Repetición

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección adecuada contra la discriminación antisindical y la injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que la legislación prevea sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias para los actos de discriminación antisindical y de injerencia. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el nuevo Código del Trabajo, adoptado en 2019, no ha introducido ningún cambio a este respecto, pero que sigue conteniendo una serie de disposiciones específicas que dan aplicación a los artículos 1 y 2 del Convenio. A este respecto, la Comisión observa que la legislación vigente: i) prohíbe ampliamente los actos de discriminación e injerencia antisindical; ii) contiene normas para ajustar la carga de la prueba con el fin de facilitar la determinación de la existencia de discriminación antisindical; iii) establece una protección reforzada para los representantes sindicales y los candidatos al puesto de representante contra los actos de discriminación antisindical; iv) prevé la reincorporación de los trabajadores en caso de despido ilegal, y v) establece multas y penas de prisión en caso de actos de injerencia antisindical. La Comisión toma buena nota de todo esto. No obstante, sigue observando que el Código del Trabajo no contiene disposiciones que prevean sanciones específicas para los actos de discriminación antisindical que afectan a los trabajadores que no son representantes sindicales o candidatos al puesto de representante.Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación prevea sanciones eficaces y disuasorias para los actos de discriminación antisindical que se apliquen a todos los trabajadores cubiertos por el Convenio. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier progreso realizado a este respecto en su próxima memoria.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Ausencia de un marco jurídico para el ejercicio del derecho de negociación colectiva y ausencia de negociación colectiva en la práctica. La Comisión había expresado su preocupación ante la ausencia de convenios colectivos en el país, y puso de relieve que la ausencia de un marco jurídico puede dificultar el ejercicio del derecho de negociación colectiva. La Comisión toma nota de que, si bien el Gobierno señala que su legislación todavía no ofrece un marco legal para la negociación colectiva, reconoce la necesidad de facilitar el proceso de negociación colectiva en el país para revertir la situación actual e indica que se han celebrado reuniones del Consejo Nacional de Concertación Social.La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias, tanto en la legislación como en la práctica, para alentar y promover el desarrollo y la utilización de la negociación colectiva. También le pide que proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto.

La Comisión reitera que la asistencia técnica de la Oficina está a disposición del Gobierno en relación con las diversas cuestiones planteadas en esta observación.

Repetición

Artículos 1 y 2 del Convenio. Adecuada protección contra todo acto de discriminación antisindical y de injerencia. La Comisión recuerda que, a lo largo de algunos años, viene solicitando al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se adopte una legislación apropiada que imponga sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia contra las organizaciones sindicales, de conformidad con las disposiciones del Convenio. Lamentando tomar nota de que el Gobierno se limita a mencionar que, en la práctica, se recurre a otras leyes para compensar la mencionada laguna legislativa, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación contenga disposiciones específicas y eficaces sobre la discriminación antisindical y la injerencia. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución al respecto.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Ausencia de un marco jurídico para el ejercicio del derecho de negociación colectiva y ausencia de la negociación colectiva en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que el derecho de negociación colectiva está reconocido en la Ley núm. 5/92, pero que no es objeto de una reglamentación legal y que, desde hace varios años, está pendiente de adopción un proyecto de ley sobre el marco jurídico de la negociación colectiva.

La Comisión lamenta tomar nota de que, a diferencia de sus memorias anteriores, el Gobierno afirma que no se está elaborando a este respecto ningún proyecto de ley. Recordando que, en su observación anterior, la Comisión expresó su preocupación ante la ausencia de convenios colectivos en el país, la Comisión destaca que la ausencia de un marco jurídico puede dificultar el ejercicio del derecho de negociación colectiva. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias, tanto en la ley como en la práctica, para alentar y promover el desarrollo y la utilización de la negociación colectiva. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en relación con las diversas cuestiones planteadas y confía en que en un futuro próximo pueda indicar los progresos realizados.

Repetición

Artículos 1 y 2 del Convenio. Adecuada protección contra todo acto de discriminación antisindical y de injerencia. La Comisión recuerda que, a lo largo de algunos años, viene solicitando al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se adopte una legislación apropiada que imponga sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia contra las organizaciones sindicales, de conformidad con las disposiciones del Convenio. Lamentando tomar nota de que el Gobierno se limita a mencionar que, en la práctica, se recurre a otras leyes para compensar la mencionada laguna legislativa, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación contenga disposiciones específicas y eficaces sobre la discriminación antisindical y la injerencia. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre toda evolución al respecto.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Ausencia de un marco jurídico para el ejercicio del derecho de negociación colectiva y ausencia de la negociación colectiva en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que el derecho de negociación colectiva está reconocido en la ley núm. 5/92, pero que no es objeto de una reglamentación legal y que, desde hace varios años, está pendiente de adopción un proyecto de ley sobre el marco jurídico de la negociación colectiva.

La Comisión lamenta tomar nota de que, a diferencia de sus memorias anteriores, el Gobierno afirma que no se está elaborando a este respecto ningún proyecto de ley. Recordando que, en su observación anterior, la Comisión expresó su preocupación ante la ausencia de convenios colectivos en el país, la Comisión destaca que la ausencia de un marco jurídico puede dificultar el ejercicio del derecho de negociación colectiva. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias, tanto en la ley como en la práctica, para alentar y promover el desarrollo y la utilización de la negociación colectiva. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en relación con las diversas cuestiones planteadas y confía en que en un futuro próximo pueda indicar los progresos realizados.

Artículos 1 y 2 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que indicase qué sanciones podían imponerse en caso de actos de discriminación tendentes a menoscabar la libertad sindical y los actos de injerencia de los empleadores y sus organizaciones en las organizaciones de trabajadores y viceversa. La Comisión tomó nota de que el Gobierno había informado de que no existe una legislación que sancione los actos de discriminación antisindical. En estas condiciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se adopte una legislación apropiada que imponga sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia en las organizaciones sindicales, de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique si existe una protección legal específica a los afiliados sindicales en caso de que sean víctimas de actos de discriminación antisindical motivados por su participación en actividades sindicales legítimas.

Artículo 4. La Comisión observa que el derecho de negociación colectiva está reconocido en la ley núm. 5/92, de 28 de mayo de 1992, pero que no es objeto de una reglamentación legal. La Comisión había tomado nota también de la declaración del Gobierno según la cual la negociación colectiva no es aplicable a la función pública. La Comisión tomó nota de que el Gobierno informó en varias memorias del proyecto de Ley sobre Régimen Jurídico de la Negociación Colectiva, que sigue sin adoptarse. En estas condiciones, la Comisión recuerda la importancia de que el proyecto de ley sea adoptado lo antes posible y que reconozca a todos los trabajadores del sector privado y del sector público, incluidos los funcionarios públicos, el derecho de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo y de empleo. La Comisión pide al Gobierno que indique el estado del trámite legislativo de dicho proyecto de ley y que adopte las medidas a su alcance para que se adopte en un futuro muy próximo en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas.

Aplicación práctica. Por último, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que actualmente no existen convenciones colectivas en el país en razón de su dimensión geográfica. La Comisión invita al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT para solucionar este importante problema.

La Comisión tomó nota de que según el Gobierno, la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo podría actuar como intermediario entre las partes en la negociación colectiva, inclusive para garantizar la eficacia del acuerdo. La Comisión pide al Gobierno que dé mayores precisiones sobre el papel de la Dirección de Trabajo en el proceso de negociación colectiva.

Artículos 1 y 2 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que indicase qué sanciones podían imponerse en caso de actos de discriminación tendentes a menoscabar la libertad sindical y los actos de injerencia de los empleadores y sus organizaciones en las organizaciones de trabajadores y viceversa. La Comisión tomó nota de que el Gobierno había informado de que no existe una legislación que sancione los actos de discriminación antisindical. En estas condiciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se adopte una legislación apropiada que imponga sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia en las organizaciones sindicales, de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique si existe una protección legal específica a los afiliados sindicales en caso de que sean víctimas de actos de discriminación antisindical motivados por su participación en actividades sindicales legítimas.

Artículo 4. La Comisión toma nota que el Gobierno informa sobre la adopción de una nueva Constitución cuya copia será facilitada a la Oficina. La Comisión observa que el derecho de negociación colectiva está reconocido en la ley núm. 5/92, de 28 de mayo de 1992, pero que no es objeto de una reglamentación legal. La Comisión había tomado nota también de la declaración del Gobierno según la cual la negociación colectiva no es aplicable a la función pública. La Comisión tomó nota de que el Gobierno informó en varias memorias del proyecto de Ley sobre Régimen Jurídico de la Negociación Colectiva que sigue sin adoptarse. En estas condiciones, la Comisión recuerda la importancia de que el proyecto de ley sea adoptado lo antes posible y que reconozca a todos los trabajadores del sector privado y del sector público, incluidos los funcionarios públicos, el derecho de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo y de empleo. La Comisión pide al Gobierno que indique el estado del trámite legislativo de dicho proyecto de ley y que adopte las medidas a su alcance para que se adopte en un futuro muy próximo en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas.

Aplicación práctica. Por último, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que actualmente no existen convenciones colectivas en el país en razón de su dimensión geográfica. La Comisión invita al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT para solucionar este importante problema.

La Comisión tomó nota de que según el Gobierno la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo podría actuar como intermediario entre las partes en la negociación colectiva, inclusive para garantizar la eficacia del acuerdo. La Comisión pide al Gobierno que dé mayores precisiones sobre el papel de la Dirección de Trabajo en el proceso de negociación colectiva.

Artículos 1 y 2 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que indicase qué sanciones podían imponerse en caso de actos de discriminación tendentes a menoscabar la libertad sindical y los actos de injerencia de los empleadores y sus organizaciones en las organizaciones de trabajadores y viceversa. La Comisión toma nota de que el Gobierno había informado de que no existe una legislación que sancione los actos de discriminación antisindical. En estas condiciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se adopte una legislación apropiada que imponga sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia en las organizaciones sindicales, de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique si existe una protección legal específica a los afiliados sindicales en caso de que sean víctimas de actos de discriminación antisindical motivados por su participación en actividades sindicales legítimas.

Artículo 4. La Comisión toma nota que el Gobierno informa sobre la adopción de una nueva Constitución cuya copia será facilitada a la Oficina. La Comisión observa que el derecho de negociación colectiva está reconocido en la ley núm. 5/92, de 28 de mayo de 1992, pero que no es objeto de una reglamentación legal. La Comisión toma nota también de la declaración del Gobierno según la cual la negociación colectiva no es aplicable a la función pública. La Comisión toma nota de que el Gobierno informó en varias memorias del proyecto de Ley sobre Régimen Jurídico de la Negociación Colectiva que sigue sin adoptarse. En estas condiciones, la Comisión recuerda la importancia de que el proyecto de ley sea adoptado lo antes posible y que reconozca a todos los trabajadores del sector privado y del sector público, incluidos los funcionarios públicos, el derecho de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo y de empleo. La Comisión pide al Gobierno que indique el estado del trámite legislativo de dicho proyecto de ley y que adopte las medidas a su alcance para que se adopte en un futuro muy próximo en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas.

Aplicación práctica. Por último, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que actualmente no existen convenciones colectivas en el país en razón de su dimensión geográfica. La Comisión invita al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT para solucionar este importante problema.

La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo podría actuar como intermediario entre las partes en la negociación colectiva, inclusive para garantizar la eficacia del acuerdo. La Comisión pide al Gobierno que dé mayores precisiones sobre el papel de la Dirección de Trabajo en el proceso de negociación colectiva.

Artículos 1 y 2 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que indicase qué sanciones podían imponerse en caso de actos de discriminación tendentes a menoscabar la libertad sindical y los actos de injerencia de los empleadores y sus organizaciones en las organizaciones de trabajadores y viceversa. La Comisión toma nota de que el Gobierno había informado de que no existe una legislación que sancione los actos de discriminación antisindical. En estas condiciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se adopte una legislación apropiada que imponga sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia en las organizaciones sindicales, de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique si existe una protección legal específica a los afiliados sindicales en caso de que sean víctimas de actos de discriminación antisindical motivados por su participación en actividades sindicales legítimas.

Artículo 4. La Comisión toma nota que el Gobierno informa sobre la adopción de una nueva Constitución cuya copia será facilitada a la Oficina. La Comisión observa que el derecho de negociación colectiva está reconocido en la ley núm. 5/92, de 28 de mayo de 1992, pero que no es objeto de una reglamentación legal. La Comisión toma nota también de la declaración del Gobierno según la cual la negociación colectiva no es aplicable a la función pública. La Comisión toma nota de que el Gobierno informó en varias memorias del proyecto de Ley sobre Régimen Jurídico de la Negociación Colectiva que sigue sin adoptarse. En estas condiciones, la Comisión recuerda la importancia de que el proyecto de ley sea adoptado lo antes posible y que reconozca a todos los trabajadores del sector privado y del sector público, incluidos los funcionarios públicos, el derecho de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo y de empleo. La Comisión pide al Gobierno que indique el estado del trámite legislativo de dicho proyecto de ley y que adopte las medidas a su alcance para que se adopte en un futuro muy próximo en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas.

Aplicación práctica. Por último, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que actualmente no existen convenciones colectivas en el país en razón de su dimensión geográfica. La Comisión invita al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT para solucionar este importante problema.

La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo podría actuar como intermediario entre las partes en la negociación colectiva, inclusive para garantizar la eficacia del acuerdo. La Comisión pide al Gobierno que dé mayores precisiones sobre el papel de la Dirección de Trabajo en el proceso de negociación colectiva.