La Comisión tomó nota de la información escrita y oral proporcionada por el Gobierno y del debate que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota con interés de las enmiendas a la Ley de Relaciones Laborales y a la Ley de Empleo, que entraron en vigor en 2021 y 2022 respectivamente. La Comisión tomó nota de la preocupación que suscitan las quejas sobre los problemas que se plantean en relación con el ejercicio de los derechos de negociación colectiva en Malasia y los casos de discriminación antisindical y de injerencia indebida.

Teniendo en cuenta la discusión al respecto, la Comisión pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales:

- enmiende sin demora la legislación nacional, concretamente la Ley de Empleo, la Ley de Sindicatos y la Ley de Relaciones Laborales, en consulta con los interlocutores sociales, para que estas leyes sean conformes con el Convenio;

- garantice la simplificación del procedimiento de reconocimiento de los sindicatos y la adopción de una protección efectiva contra las injerencias indebidas;

- garantice que los trabajadores migrantes puedan participar plenamente en la negociación colectiva, incluso permitiéndoles presentarse a las elecciones sindicales;

- habilite mecanismos de negociación colectiva en el sector público para garantizar que los trabajadores del sector público puedan disfrutar de su derecho a la negociación colectiva, y

- garantice, en la legislación y en la práctica, una protección adecuada contra la discriminación antisindical, incluso mediante un acceso efectivo y rápido a los tribunales, una compensación adecuada y la imposición de sanciones suficientemente disuasorias.

La Comisión invita al Gobierno a seguir recurriendo a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión tomó nota de la información proporcionada por el representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación sobre las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos.

La Comisión tomó nota con interés de la indicación del Gobierno de que está llevando a cabo una revisión general de sus leyes laborales principales, a saber, la Ley de Empleo de 1955, la Ley de Sindicatos de 1959 y la Ley de Relaciones Laborales (IRA) de 1967.

Teniendo en cuenta la discusión sobre el caso, la Comisión pidió al Gobierno que:

• - proporcione más información pormenorizada sobre la derogación anunciada del artículo 13, 3) de la IRA relativo a las limitaciones con respecto al alcance de la negociación colectiva;
• - informe detalladamente sobre la revisión general de la legislación laboral nacional descrita con anterioridad a la próxima reunión de la Comisión de Expertos en noviembre de 2016;
• - asegure que los trabajadores del sector público que no trabajan en la administración del Estado puedan gozar de su derecho de negociación colectiva;
• - suministre información detallada sobre el alcance de la negociación en el sector público;
• - revise el artículo 9 de la IRA con el fin de garantizar que los criterios y el procedimiento para el reconocimiento de los sindicatos se pongan en conformidad con el Convenio;
• - adopte medidas legales y prácticas para garantizar la aplicación efectiva de las vías de recurso y de las sanciones contra actos de discriminación antisindical, y
• - asegure que los trabajadores migrantes puedan entablar negociaciones colectivas en la práctica.

La Comisión realiza un llamamiento al Gobierno de Malasia para que recurra a la asistencia técnica de la OIT con miras a aplicar estas recomendaciones, y para que se asegure de que su legislación y su práctica cumplen con el Convenio núm. 98.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1999, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Una representante gubernamental de Malasia abordó las preocupaciones de la Comisión relativas a la aplicación del Convenio núm. 98 por parte de Malasia, desglosándolas en tres aspectos. En primer lugar, el artículo 15 de la ley de relaciones profesionales de 1967 sobre los contratos colectivos para las empresas consideradas "pioneras". En segundo lugar, al artículo 13 de la misma ley en lo que respecta a las restricciones sobre ciertas cuestiones relativas a la negociación colectiva. En tercer lugar, al derecho de negociar colectivamente de los funcionarios públicos, en virtud del artículo 15 de la misma ley.

Por lo que respecta a la primera cuestión indicó que el Gobierno informó a la Comisión de que la derogación de dicha disposición está en curso. No obstante, como el procedimiento de derogación forma parte de una enmienda general de la ley de relaciones profesionales de 1967, la reforma de dicho artículo se ha retrasado por inadvertencia ya que se deben armonizar las enmiendas con otras disposiciones que se están incorporando. El Gobierno de Malasia es plenamente consciente de que la disposición pertinente ya no responde a su propósito inicial y ha adoptado las medidas adecuadas para derogarla en un futuro próximo. También se comprometió a enviar a la Oficina un ejemplar de la legislación enmendada una vez que fuese sancionada por el Parlamento.

En lo que respecta a la segunda cuestión, el Gobierno tomó nota de que las cuestiones relativas al empleo, la promoción y la terminación deberían ser consideradas como cuestiones cuya decisión incumbe a la dirección, como parte de sus prerrogativas para dirigir la empresa. El Gobierno también tomó nota de la opinión de la Comisión de que el traslado, el despido y la reincorporación no deberían quedar excluidos del ámbito de la negociación colectiva. A este respecto, el Gobierno reiteró su posición de que esas cuestiones no deberían determinarse previamente en un convenio colectivo. A su juicio, si se las determinase en los convenios colectivos, se afectarían las prerrogativas de la dirección de gestionar eficazmente sus actividades. Sin embargo, si bien esas cuestiones se excluyen de la negociación colectiva, esto no significa que se garanticen derechos irrestrictos a este respecto, como lo revelan numerosas decisiones pertinentes dictadas por los tribunales de Malasia. Pese a esta restricción, los temas relacionados con dichas cuestiones han sido objeto de frecuentes negociaciones, consultas y acuerdos celebrados entre los sindicatos y la dirección, toda vez que fue necesario, ya que la legislación laboral de Malasia no prohíbe tales negociaciones.

Por lo que respecta a la tercera cuestión, relativa a la exclusión de los servicios públicos de la negociación colectiva, el Gobierno reiteró que el Congreso de Sindicatos de Empleados del Sector Público y de la Administración del Estado (CUEPACS) y el Ministerio de Administraciones Públicas, se reunían periódicamente en diversos consejos mixtos. En sus discusiones deliberaban y negociaban remuneraciones, condiciones de trabajo y de empleo y la resolución de las anomalías que se deriven de las mismas. Mientras que las cuestiones básicas tales como salarios, pensiones, aumentos y subsidios generales se plantean a través del CUEPACS, órgano central de los sindicatos de la función pública, las cuestiones específicas de determinados servicios u organismos son tratadas por los sindicatos interesados con los organismos correspondientes, ya sea a través de los consejos mixtos departamentales o directamente por el Ministerio de Administraciones Públicas. En la actualidad, existen unos 300 sindicatos en el sector público que representan a los trabajadores de diversos servicios, categorías y organismos. Una vez que ha concluido la negociación, se distribuyen circulares a los organismos pertinentes con objeto de proceder a la aplicación de los acuerdos.

Habida cuenta de que el sector privado y el sector público tienen objetivos diferentes y de que el Gobierno es el empleador de más de 850.000 trabajadores, no es posible negociar colectivamente y celebrar convenios colectivos con cada uno de los sindicatos. El Gobierno tiene que garantizar la equidad y la uniformidad de los salarios y de las condiciones de trabajo y de empleo de todos sus empleados. Al mismo tiempo, al determinar las remuneraciones y otras prestaciones para sus propios empleados, el Gobierno ha de tener presente la situación económica y financiera y los servicios que deben proporcionarse a todos los ciudadanos. En Malasia los mecanismos de consulta y de negociación para los empleados públicos no se limitan a los que se aplican entre el CUEPACS y el Ministerio de Administraciones Públicas o entre los sindicatos interesados con los diversos organismos. Los sindicatos tienen acceso a la más alta autoridad, es decir, el Primer Ministro. Hasta la fecha, los mecanismos vigentes han ofrecido una vía adecuada para las discusiones y negociaciones relativas a los salarios y a las condiciones de trabajo y de empleo de los funcionarios públicos y han conseguido asegurar la protección y el fortalecimiento de los intereses y el bienestar de estos funcionarios. Por ejemplo, a principios de 1997, cinco sindicatos que representaban a empleados de cinco organismos gubernamentales presentaron al Gobierno propuestas y peticiones de ajustes salariales. Lamentablemente, debido al deterioro de la situación económica que comenzó a mediados de 1997, las discusiones sobre las propuestas se dejaron de lado temporalmente. Sin embargo, hace seis meses se reanudaron nuevamente las discusiones. Hace sólo unos días el Primer Ministro anunció que el Gobierno aprobaba, entre otras cosas, ajustes salariales para los cinco organismos mencionados, que favorecerán prácticamente a 11.000 trabajadores, en particular a aquellos que tienen remuneraciones más bajas. Previamente, se distribuyó una nueva circular por la que se establece que determinados grupos de empleados recibirán una asignación especial por función. El CUEPACS desempeñó un papel importante prestando asistencia a los cinco sindicatos durante esas negociaciones.

La política permanente del Gobierno de Malasia siempre ha sido la de garantizar que la equidad prevaleciera entre todos los ciudadanos, especialmente en los planos económico y social. La mejora de la calidad de vida de la población sólo puede lograrse mediante el desarrollo económico. Por consiguiente, es esencial que las leyes, las políticas y las prácticas ofrezcan un equilibrio entre la protección del trabajador y el desarrollo de la empresa, con el objeto de garantizar la estabilidad y la armonía y un clima propicio al desarrollo. Indicó que el delegado de los trabajadores de Malasia que representa al CUEPACS podrá ratificar lo afirmado por la representante gubernamental.

Los miembros empleadores afirmaron que el presente caso fue examinado anteriormente en la Comisión de la Conferencia en 1994. El caso se refiere a cuestiones relativas a la negociación colectiva, en particular en lo que respecta al artículo 4 del Convenio, que tiene un carácter más promocional. Al respecto, la Comisión ha planteado tres cuestiones en su informe. La primera atañe al artículo 15 de la ley de relaciones profesionales (IRA), que limita el campo de aplicación de los contratos colectivos para las denominadas "empresas pioneras". Los miembros empleadores indicaron que el representante gubernamental ya había prometido en 1994 que sería enmendada esta disposición de ley de relaciones profesionales. Sin embargo, el procedimiento legislativo ha experimentado algunos retrasos, como consecuencia de los cuales ese proyecto de ley sólo recientemente fue presentado al Parlamento para su examen. Por este motivo, los miembros empleadores consideraron que el Gobierno debería facilitar informaciones en relación con el contexto de ese proyecto en esta etapa del procedimiento legislativo. Otra de las cuestiones se refiere al artículo 13, 3) c) de la ley de relaciones profesionales sobre las prerrogativas de la dirección en materia de gestión interna, tales como promoción, traslados, empleo, terminación, despido y reincorporación. Los miembros empleadores recordaron que existe un acuerdo en lo que respecta al derecho del Estado, al determinar las cuestiones que no serán objeto de negociaciones colectivas, ya que en definitiva esas cuestiones afectan los derechos de gestión de dirección. En efecto, el Convenio no enumera las cuestiones que no están sujetas a la negociación colectiva. Si las disposiciones fuesen tan detalladas, ello estaría en contradicción con el carácter voluntario de la negociación colectiva. Los miembros empleadores estimaron que las disposiciones a este respecto sólo podrían aceptarse como una recomendación que no fuera jurídicamente vinculante a este respecto, mencionaron que el reconocimiento de prerrogativas de la dirección para la gestión interna conduciría a un reconocimiento de la posible limitación del derecho de huelga. Sin embargo, la Comisión de Expertos nunca consideró tales limitaciones. En relación con ciertas restricciones al derecho de negociar colectivamente a los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado (artículo 52 de la ley de relaciones profesionales), los miembros empleadores se refirieron a lo indicado por la representante gubernamental, en el sentido de que existen comisiones que participaron en la discusión de las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo, tales como la fijación de las remuneraciones. Para concluir, señaló que debería solicitarse al Gobierno que comunicara informaciones precisas sobre el número de negociaciones colectivas que tuvieron lugar, el número de comisiones, así como sobre el número de acuerdos concluidos a ese respecto. Esta detallada información debería proporcionarse por escrito al igual que la información relativa a la enmienda del artículo 15 de la ley de relaciones profesionales que se está examinando en la actualidad.

Los miembros trabajadores consideraron que éste es un caso grave. Pese a la misión realizada por la OIT en 1993 y a la discusión en la Comisión de este caso en 1994, la situación sigue inalterable. El Gobierno ha tenido cinco años para cumplir su compromiso de derogar la legislación que limita el ámbito de aplicación de los acuerdos colectivos para las empresas que disfrutan del "estatuto de precursor"; la Comisión sigue a la espera. Malasia tiene asimismo graves problemas con la aplicación del Convenio núm. 87. Si bien los miembros trabajadores reconocen que la Comisión no discute ahora el Convenio núm. 87, señalan, no obstante, a su atención la bien conocida interrelación entre los Convenios núms. 87 y 98. No viene al caso dar a los trabajadores el derecho de sindicación si no pueden negociar colectivamente, tampoco en darles el derecho a la negociación colectiva si no tienen derecho a organizarse. Con respecto a las tres cuestiones planteadas por la Comisión, los miembros trabajadores expresaron su decepción ante las declaraciones formuladas por el representate gubernamental. En 1994, el Gobierno había señalado que estaba tomando medidas para enmendar la sección 15 de la ley de relaciones laborales. Los miembros trabajadores pidieron al Gobierno que explique por qué razón quedó esta enmienda en punto muerto durante los pasados años. Se preguntó asimismo al representante gubernamental cuál es la situación de la enmienda propuesta, y que declare si el Gobierno tiene intención de tomar medidas para acelerar este proceso. Mostrando su desacuerdo con la declaración formulada por los miembros empleadores, de que cuestiones tales como la promoción, el empleo y la terminación de la relación de trabajo eran asuntos reservados exclusivamente a la decisión de la dirección, los miembros trabajadores recalcaron que la Comisión de Expertos había declarado de hecho que estas cuestiones "podrían finalmente" ser consideradas prerrogativas internas de la dirección. Los miembros trabajadores hicieron hincapié en que otras cuestiones, a saber, el traslado, el despido y la readmisión, no deberían ser excluidas del ámbito de aplicación de la negociación colectiva de acuerdo con la Comisión de Expertos. Los miembros trabajadores convinieron en que la legislación podría expresarse en términos más generales, pero señalaron que, si el Gobierno tiene intención de legislar específicamente sobre este punto, debería seguir las recomendaciones de la Comisión de Expertos. Por consiguiente, pidió al Gobierno que hiciese saber su intención a tal respecto. Los miembros trabajadores tomaron nota de la declaración formulada por el representante gubernamental de que, en la práctica, los empleadores malayos no tienen derechos absolutos en relación con la restricción de la negociación colectiva. Aunque esto es tranquilizador, no tiene que ver con la cuestión planteada por la Comisión de Expertos. Dicho en pocas palabras, la legislación nacional no está en conformidad con el Convenio y hay que enmendarla. En relación con los comentarios formulados por la Comisión sobre ciertas restricciones impuestas al derecho de negociación colectiva para los funcionarios públicos distintos de los que trabajan en la administración del Estado, los miembros trabajadores tomaron nota de la declaración presentada por el representante gubernamental, según la cual los consejos mixtos nacionales son una vía suficiente para la negociación colectiva. Si bien los miembros trabajadores admiten que no se ha recibido ninguna queja en relación con este proceso por parte sindical, resaltaron la distinción entre la ley y la práctica e instaron a que la ley esté de conformidad con el Convenio. Se pidió al representante gubernamental que responda a esta cuestión. Por último, los miembros trabajadores señalaron que el Gobierno no podía aducir los condicionamientos del desarrollo económico como excusa para no ajustar su legislación al Convenio, que es un Convenio fundamental de Derechos Humanos de la OIT sin claúsula de flexibilidad, e instó al Gobierno a que tome rápidas medidas a este respecto.

El miembro trabajador de Malasia abordó la cuestión de las restricciones al derecho de negociar colectivamente en la función pública de Malasia a la que se hace referencia en el párrafo 3 del informe de la Comisión de Expertos. Como el Gobierno ya lo ha indicado en su memoria presentada a la Comisión de Expertos, el Congreso de Sindicatos de Empleados del Sector Público y de la Administración del Estado (CUEPACS), los funcionarios de los consejos mixtos nacionales y del Ministerio de Administraciones Públicas se reúnen periódicamente para examinar las cuestiones que afectan a los empleados de la administración pública. A través de estas discusiones, los sindicatos del sector público contribuyen efectivamente a las deliberaciones sobre las remuneraciones, las condiciones de trabajo y de empleo y la resolución de las anomalías que se derivan de las mismas. El Gobierno ha subrayado y garantizado que los consejos mixtos nacionales ofrecen una vía suficiente para la discusión y la negociación de los salarios y de las condiciones de trabajo y empleo de los funcionarios públicos, y que el CUEPACS desempeña, en su calidad de centro nacional para los funcionarios públicos, un papel importante y de responsabilidad en la protección de sus intereses, incluida la negociación salarial. A este respecto, indicó que, si bien esperaba que en un futuro próximo se aplicara un sistema análogo al de la negociación colectiva, en la actualidad, y durante algunos años, seguirá aplicándose el sistema, aceptado por el CUEPACS, de llevar a cabo discusiones y negociaciones que se han expuesto previamente. En principio, el CUEPACS y el Gobierno de Malasia convinieron en que, debido a las mejoras de la situación económica, las escalas salariales se revisarían cada cinco años. La última revisión salarial para los funcionarios públicos de Malasia tuvo lugar el 1.o de enero de 1992 y fue aprobada por el Gobierno tras la celebración de reuniones y discusiones con el CUEPACS. A solicitud de este último, se efectuaron algunos ajustes en 1995. En unos meses comenzarán las negociaciones con la participación del CUEPACS para una nueva revisión de las escalas salariales, en cumplimiento de un acuerdo celebrado con el ministro de finanzas de Malasia el 18 de marzo de 1999. Se puede considerar que este sistema forma parte del concepto de negociación colectiva. El CUEPACS, que representa a unos 800.000 empleados públicos de Malasia, espera que se incorporen mejoras al sistema de negociación de los funcionarios. En principio, durante la reunión del consejo mixto nacional, celebrada el 24 de abril de 1999, el Gobierno aceptó que se estableciera un tribunal de arbitraje de funcionarios públicos con competencias en la organización de los servicios y en otras cuestiones planteadas en la función pública.

El miembro empleador de Malasia indicó que deseaba referirse a las denominadas prerrogativas de la dirección a las que se hace referencia en el párrafo 2 del informe de la Comisión de Expertos. Expresó su satisfacción al observar que la Comisión de Expertos hubiera aceptado que los empleadores gocen efectivamente de libertad para dirigir la empresa y que esta libertad suponga ciertos derechos de gestión. Subrayó que esta libertad de gestión ha tenido por consecuencia que se crearan empleos y puestos de trabajo. Para alentar y fortalecer ese aporte de los empleadores, éstos deben conservar ciertos derechos de gestión que han de quedar fuera del ámbito de la negociación colectiva. En el caso de Malasia, algunos de esos derechos se incorporaron en el artículo 13 de la ley de relaciones laborales (IRA). Tales derechos deberían conservarse, por lo que la organización a la que pertenece el orador (Federación de Empleadores de Malasia) no es partidaria de que el Gobierno realizara reforma alguna al respecto. La ley de relaciones profesionales había funcionado en forma satisfactoria durante más de 20 años y, habida cuenta del contexto tripartito que enmarcaba su aplicación, no es necesario modificarla. Indicó que, en todo caso, los derechos de gestión de la dirección no deberían ejercerse de manera arbitraria. En una importante decisión judicial del tribunal del trabajo se había limitado el ejercicio de esos derechos y toda queja en la materia debería presentarse a dicho tribunal. Además, y en la medida en que exista un descontento general con esos derechos y su ejercicio, cualquiera de las partes podrá plantear la cuestión ante el Consejo Asesor Nacional del Trabajo de Malasia, una entidad de carácter tripartito establecida para examinar cuestiones laborales.

El miembro trabajador de Pakistán señaló que el Gobierno no ha cumplido el compromiso contraído en 1994 de enmendar la sección 15 de la ley de relaciones laborales. Instó al Gobierno a que acelere este proceso y enmiende asimismo las secciones 13, 3) y 52 de la ley, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de Expertos. Tomó nota de los comentarios formulados por los miembros empleadores y por los trabajadores de Malasia, en los que exponen su deseo de mejorar el sistema actual en el país. El orador pidió al Gobierno que facilite la información pedida por la Comisión de Expertos sobre el modo en que se alienta y promueve la negociación colectiva en la práctica entre empleadores públicos y funcionarios públicos distintos de los que trabajan al servicio del Estado. Aunque tomando nota de la información del Gobierno de que la legislación malaya ha sido interpretada por los tribunales, puntualizó que los trabajadores a título individual no siempre eran capaces de defender jurídicamente sus quejas. Recordó al Gobierno que sigue bajo la obligación de poner su legislación nacional de conformidad con el Convenio, y expresó la firme esperanza de que así lo hará en un próximo futuro.

Otro representante gubernamental de Malasia agradeció a todos los oradores por sus comentarios. Recordó que siempre había sido política de su Gobierno revisar todas las leyes del trabajo para mantenerlas en concordancia con el desarrollo económico. Reiteró que no hubo retraso alguno para enmendar la sección 15, pero explicó que, desde 1994, se han enmendado otras disposiciones legales, y se pidió que todas estas enmiendas se presenten juntas, lo que naturalmente motivó otra demora. También señaló que el proceso de enmienda de la legislación implica la consulta con los interlocutores sociales. Explicó seguidamente que la situación económica a la baja de 1997 había modificado algunas prioridades, y ha sido necesario proteger los intereses de los trabajadores. Por último, aseguró a la Comisión que su Gobierno presentará las enmiendas legislativas necesarias tan pronto hayan sido adoptadas por el Gobierno.

El miembro trabajador de Grecia consideró inaceptable la excusa del representante gubernamental, según la cual su país había tomado todas las medidas para llevar a cabo las enmiendas legislativas, pero que ello resultaba difícil. El orador indicó que no puede aceptar que, tras cinco años, no se haya comprobado ninguna modificación, tanto más si se tiene en cuenta que Malasia es un país económicamente desarrollado y que no había sufrido demasiado la crisis asiática.

Los miembros trabajadores expresaron su decepción ante la respuesta del Gobierno. Este sólo respondió al primer punto y esa respuesta ha sido la misma que la dada en 1992 y 1994. Los miembros trabajadores instaron a la Comisión a que indique al Gobierno el carácter urgente de la cuestión para que éste dé celeridad al proceso de enmienda. Los miembros trabajadores resaltaron que sería desastroso para el sistema de control de la OIT que cuestiones discutidas una y otra vez no fuesen nunca objeto de las correspondientes medidas. Se debería exigir al Gobierno que responda a la cuestión planteada por la Comisión de Expertos respecto de la legislación que regula las prerrogativas internas de la gestión. Por último, se señala que es insuficiente la respuesta del Gobierno de que el sistema de consulta con respecto a la negociación colectiva para los funcionarios públicos funciona adecuadamente.

Los miembros empleadores recordaron sus opiniones expresadas en la primera intervención. La Comisión de la Conferencia no puede pedir al Gobierno que suprima las restricciones impuestas en la sección 13, 3), c) de la ley de relaciones laborales relativas a cuestiones conocidas como prerrogativas internas de la gestión. No se necesitan forzosamente disposiciones sobre cuestiones que deben ser excluidas de la negociación colectiva. Esta cuestión tiene que regularse en consulta con los interlocutores sociales. Sin embargo, el método para determinar las materias negociables colectivamente puede diferir de un país a otro. Por consiguiente, sólo se debería pedir al Gobierno que facilite información adicional sobre el tema. Además, hay acuerdo en cuanto a la necesidad de enmendar la sección 15 de la ley de relaciones laborales.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Un representante gubernamental declaró que la Comisión de Expertos había planteado tres problemas principales en su observación de este año. Se limitaría a formular comentarios sobre estos tres asuntos: 1) el alcance de los contratos colectivos para las llamadas "empresas pioneras"; 2) las prerrogativas internas de dirección, y 3) la negociación colectiva en el servicio público. Sobre el primer asunto, el Gabinete había aprobado una propuesta de derogar el artículo 15 de la ley de relaciones profesionales, el cual limitaba el alcance de los contratos colectivos para las llamadas "empresas pioneras". Se estaban tomando las medidas apropiadas para hacer efectiva la derogación de la disposición mencionada. La nueva legislación sería transmitida a la OIT tan pronto como fuera aprobada por el Parlamento. En lo relacionado con las prerrogativas internas de la dirección, el orador subrayó que el artículo 13 de la ley de relaciones profesionales no confería ninguna ventaja a los empleadores ni provocaba desventajas para los trabajadores, dado que los asuntos cubiertos por la disposición mencionada quedaban sujetos a la negociación, a la conciliación, al arbitraje y a las decisiones judiciales. Estos asuntos podrían plantearse en cualquier momento, y cuando era necesario, se podían oponer a otros temas cubiertos por los convenios colectivos que se negociaban a intervalos determinados. Por último, en referencia al tercer asunto, el artículo 52 de la ley de relaciones profesionales trataba la negociación colectiva para los empleados de la administración pública. Dichos asalariados, por intermedio de sus sindicatos, habían celebrado consultas regulares en lo relativo a algunos aspectos de las condiciones de empleo, especialmente sobre la remuneración. El Congreso de Sindicatos de Trabajadores de los Servicios Públicos y de la Administración, las oficinas de los Consejos Nacionales Paritarios y del Departamento de Servicios Públicos se reunían mensualmente para discutir temas que afectaban a los empleados de la Administración del Estado. Mediante estas discusiones, eran las partes quienes trabajaban con la finalidad de resolver los problemas, a través del consenso. El Consejo Consultivo Nacional del Trabajo, de composición tripartita, en su reunión de abril de 1994, tomó nota de la necesidad de adaptarse a los cambios en la economía del país y a las exigencias sociales cambiantes, en el marco de un proceso continuado. El Gobierno había adoptado medidas positivas, y seguiría haciéndolo, para dar efecto al Convenio.

Los miembros empleadores agradecieron al representante gubernamental sus explicaciones, recordaron que la mayor parte de las cuestiones planteadas por este caso habían sido ya discutidas por la Comisión en 1992, y que una misión de contactos directos se había realizado en 1993. La observación de la Comisión de Expertos se refiere a tres puntos. En lo que respecta a las limitaciones aportadas por la ley a la negociación colectiva en las llamadas empresas "pioneras", el representante gubernamental confirmó que deberían ser eliminadas próximamente. Debería especificar en qué plazos se modificaría la ley. La exclusión de la negociación colectiva de las cuestiones que dependen del poder de dirección, había sido ya extensamente discutida en el pasado por la Comisión de la Conferencia. El Gobierno indicaba que este tipo de cuestión podía ser, en efecto, negociada y que se cuenta con procedimientos de solución de conflictos a tal efecto. Sin embargo, quedaba planteada la cuestión de la existencia de un poder propio de dirección, y los empleadores consideraban que, en algunos ámbitos, la decisión final pertenecía a la dirección y no habría de ser compartida. Era posible que no se impusiera, no obstante, la exclusión de estos ámbitos de la negociación colectiva por la ley. En cuanto a las restricciones al derecho de negociación colectiva en la administración pública, los miembros empleadores observaron que de acuerdo con el Gobierno aquéllas estaban en parte compensadas por el hecho de que instancias paritarias integradas por el Gobierno y representantes de los trabajadores se reunían varias veces al año. Era conveniente recordar que en este terreno, lo que se buscaba era el fomento de la negociación colectiva voluntaria, a través de medidas adecuadas a las condiciones nacionales. El diálogo en el marco de estas instancias era posible que debiera ser interpretado como un primer paso en este sentido, que llamaba a nuevos progresos. De manera general, el Gobierno debería ser alentado a progresar en la buena senda y a informar sobre todos los cambios que hubieran sido aportados.

Los miembros trabajadores agradecieron asimismo al representante gubernamental sus explicaciones ante la Comisión. Las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos serían, a partir de ahora, suficientemente conocidas por la presente Comisión, como para que sea necesario volver sobre ellas en detalle. Era, sin embargo, de utilidad recordar que en 1992 la Comisión de la Conferencia había criticado una legislación que permitía injerencias inaceptables en la negociación colectiva. La Comisión de Expertos tomó nota de que el Gobierno contemplaba seriamente la derogación del artículo 15 de la ley sobre relaciones profesionales y el representante gubernamental indicó que a tal efecto se había adoptado decisiones. No queda sino esperar que se trate del primer signo de una actitud más constructiva del Gobierno respecto de las normas. Era lamentable que no se realice progreso alguno en otros dos puntos. El representante gubernamental, que invocaba la necesidad de tener en cuenta las exigencias del desarrollo económico, fue invitado a remitirse al párrafo 21 del informe general de la Comisión de Expertos, que señala que el cumplimiento de las normas relativas a los derechos humanos fundamentales se impone independientemente de la situación o de las fluctuaciones económicas. La Comisión de la Conferencia deberá suscribir las solicitudes de la Comisión de Expertos de disponer de mayor información. Convenía insistir para que el Gobierno informe a la OIT sobre las medidas que prevé para proteger a los trabajadores contra los actos de injerencia y de discriminación.

El miembro empleador de Malasia afirmó que el hecho de que se excluyan del artículo 13, párrafo 3, de la ley de relaciones profesionales asuntos tales como la promoción, el traslado, el empleo, la terminación, el despido y la atribución de tareas (prerrogativas internas de dirección) no violaban el Convenio. No comparte el opinión de la Comisión de Expertos según la cual el artículo 13 (3) constituye una "limitación" al Convenio. Comparte la opinión de la Comisión de Expertos sobre este mismo punto en el marco del Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva por cuanto a que "consultas de carácter tripartito" destinadas a establecer, de común acuerdo, las líneas directrices en materia de negociación colectiva. Subrayó que el artículo 13, párrafo 3, no garantizaba derechos ilimitados a los empleadores, como lo atestiguaban las numerosas decisiones de los tribunales de Malasia sobre la materia. Por ejemplo, un empleador podía negarse a promover a un empleado por una causa justa y todo sindicato podía, de conformidad con la ley, plantear el problema de si la causa era o no justa. Aún más, la prerrogativa del empleador de transferir a un trabajador, no era ilimitada y los tribunales habían decidido que no debía resultar irrazonable o faltar el empleador a la buena fe. Los despidos para reducir el personal no se podían efectuar de manera arbitraria y se debía aplicar el principio "el último que llega, el primero que se va". El despido injustificado debía dar lugar al reintegro del trabajador. Todo lo anterior demostraba que los empleadores no podían ejercitar libremente sus prerrogativas de un modo arbitrario. Por ende, el artículo 13, párrafo 3, no imponía limitaciones y estaba de conformidad con el Convenio. Por otra parte, no había disposiciones en el Convenio núm. 98 que establecieran un derecho ilimitado de los sindicatos a negociar en nombre de sus miembros. Disponer que asuntos tales como la promoción, el traslado o la atribución de tareas fueran cubiertos por un convenio colectivo equivaldría a afirmar que la dirección no era responsable de la administración de la empresa, lo que indudablemente sería contrario a la práctica generalmente aceptada en todas partes.

El miembro gubernamental de Indonesia consideró que el Gobierno de Malasia había tomado medidas significativas y alcanzado progresos en este asunto. En primer lugar, el Gobierno de Malasia había aprobado la propuesta de derogar el artículo 15 de la ley de relaciones profesionales, que limitaba el alcance de los contratos colectivos para las llamadas "empresas pioneras". Se celebraron reuniones periódicas de los interlocutores tripartitos del sector público. El Congreso de Sindicatos de Trabajadores de los Servicios Públicos y de la Administración debería advertir rápidamente algunos progresos.

El miembro trabajador de Pakistán señaló a la atención del representante gubernamental el párrafo 2 de la Comisión de Expertos, en lo relativo al párrafo 3 del artículo 3 de la ley de relaciones profesionales, en tanto que limitaba el derecho de la negociación colectiva sobre cuestiones de promoción, traslado, empleo, terminación, despido y reintegro. Expresó su desacuerdo con lo afirmado por el representante gubernamental, en el sentido de que estos asuntos no quedaban sujetos a la negociación colectiva y debían tratarse mediante decisiones judiciales. En su opinión, el artículo 1 del Convenio núm. 98 requería que los trabajadores gozaran de protección contra las actividades antisindicales. En lo relativo a los derechos de negociación colectiva de los funcionarios no ocupados en la administración del Estado, el orador afirmó que el Convenio requería expresamente que dichos trabajadores tuvieran derecho a la negociación y dispusieran de la negociación colectiva. Recordó que la Comisión de Expertos había declarado en su Estudio general que era esencial que dichos trabajadores participaran plenamente en la negociación colectiva y tengan acceso a todos los datos, tanto financieros como presupuestarios y de otra índole, que les permitieran evaluar la situación. No era suficiente afirmar, como había hecho el representante gubernamental, que siempre había un consenso general sobre tales asuntos. La negociación colectiva era necesaria para resolver las diferencias eventuales entre trabajadores y empleadores. El orador instó al Gobierno a que modificara su legislación a la luz de la observación formulada por la Comisión de Expertos y que revisara el artículo 15 de la ley de relaciones profesionales.

El miembro trabajador de Japón observó el tono positivo con que se había expresado el representante gubernamental, pero se sentía un tanto molesto, dado el apoyo que recibió del miembro empleador de Malasia y del miembro gubernamental de Indonesia, país que había mantenido una posición similar en otra observación de la Comisión de Expertos. Se adhirió a lo expresado por el portavoz de los miembros trabajadores, expresando su esperanza de que se realizarían progresos verdaderos y concretos y que la Comisión de Expertos estaría en condiciones de examinar más adelante el caso.

El representante gubernamental reiteró que se habían tomado medidas positivas para modificar la legislación de su país. En lo que se refería a la derogación del artículo 15 de la ley de relaciones profesionales, la discusión tendría lugar en el Parlamento en diciembre de 1994. Sobre los otros dos asuntos, el Consejo Consultivo Nacional del Trabajo consideraba el tema y confiaba en que toda sugerencia de la Comisión de la Conferencia sobre la manera en que se podría revisar la legislación sería acogida con agrado. Si bien la mayoría de los países consideraban las necesidades de inversión y desarrollo como asuntos de alta prioridad, no implicaba que fueran a sacrificar los intereses del mundo del trabajo. El trabajo desempeñaba un papel muy importante en los esfuerzos gubernamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo e inversión y esto continuaría realizándose bajo la conducción de dirigentes sindicales responsables. Las tres centrales sindicales más importantes del país participaban en el Consejo Consultivo Nacional del Trabajo y confiaba en que mediante estas discusiones tripartitas con los empleadores se harían progresos concretos en el futuro.

Los miembros trabajadores señalaron que el representante gubernamental se proponía demostrar que el artículo 13, párrafo 3, no planteaba problema alguno en la práctica. Si tal es el caso, lo que corresponde es que el Gobierno proceda a probarlo, comunicando las informaciones solicitadas por la Comisión de Expertos.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Un representante gubernamental indicó que en relación con el artículo 13, párrafo 3 de la ley sobre relaciones profesionales y su no conformidad con el artículo 4 del Convenio, se hace necesario detallar más claramente algunas explicaciones que ya fueron comunicadas a la Comisión de Expertos. En virtud del artículo 13, párrafo 3 de la ley sobre relaciones profesionales de 1967 las siguientes cuestiones quedan excluidas de la negociación colectiva: ascensos, traslados, empleo, recisión, despido, reinstalación y distribución de tareas específicas. Tales materias, sin embargo, pueden ser discutidas directamente con el empleador o la organización de empleadores, en el marco o fuera de la negociación colectiva, si ello afecta individualmente al trabajador. En su opinión, los sindicatos tienen libertad para utilizar el mecanismo de la negociación colectiva para plantear cuestiones relativas a los términos y las condiciones de empleo. Las cuestiones excluidas de la negociación colectiva pueden ser objeto de conciliación y arbitraje y ser sometidas a la Corte de Relaciones Profesionales y a la Corte Suprema; alrededor de 52,2 por ciento de los casos tratados proceden del Departamento de Relaciones Industriales durante los últimos cinco años. Estas seis cuestiones son funciones de administración interna o prerrogativas y la disposición mencionada constituye una afirmación de los derechos del empleador. Estas prerrogativas han sido limitadas, por ejemplo, los traslados no pueden ser de mala fide, ni ser utilizados como un medio de intimidación, ni como una práctica desleal. La ley sobre relaciones profesionales otorga suficiente protección a los derechos de los trabajadores. En su opinión, el artículo 13, párrafo 3 se refiere a cuestiones que tienen que ver con conflictos individuales y tienen poca relación con los convenios colectivos. Una restricción adicional en el ejercicio de los derechos de los empleadores se encuentra en el artículo 5, 2), que establece que tales derechos pueden ser ejercidos únicamente por causa justificada. Además, el representante gubernamental declaró que en lo que atañe a la situación de las empresas llamadas pioneras en virtud del artículo 6 de la ley de promoción de las inversiones de 1986, los sindicatos no están autorizados a celebrar convenios colectivos en estas empresas en cuanto a días de descanso, horas de trabajo, vacaciones, feriados, licencia de enfermedad y pago de horas extraordinarias que prevean condiciones más favorables que las que están previstas en la sección XII de la ley de empleo de 1955, sin previa aprobación del Ministerio de Recursos Humanos. Sin embargo, tales sindicatos y compañías pueden celebrar convenios colectivos, sin restricción en materias tales como salarios, primas, subsidios, licencia en caso de fallecimiento de un familiar, licencias de maternidad y paternidad, licencia de estudios, licencia sin sueldo, licencia sindical, pensión de jubilación y otras condiciones de empleo. Subrayó que a pesar de que la derogación del artículo 15 de la ley sobre las relaciones profesionales se discute regularmente con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la creación de empleos es una prioridad, dadas las circunstancias actuales del país, y por tal razón esta derogación no será posible hasta tanto no existan las condiciones apropiadas. La restricción al derecho de negociación colectiva de los empleados de la administración pública (850 000 empleados), en aplicación del artículo 52 de la ley de relaciones profesionales de 1969 se debió en primer lugar a la diferencia de objetivos entre los sectores público y privado. Los salarios pagados al sector público no se fundaban en los mismos principios que se aplican al sector privado ya que el sector público se considera como un servicio, más que como una actividad lucrativa. Todos los funcionarios se encuentran regulados por la misma ley general, y sus tareas clasificadas como "elementos de apoyo" de manera que queden incluidos entre aquellos que están adscritos a la "administración del Estado". El representante gubernamental declaró que en el sector público las negociaciones y las discusiones se desarrollan a nivel nacional; desde los años setenta, cinco consejos conjuntos han negociado el aumento de salarios y el mejoramiento de las condiciones de trabajo para el sector público, en consulta y en nombre de los empleados públicos. Dicha negociación tuvo como consecuencia un incremento significativo del salario en 1989 y un nuevo sistema de remuneración en 1991. Además, un comité conjunto fue constituido el 30 de octubre de 1985. Este comité firmó una declaración conjunta el 6 de junio de 1986 en la cual se decidió ocuparse regularmente de los conflictos relativos a los salarios y a otros términos y condiciones de empleo en la administración pública. Subrayó que esto pone en evidencia que, en la práctica, el Gobierno ha negociado con sus empleados sobre estas materias.

Los miembros trabajadores, al recordar que las cuestiones relativas a la aplicación del Convenio vienen siendo planteadas por la Comisión de Expertos desde hace mucho tiempo, que las discusiones se llevaron a cabo en la comisión de la Conferencia en 1981, 1983 y 1985. Tomaron nota de que la memoria y las respuestas del Gobierno no aportan progreso alguno desde 1985. El Gobierno debería comunicar informaciones a la Oficina para su examen por parte de la Comisión de Expertos para que ésta pueda comprobar en qué medida han tenido lugar eventualmente esos progresos. Los dos grandes problemas que se plantean se refieren, por una parte, al contenido de la legislación y, por otra parte, a la actitud del Gobierno respecto del sistema de control y de la universalidad de las normas. En lo que respecta al contenido, se trata esencialmente de la empresa del Gobierno sobre el alcance de la negociación colectiva ilustrado por las tres divergencias entre la legislación nacional y el artículo 4 del Convenio mencionadas por la Comisión de Expertos. El Gobierno no se limita solamente a restringir la libre negociación, sino que ha concebido la legislación de modo tal que los trabajadores no son tratados en un plano de igualdad con los empleadores, lo que se desprende, especialmente, del artículo 13, párrafo 3 de la ley sobre relaciones profesionales. El espíritu de esta legislación quedó confirmado por el Gobierno en sus memorias, a las que se refiere la Comisión de Expertos, a saber, que las cuestiones enumeradas en el artículo 13, párrafo 3, tales como promociones, transferencias, despi-dos, etc., no deberían ser objeto de negociación, por cuanto esto podría entrañar largos conflictos, en la medida en que la patronal no consintiera probablemente en ninguna reducción de sus derechos en el proceso de negociación del convenio colectivo. Esta declaración es ilustrativa de la actitud desigual del Gobierno respecto de la negociación colectiva, así como de su espíritu paternalista en relación con algunas fuerzas vivas. Además, la legislación excluye, durante cinco años, para los trabajadores de empresas piloto o pioneras la posibilidad de celebrar convenios colectivos sobre aspectos fundamentales de sus condiciones de trabajo, como por ejemplo, duración del trabajo, licencias pagadas, vacaciones anuales, licencia por enfermedad, etc., lo que tiene incidencias negativas para los trabajadores, especialmente en empresas de zonas de exportación. Los miembros trabajadores nunca aceptaron una aplicación selectiva o parcial de las normas internacionales del trabajo. La posibilidad prevista en la ley de solicitar la aprobación del Ministro para dar validez a las negociaciones que tratan de estas condiciones de trabajo, señala también una mayor injerencia del Estado y su actitud respecto de las partes. En cuanto a la actitud del Gobierno en relación con la aplicación de las normas, especialmente con la universalidad de las normas, los miembros trabajadores señalan que la Comisión de Expertos se refirió a la opinión del Gobierno, según la cual el modo de concebir la aplicación de los convenios ratificados no debería ser demasiado legalista o técnica en una época en la que algunos espacios económicos y comerciales optaron por una intensificación del proteccionismo y convendría, según el Gobierno, considerar de manera favorable las intenciones de los países en desarrollo, a fin de contribuir al progreso de sus economías y eliminar la miseria. Los miembros trabajadores consideran que esos objetivos son normales, pero no deben ser colocados en oposición con las normas y los derechos fundamentales que se inscríben en el Convenio. No pueden aceptar tal actitud, y se refieren a este respecto a la resolución relativa a la libertad sindical y a la libre negociación colectiva, adoptadas por la 10. Conferencia Regional Asiática, a su propia declaración con ocasión del debate general y a las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 1 552 relativo a Malasia, en el que éste recuerda que los derechos humanos fundamentales, como los garantizados por el Convenio, deben ser respetados cualquiera sea el nivel de desarrollo de un país. Los miembros trabajadores insistieron en que el Gobierno elimine las restricciones contenidas en la legislación, a fin de establecer la conformidad con el Convenio, y en que una visita al terreno por parte de la OIT podría contribuir a superar estas dificultades. La situación relacionada con la aplicación del Convenio por parte de Malasia es sumanente preocupante, por cuanto todo el movimiento sindical se encuentra afectado. Se trata de una oposición entre, por una parte, todos los valores, los métodos y los principios tradicionales de la OIT y, por otra parte, una actitud de un gobierno que interpreta de modo inaceptable las obligaciones del Convenio.

Los miembros empleadores declararon que el ideal del Convenio es la libre negociación colectiva, pero la realidad en muchos países está lejos de este ideal. En Malasia, determinados ámbitos que dependen de las funciones de dirección no pueden ser objeto de negociaciones colectivas; sin embargo, no se encuentran al margen de toda la reglamentación, ya que es posible el recurso ante un tribunal. Existe, pues, una mezcla entre los ámbitos sometidos a la negociación colectiva, como por ejemplo, los salarios y otros que están reglamentados de modo diferente, situación común a muchos países y que determina que no exista una libertad completa de negociación colectiva. Por consiguiente, no existen en Malasia restricciones absolutas, pero persisten importantes exclusiones y el Gobierno debería reflexionar sobre la posibilidad de ampliar el campo de la negociación colectiva. En lo que respecta a las empresas "pioneras", y especialmente aquellas de las regiones exportadoras, los salarios pueden ser objeto de negociaciones colectivas, pero continúan las restricciones en lo relativo a otras condiciones de trabajo. Pueden, sin embargo, ser objeto de negociaciones, pero deben ser sometidas a la aprobación del Ministro, que nunca rechazó una solicitud en la materia. Para promover una nueva economía en un país en desarrollo, tales medidas son habituales y están muy difundidas, pero es evidente que no están en armonía con las disposiciones del Convenio. El representante gubernamental indicó que prevé levantar esta prohibición porque pareciera que las regiones protegidas podrían ser incluidas en la reglamentación normal, por lo cual conviene felicitarse, por una parte porque el Gobierno considera que su industria es suficientemente próspera para ser tratada en un plano de igualdad con otras ramas, y por otra parte, porque de este modo la legislación estaría en armonía con el Convenio en torno a este punto. El Gobierno debería hacer esfuerzos para revisar la legislación en este sentido. En cuanto al tercer punto, que trata de las restricciones a los derechos de negociación de algunos empleados de la administración pública, el Gobierno prevé la privatización de estos ámbitos. Esto es positivo y permitiría, además, resolver el problema, por cuanto los empleados que pertenecen al sector privado se beneficiarían del derecho de negociación colectiva. Sin embargo, en lo relativo a la administración pública, existen lagunas en relación con los objetivos del Convenio y los miembros empleadores esperan que el Gobierno haga todo lo posible para estar de conformidad con las exigencias del Convenio.

Un miembro empleador de Malasia consideró que las dis posiciones en virtud del artículo 13, párrafo 3 de la ley eran "medidas adecuadas a las condiciones nacionales" y que eran incompatibles con el artículo 4 del Convenio. El derecho de alguien está siempre sujeto al derecho de otros. El derecho de los trabajadores a la negociación colectiva debe ser considerado contrario a algunos derechos de los empleadores relacionados, por ejemplo, con la promoción, la transferencia y la asignación de tareas. Los empleadores son responsables de la gestión de la empresa, aunque no pueden ejercitar su derecho de modo ilegal. Existen casos judiciales contra los empleadores que actúan sin justa razón, o contra la justicia natural. El artículo 13, párrafo 3 debe ser considerado en el contexto de otras disposiciones legislativas y prácticas en Malasia. _Se podría negociar de un modo ilimitado en aspectos relativos al nombramiento, a la promoción, a la transferencia o a la asignación de tareas? Por consiguiente, el orador solicitó a la Comisión que revisara bajo esta óptica la conclusión de la Comisión de Expertos relativa al artículo 13, párrafo 3.

Un miembro trabajador de Japón afirmó que este caso había sido presentado a la Comisión durante muchos años sin que se haya registrado progreso alguno. Se plantean tres cuestiones: i) la limitación del ámbito de temas negociables; ii) la prohibición en relación con las industrias pioneras, y iii) la restricción al derecho de negociación colectiva para los empleados de la administración pública. Aunque existen tales restricciones en muchos países de Asía, el caso de Malasia es serio. El orador manifestó su preocupación ante la actitud del Gobierno y la impresión de que la situación descrita en el informe parecía deteriorada. Subrayó que la intención del Gobierno de adoptar medidas solamente cuando las condiciones políticas, económicas y sociales del país lo requirieran, no era, en absoluto, una seguridad y significaría que el Gobierno tiene el derecho de interpretar el Convenio a su gusto. Señaló también que Malasia, que solía tener una legislación laboral relativamente liberal, ha ido cerrando el paso gradualmente a los derechos sindicales, mientras su economía se iba desarrollando rápidamente. Solicitó al representante gubernamental que respondiera a la sugerencia de la Comisión de Expertos sobre la prestación de asistencia técnica de la Oficina, a fin de armonizar la legislación y la práctica con el Convenio.

El miembro trabajador de Estados Unidos apoyó firmemente la declaración formulada por el portavoz de los trabajadores. Al tomar nota de la declaración de intenciones del Gobierno para mejorar la situación en cada una de las tres áreas en discusión, subrayó la existencia de algunas contradiciones en la primera declaración, en cuanto a que la disposición no sería derogada hasta que las condiciones políticas, económicas y sociales del país lo requirieran, y en la declaración siguiente, en cuanto a que se estaban adoptando medidas activas en la actualidad para la derogación de esta disposición. El orador puntualizó la necesidad de que el Gobierno someta la memoria a la Comisión de Expertos para su evaluación.

El miembro trabajador de Malasia indicó que la mejora de las condiciones políticas, económicas y sociales de Malasia eran tales, que se había poducido un crecimiento económico del 8,8 por ciento y una tasa de desempleo de alrededor del 4,4 por ciento. En lo que respecta al artíclo 13, párrafo 3, los trabajadores afiliados a sindicatos pueden mantener conversaciones con los empleadores y ejercer presión en relación con estos temas, pero los trabajadores no afiliados a sindicatos no contarían con ayuda alguna cuando el artículo 13, párrafo 3, proteja los derechos de los empleadores. Esperaba, en relación con las empresas pioneras, que el tema hubiera sido abordado en su país en el marco de una discusión tripartita. En cuanto al sector público, el orador subrayó que no existe el derecho de negociación colectiva para la administración pública, excepto para aquellas materias que fueran motivo de reclamaciones al Gobierno por parte del sindicato de la administración pública. El Gobierno consideró, el Consejo de Ministros decidió y el tema fue remitidó al sindicato para su aceptación, lo que no es una verdadera negociación colectiva.

Un miembro trabajador de los Países Bajos solicitó a la Oficina que explicara la razón por la cual no se había discutido este caso desde 1985. Puntualizó que el Convenio no sólo otorgaba el derecho de negociación colectiva, sino que también tenía un definido carácter promocional. En lo que respecta al artículo 13, párrafo 3, al tomar nota en la declaración del Gobierno de que los trabajadores podían negociar si en verdad lo querían, se preguntaba por qué el Gobierno incluía en la legislación que estos elementos deberían ser excluidos de la negociación colectiva.

Un miembro trabajador de Rumania declaró que los trabajadores de su país están muy preocupados por la actitud del Gobierno de Malasia respecto de las normas internacionales del trabajo, en particular de este Convenio, posición que va en contra de la libertad de negociación colectiva y de los valores de la Constitución de la OIT. La universalidad de las normas y, especialmente, la libertad de negociación colectiva en un plano de igualdad entre los dos interlocutores de la negociación es un valor esencial. Al salir de un sistema totalitario que ha rechazado la universalidad de las normas, los trabajadores de Rumania no desean ya que tal ideología se imponga.

Un miembro trabajador de Uganda, al tomar nota de que Malasia se encuentra en una situación económica relativamente buena, manifestó sorpresa y decepción cuando el Gobierno declaró que la prohibición de los derechos de los trabajadores se proponía fomentar las inversiones, estimular el crecimiento y generar oportunidades de empleo, y que consideraba como no fundamentales temas tales como las horas de trabajo, las vacaciones, las licencias anuales o por enfermedad. Expresó su preocupación de que si la supresión de los derechos de los trabajadores no pudiera ser detenida, el buen trabajo realizado por la OIT se vería amenazado y amenazaría también a otros países que otorgan esos derechos, debido a que cualquier otro país que necesita fomentar las inversiones y estimular el desarrollo industrial, podía seguir el ejemplo de Malasia. Con referencia alinforme de la Comisión de Expertos respecto de las intenciones de privatización del Gobierno, declaró que no existen garantías de que el Gobierno no fuera a proteger al inversor después de las privatizaciones. Discrepó con el miembro empleador de Malasia en cuanto a relacionar los derechos de los trabajadores con los derechos de los empleadores.

Un miembro trabajador del Pakistán, refiréndose al Estudio General sobre libertad sindical y negociación colectiva observó que, según el Gobierno, las privatizaciones abrirían el camino a la negociación. En lo que respecta al artículo 13, párrafo 3, temas tales como despido de trabajadores, reducción de personal y promociones no deberían quedar excluidos de la negociación. Confiaba en que se produjeran cambios positivos en la legislación relativa a esta materia.

Un miembro trabajador del Ecuador manifestó que el caso de Malasia es de particular preocupación para los trabajadores y no existe duda por cuanto a la importancia que conceden a este Convenio, tanto los representantes de los trabajadores, como los representantes de los empleadores. Uno de los objetivos de la negociación colectiva es contribuir a promover el progreso y el desarrollo económico y a eliminar la miseria. Se sorprende que según el Gobierno, el Convenio debería aplicarse en función de las condiciones políticas, económicas y sociales de un país. La situación económica es asimismo preocupante en los países de América Latina y, de seguirse los criterios del Gobierno, la aplicación de este Convenio sería un privilegio de los países ricos que los países menos favorecidos no podrían seguir. Esto tendría una influencia negativa sobre el principio de universalidad de las normas. La idea de que la negociación colectiva pueda ser un freno para el desarrollo y una contribución al aumento de la miseria puede ser calificada, cuando menos, de "inapropiada". Al referirse brevemente al punto 3, que trata de las restricciones al derecho de negociación colectiva de los empleados de la administración pública, el orador declaró que los consejos nacionales mixtos mencionados por el Gobierno, que permitirían respetar parcialmente este Convenio, son absolutamente insuficientes. Por cuanto a la privatización de diferentes empresas del Estado y a la declaración del portavoz de los empleadores, considerando que los trabajadores se beneficiarán del derecho a la negociación colectiva, una vez que se privaticen sus empresas, estimó que ese no era el problema; lo esencial es que, se respete el derecho a la negociación colectiva previsto en el Convenio. Hace ya muchos años que vienen tratándose estas cuestiones de importancia y espera que el Gobierno realice sustanciales mejoras en el futuro.

Un miembro trabajador de Alemania se unió a las declaraciones del portavoz de los miembros trabajadores, especialmente en lo que respecta al derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos y declaró que el Convenio constituye una norma mínima. Los principios del Convenio disponen que cada país debe garantizar el derecho de organización y de negociación colectiva y que es indispensable que la dirección de la empresa reconozca la importancia de la negociación colectiva. Es necesario que se pueda proceder a la fijación de los salarios y de las condiciones de trabajo con la dirección. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores participan en este proceso y no es un privilegio para los trabajadores, ni una prerrogativa de la dirección, sino un derecho que pertenece a ambas partes. Para promover el desarrollo de una región o de una zona de un país se puede recurrir a ventajas fiscales y, eventualmente, a medidas de protección o a diferentes políticas gubernamentales, pero no es limitando las negociaciones colectivas que se favorecerá este desarrollo. Cuando un Estado ha ratificado el Convenio, debe garantizar a los trabajadores y a los empleadores la libre negociación colectiva. En referencia a las empresas multinacionales que se instalan en Malasia, declaró que es competencia de las autoridades velar para que se garantice el respeto de la negociación colectiva y para resistir a las presiones de estas empresas.

Otro miembro trabajador de Malasia declaró que, aunque el artícula 13, párrafo 3, prohíbe la negociación colectiva sobre las promociones y las transferencias, estas cláusulas se encuentran en realidad en práctica en acuerdos colectivos concluidos y convenidos. Muchas transferencias y promociones han constituido un reto, con un resultado exitoso. Produce una impresión equivocada el hecho de que el trabajador o el sindicato no puedan hacer nada debido a la legislación.

El miembro gubernamental del Congo declaró que el problema que se discute incluye un aspecto de principio y un aspecto práctico, y es el aspecto práctico el que interesa, en la medida en que algunos de los parámetros se presenten también en su país. Se trata de encontrar un equilibrio entre el derecho de todas las categorías de trabajadores de negociar colectivamente sobre todos los aspectos de sus condiciones profesionales, evitando que el empleador pierda su autoridad de gestión, y especialmente su autoridad disciplinaria, lo que ha ocurrido en algunos países en vías de desarrollo, en que los trabajadores han pasado a ser, prácticamente, algo así como empleadores, al imponer el ritmo a la empresa, lo que explica un poco, sin duda, la situación de Malasia. La protección de los inversionistas podría operarse, por ejemplo, a través del reglamento interior o precisando la función de cada institución, especialmente la del sindicato. Hay que evitar que, en un texto legislativo y de modo evidente, las autoridades públicas prohíban sistemáticamente la negociación y, de ser así el caso, la legislación debe ser modificada. Por el contrario, en la práctica, deberían encontrarse medios para que unos y otros conserven su autoridad.

El representante del Secretario General respondió a la pregunta formulada por un miembro trabajador en cuanto a las razones por las cuales la Oficina no incluyó este caso en la lista de casos individuales desde 1985. La Oficina no elabora esta lista. En efecto, el proyecto de lista de casos individuales es elaborado en el seno del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. Luego, el proyecto de lista es examinado en la Mesa de la Comisión, que somete esta lista a la aprobación de la Comisión. La Secretaría no desempeña papel alguno en este proceso, excepto cuando se trata de responder a las eventuales solicitudes de información, y lo hace con mucho gusto. Precisó, además, que la Comisión de Expertos formuló observaciones sobre este caso en 1987, 1989, 1991 y 1992, es decir, en todos los años en que debía examinarse este Convenio.

El representante gubernamental explicó que la cuestión de la "actitud" de polemizar por parte de varios miembros traba jadores se basaba únicamente en una percepción de valores preconcebidos. Destacando que su país tiene sin duda los mejores niveles de protección en el ámbito de los derechos de los trabajadores, que si se compara con otros países, declaró que no deseaba incursionar en un debate innecesario al respecto.

Declaró, además, que los derechos de los trabajadores deberían contrarrestar los derechos de los empleadores y que la negativa de éstos conduciría solamente a situaciones de quiebra, en detrimento de los intereses de los trabajadores. El derecho de los empleadores a decidir sobre tales funciones de gestión, no restringe el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva. Recordó la discusión con los actores sociales sobre la eventualidad de abrogar el artículo 15 relativo a los restricciones a la negociación colectiva en ciertos empresas nuevas. Por ende, su país no podía, por tanto, aceptar la afirmación, según la cual no se había registrado ningún progreso desde la última memoria. Explicó también que los seis puntos que figuran en el artículo 13, párrafo 3, no son definitivos y son objeto de más negociaciones en lo que atañe a la cuestión de la universalidad de las normas y, subrayó, que convenía examinar la situación de un país teniendo en cuenta el contexto en que éste se encuentra y el nivel de desarrollo económico del país. Destacó igualmente que todos, incluidos los miembros de la Comisión, tienen la obligación de ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo y, por consiguiente, ingresos suficientes y a mejorar su nivel de vida. Indicó nuevamente que en los servicios públicos no existen procedimientos de negociación y de conciliación sobre la cuestión de los salarios y de las condiciones de trabajo. El representante gubernamental declaró, en relación con la posibilidad de asistencia técnica por parte de la OIT, que si la OIT considera necesario el envío de una misión, el Gobierno se complacería en recibirla.

Los miembros trabajadores declararon que es indispensable que el Gobierno comunique en breve una memoria para examen de la Comisión de Expertos. Es sorprendente que el representante gubernamental haya retomado el razonamiento del miembro empleador de Malasia, según el cual los derechos de unos limitan los derechos de otros. Tratandóse de un Convenio que atañe la negociación colectiva, la posibilidad de concluir acuerdos, no comprenden cómo, en este terreno, se pueda hablar de limitar el derecho de negociación y, por tanto, de llegar a un acuerdo. Se trata de la libertad de discusión. Los miembros trabajadores recordaron su sugerencia anterior, según la cual si el Gobierno considera que persisten los problemas de interpretación, podría recurrir a la asistencia o a una visita al terreno, de la Oficina.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria y en la respuesta a los comentarios formulados por la Confederación Sindical Internacional (CSI), de fecha 24 de agosto de 2010, que el Parlamento había aprobado las enmiendas a la Ley sobre los Sindicatos, de 1959, y a la Ley de Relaciones Laborales (IRA), de 1967, que habían entrado en vigor el 28 de febrero de 2008, habiéndose promulgado, posteriormente, el 8 de octubre de 2009, el Reglamento de Relaciones Laborales de 2009. Según el Gobierno, las enmiendas a la IRA, prevén, entre otras cosas, un procedimiento rápido y eficiente para el reconocimiento de los fines de la negociación colectiva. La Comisión también toma nota de las conclusiones alcanzadas por el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2301 (353.^er informe, marzo de 2009 y 356.º informe, marzo de 2010). Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que transmita sin demora copia de la versión final de la mencionada legislación.

Artículos 1 y 4 del Convenio. Reconocimiento de los sindicatos con fines de negociación colectiva. Duración de los procedimientos para el reconocimiento de un sindicato. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la CSI, que reiteraban los asuntos planteados con anterioridad por la Comisión en torno a los grandes retrasos en el tratamiento de las reclamaciones sindicales para obtener el reconocimiento con fines de negociación colectiva. La Comisión había solicitado al Gobierno que presentara información más precisa sobre los comentarios de la CSI, a la luz de las disposiciones de la IRA, y que indicara la duración media de los procedimientos para el reconocimiento de un sindicato, así como los requisitos para la obtención del reconocimiento. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en virtud de las nuevas legislaciones, la duración media de los procedimientos para el reconocimiento de un sindicato, es de nueve meses, siempre que las partes implicadas no impugnen el proceso a través de una revisión judicial en los tribunales o planteen asuntos que pudieran ocasionar retrasos. La Comisión considera que esta duración media de los procedimientos es excesivamente larga y pide al Gobierno que adopte medidas para modificar la legislación, a efectos de reducir la duración de los procedimientos para el reconocimiento de sindicatos.

Procedimiento de reconocimiento. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno indica que, con el fin de que se acuerde el reconocimiento, el sindicato pertinente tiene que pasar por un control de la competencia (realizado por el Departamento de Relaciones Laborales), para determinar si la mayoría de la clase de trabajadores de la empresa se habían afiliado al sindicato buscando el reconocimiento. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno no hace ninguna referencia a la legislación aplicable. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que indique, en su próxima memoria, cuáles son los requisitos para dar cumplimiento al control de la competencia y que indique las disposiciones legislativas pertinentes aplicables.

Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que en las reclamaciones de reconocimiento, una vez que el sindicato concernido hubiese entregado el formulario a la empresa, el empleador tendrá 21 días para acordar el reconocimiento o para rechazar la reclamación. En caso de que la empresa rechace la reclamación de reconocimiento, al final de los 21 días o en cualquier momento antes de éstos, el sindicato tiene que informar al Director General de Relaciones Laborales (DGIR) dentro de los 14 días posteriores a la recepción de tal notificación por parte de la empresa. El DGIR adoptará entonces las medidas que correspondan. La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 9, párrafo 5, de la IRA, establece que el Ministro tiene la última palabra en cuanto a si los empleadores han de acordar el reconocimiento a los sindicatos. Sin embargo, una parte agraviada puede solicitar una revisión judicial en el Tribunal Supremo contra la decisión. Al tiempo que recuerda nuevamente la excesiva duración de esos procedimientos, la Comisión pide al Gobierno que indique cuáles son los criterios aplicables a las decisiones del DGIR y/o del Ministro.

Sanciones aplicables por la denegación de aplicar órdenes de reconocimiento y órdenes de reintegro. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la declaración del Gobierno acerca de los comentarios que la CSI había formulado anteriormente respecto de la ineficiencia de los tribunales del trabajo en cuanto a la aplicación de las disposiciones del Convenio. En torno a este asunto, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la CSI, según los cuales el Gobierno no había aplicado ninguna sanción contra los empleadores que se habían opuesto a las directivas de las autoridades que otorgaban el reconocimiento sindical o que se habían negado a dar cumplimiento a las órdenes del Tribunal del Trabajo para reintegrar a los trabajadores despedidos ilegalmente. La Comisión había pedido al Gobierno que presentara sus observaciones sobre estos asuntos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) el Tribunal del Trabajo tiene jurisdicción en los conflictos sindicales, en virtud del artículo 26 de la IRA, y en los casos de despido, con arreglo al artículo 20 de la IRA; ii) en virtud del artículo 56, párrafos 1, 3, y 4, y el artículo 60 de la IRA, existen procedimientos y sanciones aplicables a los empleadores que se opusieran a las directivas de las autoridades que otorgan el reconocimiento a los sindicatos o que se hubiesen negado a dar cumplimiento a las órdenes del Tribunal del Trabajo de readmitir a los trabajadores despedidos ilegalmente; y iii) el Departamento de Relaciones de Trabajo había establecido una división legal para incoar procedimientos legales contra cualquier parte errante que contraviniera la ley. En estas circunstancias, la Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre la composición y el funcionamiento de la División Legal del Departamento de Relaciones de Trabajo, y que transmita una copia de su Reglamento de Procedimiento. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información y estadísticas sobre toda sanción contra los empleadores que se oponían a las directivas de las autoridades que otorgan el reconocimiento a los sindicatos o que se hubiesen negado a dar cumplimiento a las órdenes del Tribunal del Trabajo de reintegrar a los trabajadores despedidos ilegalmente en los dos últimos años.

Trabajadores migrantes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, si bien los trabajadores extranjeros y locales gozan de iguales derechos, los trabajadores migrantes pueden afiliarse a un sindicato, pero no pueden ser elegidos como dirigentes sindicales en virtud de la Ley de Sindicatos. Al respecto, la Comisión había recordado que los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, deberían gozar del derecho de elegir libremente a sus representantes y había solicitado al Gobierno que comunicara sus observaciones acerca del ejercicio de los derechos sindicales por parte de los trabajadores migrantes en la ley y en la práctica. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) para formarse como representantes sindicales y ser elegidos como tales, se requiere que los trabajadores extranjeros obtengan un permiso del Ministro de Recursos Humanos; ii) existen en la actualidad sindicatos que tienen trabajadores extranjeros como afiliados, y iii) trabajadores extranjeros han sido nombrados representantes de algunos sindicatos. La Comisión considera que el requisito de que los trabajadores extranjeros obtengan el permiso del Ministro de Recursos Humanos para ser elegidos como representantes sindicales, entorpece el derecho de las organizaciones sindicales de elegir libremente a sus representantes con fines de negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para modificar la legislación.

Ámbito de aplicación de la negociación colectiva. La Comisión había instado con anterioridad al Gobierno a que enmendara la legislación para armonizar plenamente el artículo 13, párrafo 3, de la IRA, que contiene restricciones a la negociación colectiva respecto del traslado, del despido y del reintegro (algunos de los asuntos conocidos como «prerrogativas internas de la administración»), con el artículo 4 del Convenio. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno indica en su memoria que no existe ninguna necesidad de enmendar la mencionada disposición y reitera que: i) el artículo 13, párrafo 3, de la IRA, no se dirige a limitar la negociación colectiva, sino que más bien prevé el derecho de los empleadores de dirigir sus empresas de la manera más eficiente y de protegerse del abuso del proceso de negociación colectiva; y ii) estos requisitos no son absolutos y los asuntos que atañen a los mismos pueden llevarse al Departamento de Relaciones de Trabajo y, cuando no se haya alcanzado un acuerdo, el asunto puede remitirse al Tribunal del Trabajo para su fallo (artículo 13, párrafo 8, de la IRA). La Comisión toma nota asimismo de la jurisprudencia Sarawak Commercial Banks Association v. Sarawak Bank Employees’ Union, presentada por el Gobierno. No obstante, la Comisión considera que el artículo 13 de la IRA limita el alcance de las cuestiones negociables. La Comisión recuerda que las medidas adoptadas unilateralmente por las autoridades para limitar el alcance de los asuntos negociables, son a menudo incompatibles con el Convenio; las discusiones tripartitas para la preparación, con carácter voluntario, de líneas directrices en materia de negociación colectiva, constituyen un método particularmente adecuado para resolver esas dificultades (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y negociación colectiva, párrafo 250). Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que enmiende el artículo 13, párrafo 3, de la IRA, a efectos de eliminar esas restricciones en los asuntos relativos a la negociación colectiva y que dé inicio a discusiones tripartitas para la preparación, con carácter voluntario, de directrices en materia de negociación colectiva.

Arbitraje obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 26, párrafo 2, de la IRA, permite el arbitraje obligatorio por parte del Ministro de Trabajo, por propia iniciativa, incluso en caso de fracaso de la negociación colectiva. La Comisión había solicitado al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que la legislación sólo autorizara el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, a los funcionarios adscritos a la administración del Estado o en los casos de crisis nacional aguda. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que, si bien la disposición acuerda poderes discrecionales al Ministro para remitir un conflicto sindical al Tribunal del Trabajo para su arbitraje, en la práctica, el Ministro nunca había ejercido tal facultad de manera arbitraria y sólo adopta una decisión al recibir una notificación del Departamento de Relaciones de Trabajo de que la conciliación había fracasado en la resolución del conflicto de manera amistosa. La Comisión recuerda nuevamente que la imposición de un procedimiento de arbitraje obligatorio si las partes no llegan a un acuerdo en un proyecto de convenio colectivo, plantea problemas en relación con la aplicación del Convenio. Por consiguiente, la Comisión reitera una vez más sus comentarios anteriores y urge al Gobierno a que adopte medidas para garantizar que la legislación sólo autorice el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, para los funcionarios que trabajan en la administración del Estado o en los casos de crisis nacional aguda.

Restricciones a la negociación colectiva en el sector público. La Comisión ha venido solicitando al Gobierno, a lo largo de muchos años, la adopción de las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado, el derecho de negociar colectivamente los salarios y la remuneración y otras condiciones de empleo. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno, al invocar las peculiaridades de la administración pública, reitera una vez más que mantendrá la política de no compromiso en ese tipo de negociación colectiva con los empleados del sector público. El Gobierno destaca nuevamente que los sindicatos pueden expresar sus opiniones en los asuntos relativos a sus condiciones de trabajo, a través del Consejo Paritario Nacional y del Consejo Paritario Departamental. No obstante, la Comisión, si bien reconoce la singularidad de la administración pública, que permite modalidades especiales, considera que la simple consulta con los sindicatos de funcionarios que no trabajan en la administración del Estado, no da cumplimiento a los requisitos del artículo 4 del Convenio. En consecuencia, la Comisión urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado, el derecho de negociar colectivamente los salarios, y la remuneración y otras condiciones de empleo, de conformidad con el artículo 4 del Convenio.

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir, si así lo desea,  a la asistencia técnica de la OIT para armonizar plenamente su ley y su práctica con el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota de los comentarios presentados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) con fecha 29 de agosto de 2008, según los cuales el Gobierno en el Consejo Nacional Asesor del Trabajo (órgano tripartito) no consultó con el movimiento laboral la presentación del proyecto de ley de relaciones laborales (enmienda), de 2007, que limita los derechos sindicales en el proceso de reconocimiento por parte del empleador (en particular, el voto secreto de los trabajadores que ha de llevarse a cabo, permitiría que el empleador manipule el tamaño de la unidad de negociación a los fines de la elección, etc.). La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la consulta tripartita sobre el proyecto de ley. La Comisión pide pues al Gobierno que comunique observaciones detalladas a fin de que se pueda evaluar la conformidad del proyecto de ley con el Convenio y que envíe una copia en cuanto se haya adoptado.

La Comisión toma nota de los comentarios de la CSI, que reiteran los asuntos planteados con anterioridad por la Comisión en torno a los largos retrasos en el tratamiento de las reclamaciones sindicales para obtener el reconocimiento con fines de negociación colectiva. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno de 2006, la causa del retraso se debe fundamentalmente al tiempo que llevan los procedimientos legales incoados, ya sea por parte de los sindicatos, ya sea por parte de un empleador, contra la decisión de la Dirección General de Sindicatos (DGTU) respecto de asuntos relativos a la competencia o las verificaciones de la afiliación. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, el proyecto de ley acelera el reconocimiento de los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que envíe información más precisa sobre los comentarios de la CSI, teniendo en cuenta las disposiciones del proyecto de ley, y que comunique la duración media de las acciones emprendidas para el reconocimiento de un sindicato y las condiciones exigidas para este reconocimiento.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno acerca de los comentarios formulados con anterioridad por la CSI, respecto de la falta de eficacia de los tribunales del trabajo en cuanto a la aplicación de las disposiciones del Convenio. El Gobierno indica que: 1) se realizan esfuerzos para aumentar más el número de presidentes del Tribunal del Trabajo que se asignarán para la tramitación de los casos en las zonas designadas; 2) la administración de los casos ha sido recientemente informatizada en el Tribunal, lo cual contribuirá a que el presidente del Tribunal ejerza un control más estrecho de los casos en los tribunales; y 3) se supone que este proceso acelerará los fallos. En relación con este asunto, la Comisión toma nota de los comentarios de la CSI, según los cuales el Gobierno no ha aplicado sanción alguna a los empleadores que se oponen a las directivas de las autoridades que confieren el reconocimiento sindical o que rechazan el cumplimiento de las órdenes del Tribunal del Trabajo de readmitir a los trabajadores despedidos ilegalmente. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones acerca de estos asuntos.

Restricciones a la negociación colectiva para determinadas categorías de trabajadores. La Comisión había instado al Gobierno a que derogara el artículo 15 de la Ley de Relaciones de Trabajo (IRA), que limitaba el campo de aplicación de los convenios colectivos en las empresas con «estatuto de pioneras», por ejemplo, para las campañas electorales. La Comisión toma nota con satisfacción de la supresión del artículo 15 de la IRA, debido a una modificación de la mencionada legislación.

La Comisión toma nota de que, según la CSI, la ley impide que 2,6 millones de trabajadores migrantes de Malasia constituyan o soliciten el registro de un sindicato y les prohíbe la participación como dirigentes del sindicato. La CSI añade que el sistema de inscripción en el registro de los trabajadores migrantes los desalienta para la afirmación de sus derechos, debido a que confiere una total discreción a los empleadores para despedir a los trabajadores, prácticamente por cualquier razón. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, los trabajadores extranjeros y locales gozan de igualdad de derechos; los trabajadores migrantes pueden afiliarse a un sindicato, pero no pueden ser elegidos como dirigentes sindicales. Recordando que los trabajadores — incluidos los migrantes — deberían poder elegir libremente sus representantes, la Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones sobre el ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores migrantes en la legislación y en la práctica.

Campo de aplicación de la negociación colectiva. La Comisión había instado con anterioridad al Gobierno a que enmendara la legislación para armonizar plenamente el artículo 13, 3) de la IRA, que contiene limitaciones a la negociación colectiva respecto del traslado, del despido y de la readmisión (algunos de los asuntos conocidos como «prerrogativas internas de la administración»), con el artículo 4 del Convenio. La Comisión toma nota de que el proyecto de ley enmienda el artículo 13, incluyendo tres temas en una propuesta de convenio colectivo (formación para elevar las calificaciones y los conocimientos de los trabajadores; revisión anual del sistema salarial; y un sistema de remuneración basado en el rendimiento). La Comisión toma nota de que, según el Gobierno: 1) el artículo 13, 3) de la IRA, no se dirige a limitar la negociación colectiva, sino que más bien prevé el derecho de los empleadores de dirigir sus empresas de la manera más eficiente y de protegerse del abuso del proceso de negociación colectiva; 2) estos requisitos no son absolutos y los asuntos que atañen a los mismos pueden llevarse a un departamento de relaciones de trabajo y, cuando no se haya alcanzado un acuerdo, el asunto puede remitirse al Tribunal del Trabajo para su fallo; y 3) en los asuntos relativos a los traslados, se permite que las partes discutan los procedimientos de promoción de carácter general. La Comisión subraya que el artículo 13 de la IRA limita el alcance de las cuestiones negociables. Por consiguiente, la Comisión reitera que las medidas adoptadas unilateralmente por las autoridades para limitar el alcance de los asuntos negociables, son a menudo incompatibles con el Convenio (véase el Estudio general de 1994, Libertad sindical y negociación colectiva, párrafo 250) y pide nuevamente al Gobierno que enmiende el artículo 13, 3) de la IRA para suprimir esas restricciones a las cuestiones que pueden ser objeto de negociación colectiva. Además, la Comisión pide al Gobierno que indique si se cuenta con alguna decisión judicial del Tribunal del Trabajo en este punto y, de ser así, que envíe, junto a su próxima memoria, copias de la misma.

Arbitraje obligatorio. La Comisión toma nota de que el artículo 26, 2) de la IRA (1967) permite el arbitraje obligatorio por parte del Ministro de Trabajo, por propia iniciativa, en particular en caso de fracaso de la negociación colectiva. La Comisión recuerda que el arbitraje impuesto por las autoridades a solicitud de una de las partes, de manera general es contrario al principio de negociación voluntaria de los convenios colectivos, establecido en el Convenio y, por consiguiente, a la autonomía de las partes en la negociación (véase el Estudio general, op. cit., párrafo 257). Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que la legislación sólo autorice el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los casos de crisis nacional aguda.

Limitaciones a la negociación colectiva en el sector público. La Comisión había solicitado anteriormente al Gobierno que comunicara información acerca de la posibilidad de la negociación colectiva bajo los auspicios del Consejo Paritario Nacional y del Consejo Paritario Departamental.

La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que: 1) tiene su propio foro, es decir, el Consejo Paritario Nacional y el Consejo Paritario Departamental, para discutir las quejas en el sector público y para considerar cualquier sugerencia encaminada a mejorar los términos y las condiciones de empleo de los funcionarios públicos; 2) los resultados de las consultas en torno al salario y a la remuneración, están sujetos a la decisión de la Comisión del Gabinete sobre Plantilla del Personal y Salarios de los Empleados en el Sector Público, y se presentarán y legislarán en el Parlamento; y 3) mantiene su posición de no reconocimiento del derecho de negociación colectiva a los sindicatos de funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado.

La Comisión recuerda que, si bien el principio de autonomía de las partes en la negociación colectiva es válido respecto de los funcionarios públicos comprendidos en el Convenio, las características especiales de la administración pública requieren alguna flexibilidad en su aplicación. Por esta razón, las disposiciones legislativas que habilitan al Parlamento o al órgano competente en materia presupuestaria para fijar límites superiores e inferiores a las negociaciones salariales o a establecer una «asignación» presupuestaria global, en cuyo marco las partes puedan negociar las cláusulas de índole pecuniaria o normativa (por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo, la regulación de los aumentos de salario en función de los niveles de remuneración), son compatibles con el Convenio, en la medida en que dejen un espacio significativo a la negociación colectiva (véase Estudio general, op. cit., párrafos 261 a 264). La Comisión considera que la simple consulta con los sindicatos de los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado, no cumple con las exigencias del artículo 4 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado el derecho de negociar colectivamente salarios, remuneraciones y otras condiciones de empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno y de los comentarios presentados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) el 10 de agosto de 2006. Los comentarios de la CIOSL se refieren principalmente a cuestiones planteadas anteriormente por la Comisión, así como a los alegatos de extremada lentitud para resolver las cuestiones relativas al reconocimiento de un sindicato, y el establecimiento de un sindicato por un empleador para evitar el reconocimiento de otros sindicatos y celebrar negociaciones colectivas con el mismo. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

1. Artículo 4 del Convenio. La negociación colectiva en las «empresas pioneras». La Comisión había instado al Gobierno con anterioridad a que derogara el artículo 15 de la Ley de Relaciones Profesionales (IRA), que limita el campo de aplicación de los convenios colectivos para las llamadas «empresas pioneras», y había solicitado una copia de la legislación derogatoria en cuanto hubiese sido adoptada. La Comisión toma nota de que las discusiones sobre la IRA con representantes de los empleadores y de los sindicatos se encuentran en sus etapas finales: se esperaba que las enmiendas a la IRA, que incluyen la derogación del artículo 15, se presentasen al Parlamento para ser tratadas en la reunión de diciembre de 2005. A este respecto, la Comisión, recordando que la derogación del artículo 15 de la IRA se viene retrasando desde hace varios años, insta nuevamente al Gobierno a garantizar que no hayan más demoras en la derogación de esta legislación y que la mantenga informada de la evolución relativa a la adopción de las enmiendas a la IRA.

2. Restricciones a la negociación colectiva sobre ciertas cuestiones. La Comisión había instado al Gobierno con anterioridad a que enmendara la legislación para armonizar plenamente el artículo 13, 3) de la IRA, que contiene restricciones a la negociación colectiva en relación con el traslado, el despido y la reincorporación (algunos de los asuntos conocidos como «prerrogativas de administración interna»), con el artículo 4 del Convenio. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el artículo 13, 3) de la IRA no tiene la finalidad de limitar la negociación colectiva, sino que contempla el derecho de los empleadores de llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente y protegerlo del abuso del proceso de negociación colectiva. El Gobierno indica también que esos requisitos no son absolutos; las cuestiones que les atañen pueden plantearse ante el Departamento de Relaciones Laborales y, de no llegar a una solución, la cuestión se remite, para su resolución, al Tribunal Laboral. La Comisión recuerda, a este respecto, que las medidas que se aplican unilateralmente por las autoridades para restringir la gama de temas que pueden ser objeto de negociaciones son a menudo incompatibles con el Convenio (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva de 1994, párrafo 250) e insta nuevamente al Gobierno a enmendar el artículo 13, 3) de la IRA, para suprimir las restricciones a la negociación colectiva. La Comisión también pide al Gobierno que indique si existe alguna decisión del Tribunal Laboral en el que se impugnaron, con resultado favorable, las restricciones establecidas en el artículo 13, 3) y, de ser así, que comunique copia de la misma en su próxima memoria.

3. Restricciones a la negociación colectiva en el sector público. La Comisión había solicitado anteriormente al Gobierno que enviara información sobre el ámbito de la negociación colectiva bajo los auspicios del Consejo paritario nacional y el Consejo paritario departamental. Específicamente, había pedido al Gobierno que indicara si existe alguna limitación en los convenios resultantes de las consultas llevadas a cabo en esos organismos, especialmente en relación con los términos y condiciones de servicio, la estructura de la remuneración, y la forma y ámbito de todo convenio que se haya concluido. A este respecto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual, los resultados de las consultas relativas al salario y la remuneración están sujetas a la decisión de la Comisión ministerial para el establecimiento de los salarios de los empleados en el sector público, y se presentan al Parlamento, que decidirá al respecto. En esas circunstancias, la Comisión recuerda que si bien el principio de la autonomía de las partes en la negociación colectiva conserva su validez por lo que se refiere a los funcionarios y empleados públicos amparados por el Convenio, éste ha de aplicarse con cierto grado de flexibilidad, dadas las características particulares de la administración pública señaladas anteriormente. Por esta razón, son compatibles con el Convenio las disposiciones legislativas que habilitan al Parlamento o al órgano competente en materias presupuestarias para fijar un «abanico» salarial que sirva de base a las negociaciones, o establecer una «asignación» presupuestaria global fija en cuyo marco las partes pueden negociar las cláusulas de índole pecuniaria o normativa (por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo, la regulación de los aumentos de salario en función de los diferentes niveles de remuneración), en la medida que dejen un espacio significativo a la negociación colectiva (véase Estudio general, op. cit., párrafos 261 a 264). La Comisión considera que sujetar todos los resultados alcanzados por las consultas celebradas en los Consejos en relación con los salarios y remuneraciones, a la aprobación de las autoridades, en particular la Comisión ministerial para el establecimiento de los salarios de los empleados del sector público, no está en conformidad con el artículo 4 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios públicos que no cumplen funciones en la administración del Estado tengan el derecho de negociar colectivamente, incluso sobre salarios y remuneraciones, a fin de dar cumplimiento al principio antes mencionado sobre la negociación colectiva en el sector público.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene una respuesta completa a todos sus comentarios anteriores e insta al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, información completa acerca de los siguientes temas planteados en sus observaciones anteriores:

1. Al tomar nota del retraso de algunos años, la Comisión había instado al Gobierno a que garantizara que no se produjeran más retrasos en la derogación del artículo 15 de la Ley de Relaciones Profesionales (IRA), que limitaba el campo de aplicación de los convenios colectivos para las llamadas «empresas pioneras», y había solicitado una copia de la legislación derogatoria en cuanto hubiese sido adoptada. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado ninguna nueva información al respecto y solicita nuevamente que el artículo 15 de la IRA, sea derogado en un futuro próximo y que la mantenga informada al respecto, en particular en relación con los progresos realizados en torno a cualquier legislación derogatoria que se encuentre en la actualidad en fase de proyecto.

2. La Comisión había instado al Gobierno a que enmendara la legislación para armonizar plenamente el artículo 13, 3) de la IRA, que contiene restricciones a la negociación colectiva en relación con el traslado, el despido y la reincorporación (algunos de los asuntos conocidos como «prerrogativas de administración interna»), con el artículo 4 del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado ninguna nueva información al respecto y solicita nuevamente que sea enmendado el artículo 13, 3) de la IRA, para garantizar que el traslado, el despido y la reincorporación no sean excluidos del campo de aplicación de la negociación colectiva de Malasia.

3. Al tomar nota de que, sin una información detallada, no se encontraba en condiciones de determinar si existía una genuina negociación colectiva en la administración pública, la Comisión había solicitado al Gobierno que le enviara información específica sobre la manera en que se alienta y promueve en la práctica la negociación colectiva entre los empleadores públicos y los funcionarios y, en particular, sobre el número de empleados comprendidos y los asuntos específicos discutidos, así como ejemplos del proceso que se había seguido para alcanzar convenios colectivos específicos para los funcionarios. La Comisión también había solicitado al Gobierno que indicara las medidas adoptadas o previstas para armonizar el artículo 52 de la IRA, que prevé algunas restricciones al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos que no trabajan en la administración del Estado, con las disposiciones del Convenio.

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria, según la cual el Consejo Paritario Nacional y el Consejo Paritario Departamental, funcionan como un foro a escala nacional para compartir informaciones, discusiones y consultas entre el gobierno (administración) y los empleados del sector público, en un entorno positivo, y sobre los asuntos que incluyen la consolidación de los regímenes de la administración, los términos y las condiciones de la administración y las mejoras de la estructura de la remuneración vigente. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno considera que éste es un enfoque más adecuado que el pleno reconocimiento del derecho de negociación colectiva para los sindicatos y/o los empleados del sector público. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar, en su próxima memoria, si existen algunas limitaciones en relación con los resultados de las consultas dentro del Consejo Paritario Nacional y del Consejo Paritario Departamental, en cuanto a los términos y las condiciones de la administración, y a la estructura de la remuneración, así como la forma y el alcance de todo acuerdo alcanzado.

La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 6 del Convenio, todos los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado, deberán disfrutar de las garantías del Convenio y, por consiguiente, negociar colectivamente sus condiciones de empleo (véase el Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, 1994, párrafo 262), y que las simples consultas no son suficientes para dar cumplimiento a las exigencias de los artículos 4 y 6 del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene una respuesta completa a sus comentarios anteriores. La Comisión espera que la próxima memoria incluirá información completa sobre las cuestiones planteadas en su observación anterior.

Durante varios años la Comisión ha venido formulando comentarios sobre la necesidad de derogar el artículo 15 de la ley de relaciones profesionales (IRA), que limita el campo de aplicación de los contratos colectivos para las llamadas «empresas pioneras». Desde 1994, el Gobierno viene anunciando que esa disposición se halla en proceso de ser derogada; sin embargo la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la legislación derogatoria ha sido postergada por inadvertencia a fin de dar cabida a otras enmiendas a la ley, de manera que dicha ley pudiera ajustarse al entorno laboral que evoluciona rápidamente. Habida cuenta de que el artículo 15 de la IRA constituye una violación del artículo 4 del Convenio, y de que han transcurrido seis años desde que el Gobierno indicó que adoptaría las enmiendas adecuadas, la Comisión insta al Gobierno a garantizar de que no haya más demoras en la derogación del artículo 15 y que envíe una copia de la legislación derogatoria en cuanto sea promulgada.

En lo que respecta a los comentarios anteriores de la Comisión, relativos a las restricciones a la negociación colectiva contenidas en el artículo 13, 3), de la ley de relaciones profesionales, la Comisión observa que el Gobierno reitera su opinión de que ciertas cuestiones como traslado, despido y reincorporación se refieren esencialmente a los derechos individuales que no pueden ser determinados previamente en un acuerdo colectivo porque esto afectaría los derechos de gestión de los directores. La Comisión debe recordar nuevamente que cuestiones como el traslado, el despido y la reincorporación no deberían quedar excluidas del ámbito de la negociación colectiva. Si bien un acuerdo colectivo no se ocupa normalmente de los casos individuales de traslado, despido o reincorporación, debería ser posible incluir, por ejemplo, como se encuentra a menudo en los acuerdos colectivos de muchos países, los criterios y procedimientos generales relativos a esas cuestiones. La Comisión insta al Gobierno a enmendar la legislación para poner el artículo 13, 3), en plena conformidad con el artículo 4 del Convenio.

Existe otra disposición de la IRA que también ha sido objeto de comentarios durante muchos años, a saber, el artículo 52 que establece ciertas restricciones al derecho de negociar colectivamente de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. Ante la falta de informaciones detalladas, la Comisión no ha podido determinar si existe una negociación colectiva auténtica en ese sector o si se trata de meras consultas. A este respecto, el Gobierno señala nuevamente el papel de los consejos nacionales paritarios para facilitar un espacio para la discusión y la negociación sobre los términos y condiciones de empleo, incluidos los salarios de los funcionarios públicos. Si bien la Comisión había tomado nota de esta información en el pasado, solicita una vez más al Gobierno que comunique informaciones precisas sobre el modo en que se estimula y fomenta la negociación colectiva en la práctica, entre los empleadores públicos y los funcionarios públicos. En particular, la Comisión apreciaría información sobre el número de empleados comprendidos y las cuestiones concretas tratadas. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite esta información, así como también ejemplos del procedimiento que ha seguido para concertar acuerdos colectivos concretos para los funcionarios públicos.

La Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria, las medidas adoptadas o previstas para armonizar plenamente las disposiciones mencionadas con el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para adoptar las medidas necesarias en un futuro cercano.

Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

1. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria y de la información suplementaria comunicada.

2. Durante varios años la Comisión ha venido formulando comentarios sobre la necesidad de derogar el artículo 15 de la ley de relaciones profesionales (IRA), que limita el campo de aplicación de los contratos colectivos para las llamadas «empresas pioneras». Desde 1994, el Gobierno viene anunciando que esa disposición se halla en proceso de ser derogada; sin embargo, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la legislación derogatoria ha sido postergada por inadvertencia a fin de dar cabida a otras enmiendas a la ley, de manera que dicha ley pudiera ajustarse al entorno laboral que evoluciona rápidamente. Habida cuenta de que el artículo 15 de la IRA constituye una violación del artículo 4 del Convenio, y de que han transcurrido seis años desde que el Gobierno indicó que adoptaría las enmiendas adecuadas, la Comisión insta al Gobierno a garantizar de que no haya más demoras en la derogación del artículo 15 y que envíe una copia de la legislación derogatoria en cuanto sea promulgada.

3. En lo que respecta a los comentarios anteriores de la Comisión, relativos a las restricciones a la negociación colectiva contenidas en el artículo 13, 3) de la ley de relaciones profesionales, la Comisión observa que el Gobierno reitera su opinión de que ciertas cuestiones consideradas como prerrogativas de la dirección, tales como traslado, despido y reincorporación se refieren esencialmente a los derechos individuales que no pueden ser determinados previamente en un acuerdo colectivo, porque esto afectaría los derechos de gestión de los directores. La Comisión debe recordar nuevamente que cuestiones como el traslado, el despido y la reincorporación no deberían quedar excluidas del ámbito de la negociación colectiva. Si bien un acuerdo colectivo no se ocupa normalmente de los casos individuales de traslado, despido o reincorporación, debería ser posible incluir, por ejemplo, como se encuentra a menudo en los acuerdos colectivos de muchos países, los criterios y procedimientos generales relativos a esas cuestiones. La Comisión insta al Gobierno a enmendar la legislación para poner el artículo 13, 3), en plena conformidad con el artículo 4 del Convenio.

4. Existe otra disposición de la IRA que también ha sido objeto de comentarios durante muchos años, a saber, el artículo 52 que establece ciertas restricciones al derecho de negociar colectivamente de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. Ante la falta de informaciones detalladas, la Comisión no ha podido determinar si existe una negociación colectiva auténtica en ese sector o si se trata de meras consultas. A este respecto, el Gobierno señala nuevamente el papel de los consejos nacionales paritarios para facilitar un espacio para la discusión y la negociación sobre los términos y condiciones de empleo, incluidos los salarios de los funcionarios públicos. Si bien la Comisión había tomado nota de esta información en el pasado, solicita una vez más al Gobierno que comunique informaciones precisas sobre el modo en que se estimula y fomenta la negociación colectiva en la práctica, entre los empleadores públicos y los funcionarios públicos. En particular la Comisión apreciaría información sobre el número de empleados comprendidos y las cuestiones concretas tratadas. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite esta información, así como también ejemplos del procedimiento que ha seguido para concertar acuerdos colectivos concretos para los funcionarios públicos.

5. La Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria, las medidas adoptadas o previstas para armonizar plenamente las disposiciones mencionadas con el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

La Comisión toma nota de la discusión sobre la aplicación del Convenio en la Comisión de la Conferencia en junio de 1999.

La Comisión lamenta observar que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior sobre los siguientes puntos:

1. En relación con sus comentarios anteriores la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el artículo 15 de la ley de relaciones profesionales (IRA), que limita el campo de aplicación de los contratos colectivos para las llamadas "empresas pioneras" está siendo enmendado y de que se enviará a la OIT una copia de la legislación derogatoria en cuanto sea promulgada por el Parlamento. La Comisión recuerda no obstante que el Gobierno viene anunciando que adoptará "medidas positivas para derogar el artículo 15" desde 1994 y, por consiguiente, solicita al Gobierno que garantice que el artículo 15 de la ley de relaciones profesionales sea derogado en breve y que envíe una copia de la legislación derogatoria en cuanto sea promulgada. 2. La Comisión se había referido también a las restricciones a la negociación colectiva contenidas en el artículo 13, 3) de la ley de relaciones profesionales, en relación con ciertas cuestiones conocidas como prerrogativas de la dirección (es decir, traslado, empleo, terminación, despido y reincorporación). La Comisión estima que cuestiones como el traslado, el despido y la reincorporación no deberían quedar excluidas del ámbito de la negociación colectiva. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria, las medidas adoptadas o previstas para armonizar el artículo 13, 3) de la ley de relaciones profesionales, con el artículo 4 del Convenio. 3. En relación con los comentarios de la Comisión sobre ciertas restricciones al derecho de negociar colectivamente de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado (artículo 52 de la ley de relaciones profesionales), la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique informaciones precisas sobre el modo de estimular y fomentar la negociación colectiva en la práctica, entre los empleadores públicos y los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado, por ejemplo, comunicando el número de contratos concluidos, las diferentes categorías y el número de los empleados comprendidos, el número de sindicatos del sector público que actúan como agentes de negociación, etc.

La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria facilite informaciones sobre todos los puntos anteriores.

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria.

1. En relación con sus comentarios anteriores la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual el artículo 15 de la ley de relaciones profesionales (IRA), que limita el campo de aplicación de los contratos colectivos para las llamadas "empresas pioneras" está siendo enmendado y de que se enviará a la OIT una copia de la legislación derogatoria en cuanto sea promulgada por el Parlamento. La Comisión recuerda no obstante que el Gobierno viene anunciando que adoptará "medidas positivas para derogar el artículo 15" desde 1994 y, por consiguiente, solicita al Gobierno que garantice que el artículo 15 de la ley de relaciones profesionales sea derogado en breve y que envíe una copia de la legislación derogatoria en cuanto sea promulgada.

2. En sus comentarios anteriores la Comisión se había referido a las restricciones a la negociación colectiva contenidas en el artículo 13,3) de la ley de relaciones profesionales, en relación con las cuestiones conocidas como prerrogativas de la dirección (es decir, promoción, traslado, empleo, terminación, despido y reincorporación). El Gobierno había indicado con anterioridad que esas cuestiones no podían ser determinadas previamente en un contrato colectivo, dado que un contrato sobre estas cuestiones determinado con antelación, afectaría en última instancia los derechos de gestión de la dirección. Además, el Gobierno había puesto de relieve que las prerrogativas de la dirección no otorgan derechos irrestrictos a los empleadores, como quedara demostrado a través de las numerosas decisiones de los tribunales de Malasia. La Comisión estima que si bien cuestiones tales como la promoción, el traslado, el empleo y la terminación pueden eventualmente ser consideradas como cuestiones cuya decisión incumbe a la dirección, como parte de la libertad para gestionar la empresa, las demás cuestiones, a saber, traslado, despido y reincorporación no deberían quedar excluidas del ámbito de la negociación colectiva. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria, las medidas adoptadas o previstas para armonizar el artículo 13, 3) de la ley de relaciones profesionales, con el artículo 4 del Convenio.

3. En relación con los comentarios de la Comisión sobre ciertas restricciones al derecho de negociar colectivamente de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado (artículo 52 de la ley de relaciones profesionales), el Gobierno indica que el Congreso de Sindicatos de Empleados del Sector Público y de la Administración del Estado (CUEPACS), los funcionarios de los consejos mixtos y del Ministerio de Administraciones Públicas, se reúnen con carácter periódico para discutir las cuestiones que afectan a los empleados de la administración pública. A través de esas discusiones, los sindicatos del sector público contribuyen efectivamente a las deliberaciones sobre las remuneraciones, las disposiciones y las condiciones de empleo y la resolución de las anomalías que se derivan de las mismas. El Gobierno subraya que los consejos mixtos nacionales aportan una vía suficiente para la discusión y la negociación de los salarios y de las condiciones de empleo de los funcionarios públicos, y que el CUEPACS desempaña, en su calidad de centro para los funcionarios públicos un papel importante y de responsabilidad en la protección de los intereses de los funcionarios públicos, incluida la negociación salarial.

Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique informaciones precisas sobre el modo de estimular y fomentar la negociación colectiva en la práctica, entre los empleadores públicos y los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado, por ejemplo, comunicando el número de contratos concluidos, las diferentes categorías y el número de los empleados comprendidos, el número de sindicatos del sector público que actúan como agentes de negociación, etc.

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

La Comisión comprueba que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual ha aprobado formalmente la proposición de derogación del artículo 15 de la ley de relaciones profesionales, que limita el campo de aplicación de los contratos colectivos para las llamadas "empresas pioneras", y que se están tomando medidas para derogar esta disposición. La Comisión solicita al Gobierno que envíe una copia de la legislación derogatoria en cuanto sea promulgada. 2. En relación con los comentarios anteriores de la Comisión sobre el campo de aplicación del artículo 13, 3) de la ley de relaciones profesionales, el Gobierno indica nuevamente que las cuestiones que quedaban excluidas de esa disposición de la negociación colectiva y que se conocían como prerrogativas internas de la administración (es decir, promoción, traslado, empleo, terminación, despido y restitución), están sujetas a negociación, conciliación, arbitraje y decisiones judiciales, pudiendo plantearse en cualquier momento y cuando las mismas surjan, en contraposición con otros temas comprendidos en los contratos colectivos que se negocian en intervalos específicos de tiempo. Además, en opinión del Gobierno, esos asuntos no pueden ser determinados previamente en un contrato colectivo, dado que un contrato sobre esas cuestiones determinado previamente, afectaría en última instancia los derechos de gestión de la administración. Además, el Gobierno pone de relieve que las prerrogativas internas de la administración no otorgan derechos irrestrictos a los empleadores, como quedara demostrado a través de las numerosas decisiones de los tribunales de Malasia, entre ellas: i) un empleador puede denegar la promoción de un empleado, únicamente por justa causa, y el sindicato que representa al trabajador tiene la posibilidad, en virtud de la ley, de plantear las cuestiones relativas a lo que es y a lo que no es causa justa; ii) la prerrogativa de los empleadores de traslado no es ilimitada. Los tribunales habían fallado que no debería haber irracionalidad o carencia de mala fe de parte del empleador; iii) la terminación de la relación de trabajo, en el marco de reducción de personal, no podía llevarse a cabo arbitrariamente. Tenía que aplicarse el principio de "últimas entradas, primeras salidas"; iv) el despido injusto podía otorgar al trabajador el derecho de reincorporación; v) prever que cuestiones tales como la asignación de tareas estuvieran comprendidas en el contrato colectivo, sería tanto como afirmar que no es la administración la responsable de la gestión de la empresa, lo que está en contradicción con la práctica aceptada habitualmente en todo el mundo. La Comisión toma nota con interés de que existe un grado de protección judicial en lo que respecta a estas prerrogativas internas de la administración, que también parecen estar sujetas al mismo nivel de negociación en la práctica. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que la legislación no excluya aquellas prerrogativas que no son meramente internas de la administración de la negociación colectiva, de conformidad con el Convenio, así como con la práctica nacional y los precedentes judiciales. 3. En relación con los comentarios de la Comisión sobre ciertas restricciones al derecho de negociar colectivamente para los empleados de la administración pública no adscritos a la administración del Estado (artículo 52 de la ley de relaciones profesionales), el Gobierno indica que el Congreso de los Sindicatos de Empleados de la Administración Pública y Privada (CUEPACS), los funcionarios de los consejos mixtos y del Ministerio de Administraciones Públicas, se reúnen con carácter periódico para discutir las cuestiones que afectan a los empleados de la administración pública. A través de estas discusiones, los sindicatos del sector público contribuyen efectivamente a las deliberaciones sobre las remuneraciones, las disposiciones y las condiciones de empleo y la resolución de las anomalías que se derivan de las mismas. Por ejemplo, en las reclamaciones actuales de ajustes salariales, el CUEPACS ha celebrado reuniones con el Primer Ministro, y mediante estas reuniones, se llegó a algún entendimiento. El Gobierno subraya que los consejos mixtos nacionales aportan una vía suficiente para la discusión y la negociación de los salarios y de las condiciones de empleo de los funcionarios públicos, y que el CUEPACS desempeña, en su calidad de centro para los funcionarios públicos, un papel importante y de responsabilidad en la protección de los intereses de los funcionarios públicos, incluida la negociación salarial. La Comisión toma nota de esta información y solicita al Gobierno que comunique información sobre el modo de estimular y fomentar la negociación colectiva en la práctica, entre los empleadores públicos y los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado, por ejemplo, el número de contratos colectivos concluidos, las diferentes categorías y el número de los empleados comprendidos, el número de sindicatos del sector público que actúan como agentes de la negociación, etc.

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para no postergar de nuevo la adopción de las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

1. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en sus memorias, así como de la amplia discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en junio de 1994.

En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual ha aprobado formalmente la proposición de derogación del artículo 15 de la ley de relaciones profesionales, que limita el campo de aplicación de los contratos colectivos para las llamadas "empresas pioneras", y que se están tomando medidas para derogar esta disposición.

La Comisión solicita al Gobierno que envíe una copia de la legislación derogatoria en cuanto sea promulgada.

2. En relación con los comentarios anteriores de la Comisión sobre el campo de aplicación del artículo 13, 3) de la ley de relaciones profesionales, el Gobierno indica nuevamente que las cuestiones que quedaban excluidas de esa disposición de la negociación colectiva y que se conocían como prerrogativas internas de la administración (es decir, promoción, traslado, empleo, terminación, despido y restitución), están sujetas a negociación, conciliación, arbitraje y decisiones judiciales, pudiendo plantearse en cualquier momento y cuando las mismas surjan, en contraposición con otros temas comprendidos en los contratos colectivos que se negocian en intervalos específicos de tiempo. Además, en opinión del Gobierno, esos asuntos no pueden ser determinados previamente en un contrato colectivo, dado que un contrato sobre esas cuestiones determinado previamente, afectaría en última instancia los derechos de gestión de la administración. Además, el Gobierno pone de relieve que las prerrogativas internas de la administración no otorgan derechos irrestrictos a los empleadores, como quedara demostrado a través de las numerosas decisiones de los tribunales de Malasia, entre ellas: i) un empleador puede denegar la promoción de un empleado, únicamente por justa causa, y el sindicato que representa al trabajador tiene la posibilidad, en virtud de la ley, de plantear las cuestiones relativas a lo que es y a lo que no es causa justa; ii) la prerrogativa de los empleadores de traslado no es ilimitada. Los tribunales habían fallado que no debería haber irracionalidad o carencia de mala fe de parte del empleador; iii) la terminación de la relación de trabajo, en el marco de reducción de personal, no podía llevarse a cabo arbitrariamente. Tenía que aplicarse el principio de "últimas entradas, primeras salidas"; iv) el despido injusto podía otorgar al trabajador el derecho de reincorporación; v) prever que cuestiones tales como la asignación de tareas estuvieran comprendidas en el contrato colectivo, sería tanto como afirmar que no es la administración la responsable de la gestión de la empresa, lo que está en contradicción con la práctica aceptada habitualmente en todo el mundo. La Comisión toma nota con interés de que existe un grado de protección judicial en lo que respecta a estas prerrogativas internas de la administración, que también parecen estar sujetas al mismo nivel de negociación en la práctica. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que su legislación ya no excluye las prerrogativas internas de la administración de la negociación colectiva, de conformidad con el Convenio, así como con la práctica nacional y los precedentes judiciales.

3. En relación con los comentarios de la Comisión sobre ciertas restricciones al derecho de negociar colectivamente para los empleados de la administración pública no adscritos a la administración del Estado (artículo 52 de la ley de relaciones profesionales), el Gobierno indica que el Congreso de los Sindicatos de Empleados de la Administración Pública y Privada (CUEPACS), los funcionarios de los consejos mixtos y del Ministerio de Administraciones Públicas, se reúnen con carácter periódico para discutir las cuestiones que afectan a los empleados de la administración pública. A través de estas discusiones, los sindicatos del sector público contribuyen efectivamente a las deliberaciones sobre las remuneraciones, las disposiciones y las condiciones de empleo y la resolución de las anomalías que se derivan de las mismas. Por ejemplo, en las reclamaciones actuales de ajustes salariales, el CUEPACS ha celebrado reuniones con el Primer Ministro, y mediante estas reuniones, se llegó a algún entendimiento. El Gobierno subraya que los consejos mixtos nacionales aportan una vía suficiente para la discusión y la negociación de los salarios y de las condiciones de empleo de los funcionarios públicos, y que el CUEPACS desempeña, en su calidad de centro para los funcionarios públicos, un papel importante y de responsabilidad en la protección de los intereses de los funcionarios públicos, incluida la negociación salarial.

La Comisión toma nota de esta información y solicita al Gobierno que comunique información sobre el modo de estimular y fomentar la negociación colectiva en la práctica, entre los empleadores públicos y los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado, por ejemplo, el número de contratos colectivos concluidos, las diferentes categorías y el número de los empleados comprendidos, el número de sindicatos del sector público que actúan como agentes de la negociación, etc.

Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

1. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de la indicación del Gobierno en su memoria, según la cual se está considerando de modo activo la derogación del artículo 15 de la ley de relaciones profesionales, que limita el campo de aplicación de los contratos colectivos para las llamadas "empresas pioneras" y otras, y que se encontraba en preparación el documento del Gabinete para someterlo a consideración del Gobierno.

La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre cualquier progreso realizado y que envíe una copia de la legislación derogatoria en cuanto sea ésta adoptada.

2. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, en respuesta a sus comentarios anteriores, sobre el campo de aplicación del artículo 13, 3), de la ley de relaciones profesionales. El Gobierno declara nuevamente que los temas que esa disposición de la negociación colectiva excluye (es decir, la promoción, el traslado, el empleo, la terminación, el despido y la restitución) han quedado sujetos a negociación, conciliación y arbitraje, al igual que las decisiones judiciales, y que ascendían al 54,2 por ciento de todos los conflictos que el Departamento de Relaciones Profesionales había tratado durante los últimos cinco años. El Gobierno pone de relieve también que estos temas, considerados como prerrogativas internas de administración, quedan sujetas a restricciones legales.

En base a la información de que dispone, la Comisión entiende que los temas a los que se hizo referencia anteriormente son con frecuencia objeto de negociación, por tanto, solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para levantar las mencionadas limitaciones, con el fin de poner en conformidad su legislación con el Convenio y con una amplia práctica nacional.

3. Además, la Comisión toma nota de que, en relación con sus comentarios sobre algunas restricciones al derecho de negociar colectivamente para los empleados de la administración pública no adscritos a la administración del Estado (artículo 52 de la ley de relaciones profesionales), los consejos nacionales paritarios, tal y como fueron establecidos en 1992, prevén una igualdad de representación para las organizaciones de trabajadores y para los funcionarios del Gobierno, y que se celebren reuniones al menos dos veces al año. Se convino en que se celebraran reuniones para discutir la aplicación de los problemas del "nuevo sistema de remuneraciones". En los ámbitos ministeriales y departamentales, las organizaciones de trabajadores están representadas en los consejos de departamento paritarios, que prevén reunirse cinco veces al año para discutir y resolver los problemas de salarios del sector público y del empleo.

Al tomar nota de esta información, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que impulse y promueva el pleno desarrollo y la plena utilización del mecanismo de negociación voluntaria entre los empleadores públicos y los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado - como por ejemplo, los maestros -, con miras a la reglamentación de las condiciones de empleo de los mencionados trabajadores.

Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

La Comisión recuerda sus comentarios anteriores, que se referían a las discrepancias existentes entre la legislación nacional y el artículo 4 del Convenio con respecto a:

- las restricciones al ámbito de las materias susceptibles de negociación colectiva (artículo 13, párrafo 3, de la ley sobre relaciones profesionales, de 1967);

- la prohibición de que los convenios colectivos en empresas llamadas "pioneras" y en cualquier otra empresa que designe el Ministro, contengan cláusulas más favorables que las que figuran en la parte XII de la ordenanza de 1955 sobre el empleo (artículo 15 de la ley sobre relaciones profesionales);

- las restricciones al derecho de negociar colectivamente impuestas a los empleados de la administración pública no adscritos a la administración del Estado (artículo 52 de la ley sobre relaciones profesionales).

En general, la Comisión toma nota del parecer del Gobierno según el cual el criterio de la aplicación de los convenios ratificados no debería pecar por demasiado legalista o técnica en una época en que ciertos espacios económicos y comerciales han optado por reforzar el proteccionismo y considerar favorablemente los intentos de los países en desarrollo para hacer progresar sus economías y suprimir la miseria. Tomando nota además de que el Gobierno se compromete a tomar medidas para modificar sus leyes en la medida y momento en que las condiciones políticas, económicas y sociales del país así lo justifiquen, la Comisión señala que el funcionamiento de un sistema libre y completo de negociaciones colectivas, lejos de frenar ayudaría al cumplimiento de los objetivos del Gobierno. Además, sin dejar de comprender las distintas presiones socioeconómicas a las que hacer frente los Estados Miembros, la Comisión desea recordar que siempre ha cumplido su examen de la aplicación de los convenios ratificados en base al valor universal de las normas y evaluado el curso dado a las obligaciones contraídas por la ratificación con independencia de los sistemas políticos, sociales y económicos o del nivel de desarrollo alcanzado.

1. La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno y en particular sus comentarios sobre las materias que se enumeran en el artículo 13, párrafo 3, de la ley sobre relaciones profesionales, que se consideran como derechos que el "common law" reconoce a los empleadores y que no pueden ser objeto de negociaciones en razón de las prolongadas luchas a que podría dar lugar pues los directores no estarían dispuestos a aceptar ningún menoscabo de sus derechos durante el proceso de negociación colectiva de un acuerdo. Al igual que en memorias anteriores, el Gobierno destaca que los trabajadores y los sindicatos pueden sin embargo plantear estas cuestiones a los empleadores si éstos ejercen sus derechos con mala fe o abuso e incluso reivindicarlas recurriendo a un conflicto de trabajo, sujeto a los procedimientos de conciliación y sumisión al Tribunal del Trabajo. La Comisión toma nota con interés de que, según la memoria del Gobierno, cuando la causa de los conflictos sea el despido de trabajadores, la reducción de personal y suspensiones o destituciones, las promociones, asignación de tareas, transferencias, promociones y otras prerrogativas de la dirección, se tratan de la misma manera que las propuestas de acuerdos colectivos, es decir que se recurre a la negociación, la conciliación y el arbitraje. La Comisión estima que la exclusión legislativa de ciertos asuntos como temas de la negociación que se refieren a las condiciones del empleo (tales como en este caso las promociones, traslados, designación, despido y asignación de funciones), no es compatible con el artículo 4 (Estudio general de 1983, párrafos 307 y 311). En consecuencia, vuelve a solicitar al Gobierno se sirva adoptar medidas para que el artículo 13 se ajuste a las obligaciones que emanan del Convenio y a la descripción del Gobierno de la práctica que en estas materias es habitual en Malasia y que son equivalentes a la negociación colectiva.

2. En relación con los comentarios de la Comisión sobre el artículo 15 de la ley sobre las relaciones profesionales, el Gobierno declara que conceder a ciertas empresas una situación especial llamándolas "pioneras", forma parte de las diversas políticas seguidas en el marco de la estrategia global para promover las inversiones, estimular el crecimiento industrial y generar mayores oportunidades de empleo. El Gobierno destaca que el artículo 15 no limita las negociaciones que puedan tener lugar sobre cuestiones monetarias (salarios, prestaciones) sino sólo sobre las horas de trabajo, las vacaciones, la licencia anual y la licencia por enfermedad y por un período de tan sólo cinco años. Por tal motivo señala que no se trata de una prohibición total, pues en dichas industrias las partes pueden negociar condiciones más favorables y tratar de obtener la aprobación del Ministro, y que hasta la fecha nunca ha rechazado ninguna solicitud de esta clase. La Comisión toma nota de todos estos comentarios, pero se ve obligada a señalar que esta disposición contraría los principios establecidos en el artículo 4, orientado hacia una negociación colectiva voluntaria y libre, sin que se obligue a presentar los acuerdos celebrados para la aprobación de las autoridades administrativas (Estudio general, párrafos 308 y 311). Sin dejar de tomar nota con interés de que el Ministro nunca ha negado un acuerdo que conceda condiciones más favorables sobre estas cuestiones, la Comisión sin embargo invita una vez más al Gobierno a que se sirva modificar las restricciones impuestas por el artículo 15 a la negociación.

3. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual la exclusión en el sector público de algunas disposiciones de la ley obedece a los diferentes objetivos perseguidos por los sectores público y privado. Los ajustes salariales del sector público afectan aproximadamente a 850.000 empleados y pueden tener graves repercusiones en el presupuesto nacional; la existencia de cinco Consejos Nacionales Paritarios en el sector público prueba la existencia de una cierta forma de negociación y consulta reconocida a dichos empleados, que les permitió obtener, en 1989 y 1991, aumentos de remuneración importantes. El Gobierno añade que había comenzado el proceso de privatización de ciertas empresas públicas, tales como el Departamento de Telecomunicaciones y la Junta de Electricidad, y que una vez pasadas al sector privado se permitirá a sus empleados negociar en forma colectiva. Además el Gobierno señala que los consejos paritarios nacionales serán objeto de una importante reestructuración para ajustarlos a las exigencias del nuevo sistema de remuneraciones del sector público, que entrará en vigor el 1.o de enero de 1992. La Comisión señala que las consultas en los consejos paritarios no son suficientes, pues sus recomendaciones deben ser presentadas para aprobación final al Gabinete, lo que pone en mano de una sola de las partes la suerte de la negociación. En consecuencia, la Comisión estima que este sistema no reconoce plenamente a los empleados que no trabajan en la administración del Estado a que se refiere el artículo 6 del Convenio, el derecho de negociación y solicita al Gobierno se sirva garantizar a los funcionarios públicos que no trabajen en la administración del Estado los mismos derechos a negociar sus condiciones de empleo y remuneración en un pie de estricta igualdad que tienen los del sector privado. La Comisión también recuerda que todo argumento relacionado con los gastos resultantes de tales negociaciones debería emplearse para persuadir a las partes que, voluntariamente, tengan en cuenta las consideraciones económicas y sociales y el interés general que invoca el Gobierno, prefiriendo así la persuación a la imposición (Estudio general, párrafo 313). También solicita al Gobierno se sirva informar en su próxima memoria sobre la aplicación del nuevo sistema de las remuneraciones del sector público.

La Comisión señala a la atención del Gobierno que la Oficina está a su disposición para toda asistencia técnica que desee solicitar en relación con estas tres cuestiones, objeto de sus comentarios desde hace mucho tiempo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

La Comisión comprueba que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

La Comisión recuerda que sus comentarios se refieren a la siguientes disposiciones de la ley de 1967 sobre relaciones profesionales: - exclusión, en la negociación colectiva, de propuestas relacionadas con promociones, traslados, contrataciones, supresiones de empleo sin aviso previo, asignación de tareas (artículo 13, párrafo 3, de la Ley sobre Relaciones Profesionales, de 1967, en su tenor modificado en 1980); - prohibición de que los convenios colectivos en empresas llamadas "pioneras", y en cualquier otra empresa que designe el ministro, incluyan cláusulas más favorables que las que figuran en la parte XII de la ordenanza de 1955 sobre el empleo (artículo 15 de la Ley sobre Relaciones Profesionales); - restricciones al derecho de negociar colectivamente de los empleados de la administración pública no adscritos a la administración del Estado (artículo 52 de la citada ley). 1. Restricciones del ámbito de aplicación de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de que, según las informaciones comunicadas por el Gobierno con respecto al artículo 3, párrafo 3 de la ley mencionada, los asuntos que la ley excluye del ámbito de la negociación colectiva, en los hechos eran objeto de negociaciones colectivas. Por tal motivo la Comisión había sugerido al Gobierno la derogación de dicha disposición a efectos de conformar la legislación con la práctica y las disposiciones del Convenio sobre este punto. En su última memoria el Gobierno indica que, en el marco de sus planes de desarrollo industrial, cuyo objetivo es el crecimiento económico, el empleo debe poder desarrollarse sin obstáculos indebidos. Agrega que en vez de derogar restricciones legales en materia de negociación colectiva corresponde a los copartícipes sociales suprimir dichas restricciones por medio de la negociación colectiva. El Gobierno continúa recordando que la ley ofrece la posibilidad de negociar cuestiones de carácter general relativas al procedimiento en materia de promociones y que en casos de negativa del empleador los sindicatos pueden apelar ante el ministro competente. En cuanto al artículo 15 de la ley de 1967, que según el Gobierno no es una cláusula de reserva destinada a proteger a las empresas llamadas "pioneras", la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno que figura en su última memoria según la cual dicha disposición es una de las medidas que ha adoptado para promover la inversión con la finalidad de favorecer el crecimiento industrial y el empleo, que resulta indispensable habida cuenta de las restricciones de los gastos públicos y de la importancia que le merece el desarrollo del sector privado. La Comisión recuerda una vez más que, aun cuando las negociaciones colectivas puedan en la práctica referirse a cuestiones que excluye la ley de 1967 en virtud de su artículo 13 y que el artículo 15 de la misma ley sólo afecta a las empresas recientemente creadas durante un período de cinco años, garantizando a los trabajadores condiciones de empleo mínimas fijadas por la ley, dichas disposiciones sin embargo son contrarias al principio del artículo 4 del Convenio, según el cual deben adoptarse medidas para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por ese medio las condiciones de empleo. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar en su próxima memoria informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para suprimir las restricciones a la negociación colectiva que figuran en la ley. 2. Con respecto a las restricciones del derecho de negociación colectiva de los empleados públicos, el Gobierno indica que no es totalmente exacto afirmar que dichos trabajadores no pueden negociar colectivamente pues cinco Consejos Nacionales Paritarios les permiten tal posibilidad. El Gobierno agrega a este respecto que en el seno de dichos consejos, desde hace cinco años, se celebran negociaciones serias que han resultado en aumentos sustanciales de salario para los empleados de la función pública (empleados del servicio civil). La Comisión, sin dejar de tomar nota de dichas informaciones, recuerda que si bien se celebran discusiones en Consejos Nacionales Paritarios y sus recomendaciones, al igual que las que formula la Comisión de Salarios, son susceptibles de nuevo examen por el Tribunal de Servicio Público (PST), dichas recomendaciones deben obtener la aprobación del gabinete, a quien corresponde la decisión final. A juicio de la Comisión tal sistema no acuerda totalmente a los empleados públicos, no comprendidos en las categorías mencionadas en el artículo 6 del Convenio, el derecho de negociar colectivamente sus condiciones de empleo, según lo dispone el artículo 4 del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva tomar medidas para reconocer a los empleados públicos que no ejercen la potestad de administración del Estado el derecho de negociar colectivamente, sin intervención de las autoridades públicas.

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para no postergar de nuevo la adopción de las medidas necesarias.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno y recuerda que sus comentarios se refieren a la siguientes disposiciones de la ley de 1967 sobre relaciones profesionales:

- exclusión, en la negociación colectiva, de propuestas relacionadas con promociones, traslados, contrataciones, supresiones de empleo sin aviso previo, asignación de tareas (artículo 13, párrafo 3, de la Ley sobre Relaciones Profesionales, de 1967, en su tenor modificado en 1980);

- prohibición de que los convenios colectivos en empresas llamadas "pioneras", y en cualquier otra empresa que designe el ministro, incluyan cláusulas más favorables que las que figuran en la parte XII de la ordenanza de 1955 sobre el empleo (artículo 15 de la Ley sobre Relaciones Profesionales);

- restricciones al derecho de negociar colectivamente de los empleados de la administración pública no adscritos a la administración del Estado (artículo 52 de la citada ley).

1. Restricciones del ámbito de aplicación de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de que, según las informaciones comunicadas por el Gobierno con respecto al artículo 3, párrafo 3 de la ley mencionada, los asuntos que la ley excluye del ámbito de la negociación colectiva, en los hechos eran objeto de negociaciones colectivas. Por tal motivo la Comisión había sugerido al Gobierno la derogación de dicha disposición a efectos de conformar la legislación con la práctica y las disposiciones del Convenio sobre este punto.

En su última memoria el Gobierno indica que, en el marco de sus planes de desarrollo industrial, cuyo objetivo es el crecimiento económico, el empleo debe poder desarrollarse sin obstáculos indebidos. Agrega que en vez de derogar restricciones legales en materia de negociación colectiva corresponde a los copartícipes sociales suprimir dichas restricciones por medio de la negociación colectiva. El Gobierno continúa recordando que la ley ofrece la posibilidad de negociar cuestiones de carácter general relativas al procedimiento en materia de promociones y que en casos de negativa del empleador los sindicatos pueden apelar ante el ministro competente.

En cuanto al artículo 15 de la ley de 1967, que según el Gobierno no es una cláusula de reserva destinada a proteger a las empresas llamadas "pioneras", la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno que figura en su última memoria según la cual dicha disposición es una de las medidas que ha adoptado para promover la inversión con la finalidad de favorecer el crecimiento industrial y el empleo, que resulta indispensable habida cuenta de las restricciones de los gastos públicos y de la importancia que le merece el desarrollo del sector privado.

La Comisión recuerda una vez más que, aun cuando las negociaciones colectivas puedan en la práctica referirse a cuestiones que excluye la ley de 1967 en virtud de su artículo 13 y que el artículo 15 de la misma ley sólo afecta a las empresas recientemente creadas durante un período de cinco años, garantizando a los trabajadores condiciones de empleo mínimas fijadas por la ley, dichas disposiciones sin embargo son contrarias al principio del artículo 4 del Convenio, según el cual deben adoptarse medidas para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar por ese medio las condiciones de empleo.

En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar en su próxima memoria informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para suprimir las restricciones a la negociación colectiva que figuran en la ley.

2. Con respecto a las restricciones del derecho de negociación colectiva de los empleados públicos, el Gobierno indica que no es totalmente exacto afirmar que dichos trabajadores no pueden negociar colectivamente pues cinco Consejos Nacionales Paritarios les permiten tal posibilidad. El Gobierno agrega a este respecto que en el seno de dichos consejos, desde hace cinco años, se celebran negociaciones serias que han resultado en aumentos sustanciales de salario para los empleados de la función pública (empleados del servicio civil).

La Comisión, sin dejar de tomar nota de dichas informaciones, recuerda que si bien se celebran discusiones en Consejos Nacionales Paritarios y sus recomendaciones, al igual que las que formula la Comisión de Salarios, son susceptibles de nuevo examen por el Tribunal de Servicio Público (PST), dichas recomendaciones deben obtener la aprobación del gabinete, a quien corresponde la decisión final. A juicio de la Comisión tal sistema no acuerda totalmente a los empleados públicos, no comprendidos en las categorías mencionadas en el artículo 6 del Convenio, el derecho de negociar colectivamente sus condiciones de empleo, según lo dispone el artículo 4 del Convenio.

La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva tomar medidas para reconocer a los empleados públicos que no ejercen la potestad de administración del Estado el derecho de negociar colectivamente, sin intervención de las autoridades públicas.