Caso individual (CAS) - Discusión: 2021, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Discusión por la Comisión

Representante gubernamental, Ministro de Trabajo y Previsión Social. Quiero expresar enfáticamente el compromiso del Gobierno de El Salvador liderado por el Presidente Bukele con el diálogo social tripartito y la profundización de la democracia como una herramienta esencial para la construcción de acuerdos para el desarrollo del país. Sabemos que solo unidos: empleadores, trabajadores y Gobierno podemos salir adelante.

Como país fundador de la OIT estamos comprometidos con la promoción de las normas constitutivas y la visión de la Organización. Por ello, luego de la Conferencia de 2019, donde me comprometí a reactivar el Consejo Superior del Trabajo (CST) a mi regreso al país, sin dilación hicimos los procedimientos necesarios para su conformación. Este fue un hito que puso fin a seis años de fractura del diálogo social tripartito de El Salvador y marcó un punto de partida para la construcción de grandes acuerdos para el desarrollo del país y el bienestar de la población salvadoreña. El CST inició sus reuniones y se llegaron a importantes acuerdos: como la construcción de la estrategia de empleo decente, para lo cual se contó con la cooperación de la OIT y se inició la implementación de una hoja de ruta constitutiva y participativa.

De igual manera, se conformó el Consejo Nacional del Salario Mínimo como un espacio tripartito cuyo proceso de elección fue libre y transparente contando con la total satisfacción de los trabajadores y de los empleadores. No obstante, con la llegada de la pandemia de COVID‑19, que afectó a todo el mundo, tuvimos que replantearlo. Desde El Salvador vimos como otros países con mayor desarrollo y sistemas de protección más fuertes estaban teniendo serias dificultades con el manejo de la pandemia. Por ello, como Gobierno tomamos la firme decisión de proteger la vida y la salud de nuestra población, lo que implicó enfocar todos los esfuerzos en el manejo de la pandemia. Eso nos llevó, en un inicio, a establecer un cordón epidemiológico, una estricta cuarentena, así como acciones para educar y concientizar a la población; fortalecimos nuestro sistema de salud, construimos un hospital especializado y moderno diseñado en un programa de tratamiento ambulatorio de la COVID-19 y, más recientemente, estamos implementando un exitoso programa de vacunación. Por todo ello, nuestro país ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los países más exitoso en el manejo de la pandemia.

Como Ministerio de Trabajo, estuvimos en constantes procesos de diálogo con las gremiales y empresariales y los representantes de trabajadores. Al igual que a todo el mundo, la pandemia nos ocasionó una contracción económica. Sin embargo, las medidas y políticas implementadas por el Gobierno en conjunto con amplios procesos de diálogo con los sectores ayudaron a minimizar los impactos económicos y sociales de la crisis. Por ejemplo, como Gobierno, en conjunto con el sector empresarial y trabajadores, diseñamos la Ley de Protección de Empleo, que contenía un amplio e histórico programa económico de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y el sector informal, para brindar el apoyo financiero requerido en ese momento.

También uno de los grandes propósitos fue proteger las actividades económicas y los trabajadores que estaban realizando sus labores, por lo cual construimos junto a los empleadores y trabajadores un protocolo general de bioseguridad y hemos diseñado de manera conjunta 2 636 protocolos adaptados a las condiciones particulares de los distintos rubros económicos y empresariales, para garantizar el resguardo de la salud y la vida tanto de los trabajadores como de los empleadores.

Asimismo, informar a la honorable Comisión que hemos impulsado procesos que han fortalecido el diálogo social tripartito, como lo ha sido la construcción participativa del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Trabajo para el periodo 2020-2024, cuya construcción por primera vez fue dialogado con los empleadores y trabajadores de igual forma. Dicho plan estratégico refleja lo transversal que es el fortalecimiento del diálogo social tripartito.

En esa misma línea informo que hemos construido y validado con los empleadores y trabajadores el Sistema de Información de Mercado Laboral, instrumento que va a proveer información valiosa para la toma de decisiones y las orientaciones políticas públicas en materia laboral. Este sistema ha contado con la cooperación técnica de la OIT y es un instrumento que fortalecerá el diálogo social informado en El Salvador.

En el segundo semestre de 2020, con motivo de la reactivación económica, se conformó una mesa de diálogo con el sector empresarial en la que se estableció un plan para la reactivación económica ordenada y segura muy esencial por el aporte de las gremiales y empresariales y los trabajadores que de forma general fue muy contundente.

Además, en mi calidad de Ministro, yo invierto el 70 por ciento de mi tiempo en el diálogo social entre trabajadores y empleadores para buscar soluciones a los problemas que se prestan. Todos estos elementos me llevan a decir clara y contundentemente que en nuestra gestión el diálogo social en el país nunca se ha detenido y que, por el contrario, se ha fortalecido.

Desde nuestra llegada al Gobierno hemos sido transparentes y manifestado que somos un Gobierno con reglas claras, comprometidas en brindar certidumbre jurídica y crear un ambiente propicio para la inversión privada, para generar más y mejores empleos. Y, además, hemos dicho que lo único que no es negociable, en este Gobierno, son los derechos genuinos de los trabajadores.

Entendemos que como obra humana podemos tener algunos errores, pero nuestro espíritu de diálogo es claro y contundente. Trabajamos de la mano con el sector empleador porque está muy claro que son un actor importante en el desarrollo del país. Además, creemos que la gran mayoría de empresarios en nuestro país tiene una conducta apegada al derecho, pero existe una pequeña minoría que violenta leyes laborales, incluso leyes fiscales, en nuestro país. Con esas empresas debemos ser contundentes en la aplicación de la ley.

Por otra parte, también he pedido ampliar información sobre los casos de violencia sindical en el país. Como Gobierno estamos comprometidos a exigir justicia ante los actos de violencia sindical porque esto no puede quedar impune. Y no volvamos a tiempos pasados que fueron oscuros y dolorosos para el movimiento sindical en nuestro país. Desde nuestra llegada hemos tenido apertura a las expresiones del movimiento sindical y a quienes consideramos un actor importante y clave para el desarrollo del país.

El Gobierno de El Salvador es respetuoso de la libre expresión, durante los dos años de Gobierno han existido 37 manifestaciones antigubernamentales por diferentes motivos. No obstante, con orgullo les puedo decir que nuestros cuerpos de mantenimiento del orden no han utilizado ni una sola bala de goma; ni tan solo un bote de gas lacrimógeno ha sido utilizado para reprimir a nuestro pueblo, como lo hicieron los Gobiernos anteriores.

El pasado 1.º de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, fue un día histórico en nuestro país. Tradicionalmente el movimiento sindical se expresa mediante manifestaciones en las calles y tradicionalmente las unidades de mantenimiento del orden ponen barricadas a tres cuadras de la casa presidencial, para que los manifestantes no logren accesar. Este pasado 1.º de mayo, por primera vez su servidor y otras autoridades del Gobierno, por indicaciones del Presidente Nayib Bukele, salimos a recibir al movimiento sindical y esas mismas unidades de mantenimiento del orden que en el pasado servían para reprimir al pueblo ahora abrieron las barricadas para que los representantes de los trabajadores pudieran pasar y fueran recibidos a casa presidencial y escuchados sus planteamientos. Esa es la forma en la que estamos trabajando ahora en El Salvador.

Sobre los casos de violencia sindical, en primer lugar, me referiré al Sr. Abel Vega, quien fue asesinado en el año 2010. Recientemente recibimos la notificación del ex fiscal general de la República, que archivó el caso del asesinato de este líder sindical debido a que no le había sido posible individualizar sus responsabilidades. Ante eso quiero informar, señora Presidenta, que he pedido en mi calidad de Ministro la reapertura del caso al nuevo fiscal. Ya que consideramos que las anteriores administraciones de la Fiscalía no han sido diligentes en la investigación de estos delitos. Para nosotros es de trascendental importancia hacer justicia y que estos actos no queden impunes.

Por otra parte, en el caso del vil asesinato del líder sindical Weder Arturo Meléndez, del Sindicato de la Alcaldía de San Salvador, Asociación de Trabajadores Municipales, ocurrido en agosto de 2020, nuestra respuesta ha sido contundente: hemos condenado públicamente este hecho indignante y hemos consolidado un amplio expediente donde se recopilan denuncias, entrevistas e información relevante para esclarecer la verdad, el cual hemos hecho llegar a la Fiscalía General de la República.

Nuestra voz ha sido fuerte y clara e inmediatamente solicitamos una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana para denunciar este cobarde acto, ante lo cual, el Consejo se ha pronunciado y ha condenado el hecho. Creemos que este acto debe sensibilizar a todos los Gobiernos de la región en la búsqueda de justicia para garantizar la no repetición de estos casos.

El expediente también se ha hecho llegar al Departamento de Libertad Sindical de la OIT a quien pedimos que le dé seguimiento. Estaremos informando de los avances en la aplicación de justicia de estos casos.

Nuestra misión es superar el estigma que se tiene del movimiento sindical, que lastimosamente en nuestro país y en la región, en lugar de verlos como defensores de derechos humanos, han sido mal vistos y denigrados, por lo cual recientemente hemos lanzado el Instituto de Formación Sindical para fortalecer sus capacidades técnicas. Su incidencia en la construcción de políticas públicas es una apuesta por pasar de la protesta a la propuesta y creemos que ese será un legado histórico para el movimiento sindical en nuestro país y en nuestra gestión.

Quiero informar que el diálogo social tripartito no se ha roto en nuestro país, todo lo contrario, hemos hecho las acciones para su reinstalación y estamos comprometidos a seguir buscando consenso a través del diálogo.

Quiero expresar que nuestra invitación al sector empleador y trabajador siempre ha sido abierta, porque reconocemos que no hay otra forma de salir adelante si no es con la unión de la fuerza de los tres sectores. Reiteramos que nuestra disposición de recibir la misión de contactos directos, hoy, es más vigente que nunca. Pueden visitar el país en el momento que consideren oportuno. También reiteramos nuestra solicitud de cooperación técnica de la OIT para apoyarnos en avanzar en el fortalecimiento del diálogo social tripartito en nuestro país.

Finalmente, reiteramos nuestro apego y respecto estricto a la normativa internacional en materia de derechos humanos y particularmente de los derechos laborales. Somos fieles promotores de los principios y normas que rigen esta Organización en beneficio de todos los sectores sociales. Compartimos con la comunidad internacional el anhelo para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y con empleo decente para todos, donde el diálogo social tripartito, a nuestro juicio, es la piedra angular que guía estos procesos para el bienestar de nuestra población.

Miembros empleadores. Quiero empezar por agradecer el informe brindado por el Gobierno ante esta comisión, destacando la preocupación de lo que esto significa, toda vez que se trata de la cuarta vez consecutiva que se tiene que atender este mismo asunto ante una situación que, de fondo, permanece prácticamente en la misma condición que cuando se trató por primera vez. Recordamos con preocupación que en 2017, 2018 y 2019, centenario de la OIT, esta comisión discutió y adoptó conclusiones muy concretas, que incluían los pasos que el Gobierno debía dar, tanto en la ley como en la práctica, para aplicar el Convenio, un convenio de gobernanza muy relevante de la OIT que continúa sin cumplirse, a pesar de lo dicho por el representante gubernamental.

Considerando la brevedad que tengo para hacer mi presentación en este caso tan grave y tan urgente, con faltas reiteradas, invito a los miembros de la Comisión a retomar el informe de la Comisión de 2017, 2018 y 2019.

En los antecedentes del caso figuran expresiones de extrema preocupación, tanto de la Comisión de Expertos como de esta comisión, de las misiones de contactos directos de la Oficina, así como varias solicitudes de intervención urgente presentadas al Director General de la OIT, Sr. Guy Ryder, por parte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que es la organización más representativa y por la OIE, ante la interferencia gubernamental en la administración y funcionamiento de esta organización, que como he dicho es la más representativa.

Ataques a sus dirigentes, serias deficiencias en el funcionamiento del diálogo social y la consulta tripartita, en condiciones muy similares a las que de acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos y la realidad nacional viven las organizaciones de los trabajadores. Cuando discutíamos el caso en 2019, expresamos la sincera esperanza de que el nuevo Gobierno del Presidente Bukele, que había subido al poder hacía unos pocos días, tuviera la gran oportunidad de revertir esta grave situación, por la gobernabilidad del país, el fomento de las buenas relaciones entre los actores sociales y el Gobierno y el cumplimiento de las obligaciones provenientes del Convenio, entre otras cosas.

Al respecto, vale la pena recordar que una vez adoptadas las conclusiones del caso en 2019, el representante gubernamental tomó la palabra y dijo estar de acuerdo. Él pensaba rescatar algunas frases y párrafos de lo que mencionó, pero me parece que el mismo representante gubernamental ha tenido a bien reconocer que aceptó las conclusiones y se comprometió a cumplir con ellas, así como a recibir la misión de contactos directos y la asistencia de la OIT, como el día de hoy lo ha reiterado, por lo cual me parece que será de suma importancia recoger esta aceptación y proceder en consecuencia.

El Gobierno del Presidente Bukele no solo no ha cumplido con lo dicho desde 2019, no solo no ha mejorado la situación del país, ni el buen funcionamiento de la consulta tripartita y el diálogo social en todas sus formas en el país, sino que se han agravado de manera sumamente preocupante; esto es, en el marco de un creciente periodo general, institucional, democrático y de Estado de derecho, al socavar la independencia de los poderes, acortando sus contrapesos y órganos de control, incluyendo la necesaria autonomía de la organización más representativa del sector empleador, que es la ANEP.

Para mayor claridad y conocimiento de la Comisión, procederé a detallar información concreta que así lo demuestra. El CST, entidad nacional creada para el diálogo social y la consulta tripartita, está inactivo desde 2013 a la fecha. De acuerdo con el Informe de la Comisión de Expertos y en contra de lo que ha mencionado el señor representante del Gobierno, el Consejo se reactivó en septiembre de 2019. Efectivamente, eso sí lo cumplieron. Celebraron tres plenarias, acordaron de manera tripartita trabajar el diseño de una política de empleo, se solicitó asistencia técnica de la OIT, que inició su trabajo, etc. Lo cierto es que desde el 12 de mayo de 2020, toda actividad del CST está suspendida, esta es la realidad y no la que plantea el representante gubernamental, so pretexto de la pandemia. El mundo no se ha paralizado, la OIT no ha dejado de funcionar, no podemos hacer a un lado el tripartismo, bajo el pretexto de que hay una situación de salud que pudiera impedir los trabajos de esta comisión.

No piensen que esto obedece a la pandemia, como lo he dicho, no. En este tiempo el Gobierno de El Salvador invitó a reuniones informativas a organizaciones empresariales, socias de la ANEP, que pertenecen a sectores económicos con una fuerte regulación estatal, que dependen de permisos y autorizaciones y que están sujetos a sanciones, lo que los hacen especialmente vulnerables para aceptar participar y para exigir que el diálogo se realice a través de la ANEP, entidad más representativa de los empleadores de El Salvador, y a través del CST.

Tal vez sean estas reuniones, a las que por cierto no han invitado a la ANEP, como ya he mencionado, a las que se refiere el representante gubernamental; insisto, la ANEP no ha sido convocada a estas reuniones, y es la organización más representativa del país del que estamos hablando.

En congruencia con esta actitud de incumplimiento, el Gobierno se ha negado a juramentar directores selectos y nombrados por los empleadores en entidades tripartitas, el 12 de mayo de 2020. El Presidente de la República, actuando en contra de la independencia y autonomía que tienen las organizaciones de trabajadores y de empleadores, desconoció como interlocutor ante las organizaciones de empleadores al presidente de la ANEP, quien apenas trece días antes había sido electo por unanimidad de las 48 organizaciones de los diferentes sectores productivos del país que la congregan, ofreciendo, el Gobierno, que todo regresaría a la normalidad cuando eligieran a un nuevo presidente, lo cual es evidentemente un acto de injerencia y una flagrante violación a la independencia de la ANEP.

Así se han suscitado una serie de eventos, incluso en plena celebración de la 109.ª reunión de la Conferencia, el lunes 7 de junio, el Gobierno de El Salvador lanzó una supuesta nueva asociación empresarial formada por microempresarios, a quienes pretende convertir en los interlocutores frente al Gobierno. De esta manera, se continua con la práctica de crear falsos interlocutores para evadir el diálogo social con la ANEP, como entidad más representativa de los empleadores en El Salvador: una simulación inaceptable, que destruye el tripartismo y atenta contra la esencia de la OIT.

Los hechos presentados dan cuenta del desprecio extremo por el diálogo social y el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno de El Salvador al ratificar el Convenio. La consulta tripartita y el diálogo social efectivo y de buena fe solo pueden darse en un clima en el que se garantice el Estado de derecho, desprovisto de toda agresión, interferencia o atropello. Como podrán observar, esto es un asunto de los casos más serios de incumplimiento reiterado de los convenios que voluntariamente ha ratificado El Salvador. Esperamos que el Gobierno tenga basado el éxito de esta participación, como lo anunció en sus redes sociales antes de venir, en el cumplimiento del contenido del Convenio y en los hechos, con actos tangibles y resultados comprobables y no solo con su palabra, lamentablemente incumplida hasta hoy. Estaremos muy atentos al desarrollo de esta discusión.

Miembros trabajadores. Es la cuarta vez consecutiva que la Comisión tiene que examinar la aplicación del Convenio por parte del Gobierno de El Salvador. Después de tantas comparecencias ante nuestra comisión, esperábamos ser testigos de algunas mejoras en lo relativo al pleno cumplimiento del Convenio. Desgraciadamente, no es así. De hecho, la situación se ha deteriorado mucho desde nuestra última discusión, lo cual es lamentable. Los miembros trabajadores quieren señalar a la atención de la Comisión las cuestiones siguientes.

En primer lugar, en el Informe de la Comisión de Expertos se indica que, tras seis años de inactividad, el CST reanudó por fin sus funciones en 2019. Sin embargo, las esperanzas de que se restableciera el diálogo tripartito en el país se desvanecieron rápidamente, ya que el CST solo celebró tres reuniones. Después de noviembre de 2019, el CST simplemente no volvió a reunirse. Es evidente que esto es muy mala señal en cuanto al compromiso del Gobierno de respetar y garantizar las consultas tripartitas.

Sobre la base de los comentarios de la Comisión de Expertos, observamos que, durante la última sesión celebrada hace dos años, el CST debatió la «Propuesta metodológica y la hoja de ruta a seguir para la construcción de la Estrategia Nacional de Generación de Empleo Decente». No obstante, el Gobierno no proporcionó información sobre el resultado de las discusiones, ni acerca del seguimiento dado a las recomendaciones formuladas.

Recordamos que, al ratificar el Convenio, el Gobierno de El Salvador se comprometió a poner en práctica procedimientos que aseguraran consultas efectivas sobre los asuntos relacionados con las actividades de la OIT y a que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 5 del Convenio, las consultas se celebraran al menos una vez al año.

Asimismo, en el artículo 3 del Convenio se establece que, a efectos de las consultas tripartitas, los representantes de los trabajadores serán elegidos libremente por sus organizaciones representativas. El Gobierno incumple esta disposición ya que no respeta la libre elección de los representantes de los trabajadores y procede unilateralmente a la designación de los mismos.

Además de esto, queremos destacar que los procedimientos de registro de los sindicatos en El Salvador son interminables y arbitrarios, dado que conceden plenas facultades a las autoridades para retrasar el registro de los sindicatos. Recordamos que, según la legislación salvadoreña, los sindicatos deben solicitar la renovación de su personería jurídica ante las autoridades cada doce meses. Sin este registro, los sindicatos pierden su personería jurídica, lo que les impide funcionar como sindicatos, poseer bienes y cuentas bancarias legalmente y realizar cualquier actividad sindical, incluida la negociación colectiva.

En este contexto, los miembros trabajadores comunican a la Comisión que, en enero de 2021, el Gobierno decidió unilateralmente retirar las credenciales a todos los sindicatos democráticos. Este tipo de práctica no ofrece las condiciones marco necesarias para las consultas tripartitas.

Por último, debemos recordar que, como se menciona en el artículo 1 del Convenio, existe un estrecho vínculo entre este convenio y la libertad sindical. En este sentido, lamentamos los actos de intimidación y las amenazas que se han dirigido a miembros y dirigentes de sindicatos independientes en el país. Ha habido denuncias preocupantes sobre dirigentes sindicales que han recibido amenazas y han sido seguidos por individuos desconocidos en motocicletas, cuando además sus teléfonos y comunicaciones están intervenidos. Recordamos que los ataques, la intimidación, las amenazas y el acoso no son compatibles con el Convenio.

Miembro trabajadora, El Salvador. Teniendo en cuenta la definición de diálogo social desde la OIT, que considera indispensable para el cumplimiento del Convenio el respeto del ejercicio pleno a la libertad sindical, exigimos a la ANEP que respete el derecho humano a la libertad sindical, a la creación de sindicatos, sin ninguna restricción limitante o coacción, a la negociación colectiva y a la huelga en todos los sectores productivos; y al Gobierno que sea el garante de la tutela del cumplimiento de estos derechos.

Condenamos el doble discurso de la ANEP, quien argumenta el incumplimiento del Convenio por parte del Gobierno, siendo estos los que tienen la exclusividad de la representatividad del sector empleador en todas las instancias paritarias y tripartitas.

Rechazamos todo tipo de injerencia por parte de la ANEP respecto a la representación sindical, buscando favorecer aliados o afines a ellos, pretendiendo deslegitimar a organizaciones legítimas y representativas. Exigimos a la ANEP que respete la autonomía e independencia que tenemos reconocidas las asociaciones sindicales, en virtud del Convenio núm. 87, para elegir a nuestros representantes.

Respaldamos las recientes reformas a las diferentes instituciones oficiales autónomas con el objetivo de democratizar la participación de la representación del sector empleador y la finalidad de que su gobernanza esté acorde a lo que establece el Convenio, espacios que históricamente han estado controlados por la ANEP. Pedimos que estas instancias funcionen sobre la base del interés social y no sobre el privilegio de los intereses económicos de la gran empresa.

Por tanto, exigimos que, al igual que los sindicatos, los representantes de los empleadores deben ser elegidos, y no designados de forma libre, y en una relación de igualdad de los miembros. Es de nuestro interés que las medianas y pequeñas empresas participen y sean bien representadas en esas instancias y que no sea la ANEP la que se imponga como único representante de ese sector.

El Convenio establece los procedimientos de consultas tripartitas y el reexamen a intervalos apropiados de convenios no ratificados. Al respecto, queremos reconocer la disposición y voluntad política de este Gobierno, a través del Ministro de Trabajo, quien ha iniciado el proceso de gestión para la ratificación de convenios importantes de la OIT, entre ellos: el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), y el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190).

Reconocemos que, a pesar de la situación que se ha vivido a raíz de la afectación de la pandemia de COVID-19, el Gobierno ha hecho esfuerzos para propiciar las condiciones de diálogo social tripartito. Para ello, se han venido realizando reuniones de forma virtual y, en algunas ocasiones, de forma presencial en las cinco instancias tripartitas en las que se incluye el CST, respetando los protocolos de bioseguridad; priorizando la salud y la vida de los trabajadores.

Reiteramos, en nuestra calidad de representantes del sector laboral y como mandantes de la OIT, nuestro apoyo a las acciones que se encuentra realizando el Gobierno de El Salvador y no compartimos que se quiera seguir incluyendo a nuestro país en la lista corta, lo que realmente necesitamos es el apoyo técnico de la OIT y que se envíe una misión de contactos directos para que verifique la veracidad de la situación planteada por nuestra parte.

No pueden lograrse términos equitativos de empleo, condiciones de trabajo decente, seguridad y salud en el trabajo, y desarrollo para el beneficio de todos sin la participación activa de los trabajadores, empleadores y Gobierno mediante el diálogo social. Esperamos que las conclusiones para este caso fijen elementos claros y concretos y tiempos precisos que permitan adoptar de forma urgente un plan para superar los problemas identificados en este debate, garantizando el pleno cumplimiento del Convenio.

Miembro empleador, El Salvador. Hemos escuchado con atención las explicaciones que ha dado el Gobierno de El Salvador sobre el incumplimiento del Convenio, las cuales están alejadas de lo que sucede en mi país.

Hace dos años, en esta misma comisión, expresamos nuestro optimismo como resultado del compromiso que asumió el nuevo Gobierno de cumplir los convenios internacionales y someterse a los mecanismos de control de la OIT. Sin embargo, lo que hoy tenemos en El Salvador es un acoso sistemático al más alto nivel del Estado, en la figura del Presidente de la República, en contra del presidente de la ANEP y en contra de la misma ANEP.

El objetivo es presionar hasta que el presidente de la ANEP renuncie a su cargo. Esta gravedad nos ha llevado, con el apoyo de la OIE, a solicitar la intervención urgente del Director General de la OIT. Los empleadores deben seguir siendo libres para elegir a sus representantes.

El 1.º de mayo, primer día de la nueva legislatura con mayoría del Presidente de la República, los diputados destituyeron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Ahora mismo, el Presidente de la República tiene el control total de los tres órganos del Estado y ha eliminado cualquier entidad que ejerza los balances y contrapesos. Pero el Gobierno va por más. Ahora quiere el control total del aparato productivo, lo cual fue anunciado públicamente el 1.º de junio de 2021, con ocasión del segundo aniversario de su toma de posesión.

El Presidente de la República anunció en su discurso: «El quinto paso es liberarse del aparato ideológico». Dos días después, a través de sus cuentas personales de Twitter y de Facebook, expresó lo siguiente: «Este día he enviado 23 iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa, para remover a la ANEP de las directivas de las autónomas y así ponerlas a trabajar verdaderamente al servicio de la gente. El quinto paso en nuestra lucha inicia. Ahora los verdaderos empresarios estarán representados en las autónomas y velarán por los verdaderos intereses de la empresa privada en su conjunto». Los directivos han sido minorías en las juntas directivas de las tripartitas y paritarias y aportan su experiencia profesional y empresarial para el mejor desempeño de estas entidades.

Las mencionadas reformas fueron aprobadas ese mismo día. Y con ellas, el Presidente de la República se atribuye a sí mismo la facultad de nombrar a directivos que supuestamente representarán a los empleadores y facultad para destituirlos.

Todo esto es gravísimo, no solo porque viola el Convenio, sino porque muestra claramente el carácter autoritario del Gobierno. El denominado «quinto paso» elimina la independencia que tienen las organizaciones de empleadores para nombrar de manera libre y autónoma a sus representantes. Por ello, nos parece fundamental que se inste al Gobierno a que tome sin demora, las medidas necesarias para modificar los 23 decretos aprobados el 3 de junio de 2021, a fin de que cumplan con las garantías establecidas en el Convenio. Similar conclusión fue adoptada por esta comisión en 2016.

Ahora, necesito hacer un breve resumen sobre las conclusiones adoptadas por la Comisión en 2019, las cuales el Gobierno no solo no cumplió, sino que además ha actuado en contra. El Gobierno ha continuado interfiriendo en la constitución de organizaciones de empleadores, a través del impulso a cooperativas y microempresas como representantes de los empleadores. No ha consultado a las organizaciones más representativas para establecer reglas claras que reactiven y pongan en funcionamiento del CST.

El Gobierno solo reactivó de manera temporal, durante seis meses, el CST, el cual sigue inactivo. El Gobierno inició hace apenas cuatro semanas, y solo por escrito, el proceso de sumisión de tres convenios y siete recomendaciones de la OIT, pero al margen y fuera de un inactivo consejo superior del trabajo. El Gobierno sigue sin juramentar a los directores nombrados por la ANEP en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Autoridad Marítima Portuaria, y el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. El Gobierno no ha respetado la autonomía de las organizaciones más representativas de empleadores, al modificar las 23 leyes mencionadas anteriormente. No hubo misión de contactos directos antes de la 109.ª Conferencia.

Durante los últimos dos años, las organizaciones de empleadores hemos sufrido violencia, acoso y exclusión de parte del Gobierno a través de todos los medios posibles, lo cual es contrario a los convenios fundamentales de la OIT. Por ello, nos causa suma preocupación el anuncio del Gobierno del denominado «quinto paso», que puede significar una profundización de estos actos. A todos nos conviene el diálogo social como instrumento en la búsqueda de soluciones para impulsar el desarrollo, atraer inversiones y generar empleo decente, respetando la Constitución de la República, el marco normativo nacional y los convenios internacionales.

Por ello hemos recurrido a la OIT. Y por ello le solicitamos a esta comisión que adopte las conclusiones que planteará el vocero empleador.

Miembro gubernamental, Portugal. Tengo el honor de hacer uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea (Montenegro y Albania); Noruega (país miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio y del Espacio Económico Europeo), así como la República de Moldova, suscriben esta declaración.

La Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos con la promoción, la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, tal y como están consagrados en los convenios fundamentales de la OIT y otros instrumentos sobre derechos humanos.

Creemos firmemente que el cumplimiento de los convenios de la OIT es esencial para la estabilidad social y económica de cualquier país, y que un entorno propicio para el diálogo y la confianza entre empleadores, trabajadores y Gobiernos es la base de un crecimiento sólido y sostenible, y de sociedades inclusivas.

La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan al pueblo de El Salvador y nos comprometemos a reforzar nuestra cooperación con este país a través de lazos políticos y comerciales.

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Centroamérica, que entró en vigor en 2014, y la aplicación provisional del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-América Central desde 2013 proporcionan un marco para el desarrollo de nuestra asociación, incluida la cooperación en materia de comercio y desarrollo sostenible, en particular de cara a la aplicación efectiva, en la legislación y en la práctica, de los Convenios fundamentales de la OIT.

Observamos con profundo pesar que no se ha avanzado en el cumplimiento del Convenio y que el diálogo social sigue siendo deficiente en el país, a pesar de que el caso ya se ha discutido en las tres últimas reuniones de la Comisión, incluso como caso grave en 2017.

Celebramos la inauguración y la primera sesión del CST, en septiembre de 2019, y las medidas adoptadas por el Gobierno para iniciar el diálogo social y reactivar el CST tras el Informe de la Comisión de 2020. Saludamos la finalización de la Política Nacional de Empleo Decente con la asistencia técnica de la OIT. Sin embargo, tomamos nota de las observaciones de la ANEP en las que se denuncian actos de intimidación contra su recién elegido presidente. Pedimos al Gobierno que proporcione más información con respecto a estos alegatos, así como información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento efectivo del CST y acerca del contenido y el resultado de las consultas tripartitas celebradas en el marco del CST.

Lamentablemente, tomamos nota de las observaciones de la Comisión según las cuales el Gobierno no ha facilitado información sobre las consultas tripartitas celebradas en relación con la propuesta de protocolo con lineamientos sobre el procedimiento de sumisión, ni en lo relativo a los progresos realizados para su adopción.

La Unión Europea y sus Estados miembros se suman al reiterado llamamiento de la Comisión para que transmita sin más demora información actualizada sobre esta cuestión.

El Gobierno tampoco ha proporcionado información en su memoria sobre las consultas tripartitas celebradas sobre cuestiones relacionadas con normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio. Solicitamos una vez más al Gobierno que cumpla estas obligaciones de presentación de información.

Asimismo, pedimos al Gobierno que siga proporcionando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para promover el tripartismo y el diálogo social en el país en el marco de la asistencia técnica de la OIT y sobre sus resultados. Instamos al Gobierno a que cumpla de forma constructiva y real su compromiso de aplicar efectivamente en la legislación y la práctica todos los convenios de la OIT ratificados, incluidos los convenios fundamentales y el Convenio sobre la consulta tripartita.

La Unión Europea y sus Estados miembros siguen comprometidos con una participación conjunta y constructiva con El Salvador, en particular mediante proyectos de cooperación, cuyo objetivo es reforzar la capacidad del Gobierno para abordar las cuestiones planteadas en el Informe de la Comisión.

Miembro gubernamental, Barbados. Hago esta declaración en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC). Agradecemos la información proporcionada por el Gobierno de la República de El Salvador, a través del Ministro de Trabajo y Previsión Social, sobre el cumplimiento del Convenio.

El Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe tiene en cuenta que el Informe 2019-2020 de la Comisión de Expertos recoge, entre otras cuestiones, la siguiente cita:

… el 16 de septiembre de 2019, una vez designados los representantes del sector gubernamental, trabajador y empleador, se procedió a la instalación y celebración de la primera sesión del CST. El Gobierno proporciona en su memoria una lista de los representantes del sector gubernamental, empleador y trabajador elegidos […]. Durante dicha sesión, los miembros del CST aprobaron de manera unánime un comunicado en el que informaron a la comunidad nacional e internacional de la reactivación del mismo y solicitaron a la OIT que continuar[a] proporcionando asistencia técnica al respecto […].

El 14 de octubre de 2019, se celebró la segunda sesión del CST, en el marco de la cual se aprobó de manera unánime la elaboración de una Política Nacional de Empleo Decente con la asistencia técnica de la OIT. El 6 de noviembre de 2019, se celebró la tercera sesión, en la que se debatió, entre otros asuntos, la «Propuesta metodológica y la hoja de ruta a seguir para la construcción de la Estrategia Nacional de Generación de Empleo Decente.

La pandemia de COVID-19 nos ha afectado a todos. Nos hemos enfrentado a una crisis sin precedentes y seguimos afrontando nuevos retos cada día. Como dijo el distinguido representante de El Salvador, en su país, cada sector, tanto empresarial como laboral, tenía sus propios problemas a consecuencia de la pandemia, por lo que necesitaban un apoyo adaptado a sus necesidades específicas. Ante esta situación extraordinaria, el CST dejó de reunirse, pero esto no significó una ruptura del diálogo social tripartito en El Salvador, que siguió funcionando y dio lugar a la elaboración de protocolos de bioseguridad generales y específicos para cada sector de la economía, así como a la discusión sobre medidas económicas para minimizar las repercusiones de la COVID-19, y sobre una reapertura gradual y ordenada de la economía. Tanto los grupos de empleadores como de trabajadores participaron activamente en estos procesos.

Asimismo, en 2019, al final de la reunión de la Comisión, se instó al Gobierno de El Salvador a aceptar una misión de contactos directos, que fue aceptada por el Ministro Castro, en nombre del Gobierno de El Salvador. Debido a la pandemia, aún no se ha llevado a cabo. Sin embargo, durante su visita de trabajo a Ginebra en mayo de 2021, el Ministro Castro reafirmó ante la Directora del Departamento de Normas Internacionales de la OIT la voluntad de su Gobierno de recibir dicha misión lo antes posible.

A la luz de lo anterior, alentamos al Gobierno de El Salvador a proseguir su compromiso de aplicar el Convenio en la legislación y la práctica, y también animamos a la OIT a continuar prestando asistencia técnica al Gobierno.

Miembro empleador, Guatemala. Es un honor dirigirme a ustedes, represento al sector empleador de Guatemala, pero en esta ocasión me voy a pronunciar respecto de la queja promovida por el sector empleador de El Salvador ante el Comité de Libertad Sindical (CLS) contra el Gobierno.

Como todos sabemos, el Convenio es fundamental para llevar adelante el diálogo social, y facilita que los Gobiernos, junto con las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores, logren acuerdos tripartitos en beneficio del desarrollo de un país. Sin embargo, en El Salvador existe una violación continuada al Convenio de parte del Gobierno, que ha mantenido inactivo desde 2013 el CST, órgano tripartito de trascendente importancia y de consulta obligada, y que solo fue reactivado transitoriamente entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

El actual presidente de la ANEP fue electo por unanimidad por las 48 organizaciones socias de dicha entidad gremial el 29 de abril de 2020. También fue nombrado vicepresidente de los empleadores ante el CST. Trece días después, sin justificación alguna, el Gobierno, a través de un tweet del Presidente de la República, decide desconocer el nombramiento y gira instrucciones a sus funcionarios para no reunirse con la ANEP. Desde entonces, el Gobierno de El Salvador no ha convocado ninguna sesión del CST. Y desde entonces, el Presidente de la República mantiene una fuerte y permanente campaña de desprestigio, intimidación y acoso contra el presidente de la ANEP, presionando a las organizaciones de empleadores socias para que lo destituyan, en una clara injerencia en la autonomía e independencia que tienen las organizaciones de empleadores para elegir libremente a sus representantes. Esto es una clara violación al Convenio núm. 87.

Los empleadores hacemos un llamado al Gobierno de El Salvador para que reactive sin demora el CST, con la participación de la ANEP, como la organización más representativa de los empleadores de El Salvador; cese de inmediato las presiones que realiza a las organizaciones de empleadores socias de la ANEP con el objeto de buscar la destitución de su presidente, y acepte una misión de contactos directos de la OIT antes que finalice el presente año.

Miembro trabajador, Argentina. La Comisión de Expertos ha reiterado una serie de observaciones al Gobierno de El Salvador, urgiéndolo «a que estableciera sin demora, y en consultación previa con los interlocutores sociales, reglas claras y transparentes para la designación del sector trabajador en el CST que respetasen el criterio de representatividad».

El desconocimiento de estos criterios básicos desde hace ya cierto tiempo ha motivado que el Gobierno sea nuevamente convocado a esta comisión, a efectos de establecer un diálogo constructivo y colaborar en una salida a los problemas planteados, de tal forma que en definitiva se permita en el país el ejercicio del derecho a la libertad sindical en su plenitud, mediante la facilitación de la participación de todas las organizaciones representativas de trabajadores en las instancias tripartitas existentes en el país.

La regla del tripartismo, y consiguientemente el reconocimiento de la representación genuina de las organizaciones de trabajadores y empleadores en los ámbitos que se generen a nivel nacional, es un principio básico de la OIT y es asimismo un instrumento trascendente para permitir que las organizaciones sindicales puedan hacer llegar sus puntos de vista y establecer un diálogo social fructífero en las cuestiones relativas a las relaciones laborales, mejorando así la calidad de esas relaciones y de las condiciones de trabajo.

Siendo para la OIT un valor esencial, el tripartismo reposa en una cuestión previa, como es el respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones sindicales, lo que implica naturalmente que las mismas sean reconocidas como interlocutores legítimos de la representación de los trabajadores y trabajadoras, sin intervención alguna de la autoridad laboral. El tripartismo sin reconocimiento de todas las organizaciones representativas de los intereses de los trabajadores y trabajadoras no cumple con el Convenio ni cumple con el «funcionamiento efectivo» del CST, tal como lo demanda la Comisión de Expertos.

Tomamos nota del pedido de asistencia técnica del Gobierno de El Salvador.

Miembro empleadora, República Dominicana. Agradecemos que nos conceda el uso de la palabra para referirnos al caso de El Salvador, que representa una violación continua por parte del Gobierno de El Salvador al Convenio, el cual, como es conocido de todos, es un instrumento fundamental para impulsar el diálogo social y la consulta tripartita. Resaltamos que la instancia creada al amparo del Convenio, el CST, no sesiona desde 2013, siendo el mismo temporalmente reactivado por seis meses, que finalizaron en marzo de 2020.

Resulta preocupante que los avances notados por la Comisión de Expertos en su informe de 2020 han dejado de existir, con el consabido deterioro de cualquier práctica que procure y fomente el diálogo social. A raíz de esta situación, ha resultado imposible abordar temas de alto interés nacional, como la política nacional de empleo, o realizar consultas tripartitas sobre procesos de sumisión de convenios y recomendaciones emanados de esta casa. En condiciones precarias, como las que se exhiben en este caso, los procesos de diálogo y de concertación social no generan los aportes que está previsto generar, debilitando la gobernanza en un momento de excepción originado por una coyuntura política, sanitaria y socioeconómica totalmente adversa.

Destacamos, adicionalmente, que la ausencia de proceso de diálogo real se fundamente en la intención del Gobierno de El Salvador de invitar a reuniones informativas a representantes de sectores económicos con una fuerte regulación estatal de permisos, autorizaciones y sanciones, lo que les hace especialmente vulnerables, para negarse a participar y para exigir que el diálogo social se realice a través de la ANEP, entidad más representativa de los empleadores en El Salvador, y a través del CST.

Ante este proceder, desacertado y malintencionado de parte del Gobierno de El Salvador, instamos a que la Comisión actúe con determinación para evitar que año tras año se continúen desconociendo los principios del diálogo social, presentes en el Convenio. Llamamos la atención de los portavoces de los empleadores y de los trabajadores para acordar conclusiones que permitan superar esta situación.

Miembro trabajadora, Italia. Hablo en nombre de la Confederación General Italiana del Trabajo, la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores y la Unión Italiana del Trabajo. El Convenio ratificado por El Salvador el 15 de junio de 1995 y por el cual el mismo es convocado nuevamente a esta comisión, es un instrumento básico para instaurar prácticas democráticas, siendo clave además para dar curso al tratamiento de temas relativos a las normas internacionales, que requieren una mayor atención y constituyen el instrumento fundamental para el pleno respeto de los derechos humanos en el ámbito del trabajo. Según lo establecido en el artículo 2, párrafo 1, del Convenio, se debe fortalecer las instancias de consulta tripartita. Sin embargo, algunos acontecimientos recientes evidencian como el Estado salvadoreño, y en particular el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, demuestra poco interés en hacer efectivo este mandato.

El hecho más concreto relacionado con el CST, se registra con la queja presentada por los representantes de los trabajadores y trabajadoras, según la cual esta instancia dejó de funcionar entre 2013 al 2019. Esto ha dado pie a la apertura del caso núm. 3054 en 2013, el cual aún está en curso. Si bien el CST se reactivó en octubre del 2019 y ha estado inactivo desde marzo de 2020 ante la no convocatoria por parte del Ministerio de Trabajo. Sin dejar de considerar el factor de la pandemia, es notorio que el diálogo social, en el principal órgano institucional para llevar a cabo acuerdos nacionales, pasa por un grave impase de inefectividad.

Junto a esto, en comunicaciones recientes, el propio Presidente Bukele ha indicado que dio orden de remover a miembros de la organización mayoritaria de empleadores ANEP de una serie de instituciones autónomas, bajo el argumento de ponerlas al servicio de la gente, colocando en su lugar a lo que denomina «representantes de la verdadera empresa privada». La ANEP denunció a la Comisión de Expertos que el Gobierno viene impidiendo el diálogo entre funcionarios públicos y ellos mismos, y que denigra públicamente a esta organización y fomenta rechazo por parte de la ciudadanía hacia sus representantes. Las anteriores prácticas son claramente violatorias del artículo 3, párrafo 1, del Convenio, el cual establece que los representantes de los empleadores y de los trabajadores serán elegidos libremente por sus organizaciones representativas existentes.

Miembro empleador, México. Esta comisión, en junio de 2019, como ya se ha expuesto, instó nuevamente al Gobierno de El Salvador a que se abstuviera de interferir en la constitución de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y a que facilitara, de conformidad con la legislación nacional, la debida representación de las organizaciones legítimas de empleadores. Es preocupante para el sector empleador, conforme a la información recibida, que el Gobierno de El Salvador siga incumpliendo con sus acciones y siga incumpliendo el Convenio, y que actúe al margen y fuera del CST de El Salvador, aun cuando haya expresado su voluntad de someterse a las conclusiones de esta comisión.

Como ya lo mencionó la portavoz de los trabajadores es incuestionable que el diálogo social es un instrumento que le puede servir a El Salvador para impulsar el fortalecimiento de las empresas y crecimiento de las inversiones, y en consecuencia para la generación de más y mejores empleos.

Nos sumamos al planteamiento ya hecho por el portavoz de los miembros empleadores. Por ello, invitamos al Gobierno de El Salvador a que se comprometa ante esta comisión a aceptar una misión de contactos directos de la OIT antes de que finalice este año; a impulsar el diálogo social y propiciar que, con la participación de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, se emitan reglas claras, objetivas, predecibles y jurídicamente vinculantes, que permitan reactivar sin demora el CST, y a respetar la autonomía de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, así como a abstenerse de realizar acciones que impliquen una intromisión.

Miembro empleadora, Argentina. Lamentamos que todo el trabajo y los esfuerzos de la Comisión no hayan dado frutos, y que sus recomendaciones continúen siendo desconocidas por el Gobierno de El Salvador; más aún, luego de haber escuchado en la sesión de 2019 las declaraciones del Gobierno sobre su disposición a reinstalar el CST, y hoy nuevamente, en lo referido a recibir la asistencia técnica de la OIT para promover y reforzar el tripartismo y el diálogo social en el país, objetivos que están lejos de haberse concretado.

Lamentamos, que la reinstalación del CST se haya limitado al periodo entre septiembre de 2019 y mayo de 2020, y en la práctica, no haya estado acompañada por mecanismos claros y transparentes para la designación de los representantes de los actores sociales.

El Convenio es claro al establecer que son los actores sociales quienes deben elegir a sus representantes libremente a través de sus organizaciones más representativas. Llamamos la atención sobre la información presentada por los miembros empleadores de El Salvador, especialmente sobre el desconocimiento por parte del Gobierno de El Salvador del presidente electo por la ANEP en mayo de 2020; así como la intimidación a los representantes del sector privado y la intromisión del Gobierno en la vida interna de las organizaciones de empleadores.

Estamos frente a un caso de persistente incumplimiento de las obligaciones del Convenio. Hay evidencia contundente y hemos escuchado testimonios de los actores sociales dando cuenta de que los organismos tripartitos del país no están funcionando adecuada ni legítimamente constituidos, de manera tripartita. Esperamos que a la luz de este debate se modifique cuanto antes esta situación y se aproveche la oportunidad para trabajar en la creación de las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento del Convenio y asegurar la debida representación de las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores en los mecanismos de diálogo social.

Miembro empleador, Honduras. Compartimos la gran preocupación de la ANEP por la violación reiterada del Gobierno de El Salvador no solo del Convenio, sino también del Convenio núm. 87 y del Convenio núm. 98, y también de la Constitución de la OIT y del artículo I, literal d) de la Declaración de Filadelfia. En atención a la violación continuada por parte del Gobierno de El Salvador al Convenio, pedimos a la Comisión que exija a este Gobierno lo siguiente: 1) el CST debe de ser respetado como un espacio neutro, objetivo y sin injerencia en su funcionamiento, que promueve el diálogo social, garantizando la autonomía de los interlocutores sociales para la consecución de los acuerdos que conllevan bienestar y desarrollo para El Salvador de manera tripartita; 2) el diálogo social que se sostenga en el CST debe enmarcarse en los artículos 2 y 5 del Convenio, poniendo en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas entre los interlocutores sociales y el Gobierno, y 3) invitamos a esta comisión a que designe una misión de contactos directos de la OIT, antes que finalice el 2021 y que asesore y acompañe a los representantes legítimos de los empleadores, a través de la ANEP, los trabajadores y el Gobierno en la formulación de un marco normativo y operativo que garantice la reactivación y continuidad del CST.

Lamentamos que el Gobierno de El Salvador no pueda reconocer a la ANEP, que es la organización empleadora más representativa de la fuerza productiva y económica de El Salvador, aglutinando en su seno 50 entidades gremiales pertenecientes a 55 subsectores económicos y más de 15 000 empresas. Con esta representatividad detallada y que responde a lo que manda el artículo 1 del Convenio, estamos convencidos que la ANEP, como organización empresarial, contribuye al fortalecimiento de la libre empresa y la participación activa en el diálogo social que es necesaria para el fortalecimiento de la democracia. El Gobierno no puede, ni debe, inmiscuirse en las decisiones de los órganos del sector privado.

Miembro empleadora, Costa Rica. Desde que la OIT se creó, ha promovido la cooperación entre empleadores, trabajadores y Gobiernos, lo cual permite la justicia social, a través del diálogo social. El Convenio permite que, a nivel interno de cada país, se asegure la participación de empleadores y de trabajadores, por esta razón, este convenio es una de las normas del trabajo más importantes desde el punto de vista de la gobernanza de OIT. El artículo 1 del Convenio establece claramente que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores son aquellas que gozan del derecho de libertad sindical, principio que además significa que los Estados deben de abstenerse de interferir en la conformación de dichas organizaciones.

Por esta razón, el sector empresarial costarricense considera que sienta un mal precedente, a nivel internacional, el no permitir que una organización como la ANEP, que hasta el día de hoy es la representante del sector productivo formal de El Salvador, haya sido eliminada de las juntas directivas de entidades públicas.

Sumado a esto, el artículo 3 del Convenio establece que los representantes de los empleadores y de los trabajadores serán elegidos libremente por sus organizaciones representativas. En razón de lo anterior, no se comprende cómo el poder ejecutivo se atribuye a sí mismo la facultad de destituir a los directores que representan a las organizaciones empresariales en las juntas directivas, estableciendo, además, causales discrecionales y arbitrarias para hacerlo. A todas luces, esto es una violación al Convenio y al principio de la libertad de asociación.

Se solicita al Gobierno de El Salvador que reactive el CST, el cual fue creado con la finalidad de ser un órgano consultor del órgano ejecutivo, con el objetivo de institucionalizar el diálogo social y promover la concertación económica y social entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, junto con las demás instancias de diálogo social; y, que se abstenga de interferir en la constitución de organizaciones de empleadores y facilite la debida representación de dichas organizaciones. Lo anterior, es básico en una democracia.

Miembro empleadora, Colombia. Quiero referirme a dos aspectos del caso. En primer lugar, el Convenio, en el artículo 2, hace referencia al compromiso de realizar consultas efectivas y tiene como fundamento básico el diálogo social como herramienta esencial para la construcción de propuestas conjuntas entre trabajadores, empleadores y Gobierno, que promuevan el crecimiento, la paz y el bienestar general.

En ese sentido, para lograr un verdadero diálogo y, por ende, el desarrollo de consultas efectivas se requiere, como lo ha mencionado el CLS, de un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones empresariales y sindicales con miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas. Lamentablemente, en El Salvador el principal espacio de diálogo social tripartito se ha mantenido inactivo y, aunque el Gobierno reportó a la Comisión de Expertos el reinicio de actividades, estas solo se llevaron a cabo por un corto periodo de tiempo y hasta el pasado mes de marzo de 2020. De ahí en adelante no se ha desarrollo ningún espacio de consulta tripartita.

En segundo lugar, es preciso resaltar que los representantes de trabajadores y empleadores deben ser elegidos libremente y estar representados en pie de igualdad, como establecen los Convenios núms. 87 y 144. El CLS ha indicado que corresponde a las organizaciones de trabajadores y de empleadores la determinación de las condiciones de elección de sus dirigentes y las autoridades deberían abstenerse de toda injerencia indebida en el ejercicio de este derecho.

Vemos con preocupación que el Gobierno, por una parte, haya decidido desconocer como interlocutor de los empleadores al presidente de la ANEP, que es la organización de empleadores más representativa del país, y por otra, venga realizando ataques y acusaciones, a través de medios de comunicación y redes sociales, en contra de dicho dirigente de la ANEP.

En conclusión, solicitamos al Gobierno que reactive los espacios de diálogo social tripartitos, emprenda acciones inmediatas para generar un clima de confianza y respeto por las organizaciones empresariales y realice consultas efectivas sobre los asuntos relacionados con la OIT y todos los temas relacionados con las políticas laborales y sociales del país.

Observador, Organización Internacional de Empleadores. Los hechos tozudamente indican cuan graves y reiteradas son las violaciones de este Gobierno al Convenio, a la libertad de asociación y a la libertad de expresión. La situación además se está agravando y las restricciones a estas libertades son cada vez mayores.

Tuve recientemente una amable conversación con el señor Ministro, aquí presente, en la que nos mostró claramente su fuerte compromiso para reconducir este caso. Por ello, nos sorprendió que apenas unos días después de esta reunión el cuerpo del Gobierno decidiera excluir explícitamente de las entidades tripartitas a los representantes de la ANEP, comunicación que se hizo pública en tono jactancioso y burlón a través de las redes sociales, que tanto utiliza el señor Presidente de la República. Las palabras exactas del Presidente fueron las siguientes: «He enviado 23 iniciativas a la @AsambleaSV, para remover a la ANEP de las directivas de las autónomas y ponerlas verdaderamente al servicio de la gente. ANDA, ISSS, SIGET, FOVIAL, FISDL, FONAVIPO, FSV, CORSATUR, BANDESAL, etc. No más bloqueos al desarrollo de nuestro país». Los hechos hablan, señor Ministro, no las palabras, la ANEP no representa a una pequeña minoría de empleadores, como usted ha indicado.

La no convocatoria del CST, la convocatoria de organizaciones empresariales y la creación de organizaciones paralelas también son hechos que hablan por sí solos. Las acusaciones públicas, intimidadoras, a golpe de tweets, como usualmente se comunica el Presidente de la República, denigrando, despreciando a la ANEP, son comportamientos agresivos conocidos por la OIT.

Ustedes tienen obligaciones derivadas de convenios que han ratificado. Nos reservamos nuestro legítimo derecho para estimular otros medios del sistema de supervisión de normas si ustedes no se atienen a respetarlas en derecho y en los hechos.

Observadora, Confederación Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Hablo en nombre de la Confederación Alternativa Democrática Sindical de las Américas y nuestra organización afiliada, la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, que integra con un delegado propietario el CST, para ratificar que este se encuentra inactivo desde febrero de 2020.

Uno de los temas que están pendientes es la reforma a la Ley de Servicio Civil teniendo en la mesa la propuesta de la Ley de Servicio Público, que fue observada por la CNTS como un proyecto violatorio de convenios fundamentales de la OIT y del derecho laboral salvadoreño.

Urge que se concluya con la investigación del asesinato de nuestro compañero, el Sr. Victoriano Abel Vega, miembro de nuestra Federación Sindical de Trabajadores Municipales, y el Gobierno, en este caso, responsablemente debe exigir a la Fiscalía celeridad procesal y respuesta para imputar a los responsables de esta vil acción.

La CNTS entregó al Ministro de Trabajo, presente en esta reunión, las propuestas de reformas a la Constitución, al Código del Trabajo, a la Ley de Servicio Civil, todo eso en base a las recomendaciones de la OIT, y pidió la celeridad en la entrega de las credenciales sindicales, como ya ha sido mencionado por otros compañeros que me antecedieron. La respuesta ha sido despidos masivos, persecución sindical y una negativa a reconocer la necesidad del diálogo y la consulta con los actores sociales.

Observador, Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas. Como lo hiciéramos en el año 2019, tomamos la palabra en el caso de El Salvador, en nombre de la Internacional de Servicios Públicos y la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas, en apoyo a los trabajadores salvadoreños que sufren una constante violación de sus derechos sindicales.

En la sesión de 2019 estábamos frente al reciente cambio de Gobierno. Como en tantos otros casos, escuchamos al Gobierno entrante cargar la culpa de los incumplimientos en la gestión saliente, y solicitar el crédito a la OIT para superar las demandas, prometiendo sumisión a las normas internacionales del trabajo, y respeto por las políticas de concertación. Pero lamentablemente, como tantas otras veces, esto no sucedió.

El diálogo social debe ser una política y una práctica, permanente y productiva. Deben estar sentados a la mesa los empleadores y todos los espacios representativos del colectivo sindical, sin exclusiones. No es el Gobierno quién debe seleccionar de acuerdo a sus preferencias quién representa al sector laboral, son los trabajadores y trabajadoras quienes construyen sus organizaciones libremente, y el Gobierno no debe interferir, ni privilegiar un sector sobre otro.

Continúan en El Salvador los inconvenientes políticos, jurídicos y administrativos para poner en funcionamiento, en forma real, regular y permanente, al CST. Seguimos sin reglas claras, respetuosas de la libertad sindical, del derecho de organización autónoma de los actores sociales, y de la buena fe para integrar las mesas de diálogo, establecer programas de trabajo, llevar adelante las negociaciones, y alcanzar acuerdos sustentables.

Asimismo, continúan injustificadamente, las demoras y retrasos en el otorgamiento de las credenciales sindicales, nos referimos a la personería jurídica de los sindicatos, así como el retraso de las certificaciones de las autoridades sindicales por parte del Ministerio de Trabajo, que en algunos casos llegan a tardar hasta más de seis meses. Debemos observar aquí el manejo discrecional de la autoridad de aplicación, que opera con premura cuando se trata de organizaciones de buen relacionamiento con el Gobierno, y demora con criterio sancionatorio, con intención de perjuicio, cuando se trata de sindicatos independientes.

Instamos al Gobierno a cesar con las prácticas de preferencia, actúe ajustándose a su rol de respeto a la libertad sindical, sin intromisiones. La OIT puede colaborar con el nuevo Gobierno, y con los actores sociales, brindando asistencia técnica generando un espacio de confianza política, solvencia jurídica, y el necesario clima de respeto y confianza.

Representante gubernamental. En primer lugar, todo lo que nosotros observamos son planteamientos fundamentalmente periféricos que no tienen que ver con el área del país, sino más bien con la comunidad internacional. Es un El Salvador distinto al que nosotros tenemos acá, los que estamos viviendo en El Salvador.

El diálogo social tripartito y especialmente el Convenio, como eje transversal de la OIT, no solamente es un requisito de carácter legal internacional que debemos de cumplir, sino que, como lo dije hace un momento, es el pilar más esencial y fundamental de la construcción de una democracia sólida y fuerte. Y nosotros no solamente consideramos que es una opción del Gobierno, sino que es una necesidad imperativa en el marco de sacar adelante nuestro país.

Lo que sucede es que en El Salvador tenemos el artículo 37 de la Constitución de la República, que textualmente dice: «el trabajo es una función social, goza de la protección del Estado y no se considera artículo de comercio». Ese es el problema que hoy está pasando en El Salvador. La ANEP antes no solamente proponía su sector, sino que el Ministro que se sentaba acá era propuesto por la ANEP y el sector laboral que tenía en ese momento también era propuesto por la ANEP. En los Gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ustedes pueden revisar en la OIT, nunca hubo una queja de la ANEP porque el diálogo social tripartito estaba concentrado en un solo segmento de la población, que era la ANEP. Lo que nosotros hemos hecho es la diversificación del trabajo tripartito que es democratizar las instituciones. La ANEP participa en 27 bipartitas, o sea que solo es la ANEP y el Gobierno, nunca se planteó la apertura de esas 27 bipartitas en tripartitas. Contradictorio a lo que hoy está diciendo y contradictorio aún más al Convenio.

Hay personas que han intervenido, especialmente la comunidad internacional, que plantean que la Comisión debe de viajar a El Salvador. Es lo que dije en mi discurso inicial: que insto a que vengan porque en el momento en que la Comisión venga a El Salvador se va a enterar de forma directa y no por terceras personas de lo que está sucediendo en nuestro país.

Nosotros, de lo único de lo que estamos en contra, es de que las instituciones se politicen. La ANEP ha sido usada como una institución para elegir presidentes de Arena. Ahí estuvo el expresidente de la ANEP, Elías Antonio Saca, antiguo Presidente de la República de El Salvador, y que ahora está en uno de los centros penales de este país guardando prisión por desvío de más de 350 millones de dólares. Eso es lo que nosotros no podemos seguir permitiendo en El Salvador. Aquí tengo la convocatoria y hasta los procesos de sumisión que hemos enviado a la ANEP, o sea, no estamos nosotros actuando contra la ANEP, lo que hay es otro tema fiscal y tributario. Porque en este país deben de pagar al fisco absolutamente todos en igualdad de condiciones.

Nosotros, de la modificación que se hizo a la ley, lo que estamos solicitando es que participen todos porque anteriormente era solamente la ANEP quien tenía absolutamente el control de todo. Hoy queremos que las elecciones sean de orden democrático, totalmente de acuerdo con lo que han planteado diferentes actores. El Gobierno no puede decir quién representa a los empleadores. El Gobierno tampoco debe de incidir en quién representa a los trabajadores. La representación no solamente debe de gozar de legalidad sino también de legitimidad, eso tiene que ver con la representatividad que se tiene. Como lo acabo de aclarar en este momento y en este seno internacional, lo más peligroso a nivel nacional e internacional es utilizar una institución tan prestigiosa como la OIT para defender a una persona que está siendo investigada por proceso de evasión de 5 millones de dólares del fisco en El Salvador; nada tiene que ver con la ANEP y con todos los gremios empresariales. Estamos haciendo todos los procesos que el órgano tripartito nos envía. Ellos han enviado incluso a sus técnicos en el tema de la pandemia. Enviaron a sus técnicos a las reuniones con nosotros a decidir los protocolos de bioseguridad. Vinieron técnicos de todos los gremios empresariales. Vinieron a representar acá y hemos estado trabajando los protocolos de bioseguridad a nivel marco, como lo dije, y más de 2 000 protocolos que hemos trabajado de forma conjunta con todos los sectores y actores de la sociedad.

Lo que estamos haciendo —e insisto— es un proceso de democratización de apertura: todo lo que se ha solicitado por todos los sectores y actores a nivel internacional y privilegiando el diálogo social tripartito. nosotros lo pedimos. Y por eso digo, en mi discurso, que hoy más que nunca es necesario que viaje a El Salvador la Comisión. No solamente lo digo aquí. Yo fui personalmente. Acabo de regresar de una visita a Ginebra, donde me reuní con la Comisión y fui a expresar absolutamente todo. Porque acá hay dos países distintos y dos mundos distintos. Lo que se ha planteado a través de las intervenciones de diferentes actores y lo que está pasando en El Salvador. En El Salvador este Ministro y la decisión del Presidente es tener un espíritu totalmente democrático. Traer a la normalidad lo que antes era anormal y nos hacían ver que era lo normal. Ahora hay que democratizar absolutamente todo, y el acceso a la representatividad lo deben tener todos los actores y sectores de una sociedad. Así que estamos totalmente abiertos. Yo fui directamente a Ginebra a emitir un informe de forma personal y física y eso significa ir a representar a su país porque uno está haciendo las cosas bien, a nuestro juicio. Repito, podrá existir algunos errores que, como en toda obra humana, imperfecta, podamos cometer en el proceso de nuestro Gobierno, pero lo cierto es que hoy más que nunca se está privilegiando el diálogo social tripartito.

Acá, en el Ministerio, lo que se definen son reglas claras y lo que dije en mi discurso estamos de acuerdo en que lo discutamos, que lo analicemos y que lo trabajemos en conjunto. Lo único que no está en negociación son los derechos genuinos de la clase trabajadora. También hemos tenido algunas incomodidades debido a eso porque hay empleadores que en alguna medida no cumplen con las normativas laborales nacional e internacional y eso nos ha llevado a ser bastante contundentes, a construir un Ministerio de Trabajo que estuvo ausente por muchas décadas, por mucho tiempo, en el tema de la regulación y de la armonización entre los empleadores y los trabajadores. Seguimos abiertos, ratifico por cuarta ocasión en esta intervención, es necesario que pidan una intervención, que viaje la Comisión, yo lo solicito en nombre del Estado salvadoreño, porque estamos completamente convencidos que hoy, más que nunca en todo el proceso histórico de este país, El Salvador es cuando más está democratizando y cuando más estamos tratando de privilegiar el diálogo social tripartito por dos razones: porque es una convicción y compromiso de orden democrático que así consideramos, y además, porque nosotros somos Miembros fundadores de la OIT y hemos ratificado el Convenio. Estamos totalmente conscientes de ello y por eso privilegiamos el diálogo social tripartito.

Miembros empleadores. Hemos escuchado atentamente todas las intervenciones realizadas en el marco de la presente discusión y lamentamos que el Gobierno no haya dado respuesta precisa a los requerimientos formulados por esta comisión y por la Comisión de Expertos.

Es preocupante que el Gobierno no actúe con sinceridad. Si se acude a la cuenta de Twitter del Presidente Bukele se observa la exclusión sistemática que este directamente formula a la ANEP. A lo que se suma la creación de organizaciones de trabajadores y empleadores no representativas que le sirven para tratar de presentar una situación que no coincide con la realidad en El Salvador.

Los hechos presentados dan cuenta del desprecio extremo por el diálogo social y por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Gobierno de El Salvador al ratificar el Convenio que promueve la consulta tripartita. Quiero dejar claro al representante del Gobierno que, en «consulta tripartita efectiva», «efectiva» significa que debe hacerse a través de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores no con quienes el Gobierno elija. Sobre esto hay plena claridad en la Organización y no hay ninguna duda.

Me parece que, durante el proceso de consulta con la OIT, esto les quedará bien claro.

Este desprecio se da no obstante lo establecido en las conclusiones adoptadas por la Comisión en 2017, 2018 y 2019, a pesar de las siete observaciones por la Comisión de Expertos, a pesar de las numerosas intervenciones urgentes solicitadas al Director General de la OIT, Sr. Ryder, por parte de la ANEP y de la OIE y a pesar de que el Gobierno pretenda hacer valer una situación que no existe. La situación de incumplimiento del Convenio es continua, grave y urgente.

En tal sentido solicitamos se exija al Gobierno que: se abstenga de agredir y desprestigiar a la ANEP, organización empresarial más representativa, y a sus dirigentes, como ya se intentó hacer en esta misma sesión; se abstenga de interferir en la constitución de las organizaciones de trabajadores y empleadores, de organismos tripartitos y paritarios, y garantice de conformidad con la legislación nacional, la debida representación de las organizaciones legítimas de empleadores, emitiendo las credenciales o acreditaciones correspondientes; elabore en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores reglas claras, objetivas, predecibles, y jurídicamente vinculantes para la reactivación y pleno funcionamiento del CST, con la integración de las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, no las que democráticamente quieran sumar, las que tienen acreditada la mayor representación; reactive sin demora los trabajos del resto de los entes tripartitos y paritarios respetando la autonomía y participación de las organizaciones —insisto— más representativas de trabajadores y de empleadores, a través del diálogo social, a fin de garantizar su pleno funcionamiento sin injerencia alguna.

Se requiere al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, tome sin demora todas las medidas necesarias para modificar los 23 decretos adoptados el 3 de junio de 2021, de manera que cumplan con las garantías establecidas por los convenios de la OIT ratificadas por El Salvador; recurra sin demora a la asistencia técnica de la OIT —les urge comprender el Convenio—; presente una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica a la Comisión de Expertos antes de su próxima reunión de 2021, y que, sin demora y sin pretexto alguno, se integre y participe en una misión tripartita de alto nivel a El Salvador, a realizarse antes de la próxima Conferencia.

Solicitamos y les ruego que tomen toma nota de esto, y que en el presente caso se incluya un párrafo especial del Informe de la Comisión de Normas de 2021.

Miembros trabajadores. Queremos agradecer al Gobierno de El Salvador sus comentarios. También damos las gracias a todos los demás oradores por sus declaraciones.

Los miembros trabajadores observan que, desde nuestro último examen del caso en 2019, la situación relativa a la aplicación del Convenio en El Salvador se ha deteriorado gravemente. Insistimos una vez más en la relevancia de garantizar las condiciones marco necesarias para las consultas tripartitas en consonancia con el Convenio, incluido el respeto del principio de libre elección de los representantes de los trabajadores a efectos de las consultas tripartitas, y un diálogo tripartito regular y auténtico en el marco del CST.

Por lo tanto, instamos al Gobierno de El Salvador a que adopte las medidas necesarias para dar pleno efecto al Convenio, en particular en lo relativo al respeto y la promoción de la libertad sindical en el país. Pedimos al Gobierno que envíe a la Comisión de Expertos información sobre las medidas adoptadas.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales formuladas por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

A este respecto, la Comisión insta al Gobierno de El Salvador a:

• abstenerse de interferir en la constitución y las actividades de las organizaciones independientes de trabajadores y de empleadores, en particular, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y
• reactivar, sin demora, el Consejo Superior del Trabajo (CST) y otros organismos tripartitos, respetando la autonomía de los interlocutores sociales y a través del diálogo social, en aras de garantizar su pleno funcionamiento, sin ninguna injerencia.

La Comisión pide al Gobierno que siga recurriendo a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión pide al Gobierno que presente una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio, en la ley y en la práctica, a la Comisión de Expertos, antes de su próxima reunión en 2021, en consulta con los interlocutores sociales

La Comisión pide al Gobierno que acepte una misión tripartita de alto nivel que se lleve a cabo antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.

La Comisión decide incluir el caso en un párrafo especial de su informe de 2021.

Otro representante gubernamental. Tomamos nota de todas las conclusiones de la honorable Comisión. En ese sentido, en mi calidad de representante permanente, transmitiré de inmediato a mi Gobierno para su debida atención y respuesta las conclusiones referidas.