Caso individual (CAS) - Discusión: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Una representante gubernamental se refirió a la detallada memoria suministrada por su Gobierno a la Comisión de Expertos, en cuanto a la implementación de varios programas, medidas y políticas promulgadas por el Gobierno para alcanzar el objetivo de reducción del déficit, controlar la inflación y promover el crecimiento económico y los puestos de trabajo. La creación de un clima económico que conduzca a un real y sustancial crecimiento, es una precondición para el logro del incremento de las oportunidades de empleo en un mediano y largo plazo. Los objetivos del Programa de Estrategia Canadiense de Empleo, promulgado en 1985, eran mejorar el funcionamiento del mercado laboral, proteger los ingresos de los trabajadores desempleados, incrementar las técnicas ocupacionales de los recursos humanos del Canadá y promover la igualdad de acceso al trabajo.

El Programa de Estrategia Canadiense se dividió en cinco programas principales:

1) El Programa de Inversión en Actividades, establecido para ayudar a los trabajadores a ajustarse a los cambios en la tecnología y en los mercados.

2) El Programa de la Entrada al Empleo, asistiendo a grupos específicos tales como los jóvenes, quienes tenían dificultades en ingresar o reingresar en el mercado laboral.

3) El Programa para Desarrollar el Empleo, establecido para ayudar a los desempleados desde hace numerosos años a participar en el mercado laboral y para aumentar sus posibilidades de empleo a través de la formación de oficios y experiencia laboral mediante, entre otras medidas, empleos individuales subvencionados.

4) El Programa de Estrategia de Actitudes, establecido para ofrecer un soporte a los empleadores para casos particulares de formación de potenciales oficios.

5) El Programa para el Futuro de las Comunidades, que asiste a determinadas comunidades a resolver sus problemas económicos y a crear oportunidades de empleo a través del desarrollo de pequeñas empresas, ayuda financiera empresarial, formación y asistencia.

Los fondos destinados a estos programas superan los mil millones de dólares. Asimismo, su Gobierno ha establecido un programa de ayuda a los trabajadores en edad avanzada, finan ciado y administrado por el Gobierno federal y las provincias, que proveen asistencia económica a los trabajadores en servicio de edad avanzada que han sido víctimas de permanentes desempleos y que no tienen perspectivas de ser contratados de nuevo. Con referencia a las disparidades regionales, señaló que el problema mencionado por la Comisión de Expertos afecta a todos los países miembros de la OIT. El Programa de Estrategia Canadiense incluye consultas a nivel local por intermedio del establecimiento de un Consejo de Asesoramiento Local. Estos Consejos se componen de miembros de empresas locales, sindicatos y grupos comunales, que de manera conjunta con losrepresentantes del Gobierno, examinan y valoran los problemas de empleo locales. Además, el financiamiento previsto para este Programa está concebido sobre la base de un subprograma para que las diferentes regiones del país puedan determinar la dosificación de formación y de promoción del empleo de la manera más apropiada a su situación particular. La Agencia de Oportunidades Canadá Atlantic fue establecida para fomentar la creación de una situación favorable del crecimiento económico regional, a fin de reducir las disparidades de las cuatro provincias en ese sector del país y en el resto del Canadá. Una agencia similar, el Departamento de Diversificación Económica del Oeste, fue establecida en 1987 a efectos de aumentar el potencial económico de las cuatro provincias del Oeste del Canadá. Con respecto al mercado laboral y a los desarrollos económicos, desde la última memoria del Gobierno sobre el Convenio se informó que: la tasa prima de interés ha bajado actualmente a su mínimo nivel en relación con los últimos diecinueve años; el Producto Interior Bruto se ha incrementado en un 0,3 por ciento en el mes de marzo, 0,2 por ciento en enero y 0,2 por ciento en febrero; entre abril y mayo de 1992, hay un aumento en la tasa de empleo de 31 000 sobre el total; existió un incremento en el empleo de las manufactureras de 7 000; y el número de desempleados disminuyó a 6 000 en la provincia de Quebec y a 1 000 en la provincia de Saskatchewan.

La Ley de Seguro de Desempleo ha sido reformada, de manera que el Gobierno puede avanzar en una estrategia comprensiva a efectos de movilizar los esfuerzos de todos los integrantes del mercado laboral para aumentar las técnicas del trabajo; unos 800 millones de dólares fueron destinados a la formación y a medidas de asistencia de empleo, representando un incremento del 50 por ciento de los fondos estatales destinados a elevar el trabajo. La Junta de Desarrollo de la Mano de Obra canadiense, creada en enero de 1991, compuesta de representantes de organizaciones laborales, del sector empresarial, de grupos de acción social y de instituciones de formación. Su mandato era determinar sobre todo prioridades de formación, y plantear las cuestiones de normas para adquisición de oficios y calificaciones. Jugará un mayor papel en la preparación de un plan anual del desarrollo de los fondos del Seguro de Desempleo. En virtud de esta nueva agencia, podrán establecerse 75 consejos subregionales del mercado laboral. Además, se han llevado a cabo negociaciones federales-provinciales para promover el empleo de los beneficiarios de la asistencia social. Los nuevos y varios acuerdos incluyen mejores programas para mejorar las conexiones entre los centros de empleo del Canadá y las oficinas de bienestar. En conclusión, se ha realizado y se continúa realizando un esfuerzo concertado para promover una cultura sólida de formación con la cooperación conjunta y participación del sector laboral y empresarial, con el mismo objetivo de establecer normas nacionales y de mejorar el acceso a los programas de formación para aquellos que los necesitan, con un especial esfuerzo realizado en ayuda de los receptores de la asistencia social, y de mejorar las posibilidades de empleo de los grupos desfavorecidos.

Los miembros empleadores tomaron nota de la información brindada por el Gobierno y creen que, aunque este tema es muy complicado, parecería que el Gobierno se está moviendo en la dirección correcta. Señalaron que, según el informe de la Comisión de Expertos, la tasa de desempleo pareciera por lo menos estar un 2 por ciento más baja que cuando este caso se discutiera en esta Comisión en 1985. En lo que respecta a las disparidades regionales en el desempleo, señalaron que esto no resulta sorprendente en un país tan extenso y creen que la decisión del Gobierno de destinar recursos con una base regional fue acertada. Compartieron el enfoque del Gobierno de no permitir gastos que no estén dirigidos a disminuir el desempleo, sino más bien en invertir en la gente. Las inversiones deben tener en cuenta el mercado - el mercado en este caso consiste en las técnicas necesarias para satisfacer las ofertas de empleo de los empleadores. Señalaron en particular los esfuerzos realizados para ayudar a aquellos que tienen dificultades en insertarse en el mercado de empleo. Aunque resulta evidente que el Gobierno no ha encontrado todavía la respuesta a estos problemas, afirmaron estar convencidos de que el Gobierno se está moviendo en la dirección correcta e instaron al mismo a que tome las medidas necesarias para disminuir el nivel de desempleo.

Los miembros trabajadores agradecieron al Gobierno por la detallada información suministrada. Recordaron sus intervenciones anteriores con respecto a la sección de la parte general del informe de la Comisión de Expertos referida a este Convenio, que es muy importante, a pesar del nivel de industrialización del país. Creen que toda política de gobierno debería ser elaborada con miras a promover la libre elección y el empleo productivo. La política de empleo no debería limitarse a los ministerios de trabajo, empleo y de capacitación profesional. Pero debería ser una preocupación de todos los ministerios. Se mostraron consternados por las afirmaciones del Gobierno de que sus objetivos principales fueran la reducción del déficit fiscal y el control de la inflación como medio de promoción del crecimiento económico y de la creación de empleos. Señalaron que el Gobierno aún continúa aplicando su política de 1985, la cual consideran que no contempla una correcta relación entre los objetivos de una política de empleo y otros objetivos sociales y económicos. Recordaron que seguiodamente los objetivos de otras políticas se encuentran en oposición con el Convenio. El incremento del uso de formas de empleo de tiempo flexible, tal como el trabajo de tiempo parcial, tiempo flexible, contratos por tiempo determinado, etc., ponen en peligro los derechos de elegir libremente un empleo a los trabajadores más débiles del mercado laboral. Por lo tanto, no se mostraron completamente convencidos de que el Gobierno intente cumplir con los objetivos esenciales del Convenio. Esto resulta particularmente evidente por el incremento del desempleo y porque más bien el objetivo principal del Gobierno es el de controlar la inflación.

El miembro trabajador del Canadá se refirió a la sección de la parte general del informe de la Comisión de Expertos sobre la aplicación de este Convenio e indicó que el Canadá es uno de los países industrializados de economía de mercado de la OCDE cuyos niveles de desempleo superan los de 1988. Además, existe una fuerte disparidad regional con respecto al desempleo y un gran grupo de desempleados desde hace un largo tiempo. A pesar de estas realidades, el Gobierno del Canadá sigue empeñado en lograr, como objetivos inmediatos, la reducción de la inflación y el control de las finanzas públicas, que parecen predominar sobre los del pleno empleo establecidos en el Convenio. Señaló que las cifras de desempleo canadienses, puestas de relieve por la Comisión de Expertos, se encuentran desactualizadas. Nuevas cifras, de enero de 1992, revelan una tasa de desempleo a nivel nacional de un 10,4 por ciento y tasas en el ámbito provincial que varían entre 7,1 y 17,9 por ciento. Su país sufre una recesión desde hace dos años. El pronóstico del reciente presupuesto federal indica que la tasa de desempleo nacional permanecerá en su nivel actual, como mínimo, durante todo 1992 y en buena parte de 1993. Las recientes estimaciones de la Inspección de Estadísticas de la Mano de Obra del Canadá muestran, para mayo de 1992, un incremento de la tasa de desempleo nacional que alcanza el 11,2 por ciento, lo que representa 1 536 000 personas. Esto muestra el nivel más alto de desempleo en el Canadá desde 1984, e incluye tasas proviciales que varían del 7,7 al 20,1 por ciento. Por consiguiente, todas las estadísticas citadas son informaciones oficiales del Gobierno.

Cuando el Congreso Laboral Canadiense calcula el "real nivel de desempleo", incluye el subempleo, el desempleo encubierto (personas sin empleo no registradas como tales normalmente), los involuntarios trabajadores de jornadas parciales y trabajadores contratados por un corto tiempo determinado o sin trabajo en parte de la semana. El mencionado organismo comprobó que el número de personas que se encontraban desempleadas o subempleadas alcanzaba en octubre de 1991 los 2 119 000 (15,2 por ciento de la mano de obra) y que el mismo aumentó a 2 358 000 en enero de 1992 (17 por ciento de la mano de obra). El presupuesto federal de 1992 que acaba de ser presentado pronostica una tasa de desempleo superior al 10 por ciento para fines de este año. Esto prueba que las políticas económicas seguidas no funcionaban. La verdadera causa del fracaso del presupuesto fue que no se realizó directamente actividad alguna para crear puestos de trabajo e incrementar la confianza. El camino a seguir por el Gobierno es el de eliminar los gastos públicos, tales como los cortes en las transferencias de los pagosa las provincias y la imposición de estrictos límites de crecimiento de todas las áreas del programa federal de gastos. Además, el presupuesto impone nuevos recortes que se elevan a un billón de dólares del Canadá. Entre estos recortes algunos atañen a gastos federales de formación que dependen de la Estrategia Canadiense de Empleo, estrategia que se menciona en el informe de la Comisión de Expertos, de un monto del orden de 100 millones de dólares del Canadá (en lugar de un incremento para ayudar a los desempleados) y a la continuación de la reducción de transferencia hacia las provincias para financiar la educación secundaria y la asistencia médica. El principal objetivo de la política económica del Congreso Laboral Canadiense es la creación de una economía de pleno empleo, economía capaz de proveer empleos decentes y bien retribuidos para todos aquellos que quieran y puedan trabajar. La economía de pleno empleo es la base indispensable de un sistema de seguridad para los trabajadores y sus familias, la piedra angular de una sociedad justa. Una economía de pleno empleo promoverá condiciones de igualdad - niveles de vida decentes para todos - y de oportunidad, particularmente para las mujeres, las minorías, los incapacitados, las comunidades indígenas y otras que enfrentan una discriminación en el mercado de empleo. El pleno empleo es la base de una elevada economía productiva. El desempleo masivo no es otra cosa que un masivo desperdicio del potencial productivo. Políticas económicas tales como las que comúnmente se aplican en su país, que crean desempleo en vez de una promoción del pleno empleo, no se encuentran ciertamente de acuerdo a la letra o al espíritu del Convenio.

Un miembro gubernamental de Alemania se mostró sorprendido de ver el caso del Canadá en la lista a tratar en esta Comisión, respecto a este Convenio. Refiriéndose a las cuestiones puestas de relieve en los comentarios de la Comisión de Expertos, relativas al pedido de mayor información por parte del Gobierno en lo que respecta a las dificultades específicas encontradas para cumplir con los objetivos del Convenio y a la posibilidad de evaluar el efecto de sus programas de empleo, se preguntó qué criterio se seguía para llamar al Gobierno ante esta Comisión sobre este Convenio. Hizo notar el objetivo principal del Gobierno de reducir el déficit del presupuesto y de combatir la inflación a efectos de promover el crecimiento económico y la creación de empleos, y recordó que el Artículo 1 del Convenio señala que: "con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido". En su opinión, la política del Gobierno no se halla tan alejada de los objetivos del Convenio.

El miembro empleador del Canadá mostró su sorpresa y desaprobación en cuanto a que este caso fuera llamado a la atención de esta Comisión. Apoyó las nuevas iniciativas llevadas a cabo por su Gobierno. El Gobierno ha destinado 1.000 millones de dólares para la creación de empleos, para nuevos programas de capacitación, recapacitación, continuación de educación, etc. Los programas de empleo en su país se hallan dentro de los mejores de todos los países industrializados en el mundo. Bajo el programa de estrategia de empleo, a ninguno que haya sido capacitado se le negará el seguro de desempleo. El objetivo del programa fue simplemente reemplazar el desempleo por puestos de trabajo. Es de la opinión que el trabajo básicamente esté de acuerdo con el programa, pero simplemente quiere que el Gobierno pague por él en vez de utilizar los fondos de la garantía de desempleo. Sin embargo, el Gobierno no paga por nada; son más bien los que pagan los impuestos quienes pagan. Los trabajadores ciertamente no quieren altos impuestos, superiores a los que ya pagan los ciudadanos canadienses.

Expresó la esperanza de que las nuevas iniciativas concernientes a la creación de puestos de trabajo, de capacitación y de modernización brindarán una oportunidad de demostrar su eficacia como mejor alternativa, en vez de arrojar el dinero al problema y hacer pagar el costo a los que pagan los impuestos.

Un miembro trabajador de Grecia señalo la importancia de este Convenio y recordó las serias consecuencias que pueden resultar de la ignorancia por parte de un gobierno de la necesidad de una política de empleo. Hizo notar que existe un problema en la aplicación de este Convenio en el Canadá.

Un miembro trabajador del Pakistán compartió las preocupaciones puestas de relieve por los trabajadores del Canadá, particularmente en lo concerniente al aumento del desempleo, a la disparidad regional y a lo relativo a la igualdad. Expresó la esperanza de que el Gobierno tomará las medidas necesariaspara reducir el desempleo y para destinar mayores recursos en las provincías a efectos de cumplir los objetivos del Convenio.

La representante gubernamental recordó que el Programa de Estrategia canadiense pone énfasis en la asistencia a los integrantes de la mano de obra en desventaja, tales como los jóvenes, las mujeres y otros grupos en desventaja. En lo que concierne a los objetivos principales de su Gobierno, señaló que el Convenio indica que los gobiernos deberían seguir una política en relación al pleno empleo y a la libre elección del mismo, pero que es a elección del Gobierno la designación de una polí tica que consideren resultará más eficaz en el cumplimiento de ese objetivo. Recalcó que las tasas de desempleo no significan necesariamente la violación del Convenio. Ningún país gobierna en el vacío y existen muchos factores dentro del mismo que afectan las tasas de desempleo, independientemente de la política del Gobierno. La creación de empleo implica la promoción de un clima económico que conducirá a la creación de puestos de trabajo, y que no podrá ocurrir sin una reducción del déficit y un control de la inflación.

Un miembro trabajador de Italia insistió acerca de la importancia de este Convenio e indicó que una política de mercado de empleo es suficiente para resolver el problema. No basta la simple transferencia de recursos o la realización de inversiones. La cuestión es muy complicada y es necesario llevar adelante políticas de capacitación profesional y alentar el espíritu de empresa. Debe darse a este problema una gran atención, tanto en los países desarrollados como en aquellos en desarrollo.

La Comisión se felicitó de la información brindada y de la iniciativa llevada a cabo por el Gobierno. En vista de la importancia de las medidas tomadas y previstas, por un lado, y las dificultades económicas, incluido un alto porcentaje de desempleo existente en el país, por el otro, expresó la esperanza de que el Gobierno podrá tener éxito en sus esfuerzos de promoción del crecimiento económico y de creación de empleos, y que mantendrá informada a la OIT de todos los progresos realizados a este respecto.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Tendencias del empleo, políticas activas de mercado de trabajo y participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en septiembre de 2009, que incluye la información detallada proporcionada por los gobiernos provinciales y los comentarios transmitidos por el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC). El Gobierno indica que entre octubre de 2008 y mayo de 2009, la economía canadiense perdió 362.500 puestos de trabajo (en términos ajustados estacionalmente) y el desempleo aumentó al nivel más alto alcanzado en los últimos 11 años, pasando de un 6,3 por ciento en octubre de 2008 a un 8,4 por ciento en mayo de 2009. En respuesta a la crisis económica, el 27 de enero de 2009, el Gobierno introdujo el Plan de Acción para la Economía del Canadá (Presupuesto 2009). El Presupuesto 2009 prevé un gasto de más de 46.000 millones de dólares canadienses durante los próximos dos años, casi 62.000 millones de dólares del Canadá cuando se combina con el apoyo que proporcionan otros estamentos gubernamentales para apoyar a la economía canadiense y ayudar a la creación de empleo. Junto con las reducciones de impuestos anunciadas en la declaración económica de 2007, se estima que el Presupuesto 2009 ayudará a crear o mantener más de 265.000 puestos de trabajo hasta finales de 2010. Las iniciativas del Presupuesto 2009 tienen como objetivo reducir los impuestos de manera permanente, ayudar a los desempleados, crear empleos a través de un gasto significativo en infraestructuras, apoyar a las industrias y las comunidades más afectadas por la recesión mundial, y mejorar el acceso a la financiación de los hogares y las empresas canadienses y la disponibilidad de ésta. Además, la Comisión toma nota de que las diversas medidas de mercado de trabajo adoptadas a escala federal y provincial tienen por objetivo crear oportunidades de empleo e impulsar la salida de la crisis. La Comisión recuerda que el artículo 1 del Convenio dispone que todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones del CLC en los que esta organización indica que encuentra pocas pruebas recientes de que dicha declaración haya sido señalada como «un objetivo de mayor importancia» (artículo 1, párrafo 1) por el Canadá o la mayor parte de sus provincias, al menos con la suficiente claridad y convicción para que el público sea verdaderamente consciente de ese objetivo. Además, el CLC indica que no tiene información respecto a que, en la práctica, esta política se haya integrado plenamente en la toma de decisiones socioeconómicas del país, ya que parece que está casi totalmente ausente de la formulación de políticas macroeconómicas, incluidas las políticas financiera, comercial y de desarrollo. En sus comentarios, el CLC también se refiere al Estudio General de 2004, Promover empleo, y recomienda firmemente que el Gobierno y los interlocutores sociales revisen este documento con miras a determinar cómo mejorar la coordinación interministerial, los mecanismos de control y de presentación de informes, los procesos de evaluación del empleo y los programas para prevenir la discriminación en el empleo y para el reempleo de los trabajadores que pierden su empleo por motivos económicos. La Comisión insta al Gobierno a proporcionar en su próxima memoria información en relación al impacto de las medidas adoptadas en el Presupuesto 2009 sobre el mercado de trabajo y que indique la manera en la que dichas medidas se revisan periódicamente en el marco de una política económica y social coordinada (artículo 2, a)). Asimismo, la Comisión invita al Gobierno a que tenga en cuenta las inquietudes planteadas por el CLC y transmita más información sobre las consultas efectivas realizadas con los interlocutores sociales sobre las cuestiones cubiertas por el Convenio (artículo 3).

Políticas educativas y de formación. El Gobierno informa de que, en 2008-2009, el organismo de recursos humanos y desarrollo de las calificaciones del Canadá (Human Resources and Skills Development Canada) decidió conceder anualmente 12,9 millones de dólares canadienses para apoyar la iniciativa sobre la innovación Pancanadiense (Pan Canadian Innovations Initiative (PCII)). Los proyectos PCII deben llevarse a cabo en colaboración con las provincias o territorios y centrarse en una o más de las siguientes prioridades: alfabetización y calificaciones esenciales, inmigrantes, pueblos aborígenes, grupos subrrepresentados, formación en el lugar de trabajo y aprendizaje. La Comisión toma nota de que ejemplos de proyectos son el Partners Building Futures de Nueva Brunswick y el Reclamation and Prospecting Teams de la Columbia Británica. El Gobierno indica que, aunque los resultados provisionales de estos proyectos son positivos, todavía no están disponibles los datos de la evaluación. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno concede 8.300 millones de dólares canadienses a la estrategia de calificaciones y transición (Canadian skills and transition strategy) que incluye un apoyo suplementario a las personas que han perdido su empleo, mejoras en el seguro de desempleo y más financiación para el desarrollo de calificaciones y la formación a fin de ayudar a los canadienses a obtener mejores empleos. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiéndole información relativa a las medidas adoptadas en el ámbito de las políticas educativas y de formación y sobre su relación con las posibles oportunidades de empleo. Además, pide al Gobierno que le transmita los datos de la evaluación del PCII cuando estén disponibles.

Medidas especiales para las categorías de trabajadores vulnerables. El Gobierno indica que desde octubre de 2008 la pérdida de empleos ha afectado más a ciertos grupos de trabajadores, provincias e industrias, lo cual hace que estén sobrerrepresentados en lo que respecta a la pérdida neta de empleos. Por ejemplo, los inmigrantes recién llegados representan el 3 por ciento de las personas empleadas en el Canadá pero el 12 por ciento de la pérdida neta de empleos. El impacto es aún más pronunciado en las ciudades de Montreal, Toronto y Vancouver (53 por ciento de pérdida neta de empleos). En relación con los trabajadores con discapacidad, la Comisión toma nota de las medidas adoptadas a escala federal y provincial tales como el «10 by 10 Challenge» en la Columbia Británica y el programa de apoyo a las personas con discapacidad de Ontario. En relación con los trabajadores de edad, la Comisión toma nota de que el Gobierno proporcionará financiación adicional para ampliar la iniciativa destinada a los trabajadores de edad (Targeted initiative for older workers) (TIOW) hasta marzo de 2012, para ayudar a más trabajadores pertenecientes a esta categoría a seguir formando parte de manera productiva de la población activa. La TIOW proporciona apoyo a trabajadores de edad desempleados en áreas afectadas por importantes reestructuraciones y cierres de empresas, o por un alto nivel de desempleo, a través de programas cuyo objetivo es reintegrarles en la fuerza de trabajo. En otoño de 2009 se prevé iniciar una evaluación que se espera que aborde la importancia, éxito y la rentabilidad del programa. La Comisión invita al Gobierno a continuar transmitiéndole información y datos sobre la evaluación de las medidas de mercado de trabajo en relación con los trabajadores con discapacidad, los trabajadores de edad, los inmigrantes, y otras categorías de trabajadores vulnerables.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno para el período que finalizaba en junio de 1998. La Comisión declara que el empleo en el sector privado se había incrementado durante ese período en el 4,9 por ciento, 90 por ciento del cual había sido trabajo a tiempo completo, mientras que el empleo en el sector público había descendido en el 1,3 por ciento. En total, el empleo había crecido en el 1,9 por ciento, en 1997, y en el 2,8 por ciento, en 1998. En 1998, el desempleo llegó al 8,4 por ciento, por debajo del 9,7 por ciento de 1996. Según la OCDE, el producto interior bruto creció a un tasa del 3,8 por ciento, en 1997, y a una tasa del 3 por ciento, en 1998 y se prevé que siga creciendo por encima de la media de la OCDE para 1999-2000. El desempleo de larga duración (superior a los 12 meses) se situó en aproximadamente el 12,5 por ciento del desempleo total de 1997 y en el 10,1 por ciento de 1998. La Comisión toma nota también de la información contenida en la recopilación de documentos, para un seminario celebrado en 1997, bajo el título de "Ingresos y productividad en Norteamérica", presentada por el Gobierno en respuesta a los comentarios anteriores. La Comisión confía en que el Gobierno siga observando el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en la aplicación del Convenio, en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores y con representantes de otros sectores de la población económicamente activa, de conformidad con el artículo 3.

2. La Comisión toma nota de que el desempleo juvenil había descendido del 16,6 por ciento al 15,7 por ciento, durante el período de presentación de memorias de dos años, y de que son muchos los programas que se han aplicado o impulsado para aumentar aún más el empleo juvenil. La Comisión agradecerá que se mantenga informada de los progresos realizados en aplicación del Convenio al respecto.

3. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha establecido un programa de reformas del seguro de empleo (EI). En el marco de dicho programa, el Gobierno federal debe dar a las provincias la opción de participar más directamente en todos los aspectos de la planificación, del diseño y de la puesta en marcha de políticas activas de mercado laboral. Los gobiernos provinciales pueden optar entre asumir toda la responsabilidad o ninguna, o acordar la coadministración entre los ámbitos provincial y federal. Según el Gobierno, la mayoría de las provincias había optado por asumir, ya fuera toda la responsabilidad, ya fuera la coadministración. La Comisión espera que se la mantenga informada del impacto de esta transferencia de competencias en el cumplimiento de los objetivos del Convenio e incluyendo información sobre cómo se garantizan en este contexto las consultas debidas en virtud del artículo 3.

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

1. En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finaliza en junio de 1996, que contiene un conjunto de informaciones útiles acerca de las políticas de empleo aplicadas, tanto a nivel federal como a nivel de las provincias. La Comisión toma nota de que la tasa de crecimiento del empleo total, que alcanzaba 2,1 por ciento en 1994, sólo era de 1,6 por ciento en 1995 y, según los datos más recientes publicados por la OCDE, de 1,3 por ciento en 1996. El Gobierno indica que el crecimiento del empleo en el sector privado, principalmente bajo la forma de empleos de tiempo completo, ha coincidido con una importante contracción del empleo en el sector público como consecuencia del programa de reestructuración y de reducción del gasto público. La baja de la tasa de desempleo, que pasó de 10,4 por ciento en 1994 a 9,5 por ciento en 1995, se ha visto favorecida en un primer momento por una disminución importante de las tasas de participación en la actividad económica, en particular entre los jóvenes menores de 25 años. No obstante, éstos siguen enfrentando una tasa de desempleo netamente más alta que la tasa promedio, y la disminución del desempleo aparentemente se ha interrumpido desde entonces, con una tasa de 9,7 por ciento en 1996.

2. La Comisión toma nota de que se han confirmado, mediante el presupuesto de 1996, las principales orientaciones de la política económica del Gobierno, que la Comisión había advertido en su observación anterior, y que están encaminadas en particular a restablecer el equilibrio de las finanzas públicas. A este respecto, la Comisión observa que los progresos realizados con respecto a la reducción de los déficit públicos y el control de la inflación no se acompañan, por ahora, de progresos significativos en la lucha contra el desempleo. En este contexto, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 2 del Convenio, las medidas que deben adoptarse para lograr los objetivos del pleno empleo, productivo y libremente elegido deben ser determinadas y analizadas periódicamente "en el marco de una política económica y social coordinada". La Comisión agradecería al Gobierno que precisara si se han realizado evaluaciones acerca de la incidencia del esfuerzo de saneamiento presupuestario sobre el empleo. Además, la Comisión desearía disponer de informaciones sobre los efectos comprobados o esperados sobre el empleo de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC-AN) y del Acuerdo sobre el Comercio Interior. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la principal reforma estructural del período considerado, tiene por objeto, con la entrada en vigor en julio de 1996 de la ley de seguro de empleo, una mejor coordinación del sistema de prestaciones de desempleo con la política activa del empleo, mediante el fortalecimiento de los incentivos al trabajo, y la asignación de recursos más importantes a las medidas de apoyo para la reinserción en el empleo. La Comisión invita al Gobierno a que se sirva comunicar toda evaluación disponible relativa a la aplicación de esta reforma.

3. La Comisión toma nota con interés de las importantes informaciones comunicadas acerca de la puesta en práctica de las diferentes medidas de política activa de mercado de trabajo. La Comisión observa que el Gobierno subraya en su memoria el carácter prioritario de los programas de inserción de los jóvenes y que durante el otoño de 1996 debía anunciarse una estrategia para el empleo de los jóvenes. Además, la Comisión toma nota de las informaciones según las cuales las responsabilidades de los gobiernos de las provincias deberían ser aumentadas en relación con esta estrategia y, de manera más general, en materia de política del empleo. La Comisión agradecería al Gobierno que se sirviera precisar la manera en que las nuevas modalidades de cooperación entre el Gobierno federal y las provincias contribuyen a una política del empleo más eficaz, en particular en favor de las regiones cuyas tasas de desempleo son las más elevadas.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

1. La Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno para el período que concluyó en junio de 1994 y de dos anexos. Según las informaciones publicadas por la OCDE, la Comisión observa que en este período se ha podido apreciar una reactivación lenta del crecimiento del empleo (la OCDE había evocado una "reactivación sin empleo") y un descenso en la tasa de desempleo al término del período, donde se estabilizaba en el 10,4 por ciento, después de haber alcanzado el 11,3 por ciento en 1992. El Gobierno subraya sin embargo que la tasa de desempleo sigue siendo superior a su nivel anterior a la recesión y uno de los más elevados de los siete grandes países industrializados. El Gobierno también informa de una rápida y continua progresión del empleo a tiempo parcial (involuntario para el 40 por ciento de los trabajadores) con respecto al empleo a tiempo completo, así como de una disminución sin precedentes de la tasa de actividad desde el principio del decenio.

2. El Gobierno asegura que el empleo constituye su más alta prioridad como se desprende del presupuesto de febrero de 1994. Se persigue la creación de empleos a través de políticas de sostenimiento al crecimiento económico y de oferta de posibilidades de adquirir las calificaciones necesarias para afrontar los desafíos de un mercado de trabajo en rápida mutación. Según el Gobierno, una política de disminución regular del déficit presupuestario principalmente a través de la reducción de gastos, debería instaurar un clima favorable para un crecimiento económico activado por el sector privado y que permita la creación de empleo. La Comisión toma nota de que el otro objetivo principal de control de la inflación parece haber sido alcanzado ampliamente y espera que esta prioridad dada en lo inmediato al reequilibrio de las finanzas públicas tendrá los efectos previstos en el empleo. La Comisión observa asimismo que el Gobierno Federal y las provincias se han comprometido en una vasta reforma del sistema de seguridad del ingreso y de seguro de desempleo, para que contribuya más eficazmente al retorno al empleo de sus beneficiarios. La Comisión invita a este respecto al Gobierno a que comunique informaciones detalladas sobre las medidas tomadas o previstas para coordinar mejor el régimen de protección contra el desempleo con la política activa del empleo.

3. La Comisión toma nota por otra parte de las informaciones relativas a los programas de política del mercado de trabajo que, en particular, se aplican para favorecer la adaptación de las cualificaciones de los trabajadores empleados y de los desempleados, así como la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. La Comisión ha tomado nota con interés de los informes de evaluación de los diferentes programas, a propósito de los cuales el Gobierno indica que deberían ser modificados en profundidad en el marco de la reforma en curso del sistema de seguridad social. La Comisión agradecería al Gobierno que continuara enviando toda evaluación disponible acerca de la eficacia de las medidas de formación y de inserción.

4. En relación con sus comentarios anteriores y con la discusión en la Comisión que hubo en la Conferencia (1992), la Comisión espera poder comprobar, cuando examine la próxima memoria del Gobierno, nuevos progresos en la realización de los objetivos enunciados en el artículo 1 del Convenio, tanto a nivel federal como a nivel de las provincias.

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

1. En relación con su observación anterior, la Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno, así como de las explicaciones comunicadas por el Gobierno a la 79.a reunión de la Conferencia (junio de 1992) y de la discusión en el seno de la Comisión de la Conferencia.

2. La Comisión toma nota de la declaración a la Comisión de la Conferencia de la representante gubernamental, que se reproduce y se presenta en la memoria como la respuesta a su observación anterior. Confirmó que su Gobierno seguía considerando que la instauración de un medio ambiente económico favorable al crecimiento constituía la condición previa necesaria para la expansión del empleo en un plazo determinado. Al recordar los programas de política del mercado del trabajo aplicados en el marco de la Estrategia Canadiense del Empleo, señaló que la modificación de la ley sobre el seguro del desempleo había permitido liberar nuevos recursos en favor de medidas activas de capacitación de la mano de obra. Informó a la Comisión de la Conferencia sobre el establecimiento en enero de 1991 del Consejo de Evaluación de la Mano de Obra, de estructura tripartita y relevado por comités subregionales del mercado del trabajo. La representante gubernamental indicó asimismo que el Gobierno Federal negociaba con las Provincias la mejora de los diferentes programas y que se seguía haciendo un esfuerzo especial con miras a promover el empleo de los grupos desfavorecidos de la población. Los miembros empleadores señalaron los aspectos positivos de la política gubernamental sobre inversiones en recursos humanos, los esfuerzos en favor de los grupos con dificultades de inserción profesional, o incluso la aplicación de programas de empleo sobre una base regional, al recomendar al Gobierno que se acometieran acciones sin demora para modificar la tasa de desempleo. El miembro empleador de Canadá apoyó las nuevas iniciativas de su Gobierno, considerando que los programas de empleo de Canadá se cuentan, por su amplitud y calidad, entre los más desarrollados del conjunto de países industrializados. En cuanto a los miembros trabajadores, lamentaron comprobar que el Gobierno persistía en dar prioridad a su política económica de reducción del déficit presupuestario y de la inflación, en detrimento de la prosecución de los objetivos del empleo. El miembro trabajador de Canadá señaló la agravación de la tendencia a la precarización del empleo y consideró que una evaluación exacta del subempleo y del desempleo debería tener en cuenta a los desempleados desalentados a la hora de buscar un empleo y a los trabajadores a tiempo parcial involuntario o con contratos de corta duración. Manifestó por último la no conformidad de la política gubernamental con el espíritu y la letra del Convenio, al afirmar que una economía de pleno empleo era la condición básica para garantizar la seguridad del ingreso y un factor determinante para promover la igualdad de oportunidades y de condiciones.

3. La Comisión toma nota de que, según las nuevas informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria y los datos que figuran en los estudios de la OCDE (a los que se refirió el Gobierno), la recesión que conoció el país en 1991 ha entrañado una nueva progresión del desempleo, según una tendencia que el débil crecimiento posterior no ha permitido revertir. La tasa de desempleo quedó establecida en más del 11 por ciento de la población activa a finales del período de la memoria y, según la OCDE, se estabilizaría a este nivel únicamente si se produjera una contracción de la tasa de actividad de más de tres puntos en relación con 1990. Además, los datos para 1991 acusan evoluciones divergentes del empleo a tiempo completo (que disminuye en un 3 por ciento en relación con 1990) y del empleo a tiempo parcial (que aumenta en aproximadamente el 5 por ciento). La incidencia de este último es proporcionalmente elevado en las mujeres (que constituyeron el 70 por ciento del total de los trabajadores a tiempo parcial en 1991).

4. El Gobierno comunica en su memoria nuevas informaciones sobre la puesta en práctica de las reformas estructurales, especialmente en materia de fiscalidad, de política comercial, de desreglamentación, de privatización y de reforma del seguro de desempleo. Este último se inscribe en el marco de una política de mercado del trabajo destinada a reducir el carácter disuasorio de un sistema de protección considerado demasiado generoso y pone el acento en las medidas activas. La Comisión toma nota de los resultados alcanzados en términos de control de la inflación, de reducción de las tasas de intereses y de disminución del déficit presupuestario. Observa que, de este modo, parecen reunirse, según los propios criterios del Gobierno, las condiciones para una recuperación del crecimiento favorable del empleo, mientras que la OCDE, por su parte, no cree prácticamente en una disminución notable del desempleo en 1992-1993, a pesar de las previsiones de recuperación de la actividad. Al tratar las medidas de política del mercado de trabajo, que se inscriben en el marco de la Estrategia Canadiense de Empleo, la Comisión invita nuevamente al Gobierno a que comunique cualquier evaluación disponible del efecto de los diferentes programas en el empleo de las categorías de las personas interesadas. Agradecería asimismo al Gobierno que facilitara todos los documentos pertinentes relativos a las actividades del nuevo Consejo de Evaluación de la Mano de Obra y, de modo más general, que comunicara al mismo tiempo informaciones sobre las consultas con los representantes de las personas interesadas, en aplicación del artículo 3 del Convenio. Espera que, a continuación de la Comisión de la Conferencia, las próximas memorias comuniquen los progresos realizados para la consecución de los objetivos de empleo, tal y como están definidos en el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

1. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en junio de 1990, así como de las informaciones sobre las provincias que figuran en su memoria general para 1990-1991. La memoria sobre la aplicación del Convenio indica que con respecto al período anterior, la tasa de crecimiento del empleo continuaba declinando y que se preveía que el desempleo, después de haber alcanzado en 1988-1989 su nivel más bajo desde 1981, es decir, de 7,5 por ciento, cesaría de disminuir en 1990 para establecerse en un 7,7 por ciento. La OCDE ha confirmado que esta tendencia desfavorable para el empleo se habría agravado desde entonces y que el desempleo, en fuerte aumento, superaría la tasa del 10 por ciento para 1991. La Comisión toma nota además de que según las estadísticas comunicadas por el Gobierno en junio de 1990, antes del deterioro de la situación, subsistían fuertes disparidades regionales, especialmente en las cinco provincias con tasas de desempleo muy superiores a la media nacional (como por ejemplo 9,1 por ciento para Quebec y 18,6 por ciento para Terranova). Los datos correspondientes al mismo período muestran que el empleo a tiempo parcial involuntario representaba casi un cuarto del total de los empleos de tiempo parcial en 1989-1990, con un descenso notable que afectaba solamente a la mano de obra femenina. La reciente evolución de la situación general del empleo y del desempleo contrasta con la que observó la Comisión en su comentario anterior.

2. El Gobierno ha vuelto a afirmar que, al adoptar los presupuestos para 1989-1990, se había fijado como objetivo prioritario reducir el déficit presupuestario y luchar contra la inflación para promover el crecimiento económico y la creación de empleos. El Gobierno indica en su memoria que la Estrategia Canadiense de Empleos (CJS), formulada en 1985, continúa siendo el punto central de su política de empleo. También menciona la estrategia de desarrollo de la mano de obra, introducida en 1989, que se propone modificar la afectación de gastos en materia de política de empleo en forma coherente con la política de reducción del déficit del presupuesto. Esta estrategia, junto con la reforma del sistema de seguro por desempleo y la política de desarrollo regional, prefiere reforzar las medidas activas de formación para el empleo y no las pasivas consistentes en mantener el ingreso de las personas sin empleo. Uno de sus objetivos es aumentar el papel que desempeña el sector público en la formación de los trabajadores para que éstos se adapten mejor a las necesidades actuales del mercado de trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno se sirviera precisar qué dificultades ha encontrado para alcanzar el objetivo del pleno empleo establecido en el Convenio y conciliarlo con los demás objetivos económicos y sociales.

3. La Comisión ha tomado nota del programa de formación y desarrollo del empleo que, en el marco de la Estrategia Canadiense de Empleos continúa prestando ayuda a las personas con dificultades especiales para encontrar y conservar un empleo duradero, tales como los jóvenes, las mujeres que ingresan o reingresan al mercado de trabajo, los desempleados de larga duración o los trabajadores amenazados de desempleo. Según el Gobierno, pese a que no se dispone de ninguna estimación de las consecuencias que han tenido esos programas sobre el empleo, ciertos estudios indican que han mejorado la situación de los participantes en el mercado de trabajo y que podrían aún desarrollarse, en especial para favorecer a los trabajadores de edad avanzada, las personas menos instruidas y los beneficiarios del seguro por desempleo que habían perdido recientemente su empleo. La Comisión espera que el Gobierno podrá evaluar los efectos que han tenido esos programas en relación con el empleo de las categorías mencionadas. La Comisión toma nota de que en 1989, el Gobierno federal y las provincias emprendieron en forma conjunta un estudio de la estrategia de desarrollo de los recursos humanos del Canadá. La Comisión agradecería al Gobierno se sirviera comunicarle informaciones sobre los resultados y conclusiones de dicho estudio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

La Comisión toma nota de la información completa suministrada en respuesta al formulario de memoria y a su observación anterior. El Gobierno describió en detalle la situación del empleo en las provincias y entre las distintas categorías de la población, así como también las medidas adoptadas en el marco de la estrategia canadiense de empleos (Canadian Jobs Strategy, CJS), un nuevo enfoque para la creación, formación y desarrollo de empleos, introducido en 1985. El Gobierno ha tomado medidas, en particular, en el campo de la seguridad social de manera de facilitar la movilidad de los trabajadores y atenuar las desventajas que de otra manera los trabajadores sufrirían al ser transferidos de un puesto a otro. Indica que el empleo ha crecido en una tasa relativamente alta (2,8 por ciento en 1987), mientras que los que tienen ocupaciones de tiempo parcial (72 por ciento son mujeres) se han transformado en un sector permanente y muy representativo de la fuerza de trabajo (15,2 por ciento en 1987), sector que podría ser objeto de un tratamiento desleal. El desempleo global ha caído de un 8,9 por ciento en 1987 al 7,5 por ciento en 1988, según el Gobierno (la tasa normalizada de la OCDE para Canadá es 8,8 por ciento, en 1988); los niveles del desempleo continúan declinando para todas las edades y en todas las provincias (por ejemplo, de 12,6 por ciento en 1988 al 10,8 por ciento en la primera mitad de 1988 en Columbia Británica).

La Comisión confía en que el Gobierno continuará brindando informaciones sobre las medidas adoptadas en el marco de la CJS. Espera, en particular, que buscará mostrar los resultados de las medidas adoptadas en términos de empleo, señalando la medida en que se han beneficiado las regiones más afectadas por el desempleo, y también cuánto empleo a tiempo completo ha sido creado y cuánto resulta ser empleo a tiempo parcial, estacional o eventual. La Comisión agradecería al Gobierno se sirva describir en lo posible las consecuencias para el empleo de las políticas económicas globales a que se refiere en su memoria, especialmente en relación con la política comercial (considerando que el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos requerirá el ajuste de la mano de obra en un período de diez años, como sugieren las medidas que ya han previsto las autoridades de Alberta), así como también en relación con las políticas fiscales y monetarias. Esta información permitirá a la Comisión apreciar mejor la manera en que se da efecto a los objetivos del Convenio.

Finalmente, en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones del artículo 3 del Convenio, la Comisión ha tomado nota con interés de que varios elementos de las políticas y servicios del Gobierno para el mercado del trabajo incluyen mecanismos consultivos tripartitos y que en la provincia de Alberta, en particular, se toma en cuenta la posibilidad de aumentar los procedimientos formales de consulta existentes mediante el establecimiento de consejos regionales de formación. Agradecería al Gobierno se sirva continuar suministrando informaciones sobre la evolución futura en esta materia, tanto a nivel federal como en las provincias.