Caso individual (CAS) - Discusión: 2006, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

No disponible en español.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2003, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Un representante gubernamental (Secretario de Estado de Trabajo, de la Mano de Obra y de los Pakistaníes del Exterior) declaró que Pakistán, que estaba pasando un proceso económico y político global de reestructuración, siembre había otorgado gran importancia a las observaciones de la Comisión de Expertos. Pakistán había logrado coherentemente identificar las soluciones necesarias, sostenibles y viables para el establecimiento del tripartismo nacional. Ningún sistema podía ser perfecto, pero la voluntad y los pasos dados deberían ser la medida de la aplicación de las obligaciones de Pakistán. El representante gubernamental señaló la adopción de la Nueva Política Laboral en septiembre de 2002. El objetivo más importante de dicha política es poner la legislación y administración del trabajo en conformidad con los objetivos nacionales y con las normas internacionales contenidas en los convenios de la OIT ratificados por Pakistán, incluido el Convenio núm. 98. La nueva política trata de encontrar un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y de los industriales y de reducir el papel del Gobierno al de un facilitador. Los pilares centrales de la política incluyen el fomento de una relación de confianza entre los trabajadores y los empleadores, la evolución de códigos de conducta bilaterales en el ámbito de las empresas, que promuevan un saludable sindicalismo y la reestructuración del Poder Judicial.

El representante gubernamental declaró que la Comisión de Expertos había señalado que el artículo 2-A de la ley de 1973 sobre funcionarios públicos excluía a cierta categoría de trabajadores del goce de los derechos consagrados en el Convenio. Al respecto, informó a la Comisión que las cuestiones relacionadas con dicha disposición habían sido examinadas a la luz del acuerdo tripartito de la Nueva Política Laboral, y que el Ministro había promovido una propuesta para su derogación o modificación para permitir a los trabajadores del sector público encontrar soluciones en la legislación del trabajo. No es un proceso fácil, pero se habían dado los primeros pasos. El Gobierno se comprometía a encontrar una solución que reflejara las demandas de todos los interesados y las preocupaciones de la Comisión.

Respecto de la denegación de la negociación colectiva en el sector público de la banca y las actividades financieras (artículos 38-A a 38-I de la ordenanza sobre relaciones de trabajo (ORT), de 1969), y la exclusión de ciertos funcionarios públicos de grado 16 o superior de los derechos establecidos en el Convenio, el representante gubernamental declaró lo siguiente: 1) el artículo 27-B permitía las actividades sindicales pacíficas y no violaba el artículo 3 del Convenio núm. 87; 2) en Pakistán había diferentes opiniones al respecto, por ejemplo, el Banco Estatal de Pakistán consideraba que el artículo 27-B era vital para controlar actividades perturbadoras de los sindicatos, en defensa de las reformas financieras; 3) la Nueva Política Laboral propone revisar el artículo 27-B para encontrar una solución mutuamente aceptable y se ha iniciado un seguimiento global sobre la política incluyendo este aspecto, y 4) la Nueva Política Laboral ha sido incluida en el calendario de debate en ambas cámaras del Parlamento.

Refiriéndose a la situación de los trabajadores en las zonas francas de exportación, el representante gubernamental declaró que esta cuestión es de competencia del Ministerio de Industria, que ha exceptuado a dichas zonas de la aplicación de las leyes del trabajo. Sin embargo, el Ministro del Trabajo ha tratado esta cuestión con el Ministro de Industria para retirar la excepción. Se estaba desarrollando un amplio diálogo estimulado por la observación de la Comisión de Expertos y se esperaba que el Gobierno pudiera proporcionar informaciones positivas sobre esta cuestión el año próximo.

Respecto del artículo 25-A de la ordenanza de 1969 sobre relaciones de trabajo, el representante gubernamental informó a la Comisión que el 26 de octubre de 2002, se había promulgado una nueva ordenanza sobre relaciones de trabajo. En virtud de sus disposiciones, los trabajadores que hubieran sido despedidos, cancelados, cesados del empleo o transferidos o perjudicados durante un conflicto laboral, tenían actualmente derecho a una ayuda temporal de la Comisión Nacional de Relaciones de Trabajo. Además, el representante gubernamental declaró que se estaba llevando a cabo la revisión del artículo 27-B de la ordenanza de 1962 sobre las compañías bancarias. Concluyó renovando el compromiso de Pakistán en un diálogo constructivo y crítico. El país había dado pasos significativos para seguir mejorando la situación en el ámbito interno y continuaría haciéndolo.

Los miembros trabajadores acogieron favorablemente las informaciones suministradas por el Gobierno a la Comisión sobre la aplicación del Convenio núm. 98 en Pakistán. Este caso fue examinado por última vez en 1992. Sin embargo, los miembros trabajadores lamentan comprobar que, desde entonces, el Gobierno no parece haber tomado conciencia de la importancia del Convenio. El informe de la Comisión de Expertos destaca, una vez más este año, las divergencias que ya había señalado once años atrás. La nueva ordenanza de 2002 sobre las relaciones de trabajo sigue imponiendo algunas limitaciones al derecho de constituir organizaciones de trabajadores. La injerencia de los poderes públicos en los asuntos internos de los sindicatos persiste. Los dirigentes sindicales siguen estando sujetos a duras sanciones por prácticas laborales desleales. Los trabajadores siguen estando desprotegidos de los actos de discriminación antisindical y los mecanismos de negociación colectiva son siempre insuficientes. Los derechos establecidos por el Convenio núm. 98 siguen sin ser reconocidos a importantes categorías de trabajadores: sector bancario, funcionarios públicos de grado 16 o superior, silvicultura, ferrocarriles, sector hospitalario y postal. Se espera con impaciencia la revisión anunciada de la ley sobre el sector bancario. Los trabajadores de dicho sector y los funcionarios que no están empleados en la administración del Estado no deben quedar excluidos de las garantías ofrecidas por el Convenio.

En cuanto a las zonas francas de exportación, los miembros trabajadores lamentan que el Gobierno persista en no reconocer a los trabajadores de dichas zonas los derechos establecidos en los artículos 1, 2 y 4 del Convenio. En lo relativo a la protección de los trabajadores contra el despido por afiliación o actividades sindicales, los miembros trabajadores lamentan que la nueva ordenanza de 2002 restrinja aún el derecho de presentar recursos judiciales en tales circunstancias. El Comité de Libertad Sindical solicitó que dicha facultad de recurso pudiera ser ejercida en cualquier circunstancia y no sólo en el contexto de un conflicto laboral. Además, los miembros trabajadores solicitan la derogación de la pena de reclusión que castiga el uso abusivo de la infraestructura de un establecimiento bancario con fines sindicales durante las horas de trabajo. Estos ejemplos, entre otros, ilustran particularmente la gravedad, la persistencia y el carácter institucional de los ataques al Convenio núm. 98 que denuncian los miembros trabajadores.

Los miembros empleadores tomaron nota de las indicaciones del representante gubernamental sobre la adopción de una Nueva Política Laboral en el 2002. Señalaron que, en sí misma, dicha medida no satisfacía todas las recomendaciones que había formulado la Comisión de Expertos en relación con la legislación laboral. Aparentemente el Gobierno está adoptando medidas para mejorar la libertad de asociación en el sector público y de los funcionarios públicos, pero los resultados de sus esfuerzos todavía están por llegar. En relación con la situación de las zonas francas de exportación, los miembros empleadores tomaron nota de que no se había proporcionado ninguna información adicional, ya que las medidas que se habían adoptado se limitan a la redacción de proyectos legislativos. En relación con el artículo 27-B de la ordenanza de 1962 sobre la banca, por la que se pueden imponer penas de privación de libertad por el uso del centro o la realización de actividades sindicales durante la jornada de trabajo, los miembros empleadores señalaron que dicha sanción era demasiado severa. El Gobierno se ha comprometido a muchas cosas y se espera observar un verdadero progreso en un futuro muy cercano.

El miembro trabajador de Pakistán declaró estar completamente de acuerdo con la declaración realizada por los miembros trabajadores en relación a las obligaciones internacionales del Gobierno de Pakistán. Recordó que el Gobierno de Pakistán llevó a cabo una conferencia nacional tripartita en la que se recomendó unánimemente que la legislación se ponga en conformidad con las normas fundamentales, tal como también fue prometido en la política del trabajo aprobada por el Gobierno en septiembre de 2002. La ordenanza sobre las relaciones del trabajo (IRO), de 2002, que fue adoptada por el Gobierno anterior es contraria a estas recomendaciones de la Conferencia Tripartita, a los principios de la política laboral aprobados por el Gobierno de Pakistán, en septiembre de 2002, y a los principios de los Convenios núms. 87 y 88, ratificados por Pakistán. El Comité de Libertad Sindical recomendó en el caso núm. 2229, y el Consejo de Administración aprobó en marzo de 2003, que el Gobierno enmiende su legislación para garantizar que los trabajadores de ciertas empresas, disfruten del derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, para permitir a los trabajadores buscar soluciones contra los actos de discriminación antisindical, en todo momento y no sólo durante los conflictos colectivos, y que derogue el artículo 65, 5) de la IRO, que impide que un dirigente sindical se ocupe de estas funciones si ha cometido una práctica laboral injusta contraria al derecho de los trabajadores de elegir libremente a sus representantes. Asimismo, pidió al Gobierno que comunicara información sobre si existe un período de espera adicional relativo a la notificación de la huelga antes de su inicio, y de ser así, que indicara la duración. El Comité de Libertad Sindical también solicitó al Gobierno que lleve a cabo consultas con los interlocutores sociales para un posible cambio de la IRO a fin de resolver el tema del sistema judicial de trabajo para que dé satisfacción a todas las partes interesadas. Recordó que en la observación de la Comisión de Expertos se pedían enmiendas a diferentes leyes, como la ley relativa a los funcionarios del sector público, la ley de los tribunales, la ley de los servicios esenciales, y la ordenanza sobre las empresas bancarias, así como a las ordenanzas relativas a la autoridad en las zonas francas de exportación, para garantizar los derechos derivados del Convenio. Solicitó que se instara al Gobierno a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical de que enmiende su legislación, entable un diálogo social, y presente el proyecto ante el Parlamento a fin de poner la legislación y la práctica de Pakistán en conformidad con el Convenio.

El miembro trabajador de Japón quiso plantear dos puntos sobre el caso de Pakistán. En primer lugar, desde que Pakistán ratificó el Convenio núm. 87 se han producido graves violaciones de los principios de la OIT, durante más de 52 años, en especial de la libertad sindical. Los trabajadores del sector público, durante medio siglo, no han disfrutado de derechos sindicales. El orador recordó las declaraciones realizadas por la delegación gubernamental de Pakistán en la sesión plenaria de la Conferencia y por el representante gubernamental de Pakistán en esta Comisión sobre su compromiso de poner la legislación laboral y la administración del trabajo de conformidad con los objetivos nacionales y los convenios de la OIT ratificados por Pakistán. Señaló que, sin embargo, el Gobierno de Pakistán había reforzado las restricciones sobre los derechos de negociación colectiva en varios sectores, a través de la adopción de la ordenanza sobre relaciones del trabajo de 2002, y aplica una interpretación más amplia de los llamados "servicios esenciales" que la aplicada por los órganos de control de la OIT. Además, las nuevas leyes sobre los trabajadores del sector público imponen otras restricciones a estos trabajadores al impedirles recurrir a los tribunales cuando son víctimas de despidos injustificados y prohibiendo toda intervención de los tribunales en estos asuntos. Si la nueva ley sobre el trabajo estuviese de conformidad con los convenios de la OIT, deberían darse plenos derechos sindicales a todos los trabajadores.

El segundo punto planteado por el miembro trabajador de Japón trató de la llamada "política sindical", que impide a los trabajadores de las zonas francas de exportación (EPZ) formar y unirse a los sindicatos que estimen convenientes, llevar a cabo negociaciones colectivas y realizar huelgas y otras acciones laborales. El propósito fundamental de esta política, que no sólo se lleva a cabo en Pakistán, sino también en otras partes del mundo, es estimular la inversión extranjera directa en las EPZ. Sin embargo, ni se han respetado los derechos sindicales básicos, ni ello es compatible con el desarrollo sostenible. El orador instó al Gobierno a que cumpliera con las normas internacionales del trabajo en todos los ámbitos y sin excepciones.

La miembro gubernamental de Cuba manifestó que el Convenio núm. 98 es cada día más relevante con motivo de las políticas neoliberales y de la instalación de empresas transnacionales. Señaló que hay muchos países que no aplican este Convenio, pero que, por motivos poco claros, no han sido convocados ante la Comisión. Finalmente, apoyó las explicaciones brindadas por el Gobierno de Pakistán.

Otro representante gubernamental tomó cuidadosa nota de los comentarios formulados por los miembros trabajadores y empleadores. Con respecto a los comentarios de la Comisión de Expertos sobre las zonas francas de exportación (EPZs), aclaró que en Pakistán hay solamente una zona franca de exportación y ellas no están multiplicándose en todo el país. Sin embargo, ello no justifica las restricciones impuestas a los trabajadores. Agregó que su delegación otorga una gran importancia a sus obligaciones internacionales y no las ha dejado de lado. En respuesta a los comentarios formulados por el miembro trabajador de Pakistán en relación con la obligación del Gobierno de presentar la legislación enmendada ante el Parlamento, declaró que el Gobierno continuará presentando esta cuestión ante el Parlamento en la medida de lo posible. Su delegación continúa comprometida en un diálogo constructivo y continuará comunicando las observaciones recibidas.

Los miembros trabajadores declararon que confiaban en que, tal como indicó el representante gubernamental, los puntos planteados por la Comisión de Expertos serían estudiados y los textos pertinentes transmitidos a fin de que la Comisión de Expertos pueda evaluar los progresos realizados. El Gobierno debe tomar medidas efectivas lo más pronto posible para poner la legislación de conformidad con el Convenio. A este respecto, conviene recordar al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT. Por otra parte, los miembros trabajadores quisieron indicar que, durante el examen de un caso, no resulta pertinente que los gobiernos retomen la cuestión de la elección de los casos que figuran en la lista. La lista de casos ha sido adoptada, los criterios se conocen; no se tratará nunca de criterios matemáticos. Además, podemos observar, al comparar las listas adoptadas durante los últimos años, que éstas son equilibradas.

Los miembros empleadores recordaron que este caso ha sido objeto de numerosas discusiones y observaciones y que los defectos de la legislación nacional están claros. Recordando que la sola discusión no conlleva ningún progreso sin un sustancial esfuerzo de parte del Gobierno para resolver esta situación, instó al Gobierno a que cumpliera sus promesas de armonizar la legislación nacional con el Convenio.

La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental, así como de la discusión que tuvo lugar a continuación. La Comisión observó que durante muchos años la Comisión de Expertos se había referido a un cierto número de divergencias importantes entre la legislación y la práctica nacionales, por una parte, y las disposiciones del Convenio, por otra, en particular en lo relativo a la prohibición o limitación de los derechos consagrados por el Convenio para varias categorías de trabajadores, en particular en la zona franca de exportación que existe en el país y en el sector público, y a la falta de suficiente protección legislativa contra los despidos antisindicales. La Comisión tomó debida nota de la declaración del Gobierno respecto a qué medidas habían sido contempladas con miras a modificar ciertas disposiciones de la legislación en cuestión, en particular en lo que concierne al sector bancario. Sin embargo, la Comisión tomó nota con preocupación de que, según el informe del Comité de Libertad Sindical, adoptado en marzo de 2003, la nueva legislación recientemente adoptada no podría resolver estas dificultades. La Comisión estimó que corresponde a la Comisión de Expertos examinar la conformidad de esta legislación con el Convenio.

Por consiguiente, la Comisión instó al Gobierno a que tomara las medidas necesarias que en un futuro próximo modifique toda la legislación pertinente, en plena consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, a fin de garantizar plenamente los derechos consagrados en el Convenio a todos los trabajadores cubiertos en su campo de aplicación.

La Comisión expresó la firme esperanza de que pudiera también estar en condiciones de comprobar progresos concretos en este caso y pidió al Gobierno que en su próxima memoria facilite informaciones detalladas al respecto, inclusive todos los cambios y propuestas legislativas pertinentes, a fin de que la Comisión de Expertos pueda proceder a su examen.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Un miembro gubernamental señaló que la principal cuestión puesta de relieve por la Comisión de Expertos concierne a la Comisión de Salarios. Hasta hace poco tiempo, todos los bancos e instituciones financieras en Pakistán se encontraban en el sector público. Existían dos opciones para tratar con ellas, o 1) permitir que todas las instituciones negociaran por su cuenta o 2) tomar las medidas para lograr la uniformidad en este sector. El Gobierno decidió introducir un sistema uniforme para estos bancos. Una Comisión de Salarios fue periódicamente establecida a pedido de los trabajadores. Esta Comisión es de naturaleza tripartita, con representantes de los trabajadores y empleadores. El Presidente es usualmente un alto juez de Pakistán. Ambas partes pueden presentar sus demandas ante el Presidente, quien actúa como un moderador y árbitro cuando las decisiones deben ser tomadas. Por lo tanto, en realidad este sistema permite actualmente un proceso directo de negociación con el empleador. Si las peticiones de los trabajadores y los empleadores se encuentran bloqueadas, el Presidente tiende a dictar sentencia en favor del trabajador. Recientemente, se han establecido diez nuevos bancos en el sector privado, dos de ellos eran bancos nacionales. Las instituciones financieras también deberán ser privatizadas. En cuanto la situación progrese existirá un momento en el cual el Gobierno no necesitará seguir imponiendo la uniformidad, y la necesidad de la Comisión de Salarios podrá ser reconsiderada. Sin embargo, en el presente este sistema aún se halla en funcionamiento y no se han recibido quejas de los trabajadores de estas instituciones. Además, estos trabajadores tienen sus propias asociaciones que los representan y tienen el derecho a la huelga.

Los miembros trabajadores señalaron que la Comisión de Expertos se vio obligada a repetir los comentarios que viene realizando sobre ciertos puntos desde 1988, relativos a la no aplicación de este Convenio. Además este caso ha sido discutido en esta Comisión en ocasiones anteriores. La Comisión de Expertos señaló que la libre negociación colectiva no está permitida a los trabajadores del sector bancario y financiero, los trabajadores de líneas aéreas y los trabajadores de la zona franca. De acuerdo a la información suministrada por elGobierno, el estudio llevado a cabo para determinar si los trabajadores objetan el sistema de negociación dentro de la Comisión de Salarios o si prefieren negociar directamente, indicó que el actual sistema funciona a la perfección y que no existen problemas. Los miembros trabajadores señalaron que este estudio dependerá del tipo de las preguntas que se les efectúen a los trabajadores y a las circunstancias en las que éstos podrán responderlas. Quizás el miembro gubernamental posea más información sobre este punto. De todas maneras, el Convenio señala que los trabajadores tienen el derecho de negociar colectivamente directamente con el empleador, sin interferencia de un organismo externo. Pidieron al Gobierno que revise las disposiciones de la Ordenanza concerniente a los derechos de los trabajadores del sector bancario y financiero en orden de ponerla en conformidad con el Convenio.

Los miembros empleadores se adhirieron a la declaración realizada por los miembros trabajadores. Recordaron que la discusión relativa a las zonas francas ya ha tenido lugar bajo el Convenio núm. 87. La única manera permitida de determinar los salarios bajo este Convenio es a través de una directa negociación colectiva. Sin embargo, el Gobierno mantiene un sistema diferente al permitido en el Convenio. Parece que el problema se resolverá, ya que el sector bancario y financiero fue privatizado. Sin embargo, debería tomarse una acción que corrigiera las deficiencias lo más pronto posible.

El miembro trabajador de Pakistán pidió al Gobierno que revea la situación en el sector bancario y sugirió que considere la asistencia técnica de la Oficina. El derecho de negociar colectivamente de manera directa con el empleador debería posibilitarse a todos los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público.

El miembro gubernamental indicó que su Gobierno pedirá la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.

La Comisión tomó nota con cierta decepción de las informaciones suministradas por el Gobierno. Se vio obligada a concluir que no se ha realizado progreso alguno sobre las cuestiones puestas de relieve en el pasado por la Comisión de Expertos. Sin embargo, en vista de la disposición del Gobierno de pedir asistencia técnica, expresó la firme esperanza de que el Gobierno se encontrará en condiciones de poner su legislación en completa conformidad con el Convenio en un futuro próximo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.

La Comisión toma nota de los comentarios sometidos por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación de fecha 24 de agosto de 2010, que contienen alegatos de numerosas violaciones de los derechos sindicales en la legislación, tal como plantea a continuación la Comisión, y en la práctica. La Comisión toma nota, en particular, de los alegatos de despidos antisindicales y actos de injerencia en los asuntos internos de los sindicatos por parte de los empleadores privados (intimidación, no reconocimiento e inclusión en listas negras de los sindicatos y sus miembros) así como de la negación de los derechos a la negociación colectiva en las zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión pide al Gobierno que transmita sus observaciones al respecto.

La Comisión recuerda que durante varios años ha estado realizando comentarios sobre las graves discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio. En su reunión de 2008, la Comisión tomó nota de la Ley de Relaciones Laborales (IRA), adoptada en noviembre de 2008, que enmendaba la ordenanza sobre relaciones laborales (IRO) de 2002. Asimismo, tomó nota de que la IRA era una ley provisional cuyo plazo de vigencia expiraba el 30 de abril de 2010. A este respecto, la Comisión toma nota de que en su memoria sobre la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Gobierno indica que ha promulgado la 18.ª enmienda a la Constitución por la cual las cuestiones relacionadas con las relaciones laborales y los sindicatos se transfieren a las provincias. El Gobierno añade que garantizará que las legislaciones provinciales estén de conformidad con los convenios que ha ratificado. Asimismo, la Comisión toma nota de que el 18 de junio de 2010, el Tribunal Superior de Sindh (Karachi), en relación con la 18.ª enmienda constitucional, confirmó que la IRA de 2008 se derogaba y concluyó que la ordenanza sobre relaciones laborales (IRO) de 1969 ahora estaba de nuevo en vigor. La Comisión recuerda a este respecto que anteriormente había comunicado que la IRO de 1969 establecía una serie de restricciones significativas al derecho de sindicación y, en particular: 1) la exclusión de la IRO de los funcionarios públicos del grado 16 o superior, los funcionarios públicos del sector forestal y los ferrocarriles, los trabajadores de los hospitales, los trabajadores agrícolas como, por ejemplo, los agricultores independientes, los aparceros y los agricultores a pequeña escala, así como las personas empleadas en trabajos administrativos o de dirección cuyos salarios superen las 800 rupias al mes (muy por debajo del salario mínimo nacional); 2) la falta de suficiente protección legislativa para los trabajadores despedidos debido a su afiliación a un sindicato o sus actividades sindicales, y 3) la negación de los derechos de negociación colectiva en los sectores de la banca pública y financiero. La Comisión expresa la firme esperanza de que las nuevas legislaciones que sean provinciales o nacionales se adopten en un futuro próximo a través de consultas plenas con los interlocutores sociales interesados. Asimismo, la Comisión espera que toda la legislación que se adopte esté en plena conformidad con el Convenio. Pide al Gobierno que proporcione, en su próxima memoria, información sobre toda evolución en relación con la adopción de las legislaciones provinciales sobre sindicatos y relaciones laborales, y que transmita una copia de estos instrumentos una vez que se hayan adoptado. Recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si así lo desea.

Zonas francas de exportación (ZFE). En relación con el derecho de sindicación en las ZFE, la Comisión recuerda que había tomado nota de la declaración del Gobierno según la cual se había concluido el reglamento sobre las zonas francas de exportación (condiciones de empleo y servicios), de 2009, en consulta con los interlocutores sociales, y que éste se presentaría al Gabinete para su aprobación. Tomando nota de los comentarios de la CSI en los que se alega la negación de los derechos a la negociación colectiva en las ZFE y la declaración del Gobierno respecto a que el reglamento está de conformidad con el Convenio, la Comisión expresa la firme esperanza en que el reglamento se adopte en un futuro próximo. Pide al Gobierno que transmita una copia de este reglamento, una vez que se haya adoptado.

Sector bancario. En sus anteriores comentarios, la Comisión había pedido al Gobierno que enmendase el artículo 27-B de la ordenanza sobre las empresas bancarias, de 1962, que imponía penas de cárcel y/o multas por la realización de actividades sindicales durante las horas de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha proporcionado una copia de la enmienda sometida al Senado e indica que, tal como se señala en su política laboral de 2010, se compromete a derogar este artículo. A este respecto, la Comisión toma nota de las conclusiones del caso núm. 2096 del Comité de Libertad Sindical. La Comisión expresa la firme esperanza de que la enmienda del artículo 27-B de la ordenanza sobre las empresas bancarias, de 1962, se adoptará en un futuro próximo y pide al Gobierno que en su próxima memoria transmita información a este respecto.

Organismos y corporaciones autónomos. La Comisión había tomado nota de la declaración de la Federación Nacional de Sindicatos de Pakistán (APFTU), según la cual el nuevo artículo 2-A de la Ley sobre Tribunales de la Administración Pública excluye a los trabajadores que trabajan para organismos autónomos o corporaciones como la Dirección de Fomento de los Recursos Hídricos y la Energía de Pakistán (WAPDA), los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el gas, los bancos, la Compañía de Suministro y Almacenamiento Agrícola de Pakistán (PASSCO), entre otros, de la posibilidad de buscar reparación ante los tribunales del trabajo, los tribunales de apelación del trabajo y la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) por los daños sufridos por prácticas desleales del empleador. A este respecto, la Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno de que se había sometido al Senado un proyecto de enmienda de esta disposición. La Comisión expresa de nuevo la firme esperanza de que el artículo 2-A de la Ley sobre Tribunales de la Administración Pública se derogará en un futuro próximo a fin de garantizar que los trabajadores afectados disponen de los medios apropiados de reparación. Pide al Gobierno que transmita una copia de la enmienda del texto legislativo.

La Comisión había pedido al Gobierno que adoptase todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de la Compañía Eléctrica de Karachi (KESC) y del sindicato de la empresa disfrutan en la práctica de los derechos que prevé el Convenio. Asimismo, solicitó al Gobierno que transmitiese información sobre la situación en relación con la determinación de un agente de negociación colectiva. A partir del examen del caso núm. 2006 del Comité de Libertad Sindical, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, con arreglo a las directrices del Tribunal Superior de Sindh, se ha celebrado el referéndum para elegir al agente de negociación colectiva y que ha resultado seleccionado el Sindicato de Trabajadores de la KESC (357.º informe, párrafo 48).

Por último, la Comisión expresa su preocupación por la situación de los derechos sindicales en el país y urge al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación en la legislación y en la práctica de los derechos consagrados en el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

La Comisión toma nota del debate celebrado en el seno de la Comisión de la Conferencia sobre Aplicación de Normas, en junio de 2009. La Comisión toma nota además de los comentarios formulados por la Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF) y por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en sendas comunicaciones fechadas el 2 y el 26 de agosto de 2009 respectivamente, sobre la aplicación del Convenio en la ley y en la práctica. La Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en los casos núms. 2096, 2399, 2520 (véase 353.^er informe) y 2229 (véase 354.º informe), sobre estas mismas cuestiones.

La Comisión recuerda que desde hace varios años viene observando graves discrepancias entre la legislación nacional y lo dispuesto en el Convenio. En su reunión de 2008, la Comisión tomó nota de la Ley de Relaciones Laborales (IRA), adoptada en noviembre de 2008, que enmendaba la Ordenanza sobre Relaciones Laborales (IRO) de 2002. Asimismo tomó nota de que la IRA era una ley provisional cuyo plazo de vigencia expira el 30 de abril de 2010. Durante este período, se celebrará una conferencia tripartita para redactar una nueva ley en consulta con todos los interlocutores sociales. La Comisión expresa su firme esperanza de que la nueva legislación tendrá en cuenta los comentarios siguientes.

Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de que la IRA excluye a las siguientes categorías de trabajadores de su ámbito de aplicación:

–           los trabajadores que desempeñen sus funciones en servicios o instalaciones que estén relacionados de un modo exclusivo o incidental, con las fuerzas armadas de Pakistán, incluida la fábrica de explosivos bajo el control del Gobierno federal (artículo 1, 3), a));

–           miembros del personal de seguridad de las Aerolíneas Internacionales Pakistaníes (PIAC) (artículo 1, 3), b));

–           los trabajadores empleados en la Corporación Pakistaní de Impresión o en la Sociedad Limitada de Documentos Auténticos (artículo 1, 3), d));

–           los trabajadores empleados en establecimientos o instituciones para el tratamiento o cuidado de los enfermos, inválidos, indigentes y enfermos mentales con excepción de los establecimientos con fines lucrativos (artículo 1, 3), e));

–           miembros de los servicios de vigilancia, seguridad o de extinción de incendios en una refinería de petróleo, un aeropuerto o un puerto de mar (artículo 1, 3), f));

–           miembros de la seguridad o de la brigada de extinción de incendios de un establecimiento dedicado a la producción, transporte y distribución de gas natural y productos de petróleo líquido (artículo 1, 3), g));

–           los trabajadores agrícolas (artículo 1, 3), considerado conjuntamente con el artículo 2, ix) y xiv)), y

–           los trabajadores de las organizaciones caritativas (artículo 1, 3), considerado conjuntamente con el artículo 2, ix) y xiv)).

La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para velar por que la nueva legislación garantice los derechos consagrados en el Convenio a las categorías de empleados anteriormente mencionadas.

La Comisión toma nota de que las personas empleadas en la administración del Estado están excluidas del ámbito de aplicación de la IRA en virtud de su artículo 1, 3), b). La Comisión solicita al Gobierno que indique si la nueva legislación en materia de relaciones laborales garantizará los derechos de negociación colectiva de esta categoría de trabajadores.

La Comisión recuerda que había solicitado anteriormente al Gobierno que garantizara el derecho de sindicación a los trabajadores de las ZFE, de la PIAC, y de la Compañía Eléctrica de Karachi (KESC). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que los sindicatos son libres para operar en la KESC, que las actividades sindicales se han restaurado y que se ha designado un agente de negociación colectiva mediante un referéndum en las PIAC. Con respecto a esta última medida, el Gobierno indicó que se había derogado el Decreto Presidencial núm. 6. La Comisión toma nota además de la declaración del Gobierno, según la cual se ha concluido el Reglamento sobre las Zonas Francas de Exportación (ZFE) (Condiciones de Empleo y Servicios), de 2009, en consulta con los interlocutores sociales, y se presentará al Gabinete para su aprobación. La Comisión espera que este reglamento garantizará el derecho de sindicación a los trabajadores de las ZFE, y solicita al Gobierno que suministre una copia del mismo tan pronto como haya sido adoptado.

Artículo 1 del Convenio. a) Sanciones por actividades sindicales. La Comisión había solicitado anteriormente que se derogara el artículo 27-B de la Ordenanza sobre las Empresas Bancarias, de 1962, que imponía penas de cárcel y/o multas por la realización de actividades sindicales durante las horas de trabajo. La Comisión toma nota del proyecto de ley para enmendar la ordenanza sobre las empresas bancarias con la que se derogaría el artículo 27-B, y la indicación del Gobierno de que dicho proyecto ha sido remitido al Senado. La Comisión expresa su firme esperanza de que se derogue en un próximo futuro el artículo 27-B de la Ordenanza sobre las Empresas Bancarias, y solicita al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.

b) Protección legislativa insuficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación sindical o sus actividades sindicales. La Comisión había tomado nota anteriormente de la afirmación de la Federación Nacional de Sindicatos de Pakistán (APFTU), según la cual el nuevo artículo 2-A de la Ley sobre Tribunales de la Administración Pública excluye a los trabajadores que trabajan para organismos autónomos o corporaciones como la Dirección de Fomento de los Recursos Hídricos y la Energía de Pakistán (WAPDA), los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el gas, los bancos, la Compañía de Suministro y Almacenamiento Agrícola de Pakistán (PASSCO), entre otras, de la posibilidad de buscar reparación ante los tribunales de trabajo, los tribunales de apelación del trabajo y la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) por los daños sufridos por prácticas desleales del empleador. A este respecto, la Comisión había solicitado al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para revisar el artículo 2-A de la Ley sobre Tribunales de la Administración Pública. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el proyecto de ley de enmienda de esta disposición ha sido trasladado al Senado. La Comisión expresa su firme esperanza de que el artículo 2-A de la Ley sobre Tribunales de la Administración Pública se derogue en un futuro próximo a fin de garantizar a los trabajadores afectados que dispongan de medios apropiados para buscar reparación. Solicita al Gobierno que la mantenga informada a este respecto.

Artículo 2. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión había solicitado anteriormente al Gobierno que señalara las disposiciones específicas de la legislación que prohíben y penalizan los actos de injerencia cometidos por empleadores y sus organizaciones en los asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores. La Comisión toma nota con interés del artículo 17 de la IRA, que enumera las acciones que constituyen prácticas laborales de injerencia por parte del empleador (como la participación en la promoción, formación y actividades de un sindicato, la inducción a una persona para que deje de pertenecer o cese como miembro o delegado de un sindicato, mediante la concesión u oferta de alguna ventaja, etc.); y del artículo 72, 10) de la IRA, que sanciona dichos actos con una multa de hasta 30.000 rupias.

Artículo 4. Negociación colectiva. La Comisión toma nota de que del artículo 24, 1) de la IRA se desprende que, si un sindicato es el único sindicato presente en la empresa y no cuenta con al menos un tercio de los trabajadores afiliados, no le será posible participar en una negociación colectiva en un determinado centro. La Comisión recuerda que había solicitado anteriormente al Gobierno que modificara un artículo similar establecido por la IRO de 2002. Por consiguiente, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que, si no existe ningún sindicato que tenga el porcentaje requerido para ser designado como agente negociador en las negociaciones colectivas, no se denieguen los derechos de negociación colectiva a los sindicatos existentes, al menos en nombre de sus propios miembros.

La Comisión toma nota de los artículos 31, 1) y 2), b); y 34, 1) de la IRA con arreglo a los cuales la NIRC puede determinar o modificar, a petición de una organización de trabajadores o a instancias del Gobierno federal una unidad de una negociación colectiva. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que, según la nueva legislación de relaciones laborales, la elección de la unidad de negociación colectiva sólo sea determinada por los mismos interlocutores, ya que están en mejor posición para decidir cuál es el nivel de negociación más adecuado.

La Comisión lamenta tomar nota de la declaración del Gobierno de que, a pesar de que los sindicatos son libres para operar en la KESC, no puede celebrarse un referéndum para determinar un agente de negociación colectiva, ya que la administración de la KESC presentó un recurso de apelación por escrito ante el Tribunal Supremo impugnando la decisión de la NIRC por la que se garantizaba el derecho de voto a los trabajadores contratados. La Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de la KESC y el sindicato presente en la empresa disfrutan de los derechos que les concede el Convenio en la práctica. Solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre la situación con respecto a la determinación del agente de negociación colectiva.

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) contenidos en su comunicación de fecha 29 de agosto de 2008, relativos a las materias planteadas en la observación previa de la Comisión, referentes a infracciones del derecho de negociación colectiva y a la indiferencia en la aplicación de la ley por parte del Gobierno; a la injerencia en los asuntos sindicales y a la discriminación antisindical. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones a este respecto así como sobre los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) actualmente CSI, de fecha 12 de julio de 2006, que también se refieren a casos de violación del Convenio, tanto en la legislación como en la práctica.

La Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical referentes al caso núm. 2229 (véase el 349.º informe) y al caso núm. 2399 (véanse los 344.º y 350.º informes), donde se abordan cuestiones similares.

La Comisión recuerda que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, luego de tomar nota de la naturaleza y la gravedad de las continuas discrepancias entre la legislación nacional y las disposiciones del Convenio, pidió al Gobierno en junio de 2006 que le enviara una memoria detallada con información completa sobre todas las cuestiones planteadas, así como los proyectos de textos relativos a la aplicación del Convenio. La Comisión lamenta tomar nota de que no ha recibido la memoria del Gobierno.

La Comisión recuerda haber tomado nota con anterioridad del debate que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2006, en el curso del cual el representante del Gobierno declaró que su Gobierno pensaba, en un futuro cercano, resolver los problemas pendientes, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

La Comisión recuerda sus observaciones anteriores sobre la necesidad de enmendar la ordenanza sobre relaciones laborales (IRO) de 2002. La Comisión toma nota de que la Ley de Relaciones Laborales, adoptada en noviembre de 2008, enmienda la IRO de 2002, que seguirá siendo aplicable hasta que entre en vigor la ley, es decir, hasta el 30 de abril de 2010. Durante este período se celebrará una conferencia tripartita encargada de elaborar una nueva legislación, en consulta con todas las partes interesadas. La Comisión espera que la nueva legislación tendrá en cuenta sus observaciones anteriores relativas a la IRO de 2002.

Ambito de aplicación del Convenio. a) Denegación de los derechos garantizados por el Convenio en las zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión había tomado nota con anterioridad de la indicación del Gobierno según la cual el reglamento relativo a las relaciones de empleo en las zonas francas de exportación fue preparado en respuesta a las inquietudes planteadas con respecto a la denegación de los derechos laborales en ese sector y que dicho proyecto de reglamento se había enviado al Ministerio de Legislación, Justicia y Derechos Humanos para su revisión, y que se enviaría a la Comisión de Expertos una vez completado el procedimiento. Esperando que en un futuro muy próximo el nuevo reglamento proporcione a los trabajadores de las ZFE todos los derechos y garantías consagrados en el Convenio, la Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe una copia del reglamento tan pronto como haya sido adoptado.

b) Denegación a otras categorías de trabajadores de los derechos garantizados por el Convenio. La Comisión expresa la esperanza de que la nueva legislación garantice el derecho de sindicación a las categorías de trabajadores que desempeñan labores en los siguientes establecimientos o industrias:

–           instalaciones o servicios exclusivamente relacionados con las fuerzas armadas de Pakistán, incluidas las líneas del ferrocarril del Ministerio de Defensa; establecimientos manufactureros de las fuerzas armadas; Corporación Pakistaní de Impresión (Pakistan Security Printing Corporation), Sociedad Limitada de Documentos Auténticos (Security Papers Limited) y Casa de la Moneda del Pakistán; establecimientos o instituciones para el tratamiento o cuidado de los enfermos, inválidos, indigentes y enfermos mentales con excepción de los establecimientos con fines lucrativos; instituciones establecidas para el pago de las pensiones de vejez o para el bienestar de los trabajadores; miembros de los servicios de vigilancia, seguridad o de extinción de incendios en una refinería de petróleo, un establecimiento que se dedica a la producción, transporte y distribución de gas natural y productos de petróleo líquido, un puerto y un aeropuerto; personas con funciones de gestión o administración y trabajadores de las organizaciones caritativas;

–           trabajadores de las Aerolíneas Internacionales Paquistaníes (PIAC);

–           trabajadores del sector agrícola, y

–           trabajadores empleados en la Compañía Eléctrica de Karachi (KESC).

La Comisión había tomado nota de que según el Gobierno en virtud de la promulgación de la IRO los trabajadores de la KESC obtuvieron el derecho de sindicación. Sin embargo, después de una solicitud de registro presentada por el sindicato de la KESC, la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) emitió una orden a los efectos de que la IRO no fuese aplicable a la KESC. El sindicato de la KESC presentó un recurso ante el tribunal de la NIRC tras lo cual, según el Gobierno, se había levantado la prohibición de las actividades sindicales de la KESC. La NIRC también examinó un conflicto relativo al registro del sindicato en dicha empresa y emitió una orden para que se llevase a cabo un referéndum a fin de determinar cuál sería el agente negociador. Después de realizado dicho referéndum se deberían haber restablecido plenamente los sindicatos en la KESC. La Comisión pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de la KESC y el sindicato de empresa existente disfruten en la práctica de todos los derechos establecidos por el Convenio, y le pide una vez más que informe de la situación, incluida la decisión adoptada por la NIRC sobre el registro del sindicato y sobre la determinación del agente negociador para la negociación colectiva.

Artículo 1 del Convenio. a) Sanciones por actividades sindicales. La Comisión había tomado nota de la afirmación del Gobierno de que estaban en curso de ejecución las medidas encaminadas a revisar o incluso reelaborar el artículo 27-B de la ordenanza sobre las empresas bancarias de 1962, según el cual se imponen penas de cárcel y/o multas por utilización de bienes del banco (tales como el teléfono), por realización de actividades sindicales durante las horas de trabajo, o por ejercer presión, entre otras. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno suprima estas restricciones en un futuro próximo y le pide que informe a este respecto.

b) Protección legislativa insuficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación sindical o sus actividades sindicales. La Comisión había tomado nota de la afirmación de la Federación Panpakistana de Sindicatos (APFTU) según la cual el nuevo artículo 2-A, de la Ley sobre Tribunales de la Administración Pública excluye a los trabajadores que trabajan para organismos autónomos o corporaciones como la Dirección de Fomento de los Recursos Hídricos y la Energía de Pakistán (WAPDA), los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el gas, los bancos, la Compañía de Suministro y Almacenamiento Agrícola de Pakistán (PASSCO), entre otras, de la posibilidad de buscar reparación por los daños sufridos por prácticas desleales del empleador ante los tribunales del trabajo, los tribunales de apelación del trabajo y la NIRC. A este respecto, la Comisión había tomado nota de la afirmación del Gobierno ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2006 de que se estaba dando curso a las medidas adoptadas para revisar y en último término modificar el artículo 2-A de la Ley sobre Tribunales de la Administración Pública. La Comisión pide al Gobierno una vez más que informe sobre las medidas adoptadas para enmendar el artículo 2-A de la Ley sobre Tribunales de la administración pública y garantice que estos trabajadores dispongan de medios apropiados para buscar reparación.

Artículo 2. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión toma nota de la indicación anterior del Gobierno de que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gozan de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas con respecto a las otras, ya sea directamente o por intermedio de sus agentes o miembros. Según el Gobierno, este principio se ha aplicado mediante disposiciones según las cuales se constituyó la Dirección de Bienestar en el Trabajo y el Consejo de Salario Mínimo y se autorizó a los trabajadores para constituir sindicatos y designar un agente encargado de la negociación colectiva a fin de aplicar los acuerdos concluidos entre los trabajadores y los empleadores. La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique en su próxima memoria las disposiciones específicas de la legislación por las que se prohíben y sancionan los actos de injerencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores (o por intermedio de sus agentes) en sus asuntos respectivos.

Artículo 4. Negociación colectiva. Con respecto a la nueva Ley de Relaciones Laborales que va a ser adoptada, la Comisión espera que esté plenamente conforme con lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio, en particular, que garantice que:

–           si no existe ningún sindicato que tenga el porcentaje requerido para ser designado como agente negociador en las negociaciones colectivas, los derechos de negociación colectiva no se nieguen a los sindicatos existentes, al menos en nombre de sus propios miembros;

–           se reduzca razonablemente el período de tres años, contemplado para que otro sindicato tenga la posibilidad de ser considerado como agente negociador en las negociaciones colectivas, cuando un sindicato registrado ha sido certificado como agente negociador en el mismo establecimiento, o bien, se permita explícitamente que la organización más representativa asuma como tal antes de que expire el plazo contemplado en el convenio colectivo;

–           las unidades de negociación colectiva sólo sean determinadas por los mismos interlocutores, ya que están en mejor posición para decidir cuál es el nivel de negociación más adecuado.

La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información sobre las medidas adoptadas para cumplir con las exigencias del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria no se refiere a todas las cuestiones pendientes a pesar de que en junio de 2006 la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, después de señalar el largo tiempo transcurrido y la gravedad de las discrepancias entre el Convenio y la legislación nacional, había pedido al Gobierno que enviara una memoria con información detallada sobre todas las cuestiones planteadas, así como los textos de proyectos relativos a la aplicación del Convenio.

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en la que dos representantes gubernamentales de Pakistán reconocieron que el país había atravesado un difícil período caracterizado por la fragilidad de la economía y con repercusiones desfavorables en el empleo y las condiciones de trabajo, pero que no obstante, la economía se había estabilizado mediante varias iniciativas, entre las que cabe mencionar las medidas para modificar la legislación de conformidad con la observación de 2005 de la Comisión; el firme compromiso del Gobierno para establecer un sistema satisfactorio de relaciones industriales y el fortalecimiento de las medidas tomadas en ese sentido; el establecimiento de organismos para la consulta tripartita, así como de una comisión especial para cuestiones laborales. La Comisión también toma nota de que el Gobierno trata de que los problemas pendientes se resuelvan en un futuro próximo, garantizando que las medidas tomadas aporten cambios duraderos y espera con interés incrementar la cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como con la OIT.

La Comisión recuerda que las cuestiones pendientes, detalladas en sus observaciones anteriores se referían a:

1. Ambito de aplicación del Convenio. a) Denegación de los derechos garantizados por el Convenio en las zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión había tomado nota de la afirmación del Gobierno respecto a que el ministerio pertinente y las autoridades de las ZFE elaboraban un reglamento del servicio para los trabajadores en las ZFE de conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el reglamento relativo a las relaciones de empleo en las zonas francas de exportación fue preparado en respuesta a las inquietudes planteadas con respecto a la denegación de los derechos laborales en el sector. Ese proyecto de reglamento se había enviado al Ministerio de Legislación, Justicia y Derechos Humanos para su revisión y se presentará a la Comisión de Expertos cuando concluya el procedimiento. Esperando que en un futuro muy próximo, el reglamento proporcione a los trabajadores de las ZFE todos los derechos y garantías consagrados en el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que envíe una copia del reglamento tan pronto como haya sido adoptado.

b) Denegación a otras categorías de trabajadores de los derechos garantizados por el Convenio. i) La Comisión había tomado nota anteriormente de que la ordenanza sobre relaciones laborales (IRO) de 2002, excluía de su ámbito a los trabajadores empleados en los siguientes establecimientos o industrias: instalaciones o servicios exclusivamente relacionados con las fuerzas armadas de Pakistán, incluidas las líneas del ferrocarril del Ministerio de Defensa; la Corporación Pakistaní de Prensa de Seguridad o la Sociedad Limitada de Documentos de Seguridad o la Casa de la Moneda de Pakistán; establecimientos para el tratamiento o cuidado de los enfermos, indigentes y enfermos mentales con excepción de los establecimientos con fines comerciales; instituciones establecidas para el pago de las pensiones de vejez o para el bienestar de los trabajadores; y miembros de los servicios de vigilancia, seguridad o contra incendios de una refinería de petróleo o un establecimiento que se dedica a la producción, transporte o distribución de gas natural o productos de petróleo líquido, o de un puerto o de un aeropuerto (artículo 1, 4)), y personas con funciones de gestión o administración (artículo 2, xvii)), así como los trabajadores de las organizaciones caritativas (artículo 2, xvii)). La Comisión había tomado nota de la declaración del Gobierno de que había enviado proyectos de enmienda de la IRO al secretariado del Primer Ministro para su aprobación antes de su sumisión al Parlamento. Las enmiendas excluirían a ciertas categorías de trabajadores del artículo 1, 4), y de esta forma restablecerían el derecho de sindicación y el derecho de negociación colectiva a ciertas categorías de trabajadores. La Comisión toma nota de que, en la Comisión de la Conferencia un representante gubernamental declaró que después de celebrar consultas tripartitas se había elaborado un proyecto de enmienda ya sometido al Gabinete. Esperando que las nuevas enmiendas concedan el derecho de sindicación a las categorías de trabajadores antes mencionadas, la Comisión pide al Gobierno que proporcione una copia del proyecto de enmiendas.

ii) Respecto a las restricciones impuestas a los derechos de los trabajadores empleados en la Compañía Eléctrica de Karachi (KESC), la Comisión había tomado nota de que según el Gobierno, después de promulgar la IRO, los trabajadores de la KESC obtuvieron el derecho de sindicación. Sin embargo, después de una solicitud presentada por el sindicato de la KESC, la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) promulgó una orden a fin de que la IRO no fuese aplicable a la KESC. El sindicato de la KESC presentó un recurso ante el tribunal de la NIRC y la cuestión todavía estaba pendiente de resolución. La Comisión toma nota de que en la Comisión de la Conferencia un representante gubernamental fue informado de que se había levantado la prohibición a las actividades sindicales en la KESC. Sin embargo, según el Gobierno, la NIRC examina en la actualidad un conflicto relativo al registro del sindicato en dicha empresa y había promulgado una orden para que se llevase a cabo un referéndum a fin de determinar cuál es el agente negociador. La NIRC estaba preparando el referéndum, y una vez realizado, se restablecerán plenamente los sindicatos en la KESC. La Comisión solicita al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de la KESCK disfruten de todos los derechos establecidos por el Convenio en la práctica y le pide que la mantenga informada de la situación, incluida la decisión adoptada por la NIRC sobre el registro de un sindicato y en la determinación del agente para la negociación colectiva.

iii) Con respecto a la ordenanza ejecutiva principal núm. 6, que suprimía los derechos sindicales de los trabajadores de las Aerolíneas Internacionales Pakistaníes y suspendía todos los convenios colectivos existentes, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno reiteraba que el caso de los sindicatos afectados por la ordenanza todavía estaba pendiente ante el Tribunal Supremo de Pakistán. La Comisión recuerda nuevamente que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado pueden ser excluidos de las garantías del Convenio. Tomando nota de que el caso todavía está pendiente ante el tribunal, y en vista de que la ordenanza núm. 6 fue promulgada por el primer responsable ejecutivo, en contradicción con el Convenio, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para derogar la ordenanza y para restaurar los derechos sindicales plenos de los trabajadores de las Aerolíneas Internacionales Pakistaníes. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada a este respecto.

iv) Con respecto a los derechos concedidos por el Convenio a los trabajadores del sector agrícola, la Comisión toma nota de que en la Comisión de la Conferencia, el representante gubernamental subrayó que el Ministerio de Alimentación, Agricultura y los gobiernos provinciales habían recibido instrucciones destinadas a favorecer la modernización y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores del sector agrícola, de conformidad con las obligaciones del Gobierno en virtud del Convenio y de la Constitución de Pakistán, que prevén garantías claras en cuanto al derecho de todos los ciudadanos pakistaníes, incluyendo los trabajadores rurales, de constituir o afiliarse a «organizaciones». En su memoria, el Gobierno indica que en el período examinado no se ha registrado ningún sindicato de trabajadores agrícolas, aunque en el país existen numerosas asociaciones de trabajadores agrícolas que se encargan de salvaguardar sus intereses. La Comisión pide al Gobierno que garantice, que esta categoría de trabajadores goce plenamente de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, como lo exige el Convenio, y que le comunique la instrucción impartida al Ministerio de Alimentación y Agricultura y a los gobiernos provinciales a este respecto.

2. Artículo 1 del Convenio. a) Sanciones por actividades sindicales. La Comisión había tomado nota de la afirmación del Gobierno de que si bien el artículo 27-B de la ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962 — según la cual se imponen penas de prisión y/o multas en caso de utilización de bienes del banco, tales como el teléfono o de realización de actividades sindicales durante las horas de trabajo, o de tácticas de presión, etc. — no viola los derechos garantizados en virtud del Convenio, el Ministerio del Trabajo consultaba con los ministerios interesados la enmienda del artículo 27-B. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma que se están examinando medidas tendientes a revisar, y en última instancia modificar, el artículo 27-B de la ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962. Tomando nota de que se están examinando las medidas tendientes a revisar, y en última instancia modificar, el artículo 27-B de la ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno suprimirá estas restricciones en un futuro próximo y le pide que la mantenga informada a este respecto.

b) Ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación o sus actividades sindicales (artículo 25-A de la IRO de 1969). La Comisión había tomado nota de la afirmación de la Federación Panpakistana de Sindicatos (APFTU), según la cual el nuevo artículo 2-A de la Ley sobre el Servicio de los Tribunales excluye a los trabajadores que trabajan para organismos autónomos o corporaciones como la Dirección de Fomento de los Recursos Hídricos y la Energía de Pakistán (WAPDA), los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el gas, los bancos, la Compañía de Suministro y Almacenamiento Agrícola de Pakistán (PASSCO), etc., de la posibilidad de buscar reparación por los daños sufridos ante los tribunales del trabajo, los tribunales de apelación del trabajo y la NIRC en caso de que el empleador haya realizado prácticas desleales. La Comisión había tomado nota de la afirmación del Gobierno de que las cuestiones relacionadas con la disposición del artículo 2-A habían sido tratadas y que se había hecho una propuesta al ministerio de suprimirla o enmendarla a fin de permitir a los trabajadores del sector público tratar de obtener reparaciones en virtud de la legislación del trabajo. La Comisión toma nota de que, en la Comisión de la Conferencia, el representante gubernamental declaró que se examinaban actualmente medidas tendientes a revisar, y en última instancia modificar el artículo 2-A de la ley sobre los tribunales en materia de servicios. El Gobierno también hace referencia a que los trabajadores pueden presentar una petición contra las «prácticas laborales desleales» ante los tribunales de trabajo y con arreglo a los artículos 63 y 65 de la ordenanza. Tomando nota de que se estaban examinando medidas tendientes a revisar, y en última instancia modificar el artículo 2-A de la Ley sobre Servicios de los Tribunales, la Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre esas medidas y que garantice que estos trabajadores disponen de medios apropiados para buscar reparación.

3. Artículo 2 (protección contra los actos de injerencia). La Comisión toma nota de la indicación de que los trabajadores y los empleadores gozan de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros. Este principio ha sido aplicado a través de disposiciones según las cuales la formación en el terreno de la Dirección de Bienestar en el Trabajo y del Consejo de Salario Mínimo fueron establecidos y que los trabajadores pueden constituir sindicatos y designar un agente encargado de la negociación colectiva a fin de poner en práctica los convenios firmados entre los trabajadores y los empleadores. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique en su próxima memoria las disposiciones específicas de la legislación que prohíben y sancionan los actos de injerencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores (o por medio de sus agentes) las unas respecto de las otras.

4. Artículo 4 (negociación colectiva). La Comisión pide de nuevo al Gobierno que enmiende los siguientes artículos de la IRO de 2002 y que la mantenga informada sobre las medidas tomadas o previstas a este respecto:

i)      artículo 20, según el cual si un sindicato es el único sindicato de la empresa y no cuenta al menos con un tercio de los trabajadores de la empresa no se podían realizar negociaciones colectivas en dicho establecimiento. La Comisión pide al Gobierno que garantice que si no existe ningún sindicato que tenga el porcentaje requerido para ser designado como agente en las negociaciones colectivas, los derechos de negociación colectiva se otorgan a los sindicatos existentes, al menos en nombre de sus propios miembros;

ii)     artículo 20, 11), según el cual, cuando un sindicato registrado ha sido certificado como agente en las negociaciones colectivas, no cabe que otro sindicato solicite ser elegido agente en las negociaciones colectivas en el mismo establecimiento durante un período de tres años. La Comisión pide al Gobierno que garantice que otro sindicato tenga la posibilidad de realizar una protesta formal ante las autoridades competentes y el empleador sobre su reconocimiento para la realización de negociaciones colectivas si el sindicato más representativo que disfruta de derechos exclusivos de negociación, parece haber perdido su mayoría;

iii)    artículo 54, según el cual, la Comisión Nacional del Trabajo puede designar o modificar una unidad de negociación colectiva si así lo pide una organización de trabajadores o si el Gobierno federal hace referencia a ello. La Comisión pide al Gobierno que garantice que la elección de unidades de negociación colectiva sólo puede ser realizada por los mismos interlocutores, ya que están en la mejor posición para decidir cuál es el nivel de negociación más adecuado.

La Comisión observa que la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) envió comentarios sobre la aplicación del Convenio el 12 de julio de 2006. La Comisión señala que si bien la mayoría de esos comentarios se relacionan a cuestiones que ya han sido planteadas por la Comisión en sus observaciones anteriores, la CIOSL proporciona nuevos ejemplos de violaciones del Convenio, incluidos varios casos de despido antisindical en cinco empresas, represalias masivas y la detención de más de 600 trabajadores durante una huelga. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones a este respecto.

La Comisión expresa la esperanza de que las iniciativas tomadas por el Gobierno para enmendar la legislación nacional se traducirán sin demoras en modificaciones legislativas reales que estén en plena conformidad con el Convenio y, en vista de la declaración del Gobierno, según la cual espera con interés aumentar la cooperación con la OIT, recuerda que la asistencia técnica de la OIT se encuentra a su disposición. La Comisión pide al Gobierno que facilite información en su próxima memoria sobre toda medida adoptada para dar cumplimiento a los requerimientos del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de los comentarios realizados por la Federación Panpaquistaní de Sindicatos (APFTU) y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en comunicaciones de fechas 14 de mayo y 31 de agosto de 2005, respectivamente, sobre la aplicación del Convenio. Los comentarios de ambos sindicatos se refieren a cuestiones legislativas planteadas en la anterior observación de la Comisión así como a la aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus observaciones al respecto. La Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2229.

1. Ambito de aplicación del Convenio. a) Denegación de los derechos garantizados por el Convenio en las zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión toma nota de la afirmación del Gobierno respecto a que el ministerio pertinente y las autoridades de las ZFE están concibiendo un reglamento del servicio para los trabajadores en las ZFE que esté de conformidad con el Convenio. Esperando que, en un futuro muy próximo, el reglamento proporcionará a los trabajadores de las ZFE todos los derechos y garantías consagrados en el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que envíe una copia del reglamento tan pronto como haya sido adoptado.

b) Denegación a otras categorías de trabajadores de los derechos garantizados por el Convenio. i) La Comisión había tomado nota anteriormente de que la ordenanza sobre relaciones laborales (IRO) de 2002 excluye de su ámbito a los trabajadores empleados en los siguientes establecimientos o industrias: instalaciones o servicios exclusivamente relacionados con las fuerzas armadas de Pakistán, incluidas las líneas de ferrocarril del Ministerio de Defensa; la Corporación Paquistaní de Prensa de Seguridad o la Sociedad Limitada de Documentos de Seguridad o la Casa de la Moneda de Pakistán; establecimientos para el tratamiento o cuidado de los enfermos, indigentes y enfermos mentales con excepción de aquellos establecimientos creados con fines comerciales; instituciones establecidas para el pago de las pensiones de vejez o para el bienestar de los trabajadores; y miembros de los servicios de vigilancia, seguridad o contra incendios de una refinería de petróleo o un establecimiento que se dedica a la producción, transporte o distribución de gas natural o productos de petróleo líquido, o de un puerto o un aeropuerto (artículo 1, 4)) y personas con funciones de gestión o administración (artículo 2, xxx)), así como los trabajadores de las organizaciones caritativas (artículo 2, xvii)). La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que ha enviado proyectos de enmienda de la IRO al secretariado del Primer Ministro para que éste les dé su aprobación antes de su sumisión al Parlamento. Las enmiendas suprimirían a ciertas categorías de trabajadores del artículo 1, 4), y de esta forma devolverían el derecho de sindicación y el derecho de negociación colectiva a ciertas categorías de trabajadores. Esperando que las nuevas enmiendas concedan el derecho de sindicación a las categorías de trabajadores antes mencionadas, la Comisión pide al Gobierno que proporcione una copia, del proyecto de enmiendas a fin de poder examinar su conformidad con el Convenio.

ii) Respecto a las restricciones impuestas a los derechos de los trabajadores empleados en la Compañía Eléctrica de Karachi (KESC), la Comisión toma nota de que según el Gobierno, después de promulgar la IRO, los trabajadores de la KESC obtuvieron el derecho de sindicación. Sin embargo, después de una solicitud presentada por el sindicato de la KESC, la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NIRC) promulgó una orden a fin de que la IRO no fuese aplicable a la KESC. El sindicato de la KESC apeló al tribunal del NIRC y la cuestión todavía está pendiente. La Comisión solicita al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de la KESC disfrutan de todos los derechos establecidos por el Convenio en la práctica y le pide que la mantenga informada sobre las medidas tomadas o previstas a este respecto. Asimismo, pide al Gobierno que la mantenga informada sobre la decisión tomada por el tribunal de la NIRC.

iii) Con respecto a la ordenanza ejecutiva principal núm. 6 que suprimía los derechos sindicales de los trabajadores de las Aerolíneas Internacionales Paquistaníes y suspendía todos los convenios colectivos existentes, tomando nota de que el Gobierno reitera que el caso de los sindicatos afectados por la ordenanza todavía está pendiente ante el Tribunal Supremo de Pakistán, la Comisión recuerda de nuevo que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado pueden ser excluidos de las garantías del Convenio. Tomando nota de que el caso todavía está pendiente ante el tribunal, y en vista de que la ordenanza núm. 6 fue promulgada por el primer responsable ejecutivo, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para derogar la ordenanza y para restaurar los derechos sindicales plenos a los trabajadores de las Aerolíneas Internacionales Paquistaníes. Pide al Gobierno que la mantenga informada a este respecto.

iv) Tomando nota de que el Gobierno no proporcionó información con respecto a los derechos concedidos por el Convenio a los trabajadores del sector agrícola, la Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria si esta categoría de trabajadores disfruta de derechos de libertad sindical y de negociación colectiva y, si éste no es el caso, que tome las medidas legislativas necesarias para garantizar este derecho.

2. Artículo 1 del Convenio. a) Sanciones por actividades sindicales. La Comisión toma nota de la afirmación del Gobierno de que si bien el artículo 27-B de la ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962 - según la cual se imponen penas de prisión y/o multas en caso de utilización de bienes del banco (teléfono, etc.) o de realizar actividades sindicales durante las horas de trabajo, tácticas de presión, etc. - no viola los derechos garantizados en virtud del Convenio, el Ministerio de Trabajo consulta con los ministerios interesados la enmienda de dicho artículo. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno derogará estas restricciones en un futuro próximo y le pide que la mantenga informada a este respecto.

b) Ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación o sus actividades sindicales (artículo 25-A de la IRO de 1969). La Comisión había tomado nota de la afirmación de la APFTU, según la cual el nuevo artículo 2-A de la Ley sobre el Servicio de los Tribunales excluye a los trabajadores que trabajan para organismos autónomos y corporaciones como la WAPDA, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el gas, los bancos, PASSCO, etc., de la posibilidad de buscar reparación por los daños sufridos ante los tribunales del trabajo, los tribunales de apelación del trabajo y la NIRC en caso de que el empleador haya realizado prácticas desleales. La Comisión había tomado nota de la afirmación del Gobierno de que las cuestiones relacionadas con la disposición 2-A habían sido tratadas y que se había hecho una propuesta al ministerio de suprimirla o enmendarla a fin de permitir a los trabajadores del sector público buscar reparaciones en virtud de la legislación del trabajo. Teniendo en cuenta de que el Gobierno no ha proporcionado más información en su última memoria, la Comisión le pide de nuevo que la mantenga informada sobre las medidas tomadas a fin de garantizar que estos trabajadores disponen de medios apropiados para buscar reparación.

3. Artículo 2. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que especifique en su próxima memoria si la legislación prohíbe y penaliza los actos de injerencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores (o de sus agentes) unas respecto de las otras y que indique las disposiciones pertinentes.

4. Artículo 4. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que enmiende los siguientes artículos de la IRO de 2002 y que la mantenga informada sobre las medidas tomadas o previstas a este respecto:

i)  artículo 20, según el cual si un sindicato que sea el único sindicato de la empresa no cuenta al menos con un tercio de los trabajadores de la empresa como miembros no se pueden realizar negociaciones colectivas en dicho establecimiento. La Comisión pide al Gobierno que garantice que si no existe ningún sindicato que tenga el porcentaje requerido para ser designado como agente en las negociaciones colectivas, los derechos de negociación colectiva se otorgan a los sindicatos existentes, al menos en nombre de sus propios miembros;

ii)  artículo 20, 11), según el cual, cuando un sindicato registrado ha sido certificado como agente en las negociaciones colectivas, no cabe que otro sindicato solicite ser elegido agente en las negociaciones colectivas en el mismo establecimiento durante un período de tres años. La Comisión pide al Gobierno que garantice que otro sindicato tenga la posibilidad de realizar una protesta formal ante las autoridades competentes y el empleador sobre su reconocimiento para la realización de negociaciones colectivas si el sindicato más representativo, que disfruta de derechos exclusivos de negociación, parece haber perdido su mayoría;

iii)  artículo 54, según el cual, la Comisión Nacional del Trabajo puede designar o modificar una unidad de negociación colectiva si así lo pide una organización de trabajadores o si el Gobierno federal hace referencia a ello. La Comisión pide al Gobierno que garantice que la elección de unidades de negociación colectiva sólo pueden realizarla los mismos interlocutores, ya que están en la mejor posición para decidir cuál es el nivel de negociación más adecuado.

[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 95.ª reunión de la Conferencia.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

La Comisión toma nota de la adopción de la ordenanza sobre relaciones laborales (IRO) de 2002, que reemplaza la ordenanza sobre relaciones de 1969. La Comisión toma asimismo nota de las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2003. Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios realizados por la Federación Panpakistaní de Sindicatos (APFTU), en una comunicación de fecha 9 de julio de 2003 sobre la aplicación del Convenio. Además, la Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en los casos núms. 2229 (marzo de 2003) y 2242 (noviembre de 2003).

Con respecto a sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de lo siguiente:

-  Denegación de los derechos garantizados por el Convenio en las zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia respecto a que esta cuestión estaba bajo jurisdicción del Ministerio de Industria, que había excluido a las zonas francas de exportación de la aplicación de las leyes del trabajo. Sin embargo, según el Gobierno, el Ministerio de Trabajo se ha hecho cargo de esta cuestión junto con el Ministerio de Industria a fin de que las zonas francas de exportación entren dentro del campo de aplicación de las leyes del trabajo, y se está realizando un amplio debate al respecto. Una vez más la Comisión pide al Gobierno que garantice que los trabajadores de las zonas francas de exportación tendrán pronto todos los derechos y garantías establecidos por el Convenio.

-  Denegación a otras categorías de trabajadores de los derechos garantizados por el Convenio. La Comisión tomó nota anteriormente de que se negaba a otras categorías de trabajadores el derecho a disfrutar de los derechos estipulados en el Convenio (funcionarios públicos del grado 16 o superior, funcionarios públicos del sector forestal, los ferrocarriles, trabajadores hospitalarios, trabajadores del sector postal y empleados en la aviación civil). La Comisión toma nota de que la IRO excluye de su ámbito a los trabajadores empleados en los siguientes establecimientos o industrias: instalaciones o servicios exclusivamente relacionados con las fuerzas armadas de Pakistán, incluidas las líneas de ferrocarril del Ministerio de Defensa; la Corporación Pakistaní de Prensa de Seguridad o la Sociedad Limitada de Documentos de Seguridad o la Casa de la Moneda de Pakistán; establecimientos o instituciones sin ánimo de lucro para el tratamiento o cuidado de los enfermos, indigentes y enfermos mentales; instituciones establecidas para el pago de las pensiones de vejez o para el bienestar de los trabajadores; y miembros de los servicios de vigilancia, seguridad o contra incendios de una refinería de petróleo o un establecimiento que se dedica a la producción, transporte o distribución de gas natural o productos de petróleo líquido, o de un puerto o un aeropuerto (artículo 1, 4) y personas con funciones de gestión o administración (artículo 2, xxx), así como los trabajadores de las organizaciones caritativas (artículo 2, xvii)). Asimismo, la Comisión toma nota de que según la comunicación de la APFTU el Gobierno también ha impuesto restricciones a los derechos de los trabajadores empleados en la Compañía Eléctrica de Karachi y en el sector agrícola. Además, la Comisión entiende que la ordenanza ejecutiva principal núm. 6 suprime los derechos sindicales de los trabajadores de las aerolíneas internacionales pakistaníes y suspende todos los convenios colectivos existentes. La Comisión recuerda que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado pueden ser excluidos de las garantías del Convenio. La Comisión recuerda asimismo que los civiles que trabajan en instalaciones militares o al servicio del ejército o la policía deben disfrutar de los derechos estipulados por el Convenio. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome medidas para poner la legislación en conformidad con el Convenio.

-  Sanciones por actividades sindicales. En lo que respecta al artículo 27-B de la ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962, según la cual se imponen penas de prisión y/o multas en caso de utilización de bienes del banco (teléfono, etc.) o de realizar actividades sindicales durante las horas de trabajo, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia respecto a que se está revisando esta disposición. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno derogará este artículo en un futuro próximo.

-  Ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación o sus actividades sindicales (artículo 25-A de la IRO de 1969). La Comisión toma nota de que la nueva IRO contempla la posibilidad de reincorporación o compensación en el caso de que se den por terminados los servicios del trabajador de forma injustificada. La Comisión toma nota asimismo de que durante un conflicto laboral, la Comisión Nacional de Relaciones Laborales puede garantizar una compensación temporal a los trabajadores que han sido despedidos, cesados, destituidos, traspasados, o que han resultado perjudicados debido a sus actividades sindicales. La Comisión toma nota de la afirmación de la APFTU, según la cual el nuevo artículo 2-A de la ley sobre el servicio de tribunales excluye a los trabajadores que trabajan para organismos autónomos y corporaciones como la WAPDA, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el gas, los bancos, PASSCO, etc., de la posibilidad de buscar reparación por los daños sufridos ante los tribunales del trabajo, los tribunales de apelación del trabajo y la Comisión Nacional de Relaciones del Trabajo en caso de que el empleador haya realizado prácticas desleales. La Comisión toma nota de la declaración formulada por el Gobierno en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia respecto a que, teniendo en cuenta el acuerdo tripartito sobre la nueva política del trabajo, las cuestiones relacionadas con la disposición 2-A están siendo tratadas y el Ministro ha realizado una propuesta a fin de suprimirla o enmendarla a fin de permitir a los trabajadores del sector público buscar soluciones utilizando la legislación del trabajo. Además, el Gobierno declaró que se ha comprometido a buscar una solución que refleje las demandas de todos los interesados y las preocupaciones de la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre las medidas tomadas para garantizar que se proporcionan medios apropiados de compensación a esos trabajadores.

-  Denegación de las negociaciones colectivas libres en el sector bancario y financiero público, anteriormente contenida en los artículos 38-A a 38-I de la IRO. La Comisión toma nota de que estos artículos no se hallan en la nueva IRO.

En lo que respecta a la IRO de 2002, la Comisión quiere señalar las siguientes discrepancias con el artículo 4 del Convenio:

-  La Comisión toma nota de que según el artículo 20, si un sindicato que sea el único sindicato de la empresa no cuenta al menos con un tercio de los trabajadores de la empresa como miembros no se pueden realizar negociaciones colectivas. La Comisión recuerda a este respecto que cuando, en virtud de un sistema de designación de un agente exclusivo de negociaciones no existe un sindicato que tenga el porcentaje requerido para ser designado, los derechos de negociación colectiva deben otorgarse al sindicato existente, al menos en nombre de sus propios miembros. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que se enmiende la legislación para ponerla en conformidad con el artículo 4 del Convenio.

-  Asimismo, la Comisión toma nota de que según el artículo 20, 11), cuando un sindicato registrado ha sido certificado como agente en las negociaciones colectivas, no cabe que otro sindicato solicite ser elegido agente en las negociaciones colectivas en el mismo establecimiento durante un período de tres años. A este respecto, la Comisión recuerda que cuando el sindicato más representativo que disfruta de derechos exclusivos en las negociaciones colectivas parece que ha perdido su mayoría debe ser posible para otro sindicato objetar ante las autoridades competentes y el empleador el reconocimiento de ese sindicato como agente en la negociación colectiva. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar la IRO y que la mantenga informada a este respecto.

-  Asimismo, la Comisión toma nota de que según el artículo 54, la Comisión Nacional del Trabajo puede designar o modificar una unidad de negociación colectiva si así lo pide una organización de trabajadores o si el Gobierno federal hace referencia a ello. La Comisión recuerda a este respecto que deben ser los interlocutores sociales los que normalmente designen las unidades de negociación colectiva, ya que están en la mejor posición para decidir cuál es el nivel de negociación más adecuado, y pide al Gobierno que enmiende la legislación al respecto.

La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otras cuestiones.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

La Comisión lamenta tener que tomar nota de que la memoria del Gobierno no se ha recibido.

La Comisión toma nota de la adopción de la ordenanza sobre relaciones laborales (IRO) de 2002, que reemplaza la ordenanza sobre relaciones de 1969. La Comisión toma asimismo nota de las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2003. Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios realizados por la Federación Panpakistaní de Sindicatos (APFTU), en una comunicación de fecha 9 de julio de 2003 sobre la aplicación del Convenio. Además, la Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en los casos núms. 2229 (marzo de 2003) y 2242 (noviembre de 2003).

Con respecto a sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de lo siguiente:

-  Denegación de los derechos garantizados por el Convenio en las zonas francas de exportación. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia respecto a que esta cuestión estaba bajo jurisdicción del Ministerio de Industria, que había excluido a las zonas francas de exportación de la aplicación de las leyes del trabajo. Sin embargo, según el Gobierno, el Ministerio de Trabajo se ha hecho cargo de esta cuestión junto con el Ministerio de Industria a fin de que las zonas francas de exportación entren dentro del campo de aplicación de las leyes del trabajo, y se está realizando un amplio debate al respecto. Una vez más la Comisión pide al Gobierno que garantice que los trabajadores de las zonas francas de exportación tendrán pronto todos los derechos y garantías establecidos por el Convenio.

-  Denegación a otras categorías de trabajadores de los derechos garantizados por el Convenio. La Comisión tomó nota anteriormente de que se negaba a otras categorías de trabajadores el derecho a disfrutar de los derechos estipulados en el Convenio (funcionarios públicos del grado 16 o superior, funcionarios públicos del sector forestal, los ferrocarriles, trabajadores hospitalarios, trabajadores del sector postal y empleados en la aviación civil). La Comisión toma nota de que la IRO excluye de su ámbito a los trabajadores empleados en los siguientes establecimientos o industrias: instalaciones o servicios exclusivamente relacionados con las fuerzas armadas de Pakistán, incluidas las líneas de ferrocarril del Ministerio de Defensa; la Corporación Pakistaní de Prensa de Seguridad o la Sociedad Limitada de Documentos de Seguridad o la Casa de la Moneda de Pakistán; establecimientos o instituciones sin ánimo de lucro para el tratamiento o cuidado de los enfermos, indigentes y enfermos mentales; instituciones establecidas para el pago de las pensiones de vejez o para el bienestar de los trabajadores; y miembros de los servicios de vigilancia, seguridad o contra incendios de una refinería de petróleo o un establecimiento que se dedica a la producción, transporte o distribución de gas natural o productos de petróleo líquido, o de un puerto o un aeropuerto (artículo 1, 4) y personas con funciones de gestión o administración (artículo 2, xxx), así como los trabajadores de las organizaciones caritativas (artículo 2, xvii)). Asimismo, la Comisión toma nota de que según la comunicación de la APFTU el Gobierno también ha impuesto restricciones a los derechos de los trabajadores empleados en la Compañía Eléctrica de Karachi y en el sector agrícola. Además, la Comisión entiende que la ordenanza ejecutiva principal núm. 6 suprime los derechos sindicales de los trabajadores de las aerolíneas internacionales pakistaníes y suspende todos los convenios colectivos existentes. La Comisión recuerda que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado pueden ser excluidos de las garantías del Convenio. La Comisión recuerda asimismo que los civiles que trabajan en instalaciones militares o al servicio del ejército o la policía deben disfrutar de los derechos estipulados por el Convenio. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome medidas para poner la legislación en conformidad con el Convenio.

-  Sanciones por actividades sindicales. En lo que respecta al artículo 27-B de la ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962, según la cual se imponen penas de prisión y/o multas en caso de utilización de bienes del banco (teléfono, etc.) o de realizar actividades sindicales durante las horas de trabajo, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia respecto a que se está revisando esta disposición. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno derogará este artículo en un futuro próximo.

-  Ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación o sus actividades sindicales (artículo 25-A de la IRO de 1969). La Comisión toma nota de que la nueva IRO contempla la posibilidad de reincorporación o compensación en el caso de que se den por terminados los servicios del trabajador de forma injustificada. La Comisión toma nota asimismo de que durante un conflicto laboral, la Comisión Nacional de Relaciones Laborales puede garantizar una compensación temporal a los trabajadores que han sido despedidos, cesados, destituidos, traspasados, o que han resultado perjudicados debido a sus actividades sindicales. La Comisión toma nota de la afirmación de la APFTU, según la cual el nuevo artículo 2-A de la ley sobre el servicio de tribunales excluye a los trabajadores que trabajan para organismos autónomos y corporaciones como la WAPDA, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el gas, los bancos, PASSCO, etc., de la posibilidad de buscar reparación por los daños sufridos ante los tribunales del trabajo, los tribunales de apelación del trabajo y la Comisión Nacional de Relaciones del Trabajo en caso de que el empleador haya realizado prácticas desleales. La Comisión toma nota de la declaración formulada por el Gobierno en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia respecto a que, teniendo en cuenta el acuerdo tripartito sobre la nueva política del trabajo, las cuestiones relacionadas con la disposición 2-A están siendo tratadas y el Ministro ha realizado una propuesta a fin de suprimirla o enmendarla a fin de permitir a los trabajadores del sector público buscar soluciones utilizando la legislación del trabajo. Además, el Gobierno declaró que se ha comprometido a buscar una solución que refleje las demandas de todos los interesados y las preocupaciones de la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre las medidas tomadas para garantizar que se proporcionan medios apropiados de compensación a esos trabajadores.

-  Denegación de las negociaciones colectivas libres en el sector bancario y financiero público, anteriormente contenida en los artículos 38-A a 38-I de la IRO. La Comisión toma nota de que estos artículos no se hallan en la nueva IRO.

En lo que respecta a la IRO de 2002, la Comisión quiere señalar las siguientes discrepancias con el artículo 4 del Convenio:

-  La Comisión toma nota de que según el artículo 20, si un sindicato que sea el único sindicato de la empresa no cuenta al menos con un tercio de los trabajadores de la empresa como miembros no se pueden realizar negociaciones colectivas. La Comisión recuerda a este respecto que cuando, en virtud de un sistema de designación de un agente exclusivo de negociaciones no existe un sindicato que tenga el porcentaje requerido para ser designado, los derechos de negociación colectiva deben otorgarse al sindicato existente, al menos en nombre de sus propios miembros. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que se enmiende la legislación para ponerla en conformidad con el artículo 4 del Convenio.

-  Asimismo, la Comisión toma nota de que según el artículo 20, 11), cuando un sindicato registrado ha sido certificado como agente en las negociaciones colectivas, no cabe que otro sindicato solicite ser elegido agente en las negociaciones colectivas en el mismo establecimiento durante un período de tres años. A este respecto, la Comisión recuerda que cuando el sindicato más representativo que disfruta de derechos exclusivos en las negociaciones colectivas parece que ha perdido su mayoría debe ser posible para otro sindicato objetar ante las autoridades competentes y el empleador el reconocimiento de ese sindicato como agente en la negociación colectiva. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para enmendar la IRO y que la mantenga informada a este respecto.

-  Asimismo, la Comisión toma nota de que según el artículo 54, la Comisión Nacional del Trabajo puede designar o modificar una unidad de negociación colectiva si así lo pide una organización de trabajadores o si el Gobierno federal hace referencia a ello. La Comisión recuerda a este respecto que deben ser los interlocutores sociales los que normalmente designen las unidades de negociación colectiva, ya que están en la mejor posición para decidir cuál es el nivel de negociación más adecuado, y pide al Gobierno que enmiende la legislación al respecto.

La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada sobre las medidas tomadas o previstas en lo que respecta a los puntos antes mencionados.

La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otras cuestiones.

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria.

La Comisión había tomado nota de la comunicación del Gobierno de 20 de octubre de 2001 en respuesta a los comentarios formulados por la Federación Panpakistana de Sindicatos (FPC) relacionados con la prohibición o las limitaciones de los derechos sindicales y de negociación colectiva en varias industrias, en la que el Gobierno había indicado que los empleados de las empresas y órganos autónomos y semiautónomos (por ejemplo, bancos, ferrocarriles, WAPDA, telecomunicaciones y otras empresas del Estado) no eran funcionarios públicos en el sentido del artículo 2, 1), b), de la ley de 1973 sobre los funcionarios públicos, ya que sus condiciones del servicio no estaban regidos por dicha ley. El Gobierno había indicado también que los empleados de los organismos mencionados habían sido declarados funcionarios públicos exclusivamente para permitirles interponer recursos ante el Tribunal del Servicio Federal contra sanciones impuestas por cuestiones disciplinarias. La Comisión recuerda que estas categorías de trabajadores deberían disfrutar de los derechos consagrados en el Convenio y pide al Gobierno que tome las medidas apropiadas a estos efectos. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de 18 de septiembre de 2002 y por la organización FPC en comunicación de 11 de noviembre de 2002. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto. La Comisión toma nota también de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2069 (noviembre de 2001).

Los demás comentarios de la Comisión se refieren a graves divergencias entre la legislación nacional y el Convenio en los puntos siguientes:

-  denegación de la negociación colectiva libre en el sector público de la banca y de las actividades financieras (artículos 38-A a 38-I de la Ordenanza sobre Relaciones de Trabajo (ORT), de 1969). La Comisión había tomado nota de que también se deniegan los derechos establecidos en el Convenio a otras categorías de trabajadores (funcionarios públicos de grado 16 o superior, funcionarios públicos en la silvicultura y los ferrocarriles, trabajadores de los hospitales, empleados del servicio postal, empleados de la aviación civil).

El Gobierno declara que informará sobre los progresos de los trabajos de la Comisión encargada de la revisión de la ley sobre banca, la cual examinará las cuestiones planteadas por la Comisión. La Comisión recuerda que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos empleados en la administración del Estado pueden ser excluidos de las garantías del Convenio y solicita nuevamente al Gobierno que tome medidas para poner la legislación en conformidad con el Convenio;

-  denegación de los derechos garantizados en los artículos 1 (protección contra la discriminación antisindical), 2 ( protección contra los actos de injerencia), y 4 (derecho de negociación colectiva) del Convenio, a los trabajadores de las zonas francas de exportación (artículo 25 de la Ordenanza sobre la Administración de las Zonas Francas de Exportación, de 1980).

El Gobierno había indicado que había decidido autorizar a la Administración de las Zonas Francas de Exportación a participar en la preparación de leyes del trabajo y que se estaban ultimando los proyectos de ley. El Gobierno había indicado también que esas leyes cumplirían las exigencias del Convenio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique una copia del proyecto de legislación y que garantice en breve que a esos trabajadores se les otorguen todas las garantías y derechos consagrados en el Convenio;

-  ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación o sus actividades sindicales (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de agosto de 1994 que restringe el derecho a presentar recursos judiciales en caso de despido cuando no se relacione con un conflicto laboral, impidiendo así la posibilidad de reintegro prevista en el artículo 25-A de la ORT).

El Gobierno declara simplemente en su memoria que la parte que se estime perjudicada puede acudir a otro tribunal establecido a estos efectos. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado informaciones suficientes al respecto y le solicita tenga a bien adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección adecuada;

-  penas de prisión y/o multas en caso de utilización de bienes del banco (teléfono etc.) o de realizar actividades sindicales durante las horas de trabajo (artículo 27-B de la Ordenanza sobre las compañías bancarias de 1962, modificada en 1997). La Comisión pide al Gobierno que se abrogue esta disposición;

-  campo de aplicación muy restringido de la legislación en materia de derechos sindicales (ORT, ley sobre funcionarios públicos, etc.). La Comisión se refiere a los comentarios formulados en relación con el Convenio núm. 87.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria. La Comisión también toma nota de la comunicación del Gobierno de 20 de octubre de 2001 en respuesta a los comentarios formulados por la Federación Panpakistana de Sindicatos relacionados con la prohibición o las limitaciones de los derechos sindicales y de negociación colectiva en varias industrias, en la que el Gobierno indica que los empleados de las empresas y órganos autónomos y semiautónomos (por ejemplo, bancos, ferrocarriles, WAPDA, telecomunicaciones y otras empresas del Estado) no son funcionarios públicos en el sentido del artículo 2, 1), b), de la ley de 1973 sobre los funcionarios públicos, dado que los términos y condiciones del servicio no están regidos por la ley. Además, el Gobierno indica que los empleados de los organismos mencionados fueron declarados funcionarios públicos exclusivamente para permitirles interponer recursos ante el Tribunal del Servicio Federal por sanciones impuestas por cuestiones disciplinarias. La Comisión también toma nota de los comentarios formulados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de 18 de septiembre de 2001. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Los comentarios anteriores de la Comisión se referían a las graves divergencias que existen entre la legislación nacional y el Convenio en los puntos siguientes:

-  denegación de la negociación colectiva libre en el sector público de la banca y de las actividades financieras (artículos 38-A a 38-I de la ordenanza sobre Relaciones de Trabajo (ORT), de 1969). La Comisión toma nota de que también se deniegan los derechos establecidos en el Convenio a otras categorías de trabajadores (funcionarios públicos de grado 16 o superior, funcionarios públicos en la silvicultura y los ferrocarriles, trabajadores de los hospitales, empleados del servicio postal, empleados de la aviación civil).

El Gobierno declara que esos servicios están vinculados a la seguridad y la defensa del país. La Comisión recuerda que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos empleados en la administración del Estado pueden ser excluidos de las garantías del Convenio y solicita al Gobierno la adopción de medidas para poner la legislación en conformidad con el Convenio.

-  denegación de los derechos garantizados en los artículos 1 (protección contra la discriminación antisindical), 2 ( protección contra los actos de injerencia), y 4 (derecho de negociación colectiva) del Convenio, a los trabajadores de las zonas francas de exportación (artículo 25 de la ordenanza sobre la Administración de las Zonas Francas de Exportación, de 1980).

El Gobierno indica en su memoria que ha decidido autorizar a la Administración de las Zonas Francas de Exportación a elaborar leyes del trabajo y que se están ultimando los proyectos de ley. El Gobierno indica también que esas leyes cumplirán las exigencias del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que comunique una copia del proyecto de legislación y que garantice en breve que a esos trabajadores se les otorguen todas las garantías consagradas en el Convenio.

-  ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación o sus actividades sindicales (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de agosto de 1994 que restringe el derecho a presentar recursos judiciales en caso de despido cuando no se relacione con un conflicto laboral, impidiendo así la posibilidad de reintegro prevista en el artículo 25-A de la ORT).

La Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado información al respecto y le solicita tenga a bien adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección adecuada.

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria y de los comentarios formulados por la Federación Panpakistana de Sindicatos (APFTU) en varias comunicaciones relacionadas con la prohibición o las limitaciones de los derechos sindicales y de negociación colectiva en varias industrias. La Comisión solicita al Gobierno se sirva responder a los comentarios formulados por la APFTU. La Comisión también toma nota de las conclusiones provisionales y recomendaciones adoptadas por el Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2006 (véase 318.o informe del Comité, párrafos 324-352, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de noviembre de 1999).

Los comentarios anteriores de la Comisión se referían a las graves divergencias que existen entre la legislación nacional y el Convenio en los puntos siguientes:

-- denegación de la negociación colectiva libre en el sector público de la banca y de las actividades financieras (artículos 38-A a 38-I de la Ordenanza sobre Relaciones de Trabajo (ORT), de 1969);

-- denegación de los derechos garantizados en los artículos 1 (protección contra la discriminación antisindical), 2 (protección contra actos de injerencia), 4 (derecho de negociación colectiva) del Convenio, a los trabajadores de las zonas francas de exportación (artículo 25 de la Ordenanza sobre la Administración de las Zonas Francas de Exportación, de 1980); y

-- ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación o sus actividades sindicales (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de agosto de 1994 que restringe el derecho a presentar recursos judiciales en caso de despido cuando no se relacione con un conflicto laboral, impidiendo así la posibilidad de reintegro prevista en el artículo 25-A de la ORT).

La Comisión toma nota sin embargo de que en su presente memoria el Gobierno señala que se ha establecido una comisión para la consolidación, simplificación y racionalización de las leyes laborales. Dicha comisión examinará todas las divergencias que existen entre la legislación nacional y el Convenio.

La Comisión solicita nuevamente al Gobierno tenga a bien garantizar en un futuro muy próximo la adopción de las enmiendas necesarias a la legislación laboral para ponerla en conformidad con los requisitos del Convenio. Al preparar esas enmiendas la Comisión exhorta al Gobierno a tomar en consideración las recomendaciones de la misión de contactos directos que tuvo lugar en enero de 1994, así como las del Grupo de Trabajo Tripartito sobre cuestiones laborales, que elaboró su informe en julio de 1994. La Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria los progresos realizados en ese sentido.

Por último, la Comisión remite al Gobierno los comentarios formulados con respecto al Convenio núm. 87, relativos a ciertas ramas de actividad que han sido excluidas de la Ordenanza sobre Relaciones de Trabajo y, por consiguiente, del derecho de celebrar negociaciones colectivas.

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en sus memorias, así como de los comentarios formulados por la Confederación Internacional del Consejo de Sindicatos Libres de Pakistán (ICFTU-PC).

Los comentarios anteriores de la Comisión se referían a discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio en los puntos siguientes:

-- Denegación de la negociación colectiva libre en el sector público de la banca y de las actividades financieras (artículos 38A a 38I de la Ordenanza sobre Relaciones de Trabajo (ORT), de 1969).

-- Denegación de los derechos garantizados en los artículos 1 (protección contra la discriminación antisindical), 2 (protección contra actos de injerencia), y 4 (derecho de negociación colectiva) del Convenio a los trabajadores de las zonas francas de exportación (artículo 25 de la Ordenanza sobre la administración de las zonas francas de exportación, de 1980).

-- Ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación o sus actividades sindicales (sentencia del Tribunal Supremo de 11 de agosto de 1994 que restringe el derecho a presentar recursos judiciales en caso de despido cuando no se relacione con un conflicto laboral, impidiendo así la posibilidad de reintegro prevista en el artículo 25A de la IRO).

La Comisión observa que en su memoria, el Gobierno sólo se limita a reiterar información que ya había suministrado el año anterior sobre las cuestiones antes mencionadas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en una memoria posterior, el Gobierno indica que en la actualidad se están revisando todas las leyes laborales y que a este respecto se prestará la consideración debida a las observaciones anteriores de la Comisión relativas a este Convenio. El Gobierno señala no obstante que la enmienda de la legislación laboral es una labor que lleva tiempo y supone la celebración de amplias consultas con los interlocutores sociales.

La Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que las mencionadas discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio, que la Comisión viene comentando en forma pormenorizada desde hace varios años, constituyen graves violaciones al Convenio, ratificado en 1952. Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno tenga a bien garantizar en un futuro muy próximo la adopción de las enmiendas necesarias a la legislación laboral para ponerla en conformidad con los requisitos del Convenio. Al preparar esas enmiendas la Comisión alienta con firmeza al Gobierno a tomar en consideración las recomendaciones de la misión de contactos directos que tuvo lugar en enero de 1994, así como las del grupo de trabajo sobre cuestiones laborales, de carácter tripartito, que elaboró su informe en julio de 1994. La Comisión solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria los progresos realizados en este sentido.

Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria.

Los comentarios anteriores de la Comisión se referían a discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio en los puntos siguientes:

- limitaciones a la negociación colectiva libre en el sector de la banca y de las actividades financieras (artículos 38A a 38I, de la Ordenanza sobre Relaciones de Trabajo - ORT -, de 1969), que está en contradicción con el artículo 4 del Convenio;

- denegación de los derechos garantizados en los artículos 1, 2 y 4 a los trabajadores de las zonas francas de exportación (artículo 25 de la Ordenanza sobre la Administración de las Zonas Francas de Exportación, de 1980);

- ausencia de una protección legislativa suficiente para los trabajadores despedidos por su afiliación o sus actividades sindicales.

1. El Gobierno reitera en su memoria que el procedimiento utilizado por la Comisión de Salarios de la banca y de las instituciones financieras tiene por cometido ofrecer a los trabajadores la oportunidad de negociar con la Comisión sin el menor reparo, en lugar de hacerlo directamente con el empleador. Además, el Gobierno simplemente reitera su declaración anterior, en el sentido de que los trabajadores a quienes se permite negociar libremente con sus empleadores, no sólo constituyen sindicatos y plantean continuamente dificultades al formular sistemáticamente exigencias inflexibles, sino que además menoscaban la disciplina y el ambiente de trabajo en las distintas ramas de actividad, dado que entre sus afiliados se cuenta un número excesivo de altos cargos en una aplastante mayoría de las unidades operativas. Según el Gobierno, esto se ve agravado por el hecho de que los altos cargos pueden también constituir asociaciones en virtud de la ley y de que los jefes de servicio y los funcionarios de grado 1 son afiliados que tienden a poner su lealtad al servicio de los intereses de sus asociaciones. Ello explica que se esté produciendo un deterioro de la disciplina en el personal y de la eficiencia global.

Además, el Gobierno reitera su opinión, según la cual en las instituciones que confían los depósitos del público general para permitir el derecho de negociación colectiva, sería equivalente a poner en peligro la confianza otorgada por los depositantes individuales a los bancos y a otras instituciones financieras. El Gobierno indica también que la Comisión de Salarios había recomendado que no se autorizara a los sindicatos del personal de la banca y de las instituciones financieras a negociar los salarios, otros beneficios complementarios y las condiciones de servicio, por cuanto éstos son revisados cada tres años por una Comisión de Salarios independiente establecida por el Gobierno. Por consiguiente, y por estas razones, el Gobierno indica que no sería aconsejable cambiar el statu quo.

El Gobierno declara nuevamente que la Comisión de Salarios emite sus laudos, tras haber considerado todos los factores pertinentes y las circunstancias de importancia socioeconómica, y tras haber escuchado atentamente a los representantes de las partes interesadas, a efectos de alcanzar un consenso en todas las cuestiones planteadas por cada parte y en los asuntos considerados, por otra parte, por la Comisión. La Comisión de Salarios dictó su séptimo laudo salarial, con entrada en vigor el 1.o de enero de 1993, y manifestó también sus opiniones respecto de las relaciones sindicato del personal/administración. Este laudo de la Comisión de Salarios no se aplica, sin embargo, a los bancos y a las instituciones financieras del sector privado.

La Comisión debe recordar nuevamente que el artículo 4 establece que han de adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de los procedimientos de negociación voluntaria entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores. Indicó que, en el primer caso, debería alentarse la negociación colectiva voluntaria entre las partes. Sólo debería recurrirse a las estructuras administrativas externas reconocidas, cuando ambas partes convinieran en ello y con la condición de que tal procedimiento tuviera por objeto facilitar la conclusión de un convenio colectivo. Dichas estructuras no deberían tener como resultado la imposición de topes.

En relación con la declaración del Gobierno, según la cual este procedimiento utilizado por la Comisión de Salarios no es aplicable a los bancos y a las instituciones financieras del sector privado, la Comisión debe poner de relieve nuevamente que el artículo 6 del Convenio sólo autoriza a excluir de su campo de aplicación a los funcionarios públicos en la administración del Estado. La distinción debe, por tanto, establecerse entre, por un lado, los funcionarios públicos que, por sus funciones, están empleados directamente en la administración del Estado (por ejemplo, los funcionarios públicos empleados en ministerios del Gobierno y en otros organismos comparables, así como el personal auxiliar), que puedan ser excluidos del campo de aplicación del Convenio, y, por otra parte, todas las demás personas empleadas por el Gobierno, por empresas públicas o por instituciones públicas autónomas, quienes deberían gozar de las garantías previstas en el Convenio y que, por consiguiente, podrían negociar colectivamente sus condiciones de empleo, incluidos los salarios. La Comisión subraya, a este respecto, que el simple hecho de que un funcionario forme parte de la categoría de empleados no manuales no constituye por sí solo un criterio suficiente para determinar su pertenencia a la categoría de los empleados que están "al servicio de la administración del Estado", ya que, si tal fuera el caso, se vería muy limitado el alcance del Convenio núm. 98 (véase el Estudio general, de 1994, sobre libertad sindical y negociación colectiva, párrafos 200, 261 y 262).

La Comisión debe entonces solicitar nuevamente al Gobierno que reconsidere la cuestión de la negociación colectiva en el sector bancario y financiero, de modo que se garantice que las partes lleguen a un acuerdo en cuanto a cualquier solución respecto de las condiciones de empleo. Expresa la firme esperanza de que el Gobierno pueda indicar en su próxima memoria los progresos realizados a este respecto y solicita una vez más al Gobierno que comunique una copia del laudo de la Comisión de Salarios que se encuentra en la actualidad en vigor.

2. En lo que respecta a la denegación de la libertad de sindicación y del derecho de negociar colectivamente a los trabajadores de las zonas francas de exportación (ZFE), el Gobierno reitera su declaración anterior, según la cual los beneficios que corresponden a estos trabajadores son mejores que aquellos otorgados a otros trabajadores. Además, existe únicamente una ZFE, que se estableció en la actualidad en Karachi y que emplea a menos de 6.000 trabajadores, 80 por ciento de los cuales son mujeres. Dado que el clima cultural de Pakistán no favorece la sindicación de las mujeres trabajadoras, debido a los tabúes sociales, esos trabajadores no solicitan la restitución de los derechos sindicales en virtud de la ORT. Sin embargo, no existe prohibición alguna de constituir asociaciones. El Gobierno añade que el informe anterior del Grupo de Trabajo tripartito, que recomendaba que las leyes laborales se aplicaran en todo el país sin discriminación alguna, está siendo considerado de modo activo por la Comisión del Gabinete. La Comisión expresa la firme esperanza de que se apliquen las disposiciones de este Convenio a las ZFE y solicita al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre la decisión de la Comisión del Gabinete a este respecto.

3. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones a los comentarios anteriores de la Comisión en relación con una sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de agosto de 1994, que restringe de modo riguroso el derecho de los trabajadores despedidos de presentar recursos judiciales con arreglo al artículo 25A de la ORT. En esta sentencia, el Tribunal Supremo disponía que "toda persona que haya sido despedida, destituida u objeto de una medida de reducción de personal u otra forma de terminación de la relación de trabajo, deja de tener la condición de trabajador (de conformidad con la definición establecida en la ORT), salvo que el despido, la destitución, etc., estén relacionados con un conflicto de trabajo o sean la consecuencia de un conflicto de tal índole o que dicha terminación de la relación de trabajo haya dado origen a un conflicto laboral". El Tribunal Supremo añadía que, consecuentemente, las personas despedidas no tenían derecho a las compensaciones previstas en el artículo 25A de la ORT.

La Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que, al ratificar libremente este Convenio, se había comprometido, de conformidad con el artículo 1, 2), b), a garantizar la protección de los trabajadores contra actos de discriminación antisindical, dirigido a despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales. Pareciera que la mencionada decisión judicial tuviera por efecto el bloqueo de la presentación de todo recurso jurídico para los trabajadores despedidos a causa de su afiliación o de sus actividades sindicales, si no existe un conflicto laboral pendiente o planteado en torno a esos despidos. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se enmiendan las disposiciones pertinentes de la ORT, de modo que los trabajadores despedidos tengan la posibilidad de recurso a procedimientos legales para protegerse a sí mismos contra los despidos de carácter antisindical, exista o no un conflicto laboral planteado o pendiente en torno a esos despidos. Solicita también al Gobierno que le informe en su próxima memoria de todo progreso realizado a este respecto.

De manera más general, la Comisión lamenta observar que a pesar de que se haya realizado una misión de contactos directos en enero de 1994 entre un representante del Director General y el Gobierno, y que un grupo de trabajo de carácter tripartito encargado de las cuestiones laborales haya formulado recomendaciones muy cercanas a las formuladas por la misión en relación con las modificaciones legislativas que deben adoptarse, el Gobierno siga sin tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones mencionadas. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que garantice en breve plazo que se realicen progresos sustanciales para modificar la legislación nacional y la práctica en lo que respecta a las cuestiones anteriormente mencionadas.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

La Comisión ha tomado nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria, así como de la comunicación enviada por la Federación Nacional de Sindicatos del Pakistán (PNFTU) de 29 de agosto de 1995.

En sus observaciones anteriores, la Comisión se ha referido a la falta de concordancia entre la legislación nacional y los siguientes artículos del Convenio:

- artículo 4 del Convenio. La legislación nacional limita la libre negociación colectiva en el sector de la banca y las actividades financieras (artículos 38A a 38I de la Ordenanza sobre Relaciones de Trabajo, de 1969); y

- con respecto a los artículos 1, 2 y 4 del Convenio, la legislación deniega el ejercicio de los derechos que en ellos se garantiza a los trabajadores de las zonas francas de exportación (artículo 25 de la Ordenanza sobre la Administración de las Zonas Francas de Exportación, de 1980).

1. Al igual que en oportunidades anteriores, el Gobierno indica en su memoria que el procedimiento utilizado por la Comisión de Salarios de la banca y las instituciones financieras tiene por cometido ofrecer a los trabajadores la oportunidad de negociar directamente con la Comisión, en lugar de hacerlo con los respectivos empleadores. El Gobierno agrega que los trabajadores a quienes se permite negociar libremente con sus empleadores no sólo constituyen sindicatos y plantean continuamente dificultades al formular sistemáticamente exigencias inflexibles, sino que además menoscaban la disciplina y el ambiente de trabajo en las distintas ramas de actividad dado que entre sus afiliados cuentan con un número excesivo de altos cargos en una aplastante mayoría de las unidades operativas. De acuerdo con el Gobierno, esta situación se ve agravada por el hecho de que también el personal de dirección puede constituir asociaciones conforme a la ley y que los jefes de servicio y los funcionarios de grado 1 afiliados a dichas asociaciones tienden a poner su lealtad al servicio de los intereses de estas últimas. Ello explica que se esté produciendo un deterioro de la disciplina y la eficiencia global del personal.

El Gobierno señala que la Comisión de Salarios emite sus laudos después de haber examinado todos los hechos y circunstancias que revisten una importancia social y económica y luego de haber escuchado detenidamente a los representantes de las partes interesadas, con el fin de llegar a una decisión de consenso sobre todas las cuestiones que éstas hayan planteado y sobre otros asuntos que la Comisión de Salarios haya tenido a bien considerar. Este órgano pronunció su séptimo laudo sobre salarios el año pasado, el que surte efectos retroactivos a partir del 1.o de enero de 1993; la Comisión de Salarios ha pronunciado también dictámenes en materia de relaciones entre los sindicatos y los empleadores.

La Comisión debe recordar una vez más que el artículo 4 del Convenio establece que han de adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria. La Comisión ha subrayado que, en el primer caso, hay que alentar las negociaciones colectivas voluntarias entre las partes. Sólo debería recurrirse a las estructuras administrativas externas reconocidas cuando ambas partes convengan en ello y a condición de que tal procedimiento tenga por objeto facilitar la adopción de un convenio colectivo. Por consiguiente, la Comisión debe una vez más solicitar al Gobierno que tenga a bien volver a examinar la cuestión de la negociación colectiva en el sector bancario y financiero, a fin de garantizar que ambas partes estén de acuerdo en los términos de todo arreglo sobre las condiciones de trabajo. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno estará en condiciones de indicar en su próxima memoria los progresos que se hayan logrado a este respecto y se permite solicitar al Gobierno que le suministre una copia del laudo en vigor de la Comisión de Salarios.

2. En lo que atañe a la denegación de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva a los trabajadores de las zonas francas de exportación (ZFE), la Comisión toma nota de los comentarios suministrados por el Gobierno en su memoria relativa al Convenio núm. 87. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que en su informe el Grupo Tripartito de Trabajo sobre la Mano de Obra recomendó que en todo el país se aplicasen sin discriminación las leyes laborales. En su última memoria, el Gobierno indicó que el informe del referido Grupo de Trabajo era objeto de un intenso examen por una comisión ministerial. Dado que el informe del Grupo de Trabajo se redactó en julio de 1994, la Comisión expresa su firme esperanza de que en un futuro muy próximo se tomarán medidas basadas en las recomendaciones que dicho Grupo haya formulado, y que, entre otras medidas, se procurará garantizar que las disposiciones del presente Convenio se apliquen en la ZFE. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria tenga a bien informarle sobre los progresos que se hayan logrado al respecto.

3. La Comisión toma nota de que en la comunicación de la PNFTU se hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de agosto de 1994 que restringe severamente el derecho de los trabajadores despedidos a presentar recursos judiciales con arreglo al artículo 25A de la Ordenanza sobre Relaciones de Trabajo (ORT) de 1969. En su sentencia, el Tribunal Supremo dispone que "toda persona que haya sido despedida, destituida, u objeto de una medida de reducción de personal, u otra forma de terminación de la relación de trabajo deja de tener la condición de trabajador (conforme a la definición establecida por la ORT), a menos que la terminación de la relación de trabajo esté relacionada con un conflicto de trabajo o sea la consecuencia de un conflicto de tal índole, o que dicha terminación de la relación de trabajo haya dado origen a un conflicto laboral". La sentencia del Tribunal Supremo agrega que, consecuentemente, las personas despedidas no tienen derecho a las compensaciones previstas por el artículo 25A de la ORT.

La Comisión se permite recordar al Gobierno que al ratificar libremente el presente Convenio se comprometió a garantizar la protección de los trabajadores contra actos de discriminación antisindical que tengan por propósito despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, según se establece en el artículo 1, párrafo 2, apartado b). Pareciera que la decisión judicial antes citada tiene por efecto bloquear la presentación de todo recurso jurídico por los trabajadores despedidos, y en particular por los trabajadores que hayan sido despedidos a causa de su afiliación sindical o sus actividades sindicales. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien tomar las medidas necesarias para modificar la Ordenanza sobre Relaciones de Trabajo, a fin de garantizar que los trabajadores despedidos tengan el derecho de recurrir a los procedimientos judiciales de apelación, de modo que queden protegidos contra los despidos de carácter antisindical.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota también de la conclusión del Comité de Libertad Sindical, en el caso núm. 1726 (294.o informe, párrafos 372 419, aprobado por el Consejo de Administración en junio de 1994) y en el caso núm. 1771 (295.o informe, párrafos 482-501, aprobado por el Consejo de Administración en noviembre de 1994).

Las observaciones anteriores de la Comisión se referían a las incompatibilidades entre la legislación nacional y los siguientes artículos del Convenio:

-- artículo 4 del Convenio. Limitaciones a la libre negociación colectiva en los sectores bancario y financiero (artículos 38A a 38I de la ordenanza de 1969 sobre relaciones de trabajo); y

-- denegación de los derechos garantizados en los artículos 1, 2 y 4 para los trabajadores de las zonas francas de exportación (artículo 25 de la ordenanza de 1980 sobre la autoridad de las zonas francas de exportación).

1. La Comisión reitera su declaración anterior sobre el procedimiento utilizado por la Comisión de Salarios para las instituciones bancarias y financieras, dirigido a brindar a los trabajadores la oportunidad de negociar con la Comisión. El Gobierno considera que en las instituciones gestionadas en base a los depósitos del público general, la autorización del derecho de negociación colectiva equivaldría a poner en peligro la confianza manifestada por los impositores individuales en los bancos y en otras instituciones financieras. El Gobierno indica también que la Comisión de Salarios ha recomendado que no debería autorizarse a los sindicatos del personal de las instituciones bancarias y financieras la negociación de los salarios y de otros beneficios complementarios y condiciones de servicio, que son revisados cada tres años por una Comisión de Salarios independiente establecida por el Gobierno. De acuerdo con esto, el Gobierno indica que no sería aconsejable cambiar el status quo en este sentido. Admitiría, sin embargo, que se autorizara la negociación en relación con la vigilancia de la ejecución de los fallos y con otros asuntos menores, como traslados y destinos, y con la creación de condiciones de trabajo adecuadas.

Al tiempo que toma nota de estas explicaciones, la Comisión desea recordar que el artículo 4 prevé la adopción de medidas adecuadas a las condiciones nacionales, a efectos de impulsar y promover el pleno desarrollo y la plena utilización de los procedimientos de negociación voluntaria entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores. Sea cual fuere el sistema que se adopte, éste debería tener como objetivo primordial el fomento, por todos los medios posibles, de la negociación colectiva libre y voluntaria entre las partes; los interlocutores en la negociación deberían gozar de la mayor autonomía posible dentro del marco legislativo y el mecanismo administrativo que se establezcan en la materia, a los que puedan recurrir por voluntad propia y de común acuerdo, con el fin de facilitar la celebración de un convenio colectivo (véase Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, 1994, párrafo 247). Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que reexamine la cuestión y que indique en su próxima memoria cualquier progreso en este sentido.

2. En lo que respecta a la denegación de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva a los trabajadores de las zonas francas de exportación (EPZs), la Comisión toma nota de los comentarios formulados por el Gobierno en su memoria, en virtud del Convenio núm. 87. La Comisión toma nota también de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 1726 (294.o informe, junio de 1994), sobre la no aplicación de la legislación laboral a las zonas francas de exportación, y de su recomendación de que se enmienden la ley de finanzas de 1992, la ordenanza sobre la autoridad de las zonas francas de exportación, de 1980, y la normativa sobre la autoridad de las zonas francas de exportación (control del empleo), para garantizar el derecho de sindicación y de negociación colectiva a los trabajadores de esas zonas. La Comisión toma nota con interés de la recomendación que figura en el informe preliminar del Equipo de Tarea sobre el Trabajo, de carácter tripartito, según la cual sería conveniente que se aplicaran las leyes laborales, de modo uniforme y sin discriminación, a todas las organizaciones. La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten las medidas necesarias para garantizar que las disposiciones de este Convenio se aplican a las zonas francas de exportación, y solicita al Gobierno que indique en su próxima memoria los progresos realizados en este sentido.

Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, de 2 de octubre de 1992, y de algunas comunicaciones de la Organización Intersindical de Pakistán (APFTU), de fechas 8 de julio de 1992, 11 de enero y 11 de octubre de 1993. Toma nota también de las discusiones en la Comisión de la Conferencia en 1992 y 1993, y de que había tenido lugar, del 15 al 22 de enero de 1994, una misión de contactos directos entre un representante del Director General y el Gobierno.

Las observaciones anteriores de la Comisión se referían a las discrepancias entre la legislación nacional y diferentes artículos del Convenio:

- artículo 4 del Convenio, las limitaciones a la libre negociación colectiva del sector de los servicios financieros y bancarios (artículos 38A a 38I de la Ordenanza de 1969 sobre relaciones de trabajo), y

- denegación de los derechos garantizados en los artículos 1, 2 y 4 para los trabajadores de las zonas francas de exportación (artículo 25 de la Ordenanza de 1980 sobre la autoridad de las zonas francas de exportación) y los empleados de la Corporación de las Líneas Aéreas Internacionales de Pakistán (artículo 10 de la ley de 1956 sobre la Corporación de las Líneas Aéreas Internacionales de Pakistán).

La Comisión toma nota del informe de la misión de contactos directos, durante la cual se discutieron estas cuestiones con las autoridades y las diferentes organizaciones de trabajadores y de empleadores. Toma nota también de que el Gobierno expresó que seguía interesado en recibir asistencia técnica de la Oficina sobre estas cuestiones.

La Comisión toma nota también de que se estableció recientemente un equipo de tareas tripartito, con un amplio mandato en cuestiones vinculadas con las relaciones laborales y profesionales. La Comisión espera que esta iniciativa, junto con las recomendaciones de la misión de contactos directos se traduzca pronto en un progreso sustancial en las mencionadas cuestiones, para las que la Oficina puede proporcionar asistencia técnica.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada para el período que finaliza el 30 de junio de 1994.]

Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, que adjunta el laudo de la sexta comisión de salarios para las instituciones financieras y bancarias, de septiembre de 1990.

En anteriores comentarios la Comisión había mencionado varias disposiciones de la legislación nacional inconsecuentes con los siguientes artículos del Convenio:

- artículo 4, las limitaciones a la libre negociación colectiva del sector de los servicios financieros y bancarios (artículos 38A a 38I de la ordenanza de 1969 sobre relaciones de trabajo);

- artículos 1, 2 y 4 del Convenio, por la denegación en las llamadas zonas francas de exportación, de ciertos derechos que según las disposiciones mencionadas del Convenio se han de garantizar a todos los trabajadores (artículo 25 de la ordenanza de 1980 que reglamenta dichas zonas), y a los trabajadores de las Líneas Aéreas Internacionales de Pakistán (artículo 10 de la ley de líneas aéreas internacionales de 1956).

1. El Gobierno arguye que la comisión de salarios establecida para el sector financiero y bancario tomó en consideración todos los puntos que le hicieron llegar los empleados de banco en las respuestas escritas que dieran a los cuestionarios que se les distribuyeron y en las audiencias. También se prestó la atención debida a las opiniones de la dirección sobre estas materias. Según el Gobierno, este sistema funciona satisfactoriamente, dado que los trabajadores y el personal empleados en este sector no han formulado objeciones a las decisiones de la comisión de salarios. Del laudo de 1990 (página 6 de la versión en inglés) la Comisión toma nota de que según la comisión de salarios:

Casi todas las reclamaciones de los sindicatos de empleados se referían a la necesidad de restaurar sus derechos de negociar colectivamente. Tales reclamaciones se fundaban, hasta cierto punto, en una concepción errónea pues sus derechos de negociación colectiva no habían sido afectados dado que la única modificación era que, en vez de dirigirse directamente a sus empleadores (directores) se expresaran concretamente sobre sus remuneraciones y condiciones de trabajo ante la comisión, en una atmósfera de calma y paz. A juicio de la Comisión el verdadero propósito de establecer periódicamente una comisión de salarios independiente y con amplias facultades era solucionar las diferencias por un período de tiempo razonable de tal forma que las instituciones pudieran continuar funcionando en paz. En consecuencia no parecía muy congruente suponer que pese a los esfuerzos de la comisión y al tiempo y al dinero necesarios se permitiera que en las instituciones se mantuviera un clima de confrontación.

La Comisión desea recordar que los empleados de las instituciones financieras y bancarias sin potestad pública de administración según el artículo 6 del Convenio, aun si se trata de un sector nacionalizado deben gozar del derecho de negociar sus remuneraciones y condiciones de servicio directamente con sus empleadores, sin interferencia de otros organismos. Cuando se establecen mecanismos o instituciones especializadas para ayudar al éxito de la negociación, se ha de velar por que faciliten la negociación voluntaria entre las partes, las cuales deben poder alcanzar libremente sus propios arreglos (Estudio general de 1983, párrafos 301 y 304). Como la negociación libre y voluntaria de las condiciones de trabajo es un aspecto fundamental de la libertad sindical, la Comisión solicita al Gobierno se sirva examinar nuevamente las disposiciones de la ordenanza que afectan los derechos de los trabajadores del sector de los servicios financieros y bancarios.

2. Con respecto a las restricciones del derecho de sindicación y negociación colectiva para los trabajadores de las zonas francas de exportación y a los trabajadores de las Líneas Aéreas Internacionales de Pakistán, la Comisión se remite a sus comentarios sobre el Convenio núm. 87.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada para el período que termina el 30 de junio de 1992.]

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

La Comisión lamenta observar que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior:

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las informaciones que éste comunicara en junio de 1988 a la Comisión de la Conferencia. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la Federación Nacional Pakistaní de Sindicatos. La Comisión recuerda que en ocasiones anteriores había señalado divergencias entre el Convenio y determinadas disposiciones legislativas relacionadas con los empleados de la PIAC (la compañía "Líneas Aéreas Internacionales de Pakistán"), así como con respecto a la fijación de los salarios en el sector de los establecimientos bancarios y financieros y a la situación de los trabajadores en las zonas francas de exportación, también conocidas como zonas francas de exportaciones. Fijación de salarios en el sector de los establecimientos bancarios y financieros En repetidas ocasiones la Comisión ha señalado la atención sobre el hecho de que los artículos 38A a 38I de la ordenanza (o decreto) de 1969 sobre relaciones de trabajo, en su tenor modificado, facultan al Gobierno a establecer una Comisión sobre salarios que fijará las tasas de remuneración y determinará todos los demás términos y condiciones de servicio en los establecimientos bancarios y en cualquier otro sector que pueda especificar el Gobierno mediante notificación y que, en consecuencia, dichas disposiciones restringen el ejercicio de la negociación voluntaria en la forma establecida por el artículo 4 del Convenio. De la memoria del Gobierno la Comisión toma nota de que los empleados en instituciones bancarias y financieras gozan de la libertad de asociación y que en todos estos establecimientos el único actor de la negociación colectiva se elige por voto secreto. La persona encargada de llevar a cabo la negociación tiene derecho a presentar al empleador un pliego de exigencias en relación con los salarios y las condiciones de servicio de los empleados. Esas peticiones se someten luego a la Comisión sobre salarios, presidida por un juez del Supremo Tribunal, que da a las partes, es decir, a la persona encargada de celebrar negociaciones y a la administración, la oportunidad de hacer valer sus argumentos. El Gobierno declara que en la última ocasión en que estableció una comisión de ese tipo (1984) alrededor de 51 sindicatos fueron invitados a presentar peticiones antes de que la Comisión decidiera al respecto. La Comisión toma nota de que en opinión del Gobierno las decisiones de la Comisión mencionada respetan plenamente el proceso de negociación colectiva y que los siguientes hechos permiten sostener el cumplimiento de tal finalidad: i) los copartícipes sociales tienen la oportunidad de discutir los asuntos salariales y de empleo ante la Comisión; ii) en ningún caso las partes han formulado observaciones contra la imparcialidad del sistema y, iii) la Comisión nunca ha dictado un laudo que carezca del apoyo de los trabajadores o de la administración. La Comisión recuerda que el principio de las negociaciones voluntarias implica el establecimiento de procedimientos que fomenten las discusiones entre las partes, con la finalidad de que puedan llegar a concluir acuerdos en forma totalmente libre. A juicio de la Comisión, para facilitar las negociaciones, los organismos y procedimientos que se establezcan no deben restringir el ámbito de la negociación o la independencia de las partes. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada acerca de los futuros acontecimientos que se produzcan en esta materia y, en particuar, si se ha establecido una nueva Comisión y, en tal caso, el resultado de sus deliberacones y las reacciones de las partes al respecto. Zonas francas de exportación Con respecto a las restricciones impuestas al derecho de sindicación y negociación colectiva a los trabajadores de las zonas de preparación de las exportaciones (zonas francas), la Comisión invita al Gobierno a remitirse a los comentarios relativos al Convenio núm. 87, como sigue:

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 30 de junio de 1989, y de que aún no ha recibido la memoria correspondiente al período que finalizó el 30 de junio de 1990. La Comisión toma nota de los comentarios de la Federación Nacional de Sindicatos de Pakistán (PNFTU), en comunicaciones fechadas el 21 de diciembre de 1989 y el 24 de febrero de 1990. El Gobierno aún no ha enviado a la Comisión ninguna observación sobre dichos comentarios.

En su observación de 1989, la Comisión se había referido a las divergencias existentes entre el Convenio y las disposiciones legislativas que niegan a ciertas categorías de trabajadores el derecho de establecer organizaciones sindicales, restringen el derecho de huelga, permiten al encargado de registro que supervise los fondos sindicales y limitan el derecho de representación de las minorías sindicales.

Derechos sindicales - Compañía "Líneas Aéreas Internacionales del Pakistán"

El Gobierno en su memoria indica que el artículo 10 de la ley sobre la compañía "Líneas Aéreas Internacionales del Pakistán" (PIAC), de 1956, ha sido modificada para permitir que los trabajadores empleados en dicha compañía participen en las actividades sindicales en virtud de la ley de 1969, que regula las relaciones de trabajo. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha tomado medidas para suprimir la prohibición de afiliación y ejercicio de actividades sindicales en la PIAC, que la Comisión había señalado a la atención durante varios años. La Comisión también solicita al Gobierno se sirva enviar un ejemplar de la legislación pertinente, como promete en su memoria.

Derechos sindicales - Funcionarios públicos de grados superiores

En sus comentarios de 1989 y en otros anteriores, la Comisión había expresado su preocupación sobre la exclusión de los funcionarios de grado 16 o de grado superior, del ámbito de aplicación de la ordenanza sobre las relaciones de trabajo y, por conducto de una solicitud directa directamente al Gobierno, había pedido ciertas informaciones complementarias sobre el número de trabajadores afectados por dicha prohibición, así como sobre el carácter y actividades de las asociaciones a las cuales, según el Gobierno, tales funcionarios tenían derecho a afiliarse.

El Gobierno indica en su memoria que en 1986, de un total de 187.925 funcionarios públicos federales, 17.652 (el 9,39 por ciento) ocupaban un cargo de grado 16 o superior. También indicaba que una de las finalidades de excluir a estos funcionarios públicos superiores era equipararlos a la situación que tenían los miembros del personal de dirección en el sector privado. Sin embargo el Gobierno no comunicó informaciones relativas al número, tamaño y actividades de las "asociaciones" a las cuales podían afiliarse los funcionarios con cargos de grado 16 o superiores. La Comisión solicita al Gobierno que incluya esta información en su próxima memoria.

Derechos Sindicales - Zonas francas de exportación

En su observación de 1989, la Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 25 de la ordenanza de 1980 que reglamenta dichas zonas, el Gobierno podía exonerar la aplicación de la ley u ordenanza que reglamenta las relaciones de trabajo, y que el artículo 4 del reglamento de 1982, sobre el control del empleo en las zonas francas de exportación, privaba a los trabajadores de las mismas del derecho de huelga o de otras formas de acción sindical. La Comisión estima que dichas disposiciones no son compatibles con los requisitos de los artículos 2 y 3 del Convenio.

El Gobierno indica en su memoria que considerará la posibilidad de suprimir estas restricciones como parte de su política general de permitir la plena actividad sindical en el país. Sin embargo, no ha proporcionado ninguna nueva información sobre el resultado de la consideración de este tema.

En tales circunstancias, la Comisión debe pedir al Gobierno que la mantenga informada acerca de las medidas que se proponen adoptar para suprimir estas restricciones a la actividad de los sindicatos y a la afiliación a organizaciones sindicales, que son claramente incompatibles con las exigencias del Convenio.

El recurso a la huelga

Desde hace varios años, la Comisión señala a la atención del Gobierno sobre ciertas restricciones a la huelga establecidas en los artículos 32 y 33 de la ordenanza de 1969, sobre relaciones de trabajo, que parecen interferir con el derecho de huelga.

La Comisión observa que el artículo 32, párrafo 2, de la ordenanza mencionada faculta al Gobierno para prohibir toda huelga o cierre patronal que haya durado más de 30 días, y también cuando el Gobierno estime que la continuación de una huelga o un cierre patronal causa graves inconvenientes a la comunidad o perjudica el interés nacional. Por otra parte, el artículo 33, párrafo 1, faculta al Gobierno a prohibir toda huelga o cierre patronal, antes o después del comienzo de estas acciones, cuando el conflicto sea de "importancia nacional" o afecte a los "servicios de utilidad pública", según la lista de los mismos que figura en la ordenanza. A juicio de la Comisión, tales restricciones van más allá de los servicios que es necesario mantener ya que su interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o en parte de la población. En consecuencia, la Comisión pide encarecidamente al Gobierno que garantice la modificación de estas disposiciones a efectos de ajustarlas plenamente a las exigencias del Convenio.

Derecho de representación de los sindicatos minoritarios

En varias ocasiones anteriores, la Comisión había tomado nota de que los trabajadores de sindicatos minoritarios no podían hacerse representar en sus reclamaciones individuales por el sindicato al que se habían afiliado y, a este respecto, había señalado que esta situación no era compatible con las exigencias del artículo 2 del Convenio.

El Gobierno indica que no ha llegado a su conocimiento ningún caso en que se haya negado a un agente de negociación colectiva el derecho de representar los intereses de un miembro de un sindicato minoritario y que, por el contrario, los agentes de las negociaciones colectivas suelen dar preferencia a las reclamaciones de los miembros de sindicatos minoritarios con miras a atraerlos hacia sus filas. No obstante, el Gobierno estima que no sería adecuado permitir que los sindicatos minoritarios representen los intereses individuales de sus miembros pues de esta forma se perjudicaría y desestabilizaría la situación del agente de la negociación colectiva.

La Comisión toma nota de las opiniones del Gobierno a este respecto, pero debe reiterar que la plena aplicación de las exigencias del Convenio implica que los afiliados a sindicatos minoritarios tengan el derecho de hacerse representar por sus propios sindicatos en relación con sus reclamaciones individuales, si así lo estiman conveniente.

Promoción profesional de activistas sindicales con motivaciones antisindicales

La PNFTU alega que varias compañías de propiedad extranjera que actúan en el sector de los servicios financieros y bancarios prestados a las empresas han seguido una política de "promover" a sus empleados para eliminarlos así de la categoría de "empleados" que figura en el artículo 2 de la ordenanza sobre relaciones de trabajo y colocarlos en vez en la categoría de "empleadores". Según la PNFTU estas "promociones" son de carácter puramente formal y su intención es debilitar la posición de las organizaciones sindicales pues, en virtud de la ordenanza mencionada, los "empleadores" y los "empleados" no pueden pertenecer al mismo sindicato.

Ya en ocasiones anteriores, la Comisión había señalado que no es necesariamente incompatible con las exigencias del artículo 2 del Convenio que se niegue al personal superior y de dirección el derecho de pertenecer al mismo sindicato que los demás trabajadores. No obstante, esta posibilidad está sujeta a dos condiciones: en primer lugar, que tengan el derecho de establecer sus propias asociaciones para defender sus intereses y, en segundo lugar, que las categorías de personal de dirección y de empleados que ocupan cargos de confianza no sean tan amplias como para debilitar a las organizaciones de los demás trabajadores en la empresa o en la rama de actividad, al privarlas de una proporción considerable de sus miembros efectivos o posibles (Estudio general de 1983, párrafo 131).

A efectos de poder evaluar con pleno conocimiento de causa la compatibilidad del artículo 2 de la ordenanza con las exigencias del Convenio, la Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar datos sobre la proporción de la fuerza de trabajo que se considera como "empleadores" según los términos de este artículo. También solicita al Gobierno se sirva comunicar informaciones sobre el número y tamaño de las organizaciones que se han establecido para representar los intereses de las personas mencionadas así como las observaciones que le merezcan los comentarios de la PNFTU a este respecto.

Dado que la Comisión formula comentarios sobre muchos de estos temas desde hace muchos años, tiene la firme esperanza de que el Gobierno no escatimará esfuerzos para tomar las medidas necesarias a efectos de dar plenos efectos al Convenio en un futuro próximo. La Comisión confía en que el Gobierno adoptará, en un futuro próximo, las medidas necesarias, en relación con los asuntos antes examinados, con la finalidad de hacer surtir plenos efectos a las exigencias del Convenio.

TEXTO

La Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para no postergar de nuevo la adopción de la medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las informaciones que éste comunicara en junio de 1988 a la Comisión de la Conferencia. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la Federación Nacional Pakistaní de Sindicatos.

La Comisión recuerda que en ocasiones anteriores había señalado divergencias entre el Convenio y determinadas disposiciones legislativas relacionadas con los empleados de la PIAC (la compañía "Líneas Aéreas Internacionales de Pakistán"), así como con respecto a la fijación de los salarios en el sector de los establecimientos bancarios y financieros y a la situación de los trabajadores en las zonas francas de exportación, también conocidas como zonas de preparación de las exportaciones.

Compañía "Líneas Aéreas Internacionales de Pakistán"

La Comisión toma nota que el artículo 10 de la ley de 1956 sobre la compañía "Líneas Aéreas Internacionales de Pakistán", priva a los empleados de ésta del derecho de establecer sindicatos, afiliarse a ellos y ejercer las demás libertades reconocidas por los Convenios núms. 87 y 98.

La Comisión toma nota, a título de ejemplo, que el párrafo 2 del artículo 10 de la ley de 1956 faculta a la PIAC para despedir cualquiera de sus empleados sin expresión de motivos y sin que los despedidos tengan derecho de recurrir ante los tribunales, reconociéndoles empero el único muy limitado derecho de ser oídos. Esta disposición otorga al empleador amplias facultades para despedir a un empleado por cualquier motivo y en particular por razones que pueden relacionarse con actividades sindicales. La Comisión señala que en virtud del artículo 1 del Convenio los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación (párrafo 1), y más especialmente contra los despidos a causa de su afiliación sindical o participación en actividades sindicales (párrafo 2, apartado b)). La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que, para hacer surtir efectos a las disposiciones relativas a la protección del derecho de sindicación, se debería permitir, en primer lugar, que los empleados de la PIAC participen en actividades sindicales en la misma forma que los demás trabajadores (véase a este respecto los comentarios relativos al Convenio núm. 87) y, en segundo lugar, que gocen de una adecuada protección contra todo acto de discriminación en la contratación o durante el empleo. La Comisión destaca que aun cuando dichos empleados se consideren como funcionarios públicos, deben igualmente gozar de la protección del Convenio pues los empleados de la PIAC no ejercen prerrogativas de administración del Estado (artículo 6).

Fijación de salarios en el sector de los establecimientos bancarios y financieros

En repetidas ocasiones la Comisión ha señalado la atención sobre el hecho de que los artículos 38A a 38I de la ordenanza (o decreto) de 1969 sobre relaciones de trabajo, en su tenor modificado, facultan al Gobierno a establecer una Comisión sobre salarios que fijará las tasas de remuneración y determinará todos los demás términos y condiciones de servicio en los establecimientos bancarios y en cualquier otro sector que pueda especificar el Gobierno mediante notificación y que, en consecuencia, dichas disposiciones restringen el ejercicio de la negociación voluntaria en la forma establecida por el artículo 4 del Convenio.

De la memoria del Gobierno la Comisión toma nota de que los empleados en instituciones bancarias y financieras gozan de la libertad de asociación y que en todos estos establecimientos el único actor de la negociación colectiva se elige por voto secreto. La persona encargada de llevar a cabo la negociación tiene derecho a presentar al empleador un pliego de exigencias en relación con los salarios y las condiciones de servicio de los empleados. Esas peticiones se someten luego a la Comisión sobre salarios, presidida por un juez del Supremo Tribunal, que da a las partes, es decir, a la persona encargada de celebrar negociaciones y a la administración, la oportunidad de hacer valer sus argumentos. El Gobierno declara que en la última ocasión en que estableció una comisión de ese tipo (1984) alrededor de 51 sindicatos fueron invitados a presentar peticiones antes de que la Comisión decidiera al respecto.

La Comisión toma nota de que en opinión del Gobierno las decisiones de la Comisión mencionada respetan plenamente el proceso de negociación colectiva y que los siguientes hechos permiten sostener el cumplimiento de tal finalidad: i) los copartícipes sociales tienen la oportunidad de discutir los asuntos salariales y de empleo ante la Comisión; ii) en ningún caso las partes han formulado observaciones contra la imparcialidad del sistema y, iii) la Comisión nunca ha dictado un laudo que carezca del apoyo de los trabajadores o de la administración.

La Comisión recuerda que el principio de las negociaciones voluntarias implica el establecimiento de procedimientos que fomenten las discusiones entre las partes, con la finalidad de que puedan llegar a concluir acuerdos en forma totalmente libre. A juicio de la Comisión, para facilitar las negociaciones, los organismos y procedimientos que se establecezcan no deben restringir el ámbito de la negociación o la independencia de las partes. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada acerca de los futuros acontecimientos que se produzcan en esta materia y, en particular, si se ha establecido una nueva Comisión y, en tal caso, el resultado de sus deliberaciones y las reacciones de las partes al respecto.

Zonas francas de exportación

Con respecto a las restricciones impuestas al derecho de sindicación y negociación colectiva a los trabajadores de las zonas de preparación de las exportaciones (zonas francas), la Comisión invita al Gobierno a remitirse a los comentarios relativos al Convenio núm. 87.

La Comisión confía en que el Gobierno adoptará, en un futuro próximo, las medidas necesarias, en relación con los asuntos antes examinados, con la finalidad de hacer surtir plenos efectos a las exigencias del Convenio.