National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Artículo 2, párrafos 1 y 4, del Convenio y parte V del formulario de memoria. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y aplicación en la práctica. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de las indicaciones de la CIOSL, según la cual el trabajo infantil constituye un gran problema en la República Dominica. El desempleo y la pobreza son elevados, especialmente entre la comunidad haitiana; los niños entran en el mercado de trabajo a temprana edad y trabajan en actividades informales o en la agricultura. Además va en aumento el número de niños de nacionalidad haitiana que trabajan con sus padres en las plantaciones de caña de azúcar.
En respuesta a la comunicación de la CIOSL, el Gobierno indicaba que la República Dominicana es un país muy pobre y que no podía negar que los niños llegan al mercado de trabajo a una edad muy temprana. No obstante con la asistencia técnica de la OIT/IPEC, continuaba adoptando medidas para erradicar el trabajo infantil. Así, se había rescatado de su medio de trabajo a niños que realizaban labores agrícolas y organizado campañas para que tomase conciencia la población respecto del problema del trabajo infantil. La Comisión había tomado nota de que, según las estadísticas contenidas en la «Síntesis de los resultados de la encuesta nacional de trabajo infantil en la República Dominicana», publicado en 2004 por la OIT/IPEC, el SIMPOC y la Secretaría de Estado de Trabajo, alrededor de 436.000 personas entre 5 y 17 años trabajaban en la República Dominicana en el año 2000. De éstas, el 21 por ciento son niños y niñas entre 5 y 9 años y el 44 por ciento tienen entre 10 y 14 años. Los sectores de actividad económica más afectados por el trabajo infantil son los servicios en el área urbana y la agricultura. Además los sectores comercial e industrial incluyen la actividad laboral de un gran número de niños. La Comisión había comprobado que, según los datos estadísticos antes mencionados, la aplicación de la legislación sobre el trabajo de los niños parece difícil y el trabajo infantil es un problema en la práctica en la República Dominicana y, en consecuencia, había alentado firmemente al Gobierno a redoblar esfuerzos para mejorar progresivamente esta situación.
El Gobierno indica en su memoria que todos los niños, independientemente de su nacionalidad, entre los cuales se encuentran los niños de nacionalidad haitiana, deben asistir a la escuela. Además indica que la Secretaría de Estado de Trabajo en coordinación con la Secretaría de Estado de Educación (SEE) ha elaborado un plan de acción en el que se prevé que los inspectores de trabajo que detecten a un niño que no asista a la escuela deben notificar el hecho a la SEE, independientemente de la nacionalidad del niño. Además, según el Gobierno, las visitas que realizan tanto la Dirección General de Trabajo como el Departamento Nacional de Inspección no han permitido comprobar la presencia de niños haitianos o de menores de 14 años que trabajan.
La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria presentada en virtud del Convenio núm. 182. La Comisión toma nota de la adopción del Plan estratégico para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2005-2015) que constituye la respuesta del país para encontrar una solución a la problemática del trabajo infantil y de sus peores formas. La Comisión toma nota con interés que el Gobierno, en el marco del Programa de Duración Determinada (PDD) sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT/IPEC, lleva a cabo varios programas de acción, especialmente en el sector agrícola, en las regiones de Constanza (hortalizas), San José de Ocoa (café), Azua (tomates) y las provincias de Duarte y María Trinidad Sánchez (arroz); el trabajo doméstico de los niños en Santiago y el trabajo urbano de los niños en Santo Domingo. Según las informaciones disponibles en la Oficina, esos programas beneficiarán directa e indirectamente a aproximadamente 25.200 niños y niñas menores de 18 años, que trabajan o que corren el riesgo de ser objeto de explotación, y a más de 2.850 familias. La Comisión toma buena nota de los esfuerzos del Gobierno destinados a erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, y le ruega que comunique informaciones sobre la aplicación de esos proyectos, así como los resultados obtenidos en cuanto a la abolición progresiva del trabajo infantil.
Además, la Comisión plantea otros puntos en una solicitud enviada directamente al Gobierno.