Caso individual (CAS) - Discusión: 2017, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Una representante gubernamental proporcionó información sobre el sistema de bienestar en su país. Dado que el Reino Unido acaba de celebrar elecciones generales, sólo puede suministrarse información sobre la legislación vigente en materia de bienestar. El Gobierno facilitará más información en su memoria sobre la aplicación del Convenio, a tiempo para la próxima reunión de la Comisión de Expertos que se celebrará en 2017.

En relación con las principales conclusiones sobre los artículos 16, 22 y 62 del Convenio relativas a la suficiencia de las prestaciones, la oradora señaló que su Gobierno estima que su red de protección social es adecuada y se ajusta a las necesidades de un sistema de bienestar sostenible y asequible que apoye a los grupos más vulnerables de la sociedad. Las prestaciones de desempleo y de enfermedad basadas en las contribuciones representan una parte del sistema general de bienestar que incluye una combinación de prestaciones relacionadas con los ingresos y de prestaciones de asistencia social, tales como el subsidio de vivienda y los créditos fiscales. Las principales tasas del subsidio para solicitantes de empleo y del subsidio de apoyo al empleo, ambos de carácter contributivo, proporcionan un complemento de ingresos a quienes no tienen trabajo. Se presta apoyo adicional a las personas que tienen bajos ingresos y recursos limitados. Asimismo, el sistema de bienestar se basa en la situación de aquéllos que reciben prestaciones, y está orientado específicamente a los más necesitados. Al evaluar la eficacia del sistema de bienestar, es importante considerar el sistema de apoyo en su conjunto.

La Comisión de Expertos formuló observaciones sobre la inclusión de créditos fiscales por hijo, créditos que no son una forma de asistencia social, sino de seguridad social, están dentro del alcance del Convenio, por lo que la Comisión de Expertos debería incluirlos en los cálculos pertinentes la próxima vez que examine el cumplimiento del Convenio. Cabe señalar que muchos de los que reclaman el subsidio para solicitantes de empleo y el subsidio de apoyo al empleo, basados en las contribuciones, también reclaman otras prestaciones, tales como el subsidio de vivienda o el pago para la independencia personal. En lo que respecta a la solicitud de la Comisión de Expertos para que se lleve a cabo un estudio actuarial, la oradora indicó que el Gobierno realiza periódicamente evaluaciones de las prestaciones que ofrece, con inclusión de las diversas prestaciones de asistencia social y relacionadas con los ingresos a las que pueden optar las personas que tienen bajos ingresos y recursos limitados. En dichos estudios se indica que, en 2016, las prestaciones contributivas para las personas en edad de trabajar, junto con las prestaciones de asistencia social y relacionadas con los ingresos para esas personas representaron casi el 3 por ciento del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido. En respuesta a las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, se proporcionarán explicaciones detalladas sobre el sistema de bienestar establecido en el Reino Unido.

Los miembros trabajadores recordaron que la seguridad social es una de las principales instituciones que surgió en el siglo xx y representa, para los trabajadores, una de sus más grandes realizaciones y un acervo sumamente valioso, pues materializa el espíritu de la Declaración de Filadelfia y sirve como instrumento de lucha contra la pobreza, que representa un peligro para la prosperidad de todos, en cualquier lugar. La seguridad social es un acto de civilización mediante el cual se afirma que una sociedad realmente moderna no puede aceptar que las mujeres y los hombres tal vez estén expuestos sin protección a los riesgos y a las necesidades. El caso del Reino Unido indica hasta qué punto es necesario recordar y destacar esas nociones y principios, también en los países más industrializados donde la seguridad social representó, y sigue representando, un acervo importante para proteger a los trabajadores de los avatares de la vida, en particular asegurándoles un ingreso cuando no tienen empleo. En realidad, no se cuestiona la importancia de los sistemas de seguridad social, lo que suscita controversias más a menudo son las modalidades y medios utilizados para lograr los objetivos previstos y el nivel de su consecución.

A ese respecto, el Convenio núm. 102 es un instrumento particularmente original que ha establecido una definición aceptada a nivel internacional del propio principio de la seguridad social fijando los objetivos que han de alcanzarse y no sólo los medios que han de emplearse para ello. El Convenio estableció una obligación mínima en cuanto a resultados que incumbe a los Estados y permite medir los avances logrados basándose en los resultados concretos que se hayan obtenido. Otra característica importante de este Convenio es su gran adaptabilidad y su amplia gama de opciones y cláusulas de flexibilidad, que permiten su aplicación progresiva en función del desarrollo económico. Además, cada país puede combinar prestaciones contributivas y no contributivas y regímenes públicos y profesionales para asegurar la protección mínima garantizada. El Convenio ha servido como modelo para la elaboración del Código Europeo de Seguridad Social, instrumento del Consejo de Europa, que integra las normas mínimas establecidas en virtud del Convenio como base inicial y cuya aplicación controla la Comisión de Expertos, lo cual refleja su independencia, su imparcialidad y su objetividad.

El sistema de seguridad social del Reino Unido se articula alrededor de tres niveles: prestaciones basadas en las cotizaciones, prestaciones basadas en los ingresos y, por último, diversos créditos fiscales y prestaciones de asistencia social en función de los recursos que ofrecen una protección adicional contra la pobreza. Este último aspecto de la protección social fue objeto de una reforma reciente, lo cual dio lugar a la fusión del conjunto de dichos créditos y prestaciones en un régimen denominado «crédito universal», que se considera una prestación de asistencia social en vez de una prestación de seguridad social que no estaría comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio. Si bien es cierto que un Estado Miembro puede declarar cuáles son las prestaciones concedidas por el sistema nacional de seguridad social respecto de las cuales acepta las obligaciones dimanantes de cada parte del Convenio ratificado, esa flexibilidad no permite que el Gobierno sostenga que las prestaciones de asistencia social no están comprendidas en el campo de aplicación del Convenio, pues su artículo 67 se ha incluido precisamente para evaluar si el monto de esas prestaciones es suficiente para responder a las exigencias de este texto. La Comisión de Expertos comprobó que el Reino Unido infringe el Convenio en lo que respecta a las prestaciones monetarias de enfermedad, las prestaciones de desempleo y las prestaciones de sobrevivientes, al no tener en cuenta las prestaciones pagadas por el crédito universal. El segundo punto de la observación se refiere a que las prestaciones basadas en las cotizaciones no llegan al umbral de riesgo de pobreza de EUROSTAT. El Gobierno parece adaptarse a ello, porque en la respuesta que envía al respecto, estima que mantiene una red de seguridad «adecuada». Sin embargo, una política que pretende mantener el nivel de vida básico de las personas que reciben prestaciones y no trabajan por debajo del umbral de pobreza absoluta da lugar a la utilización de la seguridad social como medio de coerción económica para el empleo. Esta política pertenece a una era pasada que no es compatible con una visión moderna de la seguridad social, y uno de sus objetivos es precisamente prevenir o reducir la pobreza.

En efecto, las observaciones mencionadas se formularon en el contexto del Código Europeo de Seguridad Social, pero estas observaciones son sumamente pertinentes en el marco de nuestra discusión y conviene invitar al Gobierno a que realice los cálculos necesarios para establecer el costo como porcentaje del PIB lo cual acarrearía un aumento de esas prestaciones de manera que el Reino Unido pueda cumplir sus obligaciones. Cabe observar que el régimen del crédito universal puede resultar insuficiente para asegurar que las personas de que se trata obtengan un ingreso decente ya que, según las últimas estimaciones, la reforma supondrá una disminución de ingresos para un mayor número de hogares (3,2 millones) y beneficiará a menos hogares (2,2 millones) de lo que se había previsto. Se trata de una señal de alarma que debe tomarse en serio. Las nuevas formas de trabajo y la multiplicación de situaciones precarias deben conducir a un fortalecimiento de la protección social y no a un debilitamiento de sus dispositivos. Por consiguiente, se invita al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para evitar que este país, que es el segundo que ratificó el Convenio núm. 102, no se convierta hoy en día en un ejemplo deplorable de su aplicación.

Los miembros empleadores acogieron con beneplácito el anuncio del Gobierno de que informará con más detalle sobre la aplicación del Convenio a tiempo para que esa información, comprendida la información relativa a la revisión en curso del régimen de seguridad social, se pueda examinar en la próxima reunión de la Comisión de Expertos. Acogen con satisfacción la inclusión de este Convenio técnico entre los casos individuales sometidos al análisis de la Comisión de la Conferencia. En 1952 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio y en 1954 fue ratificado por el Gobierno. El Reino Unido aceptó las partes II-V, VII y X del Convenio. La Comisión de Expertos ha estudiado la aplicación del Convenio por el Reino Unido en siete ocasiones desde 1995, incluidos sus últimos comentarios formulados en 2016. Es la primera vez que la Comisión examina la aplicación del Convenio por el Reino Unido.

El Convenio es largo y complejo, y lo mismo podría decirse de los comentarios adoptados por la Comisión de Expertos. Los miembros empleadores desean hacer hincapié en que la función de la Comisión de Expertos es formular comentarios sobre la aplicación de los convenios ratificados, en el presente caso se trata del Convenio núm. 102 exclusivamente. La mención por parte de esta Comisión de otros instrumentos de carácter vinculante o no vinculante (incluido el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea), así como de la evaluación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, ha generado confusión en relación con los criterios que se utilizaron para evaluar la actuación del Gobierno. Entienden que existe un acuerdo entre la OIT y el Consejo de Europa. Ahora bien, la aplicación del Código Europeo de Seguridad Social está supeditada al mecanismo de presentación de informes al Consejo de Europa. El cometido de la Comisión de Expertos en lo que concierne al mandato de esta Comisión es la base para evaluar la aplicación de los convenios. La evaluación de los requisitos estipulados en los convenios debería efectuarse de forma clara y transparente. Sin embargo, la forma en que se han redactado los últimos comentarios de la Comisión de Expertos da lugar a confusión, en parte debido a que se ha referido al Código y al Convenio de forma indiferenciada sin proporcionar una explicación sobre «el Código» y la razón para mencionarlo. Manifestaron la esperanza de que la Comisión de Expertos tenga en cuenta estos elementos para garantizar que el sistema de control de la OIT sea transparente y fácil de utilizar.

En lo que respecta a las obligaciones dimanantes del Convenio, los miembros empleadores señalaron que la Comisión de Expertos determinó que dos cuestiones principales requieren que el Gobierno ahonde en su respuesta. La primera se refiere a si las prestaciones no contributivas quedan fuera del ámbito de aplicación del Convenio, y si las prestaciones de asistencia social quedan dentro o fuera de dicho ámbito. La segunda cuestión es si el nivel de prestaciones está o no por debajo de la obligación mínima establecida en el Convenio. La conclusión que se obtenga de la primera cuestión determina si es necesario analizar la segunda. Convendría saber cuáles son los salarios mínimos aplicados para poder examinar de forma más exhaustiva las obligaciones dimanantes del Convenio. Además, los miembros empleadores señalaron que el Gobierno, al establecer los niveles de prestación social, intentó encontrar el equilibrio entre las prestaciones efectivas por un lado y los incentivos al trabajo por otro. Entienden que la Comisión de Expertos parece mostrarse crítica respecto de esta motivación por considerarla anticuada y poco razonable. La posición de los miembros empleadores es que intentar por todos los medios mantener el equilibrio entre las prestaciones efectivas y los incentivos en el marco de un sistema sostenible es un objetivo legítimo y razonable para el Gobierno. El Convenio es un instrumento flexible y, en su opinión, da cabida a esa clase de razonamientos. Por último, los miembros empleadores dijeron que esperan que el Gobierno aporte más información y datos antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos para facilitar una comprensión más clara del cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio.

La miembro trabajadora del Reino Unido manifestó que en su país las prestaciones de la seguridad social incumplen las normas mínimas del Convenio. Reconoció que no era el momento más oportuno para que la Comisión de la Conferencia examine la política del Reino Unido en materia de seguridad social, teniendo en cuenta lo cerca que estaban las elecciones generales, y aclaró que, detrás de las cuestiones técnicas planteadas en este caso, subyacen deficiencias en la legislación vigente en materia de seguridad social en el Reino Unido.

Se refirió a cuatro áreas de interés. En primer lugar, las prestaciones de la seguridad social no brindan una red de protección adecuada para el sector más vulnerable de la sociedad, y ni siquiera alcanzan el umbral más bajo de EUROSTAT en relación con el riesgo de pobreza del 40 por ciento del ingreso promedio equivalente en el Reino Unido y el conjunto de Unión Europea. De hecho, las conclusiones de la Comisión de Expertos han sido corroboradas por las últimas estadísticas nacionales, que confirmaron que el 70 por ciento de los adultos en edad de trabajar que pertenecen a familias trabajadoras están en la pobreza. Además, el valor de las prestaciones de desempleo se ha quedado rezagado en relación con los ingresos: éstas pasaron de representar un 20 por ciento de la media de ingresos en la década de 1970 a menos del 15 por ciento en la actualidad. En segundo lugar, aunque las conclusiones de la Comisión de Expertos se centran en las prestaciones de desempleo, en el Reino Unido la tasa de pobreza de las personas con empleo ha alcanzado cifras récord: más de 7 millones de personas, entre las que se cuentan 2,6 millones de niños, viven en situación de pobreza a pesar de pertenecer a familias con personas que trabajan. En tercer lugar, no se está procurando mejorar la prestación de la seguridad social. Lejos de ello, las propuestas de los últimos gobiernos están encaminadas a reducir el nivel de protección en los próximos años: numerosas prestaciones de la clase activa podrán quedar congeladas hasta 2020 y se podrá reducir el apoyo a las familias con hijos. En este contexto, la miembro trabajadora se refirió a la introducción del crédito universal en el Reino Unido, que sería considerablemente menos generoso que los créditos fiscales existentes, e implicaría recortes al nivel propuesto de prestaciones de empleo. En cuarto lugar, el sistema de seguridad social no ha seguido el ritmo de los cambios registrados en el mercado laboral del Reino Unido, particularmente en cuanto al incremento de las modalidades de empleo inseguro, como los contratos de cero horas, la contratación por intermedio de agencias de empleo y el surgimiento de las plataformas de contratación en línea (la llamada gig economy). Si bien, debido al módico monto de sus tasas salariales, quienes tienen un empleo inseguro tienen muchas más posibilidades de reunir las condiciones para recibir las prestaciones por empleo, estas personas tienen grandes dificultades para acceder a las prestaciones por el carácter fluctuante de sus horas de trabajo.

Asimismo, la miembro trabajadora se refirió a la preocupación de que el sistema fiscal del Reino Unido pueda incentivar a los empleadores a recurrir cada vez más a modalidades de empleo inseguro para reducir costos y eludir su obligación de pagar impuestos relacionados con el empleo, concretamente en concepto de cotizaciones a la seguridad social. Los empleadores también pueden reducir sus obligaciones fiscales contratando a trabajadores autónomos, o incluso contratando como autónomos a trabajadores que no lo son. En cuanto a la cuestión de la interpretación de los convenios de la OIT, planteada por los miembros empleadores, la miembro trabajadora se remitió al mandato de la Comisión de Expertos que acordaron los interlocutores sociales en febrero de 2015 y marzo de 2017. El acuerdo confirma que la Comisión de Expertos puede realizar un examen técnico e imparcial de la manera en que los Estados Miembros aplican los convenios en la legislación y en la práctica, teniendo en cuenta las diferentes realidades y sistemas jurídicos nacionales.

Para concluir, la miembro trabajadora instó al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para aplicar el Convenio y, en particular, a que aumente los niveles de las prestaciones. El Gobierno, en consulta con los interlocutores sociales nacionales, debería examinar las disposiciones vigentes en materia de seguridad social con miras a aliviar la pobreza, determinar si la normativa vigente incentiva las modalidades de empleo inseguro y velar por que todos los trabajadores gocen de una protección social efectiva. Las conclusiones de tal examen deberán ser comunicadas a la Comisión de Expertos.

El miembro empleador del Reino Unido pidió a la Comisión que tenga en cuenta la situación actual en el país como consecuencia de las elecciones que se celebraron apenas un día antes de discutirse el caso en la Comisión. Tras la disolución del Parlamento y hasta que se constituya un nuevo Gobierno, los funcionarios no pueden tomar medidas o realizar declaraciones que muestren su afiliación a un partido político (las llamadas «reglas de reclusión»), lo que limita necesariamente las acciones que podría emprender el Gobierno en lo que respecta al caso sometido a la Comisión. En el futuro, la Comisión debería considerar la existencia de elecciones nacionales para constituir un Gobierno al seleccionar a los países de cara a la supervisión, debido al claro riesgo de perjuicio para el país de que se trate, especialmente para aquéllos en los que existen reglas análogas a las «reglas de reclusión». Los miembros empleadores del Reino Unido no han pretendido que se supervise este caso.

Además, habida cuenta de que la Comisión de Expertos ha acordado examinar el Código Europeo de Seguridad Social, es preciso aclarar con carácter urgente si se espera que los interlocutores sociales formulen observaciones en el futuro, no sólo sobre la aplicación del Convenio, sino también del Código. También es preciso esclarecer la situación de las notas técnicas preparadas por la Oficina en lo referente a la situación de la aplicación de las disposiciones en materia de seguridad social de los tratados internacionales sobre derechos sociales ratificados por el Reino Unido. La observación de la Comisión de Expertos incluye referencias al Código Europeo de Seguridad Social y a la Carta Social Europea, de conformidad con los acuerdos concluidos entre la OIT y el Consejo de Europa. Sin embargo, el mandato de la Comisión de la Conferencia se limita estrictamente a la supervisión de los convenios y recomendaciones de la OIT, y el Gobierno se ha incluido en la lista corta únicamente en lo que respecta al Convenio. El mandato de la Comisión no es supervisar la observación de la Comisión de Expertos en relación con el Código Europeo, función que incumbe al Consejo de Europa. Si bien se entiende la lógica de un análisis coherente del Código Europeo y del Convenio, la observación dual realizada por la Comisión de Expertos dificulta la supervisión de la aplicación del Convenio.

En el momento de la entrada en vigor del Convenio, en 1955, el Grupo de los Empleadores subrayó que la posibilidad de elegir ramas de la seguridad social era incompatible con el principio de obligaciones concretas y comparables establecido en la Constitución de la OIT, y que debería haber diferentes convenios para cada rama de la seguridad social. Al haber transcurrido más de sesenta años, examinar las situaciones nacionales de 2017 a la luz de las obligaciones de supervisión previstas en 1955, resulta claramente muy poco satisfactorio. Por lo tanto, el miembro empleador cuestionó que el Convenio esté actualizado, así como la conveniencia de someterlo al proceso del mecanismo de examen de las normas.

La Comisión de Expertos observó que las prestaciones actuales por enfermedad, desempleo y sobrevivientes están por debajo del nivel establecido en el Convenio. El orador entiende que el Gobierno ha expresado su desacuerdo con este punto, insistiendo en que las prestaciones de asistencia social no son prestaciones de la seguridad social, por lo que no deben incluirse en el cálculo de los niveles generales de protección. Así pues, existe un flagrante conflicto de interpretación, los expertos parecen aceptar que las prestaciones de la asistencia social quedan fuera del cálculo, lo que es preocupante porque los expertos no deberían determinar el significado de las disposiciones del Convenio e intentar que, en consecuencia, se aplique esa interpretación. Si bien prevé que el Gobierno tomará en consideración las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, que ofrecen orientaciones no vinculantes, y las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas sólo en lo que respecta al Convenio núm. 102, el miembro empleador destacó que el Gobierno podía ajustar su régimen de seguridad social de una manera establecida a nivel nacional y cumplir al mismo tiempo sus obligaciones internacionales.

El miembro trabajador de Australia indicó que el cambio más significativo producido en el mundo del trabajo en las dos últimas décadas es el aumento del empleo precario. En 2011, se estimó que la mitad de todos los puestos de trabajo del mundo son precarios. El aumento exponencial del empleo precario plantea una serie de desafíos para los regímenes de seguridad social. Por ejemplo, cuando el régimen se basa en un modelo de trabajo a tiempo completo y permanente puede excluir a los trabajadores precarios cuando están desempleados, enfermos, discapacitados o jubilados. Aun cuando los trabajadores precarios no estén formalmente protegidos, la falta de continuidad en el empleo puede dar lugar a una cobertura inadecuada o a unas prestaciones limitadas durante el desempleo y la jubilación. Las brechas de esta índole que existen en la protección social conducen a una mayor precariedad, dado que los trabajadores se ven forzados a entrar en formas de empleo desreguladas para sobrevivir. Esto no está de conformidad con las obligaciones derivadas del Convenio.

Por consiguiente, es vital que los gobiernos revisen los sistemas de seguridad social para garantizar que la red de protección social brinde el apoyo necesario a los trabajadores que tienen empleos precarios o inseguros. El nivel de trabajo inseguro en el Reino Unido sugiere que deberían realizarse algunos análisis y revisiones para garantizar que esos trabajadores estén protegidos por la red de protección social. El aumento del número de trabajadores del Reino Unido en puestos en los que podrían perder su trabajo sin preaviso o con breve preaviso, se cifró en casi 2 millones en la última década. Más de uno de cada diez trabajadores hace frente en la actualidad a unas condiciones laborales precarias. La mitad del mayor grupo de trabajadores con empleos precarios, los empleados por cuenta propia, están mal remunerados y llevan a sus hogares menos de las dos terceras partes de los salarios medios. En la actualidad, 2 millones de trabajadores por cuenta propia ganan menos de ocho libras por hora. En consecuencia, los interlocutores sociales del Reino Unido deberían realizar una revisión del sistema de seguridad social para garantizar que el creciente número de trabajadores con empleos inseguros sea adecuadamente atendido por el sistema de seguridad social.

La miembro trabajadora de Francia consideró fundamental recordar las disposiciones del Preámbulo de la Constitución de la OIT y de la Declaración de Filadelfia, que afirman que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social, y que la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos. La Comisión de Expertos consideró que el nivel de prestaciones de desempleo se encuentra muy por debajo de la tasa mínima garantizada por el Convenio. Una búsqueda independiente realizada por la Fundación Joseph Rowntree demostró que los beneficiarios de la prestación de desempleo viven con un ingreso muy inferior al nivel mínimo que permite vivir en condiciones aceptables, cubrir las necesidades esenciales y participar en la vida de la sociedad. Las últimas estadísticas oficiales muestran que el 70 por ciento de los adultos en edad de trabajar que pertenecen a familias desempleadas vive en la pobreza (evaluada en menos del 60 por ciento del ingreso medio después de tener en cuenta los costos de vivienda). Los adultos jóvenes tienen unos niveles de prestación particularmente bajos. En 2016, una persona en edad de trabajar y soltera que solicitaba una asignación de desempleo, recibía el 39 por ciento del ingreso necesario para un nivel de vida mínimo. Esta asignación descendió en el 41 por ciento desde 2010. Las parejas con hijos perciben el 61 por ciento del ingreso mínimo estándar, es decir, el 62 por ciento menos que en 2010. Las prestaciones de desempleo, en su nivel y en sus modalidades, fueron modificadas por reformas de austeridad que participaron en la pauperización de la población. La prensa informó de la existencia de más de 2 000 bancos de alimentos en el Reino Unido que daban tres comidas al día a 1,1 millones de personas en situación de extrema pobreza, de las que 436 938 eran niños. Se produjo un aumento del número de personas que dependen de los bancos de alimentos, lo cual viene a probar que el nivel de pobreza aumentó, en parte, sobre todo debido a este sistema de cálculo de la prestación de desempleo que ha pulverizado las asignaciones. Añadiéndose a las reglas drásticas que enmarcan el otorgamiento de las prestaciones de desempleo (por ejemplo, la obligación de 35 horas de búsqueda de empleo por semana en el Job Center, o bien la prohibición de llegar con más de diez minutos de retraso a la cita del Job Center, so pena de ver su prestación suprimida), la situación de los desempleados es de una inmensa precariedad. Las políticas de austeridad, en completa contradicción con las disposiciones de la parte IV del Convenio, tampoco están de conformidad con los textos fundadores de la OIT, que estipulan que «la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos» y que «la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común».

Un observador en representación de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y de la AFL-CIO hizo hincapié en que, en los tiempos actuales la protección proporcionada por el Convenio es más necesaria que nunca. En el Reino Unido el número de trabajadores independientes ha aumentado un 26 por ciento durante la última década, llegando a 4,8 millones, con una estimación de 1,7 millones que perciben ingresos inferiores al salario mínimo nacional. Un número cada vez mayor de trabajadores fueron clasificados erróneamente como contratistas independientes, puesto que muchas empresas de la llamada gig economy no reconocen la existencia de relaciones laborales con sus trabajadores, y por tanto les privan de sus derechos, incluidos aquellos relativos a la seguridad social. Los tribunales nacionales, en algunos casos, han reconocido esta situación, considerando que los trabajadores han sido calificados erróneamente como independientes. La autoridad fiscal británica también declaró que habría que tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las empresas que deliberadamente han clasificado en forma errónea a sus trabajadores deban pagar las cotizaciones de seguridad social apropiadas. El orador pidió al Gobierno que clarifique la ley a fin de impedir la clasificación errónea de los trabajadores de la gig economy mediante el fortalecimiento de los correctivos y la aplicación efectiva, así como estableciendo una fuerte presunción jurídica de la situación del empleado. En materia de protección social, más que rediseñar el sistema de seguridad social para incluir el aumento constante de la flexibilidad para los empleadores, el Gobierno debería reducir la inseguridad del trabajo. Incluso aunque los chóferes con base en una plataforma fueran clasificados como «trabajadores», con frecuencia se han considerado trabajadores independientes para los efectos fiscales. Además, por lo que respecta al crédito universal, no está claro si un «trabajador» puede ser considerado como un contratista independiente por cuenta propia o como un empleado. El Gobierno tiene que actuar urgentemente para garantizar que los trabajadores de las plataformas estén cubiertos de forma adecuada por el sistema de seguridad social. A este respecto, pidió al Gobierno que realice una revisión tripartita del sistema de seguridad social y que considere soluciones innovadoras, incluido el fortalecimiento de las prestaciones transferibles gestionadas por el Gobierno o negociadas con el trabajador, con el objeto de garantizar que los trabajadores de la gig economy reciban la protección social que les corresponde.

La miembro trabajadora de Suecia, hablando en nombre de los sindicatos de los países nórdicos, dijo que está de acuerdo con el comentario de la Comisión de Expertos en el sentido de que el nivel de la seguridad social en el Reino Unido es bastante bajo y no satisface los índices mínimos requeridos por el Convenio. Existe una gran cantidad de pruebas de que en este país las prestaciones por enfermedad son muy inferiores a la cuantía de ingresos mínimos requerida para proporcionar a las personas un nivel de vida decente. El sistema de seguridad social prevé distintas clases de prestaciones para las personas que no pueden trabajar debido a una enfermedad, supeditadas a la satisfacción de diferentes criterios. Estas prestaciones plantean algunos problemas graves: i) el nivel de prestaciones reglamentarias por enfermedad es bajo; ii) las personas con baja remuneración y trabajo precario corren el riesgo de no obtener la prestación reglamentaria por enfermedad; iii) el derecho a la prestación reglamentaria por enfermedad depende de los ingresos y los empleados tienen que ganar, como mínimo, 113 libras esterlinas para gozar de este derecho; iv) los empleados con trabajos precarios, incluidos los que tienen contratos de cero horas (sin compromiso de un mínimo de horas de trabajo) y trabajo interino a través de agencia, a menudo, están excluidos porque no ganan lo suficiente para tener derecho a la prestación, y v) la prestación reglamentaria por enfermedad se aplica únicamente a partir del cuarto día de baja por enfermedad.

La miembro trabajadora lamentó que, pese a que preocupa que el nivel de prestaciones existente contribuya a fomentar altos índices de pobreza, en 2017 el Gobierno ha establecido nuevos recortes. Desde abril de 2017, a los trabajadores que reciben la prestación de apoyo y empleo, que se prevé que volverán al trabajo en un plazo relativamente breve, se les recortó su prestación en aproximadamente un 30 por ciento. Mientras que el Convenio establece un aumento progresivo del nivel de seguridad social, la evolución en el Reino Unido parece ir en dirección contraria. En lo que respecta a las observaciones formuladas por los miembros empleadores de este país acerca de la situación del Convenio, recordó que, si bien el Convenio fue adoptado en 1952, el caso que es objeto de examen demuestra que el Convenio y su aplicación son sumamente necesarios para llevar una vida digna en caso de enfermedad. Por consiguiente, instó al Gobierno a adaptar la legislación nacional para que cumpla con los requisitos establecidos en el Convenio.

La representante gubernamental agradeció a la Comisión de la Conferencia el cuidadoso examen de las cuestiones señaladas por la Comisión de Expertos así como la información proporcionada por su Gobierno. Afirmó que el Gobierno ha tomado debida nota de todos los comentarios y cuestiones presentados, y se compromete a darles seguimiento, como conviene, en la memoria que se proporcionará a la Comisión de Expertos.

Los miembros empleadores tomaron nota de que la información presentada por el Gobierno ha sido escueta debido a las circunstancias nacionales que implican las recientes elecciones. Alentaron al Gobierno a proporcionar la información solicitada a la Comisión de Expertos, incluidas las estadísticas solicitadas, para que pueda analizar mejor la situación relativa a la aplicación del Convenio por parte del Reino Unido. Declararon que esperan poder examinar mejor la aplicación del Convenio una vez que se presente dicha información.

Los miembros trabajadores, retomando ciertas posiciones planteadas durante la discusión según las cuales el Convenio se ha vuelto «obsoleto», declararon que si cada país que no cumple un convenio invocara este argumento, no se aplicaría ningún convenio. Además, consideraron útil recordar que la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202) reafirma la importancia del Convenio núm. 102 e indica, ya en el preámbulo, que estas normas mantienen toda su pertinencia y siguen siendo una referencia importante para los sistemas de seguridad social al tiempo que alienta a que se ratifique más este Convenio actualizado. Como se reafirmó de nuevo en la última reunión del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas, que se celebró en 2016, se recomienda de nuevo alentar la ratificación de este texto. En cuanto al mandato de la Comisión de Expertos, está descrito detalladamente en su informe y los empleadores y trabajadores reconocieron su alcance. En el caso del Reino Unido, la Comisión de Expertos se contentó con recordar la existencia del artículo 67 del Convenio y el sentido de esta disposición en base a los documentos preparatorios. Se desprende de este examen que el significado que se debe prestar a esta disposición no puede discutirse. El único punto que se debe destacar es la violación del Convenio por el Reino Unido y la invitación que se debe dirigir al Gobierno para que tome las medidas necesarias para cumplir el Convenio. Para ello es necesaria una revisión del régimen actual de seguridad social de concierto con los interlocutores sociales con el objetivo de reducir significativamente los niveles de pobreza a través del aumento de las prestaciones de seguridad social y asegurarse de que el sistema actual no provoque un aumento del trabajo precario sino que garantice a todos los trabajadores una protección social efectiva y eficaz. Es primordial que el Gobierno conceda prioridad a este asunto pues la cuestión de la pobreza y la privación no puede quedar sin respuesta. Está en juego la cohesión social y el equilibrio del conjunto de la sociedad.

Conclusiones