Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Artículos 12, 13 y 14 del Convenio. Indemnización por fin de servicios. Despidos colectivos. La Comisión había tomado nota de una comunicación de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC), transmitida al Gobierno en octubre de 2008, en la que esta organización se refiere al despido, sin consulta previa, de 215 trabajadores en un astillero. El Gobierno indica que el proceso de reestructuración de las empresas del Estado reorganizadas o liquidadas, ha tenido como consecuencia la creación de diversos comités en los que participan representantes del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Al finalizar el proceso, se pagó una suma de 22.553.594.820 francos CFA a 13.310 ex empleados de 49 sociedades. La Comisión toma nota de la decisión núm. 06/1438/CF, de 10 de julio de 2006, relativa a la creación, organización y funcionamiento del comité tripartito encargado de la evaluación de los fondos restantes por concepto de derechos sociales de los ex empleados de las sociedades del Estado objeto de liquidación o reestructuradas. Las indemnizaciones por fin de servicios de los trabajadores despedidos de las sociedades del Estado objeto de liquidación o reestructuradas, fueron evaluadas por un comité tripartito. Una vez finalizada su labor, el comité presentó un informe al Ministro de Finanzas y el procedimiento de pago sigue su curso. La Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria si los trabajadores despedidos percibieron indemnizaciones por fin de servicios y que informe sobre las medidas adoptadas para atenuar los efectos de los despidos, en el sentido de lo previsto en los párrafos 25 y 26 de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166).

Artículo 4. Determinación de las causas justificadas de terminación de la relación de trabajo. El Gobierno indica que se da pleno efecto a las disposiciones del artículo 4, mediante las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo, incorporadas a los convenios colectivos. La Comisión toma nota de algunas decisiones judiciales pronunciadas por el Tribunal Superior, en las que las razones mencionadas a continuación no se consideraron válidas:

–           la terminación de la relación de trabajo por causa de jubilación anticipada que no depende ni de la voluntad del trabajador ni de un acuerdo negociado;

–           el despido de un delegado de personal sin requerir la opinión de los coadministradores, y sin autorización del inspector de trabajo competente, y

–           el despido no fundado en una falta profesional imputable al trabajador.

La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando ejemplos actualizados de decisiones judiciales sobre los casos de despidos injustificados.

Artículo 5, c) y d). Causas no justificadas de terminación de la relación de trabajo. El Gobierno señala que los motivos expuestos en el artículo 39 del Código del Trabajo no son exhaustivos y que el apartado 2 del mismo artículo permite que la jurisdicción competente pueda comprobar el carácter injustificado del despido mediante una investigación relativa a las causas y circunstancias de la rescisión del contrato de trabajo y que, entre los motivos en que puede fundarse la decisión judicial cabe mencionar, entre otros, la raza, el color, el sexo, el estado civil, etc. El Gobierno indica también que la ley núm. 2005/006, de 27 de julio de 2005, relativa al estatuto de los refugiados en Camerún, en sus artículos 9 y 10, refuerza la protección de los refugiados contra el despido. La Comisión recuerda que el hecho de presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes (artículo 5, c)), así como la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social del trabajador (artículo 5, d)), no constituyen causas justificadas de despido. La Comisión invita al Gobierno a que facilite ejemplares de decisiones judiciales relativas a causas no justificadas de despido.

Artículo 7. Procedimiento de defensa previo al despido. La Comisión toma nota de los extractos de convenios colectivos aplicables a determinadas categorías de trabajadores, tales como los que trabajan en seguros, transportes por carretera y farmacias, a quienes se otorga el derecho a recibir una justificación escrita antes de ser despedidos. La Comisión invita al Gobierno a precisar de qué manera se garantiza que todos los trabajadores, y en particular aquellos que no están amparados por convenios colectivos, tengan, antes de dar por terminada la relación de trabajo, la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra ellos por motivos relacionados con su conducta o con el cumplimiento de su trabajo.

Artículo 8, párrafo 3. Plazo fijado para el ejercicio del derecho de interponer recurso. El Gobierno indica nuevamente que todo recurso contra un despido injustificado o abusivo tiene como consecuencia la posibilidad de presentar una demanda para el pago de salarios o de una indemnización por daños y perjuicios a causa de la ruptura del contrato. La Comisión toma nota de que el artículo 74, 1), del Código del Trabajo fija una limitación de tres años para emprender acciones para recuperar los salarios o indemnizaciones por daños y prejuicios a causa de la ruptura del contrato. La Comisión solicita al Gobierno a que comunique decisiones judiciales mediante las cuales se garantiza que el plazo fijado para el ejercicio del recurso contra un despido injustificado es de tres años.

Artículos 11 y 12, párrafo 3. Definición de falta grave. El Gobierno indica que actualmente no dispone de medios materiales para realizar investigaciones ante las jurisdicciones competentes para obtener las decisiones de justicia pronunciadas en materia de despido por falta grave. No obstante, indica que está en preparación una recopilación de los fallos importantes de la jurisprudencia laboral y social en el contexto del Programa de aplicación de la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (PAMODEC). La Comisión toma nota de que las decisiones judiciales son el medio principal por el que se da pleno efecto a las importantes disposiciones de estos artículos. La Comisión espera que se realizarán progresos con la asistencia de la OIT y que el Gobierno estará en condiciones de proporcionar informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica (particularmente sobre las decisiones judiciales), estadísticas sobre el número de despidos por causas económicas, o el número de recursos interpuestos por casos de despido y las indemnizaciones obtenidas (parte V del formulario de memoria).

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2011.]

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

1. Despidos colectivos. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC) y la Confederación General del Trabajo-Libertad de Camerún (CGT‑Libertad) que se evocaron en la observación de 2007. En la respuesta recibida en febrero de 2008, el Gobierno señala que cuando ocurrieron los despidos en las empresas públicas y semipúblicas se respetó el procedimiento contemplado en el artículo 40 del Código del Trabajo. Los despidos tuvieron lugar solamente después de que se agotaron todas las otras medidas encaminadas a evitarlos. Los documentos relativos a las indemnizaciones por despido de los trabajadores de las empresas estatales fueron examinados por una comisión presidida por el Ministro de Finanzas. La Comisión vuelve a señalar que el respeto de los principios contenidos en el Convenio puede facilitar el desarrollo de una actividad económica socialmente responsable cuando se toman decisiones relativas a despidos colectivos. Los despidos por motivos económicos, técnicos, estructurales u otros similares deben respetar, en particular, lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio, relativos a la consulta con los representantes de los trabajadores y la notificación a la autoridad competente. En una nueva comunicación, la UGTC evoca el despido de 215 trabajadores sin consultas. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las decisiones adoptadas para asegurar el pago de las indemnizaciones por terminación de la relación de trabajo y la protección de los ingresos de los trabajadores despedidos en las empresas públicas y de otros empleadores. La Comisión desearía poder examinar si se han adoptado medidas como las previstas en los párrafos 25 a 26 de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166) para atenuar los efectos de los despidos. La Comisión también pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la observación formulada por la UGTC, en noviembre de 2008.

2. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya informado sobre las siguientes cuestiones planteadas en su observación de 2007. La Comisión confía en que el Gobierno enviará una memoria que responda a los puntos planteados en su observación de 2006, la cual se había redactado en los siguientes términos:

[…]

2. Artículo 4. Determinación de las causas justificadas de terminación de la relación de trabajo. El Gobierno declaró que se daría efecto al artículo 4 del Convenio mediante el artículo 34, párrafo 1, del Código del Trabajo, retomado en los convenios colectivos, y que dispone que un «contrato de trabajo de duración determinada puede siempre rescindirse por voluntad de una de las partes, rescisión que está subordinada a un preaviso dado por la parte que toma la iniciativa de la ruptura y que debe ser notificada por escrito a la otra parte, con indicación del motivo de la rescisión». El Gobierno indicó que las causas de despido que se consideran justificadas figuran por lo general en los reglamentos internos de cada empresa. La Comisión recuerda que el párrafo 1 de la Recomendación núm. 166 menciona los «reglamentos de empresa» entre los métodos utilizados para su aplicación pero que, según lo indicó la Comisión en el párrafo 30 del Estudio general de 1995, Protección contra el despido injustificado, puede resultar difícil basarse exclusivamente en los citados reglamentos para dar efecto a las disposiciones del Convenio, dado que únicamente cubren a las empresas en que se aplican. En consecuencia, la Comisión ruega al Gobierno que asegure, de conformidad con la práctica nacional, que se dé plenamente efecto a la obligación establecida en el artículo 4 del Convenio, según el cual no se debería despedir a un trabajador sin una causa justificada vinculada a sus aptitudes o su conducta, o sobre la base de las necesidades de funcionamiento de la empresa, el establecimiento o el servicio. Asimismo, la Comisión ruega al Gobierno que dé ejemplos de decisiones judiciales recientes en las que los tribunales hayan dado efecto a esta importante disposición del Convenio.

3. Artículo 5, apartados c) y d). Determinación de causas no justificadas de terminación de una relación de trabajo. El Gobierno declaró que la aplicación del artículo 5 del Convenio se aseguraría mediante el artículo 39, párrafo 1, y el artículo 84, párrafo 2, del Código del Trabajo, sobre los que la Comisión se pronunció en sus comentarios anteriores. La Comisión reitera al Gobierno que indique de qué manera se asegura, en la legislación y en la práctica, que el hecho de haber presentado una queja o participado en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de las leyes, o presentado recursos ante las autoridades administrativas competentes (artículo 5, c)), y que la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social del trabajador (artículo 5, d)) no constituyen causas justificadas. Le ruega asimismo al Gobierno que proporcione copia de las decisiones judiciales pertinentes.

4. Artículo 7. Procedimiento de defensa previo a la terminación de la relación de trabajo. El Gobierno indicó anteriormente que la aplicación de esta disposición del Convenio se consigue a través de los convenios colectivos y los reglamentos internos de las empresas. La Comisión ruega una vez más al Gobierno que precise de qué manera se garantiza a todos los trabajadores el derecho de defensa previo a la terminación de la relación de trabajo, facilitando, en particular, copia de las disposiciones pertinentes de todo convenio colectivo y de todo reglamento interno disponible, así como de toda decisión judicial reciente, en particular en materia de despido de delegados del personal o de representantes sindicales.

5. Artículo 8, párrafo 3. Plazo fijado para el ejercicio del derecho de interponer recurso. El Gobierno indicó anteriormente que el plazo de que disponen los trabajadores para ejercer su derecho de interponer recurso contra un despido se deduce del artículo 74, párrafo 1, del Código del Trabajo según el cual «la acción para el pago del salario prescribe en un período de tres años». La Comisión advierte que dicho artículo trata únicamente de las acciones legales relativas al pago de salarios. En consecuencia, la Comisión ruega al Gobierno que indique de qué manera el artículo 74 del Código del Trabajo garantiza el derecho de interponer recurso, dentro de un plazo razonable, contra la terminación injustificada de la relación de trabajo, como lo exige el artículo 8, párrafo 3, del Convenio.

6. Artículos 11 y 12, párrafo 3. Definición de falta grave. La Comisión  toma nota de la declaración del Gobierno según la cual la noción de «falta grave» se deja a la apreciación de los tribunales nacionales. En el párrafo 250 del Estudio general de 1995, la Comisión ya había observado que una definición de esa índole era demasiado general y que, sólo cuando se examina su aplicación en la práctica y, en particular mediante casos judiciales, se pueda hacer una evaluación de la medida en que se da efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que facilite copia de las decisiones judiciales pertinentes a fin de proceder al examen de la aplicación del artículo 11 y del párrafo 3 del artículo 12  del Convenio.

7. Partes IV y V del formulario de memoria. Aplicación de las disposiciones del Convenio en la práctica. La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno la importancia que reviste el suministro periódico de información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, en particular los artículos 4, 5, 7 y 8, párrafo 3, así como los artículos 11 y 12, párrafo 3, del Convenio. La Comisión desea creer que en la próxima memoria del Gobierno encontrará las informaciones pertinentes y actualizadas que solicita sobre la aplicación del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios de septiembre de 2006 formulados por la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC), recibidos en noviembre de 2006, así como de las nuevas observaciones de la UGTC de agosto de 2007, comunicadas al Gobierno en septiembre de 2007. El Gobierno indica que, al anunciarse una liquidación o privatización de una empresa del Estado, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social establece en todos los casos comités tripartitos ad hoc encargados de tratar el aspecto social de dichos reordenamientos estructurales auspiciando el diálogo social. Por su parte, la UGTC indica que las reestructuraciones, liquidaciones y privatizaciones de sociedades del Estado tienen por consecuencia que siga aumentando el número de despidos de trabajadores sin el pago de las indemnizaciones correspondientes y que las empresas privadas también recurren a despidos injustificados, incluso sin proporcionar explicación alguna. La UGTC señala que la inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias, en particular cuando se trata de delegados del personal y de representantes sindicales, así como los largos períodos administrativos y judiciales que entraña la impugnación de los despidos constituye una infracción a las disposiciones del Convenio. La Comisión señala nuevamente que el respeto de los principios contenidos en el Convenio puede facilitar el desarrollo de una actividad económica socialmente responsable cuando se adopten decisiones sobre los despidos colectivos. La terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos debe observar las disposiciones de los artículos 13 y 14 del Convenio, en particular, en relación con la consulta de los representantes de los trabajadores y la notificación a la autoridad competente. La Comisión invita al Gobierno a que indique en su próxima memoria la manera en que se garantiza el cumplimiento de las disposiciones del Convenio en oportunidad de las reestructuraciones de empresas mencionadas por la UGTC. Además, la Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha enviado la memoria que se le había solicitado en su observación anterior. La Comisión confía en que el Gobierno proporcionará en breve una memoria en respuesta a los comentarios de la UGTC de agosto de 2007, así como a los principales puntos ya planteados en su observación de 2006, redactada en los términos siguientes.

2. Artículo 4. Determinación de las causas justificadas de terminación de la relación de trabajo. El Gobierno indicaba en su memoria anterior que se daría efecto al artículo 4 mediante el artículo 34, apartado 1, del Código del Trabajo, incorporado a los convenios colectivos y en el que se establece que «el contrato de trabajo de duración indeterminada puede rescindirse en cualquier momento por voluntad de una de las partes. Esta rescisión está subordinada al otorgamiento de un preaviso por la parte que toma la iniciativa de la terminación y debe notificarse por escrito a la otra parte con indicación del motivo de la rescisión». El Gobierno indicaba que los motivos considerados como causa justificada de despido generalmente estaban previstos en el reglamento interno de cada empresa. La Comisión recuerda que los «reglamentos de empresa» se encuentran entre los métodos de aplicación contemplados en el párrafo 1 de la Recomendación núm. 166 pero, tal como la Comisión lo advirtiera en el párrafo 30 del Estudio general sobre la protección contra el despido injustificado, de 1995, puede revelarse difícil fundarse únicamente en dichos reglamentos para dar efecto a las disposiciones del Convenio dado que únicamente cubren a las empresas a las cuales se aplican. La Comisión solicita en consecuencia al Gobierno que asegure, de conformidad con la práctica nacional, que se otorga pleno efecto a la obligación establecida en el artículo 4 del Convenio en el sentido de que ningún trabajador podrá ser despedido salvo que exista una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Sírvase también comunicar copias de decisiones judiciales recientes mediante las cuales los tribunales hayan dado efecto a esta importante disposición del Convenio.

3. Artículo 5, c) y d). Causas no justificadas de terminación. El Gobierno había indicado en su memoria anterior que la aplicación del artículo 5 se garantiza mediante los artículos 39, apartado 1, y 84, apartado 2, del Código del Trabajo, de los cuales la Comisión ya había tomado nota en sus comentarios anteriores. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno tenga a bien indicar de qué manera se garantiza, en la legislación y en la práctica, que el hecho de presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de la legislación, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes (artículo 5, c)), así como la raza, el color, el sexo, el estado civil, la responsabilidad familiar, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social del trabajador (artículo 5, d)) no constituyen causas justificadas de despido. Sírvase facilitar ejemplares de decisiones judiciales pertinentes.

4. Artículo 7. Procedimiento de defensa previo al despido. La Comisión había indicado que los convenios colectivos y los reglamentos internos dan efecto a esta disposición del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva precisar de qué manera se garantiza a todos los trabajadores el derecho de defensa previo al despido, facilitando, en particular, copia de las disposiciones pertinentes de todo convenio colectivo y de todo reglamento interno disponible, así como de toda decisión judicial reciente, en particular en materia de despido de delegados del personal o de representantes sindicales.

5. Artículo 8, párrafo 3. Plazo fijado para el ejercicio del derecho de interponer recurso. El Gobierno había indicado que el plazo de que dispone el trabajador para ejercer su derecho a interponer un recurso contra el despido se deriva del artículo 74 del Código del Trabajo, que en el apartado 1 dispone que «la acción para el pago del salario prescribe en un período de tres años». La Comisión advierte que el artículo 74 trata únicamente de las acciones legales relativas al pago de salarios. La Comisión solicita en consecuencia al Gobierno que indique de qué manera el artículo 74 del Código del Trabajo asegura el derecho de recurrir contra un despido injustificado dentro de un plazo razonable, como lo requiere el artículo 8, párrafo 3.

6. Artículos 11 y 12, párrafo 3. Definición de falta grave. La Comisión había tomado nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que la noción de «falta grave» quedaba sujeta a la apreciación de los tribunales nacionales. En el párrafo 250 de su Estudio general de 1995, la Comisión ya había observado que una definición de esa índole es demasiado general y que sólo cuando se examina su aplicación en la práctica, y en particular mediante casos judiciales, se puede hacer una evaluación de la medida en que se da efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique copia de decisiones judiciales que permitan el examen de la manera en que se aplican los artículos 11 y 12, párrafo 3, del Convenio.

7. Partes IV y V del formulario de memoria. Aplicación de las disposiciones del Convenio en la práctica. La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno la importancia de comunicar periódicamente informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica para permitirle examinar la aplicación de sus disposiciones y especialmente de los artículos 4, 5, 7, 8, párrafo 3, 11 y 12, párrafo 3. La Comisión confía en que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones pertinentes y actualizadas sobre la aplicación del Convenio.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las observaciones de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC) recibidas en septiembre de 2006. La UGTC declara que, bajo pretexto de respetar las condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales se llevan a cabo en el país despidos en las empresas destinadas a su liquidación y privatización. En algunas empresas del Estado se ha despedido a más de 5.000 trabajadores. La UGTC indica que es muy probable que las operaciones de reestructuración continúen en 2007. La Comisión señala que el respeto de los principios contenidos en el Convenio puede facilitar el desarrollo de una actividad económica socialmente responsable cuando se adopten decisiones concernientes a los despidos colectivos. La terminación de la relación de trabajo por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos debe observar las disposiciones de los artículos 13 y 14 del Convenio, en particular, en relación con la consulta de los representantes de los trabajadores y la notificación a la autoridad competente. La Comisión invita al Gobierno tenga a bien indicar en su próxima memoria la manera en que se garantiza la observancia de las disposiciones del Convenio en oportunidad de las reestructuraciones de empresas mencionadas por la UGTC.

2. Determinación de las causas justificadas de terminación de la relación de trabajo. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual, se dará efecto al artículo 4 mediante el artículo 34, apartado 1, del Código del Trabajo, incorporado a los convenios colectivos y en el que se establece que «el contrato de trabajo de duración indeterminada puede rescindirse en cualquier momento por voluntad de una de las partes. Esta rescisión está subordinada al otorgamiento de un preaviso por la parte que toma la iniciativa de la terminación y debe notificarse por escrito a la otra parte con indicación del motivo de la rescisión». El Gobierno indica que los motivos considerados como causa justificadas de despido generalmente están previstos en el reglamento interno de cada empresa. La Comisión recuerda que los «reglamentos de empresas» se encuentran entre los métodos de aplicación contemplados en el párrafo 1 de la Recomendación núm. 166 pero, tal como la Comisión lo advirtiera en el párrafo 30 del Estudio general sobre la protección contra el despido injustificado, de 1995, puede revelarse difícil fundarse únicamente en dichos reglamentos para dar efecto a las disposiciones del Convenio dado que únicamente cubren las empresas a los cuales se aplican. La Comisión solicita en consecuencia al Gobierno que asegure, de conformidad con la práctica nacional, que se otorga pleno efecto a la obligación establecida en el artículo 4 del Convenio en el sentido de que ningún trabajador podrá ser despedido salvo que exista una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Sírvase también comunicar copias de decisiones judiciales recientes mediante las cuales los tribunales hayan dado efecto a esta importante disposición del Convenio.

3. Causas no justificadas de terminación previstas en el Convenio. El Gobierno indica que la aplicación del artículo 5 se garantiza mediante los artículos 39, apartado 1, y 84, apartado 2, del Código del Trabajo, respecto de los cuales la Comisión ya había tomado nota en sus comentarios anteriores. La Comisión se remite a su solicitud directa de 2002 en relación con el artículo 5, c) y d), y a los comentarios que formulara en 2004 sobre la aplicación del artículo 1 del Convenio núm. 111. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno tenga a bien indicar de qué manera se garantiza, en la legislación y en la práctica, que el hecho de presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de la legislación, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes (artículo 5, c)), así como la raza, el color, el sexo, el estado civil, la responsabilidad familiar, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social del trabajador (artículo 5, d)) no constituyen causas justificadas de despido. Sírvase facilitar ejemplares de decisiones judiciales pertinentes.

4. Procedimiento de defensa previo al despido. El Gobierno indica que los convenios colectivos y los reglamentos internos dan efecto a las disposiciones del artículo 7. La Comisión se remite a las observaciones de 2001 formuladas por la Unión de Sindicatos Libres de Camerún (USCL), según las cuales, no se garantiza el cumplimiento del procedimiento previsto en las disposiciones legislativas o reglamentarias, especialmente cuando se trata del despido de delegados del personal o de representantes sindicales. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva precisar de qué manera se garantiza a todos los trabajadores el derecho de defensa previo al despido, facilitando, en particular, copia de las disposiciones pertinentes de todo convenio colectivo y de todo reglamento interno disponible, así como de toda decisión judicial reciente.

5. Plazo fijado para el ejercicio del derecho de interponer recurso. El Gobierno indica que el plazo de que dispone el trabajador para ejercer su derecho a interponer un recurso contra el despido se deriva del artículo 74 del Código del Trabajo que en el apartado 1 dispone que «la acción para el pago del salario prescribe en un período de tres años». La Comisión advierte que el artículo 74 trata de las acciones legales relativas al pago de salarios y solicita en consecuencia al Gobierno que indique de qué manera el artículo 74 del Código del Trabajo asegura el derecho de recurrir contra un despido injustificado dentro de un plazo razonable, como lo requiere el artículo 8, párrafo 3, del Convenio.

6. Definición de falta grave. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que la noción de «falta grave» queda sujeta a la apreciación de los tribunales nacionales. En el párrafo 250 de su Estudio general de 1995, la Comisión ya había observado que una definición de esa índole es demasiado general y que sólo cuando se examina su aplicación en la práctica, y en particular mediante casos judiciales, se puede hacer una evaluación de la medida en que se da efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique copia de decisiones judiciales que permitan el examen de la manera en que se aplican los artículos 11 y 12, párrafo 3, del Convenio.

7. Aplicación de las disposiciones del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual se comunicará posteriormente copia de las decisiones judiciales relativas a cuestiones de principio en relación con la aplicación del Convenio. La Comisión señala a la atención del Gobierno la importancia de comunicar periódicamente informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica para permitirle examinar la aplicación de sus disposiciones y especialmente de los artículos 4, 5, 7, 8, párrafo 3, 11 y 12, párrafo 3. La Comisión confía que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones pertinentes y actualizadas sobre la aplicación del Convenio (partes IV y V del formulario de memoria).

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

No disponible en español.