Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Canadá (Ratificación : 1964)

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La Comisión toma nota de las observaciones transmitidas por el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC) a las que hace referencia la memoria del Gobierno.

Discriminación basada en la opinión política y el origen social. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para enmendar la Ley de Derechos Humanos del Canadá (CHRA) y la legislación de determinadas provincias y territorios, a fin de incluir los motivos de opinión política y origen social como criterios prohibidos de discriminación. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no transmite información en relación a que se hayan tomado medidas a este respecto en relación con la CHRA o la legislación de los territorios o las provincias concernidos. La Comisión también recuerda sus comentarios anteriores en los que tomó nota de que el CLC expresó preocupación ante el aumento de las desigualdades sociales en el Canadá y que un documento de investigación publicado en 2009 por la Comisión de Derechos Humanos del Canadá concluye que añadir la «condición social» a la Ley de Derechos Humanos del Canadá extendería la protección a los grupos más marginados y vulnerables de la sociedad, y les otorgaría una vía más accesible hacia los recursos legales.

La Comisión toma nota de que, aunque aún no se han producido cambios a nivel provincial y territorial en lo que respecta añadir el origen social o la opinión política como motivos de discriminación, la Comisión de Derechos Humanos de Manitoba ha recomendado incluir la «desventaja social» o la «condición social», en el Código de Derechos Humanos, abarcando así el «origen social» en base a la legislación y jurisprudencia canadienses. Asimismo la Comisión toma nota de que la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Brunswick ha desarrollado y publicado unas directrices sobre actividades e ideas políticas a fin de sensibilizar sobre los derechos y responsabilidades individuales en virtud de la Ley de Derechos Humanos de Nuevo Brunswick. En la jurisdicción de Terranova y Labrador, la Ley de Derechos Humanos, adoptada en 2010, como ocurría en virtud de la legislación anterior, prohíbe la discriminación por una serie de motivos, incluidos el origen social y la opinión política.

Al recordar que el motivo de origen social o «condición social» sólo se incluye como motivo de discriminación en la legislación de Quebec, los Territorios del Noroeste, Nuevo Brunswick y Terranova y Labrador, y de que la opinión política no se contempla en la legislación federal, así como en la legislación de Alberta, Ontario, Saskatchewan y Nunavut, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a enmendar la Ley de Derechos Humanos del Canadá y a tomar las medidas necesarias a fin de enmendar la legislación de las provincias y los territorios pertinentes, para incluir el origen o la «condición social» y la opinión política como motivos prohibidos de discriminación en el empleo y la ocupación, y que transmita información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto. Asimismo la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los cambios que se produzcan en relación con la inclusión de la «condición social» como un motivo prohibido de discriminación en el Código de Derechos Humanos de Manitoba, y alienta al Gobierno a aprovechar esta oportunidad para incluir también el motivo de opinión política.

Igualdad de género en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de los comentarios del CLC en relación con el artículo 13, 5), de la Ley sobre la Corporación Postal del Canadá, que establece que un contratista de correo no se considerará un contratista dependiente o un empleado en el sentido del Código del Trabajo del Canadá. El CLC considera que esto discrimina a las mujeres ya que representan el 71 por ciento de los empleados de los servicios de correos de las zonas rurales o suburbanas, y los contratistas dependientes son predominantemente mujeres. Asimismo, la Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que señaló su preocupación en relación con la reestructuración de la Oficina de la Mujer del Canadá (SWC), lo que ha llevado al cierre de numerosas oficinas regionales de la SWC, y, por lo tanto, hace que sea más difícil para las mujeres acceder a los servicios de la SWC, especialmente en las zonas remotas y rurales. La Comisión toma nota de que el Gobierno considera que la reestructuración de la SWC no ha tenido ningún impacto negativo en lo que respecta al acceso a las mujeres a programas y servicios en materia de empleo y ocupación, y que se han financiado numerosos proyectos para la seguridad y prosperidad económicas de las mujeres que se centran específicamente en apoyar a las mujeres para que se dediquen a ocupaciones no tradicionales. El Gobierno indica que en 2011, la SWC inició los proyectos «modelo» que tienen por objetivo, entre otros, ayudar a las organizaciones comunitarias a mejorar las oportunidades financieras y de crecimiento para las empresarias, aumentar la contratación de mujeres en trabajos no tradicionales, y retener y promover la presencia de mujeres en sectores no tradicionales y en sectores en los que las mujeres están subrepresentadas. Además, la Comisión toma nota de que la SWC continúa promoviendo los análisis de género sostenibles que deben ser realizados por departamentos federales en lo que respecta a todas las políticas y programas para garantizar que los resultados benefician tanto a hombres como a mujeres. Además, la Comisión toma nota de que en virtud de las iniciativas de Nuevo Brunswick sobre la brecha salarial, se han iniciado varias iniciativas y proyectos a fin de promover las opciones de carrera no tradicionales tanto para hombres como para mujeres, y que Ontario ha iniciado programas de formación a fin de aumentar la representación de las mujeres en los ámbitos no tradicionales del empleo, que han beneficiado a 450 mujeres entre 2009 y 2011. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el impacto sobre las mujeres de la exclusión en virtud del artículo 13, 5), de la Ley sobre la Corporación Postal del Canadá en lo que respecta a la igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación y que indique si se han adoptado medidas para abordar las cuestiones planteadas por el CLC. Además, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre el impacto de las medidas adoptadas en virtud de los proyectos «modelo» en lo que respecta al aumento de la representación de las mujeres en los trabajos no tradicionales y que transmita información sobre el resultado de los análisis de género realizados por los departamentos federales. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas para promover el acceso de las mujeres a ocupaciones en las que tradicionalmente han trabajado los hombres, incluso en las provincias y territorios, y que proporcione información sobre el impacto de estas medidas en lo que respecta a incrementar la representación de las mujeres en ocupaciones en las que tradicionalmente han predominado los hombres.

Política nacional. La Comisión toma nota de que el CLC considera que se necesita una política nacional más estructurada que abarque principios unificados para todas las jurisdicciones, exprese los objetivos que se quieren alcanzar y prevea enfoques holísticos para integrar los cambios en los lugares de trabajo. Asimismo, el CLC toma nota de que se necesita un mejor control para garantizar que las reformas normativas, los cambios en el mercado de trabajo y las innovaciones tecnológicas se realizan con el objetivo de reducir las desigualdades. En particular, el CLC señala que el trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporal así como las desigualdades en materia de ingresos deberían examinarse sistemáticamente, especialmente en relación con las mujeres, los trabajadores jóvenes y los grupos económicamente marginados, y que los interlocutores sociales deberían participar en todos los procesos en materia de promoción de la igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación. La Comisión pide al Gobierno que indique si se han adoptado o se prevé adoptar medidas para abordar las cuestiones planteadas por el CLC, incluso en relación con la necesidad de una política nacional más estructurada, y que indique la forma en la que los interlocutores sociales colaboran en este proceso.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.