Interim Report - Report No 330, March 2003

1. 468. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de noviembre de 2002 [véase 329.º informe, párrafos 357 a 384]. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) envió nuevos alegatos por comunicación de fecha 8 de octubre de 2002, la Federación Sindical Mundial, por comunicaciones de fechas 3 y 9 de septiembre, 18, 27 y 28 de noviembre de 2002, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Subdirectiva Antioquia (CUT) por comunicación de fecha 15 de noviembre de 2002. En una comunicación reciente de fecha 3 de febrero de 2003, la CIOSL presentó nuevos alegatos. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de fecha 15 de enero de 2003.
2. 469. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

1. 470. En su reunión de noviembre de 2002, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre los alegatos que quedaron pendientes y que se refieren principalmente a actos de violencia contra sindicalistas y actos de discriminación antisindical [véase 329.º informe, párrafo 384]:
   • a) al tiempo que toma nota de que la violencia afecta a todos los sectores de la población, el Comité expresa una vez más, su profunda preocupación por la situación de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y reitera que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la persona;
   • b) el Comité urge una vez más al Gobierno a que realice todo lo que le incumbe para lograr resultados comprobables en el desmantelamiento de los grupos paramilitares y otros grupos violentos revolucionarios;
   • c) el Comité debe pedir al Gobierno que tome medidas de inmediato para que las investigaciones cubran la totalidad de los hechos violentos alegados y que las mismas avancen de forma significativa con el fin de sancionar efectivamente a los responsables y le urge a que continúe enviando sus observaciones sobre los avances en las investigaciones ya iniciadas (anexo II) y a que tome medidas para que sin demora se inicien las investigaciones correspondientes a los demás asesinatos, secuestros, desapariciones, atentados y amenazas mencionados en el anexo I, así como los mencionados en la sección «nuevos alegatos» del presente informe. El Comité pide también al Gobierno que indique por qué el 23 de marzo de 2001 se suspendió en la Fiscalía General la investigación relativa al asesinato del sindicalista Leonardo Betancourt Méndez;
   • d) el Comité debe urgir una vez más tanto a las organizaciones querellantes como al Gobierno a que sin demora envíen la información necesaria para esclarecer las discrepancias existentes en cuanto a la calidad de dirigente sindical o sindicalista de algunas de las víctimas;
   • e) el Comité deplora que a pesar de las numerosas solicitudes del Comité el Gobierno no haya informado hasta ahora de efectivas condenaciones a los responsables de asesinatos de sindicalistas. El Comité pide una vez más al Gobierno y con el mismo énfasis con que lo hiciera en su examen anterior del caso que tome las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad y para sancionar a todos los responsables de los innumerables actos de violencia;
   • f) el Comité pide al Gobierno que continúe realizando una evaluación no restrictiva del riesgo que corren los sindicalistas amenazados de manera que la protección se haga extensiva a todos aquellos que se encuentran en situación de riesgo, con el fin de evitar los asesinatos y desapariciones y que continúe disponiendo de las medidas de protección adecuadas. El Comité pide al Gobierno que envíe toda la información al respecto;
   • g) el Comité pide una vez más al Gobierno que envíe el listado consolidado de víctimas correspondiente al período 1991-2000 elaborado por la Subcomisión de Unificación al que se refiriera en su último examen del caso;
   • h) el Comité recuerda una vez más al Gobierno [véanse 327.° informe, párrafo 344, g), y 328.° informe, párrafo 124, h)] que sería conveniente tratar específicamente aquellas situaciones en las que la violencia se dirige con mayor intensidad hacia miembros de ciertas organizaciones, por ejemplo en el sector de la educación, la industria del petróleo, los servicios de salud, así como en las administraciones municipales y departamentales [en particular en los departamentos del Valle del Cauca y Antioquia y la Municipalidad de Barrancabermeja, especialmente en la Empresa de Petróleo de Colombia y en la Empresa de Gas de Barrancabermeja]. El Comité recuerda a los querellantes y al Gobierno que pueden recurrir a la asistencia técnica de la Oficina para dicha evaluación;
   • i) en lo que respecta a los alegatos sobre amenazas y detenciones de numerosos dirigentes sindicales por haber participado en la movilización y paro de 16 de septiembre, el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto, y
   • j) el Comité recomienda al Consejo de Administración que considere la posibilidad de transmitir las cuestiones relativas a Colombia que están en instancia ante el Comité de Libertad Sindical a la Comisión de Investigación y Conciliación a fin de apoyar los esfuerzos presentes de la OIT por clarificar la presente situación y prestar ayuda al respecto, así como para considerar la evolución de estas cuestiones en cooperación con el Gobierno y con las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

B. Nuevos alegatos

1. 471. Las organizaciones querellantes alegan los siguientes actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas:
   • Asesinatos
2. 1) Jorge Alberto Alvarez, miembro del SUTIMAC el 6 de agosto de 2001 en las afueras de Santa Bárbara;
3. 2) Adolfo de Jesús Munera López, Vicepresidente de la Subdirectiva CUT, Atlántico y miembro de SINALTRAINAL, el 31 de agosto de 2002 en Barranquilla, departamento de Atlántico;
4. 3) Oswaldo Moreno Ibagüe, líder del Comité Cívico de los Derechos Humanos del Meta y Presidente de la Junta de Acción Comunal en Villavicencio, el 3 de septiembre de 2002;
5. 4) César Gómez, presidente de la Subdirectiva Pamplona del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL); el 5 de septiembre de 2002 en el Municipio de Pamplona, departamento del Norte de Santander;
6. 5) Oscar de Jesús Payares, miembro de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA-FECODE-CUT), el 6 de septiembre de 2002 en Barranquilla, departamento del Atlántico;
7. 6) Alfonso Morelly Zárate, afiliado a la seccional Magdalena de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU-CUT), el 7 de septiembre de 2002 en Marta, departamento del Magdalena;
8. 7) Gema Lucía Jaramillo, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA-FECODE-CUT), el 9 de septiembre de 2002 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, departamento de Antioquia;
9. 8) Miguel Lora Gómez, miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), el 9 de septiembre de 2002;
10. 9) José Fernando Mena Alvarez, afiliado al sindicato de educadores del Magdalena (EDUMAG-FECODE-CUT), el 10 de octubre de 2002 en el municipio de Palermo, departamento del Magdalena;
11. 10) Oscar David Polo Charry, afiliado al Sindicato de Trabajadores del Magdalena (EDUMAG-FECODE-CUT) el 28 de octubre de 2002 en el municipio de Pivijay, departamento del Magdalena;
12. 11) Jairo Vera, afiliado al sindicato del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (SINTRADIN-CUT) el 23 de noviembre de 2002 en Bucaramanga, departamento de Santander del Sur.
    • Actos de violencia
    • Varios trabajadores del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), fueron agredidos durante el desarrollo de la Asamblea Permanente, por la fuerza pública el 1.º de octubre de 2002.
    • Secuestros y desapariciones
13. 1) Víctor Manuel Jiménez Frutos, Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del departamento del Atlántico (SINTRAGRICOLAS-FENSUAGRO-CUT), desapareció el 22 de octubre de 2002 en el municipio de Ponedera, departamento del Atlántico;
14. 2) Ramón Alzate, Javier Agudelo, Jhon Jairo Sánchez y Rafael Montoya, afiliados a SUTIMAC fueron secuestrados el 6 de abril de 2001 y el 11 de abril fueron liberados.
    • Atentados
    • Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), el 3 de septiembre de 2002 explotó una bomba de alto poder que causó daños materiales en el lugar donde normalmente se realizan las asambleas de los trabajadores.
    • Amenazas
15. 1) Contra los dirigentes sindicales del Sindicato de Trabajadores de las empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI) Alexander López Maya, Luis Hernández y los demás miembros de la Junta Directiva recibieron una comunicación de grupos paramilitares;
16. 2) Gerardo González Muñoz, integrante de FENSUAGRO-CUT;
17. 3) Domingo Rafael Tovar Arrieta, Director de Organización de la CUT;
18. 4) Trabajadores y sindicalistas de la Empresa de Energía de Arauca, por parte de paramilitares;
19. 5) En Arauca, activistas de la Asociación de Educadores (ASEDAR), y de la Asociación Nacional de Trabajadores de los Hospitales y Clínicas (ANTHOC);
20. 6) Henry Ocampo, presidente de la Federación de Trabajadores de Caldas (FEDECALDAS), por parte de los paramilitares;
21. 7) Saúl Suárez Donado, activista de la Unión Sindical Obrera, por parte de los paramilitares, cuando denunció este hecho ante la Fiscalía General de la Nación en la Unidad de Derechos Humanos el 19 de septiembre de 2002, fue detenido bajo la acusación de rebelión;
22. 9) La seccional Cartagena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, el 19 de septiembre de 2002;
23. 10) Eduardo Camacho Rugeles, secretario de salud y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Ever Tique Giron, Secretario de Educación e integrante de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRA-UNICOL-CUT) y Pedro Edgar Galeano Olaya, secretario de asuntos cooperativos, por los paramilitares del Bloque Tolima en el departamento del Tolima el 16 de octubre de 2002;
24. 11) Carlos Dimate, Antonio Guerrero, Demetrio Guerrero, Marcos Moreno, Diógenes Correa directivos del Sindicato de Pequeños Agricultores del departamento de Cundinamarca (SINTRAGRICUN) y a Gerardo González fiscal de la Federación Nacional Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO-CUT);
25. 12) Gustavo Guamanga, presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores del departamento del Cauca (SINPEAGRIP), en octubre de 2002, en la ciudad de Popayán;
26. 13) Efraín Holguín, Fernando Trujillo Lozada, y José Eduardo Villa Garzón, directivos del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (SINTRACUEDUCTO-CUT) en octubre de 2002;
27. 14) Nicolás Acevedo Cuartas, presidente de la seccional de Apartadó de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB- CUT) el 29 de octubre en la ciudad de Bogotá;
28. 15) William Mendoza, presidente de SINALTRAINAL, el 9 de octubre de 2002;
29. 16) A la Junta Directiva de SUTIMAC – Seccional Santa Bárbara, en diversas ocasiones entre abril y mayo de 2001.
    • Detenciones y hostigamientos
    • Mario de Jesús Castañeda, presidente de la Subdirectiva CUT-HUILA, el 28 de octubre de 2002 por repartir propaganda alusiva al paro nacional convocado por la CUT.
30. 472. En su reciente comunicación de fecha 3 de febrero de 2003, la CIOSL alega: 1) amenazas al presidente del Sindicato de Trabajadores de Coca Cola,William Mendoza y a su familia; 2) asalto el 20 de diciembre de 2003 al Sr. Nicolás Hernández Cabrera secretario general de FENSUAGRO; 3) el asesinato de José Marcelino Díaz González, presidente del Colegio de Rectores y Directores (COLDIG), afiliado a la asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR-FECODE), el 13 de enero de 2003 y de Abelardo Barbosa Paéz, afiliado a FENSUAGRO el 21 de enero de 2003 en Santander; 4) la detención del Sr. Hernando Hernández, secretario de asuntos internacionales de la USU y ex vicepresidente de la CUT, de Nubia Esther González dirigente del Sindicato de Pequeños y Medianos Agricultores de Suere (SINDAGRICULTORES) y de Policarpo Camacho y Gloria Holguin, directivos del Sindicato Agrícola del municipio de Calarcá; 5) el retiro de protección al Sr. Guillermo Rivera Plata, vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), y 6) el incumplimiento del acuerdo de 29 de enero de 2002 celebrado entre el Gobierno, los trabajadores de las Empresas Municipales de Cali y la comunidad caleña por medio del cual se dispuso la no privatización de la empresa.

C. Respuesta del Gobierno

1. 473. En su comunicación de 15 de enero de 2003, el Gobierno manifiesta que «En cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno nacional en cabeza del señor Vicepresidente de la República en el curso de la 285.ª reunión del Consejo de Administración, celebrada en noviembre de 2002, por primera vez el Gobierno ha realizado un esfuerzo interinstitucional notable para acopiar y procesar la información respectiva y presentar, como se hace en esta ocasión, una respuesta lo más completa posible. Es por ello que en primer lugar, se citan las fuentes que aportaron la información a que se refiere la respuesta del Gobierno. En segundo lugar, se suministran unas breves explicaciones relativas a la estructura y etapas de las investigaciones que, según nuestra legislación vigente, deben suministrarse para clarificar los hechos denunciados. El Gobierno aspira que ello permita, tanto al Servicio de Libertad Sindical, como al Comité de Libertad Sindical y al mismo Consejo de Administración, disponer de mayores elementos de juicio para adoptar recomendaciones sobre el particular y comprender con mayor comprensión la situación relativa a Colombia. En tercer lugar, se suministran algunas estadísticas relacionadas con la situación de las diversas denuncias en instancia ante el Comité de Libertad Sindical. De este modo aspiramos poder aportar elementos de juicio que permitan identificar con mayor precisión el accionar de la Fiscalía General de la Nación y del Estado colombiano en general».
2. 474. Esta respuesta ha sido elaborada de conformidad con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional y, de acuerdo con el trabajo de verificación y depuración hecho por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De acuerdo con la exigencia del Comité con relación a la verificación sobre el carácter de líder o dirigente sindical de la persona, el Gobierno cumple rigurosamente con este requisito al final de cada una de las respuestas, indicando si tiene o no esa calidad.
3. 475. Adicionalmente, se gestiona la búsqueda de la información que no fue posible recaudar con las fuentes ya mencionadas, en las empresas y en las organizaciones sindicales, con el fin de verificar y/o aclarar datos dudosos o sin información suficiente para emitir una respuesta oficial.
4. 476. El Gobierno señala, que en el 329.º informe, se repiten las denuncias por una misma persona, lo cual induce a confusión y contribuye de manera negativa respecto de la percepción que existe sobre el problema de violencia e impunidad en Colombia. El Gobierno solicita se revise esta situación y se depure la información. A continuación se citan tales casos: Carlos Arturo Alarcón, Daniel Orlando Gutiérrez y Sigilfredo Grueso.
5. 477. El Gobierno hace una breve enunciación sobre la estructura de la etapa investigativa del Proceso Penal (sus diligencias y sub-etapas) que debe adelantarse en Colombia, para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Aspiramos que estas precisiones contribuyan a clarificar el estado actual de dichas investigaciones. La investigación consta de dos grandes etapas: la investigación previa o diligencias preliminares y la instrucción. Según el artículo 319 del Código de Procedimiento Penal: «en caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad la de determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal. Pretenderá adelantar las medidas necesarias tendientes a determinar si ha tenido ocurrencia el hecho que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades; si está descrito en la ley penal como punible; la procedibilidad de la acción penal y practicar y recaudar la pruebas indispensables con relación a la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho». Vencido el término de la investigación previa se dictará resolución de apertura de investigación o resolución inhibitoria. Así, «el funcionario que ha dirigido o realizado la investigación previa, si fuere competente será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya dispuesto su desplazamiento» (artículo 329 del Código de Procedimiento Penal).
   • Informaciones sobre el listado que figura en la sección «nuevos alegatos» del 329.º informe del Comité
   • de Libertad Sindical
   • Asesinatos
6. 1) Carmenza Pungo, afiliada a ANTHOC, el 2 de septiembre de 2001, a orillas del río Piedra; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por este hecho está siendo adelantada por la unidad de apoyo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en Cali, con el radicado núm. 464282, la investigación se encuentra en estado de instrucción, y se ordenó la captura de una persona;
7. 2) Sandra Liliana Quintero, afiliada a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades dedicadas a procurar la Salud de la Comunidad ANTHOC-CUT, el 16 de marzo de 2002, en el departamento de Cundinamarca; de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, la investigación por el homicidio es instruida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Neiva, bajo el número de radicado 1386. Actualmente la investigación se encuentra activa (etapa de instrucción) y en ella hay una persona vinculada y está pendiente por resolvérsele su situación jurídica;
8. 3) Gustavo Oyuela Rodríguez, afiliado al Sindicato de Magisterio de Nariño SIMANA FECODE, el 19 de marzo de 2002, en el departamento de Nariño; de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, fue asesinado en el municipio de Ortega, departamento del Tolima y las diligencias previas de la investigación son adelantadas por la Fiscalía 47 Seccional del Guamo, Dirección Seccional de Fiscalías en Ibagué, bajo el número de radicado 3740. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas. La Fiscalía informó además que: «Consultada la afiliación del nombrado con las oficinas del magisterio de Nariño y SIMANA, no es docente y por ende no es afiliado a SIMANA; además, realizadas las pertinentes consultas no existe investigación en ningún despacho judicial de Nariño»;
9. 4) Efraín Urrea Marín, afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y entidades dedicadas a procurar la salud de la comunidad ANTHOC-CUT, el 21 de marzo de 2002, en el municipio de San Carlos, departamento de Antioquia; de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, la autoridad a cargo de la investigación es la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, la investigación se encuentra en etapa previa, bajo el radicado núm. 1295. La Fiscalía comunica que el Sr. Urrea Marín no tenía ninguna calidad de sindicalista;
10. 5) María Nubia Castro, afiliada a ANTHOC-CUT, el 21 de marzo de 2002, en el municipio de San Carlos, departamento de Antioquia; de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, las diligencias previas de la investigación por el homicidio, son adelantadas por la Fiscalía 19 Especializada, D.S.F. de Antioquia, con el radicado núm. 549773;
11. 6) Eddy Socorro Leal Barrera, afiliado a la Asociación de Institutores del Norte de Santander, ASINORTH, el 31 de marzo de 2002, en el municipio de Salazar; la fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas radicadas bajo el núm. 44160, son adelantadas por la Fiscalía 4 Unidad de Vida D.S.F., de Cúcuta;
12. 7) Nelsy Gabriela Cuesta Córdoba, secuestrada el 4 de abril de 2002, en el municipio de Yondo; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas de la investigación son adelantadas por la Fiscalía 23 Especializada en Terrorismo de Medellín, bajo el radicado núm. 579-031. Actualmente la investigación se encuentra activa. Aún está por establecerse la vinculación sindical de la Sra. Cuesta Córdoba a una organización sindical;
13. 8) Heliodoro Sierra, afiliado al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Quindío, SUTEQ, el 7 de abril de 2002, en el departamento del Quindío; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas radicadas bajo el núm. 44967, son adelantadas por la Fiscalía 2 Seccional de Vida, D.S.F., de Armenia;
14. 9) Freddy Armando Girón Burbano, activista de la Asociación de Institutores del Cauca (ASOINCA-CUT), el 7 de abril de 2002 en momentos en que se desplazaba en transporte público en el municipio de El Patía. El Ministerio de Defensa en su comunicación MDD-HH-725 del 31 de octubre del 2002, informa que la investigación es adelantada por la Fiscalía Seccional 2 del Bordo, Cauca y se encuentra en práctica de pruebas, bajo el radicado núm. 56590;
15. 10) Diofanol Sierra Vargas, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINTRAINAL-CUT), el 8 de abril de 2002, en Barrancabermeja, departamento de Santander; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la investigación por el homicidio se encuentra en etapa de instrucción y es adelantada por la unidad de apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Bucaramanga, bajo el radicado núm. 13177. Actualmente se encuentran dos (2) personas vinculadas;
16. 11) Jhon Jairo Durán, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL JUDICIAL-CUT, el 13 de abril de 2002, en el municipio de Sonsón por guerrilleros; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, las diligencias previas de la investigación por el homicidio son adelantadas por la unidad de apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Medellín, bajo el radicado núm. 073;
17. 12) Tito Libio Hernández Ordóñez, presidente de la subdirectiva Pasto del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), el 17 de abril de 2002, en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, en la actualidad la investigación se adelanta por la Fiscalía Cuarta Seccional, radicada con el núm. IP51227 y se encuentra actualmente en práctica de pruebas;
18. 13) Javier de Jesús Restrepo, afiliado a ASONAL JUDICIAL-CUT, el 17 de abril de 2002, en el municipio de Puerto Rico, departamento de Florencia; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, en la actualidad las diligencias previas de la investigación son adelantadas por la Unidad de Derechos Humanos y DIH en Neiva, bajo el radicado núm. 1208 y se encuentra actualmente en práctica de pruebas. La Fiscalía General de la Nación confirma que el Sr. Javier de Jesús Restrepo no estaba afiliado a ASONAL-JUDICIAL;
19. 14) Said Ballona Gutiérrez, afiliado a la Asociación Sindical de Institutores del Norte de Santander, ASINORTH, el 18 de abril de 2002, en el municipio de Tarra, departamento del norte de Santander; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas por el delito de homicidio son adelantadas por la Fiscalía 3 Especializada, Dirección Seccional de Fiscalías en Cúcuta, radicadas con el núm. 46079. El Sr. Ballona Gutiérrez era trabajador de base de ASINORT;
20. 15) Jhon Fredy Marín, presidente de la Seccional Curillo de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas y Consultorios y entidades dedicadas a procurar la salud de la comunidad, ANTHOC, el 18 de abril de 2002, en el municipio de Curillo, departamento de Arauca; en virtud de la información enviada por la Fiscalía General de la Nación la autoridad a cargo de la investigación es el Fiscal 13 Belén de los Andaquíes, Dirección Seccional de Florencia, bajo el radicado núm. 24380 y se encuentra en etapa de sumario;
21. 16) Agustín Colmenares, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002; en respuesta al oficio DH.214 de 16 de junio de 2002, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía General de la Nación informa que la investigación se encuentra en etapa preliminar, práctica de pruebas, presuntos autores: las FARC;
22. 17) Alberto de Jesús Martínez Estrada, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002; en respuesta al oficio DH.214 de 16 de junio de 2002, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía General de la Nación informa que la investigación se encuentra en etapa preliminar, práctica de pruebas;
23. 18) Juan Sepúlveda, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002; en respuesta al oficio DH.214 de 16 de junio de 2002, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía General de la Nación informa que la investigación se encuentra en etapa preliminar, práctica de pruebas;
24. 19) Albeiro Ledesma; dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002; en respuesta al oficio DH.214 de 16 de junio de 2002, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía General de la Nación informa que la investigación se encuentra en etapa preliminar, práctica de pruebas;
25. 20) José Hurtado, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002; en respuesta al oficio DH.214 de 16 de junio de 2002, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía General de la Nación informa que la investigación se encuentra en etapa preliminar, práctica de pruebas;
26. 21) Enrique Suárez, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002; en respuesta al oficio DH.214 de 16 de junio de 2002, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía General de la Nación informa que la investigación se encuentra en etapa preliminar, práctica de pruebas;
27. 22) Luis Enrique Guisa, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en el departamento de Antioquia, el 26 de abril de 2002; en respuesta al oficio DH.214 de 16 de junio de 2002, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Fiscalía General de la Nación informa que la investigación se encuentra en etapa preliminar, práctica de pruebas;
28. 23) Aicardo Eliécer Ruiz, presidente del Sindicato de Trabajadores del municipio de Bello, el 3 de mayo de 2002; la fiscalía informa que la investigación se encuentra en etapa preliminar, adelantada por el Fiscal Seccional de Bello, Medellín. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la última actuación adelantada en la investigación fue la práctica de pruebas;
29. 24) Edilberto Arango Isaza, afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y entidades dedicadas a procurar la salud de la comunidad, ANTHOC-CUT, el 3 de mayo de 2002, en el departamento de Antioquia; de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía 19 Especializada de Terrorismo, Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, adelanta las diligencias previas radicadas bajo el núm. 402-473, por el delito de homicidio;
30. 25) Froilán Hilario Peláez Zapata, miembro del comité ejecutivo de la CUT, el 6 de mayo de 2002, en el departamento de Antioquia; la Fiscalía en su informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, informa que la investigación es adelantada por la subunidad investigativa de sindicalistas, Fiscalía 16 Especializada en Medellín con el radicado núm. 562612, la cual se encuentra actualmente en práctica de pruebas. En dicho informe se especifica que el Sr. Peláez Zapata era educador de ADIDA?FUTRAN-CUT, subdirectiva Antioquia;
31. 26) Jairo Ramos, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL-CUT), el 1.º de junio de 2001 en el municipio de Túquerres del departamento de Nariño; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la autoridad que adelanta la investigación de este hecho es la Fiscalía 33 Seccional en Túquerres-Pasto, bajo el radicado núm. 1119, en instrucción;
32. 27) Adalberto Tukamoto Palomino, activista de SINTRAELECOL-CUT, el 1.º de junio de 2002, en el departamento del Meta; según el Informe General de Investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre Violaciones a Derechos Humanos de Sindicalistas la autoridad que adelanta la investigación de este hecho es la Fiscalía 18 Seccional de Villavicencio, bajo el radicado núm. 71358, en etapa preliminar. El 1.º de junio de 2002 se ordena indagación preliminar;
33. 28) Isaías Gómez Jaramillo, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA-CUT, el 1.º de junio de 2002, en el departamento del Meta; según el «informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas» la autoridad que adelanta la investigación es el Fiscal 89, Seccional Unidad 1 de Vida de Medellín, la misma se encuentra radicada con el núm. 586755 y actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
34. 29) Hernán de Jesús Ortiz, miembro de la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y dirigente de la Federación de Educadores de Colombia (FECODE), el 4 de junio de 2002; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la autoridad que adelanta la investigación es el Fiscal 3 delegado ante el Tribunal Superior de Manizales y se encuentra radicada con el núm. 62144140;
35. 30) Eduardo Vásquez Jiménez, afiliado a ADIDA-CUT, el 4 de junio de 2002, en el departamento del Magdalena; la Fiscalía informa que: La investigación, es adelantada por la Fiscalía Segunda Especializada de Santa Marta, bajo el radicado núm. 31186 y actualmente se encuentra en práctica de pruebas, habiéndose recibido declaración de una persona el 2 de septiembre del 2002;
36. 31) Jhon Jairo Alvarez Cardona, miembro de la Junta Directiva Nacional de SINTRATEXTIL-CUT, el 5 de junio de 2002, en el municipio de Rionegro; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la autoridad que adelanta la investigación del homicidio es el Fiscal 71 Seccional de Rionegro, bajo el radicado núm. 5845 y la misma se encuentra actualmente en práctica de pruebas;
37. 32) César Blanco, dirigente de la USO Seccional Bucaramanga, el 17 de junio de 2002, en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander; el 28 de agosto de 1995 tuvo un atentado en la ciudad de Tibú Norte de Santander donde quedó malherido. En el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas se registra una investigación por homicidio agravado la cual es adelantada por la unidad de apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, Dirección Seccional Bucaramanga, con el radicado núm. 1366, en etapa preliminar. La fiscalía informó que el estado actual de la investigación es activa;
38. 33) Héctor Julio Gómez Cuellar, dirigente de la Asociación Municipal de la Junta de Acción Comunal de La Plata (que no reviste el carácter de organización sindical), el 12 de junio, en el municipio de La Plata; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas de la misma son adelantadas por la Fiscalía 23 Seccional de La Plata, Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva, bajo el radicado núm. 1527. La investigación actualmente se encuentra en comisión en el C.T.I.;
39. 34) Luis Enrique Coiran, presidente de ANTHOC, subdirectiva Tame, el 19 de junio de 2002, en el municipio de Tame; la Fiscalía informó en comunicación núm. 3118 de 7 de octubre de 2002 que la investigación se encuentra en etapa instructiva, con el radicado núm. 595. En el proceso se encuentra vinculada una persona;
40. 35) Helio Rodríguez Ruiz, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Gastronómica, Hotelera y Similares, HOCAR-CUT, el 20 de junio de 2002, en Barrancabermeja; la Fiscalía General de la Nación informó que en la Fiscalía 5 Seccional de Bucaramanga se adelantan las diligencias previas, con el radicado núm. 27099. La investigación actualmente está suspendida. El Sr. Rodríguez Ruiz no tenía la calidad de líder sindical;
41. 36) Manuel Antonio Fuertes Arévalo, ex vicepresidente de la Subdirectiva Tuquerres de SINTRAELECOL-CUT, el 29 de junio de 2002, en el departamento de Nariño; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación se encuentra en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 8 Especializada de Pasto, con el radicado núm. 56028, y actualmente la Fiscalía se encuentra adelantando la práctica de pruebas. La Fiscalía estableció que para la fecha de los hechos el Sr. Fuertes Arévalo hacía dos años que había dejado de pertenecer a la subdirectiva del Sindicato de TELECOM-TUQUERRES;
42. 37) José González Barros, activista del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del municipio de Sabanagrande (SINTRAOPUSA-CUT), el 2 de julio de 2002, en el municipio de Sabanagrande; según la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional de Fiscalías de Barranquilla informa que revisado el SIJUF (Sistema de información Judicial de la Fiscalía) no aparece registrada investigación por este homicidio. Se ofició a la estación de policía de Sabanagrande para que informe qué autoridad realizó levantamiento de cadáver y a qué despacho fiscal fue enviado;
43. 38) Roberto Rojas Pinzón, afiliado de ANTHOC-CUT, el 26 de julio de 2002, en el municipio de Cravo Norte, en el departamento Norte de Santander; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la investigación se encuentra activa, en etapa preliminar, y es adelantada por la Fiscalía 1 Delegada de Arauca, con el radicado núm. 13924, y se encuentra en prácticas de pruebas;
44. 39) Wilfredo Camargo Aroca, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 31 de julio de 2002, en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación se encuentra activa, en etapa preliminar (práctica de pruebas), y es adelantada por la Fiscalía 5 Seccional Barrancabermeja, con el radicado núm. 27419;
45. 40) Rodrigo Gamboa Coy, presidente de la Subdirectiva del César del Sindicato de Trabajadores del Incora (SINTRADIN-CUT), el 31 de julio de 2002, en la ciudad de Valledupar en el departamento del César; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la investigación se encuentra en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 4 de Vida Seccional, bajo el radicado núm. 145854, y actualmente se encuentra en práctica de pruebas. Según comunicación dirigida a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo, de fecha 24 de diciembre de 2002, el cargo en la Junta Seccional de SINTRADIN era el de presidente principal. Era técnico integral, trabajador de campo adscrito al programa de atención a comunidades indígenas, mantenía contacto permanente con las comunidades indígenas del departamento del César;
46. 41) Felipe Santiago Mendoza Navarro, afiliado a la USO, el 15 de agosto de 2002, en el municipio de Tibú, departamento de Santander; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la investigación se encuentra activa, en etapa preliminar, adelantada por el Fiscal 4 Unidad de Vida de Cúcuta, con el radicado núm. 51581, y actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
47. 42) Amparo Figueroa, afiliada a ANTHOC-CUT, el 15 de agosto de 2002, en el municipio de Miranda, departamento del Cauca. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la investigación se encuentra activa, en etapa preliminar, adelantada por la Fiscalía Seccional de Corinto-Popayán, bajo el radicado núm. 2328, encontrándose actualmente en práctica de pruebas;
48. 43) Francisco Méndez Díaz, afiliado a la Asociación de Educadores de Sucre ADES?FECODE-CUT, el 15 de agosto de 2002, en el municipio de Chalá, departamento de Sucre; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por este hecho se encuentra en etapa preliminar, su apertura fue el 28 de agosto de 2002 por la Fiscalía 2 Seccional de Sincelejo delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado, bajo el radicado núm. 26411.Todavía está por establecerse si era afiliado a la Asociación de Educadores de Sucre ADES-FECODE-CUT;
49. 44) Blanca Ludivia Hernández, vicepresidente del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (SINDES), apareció muerta el 15 de agosto de 2002, luego de haber sido secuestrada la semana anterior en el municipio de Córdoba en el departamento del Quindío; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la autoridad que instruye la investigación es la Fiscalía 10 Seccional de Calarcá, Quindío, con el radicado núm. 9129-1323-10.
    • Actos de violencia
    • José Antonio González Luna, Director del Departamento de Derechos Humanos de la CIOSL, el 1.º de mayo de 2002, fue agredido brutalmente por fuerzas de seguridad; según el «informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas», la investigación es adelantada en etapa preliminar por la Fiscalía 30 Seccional de Cali. El Sr. Jesús Antonio González Luna era miembro del Comité Ejecutivo de Derechos Humanos de la CUT.
    • Secuestros y desapariciones
50. 1) José Ernesto Ricaurte, afiliado a ANTHOC-CUT, desapareció el 26 de septiembre de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la investigación por este hecho se encuentra activa, en etapa preliminar, adelantada por la Fiscalía 1 Seccional Purificación-Ibagué, radicado bajo el núm. 3190 y se encuentra actualmente en práctica de pruebas;
51. 2) Jairo Domínguez, afiliado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción SUTIMAC-CUT, secuestrado el 3 de julio de 2002 y asesinado posteriormente el 10 de julio del mismo año en el municipio de Monte Bello departamento de Antioquia; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la autoridad que adelanta la investigación es la Fiscalía Seccional de Santa Bárbara, y al respecto dicho organismo manifestó que: «No se pudo determinar que el occiso fuera afiliado al Sindicato de Trabajadores de Cementos El Cairo y por el contrario hay prueba de que el mismo era contratista independiente de la cementera»;
52. 3) Arturo Escalante Moros, afiliado a la Unión Sindical Obrera, USO, el 27 de septiembre de 2001; posteriormente asesinado en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, el 19 de octubre de 2001. La Fiscalía General de la Nación está actualmente haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar la autoridad que adelanta la investigación, el radicado y el estado de la misma;
53. 4) Arturo Vázquez Galeano, activista del Sindicato de Trabajadores y Empleados en el municipio de Abejorral del departamento de Antioquia, el 5 de abril de 2002; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la investigación se encuentra activa, en etapa preliminar en práctica de pruebas, adelantada por el Fiscal 53 del Gaula Oriente de Rionegro Antioquia, radicada con el núm. 568855. La fiscalía informó que el Sr. Vázquez Galeano era miembro de la Central Unitaria de Trabajadores CUT;
54. 5) Miguel Angel Rendón Graciano, vicepresidente de la Subdirectiva Chocó del Sindicato de Empleados Públicos del Sena SENA-SINDISENA-CUT, el 6 de abril de 2002, en el departamento de Chocó; fue secuestrado el 6 de abril de 2002 en el trayecto entre el municipio de Itsmina a la ciudad de Quibdó, en la vía que comunica con el municipio de Atrato a la altura del corregimiento Doña Josefa y fue liberado el día 9 de junio a una comisión de la Diócesis de Quibdó en el corregimiento Boca de Capaz. Lo anterior de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Defensa Nacional en comunicación MDD-HH-725 del 31 de octubre de 2002, información que a su vez fue recopilada de comunicación de la CUT de fecha el 19 de abril de 2002;
55. 6) Intento de secuestro de la hija de William Mendoza, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, SINALTRAINAL, frustrado gracias a la intervención de la policía. No se trata de una persona que haga parte de la llamada población objeto, es decir, sindicalistas y dirigentes sindicales. La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación por tentativa de secuestro de Karen Mendoza Díaz, ocurrido en Barrancabermeja, Santander, el 18 de junio de 2002, es adelantada por el Gaula rural, Dirección Seccional: Bucaramanga, bajo el radicado núm. 915, en etapa previa, y su estado actual es activa;
56. 7) Alberto Herrera, Pedro Barrios, Eleazar Becerra y Salvador Vasquez, afiliados a SINTRAELECOL-CUT, el 4 de julio de 2002, en el municipio de Fundación, departamento del Magdalena; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la investigación por el hecho se encuentra activa, en etapa preliminar, adelantada por la Fiscalía 4 Especializada Delegada ante el Gaula del Magdalena, con el radicado núm. 32081, encontrándose actualmente en práctica de pruebas. Adicionalmente en dicho informe se establece que los secuestrados eran afiliados y trabajadores de la empresa TRANSELCA S.A., sin embargo, la Fiscalía General de la Nación informó que fueron liberados el día 7 de julio de 2002, por el frente XIX de las FARC. Queda entonces claro que los mencionados señores no están actualmente secuestrados y que el responsable del ilícito fue el grupo guerrillero FARC;
57. 8) Jorge Amiro Genecco Martínez, afiliado a ANTHOC-CUT, el 9 de julio de 2002, en Bogotá, departamento de Cundinamarca. Se solicitó por el Ministerio de Trabajo a la seccional ANTHOC información respecto de si el mencionado señor efectivamente ha sido víctima de secuestro y, en caso afirmativo, si actualmente se encuentra secuestrado, o, en caso negativo, si fue liberado. No han dado respuesta;
58. 9) Gonzalo Ramírez Triana, activista de la USO, el 30 de julio de 2002, en el departamento de Cundinamarca; fue afiliado a la Unión Sindical Obrera pero no se registra su participación como miembro de la «junta directiva»;
59. 10) Alonso Pamplona, antiguo miembro del Comité de Reclamos de la USO, fue secuestrado el 31 de julio de 2002 y liberado el 1.º de agosto de 2002, herido por cuatro impactos de bala, en el municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander; y liberado el 1.º de agosto del mismo año. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la Fiscalía 3 Especializada de Bucaramanga adelanta la investigación bajo el radicado num. 143384 y la cual se encuentra actualmente en práctica de pruebas, el Sr. Pamplona era afiliado a la USO.
    • Atentados
60. 1) Daniel Orlando Gutiérrez Ramos, coordinador del departamento de Derechos Humanos del Sindicato Nacional de Chóferes de Colombia (SINDINALCH-CGTD), el 3 de enero de 2002; según comunicación de 23 de diciembre de 2002 suscrita por el presidente de Sindinalch, el Sr. Daniel Orlando Gutiérrez Ramos, se encuentra vinculado a dicha organización como delegado de derechos humanos desde el día 15 de mayo de 2001, su vinculación es como activista sindical, sin que exista vínculo laboral y su duración depende de las decisiones que sobre el mismo adopte la junta directiva ya que no existe período fijo;
61. 2) Sigilfredo Grueso, activista del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), el 10 de enero de 2002; la Fiscalía General de la Nación informó que la autoridad que adelanta la investigación es la Fiscalía 31 Seccional de Cali. El 2 de marzo de 2002 la Fiscalía asume el conocimiento de las diligencias. El 2 de mayo de 2002 se ordena la práctica de unas pruebas. En relación con José Homer Moreno Valencia y Carlos Alberto Florez Loaiza (aparentes vinculados a la investigación) se solicitó ubicarlos ya que en el informe de denuncia no aparece consignado dato alguno;
62. 3) Gaspar Guzmán, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), el 16 de abril de 2002; el Comando del departamento de policía de Bolívar informó que el 31 de mayo de 2002 se dejó a disposición de la policía local núm. 2 de Bolívar a un sospechoso que posteriormente salió en libertad. Informa igualmente que la investigación se encuentra en estado de instrucción;
63. 4) Rubén Castro Quintana, presidente de la subdirectiva Bolívar de SINTRAELECOL; según informe del Ministerio de Defensa Nacional de fecha 31 de octubre de 2002, se trata de un atentado sufrido el 16 de abril de 2002 en Cartagena. Al respecto, el comando del departamento de policía de Bolívar informó que el 31 de mayo de 2002 se dejó a disposición de la policía local núm. 2 de Bolívar a un sospechoso que posteriormente fue dejado en libertad; informa igualmente que la investigación se encuentra en estado de instrucción. Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación informó que la Fiscalía 4 Seccional de Cartagena bajo el radicado núm. 94615 adelanta la investigación por amenazas al Sr. Castro Quintana recibida el 29 de mayo de 2002 en Cartagena. Esta investigación se encuentra actualmente en práctica de pruebas;
64. 5) Carlos Hernán Sánchez Díaz, del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, fue objeto de un atentado, el 3 de mayo de 2002, en el municipio de Yumbo; la Fiscalía informó con su oficio núm. 02315 del 22 de julio que la Fiscalía 114 Seccional de Yumbo (Valle) adelanta la investigación, con el radicado núm. 119002, en etapa preliminar, en práctica de pruebas;
65. 6) Antonio Zamanete, miembro del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, fue objeto de un atentado, el 3 de mayo de 2002, en el municipio de Yumbo; la fiscalía informó con su oficio núm. 02315 de 22 de julio de 2002 que la Fiscalía 114 Seccional de Yumbo (Valle) adelanta la investigación, bajo el radicado núm. 119002, en etapa preliminar en práctica de pruebas;
66. 7) A la sede nacional del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), el 8 de julio de 2002, en la ciudad de Bogotá; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas el atentado contra la sede de SINTRAELECOL, la autoridad que adelanta la investigación, su número de radicado y el estado de la misma están pendientes por ubicar;
67. 8) Omar Romero Díaz, afiliado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción, SUTIMAC-CUT, el 13 de agosto de 2002, en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. de acuerdo con el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la Fiscalía 22 Unidad de Vida, instruye la investigación bajo el radicado núm. 512206, la cual se encuentra actualmente en práctica de pruebas.
    • Amenazas
68. 1) Hernando Hernández Pardo; en el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas se informa que la investigación la adelanta la Fiscalía Especializada de Barrancabermeja, bajo el radicado núm. 1805, encontrándose actualmente en práctica de pruebas. Asimismo, se tiene conocimiento que para esa época el Sr. Hernández Pardo era vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO. Según informó el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «Medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001», el Sr. Hernando Hernández Pardo, gozó de medidas de protección;
69. 2) Domingo Tovar Arrieta, director del departamento de organización y defensor de derechos humanos de la CUT; la Fiscalía General de la Nación informa que sobre el Sr. Tovar Arrieta, se tiene el registro de hasta 4 investigaciones, que actualmente están activas y su estado es el siguiente. La primera de las investigaciones por amenazas registradas el 3 de abril de 1996, en la ciudad de Bogotá, es instruida por la Fiscalía Delegada del CTI Bogotá, con el radicado núm. 54266; sin embargo mediante resolución de 27 de mayo de 2002, se ordenó la suspensión de la investigación y se ordenó su archivo. La segunda de las investigaciones por amenazas registradas de enero de 1997 hasta febrero de 1998 en Bogotá, fue adelantada por la Unidad Antisecuestro y la Unidad Especializada de Bogotá, con el radicado núm. 249068. Actualmente esta investigación se encuentra en juicio y fue remitida a los jueces penales del Circuito el 28 de diciembre de 1999. La tercera investigación por amenazas personales es adelantada por la Unidad Antisecuestro de Bogotá, con el radicado núm. 323327 la cual se encuentra en práctica de pruebas y fue enviada a la Dirección Regional de Fiscalías ante el Gaula. Finalmente la última investigación por amenazas personales, de 22 de septiembre de 1998, se adelanta por la Fiscalía Seccional de Bogotá, bajo el radicado núm. 464924-380694, encontrándose en práctica de pruebas. El 20 de febrero de 2001 se dispuso realizar diligencia de reconocimiento fotográfico. Según informó el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, en virtud del listado de «Medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», el Sr. Tovar Arrieta, gozó de medidas de protección;
70. 3) Fernando Vargas, presidente de la Asociación de Institutores del Cauca, ASOINCA; según informó el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, en virtud del «Listado de medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», gozó de medidas de protección;
71. 4) Patricia Pinzón, presidente de la Seccional Cauca de ANTHOC; según la Fiscalía General de la Nación, la investigación por amenazas recibidas en Popayán, Cauca, el 15 de agosto de 2002, es adelantada por el Fiscal 1 Seccional de Ibagué, Dirección Seccional de Popayán, bajo el radicado núm. 36957. La investigación se remitió por competencia al Comando de Policía el 30 de diciembre de 2002. Según informó el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, en virtud del «Listado de medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», gozó de medidas de protección;
72. 5) Mario de Jesús Castañeda, presidente de la Subdirectiva CUT-HUILA; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas hay investigación por amenazas personales adelantada por la Fiscalía Seccional de Neiva, bajo el radicado núm. 47993, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra pendiente de recepcionar la declaración del ofendido para determinar lo relacionado con la ocurrencia de los hechos y establecer si existe denuncia instaurada por el ofendido y así determinar si ante otra autoridad cursa investigación por los mismos hechos. Según informó el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, en virtud del «Listado de medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», gozó de medidas de protección;
73. 6) Oscar Sánchez, secretario general de la Subdirectiva CUT Cauca; según la Fiscalía General de la Nación, la investigación por amenazas recibidas en Popayán, Cauca, el 13 de septiembre de 2001, es adelantada por el Fiscal 2 Seccional de Ibagué, Dirección Seccional de Popayán, bajo el radicado núm. 38174. La investigación se remitió por competencia al Comando de Policía el 10 de octubre de 2001. Según informó el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, en virtud del «Listado de medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», tuvo medidas de protección;
74. 7) Hermes Ortiz, presidente de ANTHOC, municipal; según la Fiscalía General de la Nación, la investigación por amenazas recibidas en Popayán, Cauca, el 13 de septiembre de 2001, es adelantada por el Fiscal 2 Seccional de Ibagué, Dirección Seccional de Popayán, bajo el radicado núm. 38174. La investigación se remitió por competencia al Comando de Policía el 10 de Octubre de 2001. Según el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, en virtud del «Listado de medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», tuvo medidas de protección;
75. 8) Francisco Bolaños, integrante del Comité de Huelga del Hospital San José; según la Fiscalía General de la Nación, la investigación por amenazas recibidas en Popayán, Cauca, el 13 de septiembre de 2001, es adelantada por el Fiscal 2 Seccional de Ibagüé, Dirección Seccional de Popayán, bajo el radicado núm. 38174. La investigación se remitió por competencia al Comando de Policía el 10 de octubre de 2001. Según el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, en virtud del «Listado de medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», no hay registro alguno sobre solicitud de medidas de protección por parte del Sr. Bolaños;
76. 9) Jorge Muñoz, directivo de la Junta de ANTHOC, departamental; según la Fiscalía General de la Nación, la investigación por amenazas recibidas en Popayán, Cauca, el 13 de septiembre de 2001, es adelantada por el Fiscal 2 Seccional de Ibagué, Dirección Seccional de Popayán, bajo el radicado núm. 38174. La investigación se remitió por competencia al comando de policía el 10 de octubre de 2001. Según el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, en virtud del «Listado de medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», tuvo medidas de protección;
77. 10) la sede de SINTRAEMCALI; en el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas se registra una investigación adelantada por atentando a la Junta Directiva de SINTRAEMCALI, ocurrido en Cali, departamento del Valle, el 10 de junio de 2001. Actualmente se están haciendo todas las averiguaciones del caso para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación. Según el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, en virtud del «Listado de medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», la sede de SINTRAEMCALI, tuvo medidas de protección;
78. 11) la sede de SINTRAOFAN. En el «informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas» se registra una investigación adelantada por amenazas a la sede de SINTRAOFAN y a sus miembros, recibidas el 16 de diciembre de 2001 en el sitio Farallones de Bolívar vía el municipio de Andes de Bolívar en el departamento de Antioquia. Esta investigación es instruida por la unidad de apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Medellín, bajo el radicado núm. 43, encontrándose actualmente en práctica de pruebas. También se registra una investigación por amenazas contra la sede de SINTRAOFAN, recibidas en Medellín, Antioquia, el 9 de diciembre de 1999, adelantada por el Fiscal 26 Especializado de Terrorismo, Dirección Seccional de Medellín, bajo el radicado núm. 334-178, en etapa previa. Esta investigación actualmente se encuentra activa.
    • Informaciones sobre el anexo I (Actos de violencia
    • contra dirigentes sindicales o sindicalistas alegados
    • hasta la reunión del Comité de marzo de 2002
    • sobre los que el Gobierno no ha comunicado sus alegatos
    • o sobre los que el Gobierno no informa que se hayan
    • iniciado investigaciones o procesos judiciales)
    • Asesinatos
79. 1) Carmen Emilio Sánchez Coronel, delegado oficial del Sindicato de Maestros del Norte de Santander; ASINORT, asesinado en Sardinata, departamento de Norte de Santander, el 5 de agosto de 2002, mientras se trasladaba de Cúcuta a Ocaña, cuando en un retén paramilitar fue asesinado junto a otras siete personas. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la unidad de apoyo de Cúcuta, a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, adelantó la investigación bajo el radicado núm. 23833. Actualmente se encuentra en etapa de juicio. Se compulsaron copias para seguir conociendo por esos hechos en contra de otras personas;
80. 2) Aristarco Arzalluz Zúñiga, 30 de agosto de 2000, sindicato SINTRAINAGRO; asesinado en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la autoridad que adelanta la investigación por este homicidio es el Fiscal 21 Especializado de Terrorismo, Dirección Seccional en Medellín, bajo el radicado núm. 383-558, en etapa previa y está actualmente activa;
81. 3) Víctor Alfonso Vélez Sánchez, 28 de marzo de 2000, Sindicato EDUMAG; asesinado en Medellín, departamento de Antioquia. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas en la Fiscalía 10 Seccional de Unidad de Vida, Dirección Seccional de Medellín, se adelantan las diligencias previas por este homicidio, bajo el radicado núm. 340-549. Actualmente la investigación está en archivo, desde el 11 de diciembre de 2002;
82. 4) Edgar Cifuentes, 4 de noviembre de 2000, sindicato ADE; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas se están haciendo todas las averiguaciones tendientes a ubicar todos los casos (autoridad que adelanta la investigación, número de radicado y estado);
83. 5) Juan Bautista Banquet, 17 de octubre de 2000 en Santa Marta, sindicato SINTRAINAGRO; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la Dirección Nacional de Fiscalías de Santa Marta reporta que no aparece registro en el SIJUF. De la misma forma la fiscalía solicita mayor información sobre la ocurrencia de los hechos para el esclarecimiento de los mismos;
84. 6) Edison Ariel, 17 de octubre de 2000, sindicato SINTRAINAGRO; en Santa Marta. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la Dirección Nacional de Fiscalías de Santa Marta reporta que no aparece registro en el SIJUF. De la misma forma la Fiscalía solicita mayor información sobre la ocurrencia de los hechos para el esclarecimiento de los mismos;
85. 7) Darío de Jesús Borja, 1.º de abril de 2000, sindicato ADIDA; en el municipio de Dabeiba, Antioquia. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas en la Fiscalía Seccional de Dabeiba, Dirección Seccional de Medellín, se adelantaron las diligencias previas de esta investigación, bajo el radicado núm. 1909. El Estado actual de la investigación: suspendida desde el 12 de octubre de 2000;
86. 8) Henry Ordóñez, asesinado en Puerto Rico, Meta, el 6 de marzo de 1999, Sindicato Asociación de Profesores Meta; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación por violación a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el hecho es adelantada por la unidad de apoyo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Villavicencio, bajo el radicado núm. 25705, encontrándose actualmente en práctica de pruebas;
87. 9) Javier Jonás Carbono Maldonado, secretario general de SINTRAELECOL, en Santa Marta, el 9 de junio de 2000; en virtud del informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación por violación a derechos humanos de sindicalistas, fue asesinado en Santa Marta, Bolívar. La investigación es adelantada por la Fiscalía seccional 10 de Cartagena, bajo el radicado núm. 56462, se encuentra activa, en instrucción, y la última actuación fue la resolución de la situación jurídica el 17 de julio de 2002, con detención preventiva;
88. 10) Candelaria Florez, esposa de Alberto Ruiz Guerra afiliado a ADEMACOR, filial de FECODE; el 17 de junio de 2000 en Montería, Córdoba por paramilitares. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación por violación a derechos humanos de sindicalistas, la investigación se encuentra en preliminar y es adelantada por la Unidad 17 de reacción inmediata, bajo el radicado núm. 9236. El 20 de octubre de 2000 se ordenó el archivo provisional, pues la organización y el cargo al que pertenecía todavía no se establece. Sin embargo se tiene conocimiento que su esposo era afiliado a ADEMACOR;
89. 11) Francisco Espadín Medina, afiliado a SINTRAINAGRO, el 7 de septiembre de 2000, en el municipio de Turbo departamento de Antioquia. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación por violación a derechos humanos de sindicalistas, la subunidad investigativa especial caso sindicalistas, no encontró anotación alguna, y oficiará a la Fiscalía Seccional de Turbo y si allí existe investigación, se solicitará la remisión a la subunidad por competencia especial. No se conoce la autoridad que adelanta la investigación, su número de radicado y el estado de la misma;
90. 12) William Iguarán Cottes, afiliado a SINTRAUNICOL, el 11 de septiembre de 2000, en Montería por paramilitares; la Fiscalía General de la Nación informó que el Sr. Iguarán Cottes se conoce con el nombre de Hugo Alfonso Iguarán Cottes. Sobre la investigación informó que es adelantada por la Fiscalía Primera Especializada de Montería, bajo el radicado núm. 10370, y se encuentra actualmente en práctica de pruebas. Adicionalmente comunicó que: mediante resolución del 5 de septiembre de 2002 se ordenó recepcionar todas las declaraciones que en resoluciones anteriores se ordenaron y no se recepcionaron por no asistir los declarantes. La fiscalía informa que: el fallecido, afiliado a SINTRAUNICOL, fue víctima de un atentado el 2 de mayo de 2000, por cuyos hechos la fiscalía adelantó investigación la cual fue remitida a la fiscalía especializada que conoce del homicidio;
91. 13) Carlos Cordero, afiliado de ANTHOC, el 6 de diciembre de 2000, en Peñas Blancas Bochalema, departamento del Norte de Santander, por paramilitares; la Fiscalía General de la Nación informó que se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
92. 14) Gabriela Galeano, dirigente de ANTHOC, el 9 de diciembre de 2000, en Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, por paramilitares. La fiscalía informa que se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
93. 15) Jair Cubides, afiliado de SINTRADEPARTAMENTO, el 21 de enero de 2001, en Cali, el asesinato coincidió con el cambio de junta directiva del sindicato y estando en trámite el reconocimiento de la junta directiva anterior por parte del Ministerio de Trabajo; la Fiscalía General de la Nación informó que el Fiscal 22 Seccional de Cali adelanta las diligencias previas, bajo el radicado núm. 407487, y que actualmente se encuentra activa;
94. 16) Carlos Humberto Trujillo, afiliado de ASONAL JUDICIAL, el 26 de enero de 2001, en el municipio de Bugalagrande, departamento del Valle, la Fiscalía General de la Nación informó que la investigación es adelantada en etapa previa por el Fiscal 5 Especializado de Buga, bajo el radicado núm. 30847. El estado actual de la investigación: se profirió inhibitorio el 27 de mayo de 2002;
95. 17) Elsa Clarena Guerrero, afiliada de ASINORTH, el 28 de enero de 2001, en el municipio de Ocaña en un retén militar departamento de Norte de Santander; la Fiscalía General de la Nación informó que la autoridad a cargo es el Fiscal 3 Seccional Ocaña, Dirección Seccional en Cúcuta, con el radicado núm. 2001-0033. La investigación está en etapa previa, pero por resolución del 9 de octubre de 2001 fue archivada (estado actual);
96. 18) Carolina Santiago Navarro, afiliada de ASINORTH, el 28 de enero de 2001, en el municipio de Ocaña; departamento de Norte de Santander. La Fiscalía General de la Nación informó que la autoridad a cargo es el Fiscal 3 Seccional Ocaña, Dirección Seccional en Cúcuta, con el radicado núm. 2001-0033. La investigación está en etapa previa, pero por resolución del 9 de octubre de 2001 fue archivada (estado actual);
97. 19) Alfonso Alejandro Naar Hernández, afiliado de ASEDAR, filial de FECODE, el 8 de febrero de 2001, en el municipio de Arauca; departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación informó que se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos;
98. 20) Raúl Gil, miembro de SINTRAPALMA, el 11 de febrero de 2001, en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, el 11 de febrero de 2001. La Fiscalía General de la Nación informó que se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
99. 21) Edgar Manuel Ramírez Gutiérrez, vicepresidente de SINTRAELECOL Seccional Norte de Santander, en Concepción, departamento de Norte de Santander el 22 de febrero de 2001, había sido secuestrado el día anterior por paramilitares y ya había recibido amenazas debido a que era un destacado líder al momento del crimen; la Fiscalía General de la Nación informó que la autoridad a cargo de las diligencias previas es la unidad de apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, Dirección Seccional de Bucaramanga, bajo el radicado núm. 1372. La investigación actualmente se encuentra activa;
100. 22) Jaime Orcasitas, vicepresidente de SINTRAMIENERGETICA, en la mina de carbón de la Loma de Potrerillo, el 12 de marzo de 2001 en las mismas circunstancias y condiciones que el dirigente sindical anterior; su nombre, que realmente es Víctor Hugo Orcasita, está incluido en la respuesta del Gobierno colombiano al 327.º informe del Comité de Libertad Sindical;
101. 23) Andrés Granados afiliado de SINTRAELECOL, el 20 de marzo de 2001, en el municipio de Sabana por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, fue asesinado en Barrancabermeja, Santander, el 20 de marzo de 2001. La investigación es adelantada por la Fiscalía 8 Seccional de Barrancabermeja, bajo el radicado núm. 23082, y se encuentra en práctica de pruebas;
102. 24) Robinson Badillo, dirigente del SINTRAEMSDES, en Barrancabermeja, el 26 de marzo de 2001 por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por la Fiscalía 6 Seccional de Barrancabermeja, bajo el radicado núm. 22773, y se encuentra en etapa previa. Estado actual: resolución inhibitoria de 31 de diciembre de 2001;
103. 25) Mario Ospina, afiliado de ADIDA-FECODE, en el municipio de Santa Bárbara, el 27 de marzo de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en práctica de pruebas y es adelantada por la subunidad investigativa de sindicalistas Fiscalía 16 especializada de Medellín, bajo el radicado núm. 462966;
104. 26) Frank Elías Pérez Martínez, afiliado de ADIDA-FECODE, entre los municipios de Santa Ana y Granada, el 27 de abril de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en práctica de pruebas y es adelantada por la Fiscalía 19 Especializada de Medellín, bajo el radicado núm. 444852;
105. 27) Darío de Jesús Silva, miembro de ADIDA-CUT, en el municipio de Sabaneta, el 2 de mayo de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en práctica de pruebas y es adelantada por la Fiscalía 132 Seccional Unidad 3 de Vida de Medellín, bajo el radicado núm. 436463;
106. 28) Juan Carlos Castro Zapata, miembro de ADIDA-CUT, en el municipio de Copacabana, el 9 de mayo de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía Seccional de Bello, bajo el radicado núm. 461377. La fiscalía informó que hasta la fecha no se ha podido comprobar su vinculación a ADIDA. Sin embargo se advirtió que la muerte no tuvo relación con la actividad sindical y como miembro de ADIDA;
107. 29) Eugeniano Sánchez Díaz, presidente de SINTRACUEMPONAL, en el municipio de Codazzi, el 10 de mayo de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en práctica de pruebas y es adelantada por la Fiscalía 27 Seccional de Codazzi. La fiscalía busca el número de radicado de la investigación;
108. 30) Julio Alberto Otero, afiliado a ASPU-CUT, en Santa Marta, el 14 de mayo de 2001 por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en instrucción y es adelantada por la Fiscalía 1 Especializada de Santa Marta, bajo el radicado núm. 23290. Se encuentra vinculada una persona (libre), a quien por resolución de 23 de mayo de 2001 se le definió situación jurídica disponiendo la libertad inmediata por no satisfacer los requisitos procesales exigidos por la ley para aplicarle medida de aseguramiento;
109. 31) Henry Jiménez Rodríguez, afiliado de SINTRAEMCALI, en Cali, el 25 de mayo de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, se encuentra en práctica de pruebas y es adelantada por la Fiscalía 14 Seccional de Cali, Unidad de Delitos contra la Vida, bajo el radicado núm. 425235;
110. 32) Nelson Narváez, dirigente de SINTRAUNICOL, en Montería, el 29 de mayo de 2001, en el departamento de Córdoba; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, se encuentra en instrucción y es adelantada por la Fiscalía 1 Unidad de Vida de Montería, bajo el radicado núm. 19922;
111. 33) Humberto Zárate Triana, afiliado de SINTRAOFICIALES, en Villavicencio, el 5 de junio de 2001, en el departamento del Meta; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, bajo el radicado núm. 1110.
112. 34) Gonzalo Zárate Triana, dirigente de ASCODES, en Villavicencio, el 5 de junio de 2001, en el departamento del Meta; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, bajo el radicado núm. 1110.
113. 35) Manuel Enrique Charris Ariza, afiliado de SINTRAMIENERGETICA, en el municipio de Soledad, el 11 de junio de 2001, en el departamento del Atlántico; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, se encuentra en instrucción y es adelantada por la Fiscalía 37 Seccional de Barranquilla, bajo el radicado núm. 97529. Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación afirmó que: «El 20 de marzo de 2002 se le resolvió situación jurídica a los sindicados, profiriéndose en contra de Erwin Arturo Pérez Díaz medida de detención preventiva y a Jorge Eliécer Urdaneta Camargo se abstuvo de imponer medida de aseguramiento...».
114. 36) Edgar Thomas Angarita Mora, afiliado de ASEDAR y FECODE, en el departamento de Arauca, el 12 de junio de 2001, en el departamento de Arauca, luego de haber participado en un bloqueo a la Vía Fortul Sarabena como acto de protesta por el proyecto de ley núm. 012. Se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
115. 37) Germán Carvajal Ruiz, presidente de la subdirectiva del SUTEV, Seccional Obando, FECODE-CUT, el 6 de julio de 2001, en el departamento del Valle del Cauca; por su dedicación al movimiento sindical fue declarado objetivo militar en el departamento del Caquetá por lo que se vio obligado a gestionar su traslado al departamento del Valle del Cauca donde finalmente fue ejecutado; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en etapa preliminar (práctica de pruebas) y es adelantada por la Fiscalía 36 Seccional de Cartago, bajo el radicado núm. 1928;
116. 38) Hugo Cabezas, afiliado al SIMANA-FECODE, el 9 de julio de 2001, en el departamento de Nariño; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en etapa preliminar (práctica de pruebas) y es adelantada por la Fiscalía 1 Especializada de Pasto, bajo el radicado núm. 40395.
117. 39) Luz Mila Rincón, activista de ANTHOC-CUT, el 16 de julio de 2001, en el departamento del Tolima, por los paramilitares junto con otros miembros de su familia en el momento en que buscaban a otro familiar retenido; la Fiscalía General de la Nación informó que aparece registrado el homicidio de la Sra. Rincón, investigado por el Fiscal 4 Especializado de Ibagué, Dirección Seccional Ibagué, bajo el radicado núm. 66159, en etapa previa. Estado actual de la investigación: activa;
118. 40) Obdulia Martínez, afiliada de EDUCESAR-FECODE-CUT, fue asesinada en Chiriguana, departamento de César el 22 de julio de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en etapa preliminar (práctica de pruebas) y es adelantada por la Fiscalía 5 y 6 Especializada de Valledupar, bajo el radicado núm. 136160;
119. 41) María Helena Ortiz, fiscal especializada afiliada a ASONAL-CUT, el 28 de julio de 2001, en el departamento de Santander; su esposo, Néstor Rodríguez y su hijo resultaron gravemente heridos; una investigación es adelantada, en instrucción, por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, Dirección Unidad Nacional, bajo el radicado núm. 1074. Actualmente se encuentra activa. En cuanto a la organización sindical a la que pertenecía, no existe evidencia dentro de la investigación de pertenecer a grupo sindical alguno;
120. 42) Segundo Florentino Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores, Oficiales y Empleados Públicos del municipio de Dagua, el 13 de agosto de 2001, en el departamento del Valle del Cauca, había sido objeto de múltiples amenazas y había solicitado de manera urgente el establecimiento de un mecanismo de seguridad para los dirigentes de la organización sindical, esquema que fue aprobado el 10 de julio de 2001 pero sujeto a presupuesto; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Unidad Nacional de Derechos y DIH, bajo el radicado núm. 1064. La Fiscalía General de la Nación informó que: «mediante resolución del 13 de febrero de 2002 se ordenó la práctica de pruebas e inspecciones judiciales»;
121. 43) Miryam de Jesús Ríos Martínez, afiliada a ADIDA, el 16 de agosto de 2001, en el departamento de Antioquia; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 111 Seccional de Marinilla, bajo el radicado núm. 3344. La Fiscalía General de la Nación informó que mediante resolución de 26 de abril de 2002 se profirió resolución inhibitoria;
122. 44) Manuel Pájaro Peinado, tesorero del Sindicato de Servidores Públicos del distrito de Barranquilla (SINDIBA), el 16 de agosto de 2001, en el departamento del Atlántico, había solicitado su inclusión en el programa de protección del Ministerio del Interior del cual no recibió respuesta. Su asesinato se produjo en momentos en que el sindicato realizaba una serie de protestas contra la aplicación de la ley núm. 617 por parte de la administración distrital, la cual tiene por objeto el despido masivo de trabajadores; se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
123. 45) Héctor Eduardo Cortés Arroyabe, afiliado a ADIDA-CUT, desapareció el 16 de agosto y apareció muerto el 18 de agosto de 2001 en el departamento de Antioquia; según la Fiscalía General de la Nación, la autoridad a cargo es la Fiscalía de la Seccional de Barbosa, radicado núm. 4097, etapa: previa, estado actual: inhibitorio 30 de octubre de 2002;
124. 46) Fernando Euclides Serna Velásquez, miembro del esquema de seguridad colectiva de la CUT nacional de Bogotá, desapareció el 18 de agosto de 2001 y apareció asesinado el día siguiente en el departamento de Cundinamarca, era miembro del esquema de seguridad colectiva de la CUT; la Fiscalía General de la Nación informa sobre la investigación del hecho que se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
125. 47) Evert Encizo, afiliado a la Asociación de Educadores del Meta (ADEM-CUT), el 22 de agosto de 2001, en el departamento del Meta, era docente, director de la escuela la Reliquia, su trabajo estaba encaminado hacia los desplazados forzados; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la unidad de apoyo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Villavicencio, bajo el radicado núm. 53220;
126. 48) Yolanda Paternina Negrete, afiliada a ASONAL-CUT, el 29 de agosto de 2001, en el departamento de Sucre, era juez especializada del orden público y tenía a su cargo numerosos procesos de alto riesgo; según la Fiscalía General de la Nación, la Sra. Paternina Negrete era Fiscal Especializada 29, pero no precisa si era o no afiliada a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ASONAL-CUT. Sobre la investigación por el homicidio la Fiscalía General de la Nación informó que se lleva a cabo por Unidad Nacional de Derechos Humanos y D.I.H.; radicado núm. 1079; etapa: instrucción;
127. 49) Miguel Chávez, afiliado de ANTHOC-CUT, el 30 de agosto de 2001 en el departamento del Cauca; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación actualmente está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 3 Especializada de Popayán, bajo el radicado núm. 37411. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
128. 50) Manuel Ruiz, dirigente sindical de la CUT, el 26 de septiembre de 2001, en el departamento de Córdoba; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por la Fiscalía Especializada de Medellín; sin embargo todavía se busca el número del radicado de la investigación y la etapa en la que se encuentra actualmente;
129. 51) Ana Ruby Orrego, afiliada al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV-CUT), el 3 de octubre de 2001, en el departamento del Valle del Cauca; La Fiscalía General de la Nación informó que: «mediante resolución de 26 de abril de 2002 se profirió resolución inhibitoria»;
130. 52) Jorge Iván Rivera Manrique, afiliado al sindicato de Educadores de Risaralda (SER?CUT), el 10 de octubre de 2001, en el departamento de Risaralda; la Fiscalía General de la Nación informa sobre la investigación del hecho que se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
131. 53) Ramón Antonio Jaramillo, fiscal del SINTRAEMSDES-CUT, el 10 de octubre de 2001, en el departamento del Valle del Cauca, en momentos en que los paramilitares efectuaban una masacre en la región; la Fiscalía General de la Nación informa sobre la investigación del hecho que se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
132. 54) Luis López y Luis Anaya, presidente y tesorero del Sindicato de Conductores y Trabajadores de Transporte San Silvestre (SINCOTRAINDER-CUT), el 16 de octubre de 2001, en el departamento de Santander; la Fiscalía General de la Nación informa que la autoridad a cargo es el Fiscal 4 Especializado Bucaramanga, radicado núm. 119945; etapa: instrucción; autoridad a cargo: Fiscal 6 Especializado Bucaramanga; radicado núm. 153265; etapa: previa; estado actual: activa;
133. 55) Arturo Escalante Moros, afiliado a la USO, desapareció el 27 de septiembre y apareció muerto el 19 de octubre de 2001 en Barrancabermeja, Santander; la Fiscalía General de la Nación informa que se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
134. 56) Luis José Mendoza Manjares, miembro de la junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-CUT, el 22 de octubre de 2001, en el departamento del César; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 6 Especializada de Valledupar, bajo el radicado núm. 138726. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
135. 57) Martín Contreras Quintero, fiscal y fundador de SINTRAELECOL-CUT, el 23 de octubre de 2001, en el departamento de Sucre; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, fue asesinado en el Corregimiento de Pérez, del Municipio de Sampues, departamento de Sucre, la investigación está activa, en instrucción y es adelantada por la Fiscalía 2 Especializada de Sincelejo, bajo el radicado núm. 18970;
136. 58) Carlos Arturo Pinto, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ASONAL-CUT, el 1.º de noviembre de 2001, en Cúcuta, departamento del Norte de Santander; la Fiscalía General de la Nación informó lo siguiente: dirección: Unidad Nacional; autoridad a cargo: Unidad Nacional de Derechos Humanos y D.I.H.; radicado núm. 1106; etapa: previa; estado actual: activa; organización: no existe evidencia dentro del proceso de pertenecer a organización sindical alguna;
137. 59) Pedro Cordero, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño, SIMANA-CUT, el 9 de noviembre de 2001, en el departamento de Nariño; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está activa, en etapa preliminar, adelantada por la Fiscalía 33 Seccional de Túquerres, bajo el radicado núm. 1239. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
138. 60) Luis Alberto Delgado, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA?CUT), el 10 de noviembre de 2001. El Sr. Delgado había sido víctima de un atentado el día anterior en el municipio de Tuquerres, departamento de Nariño; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está activa, en etapa preliminar, adelantada por la Fiscalía 33 Seccional de Túquerres, bajo el radicado núm. 1239. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
139. 61) Edgar Sierra Parra, afiliado de ANTHOC-CUT, fue secuestrado el 3 de octubre de 2001 en la municipalidad de Tame, departamento de Arauca y fue hallado muerto el 10 de noviembre de 2001 en la municipalidad de Rondón departamento de Arauca, con señales de tortura; la Fiscalía General de la Nación dijo que: violación: homicidio, dirección seccional: Cúcuta, autoridad a cargo: Fiscal Especializado Arauca, radicado núm. 808; etapa: previa; estado actual: en práctica de pruebas;
140. 62) Tirso Reyes, afiliado al Sindicato Unico de Educadores de Bolívar (SUDEB-CUT), el 2 de noviembre de 2001, en el departamento de Bolívar; la Fiscalía General de la Nación dijo que: violación: homicidio; lugar y fecha: Bolívar, 12 de noviembre de 2001; dirección seccional: Cartagena; autoridad a cargo: Fiscal 9 Seccional Vida; radicado núm. 86510; etapa: previa; estado actual: activa; organización: SUDEB?CUT;
141. 63) Emiro Enrique Pava de la Rosa, dirigente de la Subdirectiva del Magdalena Medio de la USO, el 13 de noviembre de 2001, en el departamento de Antioquia; la Fiscalía General de la Nación dijo que: violación: homicidio; lugar y fecha: Puerto Triunfo Antioquia, 13 de noviembre de 2001; dirección seccional: Medellín; autoridad a cargo: Fiscal Seccional 24; radicado núm. 1895; etapa: previa; estado actual: inhibitorio, 28 de junio de 2002;
142. 64) Diego de Jesús Botero Salazar, sindicalista del Valle del Cauca, fiscal del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia, SINTRAEMSDES subdirectiva Eje Cafetero Pereira?Cartago, el 14 de noviembre de 2001, en el Valle del Cauca; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está activa, en etapa preliminar, adelantada por la Fiscalía 17 Seccional de Cartago, bajo el radicado núm. 8917SG. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
143. 65) Gonzalo Salazar, Presidente del Sindicato Unico de Vigilantes de Colombia, SINUVICOL-CUT, el 24 de noviembre de 2001, en Cali; la Fiscalía General de la Nación informó que: violación: homicidio (se establece que la causa fue por hurtarlo) Lugar y fecha: Cali-Valle, 24 de noviembre de 2001; dirección seccional: Cali; autoridad a cargo: Fiscal 46 Seccional Cali; radicado núm. 455582; etapa: juicio?sentencia anticipada; estado actual: activa;
144. 66) Jorge Eliécer González, Presidente de la Seccional Natagaima de ANTHOC-CUT, fue secuestrado y asesinado el 25 de noviembre de 2001 con graves signos de tortura, en el departamento de Tolima; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está activa, en instrucción, adelantada por la Fiscalía 7a Seccional de Ibagué, bajo el radicado núm. 70701. Actualmente se encuentran vinculadas dos personas, un sindicado con orden de captura vigente y a otro individuo se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, mediante resolución de fecha 29 de julio de 2002;
145. 67) Javier Cote, tesorero de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ASONAL-CUT, el 3 de diciembre de 2001, en el departamento del Magdalena; la Fiscalía General de la Nación informó sobre el homicidio del Sr. Cote, lo siguiente: violación: homicidio, lugar y fecha: Santa Marta, Magdalena 1.º de diciembre de 2001, dirección seccional: Unidad Nacional de Derechos Humanos y D.I.H.; autoridad a cargo: Unidad Nacional radicado núm. 1123; etapa: previa; estado actual: activa;
146. 68) Enrique Arellano, escolta del anterior, apareció muerto los primeros días de diciembre de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, fueron asesinados en el corregimiento de la Pava entre el Vizo y María la Baja, departamento de Bolívar, el 5 de diciembre de 2001. La investigación está activa, en instrucción, adelantada por la Unidad Nacional de Derechos y DIH, bajo el radicado núm. 1117. Adicionalmente la Fiscalía General de la Nación informó que «... El 25 de enero de 2002 se abre instrucción por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso material con secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir contra tres personas...»;
147. 69) Francisco Eladio Sierra Vásquez, presidente de la junta directiva de la Seccional Andes del Sindicato de Trabajadores Oficiales del municipio de Antioquia (SINTRAOFAN-CUT), los miembros de la junta directiva habían sido citados por las Autodefensas Unidas de Colombia en Farallones de Bolívar (departamento de Antioquia). En dicha reunión, cada uno de los directivos fue llamado por su nombre e indagados sobre la función en el sindicato y sus responsabilidades laborales, luego de lo cual se separó al Sr. Sierra Vásquez y se le asesinó. En la misma reunión, el comandante «Manuel», miembro de esa organización paramilitar indagó y requirió a José David Taborda segundo vocal de la junta directiva central. Todos los miembros de dicha junta son amenazados insistentemente; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por la unidad de apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Medellín, bajo el radicado núm. 43, se encuentra en etapa preliminar, práctica de pruebas y actualmente está activa;
148. 70) Edgar Herrán, presidente del Sindicato Nacional de Chóferes, SINDINALCH, Seccional Villavicencio, el 26 de diciembre de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está activa, en etapa preliminar, y es adelantada por la Unidad Nacional de Derechos y DIH en Villavicencio, bajo el radicado núm. 61916. Mediante resolución de 16 de abril de 2002 se ordenó la recepción de testimonios y otros;
149. 71) Carlos Alberto Bastidas Corral, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA-CUT), el 8 de enero de 2002 en el municipio de Aldana, departamento de Nariño; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 22 Seccional de Pasto, con el radicado núm. 871, y se encuentra actualmente en práctica de pruebas;
150. 72) Luis Alfonso Jaramillo Palacios, delegado de la Seccional Medellín del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES-CUT), el 11 de enero de 2002, en Medellín, departamento de Antioquia, asesinado por su defensa de los trabajadores; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía Unidad 1 de Vida de Medellín, con el radicado núm. 525496, y se encuentra actualmente en práctica de pruebas;
151. 73) Enoc Samboni, dirigente de la CUT, el 12 de enero de 2002, en el departamento del Cauca, por paramilitares quienes lo despojaron de papeles del sindicato. Enoc Samboni estaba vinculado al programa de protección del Ministerio del Interior y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y había solicitado medidas de protección; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está siendo adelantada por la unidad de apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Cali, con el radicado núm. 474220, y actualmente se encuentra en etapa preliminar. Su vinculación a la CUT está aún por establecerse. En el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», aportado por el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, no se registra solicitud alguna de medidas de protección por el Sr. Enoc Samboni, por lo tanto no era beneficiario de las medidas efectivamente entregadas durante los años 2001 y 2002;
152. 74) Sol María Ropero, antigua presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias (SINDIMACO-CUT), el 16 de enero de 2002, en Cúcuta por grupos paramilitares. La Sra. Ropero se destacó por su ardua labor a favor de los derechos humanos de los trabajadores y de la niñez y había recibido varias amenazas de muerte; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos contra sindicalistas, la investigación por el hecho está activa, en etapa preliminar y está siendo adelantada por la Fiscalía 6 Seccional Unidad de Vida de Cúcuta, con el radicado núm. 42501. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
153. 75) Jaime Ramírez, afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios de Antioquia, SINTRAOFAN, el 2 de junio de 2001, en Antioquia por paramilitares; el Fiscal Seccional 31 de El Santuario Antioquia, adelanta las diligencias previas radicadas bajo el núm. 2782. El 16 de agosto de 2001 se ordena remitir las diligencias por competencia a la Fiscalía especializada de Medellín;
154. 76) Armando Buitrago Moreno, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 6 de junio de 2001; la Fiscalía General de la Nación informó que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación». Por lo tanto no se puede establecer la autoridad que adelanta la investigación, su número de radicación y el estado de la misma. Su vinculación a la organización sindical, ASONAL, está por establecerse;
155. 77) Julián Ricardo Muñoz, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 6 de junio de 2001, en Bogotá; la Fiscalía informó que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación». Por lo tanto no se puede establecer la autoridad que adelanta la investigación, su número de radicación y el estado de la misma. Su vinculación a la organización sindical, ASONAL, está aún por establecerse;
156. 78) Carlos Alberto Vidal Hernández, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 11 de junio de 2001, en Bogotá; En el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas aparece registrado el homicidio del Sr. Vidal Hernández, de la siguiente forma: violación: homicidio, lugar y fecha: Bogotá D.C., 11 de junio de 2001. Dirección: Unidad Nacional. Autoridad a cargo: Unidad Nacional de Derechos Humanos y D.I.H.; radicado núm. 1039; etapa: instrucción; estado actual: activa; organización: no existe evidencia dentro del proceso de pertenecer a organización sindical alguna;
157. 79) Edgar Thomas Angarita Mora, activista de la Asociación de Educadores del Arauca, ASEDAR, el 11 de junio de 2001, en Barrancones; sobre la investigación por el hecho, la Fiscalía informó que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación». Por lo tanto no se puede establecer la autoridad que adelanta la investigación, su número de radicación y el estado de la misma;
158. 80) Fabio Eliécer Guio García, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 19 de junio de 2001, en Neiva, por las FARC; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está siendo adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, con el radicado núm. 1044, y actualmente se encuentra en instrucción. Su vinculación a la organización sindical, ASONAL, aún está por establecerse;
159. 81) Luz Marina Torres, Sindicato de Educadores de Risaralda, el 22 de junio de 2001, en Risaralda; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, «... dadas las circunstancias de orden público, el 16 de agosto de 2001 se reasignó la investigación a la Fiscalía 3 Especializada de Pereira, destacada ante el Gaula...», bajo el radicado núm. 976. La investigación actualmente se encuentra en instrucción;
160. 82) Cristóbal Uribe Beltrán, afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y entidades dedicadas a procurar la salud de la comunidad, ANTHOC, el 28 de junio de 2001, en Tibu, por paramilitares; sobre la investigación por el hecho, la fiscalía informó que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación». Por lo tanto no se puede establecer la autoridad que adelanta la investigación, su número de radicación y el estado de la misma;
161. 83) Eduardo Edilio Alvarez Escudelo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 2 de julio de 2001, en Antioquia, por la guerrilla. Sobre la investigación, la Fiscalía informó que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación». Por lo tanto no se puede establecer la autoridad que adelanta la investigación, su número de radicación y el estado de la misma. Su vinculación a la organización sindical, ASONAL, está aún por establecerse;
162. 84) William Mario Upegui Tobón, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 9 de julio de 2001, en Antioquia; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la subunidad investigativa de sindicalistas Fiscalía 16 especializada de Medellín, bajo el radicado núm. 469862. La investigación actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
163. 85) Luciano Zapata Agudelo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 10 de julio de 2001; muerte natural por osteoplasmosis, en Medellín en el 2001;
164. 86) Hernando Jesús Chica, activista del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia, SINTRAEMSDES, el 13 de julio de 2001, por paramilitares; la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente: violación: homicidio; lugar y fecha: La Ceja, Antioquia, 13 de julio de 2001; dirección seccional: Medellín; autoridad a cargo: Fiscal 14 Especializado de Terrorismo; radicado núm. 451-359; etapa: previa; estado actual: activo;
165. 87) Margot Pisso Rengifo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 17 de julio de 2001, en Popayán; la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente: violación: ninguna; muerte por causa natural; lugar y fecha: Popayán, Cauca, 16 de junio de 2001; cargo: Fiscal Seccional Presidente;
166. 88) Ramón Chaverra Robledo, afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios de Antioquia, SINTRAOFAN, el 19 de julio de 2001, en Antioquia, por paramilitares; la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente: violación: homicidio; lugar y fecha: ciudad Bolívar, Antioquia, dirección seccional: Medellín; autoridad a cargo: Fiscal 16 Especializado; radicado núm. 483-453; etapa: previa;
167. 89) Fidel Seguro, afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios de Antioquia, SINTRAOFAN, el 19 de julio de 2001, en Antioquia, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la subunidad investigativa de sindicalistas Fiscalía 16 especializada de Medellín, bajo el radicado núm. 483453. La investigación actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
168. 90) Hernando Arcila Ramírez, afiliado a la Asociación de Institutores del Guaviare, ADEG, el 1.º de agosto de 2001, departamento del Guaviare; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación se encuentra en etapa preliminar, práctica de pruebas, y es adelantada por la Fiscalía 15 Especializada de San José del Guaviare, bajo el radicado núm. 52579;
169. 91) Luz Amparo Torres Agudelo, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 2 de agosto de 2001, en Antioquia; la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente: violación: homicidio; lugar y fecha: Frontino, Antioquia 2 de agosto de 2001; seccional: Medellín; autoridad a cargo: Fiscal Seccional Frontino; radicado núm. 1139; etapa: previa; estado actual: activo;
170. 92) Efraín Toledo Guevara, afiliado a la Asociación de Institutores de Caquetá, AICA, el 5 de agosto de 2001, en Caquetá; la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente: violación: homicidio; lugar y fecha: Caquetá 5 de agosto de 2001; dirección seccional: Florencia; autoridad a cargo: Fiscalía 40 Seccional de Florencia; radicado núm. 17175; etapa: previa; estado actual: suspendida;
171. 93) Nancy Tez, activista del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV, el 5 de agosto de 2001, en el Valle del Cauca, por paramilitares; la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente: violación: homicidio; lugar y fecha: Florida, Valle, 5 de agosto de 2001; dirección seccional: Cali; autoridad a cargo: Fiscal 137 Seccional Florida; radicado núm. 407487; etapa: previa; estado actual: activa; organización: por confirmar;
172. 94) Jorge Antonio Alvarez Vélez, afiliado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción, SUTIMAC, el 6 de agosto de 2001, en Antioquia; la Fiscalía General de la Nación informó que la investigación por el homicidio se encuentra en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía Seccional de Santa Bárbara, bajo el radicado núm. 1702. Actualmente está en práctica de pruebas. la fiscalía no ha establecido aún el cargo que desempeñaba dentro de la organización sindical;
173. 95) Angela Andrade, activista del Sindicato de Trabajadores de los Hogares Infantiles de Colombia, el 6 de agosto de 2001, en Nariño, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación se encuentra en etapa preliminar, práctica de pruebas, y es adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, bajo el radicado núm. 1170;
174. 96) José Padilla Morales, afiliado a la Asociación de Educadores del César, el 8 de agosto de 2001, en Aguachica; la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente: violación: homicidio; lugar y fecha: Aguachica César, 8 de agosto de 2001; dirección seccional: Valledupar; autoridad a cargo: Fiscal 20 Seccional; radicado núm. 8665; etapa: previa; estado actual: inhibitorio, 22 de febrero de 2002;
175. 97) Luis Pérez Ríos, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 9 de agosto de 2001, en Quindío; la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente: violación: homicidio culposo; lugar y fecha: Calarcá, Quindío, 9 de agosto de 2001; dirección seccional: Armenia; autoridad a cargo: Fiscal 10 Seccional Calarca; radicado núm. 8013-10; etapa: previa; estado actual: resolución inhibitoria, 25 de febrero de 2002;
176. 98) Hugo López Cáceres, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 14 de agosto de 2001, en Barranquilla; la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente: violación: se produjo el deceso por neumonía y no por causas violentas; lugar y fecha: Barranquilla Atlántico, 14 de agosto de 2001;
177. 99) Gloria Isabel García, afiliada al Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, el 16 de agosto de 2001, en Risaralda; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es instruida por la Fiscalía Seccional de Pereira, bajo el radicado núm. 806. Adicionalmente, la Fiscalía informó que: el 9 de noviembre de 2001 se declaró persona ausente. El 10 de enero de 2002 se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. El 8 de abril de 2002 se ordenó cierre de la investigación;
178. 100) Miryam de Jesús Ríos Martínez, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 16 de agosto de 2001, en Antioquia; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el homicidio es adelantada por la Fiscalía 111 Seccional de Marinilla, en Medellín, bajo el radicado núm. 3344. La Fiscalía informó que: «mediante resolución del 26 de abril de 2002 se profirió resolución inhibitoria»;
179. 101) Ricardo Monroy Marín, directivo del Sindicato de Trabajadores del Incora, SINTRADIN, el 25 de agosto de 2001, en Tolima; sobre la investigación por el homicidio la Fiscalía General de la Nación informó lo siguiente: violación: homicidio; lugar y fecha: vía que conduce de Ataco a Coyaima, Tolima, 25 de agosto de 2001; dirección seccional: Ibagué; autoridad a cargo: Fiscal 29 Seccional de Purificación; radicado núm. 3106; etapa: previa; estado actual: activa;
180. 102) Jorge Freite Romero, afiliado a la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico, ASOJUA, el 29 de agosto de 2001, asesinado en Ciénaga, departamento del Magdalena, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas; sobre la investigación por el homicidio del Sr. Freite Romero, la Fiscalía informó que: violación: secuestro y homicidio agravado; lugar y fecha: Ciénaga, Magdalena 28 de agosto de 2001; dirección : Unidad Nacional; autoridad a cargo: Unidad Nacional de Derechos Humanos y D.I.H.; radicado núm. 1096; etapa: activa; estado actual: previa; organización: no existe evidencia dentro de la investigación de pertenecer a grupo sindical alguno;
181. 103) Rafael Pineda, presidente de la Seccional Barbosa de la Unión de Empleados Bancarios UNEB, el 8 de septiembre de 2001, en Santander; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos, bajo el radicado núm. 1086, en instrucción. Adicionalmente la Fiscalía informó que: «El 25 de enero de 2002 se declara persona ausente a Leonardo Ortiz González alias ‘Nardo’, por los delitos de homicidio, lesiones personales y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones»;
182. 104) Juan Eudes Molina Fuentes afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 9 de septiembre de 2001, en Guajira; La Fiscalía General de la Nación informó que la violación, homicidio culposo en accidente de tránsito 9 de noviembre de 2001;
183. 105) Luis Alfonso Aguirre, activista de la Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Mineros Energéticos, Metalmecánicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia, FUNTRAENERGETICA, el 10 de septiembre de 2001, en Antioquia; la Fiscalía General de la Nación informó que la investigación es adelantada por el Fiscal 16 Especializado de Medellín, bajo el radicado núm. 559928, en etapa preliminar y actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
184. 106) Juan Diego Londoño Restrepo, secretario del Sindicato de Trabajadores de Cerámicas Continental, el 11 de septiembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por el Fiscal 14 Especializado de Medellín, en etapa preliminar. El 6 de febrero de 2002 la fiscalía asume conocimiento y ordena comisionar a la Unidad Investigativa de Policía Judicial de Rionegro para la práctica de pruebas;
185. 107) Hernando de Jesús Montoya Urrego, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 13 de septiembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares; sobre este homicidio la Fiscalía General de la Nación informa lo siguiente: violación: homicidio; lugar y fecha: Granada, Antioquia, 13 de septiembre de 2001; dirección seccional: Medellín; autoridad a cargo: Fiscal Seccional Santuario; radicado: 3065; etapa: previa; estado actual: activa;
186. 108) Yolanda Cerón Delgado, afiliada al Sindicato del Magisterio del Nariño SIMANA, el 18 de septiembre de 2001, en Nariño, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Cali, bajo el radicado núm. 1190. Actualmente se encuentra activa, en etapa preliminar (práctica de pruebas);
187. 109) Juan David Corzo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 20 de septiembre de 2001, en Cúcuta, por paramilitares; la Fiscalía informó que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación». Por lo tanto no se puede establecer la autoridad que adelanta la investigación, su número de radicación y el estado de la misma. Su vinculación a la organización sindical, ASONAL, está aún por establecerse;
188. 110) Jenny Romero Rojas, ANTHOC, el 25 de septiembre de 2001, en Meta; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación se encuentra en etapa preliminar y es adelantada por la unidad de apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Villavicencio, bajo el radicado núm. 62116. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
189. 111) Cervando Lerma, afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, el 10 de octubre de 2001, en Santander; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, fue asesinado en Barrancabermeja, Santander, el 10 de octubre de 2001. La investigación se encuentra en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 8 Seccional de Barrancabermeja, bajo el radicado núm. 24701. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
190. 112) Jesús Agreda Zambrano, activista del Sindicato del Magisterio del Nariño, SIMANA, el 20 de octubre de 2001, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, fue asesinado en el municipio de Sandoná, departamento de Nariño, el 20 de octubre de 2001. La investigación está en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 2 Seccional de Pasto, con el radicado núm. 42969. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
191. 113) Expedito Chacón, ANTHOC, el 24 de octubre de 2001, en Santander; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, fue asesinado en el municipio de Socorro, Santander, el 24 de octubre de 2001. La investigación por el hecho se encuentra en etapa preliminar (pruebas) y es adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos, con el radicado núm. 1124. Mediante resolución de 9 y 10 de mayo de 2002, se recibió versión libre de dos personas;
192. 114) Luz Carmen Preciado, activista del Sindicato del Magisterio del Nariño, SIMANA, el 30 de noviembre de 2001, en Nariño, por las FARC; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el hecho es adelantada por la Fiscalía 29 Seccional de Tumaco, en preliminar, bajo el radicado núm. 768. Actualmente se encuentra suspendida. La Fiscalía informó que: «se profirió resolución de suspensión el 19 de junio de 2002»;
193. 115) Santiago González, SIMANA, el 30 de noviembre de 2001, en Nariño, por las FARC; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el hecho es adelantada por la Fiscalía 29 Seccional de Tumaco, en preliminar, bajo el radicado núm. 768. Actualmente se encuentra suspendida. La Fiscalía informó que: «se profirió resolución de suspensión el 19 de junio de 2002»;
194. 116) José Raúl Orozco, presidente del Sindicato de Trabajadores de Cerámicas Continental, el 14 de diciembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas fue asesinado en Carmen de Viboral, departamento de Antioquia, el 14 de diciembre de 2001. La investigación se encuentra activa y es adelantada por la Fiscalía 14 Especializada de Medellín, con el radicado núm. 508440-560739, en etapa preliminar. El 15 de mayo de 2002 la Fiscalía 14 Especializada de Medellín asume conocimiento y ordena librar misión de trabajo a la policía judicial de Rionegro para la práctica de pruebas;
195. 117) Jairo Antonio Chima, SINTRAEMSDES, el 22 de diciembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la investigación se encuentra activa y es adelantada por la subunidad investigativa de sindicalistas Fiscalía 16 Especializada de Medellín, con el radicado núm. 540143, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
196. 118) Eduardo Alfonso Suárez Díaz, delegado de la Unión Sindical Obrera, USO, el 23 de diciembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas la investigación se encuentra activa y es adelantada por la Fiscalía 6 Seccional de Barrancabermeja, con el radicado núm. 25474, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
197. 119) Bertilda Pavón, afiliada a ANTHOC, el 2 de enero de 2002, en Valledupar, departamento del César, por paramilitares; la Fiscalía General de la Nación informó que la investigación fue adelantada por la Fiscalía 17 Unidad de Vida D.S.F. de Valledupar, y que actualmente se encuentra en la etapa de juicio, con el radicado núm. 140678;
198. 120) Carlos Arturo Alarcón, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 12 de enero de 2002, en Antioquia; en el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, no se registra homicidio. Sin embargo aparece registrado su secuestro, ocurrido en Medellín, Antioquia, el 12 de enero de 2002. Al poco tiempo de su secuestro, el 6 de febrero de 2002, fue liberado en un lugar ubicado entre Yarumal y el Corregimiento de Cedeño, Antioquia. Al respecto la Fiscalía General de la Nación informó que: «No se halló constancia alguna de haber sido recibido (el caso) en la sala de asignaciones de la D.S.F de Medellín». En el mismo informe de la Fiscalía General de la Nación aparece registrado el homicidio de un homónimo, Arturo Alarcón, afiliado a ASOINCA, ocurrido en el Corregimiento de Piendamó, en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, el 18 de enero de 2001. Era docente de la escuela el Llanito. Sobre este homicidio la fiscalía informó que: «No se adelanta investigación por estos hechos. La subunidad hizo averiguaciones en la Fiscalía Seccional y en la unidad local del CTI de Piendamó, pero no se tiene información al respecto. Igualmente se requirió a la registraduría URI, con resultados negativos»;
199. 121) Rubén Arenas, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 16 de enero de 2002, en Antioquia; la Fiscalía General de la Nación informó que en la Fiscalía 16 Especializada, Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, se adelantan las diligencias previas radicadas bajo el núm. 623793. La investigación actualmente está activa;
200. 122) Carmen Elena García Rodríguez, secretaria de organización de la junta directiva municipal del Sindicato de la Salud del César (SIDESC), asesinada a balazos cuando salía de su trabajo en el Hospital Eduardo Arredondo Daza de la ciudad de Valledupar, el 29 de enero de 2002; la investigación es adelantada por la Fiscalía 8 Especializada de Valledupar, con el radicado núm. 141139. El estado actual de la investigación es inhibitorio. La Fiscalía General de la Nación informó que: se profirió resolución inhibitoria el 16 de octubre de 2002;
201. 123) Jairo Alonso Giraldo, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, el 22 de marzo de 2002, en Antioquia; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos contra sindicalistas, la investigación está activa, en etapa preliminar y es adelantada por el Fiscal 19 Especializado de Medellín, con el radicado núm. 549670. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
202. 124) Gloria Eudilia Riveros Rodríguez, profesora del colegio Inocencio Chincá de la municipalidad de Tame en una acción de las FARC contra el puesto de policía del municipio de Tame, el 2 de febrero de 2002; la Fiscalía General de la Nación informó que hay investigación activa, la cual es instruida por la Fiscalía 3 Especializada D.S.F. de Cúcuta, con el radicado núm. 50374;
203. 125) Oscar Jaime Delgado Valencia, profesor del colegio Camilo Torres de Armenia, departamento del Quindío, asesinado a balazos el 4 de febrero de 2002; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas de la investigación por el homicidio fueron adelantadas por la Fiscalía 3 Seccional Unidad de Vida D.S.F. de Armenia, y que actualmente el caso se encuentra en la etapa de juicio, con el radicado núm. 42315;
204. 126) Oswaldo Enrique Borja Martínez, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 29 de enero de 2002, en Sucre, por paramilitares; de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación no fue posible ubicar la investigación en la oficina de asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar. Se necesita mayor información de los hechos;
205. 127) Henry Mauricio Neira, afiliado a ANTHOC, el 7 de febrero de 2002, en Arauca, departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas de la investigación por el homicidio son adelantadas por la Fiscalía Unica Seccional Saravena, D.S.F. Cúcuta, bajo el radicado núm. 3438;
206. 128) Nohora Elsy López, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en hogares de Bienestar, el 7 de febrero de 2002, en Antioquia, por paramilitares; según comunicación núm. 074110 de 18 de septiembre de 2002 enviada por el Sr. Fernando Walter Torres Montoya, coordinador administrativo del Instituto de Bienestar Familiar de Medellín, y recibida por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 30 de septiembre de 2002, revisados los archivos existentes en la entidad, se pudo constatar que la Sra. Nohora Elsy López, no fue funcionaria del ICBF regional Antioquia. Por lo tanto no pudo haber sido dirigente del sindicato de dicha entidad. La Fiscalía General de la Nación no encontró registro sobre investigación que se adelante en alguna de sus seccionales del país sobre el homicidio de la Sra. Nohora López;
207. 129) Julio Galeano, líder comunal y ex empleado de EMCALI, asesinado a balazos el 11 de febrero de 2002; su esposa, también activista sindical salió ilesa del ataque; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos contra sindicalistas, la investigación por el homicidio es adelantada por la Fiscalía Seccional 26, Unidad de Delitos contra la Vida en Cali, con el radicado núm. 470844, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas. Todavía está por establecerse la organización sindical;
208. 130) Angela María Rodríguez Jaimes, afiliada al Sindicato de Educadores de Santander (SES-CUT), en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander, asesinada a balazos el 12 de febrero de 2002; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas de la investigación por el homicidio son adelantadas por la Fiscalía 4 Especializada, D.S.F. de Bucaramanga, bajo el radicado núm. 123084;
209. 131) Néstor Rincón Quinceno, Sindicato de Educadores de Risaralda, el 14 de febrero de 2002; la Fiscalía General de la Nación informó que la investigación está activa, se encuentra en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía Seccional de Pereira, con el radicado núm. 3208. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
210. 132) Alfredo González Páez, afiliado a la Asociación de Empleados del INPEC, ASEINPEC, el 15 de febrero de 2002, en Tolima, por paramilitares; de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación: «No fue posible ubicar la investigación en la oficina de asignaciones de la D.S.F. de Cundinamarca y en la Unidad Seccional de Fiscalías de Girardot. Se necesita mayor información de los hechos»;
211. 133) Oswaldo Meneses Jiménez, ASEINPEC, el 15 de febrero de 2002, en Tolima, por paramilitares; de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación No fue posible ubicar la investigación en la oficina de asignaciones de la D.S.F. de Cundinamarca y en la Unidad Seccional de Fiscalías de Girardot. Se necesita mayor información de los hechos;
212. 134) Barqueley Ríos Mena, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 16 de febrero de 2002, en Antioquia; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas de la investigación por el homicidio son adelantadas por la Unidad Seccional de El Santuario, D.S.F. de Antioquia, bajo el radicado núm. 3360;
213. 135) Juan Manuel Santos Rentería, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 16 de febrero de 2002, en Antioquia; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas de la investigación por el homicidio son adelantadas por la Unidad Seccional de El Santuario, D.S.F. de Antioquia, bajo el radicado núm. 3360;
214. 136) Fernando Cabrales, presidente de la Federación Nacional de Transportadores de Carga, el 18 de febrero de 2002, en el Valle del Cauca, por paramilitares; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas de la investigación por el homicidio son adelantadas por el Fiscal 27 Seccional Unidad de Vida, D.S.F. de Cali, bajo el radicado núm. 471663;
215. 137) José Wilson Díaz, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, SINTRAELECOL, el 21 de febrero de 2002, en el municipio La Macarena, departamento del Meta por las FARC; de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, no fue posible ubicar la investigación en la oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio. Se necesita mayor información de los hechos;
216. 138) Cecilia Gallego, secretaria de Asuntos Femeninos del Comité Ejecutivo de Acción Campesina Colombiana (ACC), en la municipalidad de la Macarena, el 25 de febrero de 2002; según memorando núm. 001 enviado por el Dr. Jaime Martínez Pico, Inspector de Trabajo y SS de Granada Meta, el 9 de enero de 2003 a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, para los efectos legales pertinentes, me permito informar a su despacho, que revisado cuidadosamente el archivo de esta oficina no se encontró registro de asociación sindical correspondiente al sindicato Acción Campesina Colombiana del municipio de la Macarena. Lo anterior cumpliendo a la solicitud realizada por el director territorial Mintrabajo Meta vía conversación telefónica. Por lo tanto y en consecuencia de lo anterior, el Gobierno colombiano pide que se dé mayor información sobre la vinculación sindical de la Sra. Cecilia Gallego, y sobre los hechos de su asesinato, para que de esta forma pueda darse mayor noticia sobre este caso particular;
217. 139) Hugo Ospina Ríos, afiliado al Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, el 26 de febrero de 2002, en Risaralda; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el homicidio es adelantada por la Fiscalía 6 Unidad de Vida de Pereira, con el radicado núm. 74765, en instrucción. El 24 de abril de 2002 se declaró persona ausente. Se resolvió situación jurídica con medida de aseguramiento el 21 de junio de 2002. Fue capturado en Cali el 8 de agosto de 2002 y se indagó. Actualmente se están practicando pruebas;
218. 140) Marcos Antonio Beltrán, activista de SUTEV, el 1.º de marzo de 2002, en el Valle del Cauca; de acuerdo con la información aportada por la Fiscalía General de la Nación, la Coordinadora de la Unidad Seccional de Palmira informa que no se adelanta investigación por estos hechos, sugiere aportar mayor información de los hechos;
219. 141) Juan Montiel, miembro de la subdirectiva Ciénaga del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), departamento del Magdalena, el 3 de junio de 2002; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas. La investigación está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 2 Especializada de Santa Marta, bajo el radicado núm. 30436. La investigación se encuentra actualmente en práctica de pruebas. El 21 de agosto de 2002 se recibe informe de la Comisión solicitada al DAS;
220. 142) Emilio Villeras Durán, miembro de la subdirectiva Ciénaga del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), departamento del Magdalena, el 3 de junio de 2002; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas 2002. La investigación está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 2 Especializada de Santa Marta, bajo el radicado núm. 30435. La investigación se encuentra actualmente en práctica de pruebas. El 8 de julio de 2002 se recibe informe del DAS comunicando el alto riesgo para cumplir con la comisión solicitada al DAS;
221. 143) Alirio Garzón Córdoba, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Registraduría del Estado Civil, SINTRAREGINAL, el 10 de marzo de 2002, en Huila; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas de la investigación por el homicidio son adelantadas por la Fiscalía 5 Especializada, Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva, bajo el radicado núm. 51170;
222. 144) Carlos Alberto Molano, SINTRAREGINAL, el 10 de marzo de 2001, en Huila; la Fiscalía General de la Nación informó que las diligencias previas de la investigación por el homicidio son adelantadas por la Fiscalía 5 Especializada, Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva, bajo el radicado núm. 51170;
223. 145) Eduardo Chinchilla Padilla, activista del Sindicato de Industria de los Trabajadores de Empresas de Palmas Oleaginosas y Similares (SINTRAPALMA-CUT), el 11 de marzo de 2002; en el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas aparece registrado el homicidio del Sr. Chinchilla Padilla, ocurrido en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. Sin embargo en dicho informe no se registra la fecha de los hechos ni la autoridad que adelanta la investigación, ni el radicado, ni el estado de la misma. La fiscalía informa que estos datos están pendientes por ubicar;
224. 146) Luis Omar Castillo, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), en la planta de generación eléctrica de Río Bobo, en el departamento del Nariño, el 20 de marzo de 2002, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por el Fiscal 4 Seccional de Pasto, con el radicado núm. 50498, en etapa preliminar. Estas son las diligencias iniciadas el 2 de abril de 2002: se han evacuado varias pruebas, se han librado misiones de trabajo al C.T.I., hay respuesta de las autoridades policivas, pero hasta la fecha no conducen a establecer los móviles ni se ha establecido los responsables del hecho;
225. 147) Juan Bautista Cevallos, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), en la Planta de Generación Eléctrica de Río Bobo, en el departamento del Nariño, el 20 de marzo de 2002, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por el Fiscal 4 Seccional de Pasto, con el radicado núm. 50498, en etapa preliminar. Estas son las diligencias iniciadas el 2 de abril de 2002: se han evacuado varias pruebas, se han librado misiones de trabajo al C.T.I., hay respuesta de las autoridades policivas, pero hasta la fecha no conducen a establecer los móviles ni se ha establecido los responsables del hecho;
226. 148) Ernesto Alfonso Giraldo Martínez, fiscal delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDAS-CUT), fue baleado el 21 de marzo de 2002, quedando gravemente herido; el 22 de marzo, cuando era trasladado al Hospital San Vicente de Medellín fue sacado de la ambulancia y rematado por las FARC; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el hecho es adelantada por el Fiscal 19 Especializado de Medellín, con el radicado núm. 549670, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra la investigación activa y está en práctica de pruebas;
227. 149) Alfredo Zapata Herrera, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción Seccional Santa Bárbara (SUTIMAC?CUT), fue secuestrado el 2 de abril y apareció muerto el 3 de abril en Santa Bárbara; el Sindicato se encuentra amenazado por los paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por la Fiscalía 23 Especializada en Medellín, bajo el radicado núm. 559892, en etapa preliminar. La investigación está actualmente activa y se encuentra en práctica de pruebas;
228. 150) Oscar Alfonso Jurado, directivo del Sindicato de la Industria Química, Seccional Yumbo, departamento del Valle, el 8 de abril de 2002, por grupos de extrema derecha; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por el Fiscal 21 Seccional de Cali, bajo el radicado núm. 481115, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas. Su vinculación con el Sindicato de la Industria Química, Seccional Yumbo, aún está por establecerse;
229. 151) Hernán de Jesús Ortiz, miembro de la junta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, el 12 de abril de 2002, en Celda, por paramilitares; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Manizales, con el radicado núm. 62144140, en etapa preliminar. A la fecha 25 de junio de 2002 se adelantan indagaciones tendientes a establecer la individualización e identificación de los autores materiales y demás partícipes del hecho, en coordinación con el DAS y el CTI Seccional Manizales, donde se procura la realización de unas diligencias judiciales;
230. 152) José Robeiro Pineda, ex directivo de SINTRAELECOL, el 12 de abril, en Celda, por paramilitares. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación es adelantada por el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Manizales, con el radicado núm. 62144140, en etapa preliminar. A la fecha 25 de junio de 2002 se adelantan indagaciones tendientes a establecer la individualización e identificación de los autores materiales y demás partícipes del hecho, en coordinación con el DAS y el CTI Seccional Manizales, donde se procura la realización de unas diligencias judiciales. Según la Fiscalía el Sr. Pineda pertenecía a EDUCAL-Caldas, pero su cargo todavía está por establecerse.
     • Secuestros y desapariciones
231. 1) Alexander Cardona, directivo de la USO; según informó la Fiscalía General de la Nación la investigación es adelantada por la Fiscalía Especializada ante Gaula?Santander, en Bucaramanga, con el radicado núm. 14502, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas. En el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, no se registra la fecha exacta de los hechos y está por establecerse la organización sindical;
232. 2) Walter Arturo Velásquez Posada, de la Escuela Nueva Floresta, del municipio El Castillo, de la Coordinación Educativa El Ariari, departamento del Meta; la Fiscalía General de la Nación informó que: «se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación». La vinculación a la organización sindical y el cargo del Sr. Vásquez Posada todavía está por establecerse;
233. 3) Robert Cañarte M., presidente del Sindicato de Trabajadores Oficiales del municipio de Bugalagrande SINTRAMUNICIPIO en la vereda el Paila Arriba (Valle); la investigación la adelanta la Fiscalía 4 Especializada de Buga con el radicado núm. 21338 en etapa preliminar, por resolución del 9 de enero del 2002 se fija fecha para realizar la exhumación del Sr. Robert Cañarte, diligencia que no se pudo llevar a cabo teniendo en cuenta que el despacho no se pudo trasladar al municipio de Bugalagrande;
234. 4) Germán Medina Gaviria, afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), el 14 de enero de 2001, en el vecindario de El Porvenir, ciudad de Cali; inicialmente la investigación fue adelantada por la subunidad de sindicalistas en Cali, pero la Fiscalía Especializada de Cali informa que en la actualidad no se adelanta investigación por estos hechos. Está por establecerse la organización sindical y el cargo al que pertenecía;
235. 5) Cristina Echeverri Pérez, afiliada a EDUCAL-CUT, el 1.º de julio de 2001, en las inmediaciones de la ciudad de Manizales; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la autoridad que adelanta la investigación es el Fiscal Segundo Especializado Delegado ante el Gaula-Caldas, en Manizales, en etapa preliminar. Esta Fiscalía inició el 3 de julio de 2001 las diligencias previas relacionadas con este secuestro. Se han practicado pruebas encaminadas a la individualización de los posibles autores;
236. 6) Jesús Alfonso Mejía Urón, afiliado a ADUCESAR-FECODE-CUT, desaparecido el 4 de julio de 2001; la investigación es adelantada por la Fiscalía 5 y 6 Especializada de Valledupar, bajo el radicado núm. 764, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
237. 7) Jairo Tovar Díaz, afiliado a ADES-FECODE-CUT, el 29 de julio de 2001, en las afueras del municipio de Galeras; la investigación es instruida por la Fiscalía 16 Seccional de Sincelejo, con el radicado núm. 16950;
238. 8) Julio Enrique Carrascal Puentes, miembro del comité ejecutivo nacional de la CUT, secuestrado el 10 de agosto de 2001 en el municipio de María la Baja, departamento de Bolívar; según la Fiscalía General de la Nación fue liberado el 20 de agosto de 2001 y, respecto de la investigación por el secuestro, dijo que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación»;
239. 9) Winsgton Jorge Tovar Mesa, afiliado a ASONAL-CUT, secuestrado en las inmediaciones del municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, el 20 de agosto de 2001. Según informó la siscalía «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación»;
240. 10) Alvaro Alberto Agudelo Usuga, afiliado a ASONAL-CUT, desaparecido el 20 de agosto de 2001; informó la Fiscalía General de la Nación que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación»;
241. 11) Jorge Freite Romero, afiliado a la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA), el 28 de agosto de 2001; sobre la investigación por el secuestro informó la Fiscalía General de la Nación que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación»;
242. 12) Alvaro Laiton Cortés, presidente del Sindicato de Maestros de Boyacá, el 8 de septiembre de 2001 y fue liberado al poco tiempo del secuestro; sobre la investigación por el secuestro informó la Fiscalía General de la Nación que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación»;
243. 13) Marco Tulio Agudelo Rivera, ASONAL-CUT, en el municipio de Cocorna, en el departamento de Antioquia, el 5 de octubre de 2001. Sobre la investigación por el secuestro informó la Fiscalía General de la Nación que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación»;
244. 14) Iván Luis Beltrán, integrante del comité ejecutivo del FECODE-CUT, el 10 de octubre de 2001; sobre la investigación por el secuestro informó la Fiscalía General de la Nación que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación»;
245. 15) Juan Enrique Posada, miembro de ASONAL, el 5 de noviembre de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la autoridad que adelanta la investigación por el secuestro es la Fiscalía Especializada de Medellín a D.S.F. de Antioquia, en etapa preliminar. Se encuentra en práctica de pruebas. La fiscalía informó que: «en conversación telefónica sostenida con él (Juan Enrique Posada), manifestó que no ha sido miembro de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ASONAL»;
246. 16) Jhon Jaimes Salas Cardona, delegado de ADIDA-CUT, el 26 de noviembre de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la autoridad que adelanta la investigación por la desaparición del Sr. Salas Cardona es la unidad de fiscalía destacada ante el Gaula, rural de Antioquia, cuarta brigada, con el radicado núm. 1930, en etapa preliminar. La fiscalía comunicó que la investigación «se inició en la unidad de fiscalía delegada ante el Juzgado Penal del Circuito con sede en Frontino, por el delito de secuestro extorsivo radicado núm. 1930 y se remitió por competencia el 7 de diciembre de 2001 a la unidad de fiscalía destacada ante el Gaula rural de Antioquia, cuarta brigada». El Sr. Salas Cardona era el rector del colegio la Milagrosa. Su vinculación a la Asociación de Institutores de Antioquia está por establecerse;
247. 17) Gilberto Torres Martínez, secretario general de la subdirectiva única del oleoducto de la Unión Sindical Obrera (USO), en el municipio de Monterrey, por paramilitares, el 25 de febrero de 2002, fue liberado el 7 de abril de 2002; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el hecho es adelantada por la Fiscalía 12 Seccional Duitama, en Santa Rosa de Viterbo, con el radicado núm. 30171, en etapa preliminar. Actualmente la investigación está activa y se encuentra en práctica de pruebas;
248. 18) José Pérez, afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), en la quebrada La Nata, departamento de Casanare, el 25 de marzo de 2002, secuestrado el 25 de marzo de 2002 por integrantes del Frente José David Suárez del E.L.N. cuando se desplazaba por la vía marginal que conduce de la selva de Yopal a la estación de bombeo de ECOPETROL en el municipio de Araguaney, ubicada en la vereda La Niata, jurisdicción de Yopal, departamento de Casanare. Fue liberado el 3 de mayo de 2002, en el parque principal del municipio Labranzagrande (Boyacá), por intermedio de la Cruz Roja Internacional, medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo Regional Casanare. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el secuestro es adelantada por la Fiscalía 5 Delegada ante el Gaula de Yopal, con el radicado núm. 30169, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas con las diligencias iniciadas desde el 26 de marzo de 2002;
249. 19) Hernando Silva, afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), en la quebrada La Nata, departamento de Casanare, el 25 de marzo de 2002, secuestrado el 25 de marzo de 2002 por integrantes del Frente José David Suárez del E.L.N. cuando se desplazaba por la vía marginal que conduce de la selva de Yopal a la estación de bombeo de ECOPETROL en el municipio de Araguaney, ubicada en la vereda La Niata, jurisdicción de Yopal, departamento de Casanare. Fue liberado el 3 de mayo de 2002, en el parque principal del municipio Labranzagrande (Boyacá), por intermedio de la Cruz Roja Internacional, medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo Regional Casanare. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el secuestro es adelantada por la Fiscalía 5 Delegada ante el Gaula de Yopal, con el radicado núm. 30169, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas con las diligencias iniciadas desde el 26 de marzo de 2002.
     • Tentativas de homicidio
250. 1) Albeiro González García, presidente de ASODEFENSA, eje cafetero, fue enviado a zona de guerra sin ser militar, y se negó; luego fue víctima de un atentado el 24 de septiembre de 1998; actualmente se encuentra exiliado en Europa; según comunicación núm. 04146 dirigida a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 24 de diciembre de 2002, suscrita por el Dr. Alvaro Paris Barón, asesor jurídico de ASODEFENSA, el Sr. Albeiro González García, trabajó en el eje cafetero, como empleado público se desempeñó con el cargo de conductor durante aproximadamente 8 años; fue objeto de amenazas de muerte, las cuales puso en conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional, buscando su traslado a otra zona del territorio colombiano, en vista de no conseguirlo solicitó asilo político, encontrándose actualmente en el exterior. Esta comunicación no hace ninguna mención de la calidad de líder o activista sindical del Sr. Albeiro González, por lo tanto no puede afirmarse que fuese el presidente de ASODEFENSA;
251. 2) Ricardo Herrera, dirigente de SINTRAEMCALI, fue víctima de un atentado en Cali, el 19 de septiembre de 2000; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, fue víctima de amenazas, en Cali, Valle, el 27 de septiembre de 2000. La investigación la adelanta la Fiscalía 75 Seccional de Cali, en etapa preliminar, con el radicado núm. 391287. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas. La fiscalía informó que se solicitaron medidas de protección, en espera del informe del C.T.I. De hecho el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001», el Sr. Ricardo Herrera, gozó de las siguientes medidas de protección: celular, radio Avantel, vehículo corriente, por un total de 54.370.060 pesos. En el año 2002 se le otorgó celular y radio Avantel como medidas de protección por un valor de 1.464.000 pesos;
252. 3) Wilson Borja Díaz, presidente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), el 14 de diciembre de 2000 fue interceptado por sicarios que le dispararon con armas de fuego, resultando con graves lesiones. Actualmente se encuentra en estado delicado bajo supervisión médica; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación fue adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos, con el radicado núm. 943C. La fiscalía informó que: «El 18 de marzo de 2002 se profiere resolución de acusación en contra de Jhon Fredy Peña Avila, como presunto coautor de los delitos de homicidio en el grado de tentativa, en concurso material homogéneo con el delito de concierto para delinquir». Actualmente el estado de la investigación está en causa, es decir, pasó a la etapa del juicio. El Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001», informó que el Sr. Wilson Borja Díaz, gozó de las siguientes medidas de protección: celular, radio Avantel, vehículo corriente, vehículo blindado, tiquetes y ayuda humanitaria nacional por un total de 285.721.420 pesos. En el año 2002 se le otorgó celular, radio Avantel y ayuda humanitaria nacional como medidas de protección, entre otras, por un valor de 2.850.648 pesos;
253. 4) César Andrés Ortiz, sindicalista de la CGTD, el 26 de diciembre de 2000; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, fue víctima de un disparo en la espalda mientras caminaba por su barrio, el 26 de diciembre de 2000. En el ataque murió un joven y resultaron heridos otras seis personas. Sobre la investigación por el hecho la Fiscalía informó que: «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación»;
254. 5) Héctor Fabio Monroy, afiliado de AICA-FECODE, fue víctima de un atentado con arma de fuego, el 23 de febrero de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, se están haciendo todas la averiguaciones pertinentes para ubicar todos los casos en la Fiscalía General de la Nación;
255. 6) Contra la junta directiva de SINTRAEMCALI, en las afueras de la ciudad de Cali, cuando se encontraban reunidos en una mesa de trabajo para efectuar propuestas frente al plan de recuperación de las empresas de Cali, el 10 de junio de 2001; la Fiscalía General de la Nación informó que: «está pendiente por ubicar la autoridad que adelanta esta investigación, el número de su radicado y el estado de la misma»;
256. 7) María Emma Gómez de Perdomo, afiliada de ANTHOC, fue víctima de un atentado en el cual fue herida por cuatro balazos, en la ciudad de Honda, el 13 de junio; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación la adelanta la Fiscalía 48 Seccional de Honda, con el radicado núm. 5245, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas. La fiscalía dijo que: «se libró misión de trabajo a los organismos de policía judicial, con el fin de lograr individualizar e identificar a los presuntos autores del hecho». En la misma fiscalía delegada se adelanta una investigación preliminar por el presunto punible de amenazas contra algunos funcionarios del Hospital San Juan de Dios de Honda, y se encuentra en práctica de pruebas;
257. 8) Clemencia del Carmen Burgos, afiliada a ASONAL-CUT, estaba investigando las redes de financiación de las Autodefensas de Colombia, el 11 de julio de 2001; la Fiscalía General de la Nación informó que: «se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación» y así ubicar la autoridad que adelanta esta investigación;
258. 9) Omar García Angulo, afiliado de SINTRAEMECOL, el 16 de agosto de 2001; la Fiscalía General de la Nación informó que: «se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación» y así ubicar la autoridad que adelanta esta investigación. Todavía está por establecerse el tipo de vinculación que tenía el Sr. García Angulo con SINTRAELECOL, Seccional Fusagasuga;
259. 10) Carlos Arturo Mejía Polanco, miembro de la subdirectiva Seccional Yumbo del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción (SUTIMAC-CUT), el 16 de noviembre de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación la instruye la unidad de apoyo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en Cali con el radicado núm. 468731. Se encuentra vinculada una persona afectada con medida de aseguramiento de detención preventiva. El 24 de mayo de 2002 se decretó el cierre de investigación, se encuentra corriendo el término de notificación, una vez en firme entra al despacho para calificar el mérito del sumario;
260. 11) Albeiro Forero, dirigente del Sindicato de Trabajadores del municipio de Cartago (SINTRAMUNICIPIO), el 13 de febrero de 2002 fue víctima de un disparo por parte de un paramilitar. Ya ha sido víctima de atentados, y según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación la instruye la Fiscalía 17 Seccional de Cartago, con el radicado núm. 9082. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
261. 12) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINTRAINAL), en el departamento del Valle del Cauca, el 14 de febrero de 2002 se efectuó un tiroteo contra las instalaciones. En el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, sólo se registra una investigación adelantada por amenazas contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos SINTRAINAL, registradas en Bugalagrande, Valle, desde el 1.º de junio de 2000. La investigación por este hecho está activa y es adelantada por la Unidad Seccional de Cali, con el radicado núm. 392158. La investigación actualmente está en práctica de pruebas. No obstante lo anterior, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ofició a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que dicha entidad se pronunciara respecto del atentado aparentemente ocurrido el 14 de febrero de 2002 contra las instalaciones de SINTRAINAL.
     • Amenazas de muerte
262. 1) Juan de la Rosa Grimaldos, presidente del ASEINPEC; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra el Sr. Juan de la Rosa Grimaldos, recibidas en mayo de 2000, en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, dicha entidad advierte que «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación». En el «listado de medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales 2001 y 2002», del Ministerio del Interior, no se registra ninguna solicitud de protección por parte del Sr. Juan de la Rosa Grimaldos, y por lo tanto ninguna medida de protección le fue otorgada durante este período;
263. 2) María Clara Baquero Sarmiento, presidente de ASODEFENSA; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra la Sra. María Clara Baquero Sarmiento, recibidas el 1.º de octubre de 2000, en Bogotá, Cundinamarca. La investigación por el hecho se encuentra en etapa preliminar y es adelantada por la Unidad Nacional de Derechos Humanos, con el radicado núm. 978. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas y mediante resolución del 6 de marzo de 2002 se ordenó la recepción de testimonios. Adicionalmente el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001», informó que la Sra. María Clara Baquero Sarmiento, gozó de las siguientes medidas de protección: gastos de estadía y manutención, escoltas y tiquetes por un valor total de 19.526.292 pesos;
264. 3) Jorge Nisperuza, presidente de la subdirectiva CUT-Córdoba; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra el Sr. Jorge Nisperuza, recibidas en la ciudad de Montería, Córdoba. Sin embargo, dicha entidad advierte que «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación»;
265. 4) Mario de Jesús Castañeda, presidente de la subdirectiva CUT-Huila; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra el Sr. Mario de Jesús Castañeda, recibidas en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. La investigación está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía Primera Seccional de Neiva, con el radicado núm. 47993. Adicionalmente la Fiscalía señaló que: «se encuentra pendiente de recepcionar la declaración del ofendido, para determinar lo relacionado con la ocurrencia de los hechos y establecer si existe denuncia instaurada por el ofendido y así determinar si ante alguna otra autoridad cursa investigación por los mismos hechos». Finalmente el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001», informó que el Sr. Castañeda, gozó de las siguientes medidas de protección: vehículo corriente por un valor total de 52.753.725 pesos;
266. 5) Gerardo Rodrigo Genoy Guerrero, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de SINTRABANCOL; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra el Sr. Gerardo Rodrigo Genoy Guerrero, recibidas en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca. Sin embargo, dicha entidad advierte que «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación»;
267. 6) Otoniel Ramírez, presidente de la subdirectiva CUT-Valle; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra el Sr. Otoniel Ramírez, recibidas en junio de 2001, en Yumbo, Valle. Sin embargo, dicha entidad advierte que «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación». Según el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001», el Sr. Ramírez, presidente de la subdirectiva CUT?Valle y afiliado a SUTIMAC, Seccional Yumbo, gozó de las siguientes medidas de protección: radio Avantel, celular por un valor total de 1.616. 335 pesos. Durante el año 2002 tuvo radio Avantel y celular como medidas de protección por un valor total de 1.465.113 pesos;
268. 7) José Rodrigo Orozco, miembro de la junta directiva CUT-CAUCA; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra el Sr. José Rodrigo Orozco, recibidas en Popayán, Cauca. Sin embargo, dicha entidad advierte que «se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación». También se informó a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el Sr. Orozco era directivo de la CUT departamento del Cauca. Según el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001», el Sr. José Rodrigo Orozco, gozó de las siguientes medidas de protección: ayuda humanitaria nacional y celular por un valor total de 2.645.932 pesos. Durante el año 2002 tuvo celular como medida de protección por un valor total de 1.014.465 pesos;
269. 8) Leonel Pastas, dirigente del Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), el 14 de agosto de 2001; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra el Sr. Leonel Pastas, recibidas en Bogotá, Cundinamarca, el 14 de agosto de 2001. Sin embargo, dicha entidad advierte que se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
270. 9) Rusbel, dirigente del INCORA, el 14 de agosto de 2001; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra el Sr. Rusbel, recibidas en Bogotá, Cundinamarca, el 14 de agosto de 2001. Sin embargo, dicha entidad advierte que se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
271. 10) Edgar Púa y José Meriño, tesorero y fiscal de la ANTHOC, el 16 de agosto de 2001; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra los Sres. Edgar Púa y José Meriño, recibidas en Barranquilla, Atlántico, el 16 de agosto de 2001. Sin embargo, dicha entidad advierte que se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación;
272. 11) Gustavo Villanueva, dirigente de ANTHOC, el 16 de agosto de 2001; la Fiscalía General de la Nación informó que se registra el reporte de la denuncia por amenazas de muerte contra el Sr. Gustavo Villanueva recibidas en Polonuevo, Antioquia, el 16 de agosto de 2001. La investigación por el hecho es adelantada por la Fiscalía 21 delitos contra la seguridad pública, salud pública y otros, con el radicado núm. 106351, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
273. 12) Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Oficiales de los municipios del departamento de Antioquia (SINTRAOFAN) son intimidados por paramilitares para que renuncien a la organización sindical; la Fiscalía General de la Nación informó que la investigación por el hecho está activa y es adelantada por la unidad de apoyo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Medellín, con el radicado núm. 43, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas;
274. 13) Aquiles Portilla, dirigente de FECODE, víctima de seguimientos el 29 de agosto de 2001; la Fiscalía General de la Nación informó que la investigación por el hecho está activa y es adelantada por la Fiscalía 14 Seccional de Pasto, con el radicado núm. 45718, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas. Según el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001», el Sr. Aquiles Portilla Lagos, gozó de las siguientes medidas de protección: vehículo corriente por un valor total de 52.753.725 pesos. Durante el año 2002 tuvo celular y radio Avantel como medidas de protección por un valor total de 1.465.13 pesos;
275. 14) Edgar Mojica y Daniel Rico, presidente y secretario de prensa respectivamente de la Unión Sindical Obrera (USO), amenazados por las Autodefensas Unidas de Colombia; la Fiscalía General de la Nación informó que se están haciendo todas las averiguaciones pertinentes para ubicar los casos en la Fiscalía General de la Nación. Según el Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», los Sres. Edgar Mojica Vanegas y Daniel Rico, gozaron de las mismas medidas de protección, las cuales son: en el 2001 celular por un valor total de 929.932 pesos, y durante el año 2002 también se les otorgó teléfono celular por un valor total de 1.014. 465 pesos;
276. 15) Over Dorado Cardona, dirigente de ADIDA, el 19 de septiembre de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el hecho es adelantada por unidad de apoyo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH en Medellín, bajo el radicado núm. 61, en etapa preliminar. Actualmente se encuentra en práctica de pruebas. El Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», informó que el Sr. Over Dorado tuvo las siguientes medidas de protección: en el 2001 radio Avantel por un valor total de 686.403 pesos, y durante el año 2002 también se le otorgó radio Avantel por un valor total de 753.725 pesos;
277. 16) Orlando Herrán, Rogelio Pérez Gil, Edgar Alvarez Cañizales, Dalgy Barrera Gamez, Jorge Vázquez Nivia, Javier González, Humberto Castro, Cervulo Bautista Matoma afiliados a la CGTD recibieron amenazas y son víctimas de seguimientos; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, radicado núm. 605625, Fiscal 241 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual; radicado núm. 140368, Fiscalía 5 y 6 Especializada de Valledupar. El Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2002», informó que el Sr. Cervulo Bautista tuvo la siguiente medida de protección: ayuda humanitaria especial (transporte y trasteos) por un valor total de 3.700.000 pesos;
278. 17) Jaime Goyes, Jairo Roseño, Rosalba Oviedo, Pedro Layton, Ricardo Chávez, Diego Escandón, Luis Ortega, dirigentes sindicales del departamento de Nariño, fueron amenazados de muerte por las Autodefensas Unidas de Colombia, el 8 de octubre de 2001; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas: Fiscalía 14 Seccional de Pasto, bajo el radicado núm. 45718;
279. 18) Carlos Alberto Florez Loaiza, miembro de la junta directiva nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES), el 5 de enero de 2002; según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el hecho se encuentra activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 31 Seccional de Cali. El Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», informó que el Sr. Carlos Alberto Florez Loaiza tuvo las siguientes medidas de protección: en el 2001 se le otorgó radio Avantel y tiquetes por un valor total de 1.254.773 pesos. Durante el año 2002 se le otorgó radio Avantel, tiquetes nacionales y ayuda humanitaria nacional por un valor total de 3.545.018 pesos;
280. 19) José Homer Moreno Valencia, miembro de SINTRAEMSDES-CUT el 10 de enero de 2002, según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos contra sindicalistas, la investigación por el hecho se encuentra activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 31 Seccional de Cali. El Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2002», informó que el Sr. José Homer Moreno tuvo la siguiente medida de protección: ayuda humanitaria nacional por un valor total de 1.854.000 pesos;
281. 20) Luis Hernández, presidente de SINTRAEMCALI. Según el informe general de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre violaciones a derechos humanos de sindicalistas, la investigación por el hecho se encuentra activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 30 Seccional de Cali. El Ministerio del Interior, programa de protección a testigos y personas amenazadas, de acuerdo con el listado de «medidas efectivamente entregadas a líderes y activistas sindicales durante el año 2001 y 2002», informó que el Sr. Carlos Alberto Florez Loaiza tuvo las siguientes medidas de protección: en el 2001 se le otorgó celular por un valor total de 929.932 pesos. Durante el año 2002 también se le otorgó celular por un valor total de 1.014.465 pesos.
     • Persecuciones
282. 1) Esperanza Valdés Amortegui, tesorera de ASODEFENSA, víctima de espionaje ilegal mediante la instalación de micrófonos en el lugar de trabajo; según comunicación núm. 04146 de fecha 24 de diciembre de 2002 suscrita por el asesor jurídico de ASODEFENSA, no se hace ninguna mención sobre la calidad de líder o dirigente sindical de la Sra. Esperanza Valdés;
283. 2) Freddy Ocoro, presidente del Sindicato de Trabajadores del municipio de Buga la Grande, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001, la investigación está activa, en etapa preliminar y es adelantada por la Fiscalía 4 Especializada de Cali, con el radicado núm. 396788. Actualmente está en práctica de pruebas. Durante el año 2002 también se le otorgó ayuda humanitaria nacional, radio Avantel y celular por un valor total de 4.246.113 pesos. Adicionalmente el Ministerio del Interior en comunicación del 5 de agosto de 2002 dirigida a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, informó que «como medida de protección el comité de reglamentación y evaluación de riesgos le aprobó al Sr. Freddy Ocoro Botero una salida temporal del país en la ruta Bogota-Lyon (Francia)».
284. 478. Con relación a lo anotado por el Comité, en los párrafos 361 y 383 del 329.º informe, sobre el paro de 16 de septiembre, el cual «fue estigmatizado por miembros del Gobierno que prohibieron las marchas obreras durante ese día debido a las sospechas de infiltraciones de la guerrilla», el Gobierno comunica al Comité con base en la «evaluación del paro estatal y agrario» de la policía nacional, dirección de inteligencia, de fecha 22 de septiembre de 2002, que el paro del 16 de septiembre se cumplió en términos de normalidad, una jornada nacional de protesta estatal convocada por los principales sindicatos del país, y un paro agrario organizado por movimientos sociales y agrarios de los departamentos de Huila, Tolima y Cauca. El Gobierno respetó el derecho a la protesta siempre que fueran respetados los derechos al trabajo y a la movilización de las personas. La protesta estatal transcurrió en relativa normalidad, a través de concentraciones, marchas y la parálisis de actividades en los sectores salud, magisterio, petrolero, aeronáutica civil, justicia y de administración pública. En 19 ciudades capitales, se registraron marchas con importantes niveles de participación. En Bogotá se congregaron 12.000 manifestantes y a nivel nacional se estimó una participación aproximada de 20.000 personas en desarrollo de las marchas.
285. 479. Uno de los aspectos de mayor atención de la jornada, lo constituyó la parálisis de los trabajadores de la aeronáutica civil, quienes transitoriamente afectaron las operaciones aéreas. Valle, Antioquia, Cundinamarca, Santanderes, Huila, Risaralda y Quindío, fueron los departamentos con mayores niveles de participación social en el marco del paro.
286. 480. En relación con el paro estatal, se presentaron cuatro marchas, 83 concentraciones y 30 mítines informativos. A nivel regional se presentaron 118 actividades de protesta, discriminadas en 36 marchas, 19 mítines, 58 concentraciones, una toma al INCORA de Pereira, la cual fue desalojada, además de la detonación de cuatro papas explosivas en Pasto y Cali. El Gobierno anexa a continuación los informes consolidados del Ministerio del Interior y de la policía nacional sobre las situaciones que se presentaron en varias zonas del país durante las horas del paro que exponen la normalidad del desarrollo de las actividades en distintos sectores y en varias zonas del país.
287. 481. Con relación a lo anotado por el Comité, en los párrafos 369 y 380 del 329.º informe, sobre «la evaluación al programa de protección recomendada en el 328.º informe, literal h), que el Ministerio del Interior, con la cooperación de la OIT y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya viene realizando», el Gobierno colombiano comunica al Comité que dicha evaluación ya fue realizada, la cual reposa en un riguroso informe que contiene entre otros temas, los siguientes: 1) marco en el que se desarrollan los programas de protección; 2) marco jurídico (marco normativo internacional y recomendaciones de órganos internacionales, marco legal, facultades de las instituciones y autoridades competentes que participan en los programas); 3) marco político (programas de protección, política de protección, reconocimiento público y regular de la legitimidad de la actividad sindical, vínculos entre Gobierno, fuerza pública y defensores de derechos humanos, etc.); 4) estructura administrativa de los programas (métodos, procedimientos y procesos de los programas de protección, tratamiento de la solicitud de protección, solicitud de estudio de nivel de riesgo, criterio de aceptación de casos, tratamiento de los casos urgentes, procedimiento de respuesta a los casos urgentes, etc.); 5) estructura financiera (presupuesto y otras fuentes de recursos); 6) medidas de protección (protección blanda y protección dura); 7) resultados de las encuestas a beneficiarios y a escoltas; 8) conclusiones; 9) recomendaciones.
     • Breve reseña de las conclusiones y recomendaciones formuladas al programa de protección del Ministerio del Interior más importantes del informe
288. 482. Las recomendaciones se dividen en tres grandes grupos: políticas de prevención, estructura funcional, y recomendaciones operativas. En cuanto a las primeras, se sugiere una mayor participación de las autoridades regionales en el desarrollo de los programas de protección. Así por ejemplo, se recomienda la coordinación con las autoridades locales (gobernadores, alcaldes y comandantes de policía) de los programas de protección del Ministerio. Dichas autoridades deberían poner en ejecución las comisiones departamentales y municipales previstas en la ley núm. 62 de 1993, para coadyuvar y coordinar los programas.
289. 483. En cuanto a las recomendaciones relacionadas con la infraestructura de funcionamiento, se recomienda que las labores de protección estén encomendadas a «un verdadero cuerpo de escoltas», dedicado exclusivamente al cumplimiento de dicha misión, «absolutamente separado de las actividades de inteligencia y contrainteligencia», y funcionar en instalaciones propias. Además, se recomienda que cuente con instructores, supervisores y expertos de seguridad. Se recomienda, asimismo, la reorganización de los CRER, de modo que sean más ágiles y eficaces dando participación a más sectores de la sociedad civil representada en ellos.
290. 484. En cuanto a las recomendaciones operativas, se sugiere que los escoltas reciban, además del entrenamiento en protección, capacitación en temas tales como derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos.
291. 485. Se recomienda, igualmente, que los procesos de selección y capacitación del personal de escoltas se haga con total transparencia, evitando que los seleccionados tengan antecedentes que puedan indicar «posiciones hostiles a los grupos de personas protegidas» por los programas. El grupo no se puso de acuerdo respecto de la relación con el organismo del cual debería depender el grupo de escoltas. Sobre el particular se presentaron diversas opiniones.
292. 486. Se recomienda también que los beneficiarios de los programas hagan esfuerzos por instaurar una cultura de la autoprotección y que «desarrollen actividades y conductas que contribuyan a reducir el grado de vulnerabilidad en que se encuentran».
293. 487. El tratamiento de la información relativa a los programas debe ser absoluta y estrictamente confidencial. Igualmente, deben simplificarse y estandarizarse los trámites relativos a las solicitudes de seguridad, posibilitando la implementación de medidas provisionales, «aplicables a los beneficiarios que no han obtenido las medidas de protección definitivas».
294. 488. Se recomienda, finalmente, una revisión a la planeación financiera del programa, la permanencia del ejecutor de los recursos y la conveniencia de considerar al PNUD como organismo ejecutor, así como la posible forma de integración del patrimonio del programa.
295. 489. Con relación a lo anotado por el Comité, en el párrafo 378 del 329.º informe, dentro del caso núm. 1787, sobre «la suspensión el 23 de marzo de 2001 en la Fiscalía General de la investigación relativa al asesinato del sindicalista Leonardo Betancurth Méndez», el Gobierno colombiano manifiesta que según comunicación enviada a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la Fiscalía General de la Nación, el día 14 de enero de 2002, mediante resolución de 23 de marzo de 2001, se profirió resolución inhibitoria dentro del expediente radicado con el núm. 5297, por el ilícito de Homicidio, occiso el Sr. Leonardo Betancuth Méndez, pasando el expediente al archivo el 22 de abril del mismo año.
296. 490. La Fiscalía 25 delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, comunicó las razones de la suspensión del caso, en los siguientes términos: «es de anotar que de las pruebas allegadas al expediente, en especial el informe UIPJ 143 emitido por la Seccional DAS, no se logró establecer testigos presenciales de los hechos y ni de los motivos por los cuales al mismo se le dio muerte y mucho menos identificar e individualizar a los presuntos responsables». En consecuencia de lo anterior, se concluye que el archivo del expediente fue debidamente motivado.
297. 491. Finalmente, por comunicación de 3 de febrero de 2003, el Gobierno informa sobre la adopción con fecha 15 de enero de 2003 del «Plan de Trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores». Dicho plan está constituido por dos grupos de trabajo: el primero se ocupa de las cuestiones relativas a la justicia y a la protección de los derechos humanos de los trabajadores y sus posibles violaciones y el segundo de la promoción y protección del ejercicio de la libertad sindical y los derechos de asociación, negociación y contratación colectiva. El objetivo principal del plan consiste en superar la impunidad en que se encuentran los hechos de violación de la libertad sindical teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical.

D. Conclusiones del Comité

1. 492. El Comité toma nota una vez más con profunda preocupación de las nuevas denuncias de asesinatos, atentados, secuestros y amenazas contra sindicalistas presentadas por las organizaciones querellantes. Desde el último examen del caso [véase 329.º informe] se han denunciado 11 asesinatos, dos secuestros, un atentado y 15 amenazas. Según los alegatos suministrados por los querellantes, desde enero de 2002 hasta fines de enero de 2003 el número de dirigentes sindicales asesinados es de 40 y el de afiliados de 60.
2. 493. El Comité toma nota asimismo de las observaciones del Gobierno en las que informa brevemente y de manera general sobre la etapa investigativa del proceso penal. Dicho proceso consta de dos etapas, las diligencias preliminares y la instrucción; la primera etapa, destinada a determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal finaliza con una resolución de apertura de investigación que da lugar a la instrucción o con una resolución inhibitoria, clausurándose las acciones. El Gobierno envía una lista de las investigaciones realizadas en cuanto a los actos de violencia y de las medidas adoptadas con el fin de dar protección a los sindicalistas amenazados.
3. 494. El Comité toma nota una vez más de la lista de investigaciones llevadas a cabo por distintos organismos del Estado. El Comité observa que en la presente ocasión el Gobierno hace referencia a un gran número de asesinatos y actos de violencia tratados en anteriores exámenes del caso. No obstante, el Comité constata de la lectura de dicha lista que en lo que se refiere a 81 denuncias sobre asesinatos, actos de violencia, secuestros, desapariciones, atentados y amenazas tratados en la sección B «nuevos alegatos» del anterior examen del caso:
   • — en 60 de ellas existen investigaciones (casi todos en etapa preliminar);
   • — se realizan averiguaciones para determinar si existen investigaciones y qué autoridad las lleva adelante en nueve de ellas;
   • — no envía ninguna información respecto de seis de ellas;
   • — informa sobre detenciones o personas vinculadas a los hechos en cinco de ellas y de la suspensión de las actuaciones en una de ellas.
   • En ningún caso se informa sobre condenas efectivas.
4. 495. En lo que se refiere a las 265 denuncias sobre asesinatos, secuestros, desapariciones, tentativas de homicidio, amenazas de muerte y persecuciones denunciados en el anexo I (Actos de violencia contra dirigentes sindicales o sindicalistas alegados hasta la reunión del Comité de marzo de 2002 sobre los que el Gobierno no había comunicado sus alegatos o sobre los que el Gobierno no informaba que se hubieran iniciado investigaciones o procesos judiciales), el Comité constata que:
   • — se han iniciado investigaciones en 120 de ellas (casi todas en etapa preliminar);
   • — no hay investigaciones o se están haciendo averiguaciones para determinar si las hay y qué autoridad las lleva adelante en 54 de ellas;
   • — las investigaciones han sido suspendidas o archivadas o hay resolución inhibitoria (final de la etapa preliminar) en 17 casos;
   • — el Gobierno no envía ninguna información respecto de 56 de ellas;
   • — el Gobierno informa que hay detenidos o personas vinculadas respecto de ocho denuncias;
   • — el Gobierno informa que cuatro muertes se deben a causas naturales;
   • — en dos casos hubo dos liberados.
   • En ningún caso se informa sobre condenas efectivas.
5. 496. El Comité observa el carácter extenso de la respuesta del Gobierno. El Comité observa también que si bien el Gobierno envía informaciones respecto de numerosas investigaciones en curso, el número de actos de violencia pendientes denunciados por los querellantes sigue siendo muy elevado. Además, en casi todos los casos las investigaciones se encuentran en etapa preliminar procediéndose a recabar pruebas. El número de responsables identificados o detenidos es muy reducido. Cierto número de investigaciones han sido suspendidas, archivadas o cuentan con una resolución inhibitoria lo que, como lo informara el Gobierno, equivale a concluir con las investigaciones. En todo caso, el Comité observa que ninguna de las investigaciones iniciadas ha concluido con la condena efectiva de los responsables de los actos de violencia contra los dirigentes sindicales.
6. 497. Por otra parte, el Comité lamenta observar que desde el último examen del caso se han denunciado 11 asesinatos, dos secuestros, un atentado y 15 amenazas. Nuevamente, el Comité reitera que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la persona [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafo 46].
7. 498. Reiterando sus observaciones anteriores y observando que el clima de violencia afecta a todos los sectores de la población, el Comité deplora profundamente una vez más que las investigaciones avancen escasamente y luego, en muchos casos, sean suspendidas por falta de pruebas. El Comité estima que el retraso en la administración de justicia y la suspensión de los procesos son corolarios de una situación profunda de impunidad que no ayuda ni a la credibilidad del Gobierno ni al mejoramiento de la situación. En este sentido, el Comité debe lamentar una vez más que a pesar de los diversos organismos creados, de las investigaciones llevadas a cabo por los mismos, y hasta en algunos casos de la detención de sospechosos, la grave situación de impunidad continúa. Asimismo, el Comité pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad y para sancionar a todos los responsables de los innumerables actos de violencia.
8. 499. El Comité urge una vez más al Gobierno a que tome medidas de inmediato para que las investigaciones cubran la totalidad de los hechos violentos alegados y que las mismas avancen de forma significativa con el fin de sancionar efectivamente a los responsables. El Comité urge pues al Gobierno a que continúe enviando sus observaciones sobre los avances en las investigaciones ya iniciadas (anexo II) y a que tome medidas para que sin demora se inicien las investigaciones correspondientes a los demás asesinatos, secuestros, desapariciones, atentados y amenazas mencionados en el anexo I así como los mencionados en la sección «nuevos alegatos» del presente informe.
9. 500. El Comité toma nota de la información del Gobierno respecto de la investigación relativa al asesinato del sindicalista Leonardo Betancourt Méndez, según la cual sobre la misma ha recaído resolución inhibitoria. Es decir, al no poder determinarse las circunstancias de los hechos, ni haber testigos, ni sospechosos, las autoridades deciden no proseguir con la investigación.
10. 501. En cuanto a la calidad de sindicalistas de algunas de las víctimas, sobre la que existen discrepancias entre las organizaciones querellantes y el Gobierno, el Comité toma nota de que el Gobierno niega la calidad de dirigente o sindicalista de un número considerable de víctimas. El Comité pide a los querellantes que envíen la información necesaria para esclarecer la condición de sindicalistas de tales personas.
11. 502. En lo que respecta al programa de protección establecido por el Ministerio del Interior, el Comité toma nota de la evaluación realizada en el marco de dicho programa que incluye evaluaciones sobre: el marco jurídico y político de los programas de protección, política de protección, la estructura administrativa de los programas, métodos, procedimientos y procesos de los programas de protección, tratamiento de la solicitud de protección, solicitud de estudio de nivel de riesgo, criterio de aceptación de casos, tratamiento de los casos urgentes, procedimiento de respuesta a los casos urgentes, estructura financiera, medidas de protección (protección blanda y protección dura). El Comité toma nota asimismo de las recomendaciones operativas que resultaron de dicha evaluación en las que se sugiere entre otros que los beneficiarios de los programas hagan esfuerzos por instaurar una cultura de la autoprotección y que desarrollen actividades y conductas que contribuyan a reducir el grado de vulnerabilidad en que se encuentran; que el tratamiento de la información relativa a los programas sea confidencial y que se simplifiquen y estandaricen los trámites relativos a las solicitudes de seguridad, posibilitando la rápida implementación de medidas provisionales, aplicables a los beneficiarios que no han obtenido las medidas de protección definitivas. De acuerdo a la información suministrada por el Gobierno el Comité observa que cierto número de dirigentes sindicales disfrutan de medidas de protección. El Comité pide al Gobierno que se prosiga e incremente la protección de todos los sindicalistas que se encuentran en situación de riesgo y que continúe manteniéndolo informado de la evolución del programa de protección. Además, el Comité toma nota de la adopción con fecha 15 de enero de 2003 del «Plan de Trabajo de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores». El Comité pide al Gobierno que continúe manteniéndolo informado de la evolución de dicho plan.
12. 503. En lo que respecta a los alegatos presentados por la CIOSL sobre las amenazas y detenciones de numerosos dirigentes sindicales por haber participado en la movilización y paro del 16 de septiembre de 2002, el Comité toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales el mismo se desarrolló con normalidad y que se respetó el derecho a la protesta en todos aquellos casos en que los derechos al trabajo y a la movilización de las personas fueron respectados. El Comité toma nota asimismo de que según el Gobierno, la protesta estatal transcurrió en relativa normalidad, a través de concentraciones, marchas y la parálisis de actividades en los sectores salud, magisterio, petrolero, aeronáutica civil, justicia y de administración pública. En 19 ciudades capitales, se registraron marchas con importantes niveles de participación. En Bogotá se congregaron 12.000 manifestantes y a nivel nacional se estimó una participación aproximada de 20.000 personas en el desarrollo de las marchas. El Comité observa no obstante que el Gobierno no se refiere a la prohibición de algunas marchas, ni a la detención de los dirigentes sindicales Raúl Herrera, dirigente sindical de la región SUMAPAZ, Rubén Robles, Secretario General del Sindicato Departamental de Agricultores de Sucre y dirigente de FENSUAGRO, Ana María Andrea Ablanedo y Daniel Bustos Gutiérrez, delegados internacionales de la ONG española SOLDEPAZ PACHAKUTTI, Mauricio Rubiano, secretario de Derechos Humanos del Departamento de la Juventud de la CUT, María Isabel Lenis, defensora delegada regional de la seccional Valle del Cauca, Otoniel Ramírez, presidente de NOMADESC, organización de derechos humanos, Oscar Figueroa y Angel Tovar, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI). El Comité insta al Gobierno a que tome medidas para que se realicen sin demora investigaciones sobre dichos alegatos, y si se comprueba que las detenciones tuvieron por motivo actividades sindicales legítimas, se ponga de inmediato en libertad a los afectados en caso de que aún estén detenidos. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto.
13. 504. El Comité deplora que el Gobierno no haya aplicado sus recomendaciones anteriores a efectos de poder luchar más eficazmente contra la impunidad y afrontar más adecuadamente las causas de los actos de violencia antisindical, el Comité pide nuevamente al Gobierno como hizo en sus anteriores recomendaciones, que le informe sobre la intensidad de los actos de violencia contra sindicalistas desde el punto de vista de cada sector industrial y de cada región.
14. 505. Finalmente, el Comité toma nota de la reciente comunicación de la CIOSL de fecha 3 de febrero de 2003 por medio de la cual se alegan amenazas, asaltos, el asesinato de dos dirigentes sindicales, la detención también de cuatro dirigentes, la negativa de protección a un dirigente y el incumplimiento del acuerdo celebrado el 29 de enero de 2002 entre el Gobierno, los trabajadores de la Empresas Municipales de Cali (EMCALI) y la comunidad caleña por medio del cual se había establecido que las mismas no serían privatizadas. El Comité pide al Gobierno que comunique sin demora sus observaciones al respecto.

Z. Anexo I

• Actos de violencia contra dirigentes sindicales
• o sindicalistas alegados hasta la reunión del Comité
• de noviembre de 2002 sobre los que el Gobierno no
• ha comunicado sus observaciones o sobre los que
• el Gobierno no informa que se hayan iniciado
• investigaciones o procesos judiciales
• Asesinatos
  1. 1) Edison Ariel, 17 de octubre de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO;
  2. 2) Francisco Espadín Medina, afiliado a SINTRAINAGRO, el 7 de septiembre de 2000, en el municipio de Turbo;
  3. 3) Carlos Cordero, afiliado de ANTHOC, el 6 de diciembre de 2000, en Peñas Blancas, por paramilitares;
  4. 4) Gabriela Galeano, dirigente de ANTHOC, el 9 de diciembre de 2000, en Cúcuta, por paramilitares;
  5. 5) Ricardo Florez, miembro de SINTRAPALMA, el 8 de enero de 2001;
  6. 6) Elsa Clarena Guerrero, afiliada de ASINORT, el 28 de enero de 2001, en el municipio de Ocaña en un retén militar;
  7. 7) Alfonso Alejandro Naar Hernández, afiliado de ASEDAR, filial de FECODE, el 8 de febrero de 2001, en el municipio de Arauca;
  8. 8) Raúl Gil, miembro de SINTRAPALMA, el 11 de febrero de 2001, en el municipio de Puerto Wilches;
  9. 9) Alberto Pedroza Lozada, el 22 de marzo de 2001;
  10. 10) Jesús Antonio Ruano, afiliado de ASEINPEC, en el municipio de Palmira, el 27 de marzo de 2001;
  11. 11) Leyder María Fernández Cuellar, esposa del anterior, el 26 de abril de 2001;
  12. 12) Edgar Thomas Angarita Mora, afiliado de ASEDAR y FECODE, en el departamento de Arauca, el 12 de junio de 2001, en el departamento de Arauca, luego de haber participado en un bloqueo a la Vía Fortul Sarabena como acto de protesta por el proyecto de ley núm. 012;
  13. 13) Manuel Pájaro Peinado, tesorero del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla (SINDIBA), el 16 de agosto de 2001, en el departamento del Atlántico, había solicitado su inclusión en el Programa de Protección del Ministerio del Interior del cual no recibió respuesta. Su asesinato se produjo en momentos en que el sindicato realizaba una serie de protestas contra la aplicación de la ley núm. 617 por parte de la administración distrital, la cual tiene por objeto el despido masivo de trabajadores;
  14. 14) Fernando Euclides Serna Velásquez, miembro del esquema de seguridad colectiva de la CUT nacional de Bogotá, desapareció el 18 de agosto de 2001 y apareció asesinado el día siguiente en el departamento de Cundinamarca, era miembro del esquema de seguridad colectiva de la CUT;
  15. 15) Yolanda Paternina Negrete, afiliada a ASONAL-CUT, el 29 de agosto de 2001, en el departamento de Sucre, era juez especializada del orden público y tenía a su cargo numerosos procesos de alto riesgo;
  16. 16) Miguel Chávez, afiliado de ANTHOC-CUT, el 30 de agosto de 2001 en el departamento del Cauca;
  17. 17) Manuel Ruiz, dirigente sindical de la CUT, el 26 de septiembre de 2001, en el departamento de Córdoba;
  18. 18) Ana Ruby Orrego, afiliada al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle (SUT EV-CUT), el 3 de octubre de 2001, en el departamento del Valle del Cauca;
  19. 19) Ramón Antonio Jaramillo, fiscal del SINTRAEMSDES-CUT, el 10 de octubre de 2001, en el departamento del Valle del Cauca, en momentos en que los paramilitares efectuaban una masacre en la región;
  20. 20) Arturo Escalante Moros, afiliado a la USO, desapareció el 27 de septiembre y apareció muerto el 19 de octubre de 2001;
  21. 21) Armando Buitrago Moreno, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 6 de junio de 2001;
  22. 22) Julián Ricardo Muñoz, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 6 de junio de 2001, en Bogotá;
  23. 23) Edgar Thomas Angarita Mora, activista de la Asociación de Educadores del Arauca, ASEDAR, el 11 de junio de 2001, en Barrancones;
  24. 24) Cristóbal Uribe Beltrán, afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y entidades dedicada a procurar la salud de la comunidad, ANTHOC, el 28 de Junio de 2001, en Tibu, por paramilitares;
  25. 25) Eduardo Edilio Alvarez Escudelo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 2 de julio de 2001, en Antioquia, por la guerrilla;
  26. 26) Prasmacio Arroyo, activista del Sindicato de Educadores del Magdalena, SINTRASMAG, el 26 de julio de 2001, en Magdalena;
  27. 27) Efraín Toledo Guevara, afiliado a la Asociación de Institutores de Caquetá, AICA, el 5 de agosto de 2001, en Caquetá;
  28. 28) César Bedoya Ortiz, activista de la Asociación de profesores Universitarios, ASPU, el 16 de agosto de 2001, en Bolívar;
  29. 29) César Arango Mejía, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 24 de agosto de 2001, en Risaralda;
  30. 30) Luis Ernesto Camelo, activista del Sindicato de Educadores de Santander, SES el 2 de septiembre de 2001, en Santander, por paramilitares;
  31. 31) Marcelina Saldarriaga, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 5 de septiembre de 2001, en Antioquia;
  32. 32) Gilberto Arbeláez Sánchez, miembro de la subdirectiva de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 9 de septiembre de 2001, en Antioquia;
  33. 33) Jacobo Rodríguez, afiliado a la asociación de Institutores del Caquetá, el 18 de septiembre de 2001, en Caquetá, por paramilitares;
  34. 34) Juan David Corzo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 20 de septiembre de 2001, en Cúcuta, por paramilitares;
  35. 35) Bibiana María Gómez Bedoya, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 22 de septiembre de 2001, en Antioquia;
  36. 36) Antonio Mesa, afiliado al Sindicato de Trabajadores Universitarios, SINTRAUNICOL, el 25 de septiembre de 2001, en Barranquilla, por paramilitares;
  37. 37) Germán Elías Madrigal, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 28 de septiembre de 2001, en Antioquia;
  38. 38) Plutarco Herrera Gómez, miembro de la Comisión de Reclamos del Sindicato Nacional de Manipuladores de Carga de las Terminales Marítimas Colombianas, el 30 de septiembre de 2001, en el Valle del Cauca, por paramilitares;
  39. 39) Gustavo Castellón Fuentes, activista del Sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación de Barrancabermeja, SINALTRACOFAN, el 20 de octubre de 2001, en Barrancabermeja, por paramilitares;
  40. 40) Milena Pereira Plata, ASINORTH, el 30 de octubre de 2001, en Santander, por las FARC;
  41. 41) Edith Manrique, activista de Educadores Unidos de Caldas, EDUCAL, el 6 de noviembre de 2001, en Caldas, por paramilitares;
  42. 42) Eriberto Sandoval, afiliado a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, el 11 de noviembre de 2001, en Ciénaga, por paramilitares;
  43. 43) Eliécer Orozco, FENSUAGRO, el 11 de noviembre de 2001, en Ciénaga, por paramilitares;
  44. 44) Jorge Julio Céspedes, activista de Educadores Unidos de Caldas, EDUCAL el 24 de noviembre de 2001, en Caldas, por paramilitares;
  45. 45) María Leida Montoya, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, el 30 de noviembre de 2001, en Antioquia;
  46. 46) Luis Alfonso Gaviria Meneses, activista del SINTRAEMSDES, el 30 de noviembre de 2001, en Antioquia, por paramilitares;
  47. 47) Herlinda Blando, afiliada al Sindicato de Maestros y Docentes de Boyacá, el 1.º de diciembre de 2001, en Boyacá, por paramilitares;
  48. 48) Generoso Estrada Saldarriaga, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, SINTRELECOL, el 4 de diciembre de 2001, en Antioquia;
  49. 49) Germán Darío Ortiz Restrepo, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 7 de diciembre de 2001, en Antioquia;
  50. 50) Alberto Torres, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 12 de diciembre de 2001, en Antioquia;
  51. 51) James Estrada, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, el 13 de diciembre de 2001, en Antioquia;
  52. 52) Iván Velasco Vélez, Sindicato de Trabajadores Universitarios, el 27 de diciembre de 2001, en el Valle del Cauca, por paramilitares;
  53. 53) Rubí Moreno, afiliado a ANTHOC, el 20 de enero de 2002, en César, por paramilitares;
  54. 54) Víctor Alberto Triana, Asociación de Empleados de ECOPETROL, ADECO, el 21 de enero de 2002, por paramilitares; Carlos Padilla, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Fray Luis de león, afiliado a la Central General de Trabajadores Democráticos y a UTRADEC, el 28 de enero de 2002, en el municipio de Plato Magdalena, luego de haber sido objeto de amenazas;
  55. 55) Walter Oñate, asesinado a balazos cuando salía de su trabajo en el Hospital Eduardo Arredondo Daza de la Ciudad de Valledupar, el 29 de enero de 2002;
  56. 56) Oscar Jaime Delgado Valencia, profesor del Colegio Camilo Torres de Armenia, departamento del Quindío, asesinado a balazos el 4 de febrero de 2002;
  57. 57) Oswaldo Enrique Borja Martínez, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 6 de febrero de 2002, en Sucre, por paramilitares;
  58. 58) Nohora Elsy López, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en hogares de Bienestar, el 7 de febrero de 2002, en Antioquia, por paramilitares;
  59. 59) Adolfo Flórez Rico, activista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, SINDICONS, el 7 de febrero de 2002, en Antioquia, por paramilitares;
  60. 60) Alfredo González Páez, afiliado a la Asociación de Empleados del INPEC, ASEINPEC, el 15 de febrero de 2002, en Tolima, por paramilitares;
  61. 61) Oswaldo Meneses Jiménez, ASEINPEC, el 15 de febrero de 2002, en Tolima, por paramilitares;
  62. 62) José Wilson Díaz, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, SINTRAELECOL, el 21 de febrero de 2002, en Huila, por las FARC;
  63. 63) Cecilia Gallego, secretaria de Asuntos Femeninos del Comité Ejecutivo de Acción Campesina Colombiana (ACC), en la municipalidad de la Macarena, el 25 de febrero de 2002;
  64. 64) Marcos Antonio Beltrán, activista de SUTEV, el 1.º de marzo de 2002, en el Valle del Cauca;
  65. 65) Roberto Carballo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, ASONAL, el 6 de marzo de 2002, en Bolívar;
  66. 66) Eduardo Chinchilla Padilla, activista del Sindicato de Industria de los Trabajadores de Empresas de Palmas Oleaginosas y Similares (SINTRAPALMA-CUT), el 11 de marzo de 2002;
  67. 67) Luis Miguel Rubio Espinel, afiliado a la Asociación Sindical de Institutores del Norte de Santander, ASINORTH, el 15 de julio de 2001;
  68. 68) José González Barros, activista del Sindicato Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del municipio de Sabanagrande (SINTRAOPUSA-CUT), el 2 de julio de 2002, en el municipio de Sabanagrande.
• Secuestros y desapariciones
  1. 1) Ismael Ortega, tesorero de Sintraproaceites San Alberto (César);
  2. 2) Walter Arturo Velásquez Posada, de la Escuela Nueva Floresta, del municipio El Castillo, de la Coordinación Educativa El Ariari, departamento del Meta;
  3. 3) Nefatalí Romero Lombana, de Aguazúl (Casanare) y Luis Hernán Ramírez, docente de Chámeza (Casanare), afiliados a SIMAC-FECODE;
  4. 4) Germán Medina Gaviria, afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), el 14 de enero de 2001, en el vecindario de El Porvenir, ciudad de Cali;
  5. 5) Julio César Jaraba, afiliado del SINTRAISS, desapareció el 23 de febrero de 2001;
  6. 6) Paula Andrea Gómez Mora (hija de Edinson Gómez, afiliado a SINTRAEMCALI, quien ha sido amenazado en varias ocasiones), secuestrada el 18 de abril de 2001 y liberada el 20 de abril;
  7. 7) Eumelia Aristizabal, afiliada a ADIDA, desaparecida el 19 de abril de 2001;
  8. 8) Rosa Cecilia Lemus Abril, dirigente del FECODE, intento de secuestro frustrado el 14 de mayo de 2001;
  9. 9) Seis trabajadores de las empresas públicas de Medellín afiliados al SIMTRAEMDSDES, fueron secuestrados en el departamento de Antioquia, el 12 de junio de 2001;
  10. 10) Julio Enrique Carrascal Puentes, miembro del comité ejecutivo nacional de la CUT, secuestrado el 10 de agosto de 2001;
  11. 11) Winsgton Jorge Tovar, afiliado a ASONAL-CUT, secuestrado en las inmediaciones del municipio de Dagua;
  12. 12) Alvaro Alberto Agudel Usuga, afiliado a ASONAL-CUT, desaparecido el 20 de agosto de 2001;
  13. 13) Jorge Feite Romero, afiliado a la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA), el 28 de agosto de 2001;
  14. 14) Ricaurte Jaunten Pungo, dirigente de la ANTHOC-CUT, el 2 de septiembre de 2001;
  15. 15) Alvaro Laiton Cortés, presidente del Sindicato de Maestros de Boyacá, el 2 de septiembre de 2001 y fue liberado al poco tiempo del secuestro;
  16. 16) Marco Tulio Agudero Rivera, ASONAL-CUT, en el municipio de Cocorna, el 5 de octubre de 2001;
  17. 17) Iván Luis Beltrán, integrante del comité ejecutivo del FECODE-CUT, el 10 de octubre de 2001;
  18. 18) Carlina Ballesteros, miembro del Sindicato Unico de Educadores de Bolívar (SUDEB-CUT), el 5 de noviembre de 2001;
  19. 19) Hugo Alberto Peña Camargo, presidente de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) detenido en el corregimiento de Caño Verde, departamento de Arauca sin orden judicial el 13 de marzo de 2002;
  20. 20) Hernando Silva, afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), en la Quebrada La Nata, departamento de Casanare, el 25 de marzo de 2002, por paramilitares;
  21. 21) Arturo Escalante Moros, afiliado a la Unión Sindical Obrera, USO, el 27 de septiembre de 2001;
  22. 22) Miguel Angel Rendón Graciano, vicepresidente de la Subdirectiva Chocó del Sindicato de Empleados Públicos del Sena, el 6 de abril de 2002, en el departamento de Chocó;
  23. 23) Gonzalo Ramírez Triana, activista de la USO, el 30 de julio de 2002, en el departamento de Cundinamarca;
  24. 24) El 20 de agosto de 2002 fueron secuestradas 27 personas en el departamento de Chocó, entre los que se encuentran varios jubilados y trabajadores del Sindicato del municipio de Cali; Flower Enrique Rojas, presidente del Sindicato de Trabajadores de Cali (SINTRAMUNICIPIO), María del Carmen Rendón, Jair Rendón, Antonio Bejarano, Henry Salcedo, Diego Valencia, Carlos Salinas, Beatriz Orozco, Soledad Fals, Elécer Ortiz, Jaime Sánchez Ballén, Pedro Potosí, Oscar Ivan Hernández, Gerardo Machado, Néstor Naráez, Libaniel Arciniegas, todos afiliados al sindicato.
• Tentativas de homicidio
  1. 1) César Andrés Ortiz, sindicalista de la CGTD, el 26 de diciembre de 2000;
  2. 2) Héctor Fabio Monroy, afiliado de AICA-FECODE, fue víctima de un atentado con arma de fuego, el 23 de febrero de 2001;
  3. 3) Contra la junta directiva de SINTRAEMCALI, en las afueras de la ciudad de Cali, cuando se encontraban reunidos en una mesa de trabajo para efectuar propuestas frente al Plan de Recuperación de las Empresas de Cali, el 10 de junio de 2001;
  4. 4) Clemencia del Carmen Burgos, afiliada a ASONAL-CUT, estaba investigando las redes de financiación de las Autodefensas de Colombia, el 11 de julio de 2001;
  5. 5) Omar García Angulo, afiliado de SINTRAEMECOL, el 16 de agosto de 2001;
  6. 6) Hebert Cuadros, afiliado al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEV, el 16 de noviembre de 2001;
  7. 7) La sede nacional del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), el 8 de julio de 2002, en la ciudad de Bogotá.
• Actos de violencia
  1. 1) Henry Alberto Mosquera, del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, agredido por fuerzas de seguridad el 1º de mayo de 2002;
  2. 2) Ricardo Valbuena, del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, en iguales circunstancias que el anterior.
• Amenazas de muerte
  1. 1) Juan de la Rosa Grimaldos, presidente del ASEINPEC;
  2. 2) Giovanni Uyazán Sánchez;
  3. 3) Reinaldo Villegas Vargas, integrante del colectivo de abogados «José Alvear Restrepo»;
  4. 4) Los siguientes dirigentes y afiliados de la USO: Carlos Oviedo, César Losa, Ismael Ríos, José Meneses, Julio Saldaña, Ladislao Rodríguez, Luis Linares, Rafael Ortiz, Ramiro Luna;
  5. 5) Rosario Vela, afiliada de SINTRADEPARTAMENTO;
  6. 6) Numerosos dirigentes y afiliados de FECODE;
  7. 7) Jorge Nisperuza, presidente de la subdirectiva CUT-Córdoba;
  8. 8) Gerardo Rodrigo Genoy Guerrero, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de SINTRABANCOL;
  9. 9) José Rodrigo Orozco, miembro de la junta directiva CUT-CAUCA;
  10. 10) Contra los trabajadores del SINTRAHOINCOL, el 9 de julio de 2001;
  11. 11) Leonel Pastas, dirigente del Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), el 14 de agosto de 2001;
  12. 12) Rusbel, dirigente del INCORA, el 14 de agosto de 2001;
  13. 13) Edgar Púa y José Meriño, tesorero y fiscal de la ANTHOC, el 16 de agosto de 2001;
  14. 14) Jesús Tovar e Ildis Jarava, dirigentes de ANTHOC son seguidos por hombres fuertemente armados desde el 16 de agosto de 2001;
  15. 15) Edgar Mojico y Daniel Rico, presidente y secretario de prensa respectivamente de la Unión Sindical Obrera (USO), amenazados por las Autodefensas Unidas de Colombia;
  16. 16) El 26 de octubre de 2001 fue amenazada de muerte toda la junta directiva de SINTRAVIDRICOL-CUT;
  17. 17) Jorge Eliécer Londoño, afiliado al SINTRAEMSDES-CUT, recibió amenazas de muerte el 2 de noviembre de 2001;
  18. 18) Contra los dirigentes sindicales de Yumbo;
  19. 19) La sede de SINTRAHOINCOL.
• Persecuciones
  1. 1) Esperanza Valdés Amortegui, tesorera de ASODEFENSA, víctima de espionaje ilegal mediante la instalación de micrófonos en el lugar de trabajo;
  2. 2) Henry Armando Cuéllar Valbuena, perseguido y agredido físicamente;
  3. 3) Carlos González, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Valle, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001;
  4. 4) Jesús Antonio González, director del departamento de Derechos Humanos y Sindicales de la CUT, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001.
• Envío de civiles a zona de guerra
• En el Ministerio de Defensa, como mecanismo de persecución sindical se continúa obligando a los civiles a ir a áreas de guerra vestidos de militares, sin armas ni instrucción militar. Se han visto afectadas por estas circunstancias las siguientes personas:
  1. 1) Carlos Julio Rodríguez García, sindicalista de ASODEFENSA;
  2. 2) José Luis Torres Acosta, sindicalista de ASODEFENSA;
  3. 3) Edgardo Barraza Pertuz;
  4. 4) Carlos Rodríguez Hernández, y
  5. 5) Juan Posada Barba.
• Detenciones
  19. El 19 de octubre de 2001 fueron detenidos los siguientes dirigentes (activos y retirados) de la USO, Edgar Mojica, Luis Viana, Ramón Rangel, Jairo Calderón, Alonso Martínez y Fernando Acuña, ex presidente de FEDEPETROL.
• Anexo II
• Actos de violencia contra dirigentes sindicales
• o sindicalistas sobre los que el Gobierno
• ha comunicado sus observaciones
• Carmen Emilio Sánchez Coronel, Aristarco Arzalluz Zúñiga, Víctor Alfonso Vélez Sánchez, Darío de Jesús Borja, Henry Ordóñez, Javier Jonás Carbono Maldonado, Candelaria Florez, William Iguarán Cottes, Jair Cubides, Carlos Humberto Trujillo, Carolina Santiago Navarro, Edgar Manuel Ramírez Gutiérrez, Jaime Orcasitas, Andrés Granados, Robinson Badillo, Mario Ospina, Frank Elías Pérez Martínez, Darío de Jesús Silva, Juan Carlos Castro Zapata, Eugeniano Sánchez Díaz, Julio Alberto Otero, Henry Jiménez Rodríguez, Nelson Narváez, Humberto Zárate Triana, Gonzalo Zárate Triana, Manuel Enrique Charris Ariza, Germán Carvajal Ruiz, Hugo Cabezas, Lucila Rincón, Obdulia Martínez, María Helena Ortiz, Segundo Florentino Chávez, Miryam de Jesús Ríos Martínez, Héctor Eduardo Cortés Arroyabe, Evert Encizo, Yolanda Paternina Negrete, Miguel Chávez, Manuel Ruiz, Ana Ruby Orrego, Luis López y Luis Anaya, Luis José Mendoza Manjares, Martín Contreras Quintero, Carlos Arturo Pinto, Pedro Cordero, Luis Alberto Delgado, Edgar Sierra Parra, Tirso Reyes, Emiro Enrique Pava de la Rosa, Diego de Jesús Botero Salazar, Gonzalo Salazar, Jorge Eliécer González, Javier Cote, Enrique Arellano, Francisco Eladio Sierra Vásquez, Edgar Herrán, Carlos Alberto Bastidas Corral, Luis Alfonso Jaramillo Palacios, Enoc Samboni, Sol María Ropero, Jaime Ramírez, Fabio Eliécer Guio García, Luz Marina Torres, William Mario Upegui Tobón, Luciano Zapata Agudelo, Hernando Jesús Chica, Margort Pisso Rengifo, Ramón Chaverra Robledo, Fidel Seguro, Hernando Arcila Ramírez, Luz Amparo Torres Agudelo, Nancy Tez, Jorge Antonio Alvarez Vélez, Angela Andrade, José Padilla Morales, Luis Pérez Ríos, Hugo López Cáceres, Gloria Isabel García, Miryam de Jesús Ríos Martínez, Ricardo Monroy Marín, Jorge Freite Romero, Rafael Pineda, Juan Eudes Molina Fuentes, Luis Alfonso Aguirre, Juan Diego Londoño Restrepo, Hernando de Jesús Montoya Urrego, Alga Rosa García Marín, Yolanda Cerón Delgado, Jenny Romero Rojas, Servando Lerma, Luz Mila Rincón, Jesús Agreda Zambrano, Expedito Chacón, Luz Carmen Preciado, Santiago González, José Raúl Orozco, Jairo Antonio Chima, Eduardo Alfonso Suárez Díaz, Bertilda Pavón, Carlos Arturo Alarcón, Rubén Arenas, Carmen Elena García Rodríguez, Jairo Alonso Giraldo, Gloria Eudilia Riveros Rodríguez, Oscar Jaime Delgado Valencia, Henry Mauricio Neira, Julio Galeano, Angela María Rodríguez Jaimes, Néstor Rincón Quinceno, Barqueley Ríos Mena, Juan Manuel Santos Rentería, Fernando Cabrales, Hugo Ospina Ríos, Juan Montiel, Emilio Villeras Durán, Alirio Garzón Córdoba, Carlos Alberto Molano, Luis Omar Castillo, Juan Bautista Cevallos, Ernesto Alfonso Giraldo Martínez, Alfredo Zapata Herrera, Oscar Alfonso Jurado, Hernán de Jesús Ortiz, José Robeiro Pineda, Carmenza Pungo, Sandra Liliana Quintero, Gustavo Oyuela Rodríguez, Efraín Urrea Marín, María Nubia Castro, Eddy Socorro Leal Barrera, Nelsy Gabriela Cuesta Córdoba, Heliodoro Sierra, Freddy Armando Girón Burbano, Diofanol Sierra Vargas, Jhon Jairo Durán, Tito Libio Hernández Ordóñez, Javier de Jesús Restrepo, Said Ballona Gutiérrez, Jhon Fredy Marín, Agustín Colmenares, Alberto Martínez, Juan Sepúlveda, Albeiro Ledesma, José Hurtado, Enrique Suárez, Luis Enrique Guisa, Ricardo Eliécer Ruiz, Edilberto Arango Isaza, Froilán Hilario Peláez Zapata, Jairo Ramos, Adalberto Tukamoto Palomino, Isaías Gómez Jaramillo, Hernán de Jesús Ortiz, Eduardo Vasques Jiménez, Jhon Jairo Alvarez Cardona, César Blanco, Carlos Julio Gómez, Luis Enrique Coiran, Helio Rodríguez Ruiz, Manuel Antonio Fuertes Arévalo, Roberto Rojas Pinzón, Wilfredo Camargo Aroca, Rodrigo Gamboa Coy, Felipe Santiago Mendoza, Amparo Figueroa, Francisco Méndez Díaz, Blanca Ludivia Hernández, Alexander Cardona, Roberto Cañarte M., Cristina Echeverri Pérez, Alfonso Mejía Urión, Jario Tovar Díaz, Jorge Enrique Posada, Jhon Jaimes Salas Cardona, Carlos Arturo Alarcón Vera, Gilberto Torres Martínez, José Pérez, Hernando Silva, José Ernesto Ricaurte, Jairo Domínguez, Arturo Vázquez Galeano, Miguel Angel Rendón Graciano, la hija de William Mendoza, Alberto Herrera, Jorge Amiro Genecco Martínez, Alonso Pamplona, Albeiro González García, Ricardo Herrera, Wilson Bojar Díaz, María Emma Gómez de Perdomo, Carlos Arturo Mejía Polanco, Daniel Orlando Gutiérrez Ramos, Albeiro Forero, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINTRAINAL), Sigilfredo Grueso, Gaspar Guzmán, Rubén Castro Quintana, Carlos Hernán Sánchez, Antonio Zamanete, Omar Romero Díaz, María Clara Baquero Sarmiento, Mario de Jesús Castañeda, Otoniel Ramírez, José Rodrigo Orozco, Gustavo Villanueva, los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Oficiales de los municipios del departamento de Antioquia (SINTRAOFAN), Aquiles Portilla, Over Dorado Cardona, Orlando Herrán, Rogelio Pérez Gil, Edgar Alvarez Cañizales, Dalgy Barrera Gamez, Jorge Vázquez Nivia, Javier González, Humberto Castro, Cervulo Bautista Matoma, Jaime Goyes, Jairo Roseño, Rosalba Oviedo, Pedro Layton, Ricardo Chávez, Diego Escandón, Luis Ortega, Carlos Alberto Florez Loaiza, José Hemer Moreno, Luis Hernández, Domingo Tovar Arrieta, Fernando Vargas, Patricia Pinzón, Mario Jesús Castañeda, Oscar Sánchez, Hermes Ortiz, Francisco Bolaños, Jorge Muñoz, la sede de SINTRAEMCALI, la sede de SINTRAOFAN, Sigilfredo Grueso, Gaspar Guzmán, Rubén Castro Quintana, Carlos Hernán Sánchez Díaz, Antonio Zamanete, Omar Romero Díaz.