación". Además, el Comité toma nota de que el Gobierno declara que varios sindicalistas desistieron de la querella interpuesta ante las autoridades administrativas y que otros trabajadores fundadores del sindicato aunque negociaron con la empresa su retiro laboral, iniciaron posteriormente procesos judiciales por acción de reintegro. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso.
  288. 288 En cuanto a los alegatos que habían quedado pendientes relativos a la supresión de puestos de trabajo de afiliados y dirigentes sindicales del Ministerio de Hacienda, el fomento de una campaña antisindical por parte de las autoridades de este Ministerio intimidando a los trabajadores que desean afiliarse al sindicato y el despido de miembros de la junta directiva del sindicato, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que: 1) no se han suprimido puestos de trabajo de afiliados y dirigentes sindicales con el fin de destruir el sindicato, sino que se llevó a cabo un proceso de reestructuración del personal del Ministerio que abarcó a numerosos trabajadores; 2) es cierto que una funcionaria del Ministerio fomentó una campaña antisindical, pero que dicha situación se corrigió; y 3) los tres miembros de la junta directiva del sindicato que fueron despedidos dentro del marco de la reestructuración iniciaron procesos judiciales.
  289. 289 A este respecto, en lo relativo a la reestructuración del Ministerio de Hacienda que dio lugar al despido de numerosos trabajadores, el Comité recuerda al Gobierno la importancia que concede al principio de que "los gobiernos consulten a las organizaciones sindicales, con objeto de discutir sobre las consecuencias de los programas de reestructuración en el empleo y en las condiciones de trabajo de los asalariados" (véase Recopilación, op. cit., párrafo 937). Además, en lo que respecta a la campaña de intimidación antisindical - cuya existencia reconoce el Gobierno, pero señala que se corrigió - el Comité señala al Gobierno que "nadie debería ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo a causa de su afiliación sindical o de la realización de actividades sindicales legítimas, y es importante que en la práctica se prohíban y sancionen todos los actos de discriminación en relación con el empleo" (véase Recopilación, op. cit., párrafo 696). Por último, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de los procesos judiciales en curso relativos a los despidos de los tres miembros de la junta directiva del sindicato.
  290. 290 Por último, en relación con la solicitud del Comité al Gobierno de que tomara las medidas necesarias para permitir que los dirigentes sindicales y trabajadores afiliados al sindicato SINTRATEXTILIA que hubieran sido despedidos por sus actividades sindicales legítimas pudieran obtener el reintegro en sus puestos de trabajo, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se ha presentado una denuncia penal contra la empresa TEXTILIA LTD y que varios sindicalistas han iniciado procesos judiciales sobre fuero sindical y acción de reintegro. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso, tanto en sede penal como laboral.
• Caso núm. 1896
  291. 291 El Comité observa que los alegatos presentados en el presente caso se refieren a la falta de conformidad de la organización querellante con un censo de afiliados realizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Concretamente, la organización querellante alega que SITTELECOM cuenta con un número de 4.471 afiliados y que el censo le otorga un número de 1.779, y que como consecuencia de este censo dejaría de ser la organización más representativa de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia y perdería el derecho de negociar una nueva convención colectiva de trabajo, el cual pasaría a ATT.
  292. 292 El Comité toma nota de que el Gobierno manifiesta que: 1) el censo se realizó a pedido de la empresa TELECOM y a nivel nacional, con el objeto de establecer cuál de las dos organizaciones de la empresa - SITTELECOM y ATT - era la más representativa, a los efectos de la negociación colectiva (el Código Sustantivo de Trabajo dispone que la representación de los trabajadores para la negociación colectiva corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría - la mitad más uno - de los trabajadores de la empresa); 2) las normas estatutarias de la organización SITTELECOM establecen entre otros requisitos para ser miembro del sindicato, que debe presentarse una solicitud de ingreso por escrito a la junta directiva que decidirá sobre su aprobación; 3) cuando se realizó el censo en relación con la organización SITTELECOM las autoridades administrativas sólo contabilizaron como afiliados a aquellos trabajadores que cumplieron con el requisito mencionado previsto en los estatutos de presentar la solicitud de afiliación por escrito; la organización sindical SITTELECOM, a través de sus distintas seccionales, no presentó los libros de afiliados para efectuar el recuento o, en los casos que se presentaron, las autoridades administrativas constataron que la mayoría de los registrados como afiliados por parte de SITTELECOM no había sido debidamente admitidos por la junta directiva; 4) el hecho de que el empleador efectúe un descuento en concepto de cotización sindical no da la certeza de que esos cotizantes sean afiliados al sindicato dado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 471 del Código Sustantivo de Trabajo, la convención colectiva puede prever el descuento de cotizaciones a no afiliados que se benefician de la convención colectiva; y 5) la organización sindical SITTELECOM presentó un recurso de apelación ante las autoridades judiciales en relación con el censo.
  293. 293 A este respecto, el Comité observa que, según el Gobierno, las autoridades administrativas se ajustaron estrictamente a lo dispuesto en los estatutos de la organización sindical SITTELECOM a efectos de contabilizar los no afiliados de dicho sindicato y que por distintas irregularidades - la falta de presentación por escrito por parte de los trabajadores de la solicitud de afiliarse, la falta de presentación de los libros de afiliados y la falta de aprobación por parte de la junta directiva de las solicitudes de afiliación - se computó un número de 1.779 afiliados que la organización querellante objeta. En estas condiciones, al tiempo que observa que no dispone de elementos que permitan concluir que el Gobierno haya pretendido favorecer a una de las dos organizaciones sindicales existentes en la empresa TELECOM al efectuar el censo en cuestión, el Comité invita a SITTELECOM a que tome medidas para que todas las afiliaciones a este sindicato se ajusten a lo dispuesto en los estatutos y, en caso de que lo haga, pide al Gobierno que lleve a cabo un nuevo censo computando la totalidad de los trabajadores que se hallan registrados efectivamente como afiliados de la organización sindical en cuestión. Por último, el Comité pide al Gobierno que le informe sobre toda evolución que se produzca al respecto y que le comunique una copia de la sentencia relativa al recurso de apelación interpuesto ante las autoridades judiciales por la organización sindical SITTELECOM.

Anexo I

1. Alegatos sobre los que el Gobierno aún no ha comunicado sus
2. observaciones en
3. el marco del caso núm. 1787
4. Asesinatos
5. 1) Hernando Cuadros (presidente de la Unión Sindical
6. Obrera-USO-seccional
7. Tibú);
8. 2) Manuel Francisco Giraldo, miembro de la Junta directiva del
9. Sindicato
10. Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
11. (SINTRAINAGRO), el 22 de
12. marzo de 1955;
13. 3) Artur Moreno, miembro del comité de trabajadores de la
14. plantación Doña
15. Francia, municipalidad de Apartadó, el 7 de junio de 1995;
16. 4) 23 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de
17. Trabajadores de la
18. Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 29 de agosto de
19. 1995;
20. 5) 24 trabajadores de la finca bananera Rancho Amelia,
21. afiliados al Sindicato
22. Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
23. (SINTRAINAGRO), el 20 de
24. septiembre de 1995;
25. 6) José Silvio Gómez (coordinador de actividades de
26. SINTRAINAGRO en
27. Banafinca), el 22 de marzo de 1996;
28. 7) Alvaro David (miembro del comité obrero de la finca Los
29. Planes, afiliado a
30. SINTRAINAGRO), el 22 de marzo de 1996.
31. Tentativas de homicidio
32. Sindicalistas Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández y
33. Monerge Sánchez.
34. Amenazas de muerte
35. 1) Bertina Calderón (vicepresidenta de la CUT);
36. 2) Daniel Rico (presidente de la Federación de Trabajadores
37. Petroleros -
38. FEDEPETROL);
39. 3) Víctor Ramírez (presidente del Sindicato de Transportes -
40. SINTRASON);
41. 4) los integrantes de la junta directiva de la Federación Sindical
42. Unitaria
43. Agropecuaria (FENSUAGRO);
44. 5) Francisco Ramírez Cuéllar (presidente del Sindicato de
45. Trabajadores de la
46. Empresa Mineralco, S.A.);
47. 6) Pedro Barón, presidente de la seccional de Tolima de la
48. Central Unitaria de
49. Trabajadores (CUT), por parte de algunos miembros de la
50. fuerzas de seguridad
51. desde que participó en una huelga de protesta el 19 de julio de
52. 1995;
53. 7) los miembros de la junta directiva del Sindicato de
54. Trabajadores de Titán,
55. S.A., del municipio de Yumbo, han sido amenazados de muerte
56. por un grupo
57. paramilitar denominado "Colombia sin guerrilla" (COLSINGUE),
58. el 26 de octubre
59. de 1995 y el 17 de mayo de 1996.
60. Detención allanamiento de domicilio
61. Luis David Rodríguez Pérez (ex dirigente del Sindicato Nacional
62. de
63. Trabajadores de Incora - SINTRADIN).
64. Allanamiento de sede sindical, intervención de teléfonos,
65. vigilancia de
66. sindicalistas
67. Allanamiento de la sede de la Federación Sindical Unitaria
68. Agropecuaria
69. (FENSUAGRO), intervención de los teléfonos de la sede
70. sindical y de los
71. afiliados y la vigilancia por personas armadas del presidente de
72. la
73. Federación, Sr. Luis Carlos Acero.
74. Desaparecidos
75. 1) Rodrigo Rodríguez Sierra, presidente del Sindicato de
76. Trabajadores de
77. Productores de Aceites (SINTRAPROACEITES), Seccional
78. Copey, el 16 de febrero
79. de 1995);
80. 2) Jairo Navarro, sindicalista, el 6 de junio de 1995.
81. Agresiones físicas y represión policial
82. 1) Represión policial contra trabajadores de las Empresas
83. Públicas de
84. Cartagena durante una manifestación pacífica, el 29 de junio de
85. 1995;
86. 2) represión policial contra los trabajadores de las Empresas de
87. Acueductos y
88. Teléfonos y campesinos organizados de Tolima que efectuaban
89. una movilización
90. el 14 de agosto de 1995. Dicha represión tuvo un saldo de un
91. muerto, el Sr.
92. Fernando Lombana, afiliado a la Asociación de Pequeños y
93. Medianos Agricultores
94. de Tolima (ASOPEMA), tres heridos de consideración y varios
95. detenidos
96. (sindicalistas de las organizaciones que participaron en la
97. movilización).
98. Anexo II
99. Informe sobre la misión a Colombia efectuada del 7 al 11 de
100. octubre de 1996
101. por el profesor Santiago Pérez del Castillo
102. (Partes relativas a los casos en instancia ante el Comité)
103. Indice
104. I. Introducción
105. II. Panorama de las relaciones laborales en Colombia
106. 1. Los actores
107. 2. La violencia en general
108. 3. La violencia antisindical
109. III. Cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos
110. (Este capítulo no se reproduce)
111. 1. Disposiciones de la legislación colombiana objetadas
112. por la Comisión de Expertos
113. 2. Posición de las autoridades gubernamentales
114. y de los interlocutores sociales
115. 3. Resultados de la misión en el campo legislativo
116. IV. Proyectos de ley para la ratificación de nuevos convenios
117. sobre libertad sindical (Este capítulo no se reproduce)
118. V. Casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical
119. 1. Casos en instancia
120. 2. Problemática de la violencia
121. 3. Informaciones obtenidas
122. VI. Reflexiones y conclusiones finales
123. Apéndices: (Los apéndices II, III y IV no se reproducen)
124. I. Lista de personas entrevistadas
125. II. Disposiciones legislativas objetadas por la Comisión
126. de Expertos
127. III. Textos de proyectos legislativos
128. IV. Observaciones sobre los casos en instancia ante
129. el Comité de Libertad Sindical entregadas a la misión
130. I. Introducción
131. En su reunión de diciembre de 1995, la Comisión de Expertos en
132. Aplicación de
133. Convenios y Recomendaciones formuló una observación sobre
134. la aplicación del
135. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
136. colectiva, 1949
137. (núm. 98) por Colombia y solicitó al Gobierno que tomara
138. medidas para poner en
139. conformidad su legislación con el Convenio.
140. Durante la discusión de este caso en la Comisión de Aplicación
141. de Normas de la
142. Conferencia en junio de 1996, el Ministro de Trabajo y
143. Seguridad Social, Sr.
144. Orlando Obregón Sabogal, invitó a la OIT a que realizara una
145. misión en su país
146. con el fin de promover los derechos sindicales y el diálogo
147. social. En este
148. sentido, la Comisión formuló la siguiente conclusión:
149. "La Comisión tomó nota de las informaciones escritas y orales
150. facilitadas por
151. el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, así como del debate
152. que había
153. tenido lugar después. La Comisión recordó que la Comisión de
154. Expertos insistía
155. en que el Gobierno tomara medidas para levantar la prohibición
156. de concluir
157. convenios colectivos a los empleados públicos que no trabajan
158. en la
159. administración del Estado. La Comisión observó con
160. preocupación que seguían
161. todavía en instancia ante el Comité de Libertad Sindical
162. numerosas quejas de
163. gran gravedad. La Comisión tomó nota de que se presentaría
164. en la próxima
165. sesión legislativa un proyecto de ley que era resultado de un
166. acuerdo
167. tripartito. La Comisión tomó nota igualmente de que el Gobierno
168. había invitado
169. a una misión de la OIT a fin de promover los derechos sindicales
170. y el diálogo
171. social. La Comisión expresó la esperanza de que, en este
172. contexto, la próxima
173. memoria del Gobierno daría cuenta de progresos sustanciales a
174. nivel de
175. legislación y de la práctica en lo que respecta a la aplicación del
176. Convenio."
177. Asimismo, el Gobierno decidió extender el mandato de la misión
178. a: 1) las
179. cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos en
180. Aplicación de Convenios y
181. Recomendaciones en el marco del examen de la aplicación por
182. parte de Colombia
183. del Convenio núm. 87; y 2) las quejas presentadas por diversas
184. organizaciones
185. sindicales ante el Comité de Libertad Sindical del Consejo de
186. Administración.
187. De este modo, el mandato de la misión cubrió tanto las
188. cuestiones planteadas
189. por la Comisión de Expertos en relación con el Convenio sobre
190. la libertad
191. sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm.
192. 87) y el
193. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
194. colectiva, 1949
195. (núm. 98), como los casos en instancia ante el Comité de
196. Libertad Sindical
197. (casos núms. 1761, 1787 y 1896).
198. El Director General de la OIT me designó como su
199. representante para llevar a
200. cabo esta misión, que se realizó del 7 al 11 de octubre de 1996.
201. En el
202. transcurso de la misión me acompañaron el Sr. Horacio Guido,
203. funcionario del
204. Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas
205. Internacionales del
206. Trabajo y el Sr. Luis Zamudio, Especialista en Normas
207. Internacionales del
208. Trabajo del Equipo Técnico Multidisciplinario con sede en Lima,
209. Perú.
210. Durante la misión fuimos recibidos por el Excmo. Sr. Orlando
211. Obregón Sabogal,
212. Ministro de Trabajo y Seguridad Social y altos funcionarios de
213. ese Ministerio;
214. el Sr. Alfonso Valdivieso, Fiscal General de la Nación; la Sra.
215. Graciela Uribe
216. de Lozano, Directora General de Asuntos Especiales del
217. Ministerio de
218. Relaciones Exteriores; el Sr. Luis Eduardo Montoya Medina,
219. Procurador General
220. de la Nación; el Sr. Carlos Gaviria Díaz, Presidente de la Corte
221. Constitucional; los miembros de la Sala de Casación Laboral de
222. la Corte
223. Suprema de Justicia; el Sr. José Fernando Castro, Defensor del
224. Pueblo; la
225. Unidad Nacional de Derechos Humanos; el Sr. Edgar González
226. Salas, Director del
227. Departamento Administrativo de la Función Pública; el Sr. Carlos
228. Medellín
229. Becerra, Ministro de Justicia y del Derecho; la Comisión
230. Permanente de
231. Concertación de Políticas Salariales y Laborales; el Señor
232. Carlos del
233. Castillo, Representante Residente del Programa de Naciones
234. Unidas para el
235. Desarrollo (PNUD); representantes de la Central Unitaria de
236. Trabajadores
237. (CUT); la Confederación General de Trabajadores Democráticos
238. (CGTD); la
239. Central de Trabajadores de Colombia (CTC); la Federación
240. Nacional de
241. Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE); la
242. Federación Nacional
243. Unitaria de Trabajadores Empleados y Profesionales al Servicio
244. del Estado y de
245. los Servicios Públicos (FUTEC); la Federación Nacional Sindical
246. Unitaria
247. Agropecuaria (FENSUAGRO); la Asociación Nacional de
248. Industriales (ANDI); la
249. Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO); y la
250. Asociación Colombiana de
251. Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI). La lista de todos los
252. entrevistados
253. figura al final de este informe (apéndice I).
254. En todas las entrevistas, la misión ha puesto especial interés en
255. explicar el
256. sentido de su presencia y los objetivos de la misión que se les
257. había
258. encomendado y que consistían en explicar y aclarar los
259. comentarios de la
260. Comisión de Expertos y explorar posibles soluciones a los
261. problemas en
262. presencia, así como recabar el mayor número de informaciones
263. posibles en
264. relación con los casos en instancia ante el Comité de Libertad
265. Sindical.
266. Deseo dejar constancia de que hemos recibido todas las
267. facilidades por parte
268. de las autoridades para el cumplimiento de la misión y un
269. altísimo nivel de
270. colaboración, por lo cual les estoy sumamente agradecido.
271. También agradezco a
272. todas las personas entrevistadas por las informaciones que nos
273. han
274. proporcionado.
275. II. Panorama de las relaciones laborales en Colombia
276. 1. Los actores
277. Desde su nombramiento en enero de 1996, el Ministro de
278. Trabajo, Sr. Orlando
279. Obregón Sabogal, destacado ex dirigente sindical, concita un
280. alto grado de
281. respeto y credibilidad por parte de las distintas representaciones
282. profesionales con los cuales la misión pudo tomar contacto y
283. que en general
284. destacaron su personalidad serena y propicia al diálogo y al
285. entendimiento.
286. En la política que se ha trazado destacan los esfuerzos para
287. acercar a los
288. interlocutores sociales y ocupa un lugar primordial la
289. concertación social
290. formalizada que, según pudo apreciar la misión, es considerada
291. en el ambiente
292. del sistema de relaciones laborales colombiano como
293. instrumento idóneo para la
294. comprensión recíproca entre empleadores y trabajadores
295. organizados.
296. La Constitución de 1991, que fue el resultado de un esfuerzo
297. por pacificar el
298. país con el establecimiento de un nuevo pacto político, señala
299. que "una
300. comisión permanente integrada por el Gobierno, por
301. representantes de los
302. empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas
303. relaciones laborales,
304. contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y
305. concertará
306. las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su
307. composición y
308. funcionamiento" (artículo 56 inciso tercero) (Nota 1).
309. La actual administración aprobó una ley que desarrolla esa
310. norma que había
311. sido inspirada en su redacción por uno de los principales
312. asesores del actual
313. Ministro de Trabajo.
314. La "ley de concertación de políticas salariales y laborales", que
315. desarrolla
316. ese mandato constitucional, fue aprobada en este año y lleva el
317. número 278 de
318. 1996.
319. En esta misma dirección política se inscribe el proyecto "Nueva
320. cultura de las
321. relaciones laborales" (Nota 2). La mencionada ley se considera
322. un resultado
323. principal de este proyecto así como el acuerdo tripartito de la ley
324. sobre
325. negociación colectiva para el sector público. Un punto aparte
326. corresponde al
327. programa televisivo "Chóquelas", promovido por las
328. autoridades, a través del
329. cual se divulga la importancia de una ética y de una nueva
330. cultura que, sin
331. desconocer la diferencia o el conflicto, dé prioridad al diálogo y
332. al
333. entendimiento. En las condiciones particulares de Colombia
334. estos valores están
335. muy relacionados con el desarrollo de una cultura para la paz.
336. Dentro de las autoridades estatales merece una mención
337. especial la Fiscalía
338. General de la Nación. La misión tuvo dos entrevistas con el
339. Fiscal General,
340. Dr. Alfonso Valdivieso, quien expuso los esfuerzos para combatir
341. la impunidad
342. de los crímenes que contribuyen a la grave situación de
343. violencia que impera
344. en el país, en especial los que afectan a los derechos humanos
345. fundamentales.
346. Consideró que la visita de la misión era especialmente oportuna
347. y expresó su
348. disposición a colaborar ampliamente en los objetivos.
349. Dentro de la Fiscalía, una repartición encargada de la policía
350. judicial, es el
351. cuerpo técnico de investigaciones con unos 4.000 funcionarios.
352. Tiene relevancia también en la investigación de los delitos y en
353. general con
354. funciones policiales, el Departamento Administrativo de
355. Seguridad (DAS), con
356. dependencia directa de la Presidencia de la República.
357. Debe mencionarse además a la Defensoría del Pueblo que
358. hace parte del
359. Ministerio Público, y es un órgano de control que, por mandato
360. del artículo
361. 118 de la Constitución, tiene a su cargo "la guarda y promoción
362. de los
363. derechos humanos, la protección del interés público y la
364. vigilancia de la
365. conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas".
366. El control que
367. para velar por la promoción y el ejercicio de los derechos
368. humanos cumple la
369. Defensoría del Pueblo sólo recae, por voluntad del
370. constituyente y del
371. legislador, sobre las acciones y omisiones de un grupo concreto
372. de
373. colombianos: el compuesto por los servidores públicos (Nota 3).
374. En lo que respecta a las organizaciones de trabajadores, cabe
375. destacar que en
376. un total de 11 millones de trabajadores, el porcentaje de
377. sindicalizados se
378. sitúa en torno al 7 por ciento, según nos informaron en una de
379. las tres
380. grandes entidades que los agrupan; en otra de ellas situaron la
381. cifra en el
382. entorno del 10 por ciento.
383. La central más numerosa y castigada por actos de violencia ha
384. sido la CUT.
385. Nuclea a un 53 por ciento de los trabajadores estatales
386. (SINALTRASE) dentro de
387. la cual tiene un peso considerable la organización de los
388. docentes. Una
389. fracción importante de la CUT está afiliada a la CIOSL.
390. Durante la misión aparecieron en la prensa datos sobre las
391. elecciones en esta
392. Central a la cual se presentaron 21 listas. Según fuentes
393. periodísticas, el
394. número de afiliados a la misma habilitados para votar ascendía
395. a 287.000 (Nota
396. 4). En su entrevista con la misión, los dirigentes se atribuyeron
397. un número
398. aproximado de 400.000 afiliados.
399. Otra central sindical de relevancia es la CGTD, con afiliación
400. internacional a
401. la CMT. Es el resultado de la fusión de la Confederación de
402. Trabajadores
403. Demócratas que se fundó en 1988, con la CGT. Esta Central no
404. ha firmado el
405. Pacto Social de 1995 y afirma que se han opuesto abiertamente
406. al esquema
407. neoliberal de los Presidentes Gaviria y Samper. Participa, en
408. cambio, de la
409. Concertación Social del artículo 56 de la Constitución. Se
410. consideran la
411. primera central del sector privado atribuyéndose un número de
412. 380.000
413. trabajadores afiliados.
414. Además de las dos anteriores, existe una tercera central: la
415. CTC, vinculada a
416. la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
417. Libres.
418. En cuanto a las organizaciones de empleadores destacan la
419. Asociación Nacional
420. de Industria (ANDI), afiliada a la Organización Internacional de
421. Empleadores y
422. más representativa, y la Federación Nacional de Comerciantes
423. (FENALCO). Ambas
424. son integrantes de la Comisión de Concertación Social. En el
425. sector industrial
426. existe también una organización que nuclea a la mediana y
427. pequeña industria:
428. la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas
429. (ACOPI).
430. La FENALCO es una entidad de implantación nacional que
431. comprende desde el
432. pequeño comerciante de pueblo hasta las grandes cadenas de
433. supermercados.
434. Según informaron sus representantes, en las empresas afiliadas
435. no existe
436. prácticamente sindicalización de trabajadores por el pequeño
437. tamaño o por el
438. estilo de relaciones laborales que llevan.
439. 2. La violencia en general
440. Uno de los objetivos de la misión era recabar datos para los
441. diversos casos a
442. instancia en el Comité de Libertad Sindical que versan sobre
443. violaciones
444. gravísimas de derechos humanos como asesinatos, masacres,
445. torturas,
446. desapariciones forzosas, etc. Se trata de ejemplos que, según
447. se pudo
448. comprobar, no son manifestaciones recientes ni situaciones
449. aisladas, como por
450. otra parte lo muestra un somero examen de la jurisprudencia de
451. ese órgano de
452. control.
453. La misión procuró comprender las causas y conocer algunas
454. manifestaciones.
455. Buena parte del territorio de Colombia está escasamente
456. poblado. Un 50 por
457. ciento del país, la zona del oriente, está habitado sólo por un
458. millón de
459. habitantes frente a los 35 millones que ocupan el resto.
460. En la vastedad de su inmenso territorio, la violencia es un
461. fenómeno que se
462. arrastra desde hace 45 años y que se ve favorecido por lo que,
463. según dijo una
464. persona que ocupa un alto cargo en el Gobierno, es una
465. presencia distendida de
466. la autoridad estatal en algunas regiones del país. Frente a los
467. actos de
468. violencia - a veces de una crueldad inusitada - existe un
469. elevadísimo número
470. de casos sin esclarecer y, aunque se está luchando contra esa
471. situación, se
472. comprende que la misma impunidad significa un incentivo
473. adicional para la
474. reiteración de los crímenes y las violaciones de derechos
475. humanos. Se están
476. robusteciendo los mecanismos de investigación y condena de
477. actos delictivos,
478. pero los esfuerzos no parecen terminar de dar frutos y, según
479. algunas
480. autoridades, no parece claro que el panorama de violencia
481. mejore en un futuro
482. próximo.
483. En un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en 1996
484. (Nota 5), se cita
485. a la Comisión Colombiana de Juristas, según la cual el país
486. "registra desde
487. hace más de cinco años la tasa de homicidios más alta del
488. mundo: entre 1988 y
489. 1995 ha mantenido un promedio de 76 homicidios por cada
490. 100.000 habitantes".
491. Esta tasa es realmente escandalosa en la región de Urabá,
492. donde llega a 256
493. homicidios por cada 100.000 personas. Es más, en algunas
494. poblaciones de la
495. zona, la tasa produce escalofríos: asciende a 578 homicidios en
496. Carepa, a 487
497. en Chigorodó, a 385 en Apartadó y a 354 en Turbo. Pocas
498. ciudades en el mundo
499. alcanzan ese deshonroso récord de criminalidad.
500. Todas estas inquietantes cifras - añade el anterior Defensor del
501. Pueblo, Jaime
502. Córdoba Triviño -, muestran que a pesar de la nueva
503. Constitución puesta en
504. vigor desde 1991, todavía no hay en Colombia un verdadero
505. compromiso con los
506. principios fundamentales plasmados en ella. También muestran
507. esas cifras que
508. el Estado colombiano incumple, por acción u omisión, los
509. tratados
510. internacionales de derechos humanos. Colombia continúa
511. siendo una de las
512. democracias más violentas del mundo, y tiene - en materia de
513. derechos humanos
514. y de derecho humanitario - la situación más grave del
515. continente.
516. "Nadie puede con honradez afirmar que en Colombia el Estado
517. es por completo
518. ajeno a la violencia. Todavía hay en la fuerza pública quienes
519. asumen
520. conductas ilegales y arbitrarias en el marco de actividades
521. militares y
522. policiales. Todavía miles de colombianos siguen aterrorizados
523. por la acción de
524. grupos paramilitares que actúan con plena libertad en zonas
525. militarmente
526. controladas. Todavía se asesina, se tortura y se hace
527. desaparecer en el
528. desarrollo de la represión y del conflicto bélico."
529. "Muchas de las conductas vulneratorias o amenazadoras de los
530. derechos humanos
531. que asumieron durante 1995 agentes del Estado colombiano
532. constituían, a la
533. vez, infracciones del derecho internacional humanitario. El
534. Defensor del
535. Pueblo se refiere a las acciones y omisiones con las cuales
536. quienes participan
537. directamente en las hostilidades - los combatientes - incumplen
538. los deberes o
539. quebrantan las prohibiciones que les han impuesto el artículo 3,
540. común a los
541. convenios de Ginebra y del Protocolo II adicional. El sujeto
542. activo de una
543. infracción del derecho internacional humanitario puede ser
544. cualquiera de las
545. personas que, dentro de un conflicto armado combaten a favor
546. de una u otra
547. parte contendiente. Las infracciones graves de la normativa
548. humanitaria se
549. denominan hoy, en la jurisprudencia y en la doctrina
550. internacionales, crímenes
551. de guerra".
552. "Asimismo, en 1995 continuaron las infracciones graves del
553. derecho
554. internacional humanitario por parte de los miembros de grupos
555. guerrilleros.
556. Tales infracciones se materializaron especialmente en los
557. secuestros - toma de
558. rehenes -, los homicidios en personas acusadas de ser
559. colaboradores de la
560. fuerza pública y en la utilización irresponsable de las llamadas
561. minas
562. quiebrapatas', que afectan a la población civil. Sobre estas
563. actuaciones
564. criminales de la guerrilla se pronunció también el Defensor del
565. Pueblo en
566. septiembre de 1995."
567. En un estudio encargado por el Programa de las Naciones
568. Unidas para el
569. Desarrollo se puede leer que "la intensidad y el mix' peculiar de
570. las
571. violencias no han sido iguales de una región a otra o de un
572. período al
573. siguiente. El siglo pasado fue de caudillos y peones mal
574. armados que combatían
575. en el Cauca, en Santander y a lo largo del río Magdalena. La
576. violencia de los
577. treinta se quedó en el altiplano y la violencia' pasó por el llano
578. para
579. instalarse a gusto en la medio guerrilla, medio bandolerismo
580. criminal de la
581. zona cafetera. Las FARC nacieron como autodefensas
582. campesinas' en el Dur de
583. Tolima y se regaron por prácticamente todas las zonas de
584. colonización; el ELN
585. pasó de Santander a las regiones petrolíferas, el EPL se ubicó
586. en tierras de
587. la baja Costa, el Quintín Lame se afincó en el Cauca, el M19 le
588. apostó al
589. Valle del Cauca e intentó ser una guerrilla urbana, al igual que
590. otra serie de
591. comandos y disidencias de los años ochenta. El paramilitarismo
592. comenzó en
593. zonas de latifundio y creció con la velocidad cancerosa de la
594. narco-reforma
595. agraria, en el Magdalena medio, el piedemonte llanero o las
596. llanuras costeñas.
597. Medellín sufrió la narcoguerra de Escobar, Cali ha padecido de
598. traqueteos' y
599. de escuadrones de limpieza social', Bogotá es proverbial por sus
600. altas tasas
601. de criminalidad callejera y organizada, Boyacás ha muerto varias
602. veces de
603. fiebre verde', el César es campeón del secuestro, Urabá se
604. sigue desangrando
605. en un enredo multilateral".
606. "Una violencia así de sostenida en el tiempo y así de regada en
607. el espacio
608. debe tener raíces hondas y extendidas dentro de la sociedad
609. que la padece.
610. Pero una violencia así de fluctuante y así de diversificada
611. según la época y
612. según el área geográfica, tiene también que responder a
613. factores mutantes y
614. diferenciados en el tiempo y en el espacio. La violencia
615. colombiana es una y
616. múltiple, es violencia y son violencias. Por ende, los factores o
617. causas' de
618. la violencia son únicos y a la vez múltiples, igual que son únicas
619. y también
620. son múltiples las terapias necesarias para eliminarla."
621. Este texto resume perfectamente lo que hemos podido escuchar
622. en las diferentes
623. entrevistas acerca del origen de la violencia: se han ensayado
624. diversas
625. clasificaciones al respecto pero lo que más se destaca respecto
626. de otros
627. países es la acción importante de grupos privados organizados,
628. muchas veces
629. sin motivos ideológicos subyacentes e incluso sin otros móviles
630. específicos
631. que la obtención de dinero por la realización de los crímenes. El
632. paramilitarismo no está asociado necesariamente a fuerzas de
633. seguridad del
634. Estado y lo que parece reiterado en las entrevistas, es la
635. actuación de bandas
636. armadas de diferente especie y en diferentes sentidos (Nota 6).
637. El representante de una entidad patronal afirmó que la violencia
638. golpea en
639. todos lados y muchas veces es difícil decir de dónde proviene.
640. Agregó que
641. buena parte de los conflictos en Colombia se resuelven
642. normalmente por las
643. vías de hecho. El estribo de la justicia está roto. A pesar de que
644. el Gobierno
645. ha hecho esfuerzos, la lentitud hace que la gente no espere y
646. se pierda
647. tolerancia.
648. Según este dirigente patronal, la violencia liberal conservadora
649. de los años
650. cincuenta se tradujo en la década de los sesenta en violencia
651. de filosofía
652. marxista, que en los últimos años, se ha transformado a veces
653. en
654. narcosubversiva, enfrentada a grupos paramilitares, algunos
655. también vinculados
656. al narcotráfico. En este contexto, los empleadores, grandes
657. empresarios,
658. tienen altos niveles de protección al cual destinan importantes
659. recursos:
660. seguridad, inteligencia y control.
661. En los mismos días en que transcurría la misión, un dirigente del
662. empresariado
663. agrícola (Nota 7) denunció que "en el campo colombiano
664. mandan los guerrilleros
665. y los narcotraficantes, que se han asociado y que dominan
666. buena parte del país
667. en base al terror. Aseguró que sólo por la producción de drogas
668. esa asociación
669. recauda anualmente siete millones de dólares, más lo que
670. recaudan por
671. secuestros, hurtos y abigeatos. Dijo, además, que en lo que va
672. de 1996, son
673. 491 los ganaderos secuestrados y 47 los productores líderes de
674. agremiaciones o
675. cooperativas asesinados. Según esta persona, en los primeros
676. nueve meses de
677. este año, los secuestradores llevan recaudados más de 242
678. millones de dólares
679. por sus operaciones sólo contra los empresarios del campo.
680. Aseguró son 35.000
681. los productores afectados que pagan aproximadamente dos
682. millones y medio de
683. dólares anuales entre vacunas' - tal como definió el pago de
684. una extorsión
685. mensual a las bandas que asolan el campo - y el pago que los
686. dueños de la
687. tierra abonan a empleados para que vayan, una vez cada 30
688. días, a ver en qué
689. situación se encuentran sus posesiones".
690. 3. La violencia antisindical
691. Como se advierte, fácilmente son detectables diferentes
692. orígenes y diferentes
693. sujetos pasivos de la violencia. El movimiento sindical ha sido
694. agresivamente
695. atacado en una lista casi interminable y siempre abierta. Existen
696. incluso
697. quienes sostienen que detrás de ello hay un concierto previo
698. para
699. exterminarlo. Sea como sea y, de acuerdo al mandato de
700. nuestra misión, cabe
701. subrayar que resulta imponente la violencia contra personas que
702. revisten la
703. calidad de dirigentes sindicales o que son objeto de atentados a
704. su integridad
705. física y su libertad personal por el mero hecho de ejercer una
706. actividad
707. sindical.
708. En este caso, además, el problema se agrava porque no
709. siempre es claro si la
710. calidad de sindicalista y la actividad como tal de la víctima es lo
711. que ha
712. sido tenido en cuenta por quienes cometieron el crimen. Se
713. mencionaron a la
714. misión casos de auxiliadores de la guerrilla o de violencia por
715. motivos
716. privados. Sea como sea, la situación desemboca en un
717. formidable obstáculo al
718. normal ejercicio de la actividad sindical y genera un poderoso
719. desestímulo que
720. se agrega a la discriminación que, según se pudo apreciar, trae
721. consigo el
722. desarrollo de una actividad de esta índole.
723. Como un ejemplo más, el día 10 de octubre de 1996, durante la
724. estancia de la
725. misión en Colombia, se asesinó en Barrancabermeja a un líder
726. sindical
727. petrolero militante de la USO. En repudio del hecho, los
728. trabajadores de la
729. empresa estatal Ecopetrol hicieron paro de actividades por 36
730. horas (Nota 8).
731. La misión sugirió a la Fiscalía General de la Nación que
732. dispusiera la
733. actuación de la Unidad Especial de Derechos Humanos para el
734. esclarecimiento
735. del asesinato. Impedir la impunidad de este tipo de crímenes
736. contribuirá a
737. disminuir la violencia antisindical.
738. La protección de los valores específicos - el normal ejercicio de
739. la actividad
740. sindical y el fomento de la participación en las organizaciones
741. profesionales
742. -, mejoraría sensiblemente de tomarse conocimiento por la
743. opinión pública que
744. la Fiscalía está interviniendo de manera especial en atentados o
745. asesinatos
746. contra sindicalistas (Nota 9). Hasta el momento no parece que
747. la violencia
748. contra el sindicalismo se haya tenido en cuenta de manera
749. especial en el marco
750. de la lucha general contra todo tipo de violencia.
751. La misión enviada por la OIT ha encontrado una notable
752. presencia de otras
753. ramas del sistema de las Naciones Unidas y de otras entidades
754. internacionales
755. en la colaboración para luchar contra este gravísimo problema
756. de la violencia
757. en Colombia. En este contexto, y procurando efectuar una
758. contribución
759. apropiada en los términos del mandato internacional de la OIT,
760. se puso énfasis
761. en la cuestión bajo la perspectiva de las relaciones laborales y
762. de las normas
763. internacionales de trabajo sobre libertad sindical, colocando a la
764. Oficina
765. junto a las demás agencias especializadas del sistema.
766. III. Cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos
767. (Este capítulo no se reproduce)
768. ...
769. IV. Proyectos de ley para la ratificación de nuevos convenios
770. sobre libertad
771. sindical
772. (Este capítulo no se reproduce)
773. ...
774. V. Casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical
775. 1. Casos en instancia
776. (véanse en apéndice IV y en forma exhaustiva los alegatos
777. pendientes)
778. - Caso núm. 1761. Queja presentada por la Central
779. Latinoamericana de
780. Trabajadores y por la Federación Sindical Mundial. Los alegatos
781. se refieren a
782. asesinatos, detenciones y otros actos de violencia contra
783. dirigentes
784. sindicales y sindicalistas.
785. - Caso núm. 1787. Queja presentada por la Confederación
786. Internacional de
787. Organizaciones Sindicales Libres. Los alegatos se refieren a
788. asesinatos,
789. desapariciones, amenazas de muerte y otros actos de violencia
790. contra
791. dirigentes sindicales y sindicalistas.
792. - Caso núm. 1896. Queja presentada por la Central
793. Latinoamericana de
794. Trabajadores. Los alegatos se refieren a la denegatoria de
795. reconocimiento de
796. la representatividad de una organización sindical.
797. 2. Problemática de la violencia (causas, impunidad,
798. paramilitares,
799. narcotráfico, lentitud de la justicia, medidas de protección en
800. caso de
801. amenazas de muerte contra sindicalistas)
802. Antes de referirme a las informaciones específicas recibidas con
803. respecto a
804. los distintos alegatos de las quejas en instancia ante el Comité,
805. me ha
806. parecido conveniente presentar una síntesis de los numerosos
807. comentarios
808. formulados a la misión por las personas entrevistadas, que giran
809. en torno a
810. los alegatos más graves y que proporcionan una idea sobre el
811. trasfondo de las
812. quejas. Estos comentarios, que incluyen datos importantes
813. sobre la situación
814. general del país, y en particular sobre la situación de las
815. organizaciones de
816. trabajadores y de empleadores en el marco de violencia actual,
817. corresponden
818. íntegramente a los entrevistados y me he preocupado por
819. reflejarlos con la
820. mayor fidelidad posible. Asimismo, las autoridades del Ministerio
821. de Trabajo
822. pusieron de relieve la amenaza reciente por parte de la guerrilla
823. de un paro
824. armado en la ciudad de Bogotá aprovechando la posibilidad de
825. que los
826. trabajadores del sector de la educación pensaban llevar a cabo
827. una huelga con
828. movilización. También creo útil señalar que si bien la misión ha
829. escuchado de
830. los distintos interlocutores cifras sobre los actos de violencia
831. cometidos en
832. el país durante el año 1995, las mismas no coinciden en todos
833. los casos, pero
834. sitúan el número de asesinatos entre 25.000 y 30.000, sin
835. contar otro tipo de
836. agresiones.
837. Autoridades gubernamentales
838. Según el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, existe un clima
839. de violencia
840. agudo. Algunos sectores de la sociedad consideran que el
841. mismo debe eliminarse
842. a través de la fuerza y otros buscan la solución por medio del
843. diálogo y el
844. entendimiento. La guerrilla de Colombia es una de las más
845. fuertes y
846. consolidadas del mundo con más de 40 años de acción. Existen
847. grupos que apoyan
848. a la guerrilla ideológicamente y otros que la auxilian de diversas
849. maneras.
850. Como reacción ante la violencia guerrillera han surgido grupos
851. paramilitares,
852. que son organizaciones privadas que no combaten solo a la
853. guerrilla sino
854. también a los que consideran como auxiliadores de la guerrilla.
855. Según el señor
856. Ministro, en Colombia hay más de 30.000 asesinatos por año.
857. Cuando hay
858. alegatos sobre detenciones de dirigentes sindicales se envían
859. oficios a la
860. Fiscalía solicitando prelación y se da la posibilidad de la
861. presencia del
862. Procurador y el Defensor del Pueblo para garantizar procesos
863. claros. Si de la
864. investigación surge que los dirigentes sindicales son guerrilleros,
865. ello lo
866. define la justicia sin injerencia del Ministerio de Trabajo. Existen
867. reuniones
868. entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Defensa para
869. concientizar de
870. que al luchador social no se lo puede comparar con un
871. guerrillero. El ejército
872. cuenta con una comisión de derechos humanos que invita a los
873. dirigentes
874. sindicales para exponer su pensamiento sobre la violencia. Ante
875. un
876. allanamiento de una sede sindical por el ejército en Tolima, el
877. Ministerio
878. pidió informaciones y le informaron que se había llevado a cabo
879. por
880. actividades subversivas. Se insiste en tener en cuenta el
881. carácter de luchador
882. social del sindicalista. Hay casos de dirigentes sindicales
883. detenidos, pero no
884. por su actividad sindical sino porque se los vincula con la
885. realización de
886. actividades ilícitas. No hay una disminución de la tasa de
887. afiliación sindical
888. como causa de la violencia. El Ministerio intenta que se
889. reconozca la
890. importancia del dirigente sindical y se eleve el status del
891. movimiento
892. sindical.
893. Según el Fiscal Nacional, las causas de la violencia
894. generalizada en el país
895. son la actuación de la guerrilla desde hace más de 40 años, el
896. narcotráfico,
897. los paramilitares y la delincuencia común. A los sindicalistas de
898. orientación
899. política de derecha los asesina la guerrilla y a los de izquierda
900. los
901. paramilitares. Ante la pregunta de si hay violencia contra
902. sindicalistas en
903. razón de sus actividades o carácter sindical, respondió que sí,
904. que había
905. violencia de este tipo y que era una hipótesis muy probable,
906. porque las
907. asociaciones sindicales han estado politizadas. En Urabá las
908. fuerzas políticas
909. se mezclan con las organizaciones sindicales. Ante la pregunta
910. de si hay
911. detenidos dirigentes sindicales por su condición, dijo que no
912. específicamente
913. por eso, sino por su militancia subversiva. Indicó que, por
914. ejemplo,
915. sindicalistas de la USO han sido detenidos por estar vinculados
916. con delitos de
917. secuestro, etc. Ante la pregunta sobre la posibilidad de brindar
918. protección a
919. los sindicalistas amenazados, manifestó que ello es casi
920. imposible, pero que
921. existe un programa de protección de víctimas y testigos. Indicó
922. que es cierto
923. que existe lentitud en los procesos como consecuencia de la
924. congestión y de
925. mecanismos y procedimientos anacrónicos. Además, manifestó
926. que la delincuencia
927. es creciente y la impunidad total, y que ello anima a los
928. delincuentes.
929. Finalmente, el Fiscal de la Nación indicó que se creará un mayor
930. nexo con el
931. Ministerio de Trabajo para poder hacer un seguimiento más
932. directo de todos los
933. casos de dirigentes sindicales y sindicalistas asesinados o
934. agredidos.
935. La misión visitó la Unidad Nacional de Derechos Humanos
936. (creada en 1996). Allí
937. fue recibida por un Fiscal Regional ("sin rostro" es decir, sin que
938. su
939. condición de fiscal sea conocida) que indicó que el objetivo
940. principal de esta
941. unidad es superar la impunidad. Este Fiscal manifestó que la
942. repartición se
943. ocupa de todos los casos difíciles de manejar en el terreno,
944. concretamente por
945. actos de violencia contra los fiscales. El mandato de la unidad
946. cubre, entre
947. otros, los casos donde los agentes del Estado (miembros de las
948. fuerzas de
949. seguridad) se encuentran vinculados, o casos de acción de
950. paramilitares con la
951. aquiescencia de las fuerzas de seguridad, o casos en que los
952. autores de los
953. actos violentos son los grupos subversivos. En cuanto a la
954. violencia contra
955. sindicalistas, existe una multiplicidad de actos violentos que ha
956. generado
957. distintos tipos de violencia en cada región, con una
958. caracterización especial.
959. En alguna región existen agentes del Estado (fuerzas de
960. seguridad), que en
961. colaboración con terratenientes, llevan a cabo una política para
962. liquidar la
963. subversión. La competencia de los fiscales "sin rostro" se
964. extiende a delitos
965. vinculados con el terrorismo, el narcotráfico importante, la
966. rebelión, o los
967. secuestros. También actúan en virtud de la condición de
968. dirigente sindical del
969. sujeto pasivo del delito: por ejemplo los homicidios son
970. competencia de los
971. fiscales seccionales, pero si de los elementos de prueba surge
972. que la víctima
973. es un dirigente sindical, y se presume que la causa de su muerte
974. es su
975. actividad sindical, pasa al Fiscal Regional ("sin rostro"). Según
976. el Fiscal
977. "sin rostro" entrevistado, hay dos teorías de la violencia contra
978. sindicalistas: 1) la violencia contra los sindicalistas se da por su
979. condición
980. de tales, por parte de paramilitares, con una dinámica general
981. de destrucción
982. de las organizaciones sindicales; y 2) los actos de violencia
983. contra
984. sindicalistas son casos aislados y no de represión generalizada.
985. La Unidad
986. tiene también conocimiento de la existencia de actos de
987. agentes del Estado
988. (fuerzas de seguridad) que violan los derechos humanos. Indicó
989. que en no pocas
990. situaciones existe también un problema de colisión de
991. competencias entre la
992. justicia ordinaria y la penal militar.
993. Según las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y
994. un Asesor de
995. la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, las
996. causas de la
997. violencia en Colombia son muy difíciles de determinar y es muy
998. complicado
999. efectuar distinciones de su proveniencia por el número de
1000. sujetos activos
1001. (paramilitares, delincuentes comunes, narcotráfico, guerrilla).
1002. Indicaron que
1003. existe la voluntad de avanzar y solucionar los problemas sobre
1004. derechos
1005. humanos, pero que existen dificultades para lograr terminar con
1006. la impunidad y
1007. que no se ha podido encontrar una solución al problema de la
1008. guerrilla y de
1009. los narcotraficantes. Concretamente, manifestaron en relación
1010. con los
1011. sindicalistas que sufren actos de violencia, que la Consejería,
1012. en su área,
1013. recibe denuncias pero que existen problemas por la precaria
1014. información del
1015. denunciante, y porque cuando se solicitan mejores datos
1016. cualquier retraso
1017. puede hacer que se pierda la prueba. Cuando hay casos de
1018. sindicalistas
1019. detenidos, la Consejería se esfuerza por que se respeten las
1020. garantías
1021. procesales. Muchos de los denunciados son acusados de
1022. rebelión o de ejecutar
1023. actos terroristas. Informaron que la Consejería lleva a cabo
1024. distintas labores
1025. para contribuir a esclarecer los casos en los que han sido
1026. víctimas miembros
1027. del movimiento sindical. Concretamente se refirieron a: 1) la
1028. inclusión en el
1029. proyecto de red nacional de comunicaciones de derechos
1030. humanos de los casos
1031. que afectan al sector sindicalizado de trabajadores. El objetivo
1032. principal de
1033. este proyecto de red de comunicación es desarrollar un sistema
1034. nacional de
1035. datos que permita contar con un panorama completo de las
1036. dinámicas de
1037. violencia que se generan en el país, su evolución, sectores
1038. afectados, etc.
1039. Añadieron que existe el problema de la determinación de la
1040. calidad de
1041. sindicalista de la víctima, así como el de la relación del hecho
1042. violatorio
1043. con esa calidad, pues las fuentes del sector poseen en muchos
1044. casos una
1045. información mínima, lo que implica un largo proceso de
1046. decantamiento con otros
1047. hechos similares, a fin de establecer si existe o no investigación
1048. por los
1049. hechos; 2) el mecanismo de impulso de casos, que cuenta con
1050. dos tipos de
1051. actividades: a) las solicitudes de actualización a las autoridades
1052. que
1053. adelantan las investigaciones correspondientes o solicitudes
1054. para que éstas se
1055. inicien en los casos en que no se han denunciado los hechos
1056. ante la autoridad
1057. competente; y b) la selección, previa concertación con las
1058. centrales obreras,
1059. de un grupo mínimo de casos, a fin de que sean objeto de
1060. conocimiento de la
1061. Unidad Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte,
1062. informaron que se
1063. sancionó el 5 de julio de 1996 la ley núm. 288 por medio de la
1064. cual se pagarán
1065. las indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos tal
1066. como han
1067. dispuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
1068. el Comité de
1069. Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles
1070. y Políticos.
1071. Además, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
1072. indicó que en lo
1073. que respecta a las amenazas y protección a los amenazados, el
1074. tema constituye
1075. un punto central de la problemática de todos los sectores
1076. afectados por la
1077. situación de violencia en el país y que los requerimientos en
1078. este sentido
1079. exceden la capacidad del Estado. Se apoyan solicitudes de
1080. acciones
1081. humanitarias de carácter urgente, en lo que se refiere al traslado
1082. a
1083. diferentes zonas del país o a otras naciones, de las personas
1084. sobre las que
1085. pesa una amenaza inminente para su integridad física. También
1086. se solicita que
1087. se adelanten las denuncias relativas a amenazas ante los
1088. organismos
1089. competentes y adicionalmente se realizan requerimientos al
1090. Departamento
1091. Administrativo de Seguridad y a la Policía Nacional, quienes
1092. evalúan el grado
1093. de peligro de la persona y la posibilidad de la entidad de ofrecer
1094. servicios
1095. de seguridad personal, pero es tan enorme la demanda de
1096. protección en el país,
1097. que por ello se está pensando en mecanismos alternos para
1098. aumentar la oferta
1099. de tales servicios. Así, cuando se trata de víctimas y testigos de
1100. hechos
1101. criminales, dicho programa de protección está a cargo de la
1102. Fiscalía General
1103. de la Nación, y dentro de las alternativas que se han empezado
1104. a desarrollar
1105. se encuentra la creación, en la estructura del Ministerio del
1106. Interior, de la
1107. Unidad Administrativa Especial de Derechos Humanos que
1108. contará con un área
1109. especial destinada a la protección de las personas
1110. amenazadas. Se espera que a
1111. comienzos del año entrante se haya materializado el
1112. funcionamiento de dicha
1113. unidad.
1114. El Procurador General de la Nación señaló que existen vestigios
1115. de una época
1116. donde los conflictos laborales se reprimían a balazos. Informó
1117. que la
1118. Procuraduría toma medidas contra los actos de violencia en los
1119. que hayan
1120. participado fuerzas de seguridad, y que es posible que las
1121. fuerzas de
1122. seguridad participen en acciones contra sindicalistas, porque
1123. históricamente
1124. se identificó al sindicalista como un subversivo. Reiteró que de
1125. todas formas
1126. esta actitud está cambiando.
1127. Según el Defensor del Pueblo, las causas de la violencia en
1128. general son las
1129. siguientes: la injusticia social, la marginalidad (hay diez millones
1130. de
1131. personas de estrato 1), las promesas de los gobernantes no
1132. atendidas en
1133. materia de salud, estudio o trabajo; la guerrilla de más de 40
1134. años, que si
1135. bien no podrá ganar la guerra se ha apoderado de municipios; el
1136. narcotráfico a
1137. través de varias formas (ejércitos de seguridad para protección
1138. de los capos;
1139. algunos sectores de la guerrilla se asocian al narcotráfico para
1140. obtener
1141. financiación); los paramilitares, que imponen justicia privada
1142. desde hace
1143. años; y las fuerzas de seguridad que en algunas ocasiones se
1144. extralimitan en
1145. sus funciones. En cuanto a violencia contra dirigentes y
1146. sindicalistas no cree
1147. que sea organizada contra ellos, ni que exista una política del
1148. Estado contra
1149. sindicalistas; las muertes de sindicalistas son casos aislados.
1150. Cada vez hay
1151. más violencia y la guerrilla es más fuerte y ocupa municipios.
1152. También ha
1153. crecido la delincuencia común en las ciudades. En algunos
1154. sectores se habla de
1155. vínculos entre el movimiento sindical y la guerrilla por una parte,
1156. y
1157. militares y paramilitares por la otra. En lo sindical se ha
1158. evolucionado y hay
1159. cierta tolerancia hacia los sindicatos.
1160. El señor Ministro de Justicia y del Derecho manifestó que se
1161. está llevando a
1162. cabo una gran labor de difusión del trabajo de las
1163. organizaciones
1164. internacionales y de la importancia del respeto de los derechos
1165. humanos. Añade
1166. que se creó un comité ministerial para examinar casos antiguos
1167. sobre
1168. violaciones de los derechos humanos que examina la veracidad
1169. de los alegatos,
1170. y si en los mismos se comprueba la responsabilidad del Estado,
1171. éste deberá
1172. pagar una indemnización. Este Comité ya se reunió, y de 17
1173. casos examinados en
1174. 15 de ellos el Gobierno dispuso el pago de indemnizaciones.
1175. También hizo
1176. hincapié en el hecho de que este comité no resolverá el
1177. problema de la
1178. violación de los derechos humanos, pero que sí implica un
1179. reconocimiento de la
1180. violación de los derechos humanos en ciertos casos por parte
1181. de las fuerzas de
1182. seguridad del Estado, el respeto por los organismos
1183. internacionales y el
1184. desarrollo de un cambio de conducta y sensibilidad. En cuanto
1185. a la cuestión de
1186. la violencia contra sindicalistas y a la impunidad existente por la
1187. falta de
1188. esclarecimiento de los hechos, el señor Ministro indicó que gran
1189. parte del
1190. problema pasa por el hecho de resolver el conflicto de
1191. competencia entre la
1192. justicia civil y militar. Según el señor Ministro, la "tendencia
1193. existente es
1194. que si la investigación pasa a la justicia militar se decide en
1195. favor
1196. normalmente de los militares", lo que aumenta la impunidad. A
1197. este respecto,
1198. indicó que se estudia modificar el Código de Procedimiento
1199. Penal, para que
1200. existan reglas claras de juzgamiento. Señaló que el problema
1201. radica en
1202. determinar, cuando un miembro de las fuerzas de seguridad
1203. viola los derechos
1204. humanos, y cuando han actuado fuera o dentro del servicio.
1205. Afirmó que a nivel
1206. de su Ministerio se ha dado un impulso muy grande a la lucha
1207. contra la
1208. impunidad. Manifestó que en la tasa de criminalidad, la
1209. criminalidad oculta
1210. tiene mucho que ver con la impunidad, porque hay muchos
1211. delitos que no son
1212. denunciados. Aclaró que en los años 1993-1994 se llegó a
1213. hablar de un índice
1214. de impunidad del 97 por ciento pero que las cifras que manejan
1215. los distintos
1216. institutos varían según la metodología utilizada para medirla.
1217. Actualmente se
1218. está en el proceso de crear una plataforma de información en el
1219. sector de
1220. justicia. En cuanto a los actos de violencia contra dirigentes
1221. sindicales y
1222. sindicalistas, indicó que tras el proceso de reconciliación
1223. durante el cual
1224. algunos grupos guerrilleros decidieron dejar la lucha armada, las
1225. FARC y el
1226. ELN decidieron seguir combatiendo. Según el Ministro,
1227. actualmente estos grupos
1228. guerrilleros tienen una marcada relación con el narcotráfico.
1229. También según el
1230. Ministro, el grupo guerrillero ELN tiene influencia directa sobre
1231. algunas
1232. organizaciones sindicales y las FARC también. Añadió que la
1233. relación no es
1234. total, pero que mucho depende de la zona del país. Hay
1235. algunas zonas donde
1236. existe una pugna muy violenta entre el ejército y el ELN (por
1237. ejemplo en
1238. Santander donde se encuentran las refinerías de petróleo).
1239. Cuando se lleva a
1240. cabo una acción política dentro de un sindicato y se identifican
1241. a personas
1242. simpatizantes o activistas de las FARC o del ELN, la situación
1243. se torna muy
1244. difícil, porque los actores del conflicto accionan contra los
1245. sindicalistas
1246. por lo sencillo que ello resulta. Esta situación ha fomentado la
1247. creación de
1248. grupos paramilitares o grupos de autodefensa que vienen
1249. realizando una guerra
1250. sucia, desbordando el conflicto tradicional ejército-guerrilla.
1251. Existen
1252. numerosos casos de secuestro por parte del ELN que generan
1253. odios y luego como
1254. el Estado, no puede solucionar estas situaciones, los ganaderos
1255. o
1256. terratenientes recurren a grupos de paramilitares. Por último, el
1257. señor
1258. Ministro manifestó que cuando existe una persecución de un
1259. sindicalista por
1260. considerarlo guerrillero, el Estado trata de protegerlo, pero no
1261. puede evitar
1262. que a veces por una sospecha de que hay en el sindicato
1263. contactos con la
1264. guerrilla, se cometan asesinatos o actos de violencia.
1265. Interlocutores sociales
1266. Los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores
1267. (CUT), manifestaron
1268. en relación con la violencia, que deseaban resaltar el tema de la
1269. impunidad.
1270. Concretamente manifestaron que: 1) algunos actos de violencia
1271. se esclarecen
1272. pero no cuando en ellos están involucrados dirigentes
1273. sindicales; y 2) los
1274. aqueja el problema de la penalización de la lucha social, ya que
1275. toda acción
1276. social es considerada como una acción guerrillera. Según estos
1277. representantes,
1278. los grupos paramilitares son quienes más atacan a la CUT y
1279. estos grupos están
1280. dirigidos por el ejército, los narcotraficantes o los empleadores.
1281. Las
1282. regiones en las que más actos de violencia se cometen contra
1283. los dirigentes y
1284. afiliados a la CUT son Urabá, Sur del Cesar, Barrancabermeja,
1285. Sucre y Regiones
1286. del Magdalena, en donde se cometen actos de violencia por
1287. problemas de
1288. propiedad de tierras o por las acciones sociales que llevan a
1289. cabo los
1290. trabajadores. Indicaron que en el Valle, a partir de 1989 se
1291. intenta acabar
1292. con los sindicatos. El ejército los detiene y los acusa de ser
1293. guerrilleros y
1294. de haber cometido actividades subversivas. Se amenaza a
1295. dirigentes para que
1296. abandonen sus puestos de trabajo. En muchas ocasiones el
1297. ejército efectúa las
1298. amenazas.
1299. Según los representantes de la Confederación General de
1300. Trabajadores de
1301. Colombia (CGTD), los afiliados y dirigentes de la CUT son los
1302. que más han
1303. sufrido como consecuencia de los actos de violencia contra el
1304. movimiento
1305. sindical, y consideraron que ello se debe a su afiliación o
1306. simpatía política
1307. o simplemente al hecho de ejercer actividades sindicales.
1308. Según estos
1309. representantes, la violencia que afecta al movimiento sindical
1310. proviene sobre
1311. todo de dos sectores: la guerrilla o los grupos paramilitares.
1312. Indicaron que
1313. estos últimos son respaldados en las distintas regiones por los
1314. militares, o
1315. la policía o los empleadores.
1316. Los representantes de la Central de Trabajadores de Colombia
1317. (CTC)
1318. manifestaron que la violencia es generalizada, y que los
1319. sectores sociales y
1320. el movimiento sindical son víctimas del proceso de violencia,
1321. por haber
1322. ejercido una función de defensa del sector laboral. Indicaron
1323. que también los
1324. dirigentes y afiliados de la CTC han sido víctimas de la
1325. violencia, pero que
1326. no pueden determinar de qué sector provienen las agresiones
1327. como consecuencia
1328. de la impunidad que existe en el país. Manifestaron que en
1329. Urabá, hace unos 15
1330. años la CTC era la única central organizada pero como
1331. consecuencia de la
1332. violencia su presencia disminuyó considerablemente. Informaron
1333. que actualmente
1334. se continúa asesinando a dirigentes sindicales y sindicalistas, y
1335. que en
1336. particular en la región cafetera de Caldas hay pocos sindicatos
1337. por miedo a la
1338. violencia, ya que existe el temor a ser catalogado como
1339. guerrillero, si se
1340. realizan actividades sindicales.
1341. Según el representante de la Federación Nacional Sindical
1342. Unitaria
1343. Agropecuaria (FENSUAGRO) (una de las organizaciones que
1344. junto a SINTRAINAGRO
1345. más golpeadas por la violencia en Colombia), se reclama
1346. claridad por parte del
1347. Gobierno en materia de desarticulización de los grupos
1348. paramilitares.
1349. Considera que no hay voluntad política de desarticular los
1350. grupos
1351. paramilitares que operan en regiones como Urabá, Córdoba,
1352. Chocó, Meta o
1353. Magdalena Medio. El representante manifestó que se busca
1354. legalizar a los
1355. grupos paramilitares a través de las propuestas de cooperativas
1356. de seguridad.
1357. Indicó que en Urabá los grupos paramilitares están conformados
1358. por personal
1359. sin vínculo militar, pero que la capacitación de estos grupos la
1360. realiza el
1361. ejército. Por último, manifestó que la violencia está dirigida
1362. contra el
1363. movimiento sindical, que es necesario estar en la clandestinidad
1364. para
1365. constituir un sindicato y que se acusa a todas las
1366. organizaciones de derechos
1367. humanos de ser subversivos y no sólo a los sindicalistas. (El
1368. representante de
1369. la organización entregó a la misión una voluminosa
1370. documentación que relata
1371. los actos de violencia sufridos por los sindicalistas y trabajadores
1372. de
1373. distintas zonas del país, pero principalmente en la zona
1374. bananera de Urabá).
1375. Los representantes de la Asociación Nacional de Industriales
1376. (ANDI) indicaron
1377. que la violencia está presente en todos los sectores de la
1378. sociedad y que la
1379. solución de los conflictos normalmente se lleva a cabo por vías
1380. de hecho,
1381. porque el Estado no puede atender las necesidades de
1382. seguridad de la
1383. población. Manifestaron que la lentitud de los procedimientos
1384. judiciales
1385. provoca que la gente no espere a que las autoridades le den
1386. una solución, ni
1387. tolere la situación de violencia. Señalaron que la violencia
1388. proviene de
1389. movimientos subversivos de izquierda, que se transformaron
1390. posteriormente en
1391. narcotraficantes-guerrilleros, con una orientación alterada, y que
1392. a ellos se
1393. enfrentan las fuerzas paramilitares (también se refirieron a la
1394. existencia de
1395. bandas de delincuentes comunes organizados). Por último, en
1396. cuanto al impacto
1397. de la violencia en el sector empleador, manifestaron que
1398. aunque ellos cuentan
1399. con mayores medios para su protección personal, deben
1400. dedicar recursos muy
1401. elevados para defenderse. Los empresarios también son objeto
1402. de muchas
1403. amenazas y ataques pero indicaron que es muy difícil poder
1404. conocer de dónde
1405. provienen.
1406. 3. Informaciones obtenidas (véase en apéndice IV en relación
1407. con cada caso las
1408. observaciones comunicadas por el Gobierno a la misión)
1409. En cuanto a los alegatos sobre actos de violencia contra
1410. dirigentes sindicales
1411. y sindicalistas (casos núms. 1761 y 1787), la Fiscalía Nacional y
1412. la Unidad
1413. Nacional de Derechos Humanos suministraron numerosa
1414. documentación.
1415. Manifestaron que resulta extremadamente difícil obtener la
1416. información, dado
1417. que deben comunicarse en forma individual con todas las
1418. fiscalías nacionales a
1419. efectos de que informen sobre los casos denunciados.
1420. Señalaron que en muchas
1421. regiones del país los fiscales no pueden llevar a cabo
1422. investigaciones como
1423. consecuencia de los actos de violencia de que son objeto o por
1424. la situación de
1425. guerra que se vive entre el ejército nacional y la guerrilla. Cabe
1426. resaltar
1427. que las autoridades se comprometieron a continuar con las
1428. investigaciones, a
1429. efectos de poder suministrar al Comité de Libertad Sindical el
1430. máximo de
1431. informaciones.
1432. En cuanto a los alegatos sobre discriminación antisindical que
1433. habían quedado
1434. pendientes en el marco de los casos núms. 1787 y 1896, las
1435. autoridades del
1436. Ministerio de Trabajo facilitaron informaciones (véase apéndice
1437. IV).
1438. VI. Reflexiones y conclusiones finales
1439. Si bien es habitual que en los países de América del Sur existan
1440. formas de
1441. concertación de diferente tipo, el punto tiene mayor peso en la
1442. República de
1443. Colombia por las circunstancias especiales que atraviesa. La
1444. concertación
1445. social es un aporte que quizás no se haya puesto de relieve de
1446. manera
1447. suficiente. El acercamiento entre el capital y el trabajo mejoraría
1448. sensiblemente el clima de convivencia y significaría un aporte
1449. importante al
1450. establecimiento de una cultura de la paz sustituyendo a la
1451. cultura de la
1452. guerra. En ese plano parece lógico advertir la necesidad de
1453. resultados
1454. tangibles para no desacreditar este valioso instrumento, sobre
1455. todo teniendo
1456. en cuenta que en sus entrevistas con algunos interlocutores
1457. sociales, la
1458. misión pudo escuchar que algunas iniciativas para proyectar
1459. normas
1460. consensuadas insumieron muchos meses y resultaron
1461. infructuosas.
1462. Otro elemento institucional que parece necesario robustecer es
1463. la función
1464. judicial. Al igual que en otros países de América del Sur, es de
1465. gran
1466. relevancia el papel de una justicia autónoma, ágil y accesible
1467. como un
1468. instrumento en el cual la población no sólo confíe por su
1469. independencia sino
1470. también por su eficiencia y capacidad técnica. Si la población
1471. se muestra
1472. desencantada de la misma, puede presumirse que ello sea un
1473. incentivo adicional
1474. al recurso a medidas de acción violentas para solucionar
1475. conflictos incluso de
1476. naturaleza individual. En el campo laboral, no ha pasado
1477. inadvertido a la
1478. misión lo que según se nos informó es un escaso número de
1479. juzgados de trabajo,
1480. por lo menos en la ciudad de Bogotá. Allí, para más de siete
1481. millones de
1482. habitantes existen sólo 16 juzgados laborales de primera
1483. instancia.
1484. Como parte de las terapias necesarias es clara también la
1485. necesidad de quebrar
1486. la identificación entre sindicalismo por una parte y comunismo o
1487. extrema
1488. izquierda por otra, sobre todo en un contexto en que diferentes
1489. fuentes
1490. afirman la participación de grupos guerrilleros de izquierda en el
1491. narcotráfico aunque no es posible calificar a todo un grupo de
1492. narcotraficantes sino a determinados frentes o secciones del
1493. mismo (Nota 10).
1494. A pesar de la crisis de violencia y de la crisis política, la
1495. institucionalidad se mantiene. Es probable que se deba a un
1496. equilibrado
1497. sistema de pesos y contrapesos entre los distintos poderes del
1498. Estado. Si bien
1499. el Poder Ejecutivo cuenta con el respaldo de la mayoría
1500. parlamentaria, existen
1501. otros centros de poder, varios de ellos de índole jurisdiccional
1502. como la Corte
1503. Constitucional, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia,
1504. la
1505. Procuraduría General, etc., que conforman un entramado
1506. institucional
1507. recíprocamente independiente y que parece contribuir
1508. eficazmente a mantener la
1509. estabilidad política. En tal sentido puede afirmarse que se trata
1510. de un país
1511. con una legalidad democrática que no ha tenido gobiernos
1512. militares desde hace
1513. décadas - el último golpe de estado se produjo en 1953 -, lo
1514. cual constituye
1515. una excepción en el contexto de América Latina (Nota 11).
1516. Aun cuando pueda decirse que para ser una país en guerra
1517. Colombia es un país
1518. que vive en un ambiente democrático, también pudo decir el
1519. Fiscal de la Nación
1520. que la alentadora vigencia de un panorama democrático no
1521. oculta las
1522. debilidades de las instituciones democráticas y las dificultades
1523. existentes
1524. para su fortalecimiento. Agregó que "el ambiente institucional y
1525. normativo
1526. manifiesta deficiencias que limitan la eficacia de las instituciones
1527. estatales, restringen la participación ciudadana y deterioran la
1528. credibilidad
1529. de las instituciones democráticas. Por esa razón, en los últimos
1530. años se ha
1531. fortalecido el consenso en torno a la importancia de la
1532. gobernabilidad para
1533. impulsar una sólida práctica de desarrollo sostenido y equitativo.
1534. Un fenómeno
1535. recíproco y simultáneo ha sido el proceso de fortalecimiento de
1536. la sociedad
1537. civil en cuanto a su autonomía y en relación directa con una
1538. mayor
1539. responsabilidad y activismo tanto de las diferentes
1540. organizaciones sociales y
1541. políticas, como de los ciudadanos al actuar individual o
1542. asociativamente en
1543. los campos social, económico y político. El mayor desafío que
1544. enfrenta la
1545. opción democrática para quedarse para siempre como norma de
1546. conducta y acción
1547. de nuestros Estados, es lograr que el crecimiento económico
1548. vaya acompañado de
1549. equidad y que la práctica de la democracia sea un ejercicio
1550. pleno de la
1551. ciudadanía".
1552. Precisamente sobre el nexo entre bienestar económico y
1553. convivencia democrática
1554. el anterior Defensor del Pueblo señaló que "el crecimiento
1555. económico de la
1556. economía colombiana respecto de la mayoría de las economías
1557. latinoamericanas
1558. no se ha traducido en beneficios para su población; que la
1559. deuda social' del
1560. Estado colombiano con sus ciudadanos se ha incrementado;
1561. que se ha asistido a
1562. un deterioro de la situación de los derechos humanos, en tanto
1563. derechos
1564. económicos, sociales y culturales". Señala que la distribución
1565. del ingreso no
1566. es buena y que el crecimiento, además de no haber contribuido
1567. a mejorar la
1568. situación de pobreza, ha estado acompañado de una mayor
1569. concentración de la
1570. riqueza.
1571. En el discurso que pronunció al recibir el doctorado honoris
1572. causa de la
1573. Universidad de Boston el 2 de octubre de 1996, el Fiscal
1574. Valdivieso afirmó que
1575. "la relación entre justicia y desarrollo es una de las mayores
1576. urgencias del
1577. momento en nuestra América Latina. Así mismo, lo es el
1578. ejercicio cabal de la
1579. función judicial que ha demostrado una sensible utilidad en el
1580. afianzamiento
1581. de la causa democrática. El surgimiento de organizaciones
1582. criminales con
1583. recursos económicos ilimitados ha atacado
1584. desproporcionadamente un aparato
1585. estatal incapaz de contrarrestar la magnitud del problema. Si a
1586. ello se
1587. agregan las fórmulas caducas de respuesta a los problemas
1588. públicos,
1589. insuficientes modalidades de gestión estatal, errores en el
1590. diseño de las
1591. políticas públicas, desgaste de los ordenamientos legales y
1592. debilidad de los
1593. poderes judiciales, bastaría para dejarnos consumir por el
1594. escepticismo. Pero
1595. lo que es peor, la ausencia de una institucionalidad en el
1596. ejercicio de la
1597. función estatal, ha abierto la puerta a prácticas irregulares bajo
1598. el auspicio
1599. del crimen organizado, que han erosionado la credibilidad de la
1600. dirigencia
1601. política. Cómo nos lamentamos ahora los colombianos por no
1602. haber reaccionado
1603. con decisión ante las primeras señales del fenómeno. La
1604. tolerancia, la
1605. permisividad y un irresponsable desconocimiento del papel que
1606. nos correspondía
1607. cumplir para rechazarlo, causó esta tragedia que ahora estamos
1608. empezando a
1609. superar".
1610. De estas últimas palabras, cabe reiterar la importancia que debe
1611. atribuirse al
1612. correcto funcionamiento del sistema judicial. En diferentes
1613. entrevistas
1614. pudimos apreciar un consenso en que la solución pacífica de
1615. los conflictos, el
1616. diálogo entre personas con intereses encontrados, y en general
1617. lo que
1618. contribuya a construir una cultura de la paz, está basado
1619. también en el aporte
1620. de un sistema jurisdiccional ágil y eficiente que logre ser visto
1621. siempre como
1622. un camino confiable por los particulares enfrentados.
1623. De acuerdo a lo que subrayaron diversas autoridades estatales,
1624. es evidente la
1625. urgencia de encontrar formas civilizadas de administrar el
1626. conflicto, y
1627. funcionalizarlo al servicio del interés general. Si no es posible
1628. superarlo
1629. por lo menos será factible generar condiciones para prevenirlo y
1630. evitar que
1631. desemboque en situaciones de hecho que se transforman en
1632. formidables
1633. obstáculos para una convivencia pacífica en las condiciones
1634. actuales de
1635. Colombia. "El diálogo es ante todo una pedagogía permanente
1636. que no sólo
1637. contribuye a superar el conflicto, sino también, contribuye a una
1638. mejor
1639. gestión de la empresa y de la sociedad en su conjunto (Nota
1640. 12)."
1641. Al término de este informe deseo agradecer especialmente la
1642. ayuda que me
1643. prestó en la misión el Sr. Horacio Guido quien la preparó y
1644. conoce además en
1645. forma exhaustiva el expediente de los casos colombianos en el
1646. Comité de
1647. Libertad Sindical así como las cuestiones legislativas
1648. planteadas. De la misma
1649. manera debo agradecer la presencia del Sr. Luis Zamudio que
1650. me resultó
1651. invalorable para poder situarme en el país y llevar a cabo mejor
1652. las diversas
1653. entrevistas.
1654. Asimismo deseo poner de relieve el altísimo nivel de
1655. colaboración prestado por
1656. las autoridades entrevistadas y por los interlocutores sociales, y
1657. agradecer
1658. todas las facilidades recibidas.
1659. Es indudable el interés y la voluntad del Ministro de Trabajo y
1660. Seguridad
1661. Social de resolver todos los problemas planteados por la
1662. Comisión de Expertos
1663. en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en el marco
1664. de la aplicación de
1665. los Convenios núms. 87 y 98. Concretamente debe destacarse
1666. que con motivo de
1667. la misión (antes, durante o inmediatamente después) han
1668. surgido dos
1669. importantes proyectos de ley (uno de ellos sobre negociación
1670. colectiva en el
1671. sector público ha sido ya presentado al Congreso de la
1672. República) con un
1673. compromiso de discusión en profundidad en el Congreso, que
1674. en caso de ser
1675. adoptados tal cuales superarían los problemas planteados por la
1676. Comisión de
1677. Expertos, salvo los relativos a la huelga en los servicios
1678. esenciales que son
1679. tratados en un borrador de proyecto de ley que es objeto
1680. actualmente de
1681. discusiones y consultas.
1682. Por otra parte, el deseo de promover los derechos sindicales ha
1683. llevado a que
1684. las autoridades del Ministerio sometieran al Congreso de la
1685. República, durante
1686. la misión, proyectos de ley para la ratificación de los Convenios
1687. núms. 144 y
1688. 151, así como al compromiso de sumisión al Congreso del
1689. proyecto de ley
1690. relativo a la ratificación del Convenio núm. 135.
1691. En lo que respecta a los casos en instancia ante el Comité de
1692. Libertad
1693. Sindical, suscita gran preocupación el clima de violencia que
1694. existe en el
1695. país, que afecta a todos los sectores, pero que tiene graves
1696. repercusiones en
1697. los dirigentes sindicales y sindicalistas. Las causas de este
1698. fenómeno de
1699. violencia, que alcanza también a empresarios, funcionarios del
1700. poder judicial,
1701. periodistas, políticos y ciudadanos en general, son
1702. extremadamente complejas,
1703. y aunque el Gobierno y el Congreso han tomado y siguen
1704. tomando medidas para
1705. paliar la violencia (programas de protección de testigos y
1706. amenazados de la
1707. Fiscalía Nacional o la creación de la Unidad Nacional de
1708. Derechos Humanos,
1709. etc.), el número de víctimas es extraordinariamente elevado y
1710. los procesos
1711. judiciales para esclarecer los hechos se caracterizan por un
1712. elevadísimo
1713. índice de impunidad. Asimismo, llama la atención también el
1714. desarrollo que
1715. tienen actualmente los grupos paramilitares o de autodefensa en
1716. muchos
1717. sectores del país, cuyos actos de violencia se suman a los del
1718. narcotráfico,
1719. la guerrilla, la delincuencia común y, desde el punto de vista
1720. institucional,
1721. a los de representantes de las fuerzas de seguridad.
1722. Las autoridades y los interlocutores sociales son conscientes de
1723. estos graves
1724. problemas, pero es evidente que el problema de la violencia,
1725. además de nuevas
1726. medidas y recursos económicos, sólo puede ser abordado de
1727. manera eficaz en un
1728. contexto más amplio: el de la consecución de la paz social, la
1729. cual sólo puede
1730. basarse en la justicia social y la progresiva eliminación de las
1731. condiciones
1732. sociales que entrañan injusticia, miseria y privaciones. Las ideas
1733. expresadas
1734. en la Constitución de la OIT de 1919 siguen teniendo plena
1735. vigencia.
1736. Noviembre de 1996. Santiago Pérez del Castillo
1737. Apéndice I
1738. Lista de personas entrevistadas
1739. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
1740. Sr. Orlando Obregón Sabogal, Ministro de Trabajo y Seguridad
1741. Social
1742. Sr. Angelino Garzón, Asesor del Ministro de Trabajo y Seguridad
1743. Social
1744. Sr. Orlando Rodríguez, Director Técnico del Trabajo
1745. Sr. Gabriel Mesa Cárdenas, Jefe de la Oficina de Asuntos
1746. Internacionales
1747. Sr. Jorge Quiroz Aleman, Jefe de la Oficina Jurídica
1748. Sr. Rafael Angel Celis, Director Regional/Cundinamarca
1749. Sr. Oscar Moreno López, Jefe de la División de
1750. Trabajo/Cundinamarca
1751. Sra. María Teresa Lozada, asistenta del Jefe de la Oficina de
1752. Asuntos
1753. Internacionales
1754. Fiscalía General de la Nación
1755. Sr. Alfonso Valdivieso, Fiscal General de la Nación
1756. Sr. Gonzalo Gómez, asesor de la Oficina de Asuntos
1757. Internacionales
1758. Unidad Nacional de Derechos Humanos
1759. La misión fue recibida por un Fiscal Regional ("denominados sin
1760. rostro") cuyo
1761. nombre no puede dar a conocer en virtud de las tareas que
1762. lleva a cabo (dar
1763. conocer su nombre podría significar represalias para el mismo).
1764. Ministerio de Relaciones Exteriores
1765. Sra. Gloria Elsa León, Oficina de Derechos Humanos
1766. Sr. Germán Grisales, Area Temática
1767. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
1768. Sr. Gustavo Fernández, Asesor del Area de casos
1769. Corte Constitucional
1770. Sr. Carlos Gaviria Díaz, Presidente
1771. Sr. Alejandro Martínez Caballero, Vicepresidente
1772. Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral
1773. Sres. Iván Palacio, Escobar Enríquez, Méndez y Vásquez
1774. Valdez
1775. Defensoría del Pueblo
1776. Sr. José Fernando Castro, Defensor del Pueblo
1777. Ministerio de Justicia y del Derecho
1778. Sr. Carlos Medellín Becerra, Ministro de Justicia y del Derecho
1779. Sra. Sandra Alzate, Directora General de Asuntos
1780. Internacionales
1781. Sra. Alicia María Londoño, Asesora de la Oficina de Apoyo
1782. Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y
1783. Sociales
1784. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
1785. Sr. Carlos del Castillo, Representante Residente
1786. Organizaciones de Trabajadores
1787. Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
1788. Sr. Luis Garzón, Secretario General
1789. Sra. Bertina Calderón, Vicepresidente
1790. Sr. Héctor José López, Fiscal
1791. Sr. William Arlez Escobar, Presidente de SINTRASIDELPA
1792. Sra. Castro, Fiscal de la Federación Nacional de Trabajadores al
1793. Servicio del
1794. Estado (FENALTRASE)
1795. Confederación General de Trabajadores Democráticos de
1796. Colombia (CGTD)
1797. Sr. Mario Valderrama, Presidente
1798. Sr. Carlos Bedoya Tavarez, Vicepresidente
1799. Sr. Julio Roberto Gómez Esguerra, Secretario General
1800. Sr. José Trujillo, Asuntos Políticos
1801. Sr. Mario Fernández, Secretario General Adjunto
1802. Sr. Bautista, Fiscal
1803. Sr. Nelson Caballero Herrera, Secretario de Asuntos relativos al
1804. Seguro Social
1805. y Cajas de Compensación Familiar
1806. Central de Trabajadores de Colombia (CTC)
1807. Sr. Apecides Alviz, Presidente
1808. Sr. Miguel Morantes, Secretario General
1809. Sra. Luz Mary González, Secretaria de la Mujer
1810. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
1811. (FENSUAGRO)
1812. Sr. Víctor Julio Garzón, Secretario General
1813. Federación Nacional Unitaria de Trabajadores Empleados y
1814. Profesionales al
1815. Servicio del Estado y de los Servicios Públicos (FUTEC)
1816. Sr. Ricardo Díaz, Presidente
1817. Sr. Fernando Dávila Villamizar, Fiscal Nacional
1818. Organizaciones de empleadores
1819. Asociación Nacional de Industriales (ANDI)
1820. Sr. Alberto Echevarría Saldarriaga, Vicepresidente de Asuntos
1821. Jurídicos y
1822. Sociales
1823. Sra. Carmen Ramírez Vanegas, Jefa de Area de Derecho
1824. Laboral
1825. Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)
1826. Sra. Jimena Peñafort, dirigente y asesora jurídica
1827. Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias
1828. (ACOPI)
1829. Sr. José Miguel Carrillo Méndez, Vicepresidente Nacional.
1830. (Los apéndices II, III y IV no se reproducen)