Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

La Comisión ha tomado nota de la muy completa memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2004, incluidas las respuestas a la observación de 2002 y a la solicitud directa de 2003, así como de los comentarios del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU) y de la Organización de Empleadores de Nueva Zelandia, y de las correspondientes respuestas del Gobierno.

1. Políticas de mercado de trabajo. El Gobierno informa de la aplicación de una estrategia general de empleo, desde septiembre de 2000, revisada en noviembre de 2002, y de que se habían introducido algunos cambios para reflejar las prioridades que iban surgiendo. Los objetivos generales ponen ahora un mayor acento en el empleo sostenible, en la calidad del empleo y en una creciente productividad. El gran crecimiento económico se había trasladado al incremento del empleo, en el 1,5 por ciento anual en marzo de 2003, y en el 3,2 por ciento anual en marzo de 2004. Dado que el crecimiento del empleo había superado al crecimiento de la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo había descendido del 5,2 por ciento en el trimestre de marzo de 2002, al 4,3 por ciento en el trimestre de marzo de 2004.

2. En lo que atañe a la formación, incluida la formación de los jóvenes, la Comisión toma nota con interés de que el Gobierno adoptó recientemente una estrategia para mejorar las capacidades básicas de los adultos. Mientras que en la primera fase se pondrá más énfasis en el aprendizaje básico, en una amplia gama de la educación terciaria impartida, a través del desarrollo de un conjunto de iniciativas de alineación, que mejorarán la calidad y el desarrollo de los conocimientos; la segunda fase implicará la introducción de un nuevo mecanismo de financiación y un enfoque en la ampliación de la oferta para garantizar que grupos prioritarios puedan acceder a más oportunidades de aprendizaje de calidad. La Comisión también toma nota con interés de la información estadística sobre los niveles de participación y de logros que contiene el informe Estrategia de formación en la industria, así como del documento titulado Prioridades educativas en Nueva Zelandia (2004).

3. La Comisión también toma nota con interés, según se informa en la última memoria del Gobierno, de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia para las discapacidades, en Nueva Zelandia, así como de las estadísticas y de los indicadores relativos a las tendencias actuales del bienestar social de la población de edad laboral respecto del empleo. En lo que concierne a la Estrategia de evaluación del empleo del Gobierno, la Comisión ha tomado nota con interés del documento titulado: Síntesis de las evaluaciones de las políticas activas de mercado de trabajo, que revisa los programas y los servicios brindados mediante la Unidad del Servicio de Trabajo e Ingresos del Ministerio de Desarrollo Social. El programa más eficaz para dar respuesta a las necesidades de los solicitantes de empleo, es el programa de creación de oportunidades. Dicho programa ha sido adecuado para un pequeño porcentaje de los solicitantes de empleo que querían iniciar su propio negocio. Programas de acompañamiento, como los programas de subsidio salarial y los servicios de colocación laboral, han sido los más eficaces para brindar oportunidades de trabajo. Los programas que cosecharon menos éxito han sido los programas de formación y de experiencia laboral. Cuando los programas de experiencia laboral se combinaron con un subsidio salarial, mostraron una creciente eficacia. La Comisión se felicita de que se haya realizado una evaluación de los resultados relativos a las medidas activas de mercado de trabajo que aplica el Gobierno. La Comisión puso en relieve la necesidad de evaluar los progresos y de analizar las informaciones, dado que incluso las políticas mejor diseñadas podían tener efectos inesperados, podían resultar caducas debido a los cambios circunstanciales o podían tener que ser modificadas para alcanzar beneficios máximos (Estudio general, de 2004, Promover empleo, párrafo 491). Por consiguiente, la Comisión agradecerá al Gobierno que siga comunicando informaciones detalladas sobre todas las medidas que demuestren la eficacia de una política activa de empleo. También desea expresar su interés en recibir información sobre la manera en que las medidas adoptadas para promover el empleo funcionan «como parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio) y valorará que el Gobierno pueda indicar de qué manera los elementos clave de las políticas monetaria y fiscal contribuyen a los objetivos del empleo.

4. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y la aplicación de políticas. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual, como principio general, consulta con aquellos que se ven afectados por las políticas de empleo, y el alcance y el nivel de las consultas se adaptan a la política particular. El Gobierno aporta ejemplos de consultas, que incluyen el acuerdo Asociación para la calidad, originariamente convenido entre el Gobierno y la Asociación de la Administración Pública, en 2000, que se revisó en 2003, y el régimen de licencia parental pagada, de 2003. En cuanto a la cuestión de las consultas, la Comisión toma nota de los comentarios de la Organización de Empleadores de Nueva Zelandia, en el sentido de que, si bien reconoce haber sido con frecuencia consultada sobre de las propuestas de políticas gubernamentales, se ignoran con frecuencia sus opiniones acerca de los efectos probables. Por su parte, el NZCTU expresa su preocupación sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio que reducen las iniciativas de empleo, debilitando a algunos sectores, y se pregunta de qué manera deberían considerarse las políticas del Gobierno dirigidas a minimizar las tendencias que tenían las empresas manufactureras y productivas de trasladarse al extranjero o de subcontratar su producción en el extranjero. Al respecto, la Comisión confía en que el Gobierno siga recabando activamente las opiniones de los representantes de los empleadores y de los trabajadores acerca de todos los asuntos vinculados con las políticas de empleo, para tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones, y lograr su plena cooperación al formular la citada política y obtener el apoyo necesario para su ejecución (artículo 3).