Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios sometidos por la Confederación Sindical Internacional (CSI), de fecha 26 de agosto de 2009. Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios sometidos por la CSI, de fecha 24 de agosto de 2010, que se refieren principalmente a cuestiones ya planteadas por la Comisión.

En sus comentarios anteriores, la Comisión, observando que los artículos 45, párrafo 3 y 47, párrafo 2 de la Ley de Relaciones Profesionales permiten a las partes interesadas recurrir al Tribunal de Relaciones Laborales para determinar si una huelga afecta a un servicio esencial, había solicitado al Gobierno que proporcionara información sobre cualquier huelga que hubiese sido declarada ilegal y las justificaciones correspondientes, así como sobre cualquier otra decisión pronunciada por el Tribunal de Relaciones Laborales en virtud de estos artículos establecidos en la Ley de Relaciones Profesionales. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que: i) ninguna huelga se ha declarado ilegal en base a que se trate de servicios esenciales; ii) no se ha presentado ante el Tribunal de Relaciones Laborales ninguna solicitud de determinación de un servicio esencial, y iii) los interlocutores sociales consideran que debería establecerse una lista clara de lo que deben considerarse servicios esenciales en virtud de la Ley de Relaciones Profesionales. A este respecto, se ha incluido una disposición en el proyecto de ley de enmienda de la Ley de Relaciones Profesionales para el establecimiento de un subcomité del Consejo Consultivo Laboral Tripartito cuyo objetivo sea determinar una lista de lo que deberían considerarse servicios esenciales en virtud de la Ley de Relaciones Profesionales. En estas circunstancias, la Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre todas las novedades en relación con el establecimiento del subcomité y el progreso de sus labores.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.