Caso individual (CAS) - Discusión: 2009, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Un representante gubernamental expresó su agradecimiento a la Comisión de Expertos por sus comentarios y observaciones favorables en relación con la memoria de China sobre la aplicación del Convenio núm. 122, que contribuyen a sus esfuerzos para la promoción del empleo.

China está firmemente comprometida con los objetivos establecidos en el Convenio núm. 122 de un empleo pleno, productivo y libremente elegido. El Convenio ofrece un marco positivo para que China afronte los desafíos en materia de empleo que tiene planteados. Con una población de 1.300 millones, el Gobierno ha dado siempre prioridad a la creación de empleo y se ha esforzado denodadamente para aplicar eficazmente el Convenio núm. 122. En la memoria del Gobierno sobre su aplicación se detallan las medidas políticas y legislativas al respecto.

El mercado de trabajo se ha desarrollado mediante el crecimiento económico sostenible que ha permitido crear un gran número de puestos de trabajo. El Gobierno ha procurado desarrollar la industria terciaria y los sectores con alto coeficiente de mano de obra, la empresa privada y la inversión extranjera, la creación de pequeñas y medianas empresas (PYME), el empleo por cuenta propia y otras formas flexibles del empleo. A fin de garantizar que la creación de puestos de trabajo sea una de las principales prioridades de las políticas macroeconómicas y de coordinar las mencionadas políticas, el Gobierno, en sus diferentes instancias, ha establecido grupos de trabajo interdepartamentales, encabezados por el grupo dirigido por el viceprimer ministro, y que agrupan a los representantes de más de 20 ministerios.

Se han adoptado políticas activas de empleo centradas principalmente en los siguientes ámbitos: la reducción fiscal, el microcrédito, los préstamos con modificación de intereses para incentivar la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia; los incentivos a la contratación mediante la reducción fiscal y los subsidios a la cobertura del seguro social para las empresas que contratan a desempleados; los planes de creación de empleo en el sector público para trabajadores difíciles de colocar; y programas de asistencia al empleo destinados a garantizar al menos trabajo a un miembro de cada familia.

Además, se han aprobado medidas para unificar el mercado laboral y proporcionar servicios de empleo público. Estos servicios se ofrecen gratuitamente tanto a residentes urbanos como rurales: A finales de 2008, China contaba con 37.000 agencias de colocación, 24.000 de ellas públicas, que ayudan a encontrar trabajo cada año a 20 millones de personas.

A fin de fortalecer la formación profesional y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, China ha establecido un sistema de formación profesional orientado al empleo tanto para la fuerza de trabajo urbana como rural. A finales de 2008 había más de 3.000 escuelas técnicas, más de 3.000 centros de formación de empleo y más de 21.000 instituciones de formación privada repartidos por toda China, que ofrecían formación a 20 millones de personas al año, incluidos 9 millones de trabajadores rurales.

Se ha mejorado la legislación laboral y la aplicación de la misma para proteger los derechos de los trabajadores. El Gobierno chino ha promulgado una serie de leyes y reglamentos en relación con asuntos tales como los contratos de trabajo, la promoción del empleo y el empleo de las personas con discapacidades. La Ley de Contratos de Trabajo ha incrementado el número de contratos laborales y ha reducido la utilización de contratos de corta duración, lo que ha aumentado la seguridad en el empleo. La Ley de Promoción del Empleo ha traducido las políticas de promoción del empleo en leyes concretas que han servido de importante apoyo legal a sus usuarios para encontrar empleo a tiempo completo. El salario mínimo, establecido en todas las provincias y municipios ha experimentado subidas al menos una vez cada dos años. Dentro del Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social se ha creado un nuevo departamento encargado de proteger a los trabajadores rurales migrantes y mejorar la inspección de trabajo. En 2006 se puso en marcha un programa de formación especial para 40 millones de trabajadores rurales, ejecutable a lo largo de 5 años, así como planes de acción para ampliar la cobertura de la seguridad social a los trabajadores migrantes.

Gracias al acierto en la aplicación de estas políticas, China ha logrado mantener constante el incremento de la creación de empleo y ha mejorado la estructura de su mercado laboral. Desde 2003 se han creado más de 10 millones de puestos de trabajo y 8 millones de trabajadores han podido desplazarse de las áreas rurales a las urbanas en busca de un nuevo empleo, sin que ello haya repercutido negativamente en el desempleo de las zonas urbanas, que no ha superado el 4,2 por ciento en 2008.

La crisis financiera ha perjudicado considerablemente a la economía china, especialmente al sector de la exportación y a las PYME. Los trabajadores migrantes y los recién llegados a los mercados de trabajo, entre otros los licenciados universitarios, han sido algunos de los más afectados. Se han adoptado una serie de medidas para afrontar esta situación. Se ha estimulado la demanda interna a fin de garantizar el crecimiento económico y promover el empleo, asignando partidas presupuestarias por valor de 6.800 millones de dólares de los Estados Unidos destinadas sobre todo a incentivar las infraestructuras, las obras públicas, la inversión en desarrollo rural y al apoyo a las industrias con un alto coeficiente de mano de obra, en particular, las PYME y el sector de servicios. Se ha dado una atención prioritaria, tanto en el diseño como en la aplicación al impacto de los grandes proyectos sobre el empleo. Así, a fin de aliviar la carga de las empresas, se ha permitido aplazar o remitir el pago de las contribuciones a la seguridad social a las empresas con dificultades económicas, y se les han ofrecido subsidios a aquellas que han logrado retener a sus trabajadores mediante formación en el servicio, los puestos de trabajo compartido o los acuerdos salariales flexibles.

Se han intensificado las políticas activas de empleo, mediante la oferta de incentivos a los buscadores de empleo y los desempleados, los trabajadores migrantes y los jóvenes recién licenciados. Se mejoraron los servicios de empleo público: de 2009 a 2011 se ha puesto en marcha un programa que ofrece pasantías a 3 millones de licenciados universitarios, y en 2009 se lanzaron planes para ayudar a un millón de desempleados a largo plazo, y para que 8 millones de trabajadores migrantes pasen del sector agrícola al sector servicios. Para los trabajadores de las empresas en dificultades, los trabajadores rurales migrantes, los trabajadores despedidos y personas en búsqueda de su primer empleo se ha puesto en marcha un programa de formación profesional de 2 años, al cual se espera incorporar a 15 millones de personas durante 2009.

Se ha fomentado el diálogo social como un instrumento para responder a la crisis, alentando a las empresas a introducir mejoras en su gestión y tecnología a fin de minimizar los recortes laborales, y favoreciendo a los sindicatos para que ayuden a los trabajadores a entender las medidas de apoyo adoptadas por las empresas, como los horarios flexibles de trabajo, etc.

El orador dijo que China ha aumentado la cobertura de la seguridad social para garantizar que más gente, especialmente los trabajadores migrantes de las zonas rurales y las personas con formas flexibles de empleo, puedan disfrutar de sus prestaciones, y está acelerando la creación de un sistema de seguro médico básico. De 2009 a 2011 todas las instancias del Gobierno invirtieron alrededor de 120.000 millones de dólares de los Estados Unidos para mejorar el seguro médico y el sistema de servicio sanitario en general. Para 2010, todos y cada uno de los 1.300 millones de ciudadanos del país gozarán de plena cobertura de la seguridad social.

Al recordar la enorme pérdida de vidas humanas y propiedades causadas por el terremoto Wenchuan, en la provincia de Sichuan, en 2008, manifestó su gratitud por la simpatía y el apoyo recibidos de la comunidad internacional tras la catástrofe. Se han puesto en marcha varias estrategias de empleo para frenar las consecuencias de esta devastación, entre otras: la adopción de medidas de emergencia y de programas especiales de ayuda al empleo para impulsar la producción y estabilizar el empleo; la coordinación entre más de 20 provincias para prestar asistencia individualizada a los distritos afectados; la creación de puestos de trabajo dentro de los proyectos de reconstrucción; y la ayuda a los trabajadores a encontrar empleo mediante programas destinados a los desplazados por la tragedia. A fecha de marzo de 2009, 100.000 personas habían recuperado su puesto de trabajo en los proyectos de reconstrucción y más de 3 millones en los programas destinados a los migrantes afectados. La reconstrucción de las zonas devastadas avanza a buen ritmo y se aprecia una lenta recuperación del mercado de trabajo.

El orador destacó y expresó su agradecimiento por el firme apoyo recibido por parte de los interlocutores sociales. La Federación de Sindicatos de China (ACFTU) y la Confederación de Empresas de China (CEC) han participado activamente en la formulación de leyes y reglamentos, pero han emprendido también sus propios programas de empleo. China, que ha gozado del apoyo prestado por la OIT y gobiernos extranjeros, coopera estrechamente con ellos en proyectos de creación de empleo y promoción de la legislación laboral, por ejemplo, el Programa de la OIT «Inicie y mejore su negocio», la ayuda al empleo en las zonas devastadas, el empleo juvenil, la promoción del empleo de los migrantes en las zonas rurales el empleo de las personas discapacitadas y otras cuestiones. Asimismo, agradeció que esta cooperación haya ofrecido a China la oportunidad de ampliar su experiencia internacional, la cual ha redundado en beneficio de la promoción de sus actividades de empleo.

Para concluir, el representante gubernamental dijo que aunque China ha adoptado una serie de medidas para fomentar el empleo, obteniendo con ellas grandes resultados, su enorme población, la industrialización, la urbanización, la reestructuración económica y, en comparación con otros países, la escasa calidad de su mano de obra son factores que ejercen una presión negativa sobre el empleo a largo plazo, una presión que ningún otro país experimenta. En este sentido afirmó que China tiene 24 millones de personas que buscan trabajo en las ciudades y 10 millones de trabajadores rurales que esperan ser transferidos a zonas urbanas. Sin embargo, el orador expresó su confianza de que este problema se aborde adecuadamente de un modo que no sólo beneficie el desarrollo económico y la estabilidad social de China sino que contribuya también a la paz y al desarrollo del mundo entero. El compromiso de su Gobierno con los objetivos del Convenio núm. 122 permanece invariable y seguirá esforzándose por aplicar y mejora las diversas políticas y medidas de promoción del empleo, entre otras, las sugeridas por la Comisión de Expertos, y también para unificar el mercado laboral y aumentar la transparencia de los sistemas de información del mercado laboral. En su próxima memoria se facilitarán informaciones sobre los avances alcanzados al respecto. Por último, afirmó que China continúa dispuesta a reforzar el intercambio y los lazos de cooperación con la Comunidad internacional en el ámbito del empleo y a compartir sus experiencias a fin de propiciar el cumplimiento del objetivo de un trabajo decente para todos.

Los miembros trabajadores agradecieron al Gobierno que haya presentado una actualización detallada de la información sobre la situación del empleo que comunicó a la Comisión de Expertos en 2006, a saber, antes de la crisis económica y financiera mundial. Durante los últimos treinta años, China se ha orientado progresivamente hacia una economía de mercado y ha conocido una expansión considerable del sector privado urbano, que se ha producido al mismo tiempo que el declive de las empresas estatales. En este contexto, la oferta de empleo y la demanda de trabajo han evolucionado de forma divergente. En la actualidad, hay 24 millones de personas en China que buscan empleo en zonas urbanas, aunque la economía sólo llega a absorber 12 millones de nuevos trabajadores al año. A esto hay que añadir la existencia de desempleo «oculto» en las zonas rurales y las empresas estatales. La crisis económica da lugar a que el desafío que encara el mercado de trabajo chino resulte aún más complicado. Asimismo, cabe señalar diversas cuestiones que plantean problemas: la adaptación de las categorías vulnerables, especialmente de la población rural con ingresos bajos; la integración en la economía de las personas con discapacidades; la reclasificación de los trabajadores de las empresas estatales; la condición de los trabajadores migrantes internos, y el problema de la calidad de los empleos, especialmente desde el punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo.

Señalaron que, aunque China tiene una legislación del trabajo que cubre de forma satisfactoria el contrato de trabajo, el tiempo de trabajo, las horas extraordinarias, el salario mínimo, el despido, etc., los problemas más graves son que estas disposiciones se aplican con poca frecuencia, los controles son escasos y las sanciones insignificantes. Actualmente, China tiene 145 millones de trabajadores que no perciben el salario mínimo. Con frecuencia se producen problemas de pago de salarios: según los sindicatos, en 2006 el 70 por ciento de los 100 millones de trabajadores migrantes del país recibieron su salario con retraso o no recibieron salario alguno. Además, señalaron que la cobertura social de los trabajadores es claramente inadecuada. En 2006, de 764 millones de trabajadores: el 25 por ciento tenían seguro de vejez, el 21 por ciento seguro de enfermedad, el 14 por ciento seguro de accidentes del trabajo y el 9 por ciento disfrutaba de prestaciones conexas. Los miembros trabajadores concluyeron diciendo que queda por ver de qué manera el Gobierno hará frente a estos desafíos.

Los miembros empleadores recordaron que el Convenio núm. 122 exige como un objetivo de mayor importancia, que todo miembro formule y lleve a cabo, una política activa destinada a fomentar el empleo pleno, productivo y libremente elegido que será aplicada por métodos acordes con las condiciones y prácticas nacionales, y en consulta con los interlocutores sociales. Por lo tanto, en el presente caso no se hace un llamamiento para que se realice un análisis de la legislación nacional en relación con los términos del Convenio, sino un análisis más general para determinar si las políticas de empleo y del mercado de trabajo en China son conformes a las disposiciones del Convenio núm. 122. Expresaron su agradecimiento por la información detallada proporcionada por el Gobierno y señalaron que el caso se examinaba por primera vez en la Comisión.

En su observación más reciente, la Comisión de Expertos señaló que el desempleo ha disminuido y que la estabilidad en el empleo ha aumentado. También señaló la adopción de la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Promoción del Empleo, que incluyen, inter alia, disposiciones que hacen referencia a la promoción del empleo, el apoyo gubernamental a la promoción del empleo, el refuerzo de la capacitación y formación profesional, y el aumento de las oportunidades de empleo. La Comisión de Expertos pidió información adicional sobre el modo en que el objetivo del empleo pleno y productivo orienta las políticas macroeconómicas, y sobre el modo en que la legislación nacional contribuye al logro de dicho objetivo. La Comisión tomó nota asimismo de los esfuerzos desplegados por el Gobierno para promover el empleo de la fuerza de trabajo rural en sus propias localidades, y de las políticas adoptadas para propiciar la igualdad de oportunidades de empleo, unas mejores condiciones para el empleo urbano, y la movilidad sindical de la fuerza de trabajo rural. Además, la Comisión de Expertos pidió al Gobierno que suministre más información sobre las medidas adoptadas para cerrar la brecha respecto de la situación en el empleo de los trabajadores urbanos y los trabajadores rurales. Con arreglo a la observación de la Comisión de Expertos, el Gobierno adoptó una legislación que exige integrar la cuestión del empleo para las personas con discapacidades en el plan de desarrollo económico y social. La Comisión de Expertos pidió al Gobierno que indique las otras medidas adoptadas a fin de aumentar las oportunidades de empleo para las personas con discapacidades. Los miembros empleadores alentaron enérgicamente al Gobierno a que siga proporcionando información detallada sobre todos los puntos arriba mencionados.

Asimismo, la Comisión de Expertos solicitó información adicional sobre el régimen de seguro social. A juicio de los miembros empleadores, dicha información sólo podría considerarse valiosa en el contexto del Convenio en la medida en que está vinculada con la eficacia de las políticas activas de empleo. Tomando nota con interés de que, en su mayor parte, la generación de empleo en los últimos años ha sido propiciada por pequeñas y medianas empresas privadas, los miembros empleadores se felicitaron de que el Gobierno siga apoyando a las empresas sostenibles, en particular pequeñas y medianas, e invitó al Gobierno a seguir proporcionando información pertinente a este respecto. Los miembros empleadores tomaron nota asimismo con interés de las iniciativas en materia de formación profesional emprendidas por el Gobierno, y le alentaron a seguir facilitando información detallada sobre las políticas educativas que atienden las necesidades del mercado de trabajo. Por último, señalaron que el Gobierno debería seguir celebrando consultas con los interlocutores sociales con respecto a cada una de las políticas elaboradas a fin de promover el empleo pleno y productivo.

El miembro trabajador de China resaltó la solicitud formulada por la Comisión de Expertos al Gobierno chino para obtener más información sobre cuestiones como la formulación y ejecución de la política de empleo, la mejora del mercado de trabajo, el aumento del empleo, la promoción de la armonía social y el desarrollo estable, la eliminación de la disparidad entre los trabajadores rurales y urbanos, la optimización de los actuales sistemas de seguro social, el fortalecimiento de la capacitación y formación profesional y la prestación de asistencia en materia de empleo a las personas con discapacidades, especialmente en las zonas rurales. Al solicitar dicha información, la Comisión de Expertos está desempeñando un papel activo al exigir al Gobierno que mejore sus planes y políticas sobre dichas cuestiones. Expresó su agradecimiento a la Comisión por la atención prestada por la Comisión al empleo en China e indicó que los sindicatos de China harán lo propio para instar al Gobierno a mejorar la aplicación del Convenio núm. 122, de conformidad con las solicitudes y expectativas de la Comisión de Expertos.

Al tratarse del país en vías de desarrollo más grande del mundo, con una población de 1.300 millones, China se enfrenta a un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo. La situación se ha visto agravada por la crisis financiera mundial, que ha empeorado más aún la tasa de desempleo en China. Cada año, China tiene unos 24 millones de personas que buscan empleo en las zonas urbanas y alrededor de 10 millones de trabajadores urbanos solicitan la transferencia a otros puestos de trabajo, mientras que 6 millones de nuevos graduados se incorporan al mercado de trabajo. La Comisión de Expertos ha prestado especial atención a los trabajadores rurales migrantes en China, que en la actualidad suman alrededor de 230 millones y de los cuales unos 120 ó 130 millones son empleados en las ciudades. La crisis financiera ha tenido un gran impacto en las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la región costera oriental de China, donde más de 60.000 PYME han cesado sus actividades, dejando a más de 20 millones de campesinos sin trabajo, los cuales se han visto obligados a regresar a sus hogares. Además, alrededor de 20 millones de bebés nacen cada año en el país. Como resultado, el crecimiento económico de China ha experimentado una fuerte disminución desde el tercer trimestre de 2008. Muchas empresas, especialmente en industrias con un alto coeficiente de mano de obra y en el sector de las exportaciones, han visto su producción gravemente afectada y muchas han sido obligadas a reducir la producción o cerrar por completo, lo que ha conllevado a importantes pérdidas de puestos de trabajo. Sin embargo, la tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del 4,2 por ciento. Al mantener un nivel razonable de vida de sus 1.300 millones de habitantes, China ha preservado su estabilidad social, lo que en sí mismo es una contribución a toda la humanidad.

El orador añadió que a lo largo de los años, aunque el Gobierno ha puesto en marcha una serie de planes y políticas para la promoción del empleo y ha hecho grandes esfuerzos para optimizar el mercado de trabajo y promover la igualdad de oportunidades de empleo, los sindicatos chinos han señalado que, en cuestiones como la reducción de la brecha de empleo entre las zonas rurales y urbanas, la promoción del empleo de los grupos vulnerables y la divulgación de información sobre el mercado de trabajo, el Gobierno podría intensificar sus esfuerzos y obtener mejores resultados.

En lo que respecta a las repercusiones de la crisis financiera y de la grave situación del empleo, hizo hincapié en que los interlocutores sociales deberían desempeñar un papel activo en la formulación de políticas económicas y sociales nacionales. Los sindicatos de China no han escatimado esfuerzos para adoptar medidas concretas con objeto de estabilizar el empleo y salvaguardar el derecho de los trabajadores al trabajo, incluida la participación en la formulación de una política de empleo más previsora con miras a garantizar el derecho de los trabajadores a elegir su fuente de trabajo, explorando las ventajas organizativas de los sindicatos para ofrecer a los desempleados oportunidades de capacitación y servicios de empleo a través de más de 2.000 centros de formación y 1.800 agencias de trabajo gestionados por los sindicatos, lanzando campañas de asistencia para decenas de millones de trabajadores migrantes rurales, extendiendo la ayuda a los trabajadores necesitados e inaugurando un programa de acción para el empleo de los graduados. Al mismo tiempo, se ha iniciado una campaña que alienta a las empresas a abstenerse de reducir los salarios y despedir a los trabajadores, para cuyo efecto se ha establecido un mecanismo comparativamente amplio de control de la aplicación de la ley. Hasta la fecha, se han creado casi 321.000 órganos de supervisión. El orador señaló además que los sindicatos seguirán instando al Gobierno a cumplir sus responsabilidades, en particular con respecto al Convenio núm. 122.

Para concluir, señaló que la crisis económica mundial ha provocado el cierre de muchas empresas y la pérdida de millones de puestos de trabajo, lo que supone una gran amenaza para la estabilidad social. La aplicación de las normas internacionales del trabajo, promoverá sin duda el establecimiento de un orden económico racional y estimulará el crecimiento económico. La OIT ha realizado grandes esfuerzos y ha contribuido activamente mediante la promoción de la ratificación y aplicación de sus convenios, y los sindicatos de China seguirán instando al Gobierno, en sus esfuerzos por aplicar el Convenio núm. 122, a que escuche a las diversas partes, aplique activamente políticas de empleo y fortalezca el diálogo social a fin de lograr trabajo decente para todos los trabajadores de China.

El miembro empleador de China indicó que China es un país en transición con una gran densidad de población, y que el reciente incremento de trabajadores despedidos es motivo de gran preocupación. El Gobierno adoptó una serie de medidas para promover el empleo y puso en práctica políticas de empleo activo para estabilizar el empleo y crear condiciones que lo propicien, así como para impulsar el desarrollo de las empresas chinas y el desarrollo sostenible de la economía nacional. La Confederación de Empresas de China (CEC) también ha realizado esfuerzos considerables para estabilizar el empleo. En primer lugar, ha colaborado activamente con el Gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores en materia de políticas comerciales, reflejando de forma apropiada los problemas a los que se enfrentan las empresas con respecto al empleo, y participando en la formulación y aplicación de políticas de empleo. En segundo lugar, la CEC ha concedido una gran importancia a sus responsabilidades sociales, y ha promovido así la formación de los trabajadores para la adquisición de competencias profesionales, la mejora de conocimientos del personal directivo, y la formación de los agricultores. La CEC también ha tratado de explorar la capacidad interna de las empresas para asegurar que no se despedirá a los trabajadores. Gracias al paquete de medidas de estímulo proporcionado por el Gobierno, las empresas chinas han proporcionado empleo a un creciente número de trabajadores. Por ejemplo, se han creado 200.000 nuevos puestos de trabajo para trabajadores migrantes internos y licenciados universitarios.

La miembro trabajadora de Francia declaró que en el contexto de la crisis económica mundial la aplicación por parte de China del Convenio núm. 122 reviste una importancia particular. Dijo que en períodos de crisis existe cierta tendencia a dejar en segundo plano la protección de los trabajadores. Sin embargo, recientemente se han producido algunos cambios positivos en China, y ejemplo de ello es que en 2008 entró en vigor una Ley sobre la Definición de la Relación de Trabajo. Esta ley establece la obligación de utilizar contratos escritos de trabajo y prevé, entre otras cosas, sanciones para los empleadores que no respetan los derechos de los trabajadores, especialmente en caso de despido. El Gobierno, a través del Plan Estatal de Acción sobre Derechos Humanos (2009-2010), ha adquirido ciertos compromisos en lo que respecta al derecho del trabajo, el derecho a un nivel de vida mínimo, el derecho a la salud, el derecho a la protección social, el derecho de expresión y la garantía de los derechos e intereses de los campesinos. Sin embargo, la aplicación práctica de este arsenal jurídico es la que plantea problemas. Muchas empresas invocan la crisis para realizar despidos masivos. Las autoridades centrales han autorizado a las autoridades locales a congelar el salario mínimo, suspender el pago de las cotizaciones sociales o liberalizar el tiempo de trabajo o el cálculo del salario. El Gobierno debería asegurar que se aplica la legislación vigente apoyándose especialmente en un diálogo social real y eficaz. La oradora habló de la responsabilidad de los empleadores en esta situación. Señaló que las presiones ejercidas por ciertos grandes grupos no alientan al Gobierno a promover la seguridad en el empleo, la protección social o el pago de salarios mínimos decentes. Dijo que el hecho de que las empresas multinacionales puedan tener una influencia negativa implica que también pueden tener una influencia positiva para conseguir un mayor respeto de los asalariados y de sus condiciones de trabajo. Terminó diciendo que esto ha de tomarse en consideración en el marco de la responsabilidad social de las empresas.

El miembro trabajador de los Estados Unidos consideró que la aplicación del Convenio núm. 122 por parte de China plantea graves preocupaciones, incluyendo, en particular, cuatro puntos distintos, pero relacionados.

Primeramente, de conformidad con el artículo 1 del Convenio, la política de empleo de un Estado Miembro debe tener el objetivo de garantizar que haya libertad de elección de empleo y propiciar que todo trabajador calificado use su competencia y capacidad en un empleo para el que se encuentre capacitado, sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política, nacionalidad ni origen social. Sin embargo, numerosos informes, inter alia, de la CSI, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Human Rights Watch documentan los encarcelamientos, el hostigamiento y la intimidación constantes de los trabajadores que han expresado opiniones políticas que difieren de las adoptadas por el Estado. Por lo tanto, considera esencial que el Gobierno explique cómo sus políticas y actividades garantizan su conformidad con el artículo 1 del Convenio, especialmente con respecto a los trabajadores que tengan opiniones políticas divergentes, especialmente en la situación actual de crisis económica.

En segundo lugar, el artículo 2 destaca la necesidad de adoptar las medidas necesarias para la consecución de los objetivos especificados en el artículo 1. La educación es un factor elemental para cumplir con el Convenio núm. 122, ya que los trabajadores que no son conscientes de los derechos previstos en virtud de la ley, no pueden ejercerlos. La educación, sin embargo, significa más que la mera sanción de una ley. También significa asegurarse de que la nueva ley sea entendida y accesible para todos los trabajadores, con independencia de su origen u opinión política. Pidió, por lo tanto, un amplio proceso de educación pública para difundir información sobre la reciente aprobación de la legislación relativa al empleo, según lo recomendado por la CSI. Además, comparte la opinión del miembro trabajador de Francia de que el cumplimiento efectivo es un elemento clave para la observancia del Convenio núm. 122 y lamentó la falta de aplicación de las leyes laborales en China.

En tercer lugar, de conformidad con el artículo 3, las consultas constituyen un elemento esencial en la formulación de las políticas de empleo. No obstante, las consultas en China siguen limitadas al ámbito de la estructura del Estado. Considera que las consultas deberían ser sinceras y amplias, y deberían incluir a trabajadores independientes y los grupos de derechos humanos, así como a las categorías de personas vulnerables como las personas con discapacidad. En coincidencia con la CSI, instó al Gobierno a garantizar que todos los grupos y las partes interesadas, incluidas las organizaciones de trabajadores, grupos de mujeres y de trabajadores migrantes, participen plenamente en la consulta y el proceso de enmienda de la legislación.

En cuarto lugar, consideró que la transparencia es vital para todos los aspectos del Convenio. Concluyó diciendo que el Gobierno debería, por lo tanto, proporcionar a la sociedad civil, a los trabajadores y a los medios de comunicación, informes oportunos sobre la marcha de todas las cuestiones relativas a la aplicación del Convenio núm. 122.

El representante gubernamental de China agradeció a los miembros empleadores y trabajadores, así como a los demás miembros de la Comisión, las observaciones positivas y el aliento por los esfuerzos realizados y los progresos alcanzados por su Gobierno en la aplicación del Convenio. Su comprensión de los retos y las dificultades que China afronta y su asesoramiento y sugerencias para mejorar la aplicación del Convenio son muy apreciadas. Señaló que se dará la debida consideración a los debates de la Comisión y las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Desea destacar, al igual que los miembros empleadores, que el Convenio exige que el Gobierno siga una política con métodos que son apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. Garantizó a la Comisión que puede estar segura del compromiso de su Gobierno con la plena aplicación del Convenio núm. 122 y de su intención de continuar sus esfuerzos para desarrollar la economía, crear un sistema de mercado de trabajo que funcione debidamente, fortalecer la formación profesional, mejorar la seguridad social y reforzar los mecanismos de aplicación de la ley. Dijo además que su Gobierno está dispuesto a cooperar con la OIT y los miembros tripartitos de esta organización en el esfuerzo mundial para promover el trabajo decente para todos.

Los miembros trabajadores observaron que las políticas y enfoques adoptados por China en materia de empleo son de vital importancia tanto para los trabajadores chinos como para el mundo entero en estos tiempos de crisis financiera. Por consiguiente, presentan al Gobierno las siguientes solicitudes: 1) que siga proporcionando información sobre las políticas de empleo; las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en lo que respecta a sus políticas tendentes a generar más empleo sostenible; la modificación del sistema de permisos de trabajo y de residencia; la mejora de la situación de las personas con discapacidades y de otros grupos vulnerables; la organización de la readaptación profesional y la formación de los trabajadores en período de reestructuración; el refuerzo de la aplicación efectiva de la legislación del trabajo con objeto de lograr un trabajo decente para todos los trabajadores, y el establecimiento de una seguridad social adecuada y de servicios sanitarios accesibles para todos; 2) que siga informando acerca de los efectos de su nueva legislación, en particular la nueva ley del contrato de trabajo desde principios de 2008 y la nueva reglamentación sobre el empleo de las personas con discapacidades desde el 1.º de mayo de 2007, y 3) que siga precisando el papel que desempeñarán en este contexto el diálogo social y la intervención constructiva de los sindicatos.

Los miembros empleadores tomaron nota con interés del importante papel que las políticas de creación de empleo están desempeñando en la política macroeconómica de China. Recordando que el Convenio establece un marco para la elaboración de una política de empleo activa de conformidad con las condiciones nacionales, alentaron al Gobierno a seguir formulando y aplicando políticas que promuevan el empleo pleno y productivo y a que incluyan a los interlocutores sociales a este respecto. Por último, los miembros empleadores se contentaron con el hecho de que el Gobierno de China esté dispuesto a presentar un informe completo sobre sus políticas para promover el empleo pleno y productivo y sobre los progresos realizados en relación con la consecución de dicho objetivo.

Conclusiones

La Comisión tomó nota con interés de las informaciones detalladas suministradas por el representante gubernamental, y de la discusión tripartita que tuvo lugar en relación con las medidas adoptadas para responder a la crisis financiera apoyando el empleo y estimulando el crecimiento mediante políticas activas de mercado del trabajo como lo requiere el Convenio núm. 122.

La Comisión se felicitó de la información dada por el Gobierno sobre la situación del mercado del trabajo y de su compromiso de asegurar que tenga trabajo al menos un miembro de cada familia. El Gobierno indicó que el desempleo urbano registrado en 2008 llegó al 4,2 por ciento y que anualmente el país se encontraba con 24 millones de personas que buscaban trabajo en las zonas urbanas además de 10 millones de trabajadores rurales que buscaban trasladarse a las ciudades para encontrar empleo provocando una muy grande presión en el mercado del trabajo. El Gobierno también informó sobre las medidas tomadas para alcanzar un mercado del trabajo unificado y asegurar servicios públicos de empleo, reforzar la formación profesional y la empleabilidad de los trabajadores, mejorar la seguridad social y ampliar la cobertura del seguro de salud, y reforzar las medidas legislativas recientemente adoptadas sobre contrato del trabajo y promoción del empleo, las cuales habían creado un marco para alcanzar pleno empleo. En respuesta al pedido de la Comisión de Expertos, el Gobierno también proporcionó indicaciones sobre las medidas urgentes de respuesta y los programas especiales de empleo ejecutados para recuperar la productividad y estabilizar el empleo en la provincia de Sichuan, afectada por un terremoto en mayo de 2008.

La Comisión recordó que para alcanzar los objetivos de pleno empleo productivo era de la mayor importancia consultar plenamente con los interlocutores sociales y con aquellas personas afectadas por las medidas tomadas tales como los representantes del sector rural y otros sectores interesados, para contar con su plena cooperación para formular y ejecutar las políticas del empleo. La Comisión pidió al Gobierno que en su próxima memoria brinde informaciones sobre los resultados alcanzados en términos de creación de empleo mediante la aplicación de la Ley sobre el contrato del trabajo y la Ley sobre promoción del empleo. La Comisión también invitó al Gobierno que brinde informaciones sobre los resultados alcanzados por las medidas que se hayan tomado para integrar en el mercado abierto del trabajo a trabajadores vulnerables, tales como a trabajadores con discapacidades y a trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis económica. La Comisión invitó también al Gobierno a incluir otras informaciones sobre las medidas adoptadas para crear empleo decente y durable, los esfuerzos desplegados para recopilar datos fiables sobre el mercado del trabajo, planes para ampliar la seguridad social y los cuidados médicos y las medidas tomadas para reformar el sistema de permisos de residencia y de trabajo de manera de unificar el mercado del trabajo. La Comisión también invitó al Gobierno a que informe sobre el impacto de las medidas tomadas para apoyar a las empresas sustentables en particular a las pequeñas y medianas empresas, y promover políticas educacionales y de formación profesional que se adecuen a las necesidades del mercado del trabajo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión toma nota con interés de la información detallada comunicada por el Gobierno en septiembre de 2009, en respuesta a la discusión tripartita que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2009, y a su observación anterior.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación de una política de empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno prosigue sus estrategias y políticas de largo plazo para promover el empleo, da prioridad a la expansión del empleo en el desarrollo socioeconómico y se esfuerza para alcanzar una integración solvente entre el desarrollo económico y la generación de empleo. El Gobierno dedica su atención a desarrollar industrias intensivas en mano de obra y terciarias, empresas privadas y empresas de inversión extranjera, pequeñas y medianas empresas (PYME), empleo por cuenta propia y formas flexibles de empleo. Para garantizar que la creación de empleo se sitúa en el centro de las políticas macroeconómicas, las autoridades establecieron para la coordinación de las políticas, grupos de trabajo interdepartamentales sobre el empleo. Un sistema conjunto de reuniones ministeriales, dirigido por un Viceprimer Ministro, reúne a representantes de más de 20 ministerios. Se adoptan en la actualidad políticas activas de empleo, centrándose en la reducción de impuestos, en los microcréditos y en los préstamos con tasas de interés subvencionadas para las empresas que comienzan y para el empleo por cuenta propia; incentivos a la contratación, como la reducción fiscal y las subvenciones a las cotizaciones al seguro social para las empresas que contraten a los desempleados; regímenes de creación de empleo público para los trabajadores difíciles de colocar; y programas específicos de asistencia al empleo, para garantizar que cada familia tenga al menos a un miembro empleado. El Gobierno reconoce la presión del empleo de larga duración que viene sufriendo, debido a factores tales como la gran población, la industrialización, la urbanización, la reestructuración económica y la calidad comparativamente baja de la fuerza del trabajo. El Gobierno también declara que, cada año, China tiene 24 millones de demandantes de empleo en las zonas urbanas y 10 millones de trabajadores rurales que buscan colocación, lo que arroja como resultado una presión sobre el mercado del trabajo que no conoce ningún otro país. En su memoria, el Gobierno indicó que, desde 2003, se crearon más de 10 millones de empleos y más de 8 millones de trabajadores fueron trasladados de las zonas rurales cada año. En 2008, el desempleo urbano registrado se situó en el 4,2 por ciento. La Comisión invita al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, información acerca del impacto de las mencionadas medidas para generar empleo.

Medidas adoptadas en respuesta a la crisis mundial. La Comisión toma nota de que la crisis había afectado especialmente al sector de las exportaciones y a las PYME y de que los migrantes y los nuevos ingresantes en el trabajo, se encontraban entre los más afectados. En su Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión tomó nota de que el Consejo de Estado había adoptado la Notificación núm. 4, de 2009, relativa a las cuestiones que afectan al empleo en la actual crisis económica, así como otros documentos sobre cómo afrontar la actual situación económica y dar más estabilidad a la relación de trabajo (párrafo 620 del Estudio General de 2010). Entre las medidas adoptadas para dar respuesta a la crisis, el Gobierno inició paquetes de estímulo que se centran en las infraestructuras, en las obras públicas, en la inversión en desarrollo rural y en un respaldo a las industrias intensivas en mano de obra, especialmente de las PYME y del sector de los servicios. Se permitió que las empresas aplazaran o redujeran el pago de las cotizaciones al seguro social y también recibieron subvenciones. La Comisión toma nota de que se promueve en la actualidad el diálogo social como herramienta para responder a la crisis. El mecanismo tripartito nacional publicó una guía sobre cómo hacer frente a la crisis económica actual y estabilizar la relación laboral para impulsar y orientar a las empresas y a los trabajadores para que obtengan puestos de trabajo estables y en la medida de lo posible se eviten los despidos, mediante consultas, ajustes salariales y un tiempo de trabajo flexible. La Comisión destaca la importancia que tienen unas consultas tripartitas genuinas para afrontar y mitigar los efectos de la crisis económica mundial. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre la participación de los interlocutores sociales en el diseño y en la aplicación de una política activa de empleo, para contribuir a superar los efectos negativos de la crisis.

Impacto de la legislación en la creación de empleo. El Gobierno indica que la aplicación de la Ley sobre Contratos de Trabajo había traído consigo un incremento de los empleos suscritos (alcanzándose el 93 por ciento en 2008), y un descenso de la tendencia de suscripción de contratos de corta duración, lo que supuso una mayor estabilidad de los trabajadores en el empleo. La aplicación de la Ley sobre Contratos de Trabajo también se derivó en un incremento del número de personas que se habían registrado en la seguridad social. El Gobierno también declara que la Ley sobre Promoción del Empleo, había traducido las políticas activas de empleo en un texto legislativo, aportando un poderoso apoyo legal a la consecución del pleno empleo. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando información sobre el impacto y los resultados alcanzados en términos de creación de empleo productivo y sobre la mejora de la seguridad en el empleo de los trabajadores, a través de la aplicación de la Ley sobre Contratos de Trabajo y de la Ley sobre la Promoción del Empleo.

Grupos vulnerables. La Comisión toma nota de las diferentes políticas, planes y acciones de empleo desarrollados para abordar las consecuencias del devastador terremoto de Sichuan (mayo de 2008), incluida la asistencia al empleo y las políticas de apoyo para recuperar la producción y estabilizar el empleo. Según los datos transmitidos por el Gobierno, hasta marzo de 2009, las localidades habían comunicado información sobre más de 1.170.000 oportunidades de trabajo en las zonas afectadas por el terremoto, se había contribuido a que 105.000 trabajadores encontraran empleo, a través del cambio de empleo en zonas lejanas y del empleo directo, proyectos de reconstrucción para paliar el desastre, los cuales habían asistido a más de 1.267.000 trabajadores a encontrar empleo en el lugar o en sitios cercanos y 308.000 trabajadores fueron trasladados de Sichuan, mediante migraciones laborales organizadas. La Comisión también toma nota de que se había dado inicio a un sistema «Emergency-Start and Improve Your Business (E-SIYB)» para apoyar la recuperación de la producción de las PYME en el terreno y de los trabajadores rurales, para la creación de empresas en las ciudades de Chengdu, Deyang y Mianyang. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota del reglamento adoptado para promover el empleo de las personas con discapacidad. El Gobierno informa asimismo de que había formulado una serie de políticas y medidas de acompañamiento, a los efectos de una mayor asistencia a las personas con discapacidad y de promoción de su empleo, incluidos los servicios especiales, la mejora de los servicios del empleo y la formación orientada a ayudarlos a comenzar su propia empresa y el empleo por cuenta propia. El Gobierno también adoptó medidas específicas para los trabajadores rurales con discapacidad para aumentar su empleabilidad. A finales de 2008, se había encontrado un nuevo empleo para 368.000 trabajadores con discapacidad, en las zonas urbanas, y 17.171.000 trabajadores rurales con discapacidad habían sido contratados en la producción activa. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando información acerca del impacto de las medidas adoptadas para promover el empleo productivo para los grupos de trabajadores vulnerables. Sírvase asimismo incluir en la próxima memoria datos sobre la situación y las tendencias de la población activa, del empleo, del desempleo y del subempleo, desglosados por sector, edad y género, en particular para los grupos vulnerables como los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los trabajadores rurales y las minorías étnicas.

Garantizar el reempleo de los trabajadores despedidos. En relación con las medidas encaminadas a aumentar la empleabilidad de los trabajadores que habían sido despedidos por empresas del Estado, el Gobierno indica que entre 2003 y 2008, más de 30 millones de trabajadores se habían reintegrado por diferentes canales en el mercado del trabajo. El Gobierno había establecido instituciones de formación laboral para impartir formaciones flexibles y diversificadas, y había lanzado un proyecto de reempleo con capacitación, mediante el cual se esperaba formar a 4 millones de trabajadores al año. Entre 2006 y 2008, había encontrado trabajo el 68 por ciento de los 18.880.000 trabajadores que habían participado en la formación para el reempleo. La Comisión toma nota de que las empresas que contratan a trabajadores de edad avanzada, reciben subvenciones, y de que se presta especial atención a los trabajadores de más edad en el grupo situado entre los 40 y los 50 años. La Comisión pide al Gobierno que siga brindando información acerca de las medidas previstas para mejorar la inserción en el mercado laboral de los trabajadores que continúan afectados por los despidos de las empresas del Estado.

Coherencia y transparencia de la información relativa al mercado laboral. El Gobierno informa de que, hasta noviembre de 2008, se habían realizado siete encuestas laborales. No obstante, la complejidad del mercado del trabajo no queda completamente reflejada. La Comisión toma nota de que el Gobierno explora en la actualidad la manera de mejorar dichos métodos de encuesta, para obtener mejores resultados. La Comisión había tomado nota, en el Estudio General de 2010, de que la Confederación de Empresas de China, mediante su red de afiliados, recoge información de las empresas, en relación con la contratación, la gestión de los recursos humanos y la formación profesional (párrafo 80 del Estudio General de 2010). La Comisión recuerda la importancia de compilar y analizar los datos estadísticos y las tendencias actualizados, como base para la decisión de medidas de política de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe brindando información sobre los progresos realizados para la obtención de datos actualizados y la manera de utilizarlos para formular y revisar políticas de empleo.

Construcción de un mercado del trabajo unificado. La Comisión toma nota de que la reforma del sistema de registro de los hogares avanza de manera constante y que la reforma se dirige a lograr una gestión integrada de los permisos de residencia de la población inmigrante. El Gobierno flexibiliza en la actualidad el requisito para los trabajadores rurales que ya tienen empleo y residencia estables en ciudades y pueblos. También se realizan esfuerzos para desarrollar de manera activa las empresas en ciudades y pueblos y las economías en el ámbito del condado para aumentar las oportunidades de empleo de la fuerza de trabajo rural. El Gobierno informa de que trata de incrementar los esfuerzos encaminados para garantizar un mercado laboral urbano-rural unificado y aplicar la Ley sobre Promoción del Empleo de manera más exhaustiva, de modo de acelerar la instauración de una política de empleo que contemple la igualdad entre las zonas rurales y urbanas. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre el impacto de las medidas que se aplican en la actualidad para garantizar que los trabajadores gocen de los mismos derechos y obligaciones en un mercado laboral unificado. Sírvase comunicar más información sobre los proyectos iniciados para unificar la gestión del empleo y los resultados alcanzados por los servicios del empleo para dar empleo a los trabajadores rurales que buscan trabajo en las ciudades. La Comisión espera que las medidas que han de adoptarse tengan éxito para unificar el mercado laboral e invita al Gobierno a que incluya en su próxima memoria una evaluación sobre cómo se ha alcanzado un crecimiento equilibrado del desarrollo económico y del empleo en las diferentes regiones del país.

Extensión de la seguridad social y de la asistencia sanitaria. El Gobierno indica que la cobertura de seguridad social se extiende para cubrir a más personas, especialmente los trabajadores rurales migrantes y los trabajadores con empleo precario, y que se acelera el establecimiento de un sistema de seguro médico básico. El Gobierno informa que se espera que, entre 2009 y 2011, los gobiernos de todos los niveles inviertan alrededor de 120 billones de dólares de los Estados Unidos en la mejora del seguro médico y del sistema de servicios médicos. El Gobierno espera que en 2010, cada uno de los 1,3 billones de ciudadanos del país goce de una plena cobertura de seguro de salud. La Comisión invita al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, información actualizada sobre este tema y su impacto en la creación de un empleo duradero.

Fortalecimiento de los servicios de empleo. El Gobierno indica que en 2008, el 99 por ciento de los barrios urbanos y el 80 por ciento de los pueblos habían establecido servicios públicos de empleo que brindan asistencia y servicios de colocación laboral, y que habían contribuido a que 20 millones de personas encontraran trabajo. La Comisión recuerda el papel clave que desempeñan los servicios de empleo eficaces para mantener el pleno empleo y atender las necesidades de los trabajadores y de las empresas (párrafo 202 del Estudio General de 2010). En 2008, operaban en el país 10.000 agencias de empleo privadas. La Comisión toma nota de que, dentro de los esfuerzos dirigidos a completar y mejorar los servicios del empleo, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, se había dado inicio a proyectos piloto para el establecimiento de sistemas de servicio de empleo público a nivel de condado y de pueblo. En 2009, se dio inicio a otro programa orientado a proporcionar prácticas a 3 millones de graduados universitarios y existen planes para ayudar a 1 millón de trabajadores desempleados de larga duración a encontrar trabajos, y asistir a 8 millones de trabajadores migrantes para que se coloquen en el sector no agrícola. La Comisión invita al Gobierno a que informe acerca de los logros para fortalecer los servicios públicos del empleo y para regular las agencias de empleo privadas. Sírvase también comunicar información sobre las medidas adoptadas para garantizar la cooperación entre los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas, y las medidas que el Gobierno adopta para impulsar a las agencias de empleo privadas a que mejoren la calidad de sus servicios, para cumplir con sus funciones de promover empleo.

Promoción de las pequeñas y las medianas empresas. La Comisión toma nota del incremento de los canales para financiar las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno también había alentado a las instituciones financieras a que mejoraran sus servicios y a que aumentaran su apoyo al crédito para las PYME, incluida la concesión de microcréditos para las personas que establecieran sus propias empresas. En 2008, el Gobierno publicó una guía sobre la intensificación de los esfuerzos dirigidos a alentar los inicios de la promoción del empleo y se creó una junta directiva para brindar asistencia a los empresarios que dieran inicio a sus empresas. La Comisión toma nota de que se habían seleccionado 82 ciudades para liderar una nueva iniciativa de la ciudad orientada a los emprendimientos. La Comisión invita al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, más información sobre estas iniciativas e información sobre el impacto de dichas medidas en la creación de empleo. Sírvase también informar sobre las medidas adoptadas para facilitar los procedimientos de inicio de las empresas y sobre los esfuerzos realizados para crear un entorno que conduzca a la creación, al desarrollo y a las sostenibilidad de las PYME.

Formación profesional y políticas educativas. El Gobierno trata de suministrar una formación profesional no agrícola a 40 millones de trabajadores rurales, a través del Programa empleo con capacitación para la fuerza de trabajo rural. Entre 2006 y 2008, habían sido 26.500.000 los trabajadores rurales que habían recibido una formación. Además, algunas localidades habían emitido cupones de formación y abierto cuentas de formación, en un esfuerzo encaminado a alentar a los trabajadores rurales a que participaran en la formación. La Comisión también toma nota de que el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social había aplicado, en 2009-2010, un programa especial de formación profesional, a efectos de aportar una «formación adaptada», para dar cumplimiento a los requisitos laborales específicos de las empresas, de modo que los trabajadores rurales pudiesen ser encaminados directamente al trabajo. La Comisión también toma nota de que, con el fin de asistir a los trabajadores despedidos y de que volviera a ingresar en el mercado laboral la fuerza de trabajo rural, el Gobierno había designado instituciones de formación profesional, para que se llevaran a cabo formaciones flexibles y diversificadas. La Comisión también advirtió, en el Estudio General de 2010, de que los sindicatos de diversos niveles habían establecido agencias de formación profesional (párrafo 176 del Estudio General de 2010). La Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre cómo se coordinan las políticas de desarrollo de recursos humanos con las políticas de empleo y sobre cómo se fortalece en la actualidad la coordinación entre las instituciones profesionales. También pide que se incluya información sobre cómo participan las entidades locales y los interlocutores sociales en el diseño y en la aplicación de las políticas y los programas de formación.

Cooperación técnica de la OIT. La Comisión toma nota de que el Programa de la OIT Comienzo y Mejora de su Empresa (SIYB), había completado sus actividades en áreas de desarrollo del producto, de control de calidad y de desarrollo de los formadores. La Comisión también toma nota de que la asistencia técnica aportada con arreglo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, con la OIT como organismo ejecutivo rector, espera mejorar el contenido y la aplicación del marco de la política de servicios a los jóvenes trabajadores rurales. La Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre los resultados obtenidos mediante estos proyectos y también sobre los resultados para crear empleo derivados de la aplicación del Programa de Trabajo Decente por País (2006-2010).

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno recibida en agosto de 2007, que incluye respuestas a su observación anterior. También toma nota de los comentarios de la Federación de Sindicatos de China (ACFTU) y de la Confederación de Empresas de China (CEC), anexados a la memoria del Gobierno.

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación de una estrategia de empleo. La Comisión toma nota de que, a finales de 2006, las personas empleadas en China eran 764 millones, de las que los empleados urbanos representaban 283 millones de personas. En términos de estructura del empleo, 326 millones de personas se encontraban en el sector primario de la industria, 192 millones en el sector secundario y 252 millones en el sector terciario, como consecuencia de la rápida transición de la fuerza del trabajo rural a las industrias no agrícolas. Lo anterior también representaba un incremento continuo del porcentaje del sector terciario, poniendo de manifiesto que los servicios habían pasado a ser la principal fuente de expansión del empleo. El Gobierno informa que, a finales de 2006, el desempleo registrado en las zonas urbanas había sido de 8,47 millones de personas, lo que significaba una tasa de desempleo del 4,1 por ciento, mostrando una tendencia de descenso en el desempleo y una creciente estabilidad en el empleo. El Gobierno indica que, a finales de 2006, se habían visto afectadas por la pobreza 21,48 millones de personas, lo que representaba una caída de 2,17 millones de personas a lo largo del año anterior. En los años venideros, el Gobierno pronostica que el número de la población urbana que necesita un empleo, permanecerá cada año en más de 24 millones, si bien la estructura económica actual sólo puede proporcionar 12 millones de puestos de trabajo, lo cual refleja un desequilibrio entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo. La Comisión desea seguir recibiendo información sobre la manera en que el objetivo de pleno empleo guía las políticas macroeconómicas. Al respecto, la Comisión quisiera examinar información sobre la manera en que otras políticas macroeconómicas, como las políticas monetaria y fiscal, prosiguen la promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión también requiere informaciones sobre la manera en que funcionan las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, en el «marco de una política económica y social coordinada».

2. La memoria del Gobierno ofrece informaciones sobre la adopción de la Ley sobre Contratos de Trabajo, que reglamenta las prácticas del empleo a tiempo completo y, en base a ello, contiene disposiciones especiales sobre el trabajo eventual y el trabajo a tiempo parcial. El Gobierno indica que la ley otorga protección a los derechos e intereses de los trabajadores en diferentes tipos de empleo. El Gobierno también informa sobre la adopción, en agosto de 2007, de la Ley sobre Promoción del Empleo que incluye, entre otras cuestiones, disposiciones sobre la promoción del empleo, la protección del empleo equitativo, el apoyo gubernamental a la promoción del empleo, la asistencia al empleo para grupos especiales, servicios públicos de empleo, fortalecimiento de la educación y de la formación profesionales, para promover un desarrollo económico y social coordinado, aumentar las oportunidades de empleo, promover el empleo y alcanzar armonía y estabilidad sociales. La Comisión pide informaciones sobre la manera en que los textos promulgados contribuyen a la generación de empleo productivo y a la mejora de la seguridad del empleo para los trabajadores.

3. Promoción del empleo y grupos vulnerables. El Gobierno indica que, a finales de 2006, la población que vivía en situación de pobreza en las zonas rurales había sido de 21,48 millones, lo que representaba un descenso de 2,17 millones respecto del año anterior, y la población de las zonas rurales con bajos ingresos había sido de 35,5 millones, lo que representaba una caída de 5,17 millones respecto del año anterior. El Gobierno no había escatimado esfuerzos en promover el empleo de la fuerza del trabajo rural en sus propias localidades, a través un reajuste de la estructura económica en las zonas agrícolas y rurales, desarrollando una producción no agrícola, impulsando industrias en los municipios y construyendo pequeñas ciudades. Se habían adoptado políticas de igualdad de empleo, había mejorado las condiciones del empleo urbano y había organizado y orientado una movilidad ordenada de la fuerza del trabajo rural a través de las regiones, mediante una coordinación del servicio del trabajo. La Comisión invita al Gobierno a continuar informando acerca de los esfuerzos realizados para reducir aún más las brechas producidas en la situación de los trabajadores urbanos y los trabajadores rurales. La Comisión también invita al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, información sobre las medidas adoptadas para garantizar la recuperación económica con la creación de empleo en aquellas zonas afectadas por el terremoto en la provincia de Sichuan (mayo de 2008).

4. Según las estadísticas aportadas por el Gobierno en su memoria, de las 82,96 millones de personas con discapacidad, 22,66 millones habían tenido un empleo. La Comisión toma nota de que el reglamento sobre el empleo de las personas con discapacidad, establece que las autoridades que se encuentran en el ámbito del distrito y por encima del mismo, deberían incluir, en el plan para el desarrollo económico y social, el tema del empleo de las personas con discapacidad, formular políticas preferenciales y adoptar medidas prácticas para la creación de condiciones para el empleo de las personas con discapacidad. La Comisión desea seguir recibiendo información acerca de las medidas adoptadas para que existan mecanismos para el empleo de las personas con discapacidad y, en particular, para apoyar a las personas con discapacidad en las zonas rurales.

5. Consistencia y transparencia de la información relativa al mercado laboral. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se habían producido progresos en la mejora del sistema de información del mercado laboral, específicamente mediante: a) la recogida, el procesamiento y el análisis de la información relativa a la oferta y la demanda en los mercados de trabajo en más de 100 ciudades, y la publicidad de los resultados; b) la organización y la realización de investigaciones de los gastos en personal de las empresas y las escalas de remuneraciones para las diferentes profesiones en todo el país; y c) la continuidad de la encuesta de la fuerza del trabajo. La Comisión desea recibir información sobre las mejoras que han tenido lugar en la encuesta de la fuerza del trabajo y los progresos para mejorar el sistema de información del mercado laboral, con una indicación de la manera en que se habían utilizado los datos para formular y revisar las políticas de empleo.

6. Unificación del mercado laboral. La Comisión toma nota de que, según los datos de que dispone la OIT, los trabajadores migrantes internos representan un 16 por ciento del PIB nacional a lo largo de los últimos 20 años y representan el 40 por ciento de la fuerza de trabajo urbana. Sin embargo, hay todavía 90 millones de trabajadores migrantes internos que no pueden obtener un permiso de residencia y trabajo (hukou) les brinde acceso a trabajos mejores, a la asistencia sanitaria y a la educación. La Comisión también toma nota de que, en los últimos pocos años, el Gobierno había venido adoptando medidas importantes como la de asegurar un salario mínimo garantizado, fortalecer la contratación laboral, así como el acceso a servicios del empleo y a la formación laboral. La Comisión también toma nota de que en algunas localidades, se había eliminado la disparidad entre los residentes urbanos y rurales. En su memoria, el Gobierno indica que se adoptan diversas medidas para mejorar más el sistema de permisos actuales. Se realizaron esfuerzos para garantizar plenamente los legítimos derechos e intereses de los trabajadores migrantes internos en el empleo, en la vivienda, en la asistencia médica y en la educación, de modo de constituir un mercado de trabajo unificado a escala nacional. La Comisión desea seguir recibiendo información sobre las medidas adoptadas para la mejora del sistema de permiso de residencia y de trabajo para asegurar la integración del mercado laboral y un mercado de trabajo unificado.

7. La Comisión toma nota de que el Gobierno aplica en la actualidad el presupuesto público y la política presupuestaria pública para aumentar las asignaciones presupuestarias del seguro social. Las autoridades competentes de las diversas localidades también habían reajustado su estructura de gastos para apoyar al seguro social. La Comisión toma nota asimismo de la información relativa a la guía intensificada a los organismos del seguro social de diversos niveles y a la promoción de la cobertura del seguro social, a través de la publicidad y de las inspecciones de la aplicación de la ley en el trabajo del seguro social. El Gobierno informa de que, a finales de mayo de 2007, un total de 191,93 millones de personas había participado en el seguro de vejez, 163,45 millones en el seguro médico, 107,46 millones en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y 67,72 millones en el seguro de maternidad, lo que representaba un incremento de 2,27 millones de personas, 6,13 millones, 4,78 millones y 2,14 millones de personas, respectivamente, respecto de la situación a finales de 2006. Un total de 25,15 millones y de 29,16 millones de trabajadores migrantes habían participado en el seguro médico y en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, respectivamente, con un incremento correspondiente de 1,49 millones y 3,79 millones respecto de la situación a finales de 2006. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria, informaciones sobre las medidas adoptadas para alentar a los empleadores y a los empleados a cotizar a los regímenes de seguro social, considerando el porcentaje de los empleados por cuenta propia y de los trabajadores informales de las zonas urbanas. También solicita información sobre la manera en que el sistema de seguridad social considera los retos de un empleo flexible, como los bajos salarios y los ingresos inestables.

8. Fortalecimiento de los servicios públicos del empleo. La Comisión toma nota de que, a finales de 2006, se había establecido un total de 37.450 agencias de servicio del empleo. En 2006, dichas agencias de empleo habían contratado a 49,51 millones de personas para diversas empresas y habían aportado recomendaciones laborales y orientación de empleo a 47,36 millones de personas que se habían registrado para los trabajos, de las cuales se habían colocado a 24,93 millones de trabajadores. La Comisión reitera su solicitud de recibir informaciones que describan las medidas adoptadas para garantizar la cooperación entre el sistema del servicio del empleo público y las agencias de empleo privadas. También desea recibir información acerca del actual sistema de registro del empleo en las zonas rurales y de las medidas proactivas orientadas a ayudar a los desempleados rurales.

9. Medidas para promover el reempleo de los trabajadores despedidos. El Gobierno informa de las dificultades en resolver los problemas que había dejado la reestructuración económica. Entre 2003 y 2006, se había reempleado a un total de 20 millones de trabajadores que habían sido despedidos de empresas del Estado y de empresas de propiedad colectiva. Los programas de formación técnica que facilitan el empleo por cuenta propia de los trabajadores despedidos se han definido y desarrollado en consonancia con las condiciones específicas de las localidades. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información acerca de las medidas adoptadas para mejorar las calificaciones de los trabajadores despedidos para mejorar su empleabilidad. También solicita información sobre las medidas que se han previsto para mejorar la estabilidad de los trabajadores y para reducir la inseguridad del empleo en el mercado laboral.

10. Promoción de las pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de que en los últimos años, la mayoría de los puestos de trabajo creados se había producido en el sector no estatal, especialmente en las pequeñas empresas, en el empleo por cuenta propia y en el sector informal. En 2005, el Gobierno publicó «Orientaciones para el impulso, el apoyo y la guía del desarrollo de las pequeñas empresas y de la economía no estatal». El Gobierno informa de que mediante la aplicación de dichas orientaciones todas las regiones y los departamentos gubernamentales promoverán el empleo privado, el empleo por cuenta propia y el desarrollo de una economía no estatal, con lo que se estimulará al máximo la creación de puestos de trabajo y, en particular, la generación de oportunidades para los grupos de bajos ingresos. La Comisión desea recibir información sobre el impacto de las medidas adoptadas para minimizar los obstáculos encontrados por las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, para la obtención de un crédito para la puesta en marcha de empresas. Sírvase asimismo seguir comunicando información acerca de la manera en que se promueve la creación de empleo mediante las pequeñas y medianas empresas.

11. Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de que la información comunicada por el Gobierno indica que se habían desarrollado diversos tipos de iniciativas de formación profesional y se habían intensificado sus esfuerzos para fomentar una elevada calificación de las personas empleadas y en estrecha relación con las necesidades del mercado y de las empresas. A finales de 2006, se contaba con un total de 2.880 escuelas técnicas, 3.212 centros de formación de empleo y 21.462 instituciones de formación privadas, que impartían formación a 22,43 millones de personas. La Comisión solicita al Gobierno que informe acerca de las medidas adoptadas para garantizar que la formación profesional y las políticas educativas se orienten a cubrir las demandas del mercado laboral. Sírvase asimismo comunicar información sobre las medidas adoptadas para aumentar la empleabilidad de los trabajadores rurales en el mercado laboral mediante una formación formal y de una formación en el trabajo.

12. Artículo 3. Consulta con los representantes de las personas afectadas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual la Federación de Sindicatos de China (ACFTU) y la Confederación de Empresas de China (CEC) habían participado activamente en la formulación de leyes y reglamentos relacionados con la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley sobre la Promoción del Empleo. El Gobierno informa de que los sindicatos de diversos niveles habían establecido agencias de formación profesional, y habían popularizado el modelo de reempleo de préstamos para microcréditos, de formación en capacidad empresarial y de reempleo en base a los conocimientos adquiridos. La Comisión también toma nota de que la declaración de la CEC indicaba que, cuando se promueve la responsabilidad social de las empresas, se había hecho un llamamiento para la creación de más oportunidades de empleo, especialmente de trabajos adecuados para los jóvenes. La Comisión desea seguir recibiendo información sobre las consultas llevadas a cabo para asegurar la plena cooperación de los representantes de los interlocutores sociales en la formulación y en la aplicación de las políticas de empleo. Sírvase asimismo indicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los representantes del sector rural y de la economía informal sean también asociados con las consultas requeridas por el Convenio.

13. Parte V del formulario de memoria. Cooperación técnica de la OIT. La Comisión toma nota de que la OIT, en colaboración con los interlocutores nacionales ejecuta en la actualidad un proyecto y realiza actividades dirigidas a un acrecentamiento entre el Gobierno, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las personas con discapacidad y las ONG, para que se les permita promover la legislación relativa al empleo de las personas con discapacidad, así como para mejorar el entorno laboral, de modo que se tenga en cuenta que hayan mayores oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en China. La Comisión también toma nota de que el Programa de inicio y mejora de su empresa (SIYB) de China, fase III, había sido aplicado de manera conjunta por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la OIT, con contribuciones financieras del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID, Reino Unido), para facilitar la integración socioeconómica de la población especialmente vulnerable, entre la comunidad inmigrante local, permitiéndoles dar inicio y dirigir sus propias pequeñas empresas sociales, abarcando las ciudades y las provincias occidentales de China. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los resultados alcanzados en términos de creación de empleo y sobre la integración de los demandantes de empleo en el mercado laboral, como consecuencia del asesoramiento y de la asistencia técnica de la OIT y de otros donantes internacionales.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

1. En respuesta a los comentarios anteriores de 2004, la Comisión toma nota de la información detallada comunicada en la memoria del Gobierno para el período que finaliza en mayo de 2005. También toma nota de las observaciones transmitidas por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y comunicadas por la Oficina al Gobierno en octubre de 2005. La respuesta del Gobierno a los comentarios de la CIOSL se recibió en la Oficina en enero de 2006. La Comisión se ha beneficiado de un extenso análisis técnico de la Oficina Subregional de la OIT en Bangkok, que completa y actualiza la información exhaustiva contenida en las memorias del Gobierno y en los comentarios de la CIOSL. Al respecto, la Comisión toma nota de la asistencia técnica proporcionada por la OIT en materia de estrategias integrales de empleo, creación de puestos de trabajo mediante el desarrollo de empresas, una mayor empleabilidad para la productividad y competitividad, empleo productivo en las comunidades locales, igualdad de oportunidades en el empleo y trabajo decente y productivo para los jóvenes. La Comisión desearía conocer en mayor detalle algunos asuntos específicos y solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información más detallada sobre los asuntos siguientes.

2. Formulación de una estrategia de empleo. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, China seguirá enfrentándose al gran desafío de colocar a unos 10 millones anuales de nuevos solicitantes de empleo y de encontrar nuevos puestos de trabajo para 14 millones de trabajadores despedidos. El crecimiento económico, estimado en el 8-9 por ciento, generará algo más de 8 millones de nuevos puestos de trabajo, dejando un déficit de 13-14 millones de solicitantes de empleo sin trabajo. Todavía hay más de 2 millones de trabajadores despedidos que se encuentran registrados en centros de servicios de recontratación o que han dejado los mismos. Otros 3,6 millones de trabajadores serán despedidos en los próximos tres años. Será necesario crear 3 millones de puestos de trabajo adicionales en actividades secundarias. Otros trabajadores que han sido recontratados encuentran solamente puestos de trabajo temporales. Un reto añadido es el de encontrar empleos adecuados para los graduados superiores y para los soldados desmovilizados. También buscarán empleo los trabajadores en puestos temporales y los trabajadores migrantes de las zonas rurales. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha respondido al reto del empleo introduciendo una serie de medidas políticas integrales y nueva legislación, que incluyen programas pilotos ejecutados en diferentes provincias y ciudades para experimentar nuevos enfoques de creación de nuevos puestos de trabajo y una mayor empleabilidad. La Comisión toma nota de que el cuarto Informe de desarrollo humano de China, publicado en octubre de 2005, destaca la necesidad de ampliar las oportunidades de empleo de los pobres como la forma más eficaz de reducir la pobreza: «el principio de ‘empleo primero’ debería guiar la política industrial, la política macroeconómica y la política reguladora». En este sentido, la Comisión subraya la necesidad de adoptar medidas que garanticen que el empleo, como elemento clave de reducción de la pobreza, se encuentre en el centro de las políticas macroeconómica y social. La Comisión desearía recibir más información sobre la medida en que el crecimiento económico conduce a un mejor mercado de trabajo y a una reducción de los niveles de pobreza. También apreciará recibir información sobre la manera en que los programas establecidos han contribuido a la promoción del empleo, «como parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio).

3. Libertad de elección de empleo. La Comisión se felicita de la ratificación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y espera que su aplicación fortalezca los esfuerzos dirigidos a garantizar que exista una libertad de elección de empleo y que cada trabajador tenga la mayor oportunidad posible de adquirir y utilizar sus aptitudes, en las condiciones establecidas en el artículo 1, párrafo 2, c), del Convenio núm. 122. La Comisión solicita al Gobierno que comunique tal información, indicando las medidas adoptadas para garantizar que los progresos se traduzcan en un aumento de la tasa de participación de la mujer y de las minorías étnicas en la actividad económica.

4. Consistencia y transparencia de la información sobre mercado de trabajo. La Comisión toma nota de los datos estadísticos comunicados por el Gobierno en su memoria y de las inquietudes expresadas por la CIOSL sobre la información relativa al mercado de trabajo. El Gobierno informa sobre la mejoría en la compilación y en la difusión de los datos estadísticos, específicamente, sobre la encuesta sobre la fuerza del trabajo que ha elaborado el Consejo del Estado, que permitirá compilar estadísticas, tanto para las zonas urbanas como para las zonas rurales. La Comisión también toma nota de que se realizarán esfuerzos para mejorar las estadísticas de desempleo para aportar una base viable para las futuras políticas de empleo y de administración y servicios de empleo. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los progresos realizados para mejorar el sistema de información del mercado laboral, especificando de qué manera se utilizan los datos para determinar y revisar las medidas de política de empleo (artículo 2).

5. Unificación del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que aún se requieren reformas del sistema de registro de residencia (sistema Huku), del sistema de bienestar social y de las políticas de empleo del Gobierno. La Comisión entiende que de la población urbana actual de 540 millones, 160 millones no poseen un Huku urbano lo que les impide que obtengan empleos productivos. El sistema Huku ha generado también barreras a la movilidad de los trabajadores de las zonas rurales a las urbanas y, por tanto, a un mercado de trabajo unificado. La Comisión apreciará recibir información sobre el impacto en el proceso en curso de desmantelamiento del sistema de registro de residencia (Huku) de manera de asegurar la integración y unificación del mercado de trabajo.

6. La Comisión recuerda que había mencionado en sus comentarios anteriores un informe publicado en abril de 2004, el cual incluía, dentro de los objetivos de las políticas del Gobierno, la mejora del sistema de seguridad social. Toma nota de que las mejoras incluyen la ampliación de su cobertura y un mayor apoyo financiero. La Comisión solicita al Gobierno que informe con más detalle sobre los progresos realizados para ampliar la protección social adecuada a toda la población. La Comisión entiende que, entre las leyes actualmente en consideración, se encuentra la Ley del Contrato de Trabajo y la Ley de Promoción del Empleo. En opinión de la Comisión, las medidas encaminadas a promover el pleno empleo, permiten al Gobierno crear un entorno conducente a generar un empleo productivo y duradero, en condiciones que sean socialmente adecuadas para todos los afectados. Solicita al Gobierno que informe de qué manera los nuevos textos legislativos contribuyen a generar un empleo productivo y a mejorar la seguridad laboral de los trabajadores.

7. Fortalecimiento de los servicios públicos de empleo. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de los progresos realizados sobre el desarrollo de los servicios públicos de empleo. A finales de 2004, eran 34.000 las agencias de empleo, de las cuales 23.000 eran agencias públicas que suministraban servicios anuales a alrededor de 19 millones de personas, con una tasa del 52 por ciento de colocaciones exitosas. La Comisión también toma nota de los esfuerzos orientados a mejorar los servicios del empleo de los trabajadores migrantes, con la «Operación Brisa de la Primavera», para asistir gratuitamente a los migrantes que van del campo a las ciudades para encontrar trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que siga informando acerca de las medidas adoptadas por los servicios públicos de empleo para promover el empleo en cada división territorial (a nivel de provincia, de prefectura, de condado y de pueblo). Sírvase describir las medidas adoptadas o previstas para garantizar la cooperación entre el sistema de servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas.

8. Medidas para favorecer la recontratación de los trabajadores despedidos. La Comisión toma nota de que, desde 1998, el Gobierno ha venido brindando asistencia financiera y apoyo adicional a los trabajadores que habían sido despedidos de las empresas del Estado. En 2004, 5,3 millones de trabajadores despedidos habían participado en la formación de la recontratación, con un 71 por ciento de tasa de éxito en la búsqueda de empleo. En 2004, se lanzó el Plan de Formación para la recontratación para intensificar la recontratación de los trabajadores despedidos. La Comisión toma nota asimismo de las medidas puestas en marcha para eliminar o reducir los impuestos, alentando a las empresas a contratar a trabajadores despedidos, y a garantizar pequeños préstamos, para ayudar a los trabajadores a crear empleo independiente y negocios propios. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los resultados obtenidos a través de esas medidas para dar un mayor apoyo y asistencia a los trabajadores despedidos en su recontratación. La Comisión espera que el Gobierno pueda aportar los resultados, desglosados por sexo y por edad.

9. Promoción de pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de que el proyecto «Cadena Dragón», iniciado en 2003, ha ofrecido una gama de servicios de desarrollo de negocios para pequeñas empresas que incluyen formación para la creación de empresas, desarrollo de proyectos, pruebas y orientación, servicios de crédito, y seguimiento y asistencia. También toma nota de que la ejecución del proyecto Comienzo y Mejora de su Negocio (SIYB), ha desempeñado un papel positivo en la creación de empresas y en la promoción del empleo y de la recontratación. La Comisión solicita al Gobierno que siga informando sobre la promoción de una cultura empresarial y de qué manera se promueve la creación de empleo a través de pequeñas y medianas empresas. El Gobierno también puede considerar útil consultar las disposiciones de la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189).

10. Formación y educación profesional. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha incrementado sus esfuerzos en educación y en formación profesional de la fuerza del trabajo, para abordar el problema del desajuste de la capacitación y de dar cumplimiento a las demandas de tecnología y de modernización, confiando en las instituciones de formación profesional y movilizando a las empresas y a las organizaciones de empleadores. La Comisión entiende que en noviembre de 2005, se celebró una Conferencia sobre Educación Profesional que estableció metas y medidas en materia de políticas para la formación y la educación profesional durante el Undécimo Plan de Cinco Años, con el que se espera alcanzar el número de 110 millones de trabajadores capacitados técnicamente. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre los resultados obtenidos con las medidas adoptadas para coordinar las políticas de educación y formación con las oportunidades de empleo. La Comisión llama la atención del Gobierno sobre el Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) y las políticas de desarrollo de recursos humanos, de educación, de formación y de aprendizaje continuo contenidas en la Recomendación núm. 195, de 2004.

11. Consulta de los representantes de las personas afectadas. La Comisión toma nota de las inquietudes de la CIOSL sobre la participación de todos aquellos afectados por las medidas en materia de políticas de empleo. La Comisión recuerda la importancia de implicar en las consultas a los representantes de las personas afectadas por las políticas de empleo adoptadas por el Gobierno, con el objetivo de tener plenamente en cuenta sus experiencias y sus opiniones. La Comisión reitera su interés en recibir información detallada sobre la frecuencia y los resultados de las consultas para garantizar la plena cooperación de los representantes de los interlocutores sociales, incluidos los representantes del sector rural y de la economía informal, en la formulación y aplicación de las políticas de empleo (artículo 3). La Comisión apreciará que la próxima memoria del Gobierno también incluya informaciones detalladas sobre la manera en que el Gobierno y los interlocutores sociales han abordado los asuntos señalados en esta observación.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período cubierto hasta mayo de 2003 y de las informaciones detalladas transmitidas en relación con su solicitud anterior. El Gobierno ha expuesto las distintas medidas tomadas para enfrentar una situación del empleo que se caracteriza por un creciente desempleo, en particular en las zonas urbanas; importantes movimientos de la población activa las cuales se habían demorado durante demasiado tiempo debido a la planificación económica y a una falta de mano de obra calificada. En junio de 2003, había en el país cerca de 8 millones de desempleados registrados en las ciudades, entre los cuales se encontraban 3.500.000 trabajadores despedidos de empresas públicas. La cantidad total de personas sin empleo se estima en 24 millones y el flujo anual de los que ingresan en el mercado de trabajo urbano es de 10 millones. Una tasa anual de crecimiento económico del 7 por ciento permitiría un crecimiento del empleo de cerca de 10 millones de personas por año, el excedente de la oferta de trabajo sobre la demanda debería perdurar los próximos años.

2. Formulación de una política del empleo. La Comisión advierte con interés de que se celebró en Beijing, en abril de 2004, un Foro sobre el empleo en China. El Foro, organizado conjuntamente por la OIT y el Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, con la participación activa de la Confederación de Sindicatos de China y la Confederación de Empresas de China adoptó un «enfoque común» por el cual se identifican los principales elementos de una «agenda para el empleo» que pone a la promoción del pleno empleo decente en el centro de todas las políticas económicas y sociales del país.

3. Además, la Comisión ha tomado conocimiento de la publicación, en abril de 2004, de un Libro Blanco sobre la situación y las políticas del empleo en China. La política activa del empleo que se presenta en dicho documento comporta el desarrollo de la economía y el ajuste de su estructura para crear de manera activa posibilidades de empleos; la mejora del servicio público del empleo; y el desarrollo del mercado del trabajo; la acción a favor de que vuelvan a tener actividades las personas despedidas y la mejora del sistema de seguridad social y el desarrollo de relaciones laborales armoniosas y estables. Se pone el acento en la mejora de la calidad de la mano de obra para promover diferentes formas de programas educativos y de formación, el establecimiento de un sistema de formación profesional y la puesta en práctica de un sistema de certificación de competencias profesionales. Se consagra un capítulo al empleo de la mano de obra rural y a su reinstalación organizada y otro capítulo aborda el empleo femenino y las garantías de sus derechos a la igualdad profesional; la promoción del empleo juvenil y la asistencia al empleo de las personas con discapacidades.

4. La Comisión comprende que estas iniciativas van a favorecer la prosecución del objetivo esencial del pleno empleo, productivo y libremente elegido, en el marco de una política económica y social coordinada y en consulta con los representantes de los sectores interesados, de conformidad con el Convenio. La Comisión invita al Gobierno a que continúe brindando informaciones detalladas sobre los progresos realizados en este contexto para hacer frente a los desafíos de gran magnitud que presenta la situación del empleo en el país. Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno que incluya indicaciones sobre la manera que todos los representantes de los sectores interesados por las medidas que se deben tomar han sido consultados sobre las políticas de empleo, de conformidad con el artículo 3 del Convenio. La Comisión recuerda que, teniendo en cuenta el lugar que ocupan en la población activa, los representantes de las personas ocupadas en el sector rural y en la economía informal deberían estar asociados a dichas consultas.

5. Cooperación técnica de la OIT. La Comisión ha tomado nota de las indicaciones brindadas por el Gobierno en su memoria sobre el proyecto piloto de promoción de empleo urbano en las ciudades de Bauatu, Jilin y Zangyiaku, y de las actividades para la formación de formadores en el marco del programa «Inicie su Negocio» de la OIT. La Comisión pide al Gobierno que continúe brindando informaciones sobre las actividades de cooperación técnica o de asistencia de la OIT en relación con la promoción del empleo y las medidas adoptadas como consecuencia de dicha cooperación (parte V del formulario de memoria).

6. Se dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre ciertos otros puntos en relación con la política del empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

No disponible en español.