Caso individual (CAS) - Discusión: 2014, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Un representante gubernamental señaló que la libertad sindical está consagrada tanto en la Constitución como en el Código del Trabajo de Camboya. Además, el Gobierno está redactando una ley sindical. El Ministerio del Interior ha elaborado unas directrices para el registro de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) y hasta la fecha ha registrado a 4 003 organizaciones. Hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional (MLVT) ha registrado a 12 confederaciones sindicales, 80 federaciones sindicales, 3 026 sindicatos de empresa y siete asociaciones de empleadores. Las asociaciones y ONG participaron en la redacción de las leyes y los reglamentos. Claramente, el Gobierno ha respetado el derecho de libertad sindical. En relación con las acusaciones de la comunidad internacional de que Camboya viola el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el representante gubernamental ofreció información actualizada sobre tres importantes casos. Primero, Chhouk Bandith fue condenado por el tribunal de apelaciones a 18 meses de cárcel y al pago de 38 millones de rieles de Camboya (KHR) en concepto de indemnización a las tres víctimas; la policía lo busca activamente. Segundo, los dos sospechosos acusados de asesinar al dirigente sindical Chea Vichea, habían sido liberados y el caso se había vuelto a abrir. Tercero, en el caso núm. 2655 del Comité de Libertad Sindical, el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Madera y la Construcción de Camboya (BWTUC) y otros tres dirigentes se reunieron con funcionarios del MLVT en dos ocasiones en 2014. Debido a que la dirección del BWTUC cambiaba con frecuencia, el vicepresidente había solicitado más tiempo para examinar la alegación. Se informaría a la Comisión sobre la evolución de los casos. La ley sindical está siendo revisada con la asistencia de la OIT y el MLVT se ha comprometido a adoptarla para finales de 2014 o principios de 2015. La Asamblea Nacional está preparando tres leyes adicionales, sobre la organización judicial, la Ley sobre la Organización y el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y la Ley sobre el Estatuto de Jueces y Fiscales. Por último, el MLVT ha previsto enmendar la legislación laboral, en particular las disposiciones sobre los contratos de duración determinada.

Los miembros empleadores recordaron que la Comisión había examinado este caso el año pasado y que, en sus conclusiones, la Comisión había hecho referencia a los graves problemas de impunidad y los viciados procesos judiciales, y había pedido que se adoptaran medidas para corregir la falta de independencia y de funcionamiento efectivo del Poder Judicial, que se facilitara información sobre la ley propuesta sobre el estatuto de los jueces y fiscales y que se intensificaran los esfuerzos para asegurar la rápida adopción del proyecto de ley sindical para fínales de 2013. Observaron que la Comisión de Expertos señaló con pesar que no había recibido ninguna información del Gobierno. Refiriéndose a las elecciones que celebraron en julio de 2013, los miembros empleadores se declararon satisfechos de la información proporcionada por el Gobierno en el sentido de que hay tres proyectos de ley pendientes de adopción por la Asamblea Nacional, a saber la Ley sobre la Organización Judicial, la Ley sobre la Organización y el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la Ley sobre el Estatuto de Jueces y Fiscales. Asimismo, se refirieron al Consejo Interministerial, que incluye a los empleadores y los trabajadores, que se ha establecido con el fin de facilitar la presentación de memorias a la OIT, y alentó a la OIT a que proporcione asistencia técnica y al Gobierno a que siga aceptando esa asistencia en relación con el establecimiento y funcionamiento de ese Consejo. Los miembros empleadores también entendieron que el Gobierno colabora con los interlocutores sociales para la preparación del proyecto de ley sindical que será examinado por la OIT. Instaron al Gobierno a que siga progresando sobre esta cuestión y que consulte a los interlocutores sociales durante la elaboración del proyecto de legislación. Es preciso asegurar que en la legislación sindical se consiga un equilibrio en lo tocante a la exigencia de que tanto los empleadores como los trabajadores rindan cuentas en caso de prácticas laborales injustas y que se prohíba claramente la violencia. Asimismo, deben tenerse en cuenta algunos de los desafíos a que se enfrenta el país debidos al entorno económico difícil, el elevado número de sindicatos en las empresas y el uso de la violencia en las manifestaciones sindicales. Por otra parte, los miembros empleadores consideraron que la Comisión debe tomar nota de los progresos realizados por el Gobierno desde la ratificación del Convenio núm. 87 en relación con la promoción de la libertad sindical. Alentaron al Gobierno a informar cuanto antes sobre los avances realizados hasta la fecha y las medidas aplicadas, y a seguir solicitando asistencia técnica a la OIT si lo considera necesario.

Los miembros trabajadores manifestaron su decepción por que el caso actual se hubiese discutido cuatro veces en los últimos cinco años y por que la situación se haya deteriorado progresivamente año tras año. No obstante, se albergan esperanzas: los sindicatos globales y algunas de las marcas de confección más grandes del mundo han establecido conjuntamente una hoja de ruta que insta al Gobierno a adoptar medidas con respecto a distintas cuestiones. Las relaciones laborales sostenibles sólo resultarán viables en Camboya si se fundamentan en el respeto del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. El 2 y el 3 de enero de 2014, el Gobierno utilizó la violencia indiscriminadamente para reprimir las manifestaciones espontáneas de los trabajadores del sector textil, que tuvieron lugar después de que éste anunciase el nuevo salario mínimo, que estaba muy por debajo de la cuantía que las investigaciones del sector habían identificado como adecuada para satisfacer las necesidades básicas. Miembros de la policía y soldados fuertemente armados se han movilizado y han causado la muerte de seis personas — hasta la fecha — y aproximadamente 40 casos de hospitalizaciones por heridas de bala. En lugar de atender a los llamamientos del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya relativos al establecimiento de una comisión independiente para investigar los casos de violencia, el Gobierno seleccionó a dedo a una comisión, y encomió públicamente los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Asimismo, el Gobierno no ha proporcionado ninguna indemnización a las víctimas ni a sus familias. Veintitrés trabajadores han sido detenidos por participar en las manifestaciones. Se les ha juzgado de manera injusta y se les han impuesto condenas de entre cuatro y cinco años de cárcel. No obstante, gracias a la enorme presión internacional, las condenas han sido suspendidas. Los miembros trabajadores manifestaron gran preocupación porque las condenas, aunque se hayan suspendido, se utilicen como amenazas para limitar o reprimir el ejercicio del derecho de asociación de estos trabajadores en el futuro.

Tras las manifestaciones celebradas el 2 y el 3 de enero, el Gobierno ha utilizado la fuerza en repetidas ocasiones para disolver las concentraciones motivadas por cuestiones laborales y ha detenido a líderes sindicales por participar en tales eventos. Además, el Gobierno paralizó, sin fundamentos jurídicos, los registros de nuevas organizaciones sindicales independientes durante la crisis, y estableció posteriormente requisitos ad hoc que obstaculizan el registro de nuevos sindicatos. El Gobierno no ha respetado el plazo establecido por la presente Comisión para la aprobación de una nueva ley de sindicatos de conformidad con el Convenio núm. 87. El proyecto de ley actual constituye un paso atrás con respecto al Código del Trabajo existente. No se han realizado modificaciones significativas y en vista de que no se han incorporado las observaciones de la OIT y de los sindicatos, sería mejor descartarlo por completo ya que únicamente serviría para reprimir más el derecho a la libertad sindical de los trabajadores en Camboya. El Gobierno no ha logrado abordar diversas cuestiones planteadas en el informe de la Comisión de Expertos — todavía no se ha llevado a cabo ninguna investigación independiente sobre los asesinatos de los líderes sindicales Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy—; del mismo modo, no se han desplegado esfuerzos significativos para detener a Chhouk Bandith, condenado por disparar a diversos trabajadores del sector textil en 2012. El Poder Judicial sigue siendo profundamente corrupto. En mayo de 2014, la Asamblea Nacional compuesta íntegramente por miembros del Partido Popular Camboyano aprobó con rapidez tres leyes que aparentemente armonizarían la legislación nacional con las normas internacionales de administración de la justicia. No obstante, las leyes se redactaron en secreto y los grupos defensores de los derechos advirtieron que, si el Senado las aprobaba, éstas fortalecerían el control del Gobierno sobre los jueces y los fiscales y esto amenazaría gravemente el Estado de derecho. Por último, la causa del conflicto actual en Camboya es la fijación del salario mínimo, el objeto del Estudio General de 2014 de la Comisión de Expertos. Un estudio solicitado por el Gobierno de Camboya en agosto de 2013 determinó que el salario mínimo adecuado se situaría entre los 157 dólares de los Estados Unidos y los 177 dólares de los Estados Unidos al mes. No obstante, el Gobierno estableció el salario mínimo en 95 dólares de los Estados Unidos, y más tarde lo subió a 100 dólares de los Estados Unidos al mes. Las organizaciones sindicales internacionales y las marcas de confección instaron conjuntamente al Gobierno a proporcionar inmediatamente a los trabajadores un salario vital, derecho consagrado en la Constitución de Camboya y adecuado para un sector que genera 5 500 millones de dólares de los Estados Unidos al año.

La miembro empleadora de Camboya señaló que determinados miembros trabajadores han excedido deliberadamente el alcance de este caso y solicitó que se eliminasen sus intervenciones de las actas. Con respecto a la independencia del Poder Judicial, se ha progresado en la aprobación de las tres leyes anteriormente mencionadas que satisfacen los requisitos de la Comisión de Expertos. Por lo tanto, solicitó que la Comisión de la Conferencia no volviese a considerar la cuestión, reconociendo así que el fortalecimiento de la capacidad del Poder Judicial llevaría tiempo. Se debe alentar al Gobierno a que fortalezca el sistema judicial, incluido el arbitraje comercial y laboral. Con respecto a la libertad sindical, la oradora denunció la inexactitud de la información proporcionada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), y reiteró que el año pasado se registró un aumento del 60 por ciento de los sindicatos, lo que elevó la cifra total a 3 026 en 2013, de los cuales 3 000 corresponden al sector textil (en 800 fábricas); un incremento del 80 por ciento de las federaciones (80); y un aumento de las huelgas del 255 por ciento, en 2012, y del 21 por ciento, en 2013. Estas cifras muestran que las organizaciones sindicales no desarrollan sus actividades con temor y que gozan de muchos derechos y libertades en el plano jurídico y en la práctica. La realidad sobre el terreno se caracteriza por la proliferación de sindicatos de minorías poco representativos y violentos que dificultan la armonía en las relaciones laborales que son una condición necesaria para un crecimiento armónico. La legislación no establece una cifra mínima de miembros para constituir un sindicato. La oradora planteó la cuestión sobre cómo pueden los empleadores negociar colectivamente con 17 sindicatos, en su mayoría poco representativos, en la misma fábrica. La miembro empleadora de Camboya consideró que, en lugar de presentar acusaciones que no reflejan la realidad, la Comisión debe reconocer y discutir los retos reales que se afrontan en la práctica. Se abusa de las libertades previstas en la legislación nacional. Los actos de violencia que tuvieron lugar en enero de 2014 comenzaron en el movimiento sindical cuando los sindicalistas destruyeron hospitales que se estaban reconstruyendo, dañaron lugares de trabajo y dejaron discapacitados a funcionarios públicos. La violencia va en detrimento del Estado de derecho y de la sostenibilidad de las empresas y debe ser condenada por todas las partes interesadas. Asimismo, el requisito de registro adecuado de las organizaciones sindicales, en lugar del registro automático, y la rendición de cuentas en caso de violencia e incumplimiento de la ley, no se deben considerar violaciones de la libertad sindical. Resulta fundamental que el nuevo proyecto de ley sindical aborde las necesidades de Camboya, tales como la necesidad de atraer inversiones y de crear empleo así como también un clima de estabilidad y paz. La ley se encuentra actualmente en la fase de redacción, en la que se discute y negocia con los interlocutores sociales, y es inapropiado examinar disposiciones específicas de un proyecto de ley solicitándolo directamente al Gobierno. La oradora instó a eliminar el caso de Camboya de la lista, a formular conclusiones sobre las cuestiones apremiantes y a no exceder el objetivo establecido en la observación de la Comisión de Expertos.

La miembro gubernamental de Grecia, hablando en nombre de la Unión Europea (EU) y sus Estados miembros, así como de la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, Noruega, Ucrania y República de Moldova, manifestó su compromiso con la promoción de la ratificación universal y la aplicación de los ocho convenios fundamentales de la OIT. Las normas son instrumentos internacionales importantes para garantizar la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Su aplicación sostiene el desarrollo del potencial humano y el crecimiento económico de cada país. En enero de 2014, la Unión Europea manifestó su preocupación por las manifestaciones violentas en Camboya y el excesivo uso de la fuerza para contrarrestarlas y llamó a las partes a utilizar todos los medios disponibles para encontrar una solución pacífica. La oradora saludó la liberación, el 30 de mayo de 2014, de sindicalistas y trabajadores textiles que fueron acusados en relación con las manifestaciones y expresó la esperanza de que hubiera un cambio positivo en cuanto a la situación de la libertad de reunión en Phnom Penh, la cual se había deteriorado últimamente. El Gobierno debería acelerar el restablecimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y debería publicar los resultados de las investigaciones sobre los asesinatos de enero. Llamó a todas las partes interesadas a desarrollar un diálogo constructivo para mejorar las relaciones laborales. En cuanto a la cuestión planteada por la Comisión de Expertos, instó al Gobierno a proporcionar la información solicitada acerca de los resultados de las investigaciones sobre los asesinatos de dirigentes sindicales. El Gobierno debería también velar por el pleno respeto de los derechos sindicales de los trabajadores y por que éstos puedan llevar a cabo sus actividades en un clima libre de intimidación y riesgo. El Gobierno debería demostrar el modo en que la planificada reforma de la legislación promoverá la independencia y eficacia del sistema judicial. El Gobierno debería intensificar sus esfuerzos para adoptar rápidamente una ley sindical en plena consulta con los interlocutores sociales. Por último, la oradora pidió al Gobierno que recurra a la asistencia técnica de la OIT y que cumpla con sus obligaciones de envío de memorias.

La miembro trabajadora de la República de Corea dijo que ante la ausencia de libertad sindical se violan con facilidad los derechos humanos y civiles, como se vio con la sangrienta represión de las pacíficas manifestaciones de los trabajadores de enero de 2014. El 2 de enero, frente a la sede de una empresa coreana de Camboya se desplegaron fuerzas especiales para reprimir a los trabajadores que protestaban, diez de los cuales fueron detenidos por la policía. Resultaron gravemente heridos 38 manifestantes y otros murieron. En respuesta a la violencia, la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU) y otras organizaciones laborales y civiles de Asia enviaron a Camboya una misión investigadora. De las entrevistas con trabajadores que se habían sumado a las protestas o habían sido testigos de las detenciones se supo que durante la represión los soldados estuvieron armados con fusiles, hondas, cuchillos y tubos de hierro, aunque los trabajadores protestaban de manera pacífica. Los soldados llegaron a detener a diez manifestantes. El uso de la fuerza militar y de la policía contra los propios ciudadanos de un país nunca es aceptable. La movilización de las fuerzas armadas en respuesta a las protestas salariales fue manifiestamente excesiva y ha sido condenada categóricamente por las Naciones Unidas. El Gobierno debería organizar una investigación minuciosa e independiente de la sangrienta represión de las protestas y hacer que rindan cuentas los responsables. También debería indemnizar a las víctimas y a sus familiares. Aunque las autoridades no han arrestado a los responsables de los asesinatos de los trabajadores, el Gobierno no ha perdido el tiempo y ha detenido a 23 trabajadores mandándolos cinco meses a prisión sin fianza. Aunque fueron liberados el 30 de mayo de 2014, sus condenas conllevan sanciones como la prohibición de ejercer de dirigentes sindicales. No se ha investigado si los diez que fueron detenidos intervinieron en actos violentos o en daños a la propiedad. De hecho, algunos testigos declararon que uno de ellos, Vorn Pao, estuvo tratando de calmar la situación exhortando a la no violencia. La prisión sin fianza y las posteriores condenas y sentencias suspendidas constituyen graves violaciones de los derechos civiles y están políticamente motivadas. Por tanto, deberían ser anuladas. En Camboya prevalece la impunidad por la violencia contra dirigentes sindicales, permitiendo que se repitan los mismos crímenes. Debe haber justicia, y urge contar con un Poder Judicial independiente.

La miembro trabajadora de los Estados Unidos recordó que, a pesar de que hace tiempo que el Gobierno debía adoptar una nueva ley sindical a fin de cumplir el Convenio, la situación se estaba deteriorando peligrosamente en el país. Sin embargo, después de que circulara el primer proyecto de 2011 y que el movimiento sindical lograra eliminar ciertas restricciones a la libertad sindical, el proyecto se paralizó a comienzos de 2014. El Gobierno presentó recientemente un nuevo proyecto mucho peor que el desarrollado en 2011 en consulta con las organizaciones de trabajadores. El nuevo proyecto fue criticado por la OIT por, entre otras cosas: aumentar de 8 a 20 por ciento el número mínimo de miembros de la fuerza de trabajo para registrar un sindicato; dar a los tribunales amplios poderes para suspender o revocar el registro de un sindicato debido a una serie de infracciones; utilizar un lenguaje vago en cuanto a las sanciones contra sindicalistas; exigir calificaciones excesivas para ser dirigente sindical incluyendo requisitos de edad y de educación así como la ausencia de antecedentes penales; especificar los montos de las cuotas sindicales; regular en detalle la votación de la huelga, limitar la duración de los mandatos de los dirigentes sindicales, etc. Además, el nuevo proyecto sólo otorga derechos de negociación colectiva y de representación al sindicato más representativo o a la mayor federación restringiendo el derecho de los sindicatos minoritarios, lo cual es contrario al Convenio núm. 98. El Gobierno no ha podido dar soluciones a pesar de las preocupaciones planteadas por la OIT. Dado que es necesario adoptar una nueva ley sindical que esté en conformidad con los principios de la OIT para que exista un sistema de relaciones de trabajo sostenibles, el orador instó al Gobierno a tener en cuenta las opiniones expresadas en detalle por los sindicatos en relación con el proyecto de ley y a comprometerse constructivamente con la OIT.

El miembro gubernamental del Canadá manifestó gran preocupación por los informes sobre los casos de violencia, asesinatos, tortura e intimidación que se exponen en la observación de la Comisión de Expertos de 2013, y por los informes de 2014 sobre el uso excesivo de la fuerza en respuesta a las manifestaciones de trabajadores en Camboya, en particular los informes sobre la muerte de huelguistas que trabajaban en el sector de la confección. Recordó que los sindicalistas deben poder ejercer sus actividades en un entorno libre de cualquier intimidación o riesgo para su seguridad personal o la de sus familias, y que los trabajadores tienen derecho a participar en protestas pacíficas para defender sus intereses profesionales. El miembro gubernamental del Canadá instó a que se autorice la organización de manifestaciones pacíficas en condiciones de seguridad y sin temor a la intimidación, la detención o el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades camboyanas. Refiriéndose a la observación de la Comisión de Expertos relativa a la persistencia de una situación de impunidad, el Gobierno pidió que se investiguen los asesinatos, las muertes y otras formas de violencia contra los dirigentes sindicales, que se presente toda la información a tribunales imparciales y se sancione a los responsables. El Gobierno también pidió al Gobierno de Camboya que adopte medidas urgentes, en consulta estrecha con los interlocutores sociales y con la asistencia de la OIT, con el fin de asegurar la rápida adopción de la ley sindical. Por último, ante la falta de respuestas y memorias del Gobierno, pidió al Gobierno de Camboya que coopere plenamente con los mecanismos de control de la OIT y con los interlocutores sociales.

Un observador representando a la Confederación Sindical Internacional (CSI) subrayó que a las numerosas organizaciones sindicales existentes en Camboya no se las trata en pie de igualdad. A las que están controladas por el Gobierno, los partidos políticos o los empleadores se les da prioridad a la hora de su registro por el Ministerio y su reconocimiento por los empleadores, mientras que a los sindicatos independientes no se los registra durante meses y años y por tanto no pueden funcionar dentro de la legalidad. Tras congelar el registro de sindicatos a comienzos de 2014, el Gobierno endureció los requisitos, dificultando aún más su registro. En este contexto, el Comité Asesor del Trabajo que establece las nuevas políticas laborales, sólo está compuesto de sindicatos leales al Gobierno. La casi totalidad de la industria del vestido rechazó participar en la negociación colectiva con sindicatos independientes. Además, el orador declaró que éstos hacen frente continuamente a la discriminación antisindical y se refirió a casos examinados por el Consejo de Arbitraje donde, a pesar de los fallos favorables a los dirigentes sindicales despedidos, los empleadores jamás cumplen las órdenes de readmitirlos en el empleo. Por último, se manifestó preocupado por el uso reiterado del sistema judicial para intimidar a los sindicalistas independientes cuando defienden los derechos de los trabajadores.

El miembro gubernamental de los Países Bajos agradeció a la Comisión de Expertos su excelente informe y alentó al Gobierno a aplicar plenamente los convenios de la OIT, en particular el Convenio núm. 87. Al tiempo que manifestó su aprecio por el acuerdo alcanzado en relación con el establecimiento de la lista de 25 casos sometidos a la consideración de la Comisión, el orador subrayó la importancia de que las conclusiones sean coherentes y estén basadas en el consenso y pidió a todas las partes que se apoyen en los progresos alcanzados durante la preparación del Consejo de Administración de 2014. Subrayó una vez más el compromiso de su Gobierno con el sistema de control de la OIT, cuya eficacia y credibilidad son fundamentales para la Organización. Indicó su deseo de trabajar de manera constructiva para lograr mayores progresos que deberán alcanzarse en forma tripartita en la próxima sesión del Consejo de Administración.

La miembro trabajadora de Indonesia citó un informe de la OIT de 2013, del programa «Better Factories Cambodia», en el que se afirma que el 90 por ciento de las fábricas registradas recientemente que se examinaron clasificaban a todos los trabajadores como trabajadores con contratos de duración determinada (CDD). El uso de los CDD puede llevar a que los trabajadores no reciban todas las prestaciones establecidas por la ley. La decisión de la industria de la confección textil de pasar de contratos de duración ilimitada (CDI) a CDD ha creado una notable inseguridad en el empleo para muchos trabajadores y por tanto ha perjudicado las relaciones laborales. El efecto que se busca es evitar la creación de sindicatos y mermar el poder de los que ya existen. El cambio no ha tenido nada que ver con un descenso del número de trabajadores regulares a tiempo completo, sino que ha sido una decisión de la industria textil en su conjunto para reclasificar sencillamente a los trabajadores, con el objeto de intimidarlos y evitar que establezcan sindicatos independientes. El sistema incumple la legislación laboral nacional, aunque ya se permitía libremente en la práctica. Los trabajadores con CDD tienen menos derechos que los que poseen un CDI, en cuanto a vacaciones anuales pagadas, derechos por antigüedad y permiso por maternidad, por ejemplo. Asimismo, resulta mucho más fácil despedirlos. El paso a los CDD perjudica la libertad sindical y la negociación colectiva. Los trabajadores tienen razones para temer que no se renueven sus contratos si no obedecen a sus empleadores, o si se afilian a un sindicato. Si bien existe un Memorándum de Entendimiento que se alcanzó hace años entre la Asociación de Fabricantes Textiles de Camboya y varios sindicatos, que comprende el compromiso de abordar la cuestión, aún no se han iniciado las negociaciones.

La miembro gubernamental de los Estados Unidos recordó que, durante muchos años, los órganos de control de la OIT solicitaron sistemáticamente al Gobierno que pusiera fin a la situación de impunidad que prevalecía en relación con la violencia contra los dirigentes sindicales, para garantizar los derechos sindicales de los trabajadores y la independencia y eficacia del sistema judicial, y para adoptar, previa consulta plena con los interlocutores sociales, una ley sindical que garantice plenamente los derechos comprendidos en el Convenio núm. 87. Sin embargo, en el último año, la situación de Camboya empeoró y las condiciones de trabajo se deterioraron de manera significativa. Los salarios en el sector de la confección siguieron descendiendo, lo que dio lugar a disturbios laborales, falta de contención adecuada por parte del Gobierno para enfrentar tales disturbios, y condujo a un colapso general en las relaciones laborales del país. La oradora destacó que, a pesar de la liberación, la semana anterior, de algunos activistas laborales con sentencias sospechosas, sigue preocupada por su detención, en primer lugar, así como por las irregularidades de sus juicios, sus condenas y la continua amenaza de prisión. Instó al Gobierno a que se realizara una investigación independiente de los fallecimientos, las agresiones y los arrestos de trabajadores durante las protestas de enero. El miembro gubernamental también expresó su preocupación por los evidentes esfuerzos concertados de algunos empleadores para iniciar acciones legales contra los dirigentes de sindicatos independientes y por la posible injerencia en la actividad sindical. Sólo puede ejercerse la libertad sindical en un clima que esté exento de violencia, de presiones y de amenazas de cualquier tipo. La oradora instó al Gobierno a adoptar y aplicar una ley sindical que esté plenamente de conformidad con las normas internacionales y que se base en un diálogo transparente y significativo con todos los interlocutores sociales, así como con la OIT. Parece que el Gobierno está desatendiendo las recomendaciones de la OIT respecto de su proyecto de ley sindical y está yendo en la dirección equivocada en relación con varias disposiciones determinantes. Asimismo, instó al Gobierno a que haga público el proyecto y a que se comprometa en un proceso consultivo con los interlocutores sociales antes de su presentación al Parlamento. Por último, alentó al Gobierno a que intensifique su cooperación con los órganos de control de la OIT y a que acepte la asistencia técnica de la OIT, con miras a armonizar la legislación y la práctica nacionales con el Convenio núm. 87. Esto podría ser decisivo para la promoción de la paz laboral y para abordar las causas subyacentes en los conflictos laborales en curso en Camboya.

El representante gubernamental indicó que el Gobierno tomó nota de todos los comentarios constructivos efectuados durante la discusión. También habría que tomar nota de todas las recomendaciones formuladas por el Comité de Libertad Sindical. El Gobierno debería finalizar, en estrecha cooperación con todas las partes interesadas y con la asistencia técnica de la Oficina, el proyecto de ley relativo a los sindicatos, lo que garantizaría el derecho de sindicación y la libertad de asociación de conformidad con las normas internacionales pertinentes. La información relativa a todo progreso realizado en estos ámbitos debería comunicarse a la Comisión de manera oportuna.

Los miembros empleadores acogieron con agrado los comentarios de los gobiernos, los trabajadores y los miembros empleadores. El Gobierno ha tomado medidas para resolver la situación de la independencia y la eficacia del sistema judicial, en particular adoptando proyectos de ley en la Asamblea Nacional de: 1) la Ley sobre la Organización Judicial, 2) la Ley sobre la Organización y el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y 3) la Ley sobre el Estatuto de Jueces y Fiscales. Esto constituye un primer paso importante. El Gobierno también ha establecido un Consejo de Coordinación Interministerial, que cuenta con la participación de los interlocutores sociales, para tratar cuestiones relacionadas con los requisitos en materia de presentación de memorias por el Gobierno en virtud del Convenio núm. 87. Se trata de dos esferas en las que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno, en 2013, que tomase medidas inmediatas. El Gobierno debe proporcionar a la Oficina una memoria completa sobre las medidas adoptadas y los avances realizados en la materia. Además, hay negociaciones tripartitas en curso sobre un proyecto de ley de sindicatos, y si bien la ley ha sido motivo de preocupación, es importante que se finalice el proceso consultivo tripartito antes de que la Comisión se pronuncie al respecto de la adecuación de la legislación. El Gobierno debe presentar una memoria a la Oficina una vez que terminen las negociaciones. Además, el Gobierno debe colaborar con los interlocutores sociales para garantizar que se acabe con la violencia y el acoso, que los miembros empleadores condenan. Asimismo, volvieron a instar al Gobierno a hacer uso de la asistencia técnica de la OIT para cumplir con sus obligaciones en cuanto al envío de memorias, de modo que la Comisión de Expertos tenga una idea más precisa de los avances o la falta de éstos. En las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, se deberá reconocer las áreas en las que se ha progresado y destacar en qué campo es preciso avanzar más y tomar más medidas. Las conclusiones deben reflejar que la Comisión no ha abordado el derecho de huelga en este caso porque los miembros empleadores no están de acuerdo en que el derecho de huelga esté contemplado en el Convenio núm. 87.

Los miembros trabajadores indicaron que de la discusión anterior y la actual se desprende con claridad que en este caso siguen sin abordarse cuestiones muy graves. Sindicatos mundiales y marcas internacionales están tratando de ocuparse de cuestiones laborales en el sector del vestido, que es el mayor, pero no el único en el que se niega la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, puesto que la mayor parte de los trabajadores camboyanos trabajan en otros sectores como el de los productos agrícolas, el azúcar y el caucho. La OIT debe desempeñar un papel mucho mayor en Camboya para encontrar soluciones que conduzcan a la sostenibilidad de los empleos y de la economía. Mientras que los trabajadores camboyanos desean dialogar de buena fe con el Gobierno, la respuesta de éste es la profundización del autoritarismo. Los miembros trabajadores están muy preocupados por esto. Exhortan al Gobierno a que lleve a cabo investigaciones independientes sobre los muertos y heridos en las protestas de enero de 2014 y el asesinato de sindicalistas y que enjuicie a los autores; que anule las sentencias dictadas contra 25 personas el 30 de mayo de 2013; que vele por que los trabajadores puedan registrarse libremente en sindicatos sin ningún requisito previo; que vele por que los trabajadores que fueron despedidos por sus actividades sindicales legítimas sean readmitidos en su puesto e indemnizados; que garantice la libertad de asamblea y de expresión; que vuelva a redactar el actual proyecto de ley sobre los sindicatos en consulta con sindicatos independientes y a la luz de las observaciones de los órganos de control de la OIT; y que consulte con la sociedad civil en relación con la nueva propuesta de legislación sobre el sistema judicial. También exhortan a la OIT a que facilite un debate sobre los contratos a plazo fijo y su repercusión en la libertad sindical en Camboya y a que envíe una misión tripartita de alto nivel lo antes posible habida cuenta de la gravedad de las violaciones y de la ausencia de progresos en la situación. Por último, solicitaron que las conclusiones de la Comisión se coloquen en un párrafo especial.