Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión recuerda que había pedido con anterioridad al Gobierno que enviara sus observaciones sobre los comentarios presentados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación de Organizaciones Sindicales Independientes de Bulgaria (CITUB) sobre la lentitud de los procedimientos sobre discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al artículo 310, párrafo 1, del Código de Procedimiento Civil (que entró en vigor en 2008), de acuerdo con el cual, las reclamaciones por despido improcedente, la reintegración al trabajo y las indemnizaciones son examinadas mediante procedimiento sumario. La Comisión solicita al Gobierno que indique la duración promedia de los procedimientos por discriminación antisindical en la práctica.

Artículo 2 del Convenio. Protección contra los actos de injerencia. Anteriormente, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar la protección adecuada, inclusive mediante sanciones disuasorias contra los actos de injerencia por parte de las organizaciones de empleadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere una vez más al artículo 33 del Código del Trabajo, que establece la autonomía de las organizaciones de trabajadores y de empleadores para formular sus estatutos, elegir a sus representantes y adoptar sus programas de acción. El Gobierno considera que no es necesario establecer una prohibición explícita de los actos de injerencia. A este respecto, la Comisión recuerda una vez más que, en virtud del artículo 2 del Convenio, se considerarán actos de injerencia todas las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o por una organización de empleadores, o a sostener económicamente organizaciones de trabajadores con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Asimismo, la Comisión recuerda que para garantizar la aplicación en la práctica del artículo 2 del Convenio, la legislación debería prohibir explícitamente todos estos actos de injerencia y establecer de manera explícita recursos rápidos y sanciones eficaces y suficientemente disuasorias contra los actos de injerencia. Además, para dar a estas medidas la publicidad necesaria y garantizar su plena eficacia en la práctica, las disposiciones sustantivas, así como los recursos y las sanciones previstos para garantizar su aplicación deberían figurar de forma explícita en la legislación sobre la materia (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y la negociación colectiva, párrafo 232). Tomando nota de que la legislación no contiene disposiciones en relación con la protección antes descrita, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para garantizar una protección adecuada, incluso a través de sanciones disuasorias, contra los actos de injerencia llevados a cabo por las organizaciones de empleadores.

Artículo 4. La Comisión había tomado nota de que el artículo 51, b), párrafos 1 y 2, del Código del Trabajo dispone que los convenios colectivos por rama o industria se concluyen entre las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores en base a un acuerdo entre las organizaciones nacionales a las que están respectivamente afiliadas. A este respecto, tomó nota asimismo de la declaración del Gobierno respecto a que las organizaciones no afiliadas a una organización nacional representativa no pueden concluir convenios colectivos a nivel de rama o de sector aunque sí pueden hacerlo a nivel de empresa. Teniendo en cuenta que, requerir a las organizaciones que la afiliación a una organización nacional a fin de poder realizar acuerdos sectoriales o por rama es incompatible con el principio de negociación colectiva libre y voluntaria establecido en el artículo 4 del Convenio, la Comisión solicitó al Gobierno que modificara el artículo 51, b), párrafos 1 y 2, del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que está dispuesto a celebrar las consultas necesarias a fin de alcanzar una decisión aceptable por las partes en esta materia. La Comisión acoge con agrado la declaración del Gobierno y espera que se adoptarán las medidas legislativas necesarias, en un futuro próximo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre toda evolución a este respecto.

Artículos 4 y 6. La Comisión había tomado nota con anterioridad de los comentarios formulados por la CSI y la Confederación de Organizaciones Sindicales Independientes de Bulgaria (CITUB) sobre la denegación de los derechos de negociación colectiva a los funcionarios públicos y pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar la Ley de la Función Pública a fin de garantizar el derecho de la negociación colectiva a todos los funcionarios públicos, con la única excepción de los funcionarios públicos empleados en la administración del Estado. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que, a pesar de la ausencia de un derecho de negociación colectiva en el sentido estricto del término, en virtud del artículo 44, párrafo 3, de la Ley de la Función Pública, los sindicatos pueden representar y defender los derechos de los funcionarios públicos en cuestiones relativas a la función pública y la seguridad social a través de propuestas, solicitudes, y la participación en la redacción de los reglamentos y ordenanzas internos pertinentes, así como en la discusión sobre las cuestiones de interés económico y social. Las cuestiones que hayan sido reguladas mediante legislación no podrán ser objeto de negociación colectiva. El Gobierno añade que los representantes de las organizaciones de funcionarios públicos pueden formar parte de la comisión de la competencia para la selección de candidatos para puestos en la función pública, así como participar en el proceso de evaluación de los funcionarios públicos. Sin embargo, las cuestiones relacionadas con los ingresos y la seguridad social en la función pública se discuten en el seno del Consejo Nacional para la Cooperación Tripartita, en el que están representadas todas las organizaciones nacionales representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota además de que el Gobierno indica que está dispuesto a celebrar las consultas necesarias a fin de alcanzar una decisión aceptable para todas las partes sobre esta cuestión. La Comisión acoge con agrado la declaración del Gobierno y espera que se adoptarán las enmiendas legislativas necesarias en un futuro próximo y pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre toda evolución a este respecto.

La Comisión había tomado nota con anterioridad de los comentarios de la Asociación Industrial Búlgara (BIA) sobre la aplicación del Convenio. La BIA indicó que el artículo 51, a), b) y c), del Código del Trabajo concede a las organizaciones de trabajadores el derecho a presentar proyectos de convenios colectivos y que este mismo derecho no se amplía a las organizaciones de empleadores. La Comisión solicitó al Gobierno que respondiera a los comentarios formulados por la BIA. La Comisión toma nota de que el Gobierno confirma que, con arreglo a la legislación en vigor, los sindicatos pueden elaborar y presentar proyectos de convenios colectivos. En el momento de las negociaciones, no obstante, cada una de las partes tiene libertad para proponer enmiendas al proyecto. Las organizaciones de empleadores pueden elaborar su propia propuesta y no están obligadas a aceptar el proyecto propuesto por el sindicato. Tan sólo se firma el convenio colectivo que satisface los intereses de ambas partes.

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para adoptar, en un futuro próximo, las medidas necesarias. Recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia de la OIT si así lo desea.