Caso individual (CAS) - Discusión: 2019, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)



Discusión por la Comisión

Representante gubernamental — Nuestra presencia obedece a la decisión acordada el día martes 11 de junio, por parte de los interlocutores sociales, para integrar la lista de los países llamados a rendir informe ante esta Comisión.

En mi intervención, ante el plenario de la Asamblea, y en el marco del inicio de la administración del gobierno del Presidente Sr. Nayib Bukele, del cual formo parte desde el 1.º de junio, expresé con claridad la importancia de la aplicación de una política laboral integradora con el apoyo de todos los actores involucrados, coincidiendo con el espíritu tripartito en igualdad de condiciones de los sectores trabajador y empleador.

Nuestra administración al frente del Ministerio de Trabajo está consciente de los retos, desafíos y soluciones que requieren la creación y desarrollo de una política laboral con un alto sentido de igualdad para todos los sectores sociales, considerándose la realidad del país, su legislación y el marco jurídico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que nos obliga a todos por igual.

Existe un historial como país que determinó nuestra incorporación entre los países llamados a rendir un informe ante la Comisión. Ante este llamado, deseo expresar con claridad que nuestro Gobierno ha iniciado una gestión con profunda preocupación ante los casos pendientes de solución y que amerita una atención inmediata, directriz emanada por el Presidente Sr. Nayib Bukele, lo cual concuerda con la visión de este Ministro.

En ese sentido y consecuente con nuestra voluntad de cambio, hemos iniciado un diálogo constructivo, desde ya, con empleadores y trabajadores, con el fin de asegurar el pleno cumplimiento de los convenios ratificados por nuestro país ante esta Organización. Por lo tanto, ante esta nueva visión, hemos puesto en marcha nuevas acciones con el objetivo de corregir los vacíos que actualmente persisten, particularmente la reactivación inmediata del Consejo Superior del Trabajo (CST), como instancia tripartita legalmente constituida en nuestro país, así como la creación de otros espacios de diálogo social. Con ello estamos seguros de lograr los resultados positivos deseados con el acompañamiento de forma clara y contundente de nuestro Gobierno, que se ha verificado por la OIT.

De igual forma, nos preocupa sobremanera el caso del líder sindical Sr. Abel Vega, acaecido en 2010, crimen que no debe quedar impune, porque necesitamos, con nuestro Gobierno, sentar un precedente en nuestro país, de no atentar más contra el movimiento sindical.

Para ello, hemos iniciado conversaciones con la Fiscalía General de la República para que agilice la investigación y se castigue a los culpables por el motivo o circunstancias que hayan prevalecido en la comisión de este delito, con el debido respeto, a la separación de los poderes constitucionales en nuestro país. A tal grado que a mi regreso, una de las primeras decisiones, es la de visitar, en calidad de Ministro, al Fiscal General de la República. Y nuestro Gobierno no sólo se va a quedar con esto, sino que además vamos a incorporar otros adicionales que existen porque no podemos permitir que en el Estado salvadoreño suceda este tipo de cosas.

En mi primera semana de gestión, he conversado con los sectores laboral y empresarial, buscando el compromiso de materializar la reactivación del CST a la mayor brevedad posible y en beneficio de todos los interlocutores sociales en un compromiso igualitario para todos. Algo que acá está presente y lo pueden reafirmar.

En consecuencia, consideramos que la firma inmediata de un acuerdo tripartito constituirá la mejor carta de presentación de esta nueva visión que buscamos implementar en nuestro país.

Antes de finalizar esta sesión, deseo expresar mi satisfacción ante el esfuerzo que la OIT, en estos cien años, ha desplegado por mejorar el nivel internacional de las relaciones entre trabajadores y empleadores, en donde el papel del Estado es significativo; y no podemos, y subrayamos como Gobierno, evadir las responsabilidades de la OIT. Partiendo de que somos un Estado fundador de la misma Organización y para ser consecuentes con ello debemos estar apegados a sus normas.

Considero que la armonía social y laboral genera desarrollo y confianza entre nuestros connacionales. No perdamos la oportunidad de mejorar cada día, especialmente las condiciones de nuestros trabajadores y la confianza del sector empresarial.

El mejor mensaje de nuestro Presidente es que este servidor, actual Ministro de Economía, viene de ser dirigente sindical, pero un dirigente sindical que entiende que necesitamos del sector productivo y de los trabajadores, con reglas claras y definidas de forma igualitaria para todos.

Miembros empleadores — Agradecemos las informaciones que nos traslada el representante del Gobierno de El Salvador. El presente caso se conoce por tercer año consecutivo; antes que eso, se examinó en esta Comisión el cumplimiento de El Salvador en cuanto al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), durante la Conferencia de los años 2015 y 2016.

En los antecedentes del caso figuran expresiones de preocupación, tanto de los expertos como de esta Comisión. Figuran también misiones de contactos directos de la Oficina, así como una solicitud de intervención urgente presentada al Director General por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), por interferencia gubernamental en las elecciones de representantes en la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). También figura la intervención del Gobierno en las elecciones de otros órganos tripartitos como en Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).

En el caso de la denuncia de la SIGET hay hechos gravísimos, tal es el caso de la creación de organizaciones espurias por parte del Gobierno para designar a sus afines en las comisiones de diálogo social, como si se tratara de organizaciones de empleadores. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la República de El Salvador, con la finalidad de que se castigue a los responsables de los delitos cometidos en la simulación de actos y falsificación de los documentos necesarios para la creación de las supuestas organizaciones de empleadores, y donde también fue necesario acudir a la Corte Suprema de Justicia.

El año pasado esta Comisión mostró su preocupación por el incumplimiento del Convenio por parte del Gobierno de El Salvador y por el hecho de que el diálogo social funciona en forma deficiente en ese país.

Recordemos algunas de las conclusiones a las que arribamos el año pasado: se instó al Gobierno para que se abstuviera de interferir en la constitución de las organizaciones de empleadores y que facilitara la debida representación de las organizaciones legítimas de trabajadores y empleadores; se le pidió que, en consulta con los actores sociales, elaborara normas que aseguren el funcionamiento del CST y que reactivara inmediatamente este órgano de consulta; y se le pidió también al Gobierno que procediera a la designación de los representantes de los empleadores ante el referido Consejo.

Correspondería ahora analizar el cumplimiento de las recomendaciones que efectuó esta Comisión el año pasado. Ha transcurrido un año más, sin que el CST haya iniciado funciones, pues el Gobierno no convocó ni instaló el mismo. Recordamos el intento fallido de convocatoria en julio 2017, con ocasión de la visita de una misión de contactos directos, la que se considera ilegal, puesto que el Gobierno no siguió el procedimiento establecido en el reglamento del CST.

En relación a la no interferencia del Gobierno en la constitución de organizaciones de empleadores, vemos lo siguiente: por una parte, en los meses de julio y agosto de 2018, se desarrolló el proceso de elección del representante patronal en la Comisión de Riesgo del Sistema de Pensiones, habiendo el Gobierno invitado como electores a las organizaciones espurias antes referidas, sin que se tomaran en cuenta los múltiples llamados al Gobierno para que desistiera de tal invitación.

Vemos con mucha preocupación además, que el Gobierno mantuvo la práctica generalizada de retrasar la entrega de credenciales a las organizaciones de empleadores en distintos foros de diálogo social.

En cuanto a la petición relativa a elaborar normas claras, objetivas, previsibles y jurídicamente vinculantes en consulta con los interlocutores sociales para asegurar la reactivación y el pleno funcionamiento del CST, efectivamente el Gobierno recurrió a la asistencia técnica de la Oficina, lo que valoramos positivamente. No obstante, las propuestas del Gobierno, en ese proceso, se encaminaban a limitar la participación de los empleadores o interferir en los procesos internos de sus organizaciones, lo cual bien sabemos, contraviene la libertad de asociación garantizada por los convenios fundamentales de la OIT; por ejemplo, se pretendía incluir disposiciones tales como:

- facultar al Gobierno para reglamentar los procesos de elección de representantes de los empleadores;

- permitir que el Gobierno nombre comisiones verificadoras de los procesos de elección de los representantes de los empleadores,

- habilitar al Gobierno para establecer cuotas de participación por tamaño de empresas o por cualquier otro criterio, a su discreción.

Sobre este mismo tema, la ANEP nos ha informado que, en forma bipartita con las organizaciones de trabajadores, acordaron un proyecto de ley por el cual se trasladarían al Código del Trabajo las disposiciones, hoy reglamentarias, relativas a la elección y nombramiento de los interlocutores sociales en el CST. En septiembre de 2018, atendiendo a una invitación de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, les fue entregada tal propuesta.

Valoramos muy positivamente la situación referida, que da muestra de que los actores sociales en El Salvador confían y practican el diálogo social; además, tal propuesta es relevante pues garantizaría a las organizaciones de trabajadores y de empleadores la designación libre e independiente de sus representantes.

Finalmente, en cuanto al respeto y seguridad para los empleadores, sus organizaciones e instalaciones, vemos con preocupación que siguieron ocurriendo las manifestaciones violentas en contra de las oficinas de la ANEP, ello, por parte de activistas y grupos afines al Gobierno y toleradas por éste, naturalmente, con lo cual buscaba intimidar a los dirigentes empresariales.

Estamos al tanto de que hubo cambio de autoridades en El Salvador; estamos claros también de que las obligaciones que derivan del Convenio obligan al Estado. Con lo cual la nueva administración no puede hacer otra cosa que implementar de buena fe las recomendaciones anteriores, en defecto de la anterior administración que omitió hacerlo; de hecho, en ello existe una oportunidad para la nueva administración en el sentido que el pleno ejercicio de un diálogo social fluido y con el legítimo interés por conocer la opinión, inquietudes y necesidades de los actores sociales, les llevará a diseñar e implementar políticas de beneficio para todos los salvadoreños.

Los hechos presentados dan cuenta del desprecio por el diálogo social y por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno de El Salvador al ratificar el Convenio, que promueve la consulta tripartita que, como bien sabemos, es pilar fundamental de la misma y por el que se pretende fomentar la gobernabilidad y la buena marcha de las relaciones laborales de los países. La actuación sesgada del Gobierno afectó la confianza entre los actores sociales y éste.

El nuevo Gobierno tiene la oportunidad, desde luego, y es la de revertir la grave situación señalada, esta Comisión se lo debe exigir; ello por la gobernabilidad del país y el fomento de las buenas relaciones entre actores sociales y el Gobierno, que redundará, desde luego, en la adopción y ejecución de más y mejores políticas sociales.

Por ello, debemos urgir al Gobierno de El Salvador para que sin demora reactive el CST, que garantice la libertad y autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la designación de los foros de diálogo social, así como |la seguridad de sus dirigentes e instalaciones.

Miembros trabajadores — Es ya el quinto año consecutivo en que esta Comisión examina el caso de El Salvador. En las reuniones anteriores, ya pudimos comentar el contexto extremadamente tenso en que se encuentra el país. La violencia es omnipresente. Las armas, sobre todo ilegales, están muy presentes, ya que se estima que hay un arma por cada 13 personas.

Cerca del 30 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según los datos del Banco Mundial.

Por otra parte, todo el mundo recuerda el asesinato del sindicalista Victoriano Abel Vega el 15 de enero de 2010. Seguimos instando enérgicamente a las autoridades salvadoreñas a que esclarezcan plenamente este asesinato.

Este año, por tercera vez, estamos examinando las violaciones del Convenio.

En 1919, los miembros de la Comisión sobre la legislación internacional del trabajo de la Conferencia de Paz desarrollaron lo que fue, y sigue siendo, una de las estructuras institucionales más originales y exitosas de la escena internacional. Se trata del tripartismo que caracteriza a nuestra Organización. El desarrollo exitoso de un sistema tan complejo de consultas tripartitas a nivel internacional debería inspirar a los gobiernos para que logren establecer y garantizar que se realicen dichas consultas tripartitas también a nivel nacional. Además del procedimiento previsto en la Constitución de la OIT, en 1978 la Organización adoptó el Convenio núm. 144, que fomenta específicamente las consultas tripartitas a nivel nacional sobre numerosas cuestiones relacionadas con las actividades de la OIT.

El examen de nuestra Comisión se centrará en tres elementos incluidos en el Convenio: en primer lugar, el establecimiento de consultas tripartitas efectivas; en segundo lugar, la libre elección de los representantes de los interlocutores sociales; y, por último, las consultas tripartitas sobre la presentación de los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes.

Sigue habiendo problemas para establecer estructuras de consulta tripartitas efectivas en asuntos relacionados con las actividades de la OIT, como exige el artículo 2 del Convenio. Lo importante para cumplir esta obligación es que los interlocutores sociales puedan expresar sus opiniones antes de que el Gobierno adopte una decisión definitiva. Por lo tanto, las consultas deben llevarse a cabo antes de adoptar la decisión definitiva. A este respecto, los Estados Miembros disponen de un margen de maniobra para decidir sobre la naturaleza o la forma de los procedimientos de consulta tripartita.

La Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional del Trabajo), 1976 (núm. 152), establece que los Estados Miembros son libres de celebrar consultas por escrito, pero que dichas consultas deben ser admitidas, en la medida en que sean apropiadas y suficientes, por las organizaciones que participen en los procedimientos de consulta. El CST es el órgano competente en El Salvador para tratar las cuestiones relacionadas con las actividades de la OIT, y el informe de la Comisión de Expertos contiene varios comentarios de las organizaciones de empleadores sobre este órgano, cuyo funcionamiento sigue siendo problemático. Nos enteramos así de que el Gobierno no ha tomado ninguna medida para reactivar este organismo. Desde 2017, no ha habido ninguna reunión de este órgano.

El artículo 3, párrafo 1, del Convenio dispone que los representantes de los trabajadores y de los empleadores serán elegidos libremente por sus organizaciones representativas. El Gobierno declara en la memoria presentada a los expertos que el CST se ha reunido y que las organizaciones que representan a los empleadores se han negado a participar. Sin embargo, sobre la base de la información proporcionada por éstas, parece que la citación se emitió de manera irregular. Además, de los comentarios de estas organizaciones se desprende que la elección de los miembros de este órgano fue claramente unilateral y se basó en criterios determinados por el Gobierno. Quiero recordarles en este momento que, durante el examen del caso en nuestra penúltima reunión, las organizaciones sindicales también expresaron sus quejas sobre el funcionamiento de este órgano.

El método impuesto por el Gobierno salvadoreño anula la libertad de elección de cada organización representativa. A fin de garantizar una reanudación sostenible de la labor del CST, habrá que establecer de antemano criterios objetivos y precisos, así como un proceso electoral acordado, claro y permanente que garantice la mayor representatividad posible de las organizaciones. En caso de controversia, las organizaciones también deben poder contar con un órgano independiente que pueda resolver el conflicto y que goce de la confianza de todas las partes. Los hechos y el funcionamiento descritos aquí no son compatibles con el Convenio.

En lo que respecta a las consultas tripartitas, el artículo 5, párrafo 1, b), del Convenio dispone que deben establecerse procedimientos de consulta con respecto a las convenciones y recomendaciones que se han de presentar a las autoridades competentes. Mediante el artículo 2 del mismo Convenio, El Salvador se comprometió a aplicar ese procedimiento de consulta. De las observaciones del informe de los expertos se desprende que El Salvador no aplica un procedimiento de consulta de conformidad con el Convenio.

Es cierto que el Gobierno ha confiado en la asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo para aplicar un procedimiento de presentación de memorias de conformidad con el artículo 23 de la Constitución de la OIT. Este proceso ha dado lugar a un protocolo que contiene directrices para abordar esta cuestión. Según las declaraciones del Gobierno, el protocolo será objeto de una consulta tripartita tan pronto como esté finalizado.

Sin embargo, y sobre la base de los comentarios de una organización de empleadores, parece que todavía no se le ha consultado sobre los informes preparados en aplicación del artículo 23.

Tomamos nota de esta información, pero insistimos en que ya es hora de que este procedimiento se aplique efectivamente a corto plazo.

Es esencial que las organizaciones representativas puedan formular observaciones sobre el seguimiento que su gobierno desea dar a las iniciativas normativas de la OIT, antes de que se presente la propuesta al gobierno ante la autoridad competente. Durante muchos años, esta consulta previa no se ha llevado a cabo en El Salvador. La necesidad de determinar el procedimiento de consulta que debe seguirse es inseparable de la cuestión del buen funcionamiento del CST. No nos parece posible establecer este procedimiento sin que se hayan designado todos los representantes de las organizaciones representativas. Por lo tanto, reiteramos nuestro llamamiento a El Salvador para que busque una solución duradera que garantice el buen funcionamiento del CST.

Nuestras observaciones se limitan a la aplicación del Convenio. Estas observaciones son el árbol que esconde el bosque de las dificultades que podríamos abordar en el caso de El Salvador. Seguimos convencidos de que la mejora del diálogo social puede aliviar muchas de las tensiones en el país.

Miembro empleador, El Salvador — Nos parece que existe buena voluntad y tenemos optimismo de que será posible corregir y resolver las arbitrariedades realizadas por el Estado en el pasado reciente. Tomamos nota con especial interés del compromiso del nuevo Gobierno, que asumió hace tan sólo dos semanas, de someterse a los mecanismos de control con que cuenta la OIT y dar estricto cumplimiento a los convenios internacionales.

Esperamos, por tanto, que la convocatoria al CST se realice respetando la autonomía de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, para que libremente elijan sus representantes como lo establece el Convenio núm. 87, y como lo conviene el Convenio núm. 144.

Estamos aquí por quinto año consecutivo porque el Gobierno de El Salvador, no sólo violó el Convenio núm. 87, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y el Convenio núm. 144, sino que además, despreció las resoluciones de esta Comisión, los informes de la Comisión de Expertos y las conclusiones de la misión de contactos directos.

En 2018, la Comisión observó con preocupación el incumplimiento del Convenio núm. 144, y que el diálogo social funciona de manera deficiente en mi país.

En consecuencia, la Comisión hizo varias recomendaciones al Gobierno de El Salvador, permítame Presidente, miembros de la Comisión, explicar brevemente lo acontecido desde junio de 2018. En primer lugar, respecto de la conclusión de reactivar nuevamente y sin demora el CST por medio de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores y a través del diálogo social y garantizar el pleno funcionamiento de dicho órgano.

En primer lugar, lamentamos que un año después el CST no esté funcionando. El Gobierno ni convocó ni instaló el mismo.

En segundo lugar, sobre la conclusión de no interferencia del Gobierno en la constitución de organizaciones de empleadores y de facilitar la debida representación emitiendo las credenciales correspondientes, queremos destacar dos hechos indebidos, cometidos en los últimos meses, por parte del Gobierno. Primero, siguió utilizando las 60 falsas asociaciones que fueron creadas por el mismo Gobierno de manera expresa en 2017 para la elección de la junta de directores de la SIGET.

Así, en julio 2018, en la elección del representante de patronal ante la Comisión de Riesgo del Sistema de Pensiones, entidad que determina como se invierten los ahorros de pensiones, el Gobierno invitó como electores a esas falsas asociaciones. Todas las gestiones para evitarlo fueron en vano, al final, las mismas declinaron participar, y la elección se realizó con normalidad.

Segundo, el Gobierno ha continuado con su práctica generalizada de retener las credenciales a las organizaciones de empleadores para evitar que participen en los diferentes procesos de elecciones. Sólo sirva como ejemplo que la propia ANEP, tuvo retenida su credencial durante dieciocho meses, finalmente, en noviembre de 2018 entregaron una credencial que sólo tenía vigencia de seis meses. La misma ya venció.

En tercer lugar, sobre la conclusión de elaborar normas claras, objetivas, previsibles y jurídicamente vinculantes, en consulta con los interlocutores sociales, para asegurar la reactivación y pleno funcionamiento del CST, efectivamente, el Gobierno recurrió a la asistencia técnica a través de la Oficina Regional de la OIT en Costa Rica.

Sin embargo, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, coordinó a unos 30 gerentes legales de ministerios y entidades públicas autónomas, quienes sostuvieron frecuentes reuniones para elaborar normas con el claro objetivo de obstaculizar la participación de la ANEP, no sólo en el CST, sino en el resto de las entidades tripartitas y paritarias.

Las reformas elaboradas para reformar el Reglamento violan los convenios internacionales, con ellas el Gobierno pretende atribuirse facultades como alterar y manipular el listado de las organizaciones empresariales electoras, aprobar reglamentos para los procesos de elección interna de los representantes de los empleadores, designar una comisión verificadora del proceso de elección de los representantes de los empleadores, establecer una cuota de participación por tamaño de empresas o por otros criterios a discreción del Gobierno.

Este tema es sumamente delicado porque la facultad de aprobar y reformar reglamentos es exclusiva del Presidente de la República, quien podría hacerlo unilateralmente y sin consenso tripartito. Para evitar este riesgo, el año pasado, en una invitación que nos hizo la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, entregamos una propuesta para trasladar al Código del Trabajo las disposiciones reglamentarias relativas a la elección y nombramiento de los interlocutores sociales en el CST. Al mismo tiempo, instamos a los diputados a invitar a las organizaciones de trabajadores al seno del CST, lo cual sucedió posteriormente.

La reforma fue elaborada conjuntamente entre trabajadores y empleadores, como parte del diálogo social bipartito que se mantiene y que nos ha permitido discutir y elaborar varias propuestas en el ámbito laboral. La ausencia de diálogo tripartito no puede detener la agenda laboral.

En este caso, lo relevante es garantizar que los trabajadores y empleadores podamos elegir de manera libre e independiente a nuestros representantes, sin importar el gobierno de turno. Esta discusión puede retomarse una vez instalado el CST.

En cuarto lugar, para los empleadores es central la conclusión sobre «designar sin dilación a representantes de las organizaciones patronales más representativas en el CST en los casos en que dichos nombramientos no se hayan realizado».

Como los miembros de la Comisión saben, el caso de El Salvador vino a esta casa por esos motivos, cuando en 2012 el Gobierno aprobó de manera exprés reformas a las leyes de 19 entidades públicas autónomas con el objetivo de expulsar de sus juntas directivas a los directores electos y nombrados por los empleadores. El caso fue conocido por el Comité de Libertad Sindical (CLS), quien indicó que, antes de realizar este tipo de reformas, el Gobierno debía consultar al CST. Justamente por ello, el Gobierno decidió bloquear el funcionamiento del CST, el cual no se sesiona desde 2013.

La ANEP recurrió a la Corte Suprema de Justicia, entidad que resolvió favorablemente amparos y recursos de inconstitucionalidad y determinó que se devolviera a los empleadores la facultad de nombrar libremente a los directores en las entidades autónomas.

El Gobierno, a través de diferentes mecanismos, se ha negado a cumplir estas sentencias. La injerencia del Gobierno, no sólo ha sucedido en el seno del CST, sino en otras entidades tripartitas y paritarias. Hay al menos tres casos pendientes para los cuales los empleadores nombren libremente a sus representantes: INSAFORP, el CNSM y la SIGET.

En los tres casos, la Corte Suprema de Justicia ha dado medidas cautelares. Por una parte, en los últimos diez años el Gobierno ha reformado por ley, en tres ocasiones, la manera en que se conforma la junta directiva del INSAFORP.

Por otra, la elección del CNSM fue realizada utilizando un instructivo emitido de manera ilegal el mismo día de la elección por parte del Ministerio de Trabajo.

El tercer caso es sin duda el más escandaloso. La elección por parte de los empleadores de los directores en la junta de directores de la SIGET, ente regulador de electricidad y telecomunicaciones. En este caso, la ANEP junto con la OIE, hemos pedimos la intervención directa del Director General.

Como esta Comisión recordará, mientras unos funcionarios atendían a la misión de contactos directos en 2017, otros planeaban cómo suplantar a los empleadores como legítimos electores.

En tiempo récord crearon 60 falsas asociaciones, con domicilio en municipios pobres del país, alejados de las principales ciudades, donde no se recaudan impuestos ni se generan puestos de trabajos formales, ni se pagan salarios mínimos. Se utilizaron protocolos de empleados públicos de empresas estatales reguladas por la SIGET. Las 60 asociaciones participaron y ganaron la elección.

El Gobierno no sólo se negó a dialogar con los legítimos representantes de los empleadores, no sólo retuvo la entrega de credenciales a las organizaciones empresariales, no sólo excluyó a organizaciones empresariales del listado de los electores, y no sólo habilitó a entidades ciudadanas informales que no tienen naturaleza empresarial, sino que además creó entidades fantasmas apócrifas, para suplantar a los legítimos interlocutores.

Finalmente, denunciamos que durante el último año han habido protestas violentas recurrentes en contra de las oficinas de la ANEP, y de las oficinas de la Asociación Azucarera y de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial, ambas socias de la ANEP, por parte de activistas y grupos de choque organizados y patrocinados por el Gobierno.

Durante estos años, activistas y grupos de choque han realizado protestas violentas, lanzando incluso heces fecales, basura, agua contaminada y llantas incendiadas al interior de las oficinas de la ANEP. Con estos hechos de violencia y acoso, se ha buscado intimidar a los voceros de los empleadores, así como responsabilizarlos de la falta de solución de los problemas del país, lo cual propicia más protestas.

Nos preocupa asimismo un informe del año pasado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que mandó archivar una denuncia que interpuso la ANEP por actos de violencia contra sus instalaciones.

Nos preocupa que la institucionalidad del país no funcione y quedemos expuestos y sin protección ante actos violentos por parte de activistas y grupos de choque. El informe, en todo caso, reconoce la actitud pasiva de la policía, y le hace un llamado a intervenir en casos similares.

Durante los últimos diez años, las organizaciones de los empleadores hemos sufrido violencia, acaso y exclusión por parte del Gobierno de todos los medios posibles.

Esperamos que esto sea asunto del pasado, confiamos en que el nuevo Gobierno, realizara la convocatoria, respetando la autonomía de las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores para que libremente elijan sus representantes. A todos nos conviene el diálogo social como instrumento en la búsqueda de soluciones, para impulsar el desarrollo, traer inversiones y generar empleo, respetando la Constitución, el marco normativo y los convenios internacionales. Confiamos en que El Salvador sabrá aprovechar esta nueva oportunidad que nos brinda la historia

Miembro trabajadora, El Salvador — En El Salvador, los últimos diez años han significado un franco retroceso en materia de tripartismo, diálogo social, libertad sindical y contratación colectiva. Prueba de ello es que por quinto año consecutivo en la Comisión se mantiene el caso de El Salvador.

Al abordar el caso de El Salvador el año recién pasado, esta Comisión hizo una serie de recomendaciones a nuestro Gobierno, sin que se hayan realizado acciones en este sentido.

Por otro lado, después de transcurridos nueve años, los responsables materiales e intelectuales del asesinato del compañero Sr. Victoriano Abel Vega no han sido llevados ante la justicia, debido a que el Estado salvadoreño no ha realizado una investigación efectiva.

En el sector privado, público y municipal persiste la violación de los derechos humanos y laborales, consagrados en nuestra Constitución, leyes laborales nacionales y en los convenios de la OIT ratificados por nuestro país. Les enuncio algunos casos recientes que constatan esta situación:

El 10 de junio de 2018, se constituyó el Sindicato de la Industria del Cemento Concreto y Anexas (SICCA). La respuesta de la empresa fue el despido de todos los dirigentes constituyentes del sindicato.

Igualmente, están ocurriendo graves violaciones en contra de las personas trabajadoras jóvenes, como es la situación de eventualidad de los puestos de trabajo y la falta de una ley de aprendizaje que realmente tutele sus derechos.

También siguen existiendo elementos discriminatorios en los requisitos de empleo como comunidad LGBTI (lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales), discapacidad, género y edad.

Se impulsa en la Asamblea Legislativa la aprobación de una Ley de Servicio Público, sin el debido proceso de consulta con las organizaciones de trabajadores. Este impone mecanismos que son lesivos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, debido a que excluye de la negociación colectiva materias tales como la revisión salarial, atañe directamente a las condiciones de empleo, permite que el contrato sea declarado nulo por ser contrario a la política económica del Gobierno, establece que el arbitraje es obligatorio, y contiene una definición extensiva de los servicios esenciales en el sentido estricto, entre otros.

El diálogo social es aún una formalidad que se cumple a medias, por lo que es materia pendiente, la no instalación del CST impide que éste pueda emitir opinión sobre los anteproyectos de reforma de la legislación laboral y de previsión social, y que tampoco pueda recomendar al Gobierno la ratificación de los convenios de la OIT que considere apropiados.

Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se realizó una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, sin consultar a las organizaciones de trabajadores, la cual no resolvió la problemática de las pensiones, sino que únicamente tiene un énfasis fiscal y financiero para dar un respiro a las finanzas del Estado, contrario a lo establecido en el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) y a la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202) de la OIT.

Tampoco fuimos consultados en la elaboración de la política pública de articulación de la educación técnica, la formación profesional y el aparato productivo, dando como resultado que no exista participación de los representantes de las organizaciones de trabajadores en los comités sectoriales, junta de comités y en el consejo de coordinación del ente creado, lo que constituye una clara acción antisindical, que violenta varios convenios de OIT ratificados por nuestro país.

En la actual coyuntura con un Gobierno que recién asume la presidencia de nuestro país es de suma importancia la reactivación del CST como el espacio propicio para la discusión de las macro políticas que aseguren justicia social a las familias salvadoreñas y coadyuvar así la democracia y gobernabilidad del país, y desde esta herramienta de diálogo social tripartito, concertar un gran acuerdo nacional en temas como: reforma de salud, educación para vivir y el futuro del trabajo, sistema de pensiones, política salarial, pacto fiscal, generación de empleo decente, políticas de austeridad, adaptación y resiliencia al cambio climático, convivencia ciudadana y control social, entre otros, por lo que deseamos expresar que daremos el beneficio de la duda a la posición expresada por el nuevo Gobierno y su Ministro de Trabajo, en reuniones sostenidas con las organizaciones sindicales, particularmente en su disposición de potenciar el diálogo social, a su compromiso con el respeto a las normativas en materia laboral y con el retiro de la discusión legislativa de proyectos de ley como el de servicio público, para revisarlos en las instancias tripartitas correspondientes; y, al compromiso de formar una comisión que retome el estudio del sistema de pensiones.

El CST debe ser reactivado con una amplia participación de todas las organizaciones sindicales, empresa privada y funcionarios de gobierno, con el apoyo técnico de la OIT, ya que consideramos que la solución a nuestros problemas históricos y estructurales, requiere que a la brevedad posible se restablezca el diálogo social efectivo entre los sectores.

La representación laboral está en acefalía, los juramentados por la Ministra de Trabajo anterior terminaron su período sin siquiera haber tenido una tan sola reunión en dos años. Por lo que es urgente que se llame a las organizaciones de trabajadores a designar sus representantes conforme al artículo 50 y al reglamento del CST siguiendo los postulados del Convenio núm. 144.

Apelamos a la OIT para que los representantes de los trabajadores de manera autónoma podamos determinar procedimientos de elecciones internas estables con criterios de representatividad precisos, objetivos y preestablecidos evitando la arbitrariedad y la injerencia tanto del funcionario de gobierno en turno como de los empleadores, y permitir a los trabajadores designar sus representantes, sin importar el nombre sino la función que realizarán, una vez instalado el Consejo éste deberá realizar una reforma integral al artículo 50 y a su reglamento para ampliar su base en todos los sectores, asimismo que se revise el caso en la siguiente reunión del Consejo de Administración y se informe en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2020.

Como puede apreciarse, la autoridad administrativa durante varios años ha hecho caso omiso a las recomendaciones de los órganos de control y de la misión de contactos directos, lo actuado por el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Trabajo representa un grave riesgo para el ejercicio de la libertad sindical y evidencian la falta de voluntad política para el diálogo social y la ausencia de una política laboral democrática, por lo que se hace necesario que se emitan recomendaciones que vengan a solucionar la grave situación por la que atraviesan los trabajadores, ya que el Gobierno de El Salvador en su anterior administración hizo de la violación a la libertad sindical una política de gobierno, confiamos en que este nuevo gobierno del Presidente Sr. Nayib Bukele corrija este desatino y asuma el pleno cumplimiento de las normativas, tanto nacionales como internacionales y que podamos contar con un clima de paz laboral y un diálogo social efectivo y franco en beneficio de los todos los salvadoreños.

Miembro gubernamental, Brasil — Hablando en nombre de una significativa mayoría de los países de América Latina y el Caribe, agradecemos las informaciones brindadas por el Gobierno de la Republica del El Salvador. Hemos escuchado con interés lo relacionado al cumplimiento de la consulta tripartita de las normas internacionales del trabajo, en el marco de la Constitución y la legislación salvadoreña, la cual designa al CST como el ente encargado de llevar a cabo las consultas tripartitas en relación a las normas internacionales del trabajo, según lo ha expresado la distinguida delegación de ese país. Estamos conscientes de que el Gobierno de El Salvador ha asumido, en el sentido de buscar soluciones tripartitas, aquellos asuntos aún pendientes: la reactivación del CST, como ente legalmente constituido, esto brindará soluciones definitivas que favorezcan a todos los sectores sociales del país. Alentamos el compromiso del Gobierno de El Salvador con la aplicación del Convenio y respaldamos las iniciativas que emprenderá en el contexto de las obligaciones contraídas en dicho Convenio.

Miembro gubernamental, Rumania — Hablo en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. La República de Macedonia del Norte, Montenegro y Albania, países candidatos, así como Noruega, país de la AELC miembro del Espacio Económico Europeo, se suman a la presente declaración. La Unión Europea y sus Estados miembros afirman su compromiso con la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales, tal y como los consagran los convenios fundamentales de la OIT y otros instrumentos de derechos humanos. Apoyamos el indispensable papel que desempeña la OIT en el desarrollo, la promoción y la supervisión de la aplicación de las normas internacionales del trabajo y los convenios fundamentales en particular.

Creemos firmemente que el cumplimiento de los convenios de la OIT es esencial para la estabilidad social y económica de cualquier país y que un entorno propicio al diálogo y la confianza entre los empleadores, los trabajadores y los gobiernos contribuye a la creación de una base para un crecimiento sólido y sostenible y para el desarrollo de sociedades inclusivas.

El Convenio núm. 144 está intrínsecamente vinculado a dos convenios fundamentales: el Convenio núm. 87 y el Convenio núm. 98, así como con al menos cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las consultas tripartitas y un diálogo social significativo y efectivo son elementos esenciales de la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el ámbito del trabajo.

La Unión Europea y sus Estados miembros mantienen su compromiso con el pueblo de El Salvador a través de fuertes lazos de cooperación, así como vínculos políticos y comerciales. El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-América Central, que entró en vigor en 2014, y la aplicación provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-América Central desde 2013, proporcionan un marco para el desarrollo de nuestra asociación.

Deseamos recordar el compromiso asumido por El Salvador mediante el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible (título VIII) del Acuerdo de Asociación UE-América Central, de aplicar efectivamente, en la legislación y en la práctica, los convenios fundamentales de la OIT.

Observamos con profundo pesar que este caso ya se ha debatido en los dos últimos años ante la Comisión de Aplicación de Normas, incluso como un caso grave en 2017. La Comisión observó con preocupación el funcionamiento deficiente del diálogo social en el país y el incumplimiento del Convenio núm. 144 de la OIT. También ha proporcionado recomendaciones claras sobre la importancia de la no injerencia en la constitución de las organizaciones de empleadores y la necesidad de garantizar una representación adecuada de las organizaciones de empleadores legítimas.

La Comisión también solicitó la reactivación del CST garantizando su pleno funcionamiento con una representación adecuada de los interlocutores sociales. El Consejo sólo puede cumplir su función cuando pone en práctica de manera efectiva el tripartismo y el diálogo social genuino. Observamos con preocupación que el Consejo aún no ha empezado a funcionar.

Acogemos con beneplácito los recientes llamamientos del Gobierno para que se entable un diálogo con miras a la pronta reconstitución del Consejo tras un diálogo intersectorial, como exigen las normas internacionales. No obstante, instamos al nuevo Gobierno a que adopte las medidas adecuadas para reactivar el CST, estableciendo, en consulta con los interlocutores sociales, las normas de su funcionamiento, en particular normas claras y transparentes para la designación de los representantes de los trabajadores que cumplan el criterio de representatividad, así como el proceso de su reactivación.

También pedimos al Gobierno que garantice la plena autonomía de los interlocutores sociales y su participación en las consultas relacionadas con las políticas y la legislación sobre empleo y trabajo, de manera transparente e inclusiva y antes de que se adopte una decisión. Alentamos al Gobierno a que facilite información sobre el resultado de las consultas tripartitas celebradas en relación con el protocolo con lineamientos sobre el procedimiento de sumisión, así como a que facilite información actualizada sobre el contenido y los resultados de las consultas tripartitas celebradas sobre todas las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo en virtud del artículo 5, párrafo 1, a)-e), del Convenio.

También alentamos encarecidamente a El Salvador a que informe sobre las medidas adoptadas o en preparación en el marco de la asistencia técnica de la OIT.

La Unión Europea y sus Estados miembros reiteran su compromiso de colaborar de manera constructiva con El Salvador, incluso mediante proyectos de cooperación, que tienen por objeto fortalecer la capacidad del Gobierno para abordar todas las cuestiones planteadas en el informe de la Comisión.

Miembro gubernamental, Burkina Faso — Como saben, la importancia del Convenio núm. 144 está bien establecida. Las consultas tripartitas regulares, tal y como preconiza dicho Convenio, son garantía de una paz social duradera. En efecto, la institucionalización y la práctica efectivas del principio del tripartismo permiten a los actores del mundo del trabajo cultivar la tolerancia y la crítica constructiva necesarias para el desarrollo.

El tripartismo, acaso cabe recordar, es la piedra angular del proceso de construcción del diálogo social, tan apreciado por nuestra Organización. Es también a través de este mecanismo particular de la OIT como los gobiernos y los interlocutores sociales afinan sus violines para garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo a las laboriosas poblaciones de nuestros países. En el informe de la Comisión de Expertos se invitaba al Gobierno de la República de El Salvador a adoptar las medidas apropiadas para dar pleno efecto al Convenio que ratificó en 1995. En vista de la importancia de las consultas tripartitas para la promoción y la práctica del diálogo social, la delegación de mi país desea alentar a la República de El Salvador a que prosiga sus esfuerzos para aplicar las disposiciones pertinentes de este instrumento y, de ser necesario, a que solicite la asistencia de la Oficina.

Miembro empleador, España — El Gobierno sigue sin entablar un verdadero diálogo y celebrar consultas tripartitas, ni adoptar medidas para reactivar el CST, ni garantizar la elección de manera libre y autónoma de representantes legítimos de los interlocutores sociales en dicha entidad tripartita.

Se desatienden así las conclusiones adoptadas por la Comisión de Normas de la 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que instó al Gobierno salvadoreño a abstenerse de interferir en la constitución de las organizaciones de empleadores y facilitase, de conformidad con la ley, la debida representación de las organizaciones legítimas de empleadores, emitiendo las credenciales correspondientes; elaborar normas claras, objetivas, previsibles y jurídicamente vinculantes en consulta con los interlocutores sociales para asegurar la reactivación y el pleno funcionamiento del CST; reactivar nuevamente y sin demora el CST por medio de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores y a través del diálogo social, que garantice el pleno funcionamiento de dicho órgano; designar sin dilación a representantes de las organizaciones patronales más representativas en el CST en los casos en que dichos nombramientos no se hayan realizado, y recurrir a la asistencia técnica de la OIT. Asimismo, recomendó al Gobierno que presentase una memoria detallada a la siguiente reunión de la Comisión de Expertos.

El incumplimiento de estas conclusiones que no hacen más que incidir en las ya adoptadas en la Comisiones de Normas de los años 2016 y 2017, también en virtud del Convenio núm. 144, así como en las recomendaciones de la misión de contactos de la OIT efectuada los días 3 y 7 de julio de ese mismo año, ponen de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno salvadoreño de poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas entre los representantes del Gobierno de los empleadores y de los trabajadores sobre los asuntos relacionados con las actividades de la OIT, y de no interferir en la autonomía de los representantes de los trabajadores y de los empleadores, que deben ser elegidos libremente por sus organizaciones.

Esperamos que el espíritu diálogo mostrado por el actual Gobierno salvadoreño se traduzca en el cumplimiento de las conclusiones, en las sucesivas conclusiones adoptadas por las Comisiones de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, con el fin de superar una situación anómala que perdura desde hace diez años.

Miembro trabajador, Honduras — Lamentamos que en los últimos años El Salvador ha estado demandado por parte de los empleadores por el incumplimiento al Convenio, que tiene como objetivo primordial las consultas tripartitas efectivas; asimismo, reconoce que los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a efecto de los procedimientos previstos en el presente Convenio, serán elegidos libremente por sus organizaciones representativas; en tal sentido condenamos la aptitud injerencista del sector empleador al que debe reconocer y legitimar única y exclusivamente a un sólo grupo del sector laboral.

Al sector empleador aprovechamos para hacerle un llamado a ser coherente con su petición al Gobierno de instalar de forma inmediata el CST, para que se acredite y participe de manera activa y efectiva sin sesgo alguno, respetando la autonomía del sector laboral. Al Gobierno de reactivar a la mayor brevedad posible el CST y que sea respetuoso de la autonomía e independencia que tiene el sector laboral para elegir y designar a sus representantes en las instancias tripartitas, tal y como lo establece el reglamento del CST.

De igual forma, hacemos un llamado al gobierno de Nayib Bukele para que respete lo establecido en este Convenio en el marco del diálogo social tripartito y que cese los despidos masivos de trabajadoras y trabajadores en el sector público sin el debido proceso.

Para finalizar, hacemos un llamado a las y los trabajadores a seguir fomentando el diálogo social tripartito y hacer el mayor esfuerzo para contribuir al buen funcionamiento del CST.

Miembro gubernamental, Colombia — Colombia agradece las informaciones brindadas por el Gobierno de El Salvador, Los ministerios del trabajo tienen un papel fundamental para hacer puente de encuentro entre los empleadores y trabajadores. Se requiere, que todos construyan en conjunto, que existan diálogos abiertos, francos, que me permitan reconocer los aciertos, los acuerdo, pero también respetar las diferencias. Por ello valoramos los esfuerzos del Gobierno de El Salvador por avanzar en el diálogo social y lograr así la reactivación del CST.

Nuestro Gobierno confía que con el compromiso del Gobierno de El Salvador, la voluntad de todos los actores y la asistencia técnica de la OIT, se beneficiará a las instituciones de diálogo social y se podrá continuar avanzando en el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo.

Miembro empleadora, Costa Rica — El sector empleador de Costa Rica desea apoyar y hacer eco de las palabras del representante del sector empleador de El Salvador. El Convenio núm. 144 es uno de los convenios más importantes desde el punto de vista de la gobernanza, ya que la consulta tripartita es parte de la esencia de la OIT.

El CST, de entre muchas de las instancias tripartitas con las que puede contar un aparato estatal de un país es, sino la más importante, una de las más importantes. El artículo primero del reglamento del CST de El Salvador, establece que éste tiene como finalidad institucionalizar el diálogo y promover la concertación económica y social entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Por lo anterior, es de vital importancia permitir que el Consejo vuelva a sesionar y que las organizaciones más representativas escojan libremente a sus representantes. Como lo establece el artículo 2 del Convenio en discusión «Todo Miembro de la OIT que ratifique el presente Convenio, se compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores…».

Por ello, se debe recordar que, entre la serie de acciones que la Comisión de la Conferencia de 2018 estableció, se le instó al Gobierno de El Salvador a «elaborar normas claras, objetivas, previsibles y jurídicamente vinculantes en consulta con los interlocutores sociales para asegurar la reactivación y el pleno funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo». Sin embargo, las iniciativas impulsadas por el Gobierno salvadoreño, violentan los Convenios núms. 87, 98 y 144, designando comisiones gubernamentales para los procesos de elección de los representantes e imponiendo criterios limitantes.

Siendo ANEP la organización de empleadores más representativa de El Salvador, no se puede ni se debe permitir que se obstaculice la elección de sus representantes, no sólo a nivel del Consejo, sino en el resto de entidades tripartitas y paritarias. En el marco de la seguridad jurídica que debe respetarse en todo momento, las organizaciones tienen derecho a elegir sus representantes de forma legítima sin ninguna intervención por medio de los entes estatales, lo contrario, es una clara infracción a los convenios citados.

Por ello, es sumamente relevante que al momento de elaborar normas claras que aseguren la reactivación y el pleno funcionamiento del Consejo, esta Comisión vele por que no se dé una reforma al reglamento que eventualmente pueda constituir una violación a la autonomía y a los legítimos derechos de las organizaciones representativas.

Debe garantizarse que, sin importar el gobierno que se encuentre en el poder, las organizaciones puedan elegir de forma libre a sus representantes y que se active de forma pronta, el funcionamiento de una instancia tan importante como lo es el CST.

Observador, Internacional de Servicios Públicos — Tomamos la palabra en el caso de El Salvador, en nombre de la Internacional de Servicios Públicos (IPS) y la CONTUA en apoyo a los trabajadores salvadoreños que sufren una permanente violación de sus derechos sindicales. El caso planteado por la Comisión de Expertos trata sobre el incumplimiento del Convenio núm. 144, y no se logra solución real al problema de la parálisis del CST en el país centroamericano. Se deben destrabar inmediatamente todos los inconvenientes para poner en funcionamiento, en forma urgente, al CST. Se trata de establecer reglas claras, respetuosas de la libertad sindical, del derecho de organización autónoma de los actores sociales, y de la buena fe para integrar las mesas de diálogo y alcanzar acuerdos sustentables.

Resaltamos la necesidad de la buena fe para promover el diálogo, porque de nada sirven las normas jurídicas más perfectas si los gobiernos y los actores sociales actúan con dilación en el nombramiento de representantes, no acuerdan los temas a tratar o bloquean el quorum de funcionamiento y la toma de decisiones.

Hay un gobierno nuevo en El Salvador, y desde el movimiento sindical instamos al Presidente y a su Gabinete a que atiendan prioritariamente este señalamiento de los expertos, dialoguen con los actores sociales y encuentren rápidamente una dinámica de trabajo para retomar las tareas del CST.

Pero también queremos señalar que en esta casa, en la OIT, en sus distintos órganos de control, están tramitando decenas de denuncias por casos de violación a los convenios fundamentales del trabajo en El Salvador, por lo que también llamamos al nuevo gobierno a dar respuestas, en forma urgente, y cambiar el rumbo de las políticas laborales violatorias de los derechos sindicales.

Especialmente queremos reseñar la situación que se vive en el sector público y poner como ejemplo a los sindicatos del sector eléctrico afiliados a la ISP que desde 2014 vienen denunciando prácticas antisindicales con campañas de desafiliación impulsadas por los representantes del Gobierno y de las empresas bajo amenazas de despidos a los trabajadores sindicalizados, la desarticulación de la negociación colectiva llegando a la supresión de la vigencia de los convenios colectivos de trabajo y el acoso a las estructuras sindicales con la judicialización sistemática de los conflictos sociales.

La situación es tan grave que inclusive existe un avanzado proceso de despido en contra de la secretaria general del sindicato de la electricidad, compañera Roxana Maribel Deras Acosta, fundado en mentiras de la patronal, con el único fin de desprestigiarla a ella y a la organización sindical a la cual pertenece.

Instamos al Gobierno a atender este caso, porque si no lo hace haremos de él nuestra bandera y estaremos aquí en esta Comisión el año próximo por el Convenio núm. 87 y antes estaremos en las Naciones Unidas y en los órganos de derechos humanos de la OEA reclamando justicia y denunciando a los responsables.

Decíamos antes, que desde hace muy pocos días, hay un nuevo gobierno en El Salvador y entendemos que esta nueva gestión tiene la oportunidad de hacer las cosas como corresponde, revertir la situación y administrar las relaciones laborales con respeto a la libertad sindical y al diálogo tripartito y esperamos entonces decisiones y señales en ese sentido.

La OIT puede colaborar con el nuevo gobierno, y con los actores sociales, brindando asistencia técnica. Nosotros, desde el movimiento sindical estamos dispuestos a sentarnos en la mesa tripartita si paran las agresiones y se establece un clima de respeto y confianza.

Miembro empleador, Chile — Este caso de El Salvador resulta de interés dado que se refiere a una materia fundamental para esta casa; en efecto, él se vincula con el mecanismo de la consulta tripartita para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo, de que da cuenta el Convenio núm. 144. En consonancia con el objetivo perseguido por dicho instrumento internacional, la sola pertenencia a la OIT constituye para los Estados un compromiso de efectuar consultas a los actores sociales en materias de su interés, para así promover la adopción de medidas efectivas en el ámbito nacional.

La materia que hoy nos ocupa ya fue discutida ante esta misma Comisión en años anteriores debido al incumplimiento del ex gobierno de El Salvador, al que se le ordenó la adopción de una serie de medidas que habían sido reclamadas tanto por la organización de empleadores de dicho país como, asimismo, por la OIE.

La reiterada acusación está referida a la inexistencia de un verdadero diálogo social, y a la ausencia de consultas, especialmente en lo referido al CST, el que no ha sido convocado legalmente y que no sesiona desde el año 2013; el actual Gobierno deberá reactivarlo respetando la autonomía de las organizaciones más representativas, con personeros elegidos libremente por éstas y sin injerencia alguna del Gobierno.

Las escasas medidas adoptadas por el ex gobierno adolecieron de la falta de transparencia necesaria como para fomentar la confianza debida entre los interlocutores sociales; más bien correspondieron a una apariencia de legalidad, como lo fue el fallido intento del proceso de elección del representante empleador en la Comisión de Riesgos del Sistema de Pensiones, mediante la creación al efecto de entidades inexistentes.

Nos parece que el actual Gobierno no puede reiterar dicha errada política. De hacerlo, incurriría en una clara demostración de falta de aprecio por el diálogo social, lo que minaría nuevamente la confianza entre los actores sociales.

Ante dicha circunstancia, la OIT y esta Comisión, no podrían permanecer indiferentes, ya que ello contribuiría a la pérdida de confianza en los mecanismos de control; sería una suerte de discriminación por omisión, que podría en el futuro afectar a cualquier otro actor social de un país signatario de la OIT.

En razón de lo anteriormente expuesto, nos permitimos respetuosamente solicitar al Gobierno de El Salvador para que, sin demora, ponga en práctica la recomendación de garantizar la libertad y autonomía de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, en lo concerniente a la designación de sus personeros en los foros de diálogo social, absteniéndose de realizar cualquier acto de injerencia en dicho sentido.

Miembro trabajador, República Dominicana — Sustentamos la presentación de la denuncia hecha por la compañera trabajadora de El Salvador donde menciona las reiteradas denuncias que han hecho por varios años en violación a los derechos sindicales y laborales de ese país. En el caso específico, el Estado ha estado violando lo establecido en dicho Convenio. No obstante, queremos llamar la atención a que el Gobierno de El Salvador permita que las organizaciones sindicales salvadoreñas sean las que decidan la designación de sus representantes en los organismos de carácter tripartito, así como el establecimiento del CST.

Confiamos en que este nuevo Gobierno podrá poner fin a las arbitrariedades cometidas por el Gobierno pasado en detrimento de las organizaciones sindicales salvadoreñas y que respetará su autonomía sindical dando paso a un diálogo social efectivo y productivo.

Finalmente, le recordamos al Gobierno salvadoreño que el diálogo social desempeña un papel crucial en el logro de los objetivos de la OIT de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para conseguir un trabajo productivo y decente en condiciones de libertad, seguridad y dignidad.

Miembro empleador, Panamá — Esta Organización tiene su base de fundamento en el tripartismo, desconocerlo a nivel nacional o internacional es desconocer la esencia de la OIT. No en vano, la Organización exige que las memorias y aplicación de los convenios internacionales mantengan la opinión y la participación tanto de trabajadores, como de empleadores.

Cuando un país ratifica un convenio, no es para aparecer en una lista y recibir aplausos; al contrario, se obliga a cumplirlo plenamente, y si es necesario, modificar su legislación para garantizar su cumplimiento. El Salvador ratificó el Convenio núm. 144 y la representación tripartita debe ser elegida en forma libre, independiente, por cada una de las partes, óigase bien, por cada una de las partes. Si una de las partes no designa, o una de las partes designa la representación de las otras, la consulta no sería tripartita, sería un diálogo de uno consigo mismo. Eso violenta el fundamento de esta Organización y el espíritu del Convenio.

La historia de la violación por El Salvador del Convenio ha sido repetida por múltiples oradores esta tarde, y no quiero entrar a repetir las mismas violaciones. Quiero hacerme eco del propósito presentado por el representante de El Salvador, en el sentido de que indicó que está comprometido a cumplir la ley y a acatar el Convenio.

Un país que quiere desarrollarse, un país que quiere crecer, no puede basarse en excluir el diálogo social, o excluir a algunos de sus actores sociales del diálogo social, porque eso lo condena a la insatisfacción, a la crítica y a las protestas. Esperamos con toda convicción que se cumpla con el Convenio, que se modifiquen las leyes necesarias para que se dé la participación de forma igualitaria de los tres sectores en diálogo social; que se instalen los demás organismos de consulta tripartita, inclusive en el CNSM, y del mismo modo le pedimos a este órgano de control que le establezca perentorio al Gobierno para que cumpla, cabalmente, con el Convenio, que es un convenio de fundamental importancia para esta casa.

Miembro gubernamental, Argentina — Mi país alienta la predisposición de dicho Gobierno de reforzar el diálogo social y respalda las iniciativas que emprenderá en el contexto de las obligaciones contraídas en virtud de ese Convenio. En particular, y en consonancia con lo expresado por el GRULAC, celebramos la responsabilidad asumida por el Gobierno de El Salvador de buscar soluciones tripartitas a aquellos asuntos pendientes aún. Lo expresado por el señor Ministro, es una prueba del compromiso de El Salvador con los sistemas de control de la Organización. Estamos seguros de que las acciones emprendidas por las nuevas autoridades junto con la asistencia de la OIT, redundarán en beneficios de todos los sectores sociales del país.

Miembro empleador, Honduras — Por un año más y por tercer año consecutivo volvemos a conocer ante esta Comisión el caso de El Salvador por violación del Convenio núm. 144, apreciando muy pocos esfuerzos por parte del Gobierno de El Salvador de dar cumplimiento a las recomendaciones y conclusiones de los órganos de control de la OIT.

Esperamos que el nuevo Gobierno de El Salvador, revise las diferentes observaciones, recomendaciones y conclusiones emitidos por parte de los órganos de control, recordando la importancia que tiene el Convenio, como un convenio de gobernanza, que tiene por objetivo alcanzar la justicia social, fomentar el trabajo decente y el crecimiento sostenible de las empresas, por medio del diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos, organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, lo cual hoy resulta aún más importante para fortalecer la cohesión social y el Estado de derecho.

Es importante recordar al Gobierno de El Salvador que la consulta tripartita efectiva, supone algo más que un mero intercambio de información, la consulta debe considerar las opiniones de las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas para la toma de las decisiones; debe ser un instrumento para la construcción de políticas públicas, conservando estas últimas el derecho de aceptar o rechazar las decisiones o posturas definitivas que adopte el gobierno, manifestando sus opiniones y comentarios directamente a la OIT.

Es grave el incumplimiento que el Gobierno de El Salvador ha tenido en relación al Convenio núm. 144, siendo preocupante el desconocimiento que ha dado el Gobierno a la ANEP como organización más representativa, incumpliendo por diferentes medios con el artículo 3 del Convenio, llegando incluso a la conformación de supuestas organizaciones empresariales, sin ningún tipo de independencia, con lo cual se evidencia la ausencia del verdadero diálogo social que ha existido en El Salvador y la violación al Convenio.

Es por lo antes expuesto y por un año más nos sumamos a la solicitud de los representantes de empleadores en relación al caso de El Salvador, recordando que es deber de la Comisión de Aplicación de Normas manifestar en términos muy claros en sus conclusiones, la imperiosa necesidad de que el nuevo Gobierno de El Salvador actúe en el marco del cumplimiento de las normas internacionales del trabajo y reconozca a la ANEP como la organización de empleadores más representativa en El Salvador y que se tomen las medidas necesarias para que se erradiquen las acciones de violencia en contra del sector empleador representativo de El Salvador.

Miembro empleadora, Argentina— Escuchamos con atención y con esperanza las declaraciones del Gobierno de El Salvador sobre su disposición a instalar, tan pronto sea posible, el CST de El Salvador.

La región cuenta con muy buenas experiencias que demuestran lo favorable que ha sido para los países en escenarios similares al que nos convoca, recibir el apoyo técnico de la Oficina, así como de sus respectivas oficinas regionales o de país, y trabajar junto a sus equipos en el fortalecimiento en las capacidades de los interlocutores sociales, para asegurar el cumplimiento de las reglas del diálogo social — desprovisto de toda intimidación — y garantizar el pleno respeto a la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores y empleadores.

Esperamos entonces que se aproveche la oportunidad que se nos presenta, para trabajar en la creación de las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento del Convenio núm. 144 y asegurar la debida representación de las organizaciones legítimas de empleadores en las distintas instancias del diálogo social.

Miembro empleador, México — Lamentamos que el Gobierno no haya reconocido a la fecha la falta de cumplimiento del Convenio. No es posible corregir un problema si no se identifica y se acepta. No estamos hablando de algo menor, se trata del cumplimiento de una obligación que constituye el corazón de esta Organización: el diálogo social, la consulta tripartita, para lo cual se tiene que reconocer e identificar a los interlocutores, es decir, a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, y no con organizaciones ilegítimas, no representativas, con quienes no se puede generar equilibrios reales y alcanzar los objetivos de este Convenio, asegurando consultas efectivas.

Para estos efectos, se requiere que el Gobierno genere un entorno de confianza, libre de toda intromisión, de la vida interna de las organizaciones, con pleno respeto al Estado de derecho. En las aclaraciones formuladas por el Gobierno, éste se manifiesta en favor de cumplir con las obligaciones que le corresponden como Estado Miembro de esta Organización. Y debe saber el Gobierno, que lo que esperamos en esta Comisión y en esta Organización, es la acción, hechos que demuestren este interés, materializando sus buenas intenciones. Podría comenzar por constituir los organismos tripartitos que se mencionan en el informe de la Comisión de Expertos.

Existe evidencia de la falta de cumplimiento por parte del Gobierno, testimonios de los sectores en el mismo sentido, y la constancia que los organismos tripartitos no están funcionando debida y legítimamente integrados de manera tripartita. Llamo la atención del hecho que el Gobierno no demuestra las intenciones que dice tener. A la fecha no ha sido capaz de traer a esta Comisión informes contundentes, cuando menos una Hoja de ruta con fechas y objetivos claramente determinados, medibles y comprobables. Se debe hacer un requerimiento contundente, echando mano de todas las herramientas que esta Comisión tiene a su alcance para obligar al Gobierno a corregir esta intolerable situación.

Representante gubernamental — Nosotros como Gobierno, con los pocos días que tenemos, reconocemos que los problemas de los gobiernos salientes no solamente significaron dentro de nuestro país sino ante los ojos del mundo y la comunidad internacional. Y el mayor reconocimiento que hizo el pueblo salvadoreño de esto es precisamente cambiar un gobierno.

Este día, adquirimos un compromiso firme, total, contundente, de cumplir de forma inmediata la reactivación del CST, de permitir al Estado salvadoreño elecciones libres, donde no exista interferencia de ningún autor por encima de otro, porque son conductas históricas que se han dado de un lado y del otro lado.

También planteamos clara y categóricamente que todas las consultas van a ser de forma tripartita, y una de mis primeras decisiones que está registrado en entrevistas que hemos brindado, es que hemos planteado que todas las iniciativas de ley que no han llevado consenso tripartito y están en el seno de la Asamblea Legislativa; esta cartera de Estado, a través del Ministerio, hemos tomado la decisión de retirar esas piezas que están como anteproyectos de ley en la Asamblea Legislativa hasta que sean discutidos de forma tripartita con todos los actores, y son decisiones concretas que ya ejecutamos, que las planteamos y que las hemos discutido en reuniones permanentes con la ANEP la semana pasada y con el sector trabajador, con las organizaciones sindicales.

Recalco, repito y reafirmo, el compromiso del Gobierno es coherente con una necesidad y con una deuda histórica que trae nuestro país. Y en el mío propio, en calidad de Ministro, mi compromiso es contundente y coherente con lo que anteriormente he venido haciendo. OIT ha sido visto desde el enfoque personal, desde un enfoque inherentemente sindical y, hoy que tenemos esta cartera de Estado, no podemos actuar de forma distinta y que no sea coherente con lo que nuestra trayectoria nos define.

Este día queremos dejar sentado ante todos y cada uno de ustedes, tal como lo hicimos en este compromiso y como lo conversé con el Director General de la OIT, Sr. Guy Ryder, la asistencia y cooperación técnica de la OIT es necesaria y además oportuna, porque además de su sustento de carácter legal y técnico sirve de garante en el cumplimiento de nuestros acuerdos.

Para cumplir con los objetivos planteados en función de una genuina aplicación de las normas de esta Organización, creo firmemente que la verificación de esta Organización es importante y esencial como garante de los compromisos que ahora asumimos, y el mejor mensaje de nuestro Gobierno, es que estando en la etapa de transición hemos dejado a un lado por venir y hacer presencia en mi calidad de titular representante del Estado salvadoreño.

Clara y categóricamente, dejamos sentado este día ante esta Organización con un sólido prestigio de carácter legal e internacional, que nosotros cumpliremos toda esta deuda histórica, no solamente por la connotación legal sino porque los que amamos un país debemos estar juntos y unidos, tomados del brazo empleadores, trabajadores y Estado, y el Estado debe jugar el verdadero papel que le corresponde, no interferencia con ninguno de los sectores ni los actores sino facilitador del gran consenso de una nación para sacar adelante nuestro país.

Miembros trabajadores — Quisiera dar las gracias a todos aquéllos y aquéllas que han contribuido con sus comentarios y observaciones a nuestros debates. También tomamos nota de la información proporcionada por el Gobierno. Le pedimos que garantice la plena aplicación del Convenio. Se trata de un convenio prioritario que encarna el principio del tripartismo, fundamental para nuestra Organización.

En nombre del Grupo de los Trabajadores, me gustaría destacar dos puntos en particular. En primer lugar, el CST debe estar integrado por miembros libremente elegidos por las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. No es responsabilidad del Gobierno interferir en este proceso, ya que constituye una violación grave del Convenio núm. 144. En segundo lugar, instamos al Gobierno a que establezca mecanismos de consulta efectivos que permitan a todas las organizaciones expresar sus opiniones.

Observamos que un nuevo presidente ha asumido las responsabilidades de este país. Esperamos sinceramente que se ponga en marcha una nueva dinámica. Los retos y desafíos son importantes y ya es hora de abordarlos. Con el fin de ayudar al Gobierno en sus esfuerzos, sugerimos que acepte una misión de contacto de la Oficina Internacional del Trabajo.

Miembros empleadores — Valoramos esta discusión y agradecemos las intervenciones de gobiernos, trabajadores y de mis colegas empleadores. Tomamos buena nota de la actitud proactiva mostrada por el Gobierno. Esperamos sinceramente que el señor Ministro y demás autoridades del Gobierno de El Salvador, tomarán las acciones decididas que conviertan en hechos las alentadoras palabras que hemos escuchado esta tarde. Le reiteramos que tiene la oportunidad histórica de cambiar el rumbo de las cosas en El Salvador, ello mediante la valorización del diálogo social que es el medio para lograr gobernabilidad y sostenibilidad de los acuerdos logrados, pero también es fin en sí mismo, pues es uno de los pilares de cualquier sistema democrático.

Confiamos también en que a los representantes del Gobierno de El Salvador les haya quedado claro cuáles son las legítimas preocupaciones de los empleadores que coinciden en mucho con las expresadas por los trabajadores, a saber: la interferencia gubernamental en las elecciones de representantes en el CNSM, el INSAFORP, la SIGET y otros órganos tripartitos, así como la no instalación aún del CST. Para cambiar estas circunstancias el Gobierno tuvo la oportunidad de promover los cambios legislativos para la debida reglamentación del CST, lo que no sucedió. Nos preocupa de igual manera, y muy particularmente, los actos de intimidación y violencia en contra de dirigentes empresariales y sus organizaciones.

Así las cosas, esperamos que esta Comisión pida una vez más al Gobierno de El Salvador que, de manera urgente, en consulta con los actores sociales, elabore normas que aseguren el funcionamiento del CST y que reactive este órgano de consulta mediante la designación de sus miembros haciendo lo mismo en las demás entidades tripartitas de ese país. De igual forma, que garantice la integridad física de los dirigentes de las organizaciones empresariales y la seguridad de sus instalaciones. Recordemos al Gobierno que puede beneficiarse de la asistencia técnica de la Oficina y exijámosle que informe a los expertos antes de su reunión de 2019 sobre la implementación de las anteriores conclusiones.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales formuladas por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

Teniendo en cuenta la información proporcionada por el Gobierno y la discusión del caso que tuvo lugar a continuación, la Comisión instó al Gobierno a que:

- se abstenga de interferir en la constitución de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y facilite, de conformidad con la legislación nacional, la debida representación de las organizaciones legítimas de empleadores, emitiendo las credenciales correspondientes;

- elabore, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, reglas claras, objetivas, predecibles y jurídicamente vinculantes para la reactivación y el pleno funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo (CST);

- reactive, sin demora, el CST y otros entes tripartitos, respetando la autonomía de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores y a través del diálogo social a fin de garantizar su pleno funcionamiento sin injerencia alguna, y

- continúe recurriendo, sin demora, a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión pidió al Gobierno que elabore, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, y presente una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica a la Comisión de Expertos antes de su próxima reunión, que se celebrará en noviembre de 2019.

La Comisión instó al Gobierno a aceptar una misión de contactos directos de la OIT antes de la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo.

Representante gubernamental — Gracias a nuestros amigos del GRULAC, a la Unión Europea, por el respaldo total otorgado a nuestro país, y sobre todo por un mensaje de fe y de confianza del nuevo Gobierno, partiendo de que todas estas denuncias y señalamientos corresponden a un gobierno anterior y no al nuestro a partir del 1.º de junio.

Hemos tomado la decisión con el Presidente de la República, en mi calidad de Ministro, de que todas estas conclusiones de este día formen parte de una lista de prioridades de nuestro Gobierno, acá están presentes los trabajadores, la parte empleadora y este compromiso más, desde el punto de vista limitado de nuestro país, es un compromiso que estamos adquiriendo ante la mirada del mundo y ante todos y cada uno de ustedes en este momento, va acorde este espíritu y estas conclusiones a nuestras reuniones bilaterales, a quienes agradecemos de forma directa al Director General, Sr. Guy Ryder, que nos recibió; nos hemos reunido también con el Dr. Kalula, y con diferentes instancias de la OIT, manifestando y siendo coherente entre el primer planteamiento que nosotros hicimos en el Plenario, congruente y planteando toda nuestra disposición como Gobierno de resolver de manera contundente todas estas conclusiones.

Nos sentimos totalmente satisfechos con las conclusiones emanadas de parte de la Comisión, porque esto significa que no sólo responde a una nueva visión de nuestro Gobierno, sino también que la asistencia técnica y la misión de contactos directos nos garantiza, no sólo la colaboración y apoyo técnico, sino también garantiza la supervisión y verificación de cumplir con todas estas conclusiones, lo cual lo vemos como Gobierno con total beneplácito.

Finalmente, planteamos, ante la mirada del mundo entero, de que no estamos ni lo vamos a detener en las evaluaciones de las prácticas del pasado, sino de una forma positiva, desde nuestro presente para construir los pilares y los cimientos más democráticos que una nación necesita como nuestro país.

Estamos plenamente convencidos de que la forma tripartita es la que nos va a garantizar tomarnos de la mano y sacar adelante nuestro país, y no sólo eso, sino que nos comprometemos a construir todas aquellas instancias que, en un momento dado, se necesite de forma de consenso tripartito o incluyendo a otros actores, a fin de sacar adelante la agenda nacional y de garantizar incluso minimización burocrática a esta instancia y nos permita dilucidar muchos de nuestros problemas como salvadoreños tomados de las manos todos.

Recalcamos nuestro reconocimiento al GRULAC, a la Unión Europea y a los países que de forma individual nos dieron su total respaldo, beneplácito y beneficio de confianza, les queremos decir: no les vamos a fallar, gracias por la confianza.