La Comisión tomó nota de la información comunicada por escrito y oralmente por la representante gubernamental, y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión expresó una profunda preocupación por los continuos actos de violencia contra trabajadores, los arrestos de sindicalistas en relación con sus actividades, así como la falta de investigaciones eficaces y oportunas en lo relativo a estos incidentes.

A este respecto, la Comisión insta al Gobierno a que:

- investigue todos los alegatos de represión violenta de la actividad sindical y la detención de dirigentes sindicales;

- tome todas las medidas necesarias para acelerar el proceso de investigación de los asesinatos de los dirigentes sindicales Chea Vichea y Ros Sovannareth (en 2004) y Hy Vuthy (en 2007), y garantice de que se lleve ante la justicia a los autores de estos crímenes;

- despliegue todos los esfuerzos necesarios para se resuelvan los procedimientos judiciales contra sindicalistas relativos a los incidentes acontecidos durante las manifestaciones de enero de 2014, y garantice que no se impongan cargos penales o sanciones por el ejercicio pacífico de actividades sindicales y que se retiren todos los cargos penales contra los sindicalistas acusados con relación a dichas manifestaciones, y

- adopte todas las medidas necesarias para poner fin a los arrestos, la detención y la persecución arbitrarios a los que se somete a los sindicalistas por llevar a cabo actividades sindicales legítimas.

Asimismo, la Comisión tomó nota de que, aunque se han dado pasos positivos en el proceso de adecuar la legislación al Convenio, sigue habiendo graves cuestiones relativas al cumplimiento por resolver.

Tras examinar el asunto y teniendo en cuenta la información proporcionada por el Gobierno y la discusión que se entabló a continuación, la Comisión exhorta al Gobierno de Camboya a:

- comunicar los informes de los tres comités encargados de las investigaciones de los asesinatos y los actos violentos perpetrados contra sindicalistas a la Comisión de Expertos;

- garantizar que se investiguen sin demora los actos de discriminación antisindical y que, si se comprueban, se impongan reparaciones y sanciones disuasivas adecuadas;

- gracias a la asistencia técnica de la OIT, elaborar directrices, un código de prácticas o un manual sobre la gestión y la vigilancia de las acciones colectivas y de protesta;

- modificar la Ley de Sindicatos (LTU), en consulta con los interlocutores sociales, para garantizar el cumplimiento del Convenio;

- asegurarse de que los trabajadores puedan registrar sus sindicatos mediante un proceso sencillo, objetivo y transparente;

- seguir definiendo medidas jurídicas apropiadas, en consulta con los interlocutores sociales, para que los docentes, los trabajadores domésticos y los funcionarios públicos que no están cubiertos por la LTU gocen de sus derechos de libertad sindical en virtud del Convenio;

- eliminar el requisito de alfabetización de los artículos 20, 21 y 38 de la LTU; suprimir el párrafo 2 del artículo 28 de la LTU sobre la disolución automática de las organizaciones de trabajadores en caso de cierre completo de su empresa o establecimiento y derogar el artículo 29 de la LTU relativo a la disolución de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a iniciativa de sus afiliados;

- debatir con los interlocutores sociales la posibilidad de constituir organizaciones de empleadores y de trabajadores por sector o profesión, y

- redoblar sus esfuerzos para que el Consejo de Arbitraje sea una institución eficaz y sostenible en la que tratar los conflictos laborales y garantizar que sus decisiones vinculantes se apliquen en la ley y en la práctica.

La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información acerca de las medidas adoptadas sobre todas estas cuestiones a la Comisión de Expertos antes de su reunión de noviembre de 2021.

Por último, la Comisión recomienda al Gobierno que acepte una misión de contactos directos lo antes posible con el fin de dar pleno efecto a estas conclusiones y le pide que comunique los progresos realizados a la Comisión de Expertos antes de su reunión de noviembre de 2021.

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales formuladas por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión expresó su profunda preocupación por los actos de violencia que provocaron muertes, lesiones y detenciones de trabajadores.

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión pidió al Gobierno de Camboya que:

- asegure que se pueda ejercer la libertad sindical en un clima exento de intimidaciones y de violencia contra los trabajadores, los empleadores y sus respectivas organizaciones;

- facilite a la Comisión de Expertos los informes de las tres comisiones encargadas de las investigaciones de los asesinatos y de la violencia perpetrados contra dirigentes sindicales y se asegure de que los autores e instigadores de esos delitos sean llevados ante la justicia;

- asegure que los actos de discriminación antisindical se investiguen con celeridad y que, si se verificaran, se apliquen medidas correctivas adecuadas y sanciones que sean disuasorias;

- mantenga en revisión la Ley de Sindicatos en estrecha consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores con vistas a encontrar soluciones que sean compatibles con el Convenio núm. 87;

- asegure que los trabajadores puedan registrar sindicatos mediante un proceso sencillo, objetivo y transparente;

- vele por que los docentes, los funcionarios públicos, los trabajadores domésticos y los trabajadores de la economía informal reciban en la legislación y en la práctica una protección acorde con el Convenio núm. 87;

- asegure que todos los sindicatos tengan derecho a representar a sus afiliados ante el Consejo de Arbitraje;

- complete, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la legislación y reglamentación propuestas sobre conflictos laborales, de conformidad con el Convenio núm. 87, a fin de garantizar que el sistema de solución de conflictos laborales tenga una sólida base jurídica que le permita conciliar con equidad los intereses y necesidades de los trabajadores y los empleadores involucrados en los conflictos, y

- elabore una hoja de ruta para definir acciones con plazos establecidos a fin de aplicar las conclusiones de esta Comisión.

La Comisión recomendó al Gobierno que recurra a la asistencia técnica de la OIT y que informe a la Comisión de Expertos, antes de su reunión de noviembre de 2017, sobre los progresos realizados.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2016, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Un representante gubernamental declaró que Camboya respeta plenamente el derecho de huelga, si bien prohíbe las acciones violentas cometidas en el transcurso de la huelga. Señaló que el derecho de huelga previsto en el Convenio está sujeto a la legislación nacional. Según el artículo 37 de la Constitución, el reconocimiento del derecho de huelga y de manifestación no violenta se aplicará en el marco de la ley. Cuando los trabajadores ejerzan su derecho a la huelga, deberán respetar el procedimiento previsto a estos efectos en las legislaciones nacionales. En el ejercicio del derecho de huelga no se deberá perjudicar el orden público del país. El orador confirmó que ningún trabajador ha sido arrestado sin haber cometido actos delictivos tales como provocar la destrucción de propiedad pública o privada, o causar lesiones corporales a otras personas. La cifra de nuevos registros de sindicatos recién constituidos aumenta año a año. En 2015, el Ministerio ha registrado 237 nuevos sindicatos de empresa. A fecha de hoy, se han registrado 16 confederaciones sindicales, 100 federaciones sindicales, 3 434 sindicatos a nivel empresarial, y ocho asociaciones de empleadores. El Ministerio de Educación, Juventud y Deportes organiza con periodicidad anual, trimestral y mensual reuniones con los representantes de los docentes. A partir de 2014, 121 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y asociaciones han firmado el Memorándum de Entendimiento para colaborar con el Ministerio. Los maestros no tienen prohibido sumarse a una huelga o manifestación siempre y cuando el ejercicio de esta libertad, cumpla con los procedimientos previstos en la legislación nacional, como la obligación de proporcionar servicios mínimos y con los principios consagrados en las normas internacionales del trabajo. Los docentes y funcionarios gozan de libertad para constituir las organizaciones que estimen convenientes, en virtud de la Ley sobre Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (LANGO), adoptada recientemente, que tiene por objetivo la protección del derecho y la libertad de todos los ciudadanos a constituir asociaciones y ONG para defender sus intereses legales y públicos. Esta libertad se garantiza también en el artículo 36 del Estatuto Común de los Funcionarios Públicos y en el artículo 37 de la Ley de Educación, de 2007.

Por lo que se refiere a los asesinatos de dirigentes sindicales, el orador señaló que la Comisión Interministerial Especial, creada con el fin de investigar estos casos, trabaja con diligencia y decidido compromiso para poner a los autores de estos delitos a disposición de la justicia. Teniendo en cuenta que la resolución de estos casos resulta crucial, es preciso dedicar el tiempo adecuado para el proceso de investigación con el fin de garantizar una conclusión justa y ecuánime de la misma. Manifestó que confiaba en que la Comisión de Aplicación de Normas y todas las partes interesadas reconocerían el compromiso contraído por el Gobierno a este respecto.

Lamentó los hechos ocurridos a principios de enero de 2014. Sin embargo, aclaró que este incidente consistió en una revuelta, instigada por algunos políticos con el pretexto propagandístico de los salarios mínimos, y no entra dentro de la categoría de huelga, tal como se contempla en las normas internacionales del trabajo. Los manifestantes bloquearon las calles a medianoche, aclamaron que se arrojara una botella de gasolina ardiendo y destruyeron propiedades públicas y privadas, causando un daño estimado en alrededor de 75 millones de dólares de los Estados Unidos. El Gobierno tuvo que tomar medidas para restaurar la paz y la estabilidad. El orador afirmó que, para septiembre de 2016, se presentaría ante la Comisión de Expertos un informe detallado sobre este asunto.

En virtud de las disposiciones establecidas en la Ley sobre Organización de Tribunales, de 2014, se ha previsto un tribunal especializado en asuntos laborales, que entrará muy pronto en funcionamiento. El Gobierno, con la asistencia técnica y el apoyo de la OIT, trabaja en la redacción de un proyecto de ley sobre los Procedimientos Laborales en la magistratura de trabajo. La consulta tripartita sobre este proyecto de ley tendrá lugar a finales de 2016. La nueva Ley sobre los Sindicatos busca proteger los derechos e intereses de los trabajadores, asegurar el derecho de negociación colectiva entre trabajadores y empleadores, mejorar las relaciones laborales y garantizar el empleo y el desarrollo nacional. El proceso de redacción llevó casi diez años y, durante este periodo, se llevaron a cabo toda clase de consultas bipartitas, tripartitas, multilaterales y públicas. El programa del Gobierno incluye también un examen sobre la aplicación de esta nueva ley con el fin de corregir cualquier cuestión que haya podido suscitar su aplicación. Para concluir, el orador manifestó el compromiso de su Gobierno con la protección de la libertad sindical mediante la aplicación de todas las leyes y, a tal efecto, solicitó la estrecha colaboración de los interlocutores sociales.

Los miembros empleadores señalaron que este caso fue examinado seis veces por la Comisión de Aplicación de Normas, la última en 2014, que la Comisión de Expertos formuló observaciones en este sentido cada año desde 2007 y que el caso también fue examinado por el Comité de Libertad Sindical. Este caso identifica la necesidad de analizar de qué manera la Comisión recibe y procesa la información. Hasta hace poco, este caso se centró en una lista de cuestiones, en lugar de centrarse en las infracciones observadas del Convenio y en las evidencias de progresos, o en la falta de los mismos, de parte del Gobierno. El informe de la Comisión de Expertos observó la información divergente comunicada por las organizaciones de trabajadores y el Gobierno sobre algunos asuntos y recordó la necesidad de un clima libre de violencia, presiones o amenazas para el ejercicio de la libertad sindical. Estas divergencias dificultan que la Comisión de Aplicación de Normas realice conclusiones concretas y, salvo que estas divergencias se concilien con las obligaciones de Camboya en virtud del Convenio, la Comisión simplemente seguiría solicitando más información, cosa que debería evitarse. La cita de la Comisión de Expertos sobre las conclusiones del Comité de Libertad Sindical relativas a los juicios celebrados tras el asesinato de un sindicalista hace algún tiempo, ilustra la necesidad de centrarse en la conformidad con los convenios y en la responsabilidad de su aplicación. Los miembros empleadores, al tiempo que destacan que no aprueban la violencia de ninguna naturaleza hacia los trabajadores, los sindicatos o los empleadores, se preguntan cómo las preocupaciones del Comité de Libertad Sindical sobre el proceso penal aplicado a alguien condenado de asesinato de un sindicalista, son pertinentes para la consideración de la Comisión de las cuestiones relativas a la libertad sindical.

Con respecto a los asuntos relativos a la libertad sindical que fueron objeto de recomendaciones anteriores, los miembros empleadores señalaron que la Comisión informó con anterioridad que el Gobierno estableció tres comisiones para investigar algunos actos de violencia durante las acciones de huelga de 2014 sobre, entre otras cosas, los salarios mínimos. Asimismo, señalaron la indicación del Gobierno, según la cual éste aportaría las conclusiones de estas comisiones, que aún no se conocen, a finales de 2016. También indicaron que se realizaron progresos al abordar las preocupaciones sobre los recursos fragmentados y desglosados del proceso judicial, incluida la disponibilidad de árbitros formados. El Gobierno ha venido impartiendo formación a los árbitros y estableció unidades de trabajo especializadas en los varios niveles de la judicatura, que deberían aportar el enfoque especializado necesario y la experiencia necesaria para que las cuestiones laborales se resolvieran rápida y eficazmente. Sin embargo, se trata de un trabajo en curso. La nueva Ley sobre los Sindicatos existe en un contexto de quejas acerca de los malos tratos y del acoso a sindicalistas y de las aparentes restricciones al establecimiento de nuevos sindicatos, en el ámbito de un aumento significativo de nuevos sindicatos en el país en los años recientes. Ambos asuntos requieren claramente que se gestionen. Señalaron que la Ley sobre los Sindicatos abordan, en gran medida, las cuestiones respecto de las cuales se expresó una preocupación e instaron al Gobierno a dar, lo antes posible, pleno cumplimiento a la ley, además de transmitir una copia a la Comisión de Expertos. Salvo que pueda descubrirse con evidencias que existe un incumplimiento del Convenio, en cuyo caso esas cuestiones pueden someterse al Gobierno para recabar una respuesta, creen que la Comisión de Aplicación de Normas debería considerar resuelto este asunto.

Preocupados por las restricciones que el Gobierno impone a los responsables sindicales, específicamente en cuanto al requisito de alfabetización, que parece constituir una forma de autorización previa, en contradicción con el artículo 2 del Convenio, los miembros empleadores instaron al Gobierno a revisar esta y otras anomalías potenciales antes de apuntar a dar pleno efecto a la Ley. Señalando que la Comisión de Expertos solicitó información sobre todo progreso realizado en la redacción de las directrices relativas al funcionamiento del Tribunal del Trabajo y de la Cámara del Trabajo, sugirieron que el Gobierno aporte un breve informe para permitir investigaciones de la aplicación de sus diversas facetas. Considerando el trayecto de Camboya a la democracia, las medidas que adoptó recientemente son muy significativas, a saber, la introducción de una judicatura laboral especializada y la Ley sobre los Sindicatos, con lo cual es posible considerar a Camboya como un caso de progreso, a pesar de no estar caracterizado como tal. La OIT celebró recientemente consultas en el país sobre los tribunales del trabajo y las instituciones conexas, y se dio también comienzo a un proceso de consultas con los interlocutores sociales. Los miembros empleadores consideraron que debería darse a Camboya un período de tiempo razonable antes de solicitarle una memoria detallada sobre los progresos realizados respecto de las recomendaciones de la Comisión, lo cual no impide que se susciten cuestiones de infracción de los principios de libertad sindical. Recomendaron que se solicite al Gobierno que comunique una breve actualización sobre: i) sus actividades relativas a las tres comisiones de investigación, como prometió el Gobierno para diciembre de 2016; ii) el establecimiento, la financiación y la capacitación de la jurisdicción del trabajo; y iii) la aplicación de la nueva Ley sobre los Sindicatos, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión en este sentido.

Los miembros trabajadores lamentaron que, a pesar de los repetidos llamamientos de la OIT, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los sindicatos, las grandes marcas mundiales de ropa y organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno haya decidido aprobar una ley profundamente regresiva, que incumple el Convenio en numerosos aspectos. Esta nueva ley, que se suma a la LANGO, la cual es extremadamente restrictiva y puede aplicarse a los sindicatos del sector informal que no se reconocen en virtud de la legislación laboral, encierra una hostilidad creciente hacia los sindicatos y la sociedad civil. Las violaciones de la libertad sindical son numerosas y quedan impunes. En mayo de 2016, en una declaración conjunta, los tres Relatores Especiales de las Naciones Unidas indicaron: «[…] estamos preocupados por las medidas adoptadas por las autoridades camboyanas para disuadir y dispersar manifestaciones pacíficas y la detención de personas en protesta de lo que ven como una persecución de montaje del Gobierno de la sociedad civil y las restricciones injustificadas de las libertades fundamentales en el país». Así, es preciso reformar la legislación en profundidad.

Los miembros trabajadores recordaron que sólo se consultó a los sindicatos una vez durante el largo proceso de redacción de la Ley sobre los Sindicatos, sin que se haya tenido en cuenta su opinión. Asimismo, evocaron las críticas en las que se afirma que esta ley va a usarse para sofocar el movimiento sindical independiente del país, justo en el momento en que éste se ha puesto en marcha para obtener una revalorización salarial y mejores condiciones de trabajo. La OIT ha señalado a la atención del Gobierno en repetidas ocasiones varios motivos de preocupación y lagunas y la oficina del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya destacó varias disposiciones de esa ley, algunas de las cuales incumplen la propia Constitución del país. Los miembros trabajadores mencionaron: i) el artículo 3 de la ley, en el que se excluyen diversas categorías de trabajadores de su ámbito de aplicación, incluidos los funcionarios, los docentes, los trabajadores informales y los trabajadores domésticos; ii) el artículo 14, que prohíbe a los sindicatos celebrar acuerdos jurídicos antes de haberse registrado; iii) el artículo 17, que exige que los sindicatos presenten al Gobierno una cantidad excesiva de información relativa a sus finanzas y actividades, so pena de ser eliminados del registro; iv) el artículo 20, que impone a los dirigentes sindicales criterios ilegales de edad y nivel de alfabetización, y los somete a controles muy estrictos de antecedentes criminales que pueden servir para incapacitar a personas por actividades sindicales legítimas; y v) el artículo 29, relativo a las solicitudes de disolución de un sindicato sin indicar claramente quién puede presentar esas solicitudes. En cuanto a las sanciones que se imponen a los empleadores en virtud de la ley son demasiado leves para que resulten disuasorias. Instaron al Gobierno a que corrija la situación de modo que la ley se ajuste a los convenios de la OIT.

En lo relativo a los actos de violencia contra manifestantes que se produjeron en enero de 2014, y que se saldaron con cinco muertos y decenas de heridos graves y dieron pie a arrestos sin fundamento, los miembros trabajadores lamentaron que no se hayan impuesto sanciones y pidieron que se realice una encuesta independiente y creíble sobre esos acontecimientos. Respaldaron la petición formulada por la Comisión de Expertos al Gobierno de que publique los resultados y las conclusiones de las investigaciones. Citando ejemplos concretos, indicaron que la criminalización de la actividad sindical disuade a los sindicatos de organizar acciones libremente. Respecto de los contratos de duración determinada, que son habituales en varios sectores, destacaron que el Comité de Libertad Sindical recordó que los contratos de duración determinada (CDD) no deberían utilizarse deliberadamente con fines antisindicales y que, en ciertas circunstancias, el empleo de trabajadores con renovaciones sucesivas de CDD durante varios años puede ser un obstáculo para el ejercicio de los derechos sindicales. Sin embargo, estos contratos se usan precisamente con este fin en el sector de la confección. Pese a que el Consejo de Arbitraje insta a que se observe la ley, esta no se aplica y el Gobierno ha tratado en numerosas ocasiones de desestabilizar a este Consejo.

Los miembros trabajadores dieron un ejemplo detallado de violación de la libertad sindical en una empresa de transporte, que ilustra en su opinión la ausencia notable de derechos en Camboya: dos dirigentes sindicales fueron detenidos por haber organizado una manifestación pacífica en la que se pedía el reconocimiento de un sindicato y el respeto de los laudos arbitrales, y a continuación se entablaron acciones penales incluso contra dirigentes sindicales que no estaban presentes y los directivos de la empresa se negaron a poner en práctica las decisiones del Consejo de Arbitraje. Este comportamiento debe cesar y por lo tanto se insta encarecidamente al Gobierno a que ponga fin a la represión y respete la libertad sindical.

El miembro empleador de Camboya declaró que está satisfecho de que la Ley sobre los Sindicatos, que está en armonía con las normas internacionales del trabajo, se haya adoptado tras importantes consultas tripartitas formales. Consideró que el procedimiento para la creación del Tribunal del Trabajo, un tribunal especializado, que se desarrolla con apoyo de la OIT y previa consulta tripartita, llevará bastante tiempo y pidió que se dé el tiempo suficiente para llevar a cabo estos procesos. El orador puso de relieve las dificultades que afronta el movimiento sindical camboyano para hacer posible un entorno de relaciones del trabajo sano y respetuoso, a saber: i) la existencia de un movimiento sindical fragmentado que no es representativo y ha generado luchas internas y comportamientos ilegales entre los sindicatos (lo que genera muchos conflictos en las empresas, en particular porque los sindicatos no representan a los trabajadores, sino programas personales); ii) la injerencia externa de sindicatos en empresas en las que no están representados (en particular, las consecuencias de la injerencia externalizada suelen ser la intimidación y la perturbación del lugar de trabajo, así como la explotación de los trabajadores y las amenaza a éstos); iii) los sindicatos minoritarios explotan la ley en beneficio propio precisamente porque no están representando los intereses de los trabajadores; y iv) la incapacidad de recurrir eficazmente a los convenios colectivos y de hacer realidad sus beneficios para los trabajadores, los empleadores y la industria. Refiriéndose a los comentarios de 2015 de la Comisión de Expertos, declaró que los sindicatos también tienen la responsabilidad de velar por que la libertad sindical se ejerza en un entorno desprovisto de violencia, presiones o amenazas de cualquier tipo. Los sindicatos deben ejercer sus derechos en el marco de las leyes del país y se les debe exigir cuentas si sus acciones son ilegales. Las negociaciones de 2014 sobre el salario mínimo se convirtieron en manifestaciones políticas que acabaron en actos violentos. Los empleadores no apoyan ningún tipo de violencia, y se debe pedir cuentas a quienes hayan cometido delitos, con independencia de que se trate de empleadores o trabajadores. La protección de la libertad sindical de los funcionarios públicos y el personal docente está contemplada en el artículo 36 de la Ley sobre el Estatuto Común de los Funcionarios Públicos y el artículo 37 de la Ley de Educación. Expresó la esperanza de que el Gobierno siga presentando memorias a la Comisión de Expertos sobre los progresos realizados y le instó a que lo haga a través de la comisión interministerial a la que compete informar sobre asuntos relacionados con la OIT.

El miembro trabajador de Camboya recordó que Camboya ha ratificado 13 convenios de la OIT. El Convenio núm. 87 se ratificó en 1999. Aunque muchas leyes vigentes garantizan los derechos de los sindicatos, el cumplimiento de la legislación sigue planteando desafíos. Los sindicatos independientes continúan enfrentándose a graves problemas, entre ellos los asesinatos, los arrestos y la detención de sus miembros y dirigentes, la discriminación antisindical y la injerencia en sus actividades. Recordó el asesinato, en 2004, de tres dirigentes sindicales, a saber, Chea Vichea, Ros Sovanareth y Hy Vuthy. Desde entonces, los asesinatos han continuado: en 2013, se asesinó a cinco trabajadores. También se han mencionado varios casos en los que los dirigentes sindicales han sufrido lesiones, o han sido encausados, encarcelados o despedidos sin que se les haya reintegrado o indemnizado. La justicia legal rara vez se observa en los casos de discriminación de miembros o dirigentes de sindicatos independientes. La Ley sobre Organización de Tribunales se adoptó en 2014 sin consultarse a los sindicatos. La Ley sobre los Procedimientos Laborales en la magistratura de trabajo está en curso de elaboración. Se ha alentado al Gobierno a que empiece a consultar a los sindicatos sobre esta ley. En cuanto al despido improcedente de los sindicalistas, el 80 por ciento de los trabajadores son empleados en el marco de contratos de duración determinada, a los que se acogen los empleadores para poner fin a la relación de trabajo fácilmente si los trabajadores se afilian a sindicatos independientes. Asimismo, se despide con facilidad a las trabajadoras si se quedan embarazadas. El orador también recordó que, en algunos casos, los partidos políticos y las empresas interfieren con las actividades de los sindicatos, por lo que no puede considerarse que estos sindicatos sean independientes y autónomos, en violación del artículo 3, párrafo 2, del Convenio. Además, la Ley sobre los Sindicatos adoptada en mayo de 2016 sigue siendo muy restrictiva para los sindicatos: el quórum requerido para una votación de huelga es el 50 por ciento más uno del número total de trabajadores. También se exige a los sindicatos que remitan informes financieros al Ministerio de Trabajo. Además, las partes interesadas tienen derecho a auditar las finanzas de los sindicatos y a disolver los sindicatos. Se instó al Gobierno a que tome las medidas necesarias para: i) asegurar que los sindicatos queden libres de la amenaza de asesinato, violencia e injerencia; ii) garantizar que se lleven a cabo investigaciones justas, independientes y transparentes de los anteriores casos de asesinato, que se castigue a los autores y que se indemnice a las víctimas de conformidad con la legislación; iii) asegurar que se retiren los cargos presentados contra los dirigentes de los seis centros sindicales nacionales; iv) velar por que los empleadores no utilicen el poder judicial contra los sindicatos independientes; v) dejar de interferir en las actividades de las organizaciones sindicales y proteger a los sindicatos de la injerencia de los empleadores; vi) concertar esfuerzos con los sindicatos con el fin de enmendar la Ley sobre los Sindicatos para ponerla de conformidad con las normas de la OIT; vii) prever una duración de los CDD no inferior a dos años, con objeto de evitar la discriminación contra los sindicalistas y las trabajadoras embarazadas, y viii) asegurar que el nuevo Tribunal del Trabajo tenga una composición tripartita, sea independiente, profesional y eficiente, y se rija por el consenso al resolver sobre casos laborales, y que el acceso al mismo sea rápido y gratuito. La OIT debería ayudar al Gobierno a abordar estas cuestiones, por conducto de una misión tripartita.

La miembro gubernamental de los Países Bajos, hablando en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros y declarando que Albania, Islandia, Noruega y la República de Moldova se suman a su declaración, señaló que otorgan gran importancia a los derechos humanos, incluida la libertad sindical y reconocen el importante papel desempeñado por la OIT en el desarrollo, promoción y supervisión de las normas internacionales del trabajo. La oradora instó al Gobierno a que asegure que los derechos sindicales serán plenamente respetados y que los sindicalistas puedan desarrollar sus actividades en un clima libre de intimidaciones o de riesgos. A este respecto, expresó la esperanza de que la comisión especial de investigación, creada en junio 2015 resuelva el caso criminal relativo a los tres asesinatos de Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy, y pueda mantener informadas de manera regular a las organizaciones nacionales de empleadores y trabajadores sobre los avances de las investigaciones. Tomando nota de la adopción reciente de Ley sobre los Sindicatos, espera que el Gobierno la implemente de forma justa e imparcial y pidió a la OIT que evalúe que todas sus disposiciones estén en conformidad con el Convenio. Alentó al Gobierno para incluir a los funcionarios públicos, profesores y empleados domésticos en el ámbito de esta nueva ley. Instó al Gobierno para que: i) suministre la información solicitada por la Comisión de Expertos sobre las medidas adoptadas o consideradas para asegurar que los derechos de estos grupos estén plenamente garantizados; ii) recurra a la asistencia técnica de la OIT; y iii) cumpla con la obligación de presentar memorias.

El miembro gubernamental de Tailandia, hablando en nombre de los Estados miembros de la ASEAN, agradeció la información suministrada por el Gobierno. Apreció la adopción de la Ley sobre sindicatos y alentó al Gobierno para que la aplique efectivamente. También felicitó al Gobierno por su compromiso y esfuerzos para establecer tribunales del trabajo en el futuro próximo y para crear una ley sobre el salario mínimo, de conformidad con las normas internacionales del trabajo. Hizo hincapié en el compromiso del Gobierno para fortalecer el diálogo social en el país e instó a la Comisión de Aplicación de Normas a tomar en consideración los importantes progresos realizados.

La miembro gubernamental de los Estados Unidos expresó su preocupación por las persistentes limitaciones del derecho de libertad sindical y por la falta de protección de los derechos de los trabajadores en Camboya. Se refirió a las alegaciones contenidas en las recientes observaciones de la Comisión de Expertos relativas a los continuos impedimentos para el registro de nuevos sindicatos independientes, y a la constante intimidación del personal docente que se afilia a sindicatos. La verdadera libertad sindical sólo puede ejercerse en un entorno que esté libre de violencia, presión y amenazas de cualquier tipo. Al tiempo que tomó nota de la información suministrada por el Gobierno sobre la labor de las tres comisiones (la comisión de evaluación de daños, la comisión de investigación de la violencia vial en Veng Sreng, y la comisión de estudio del salario mínimo de los trabajadores del sector del textil y el calzado), que se establecieron tras los graves episodios de violencia, muertes y arrestos de trabajadores en 2014, señaló que le siguen preocupando las alegaciones de continuos arrestos y detenciones de trabajadores que toman parte en manifestaciones. Hizo eco de la solicitud de la Comisión de Expertos de recibir más información sobre las conclusiones y recomendaciones de las tres comisiones, e instó al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para prevenir la violencia contra los sindicalistas, también a través de investigaciones exhaustivas y rápidas y del encausamiento de los autores. Desde 2008, la OIT ha colaborado con el Gobierno y sus interlocutores sociales en la redacción de la Ley sobre los Sindicatos. A pesar de las numerosas consultas y de las revisiones recomendadas con el transcurso de los años, el Gobierno ha adoptado la Ley sobre los Sindicatos en 2016, que parece incumplir las normas internacionales del trabajo. Las principales preocupaciones son: i) la exclusión de ciertas categorías de trabajadores del derecho a constituir sindicatos; ii) los requisitos del umbral alto para las votaciones de huelga; iii) los excesivos y gravosos requisitos de auditoría, y las disposiciones poco claras relativas a las partes interesadas que pueden solicitar una auditoría de las actividades sindicales; iv) la capacidad de los tribunales para interferir en la disolución de los sindicatos, que, en su lugar, debería ser determinada por los estatutos y reglamentos del sindicato, y v) la falta de sanciones suficientemente disuasorias por incumplimiento. La oradora instó al Gobierno a que presente una copia de la Ley sobre los Sindicatos para su revisión por la Comisión de Expertos en 2016, y a que tome medidas inmediatas con la asistencia técnica de la OIT y en plena consulta con los interlocutores sociales para abordar las cuestiones de incumplimiento del Convenio.

El miembro trabajador de Australia recordó que, en virtud del artículo 36 de la Constitución, los ciudadanos Khmer tendrán el derecho de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos. Aunque esto puede considerarse un punto de partida digno para un derecho garantizado legalmente a la libertad sindical, la realidad es que en los años recientes se han producido ataques multifacéticos, sostenidos e incluso mortales a los derechos de los trabajadores de sindicalizarse y organizarse. Un indicador de la situación de deterioro es la desigual aplicación de la legislación penal. Se han producido ataques violentos e incluso asesinatos de dirigentes sindicales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los autores no fueron castigados. No obstante, el Gobierno invocó reiteradamente y con entusiasmo la legislación penal contra los trabajadores y los dirigentes sindicales. No menos de seis dirigentes de centrales sindicales nacionales fueron acusados de violencia y daños intencionales después de la huelga de 2014. El Presidente del Congreso del Trabajo de Camboya se encuentra en la actualidad bajo la supervisión del tribunal, que lo limita a la hora de participar en protestas, acercarse a los trabajadores en determinadas zonas, dirigir huelgas y manifestaciones, o cambiar de domicilio. También están pendientes hasta 198 casos penales que implican a trabajadores y sindicatos, en su mayor parte de la industria textil y del vestido. Según un análisis de la nueva Ley sobre los Sindicatos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya, hay algunas zonas clave en las que la aplicación de la legislación penal tuvo implicaciones directas en la capacidad de las personas de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos. Estas incluyeron: i) el requisito obligatorio de que los dirigentes sindicales deban declarar que nunca estuvieron condenados por un delito penal; y ii) la capacidad del nuevo Tribunal del Trabajo de disolver todos aquellos sindicatos en los que se detecte que los responsables, a título individual, cometieron un delito o incluso una falta grave. Todo esfuerzo político dirigido a criminalizar la sindicalización y a invocar la legislación penal como instrumento para reprimir a la organización sindical, lo único que logra es dañar la reputación internacional de Camboya. Se instó al Gobierno a rechazar ese enfoque.

El miembro trabajador de la República de Corea recordó que el Comité de Libertad Sindical indicó en su informe de marzo de 2016 que los CDD no deben usarse deliberadamente con propósitos antisindicales y que pueden constituir un obstáculo al ejercicio de los derechos sindicales. Muchas fábricas de confección textil han forjado toda una fuerza de trabajo constituida por trabajadores con CDD de corta duración repetidamente renovados. Aunque esto viola la legislación del trabajo, se trata de un fenómeno creciente ampliamente utilizado en la práctica. Las implicaciones jurídicas de la contratación en régimen de CDD son numerosas, entre otras cosas menos derechos y beneficios para los trabajadores, facilidades en el despido y plazos de preaviso más cortos, dificultades a la hora de demostrar represalias antisindicales, compensaciones reducidas al terminar el contrato y un acceso limitado a las prestaciones de licencia de maternidad. La utilización de los CDD genera una gran inestabilidad para los trabajadores, que con razón temen que no se renueven sus contratos si no acatan las órdenes del empleador o si se afilian a un sindicato. Además, en una situación en que los CDD son mayoría, es difícil nombrar dirigentes sindicales cuando no pueden conseguir contratos por una duración de dos años. Con los CDD puede ser difícil acumular el año de experiencia laboral que requiere la legislación laboral para los dirigentes sindicales. En 2012, la Asociación de Fabricantes de Prendas de Vestir de Camboya (GMAC) y varios sindicatos firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) relativo al sector de la confección textil que incluye el compromiso de alcanzar un acuerdo separado sobre esta cuestión. Sin embargo, no se ha iniciado ninguna negociación al respecto. Por lo tanto, apoyando la recomendación del Comité de Libertad Sindical, el orador instó al Gobierno a tomar todas las medidas pertinentes para fomentar estas negociaciones con miras a alcanzar un acuerdo sobre la utilización de los CDD y garantizar que los trabajadores del sector de la confección textil puedan ejercer libremente sus derechos sindicales.

El miembro gubernamental del Canadá alentó firmemente a todos los Estados miembros a que respeten los términos del Convenio y recordó que es responsabilidad de los Gobiernos garantizar que la libertad sindical se ejerza en un contexto libre de violencia, presión o amenazas de ningún tipo. Aunque se han adoptado algunas medidas positivas en general, es necesario seguir avanzando y proporcionar mayor información, tal y como subrayó la Comisión de Expertos. Las principales preocupaciones en cuanto al proyecto de Ley sobre los Sindicatos están relacionadas con las carencias en la protección del derecho de los trabajadores y los empleadores de constituir libremente las organizaciones que crean convenientes y el derecho de estas organizaciones de organizar su administración y sus actividades sin injerencias. A este respecto, el Gobierno debería retomar las discusiones en el marco del diálogo social y en el seno de la Asamblea Nacional con vistas a revisar este proyecto de ley. También expresó su decepción por la adopción de la LANGO que contiene muchos aspectos restrictivos para la sociedad civil, como por ejemplo su aplicación a ocupaciones que no quedan cubiertas por la ley de sindicatos que podría constituir una violación del Convenio. Finalmente, a la espera de las conclusiones y recomendaciones de las comisiones instituidas sobre Camboya tras los violentos incidentes de 2014, insistió en la urgente necesidad de garantizar la efectividad del sistema judicial como salvaguarda contra la impunidad y como medio de protección eficaz de los derechos de los trabajadores en los conflictos laborales.

El miembro trabajador de Filipinas se identificó con las prácticas generalizadas de discriminación sindical que se ejercen contra los trabajadores de Camboya. Los miembros y dirigentes independientes de sindicatos y federaciones que critican a los empleadores son objeto cada vez más de acosos, discriminación y despidos injustos por parte de ellos. Desde finales de 2013 se ha despedido a 867 miembros trabajadores de la Confederación del Trabajo de Camboya debido a su afiliación y actividades sindicales y sólo se ha readmitido a 67 de ellos. El rechazo por los empleadores del laudo arbitral sobre la readmisión, además de la falta de voluntad del Gobierno de hacer cumplir la ley, está socavando gravemente a los sindicatos escogidos libremente por los trabajadores. El orador citó el ejemplo de la huelga de noviembre de 2014 en el Aeropuerto Siem Reap, una protesta de 10 días en que se contrataron trabajadores de sustitución, tras lo cual se rescindió el contrato de siete dirigentes sindicalistas por organizar la huelga. La administración del Aeropuerto ha pedido al vicepresidente del sindicato que deje de presentar quejas contra la empresa y ha ofrecido readmitirlo a cambio de su cooperación. En lugar de rectificar los despidos injustos, el Ministerio de Trabajo solicitó al empleador que otorgue indemnización monetaria a los dirigentes sindicales despedidos, que hasta la fecha no han sido readmitidos ni tienen empleo.

El miembro trabajador de Japón expresó su preocupación por que el artículo 29 de la Ley sobre los Sindicatos garantice el derecho a las «partes interesadas» del 50 por ciento del total de afiliados de un sindicato, para tomar la iniciativa de solicitar la disolución del sindicato al Tribunal del Trabajo. En aras de las relaciones laborales, la disolución de un sindicato sólo debería abordarse como último recurso y después de haber agotado otras posibilidades con efectos menos graves para la organización en su conjunto. Además, la disolución de un sindicato debería abordarse con arreglo a las disposiciones de los estatutos y reglamentos del sindicato. Las disposiciones de la LANGO relativas al registro obligatorio de todas las asociaciones nacionales e internacionales, las facultades discrecionales ilimitadas del Ministerio del Interior respecto del registro, y el requisito de «neutralidad política», aplicable a todas las asociaciones y organizaciones, constituyen una violación del derecho de libertad sindical. Instó al Gobierno a consultar con los sindicatos y a considerar la revisión de estas leyes para que estén de plena conformidad con el Convenio.

El representante gubernamental agradeció a los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, particularmente a Tailandia, por el apoyo y el aliento que brindaron para aumentar la libertad sindical en Camboya. Tomó nota de los numerosos comentarios constructivos formulados por los representantes de los empleadores y de los trabajadores de los países de la Asociación y otros delegados gubernamentales, y manifestó que sus valiosas contribuciones redundarán en beneficio del ambicioso objetivo de construir un futuro con trabajo decente. El Gobierno ha estado trabajando activamente para desarrollar un marco jurídico sólido mediante la adopción de leyes y normas. Hace poco se ha aprobado la Ley sobre los Sindicatos y se están desarrollando los mecanismos de aplicación conexos, y la ley sobre los Procedimientos Laborales en la magistratura de trabajo se encuentra en curso de elaboración. El Gobierno trabaja en estrecha colaboración con el programa Better Work de la OIT en el marco del proyecto Better Factories Cambodia para mejorar y fortalecer la inspección del trabajo y garantizar mejores condiciones laborales. Una mayor efectividad en la aplicación de las normas internacionales del trabajo, así como de las leyes y las normas nacionales, requiere la participación y la colaboración de todas las partes interesadas. El orador reiteró que su país está determinado a cumplir plenamente las obligaciones relativas a la presentación de memorias y aseguró que remitirá una memoria detallada a la Comisión de Expertos antes de septiembre de 2016.

Los miembros trabajadores indicaron que la Comisión de Aplicación de Normas sólo puede alentar al Gobierno a realizar progresos rápidos en su camino hacia la libertad sindical. No obstante, han escuchado de varios delegados, y en concreto del miembro trabajador de Camboya, una descripción de la situación, que sigue siendo grave. Recordaron que, en lo que respecta a los asesinatos de Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy, el Comité de Libertad Sindical ha tenido que recurrir a la utilización excepcional del párrafo 69 de su procedimiento para el examen de quejas por violaciones al ejercicio de la libertad sindical, con el fin de invitar al Gobierno a presentarse ante el Comité y proporcionarle la información que falta. El Gobierno ha aceptado esta invitación a suministrar la información en mayo de 2015. Tomando nota de que ha transcurrido más de un año, los oradores pusieron de relieve la importancia de responder a las solicitudes formuladas. La cuestión de la impunidad queda un problema importante.

Los miembros trabajadores recordaron que, desde 2006, Camboya es objeto de supervisión constante por la Comisión de Aplicación de Normas en relación con la aplicación de este Convenio, del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), o por no presentar memorias. Los problemas son los mismos cada año: actos de violencia que quedan impunes contra los sindicalistas (incluidos asesinatos); despidos antisindicales; acoso e intimidación por los funcionarios públicos; prohibición del derecho de libertad de expresión y de reunión, y un marco jurídico que no está de conformidad con el Convenio. Los CDD, tema en el que se centraron tanto la observación de la Comisión de Expertos de 2015 como las conclusiones del Comité de Libertad Sindical en 2016, se utilizan de manera rutinaria para frustrar los sindicatos. Estos problemas se ven agravados por un sistema judicial politizado que no garantiza la justicia. Reiteraron su preocupación por que, a pesar de la intervención de la OIT, las Naciones Unidas, los sindicatos mundiales y las marcas de confección mundiales, el Gobierno ha perdido otra oportunidad para aprobar una ley que cumpla con el Convenio, adoptando en su lugar una ley que contiene numerosas disposiciones en violación de este último. Cuando los trabajadores han protestado de manera pacífica al aprobarse la ley, han sido objeto de ataques y agresiones.

Las marcas mundiales se han unido a los trabajadores en reiteradas ocasiones para expresar su inquietud por el entorno desfavorable en el país de los trabajadores. El país puede y debería cambiar inmediatamente el curso de los eventos y establecer un marco jurídico que propicie el pleno ejercicio del derecho de libertad sindical, el cual también debería asegurarse en la práctica. Los miembros trabajadores instaron al Gobierno a que: i) ponga plenamente en consonancia la Ley sobre los Sindicatos con las disposiciones del Convenio, en cooperación con los interlocutores sociales y con la asistencia técnica de la OIT; ii) asegure que se garanticen plenamente a los docentes y a los funcionarios públicos, así como a los trabajadores de la economía informal, que no están contemplados por la legislación sindical, los derechos consagrados en el Convenio; iii) lleve a cabo investigaciones rápidas y exhaustivas sobre los asesinatos de los dirigentes sindicales mencionados en el informe de la Comisión de Expertos y encause, no sólo a los autores, sino también a los instigadores de estos delitos; iv) asegure que la Comisión Interministerial Especial mantenga informadas periódicamente a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de los avances de sus investigaciones, con el fin de promover el diálogo social y de poner fin a la impunidad en torno a los actos de violencia contra los sindicalistas; v) lleve a cabo una investigación independiente de los episodios de violencia contra sindicalistas que tuvieron lugar los días 3 y 4 de junio de 2014, incluidas las lesiones y muertes, y encause tanto a los autores como a los instigadores de estos delitos; vi) asegure que los trabajadores puedan participar libremente en manifestaciones públicas pacíficas; vii) retire los cargos contra los dirigentes sindicales por su participación en manifestaciones pacíficas; viii) vele por la aplicación de las decisiones del Consejo de Arbitraje con respecto a la duración de los CDD, limitando el tiempo combinado empleado en el marco de estos contratos a dos años. Habida cuenta de la falta de progresos desde que la Comisión de Aplicación de Normas examinó por última vez este caso, y dadas las numerosas ocasiones en las que la Comisión de Aplicación de Normas ha discutido este caso en años recientes, exhortaron al Gobierno a que acepte una misión tripartita de alto nivel en 2016.

Los miembros empleadores recordaron los antecedentes de este caso y las preocupaciones expresadas por los trabajadores con respecto a la falta de progresos en algunas de las cuestiones debatidas y los cambios iniciados por el Gobierno. Por otro lado, el Gobierno ha facilitado información sobre las recientes iniciativas que ha tomado, a saber: i) la introducción y la actual aplicación de la nueva estructura para los tribunales del trabajo y las cámaras del trabajo, y su compromiso con el desarrollo de estas instituciones; ii) la dotación con formación y recursos a los tribunales del trabajo y las cámaras del trabajo; y iii) la adopción de la Ley sobre los Sindicatos y su compromiso en pro de su aplicación efectiva. Los empleadores se hicieron eco del llamamiento hecho por los trabajadores en pro de la rápida culminación y aplicación de estas iniciativas, pero consideraron que ya se ha realizado un considerable progreso y que debe darse un margen a Camboya para probar que puede llevar a rápido y feliz término estas iniciativas, concretamente la ultimación de las investigaciones de los asesinatos de 2014 por las tres comisiones, prevista para este año; la terminación de las directrices y la manera en que funcionarán; y la aplicación efectiva de la Ley sobre los Sindicatos mediante en enfoque en el que haya equilibrio entre los derechos de los trabajadores y de los empleadores. A su parecer, al país se le debe conceder cierto margen, aunque instaron al Gobierno a que suministre lo antes posible a la Comisión de Aplicación de Normas una memoria sobre las medidas tomadas para llevar a cabo plenamente las iniciativas emprendidas.

Conclusiones

El representante gubernamental indicó que con relación a la propuesta de la Comisión de que el Gobierno acepte una misión de contactos directos, es necesario primero consultar a las instituciones gubernamentales relevantes. Su Gobierno contactará a la OIT en su momento.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2014, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Un representante gubernamental señaló que la libertad sindical está consagrada tanto en la Constitución como en el Código del Trabajo de Camboya. Además, el Gobierno está redactando una ley sindical. El Ministerio del Interior ha elaborado unas directrices para el registro de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) y hasta la fecha ha registrado a 4 003 organizaciones. Hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional (MLVT) ha registrado a 12 confederaciones sindicales, 80 federaciones sindicales, 3 026 sindicatos de empresa y siete asociaciones de empleadores. Las asociaciones y ONG participaron en la redacción de las leyes y los reglamentos. Claramente, el Gobierno ha respetado el derecho de libertad sindical. En relación con las acusaciones de la comunidad internacional de que Camboya viola el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el representante gubernamental ofreció información actualizada sobre tres importantes casos. Primero, Chhouk Bandith fue condenado por el tribunal de apelaciones a 18 meses de cárcel y al pago de 38 millones de rieles de Camboya (KHR) en concepto de indemnización a las tres víctimas; la policía lo busca activamente. Segundo, los dos sospechosos acusados de asesinar al dirigente sindical Chea Vichea, habían sido liberados y el caso se había vuelto a abrir. Tercero, en el caso núm. 2655 del Comité de Libertad Sindical, el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Madera y la Construcción de Camboya (BWTUC) y otros tres dirigentes se reunieron con funcionarios del MLVT en dos ocasiones en 2014. Debido a que la dirección del BWTUC cambiaba con frecuencia, el vicepresidente había solicitado más tiempo para examinar la alegación. Se informaría a la Comisión sobre la evolución de los casos. La ley sindical está siendo revisada con la asistencia de la OIT y el MLVT se ha comprometido a adoptarla para finales de 2014 o principios de 2015. La Asamblea Nacional está preparando tres leyes adicionales, sobre la organización judicial, la Ley sobre la Organización y el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y la Ley sobre el Estatuto de Jueces y Fiscales. Por último, el MLVT ha previsto enmendar la legislación laboral, en particular las disposiciones sobre los contratos de duración determinada.

Los miembros empleadores recordaron que la Comisión había examinado este caso el año pasado y que, en sus conclusiones, la Comisión había hecho referencia a los graves problemas de impunidad y los viciados procesos judiciales, y había pedido que se adoptaran medidas para corregir la falta de independencia y de funcionamiento efectivo del Poder Judicial, que se facilitara información sobre la ley propuesta sobre el estatuto de los jueces y fiscales y que se intensificaran los esfuerzos para asegurar la rápida adopción del proyecto de ley sindical para fínales de 2013. Observaron que la Comisión de Expertos señaló con pesar que no había recibido ninguna información del Gobierno. Refiriéndose a las elecciones que celebraron en julio de 2013, los miembros empleadores se declararon satisfechos de la información proporcionada por el Gobierno en el sentido de que hay tres proyectos de ley pendientes de adopción por la Asamblea Nacional, a saber la Ley sobre la Organización Judicial, la Ley sobre la Organización y el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la Ley sobre el Estatuto de Jueces y Fiscales. Asimismo, se refirieron al Consejo Interministerial, que incluye a los empleadores y los trabajadores, que se ha establecido con el fin de facilitar la presentación de memorias a la OIT, y alentó a la OIT a que proporcione asistencia técnica y al Gobierno a que siga aceptando esa asistencia en relación con el establecimiento y funcionamiento de ese Consejo. Los miembros empleadores también entendieron que el Gobierno colabora con los interlocutores sociales para la preparación del proyecto de ley sindical que será examinado por la OIT. Instaron al Gobierno a que siga progresando sobre esta cuestión y que consulte a los interlocutores sociales durante la elaboración del proyecto de legislación. Es preciso asegurar que en la legislación sindical se consiga un equilibrio en lo tocante a la exigencia de que tanto los empleadores como los trabajadores rindan cuentas en caso de prácticas laborales injustas y que se prohíba claramente la violencia. Asimismo, deben tenerse en cuenta algunos de los desafíos a que se enfrenta el país debidos al entorno económico difícil, el elevado número de sindicatos en las empresas y el uso de la violencia en las manifestaciones sindicales. Por otra parte, los miembros empleadores consideraron que la Comisión debe tomar nota de los progresos realizados por el Gobierno desde la ratificación del Convenio núm. 87 en relación con la promoción de la libertad sindical. Alentaron al Gobierno a informar cuanto antes sobre los avances realizados hasta la fecha y las medidas aplicadas, y a seguir solicitando asistencia técnica a la OIT si lo considera necesario.

Los miembros trabajadores manifestaron su decepción por que el caso actual se hubiese discutido cuatro veces en los últimos cinco años y por que la situación se haya deteriorado progresivamente año tras año. No obstante, se albergan esperanzas: los sindicatos globales y algunas de las marcas de confección más grandes del mundo han establecido conjuntamente una hoja de ruta que insta al Gobierno a adoptar medidas con respecto a distintas cuestiones. Las relaciones laborales sostenibles sólo resultarán viables en Camboya si se fundamentan en el respeto del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. El 2 y el 3 de enero de 2014, el Gobierno utilizó la violencia indiscriminadamente para reprimir las manifestaciones espontáneas de los trabajadores del sector textil, que tuvieron lugar después de que éste anunciase el nuevo salario mínimo, que estaba muy por debajo de la cuantía que las investigaciones del sector habían identificado como adecuada para satisfacer las necesidades básicas. Miembros de la policía y soldados fuertemente armados se han movilizado y han causado la muerte de seis personas — hasta la fecha — y aproximadamente 40 casos de hospitalizaciones por heridas de bala. En lugar de atender a los llamamientos del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya relativos al establecimiento de una comisión independiente para investigar los casos de violencia, el Gobierno seleccionó a dedo a una comisión, y encomió públicamente los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Asimismo, el Gobierno no ha proporcionado ninguna indemnización a las víctimas ni a sus familias. Veintitrés trabajadores han sido detenidos por participar en las manifestaciones. Se les ha juzgado de manera injusta y se les han impuesto condenas de entre cuatro y cinco años de cárcel. No obstante, gracias a la enorme presión internacional, las condenas han sido suspendidas. Los miembros trabajadores manifestaron gran preocupación porque las condenas, aunque se hayan suspendido, se utilicen como amenazas para limitar o reprimir el ejercicio del derecho de asociación de estos trabajadores en el futuro.

Tras las manifestaciones celebradas el 2 y el 3 de enero, el Gobierno ha utilizado la fuerza en repetidas ocasiones para disolver las concentraciones motivadas por cuestiones laborales y ha detenido a líderes sindicales por participar en tales eventos. Además, el Gobierno paralizó, sin fundamentos jurídicos, los registros de nuevas organizaciones sindicales independientes durante la crisis, y estableció posteriormente requisitos ad hoc que obstaculizan el registro de nuevos sindicatos. El Gobierno no ha respetado el plazo establecido por la presente Comisión para la aprobación de una nueva ley de sindicatos de conformidad con el Convenio núm. 87. El proyecto de ley actual constituye un paso atrás con respecto al Código del Trabajo existente. No se han realizado modificaciones significativas y en vista de que no se han incorporado las observaciones de la OIT y de los sindicatos, sería mejor descartarlo por completo ya que únicamente serviría para reprimir más el derecho a la libertad sindical de los trabajadores en Camboya. El Gobierno no ha logrado abordar diversas cuestiones planteadas en el informe de la Comisión de Expertos — todavía no se ha llevado a cabo ninguna investigación independiente sobre los asesinatos de los líderes sindicales Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy—; del mismo modo, no se han desplegado esfuerzos significativos para detener a Chhouk Bandith, condenado por disparar a diversos trabajadores del sector textil en 2012. El Poder Judicial sigue siendo profundamente corrupto. En mayo de 2014, la Asamblea Nacional compuesta íntegramente por miembros del Partido Popular Camboyano aprobó con rapidez tres leyes que aparentemente armonizarían la legislación nacional con las normas internacionales de administración de la justicia. No obstante, las leyes se redactaron en secreto y los grupos defensores de los derechos advirtieron que, si el Senado las aprobaba, éstas fortalecerían el control del Gobierno sobre los jueces y los fiscales y esto amenazaría gravemente el Estado de derecho. Por último, la causa del conflicto actual en Camboya es la fijación del salario mínimo, el objeto del Estudio General de 2014 de la Comisión de Expertos. Un estudio solicitado por el Gobierno de Camboya en agosto de 2013 determinó que el salario mínimo adecuado se situaría entre los 157 dólares de los Estados Unidos y los 177 dólares de los Estados Unidos al mes. No obstante, el Gobierno estableció el salario mínimo en 95 dólares de los Estados Unidos, y más tarde lo subió a 100 dólares de los Estados Unidos al mes. Las organizaciones sindicales internacionales y las marcas de confección instaron conjuntamente al Gobierno a proporcionar inmediatamente a los trabajadores un salario vital, derecho consagrado en la Constitución de Camboya y adecuado para un sector que genera 5 500 millones de dólares de los Estados Unidos al año.

La miembro empleadora de Camboya señaló que determinados miembros trabajadores han excedido deliberadamente el alcance de este caso y solicitó que se eliminasen sus intervenciones de las actas. Con respecto a la independencia del Poder Judicial, se ha progresado en la aprobación de las tres leyes anteriormente mencionadas que satisfacen los requisitos de la Comisión de Expertos. Por lo tanto, solicitó que la Comisión de la Conferencia no volviese a considerar la cuestión, reconociendo así que el fortalecimiento de la capacidad del Poder Judicial llevaría tiempo. Se debe alentar al Gobierno a que fortalezca el sistema judicial, incluido el arbitraje comercial y laboral. Con respecto a la libertad sindical, la oradora denunció la inexactitud de la información proporcionada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), y reiteró que el año pasado se registró un aumento del 60 por ciento de los sindicatos, lo que elevó la cifra total a 3 026 en 2013, de los cuales 3 000 corresponden al sector textil (en 800 fábricas); un incremento del 80 por ciento de las federaciones (80); y un aumento de las huelgas del 255 por ciento, en 2012, y del 21 por ciento, en 2013. Estas cifras muestran que las organizaciones sindicales no desarrollan sus actividades con temor y que gozan de muchos derechos y libertades en el plano jurídico y en la práctica. La realidad sobre el terreno se caracteriza por la proliferación de sindicatos de minorías poco representativos y violentos que dificultan la armonía en las relaciones laborales que son una condición necesaria para un crecimiento armónico. La legislación no establece una cifra mínima de miembros para constituir un sindicato. La oradora planteó la cuestión sobre cómo pueden los empleadores negociar colectivamente con 17 sindicatos, en su mayoría poco representativos, en la misma fábrica. La miembro empleadora de Camboya consideró que, en lugar de presentar acusaciones que no reflejan la realidad, la Comisión debe reconocer y discutir los retos reales que se afrontan en la práctica. Se abusa de las libertades previstas en la legislación nacional. Los actos de violencia que tuvieron lugar en enero de 2014 comenzaron en el movimiento sindical cuando los sindicalistas destruyeron hospitales que se estaban reconstruyendo, dañaron lugares de trabajo y dejaron discapacitados a funcionarios públicos. La violencia va en detrimento del Estado de derecho y de la sostenibilidad de las empresas y debe ser condenada por todas las partes interesadas. Asimismo, el requisito de registro adecuado de las organizaciones sindicales, en lugar del registro automático, y la rendición de cuentas en caso de violencia e incumplimiento de la ley, no se deben considerar violaciones de la libertad sindical. Resulta fundamental que el nuevo proyecto de ley sindical aborde las necesidades de Camboya, tales como la necesidad de atraer inversiones y de crear empleo así como también un clima de estabilidad y paz. La ley se encuentra actualmente en la fase de redacción, en la que se discute y negocia con los interlocutores sociales, y es inapropiado examinar disposiciones específicas de un proyecto de ley solicitándolo directamente al Gobierno. La oradora instó a eliminar el caso de Camboya de la lista, a formular conclusiones sobre las cuestiones apremiantes y a no exceder el objetivo establecido en la observación de la Comisión de Expertos.

La miembro gubernamental de Grecia, hablando en nombre de la Unión Europea (EU) y sus Estados miembros, así como de la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, Noruega, Ucrania y República de Moldova, manifestó su compromiso con la promoción de la ratificación universal y la aplicación de los ocho convenios fundamentales de la OIT. Las normas son instrumentos internacionales importantes para garantizar la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Su aplicación sostiene el desarrollo del potencial humano y el crecimiento económico de cada país. En enero de 2014, la Unión Europea manifestó su preocupación por las manifestaciones violentas en Camboya y el excesivo uso de la fuerza para contrarrestarlas y llamó a las partes a utilizar todos los medios disponibles para encontrar una solución pacífica. La oradora saludó la liberación, el 30 de mayo de 2014, de sindicalistas y trabajadores textiles que fueron acusados en relación con las manifestaciones y expresó la esperanza de que hubiera un cambio positivo en cuanto a la situación de la libertad de reunión en Phnom Penh, la cual se había deteriorado últimamente. El Gobierno debería acelerar el restablecimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y debería publicar los resultados de las investigaciones sobre los asesinatos de enero. Llamó a todas las partes interesadas a desarrollar un diálogo constructivo para mejorar las relaciones laborales. En cuanto a la cuestión planteada por la Comisión de Expertos, instó al Gobierno a proporcionar la información solicitada acerca de los resultados de las investigaciones sobre los asesinatos de dirigentes sindicales. El Gobierno debería también velar por el pleno respeto de los derechos sindicales de los trabajadores y por que éstos puedan llevar a cabo sus actividades en un clima libre de intimidación y riesgo. El Gobierno debería demostrar el modo en que la planificada reforma de la legislación promoverá la independencia y eficacia del sistema judicial. El Gobierno debería intensificar sus esfuerzos para adoptar rápidamente una ley sindical en plena consulta con los interlocutores sociales. Por último, la oradora pidió al Gobierno que recurra a la asistencia técnica de la OIT y que cumpla con sus obligaciones de envío de memorias.

La miembro trabajadora de la República de Corea dijo que ante la ausencia de libertad sindical se violan con facilidad los derechos humanos y civiles, como se vio con la sangrienta represión de las pacíficas manifestaciones de los trabajadores de enero de 2014. El 2 de enero, frente a la sede de una empresa coreana de Camboya se desplegaron fuerzas especiales para reprimir a los trabajadores que protestaban, diez de los cuales fueron detenidos por la policía. Resultaron gravemente heridos 38 manifestantes y otros murieron. En respuesta a la violencia, la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU) y otras organizaciones laborales y civiles de Asia enviaron a Camboya una misión investigadora. De las entrevistas con trabajadores que se habían sumado a las protestas o habían sido testigos de las detenciones se supo que durante la represión los soldados estuvieron armados con fusiles, hondas, cuchillos y tubos de hierro, aunque los trabajadores protestaban de manera pacífica. Los soldados llegaron a detener a diez manifestantes. El uso de la fuerza militar y de la policía contra los propios ciudadanos de un país nunca es aceptable. La movilización de las fuerzas armadas en respuesta a las protestas salariales fue manifiestamente excesiva y ha sido condenada categóricamente por las Naciones Unidas. El Gobierno debería organizar una investigación minuciosa e independiente de la sangrienta represión de las protestas y hacer que rindan cuentas los responsables. También debería indemnizar a las víctimas y a sus familiares. Aunque las autoridades no han arrestado a los responsables de los asesinatos de los trabajadores, el Gobierno no ha perdido el tiempo y ha detenido a 23 trabajadores mandándolos cinco meses a prisión sin fianza. Aunque fueron liberados el 30 de mayo de 2014, sus condenas conllevan sanciones como la prohibición de ejercer de dirigentes sindicales. No se ha investigado si los diez que fueron detenidos intervinieron en actos violentos o en daños a la propiedad. De hecho, algunos testigos declararon que uno de ellos, Vorn Pao, estuvo tratando de calmar la situación exhortando a la no violencia. La prisión sin fianza y las posteriores condenas y sentencias suspendidas constituyen graves violaciones de los derechos civiles y están políticamente motivadas. Por tanto, deberían ser anuladas. En Camboya prevalece la impunidad por la violencia contra dirigentes sindicales, permitiendo que se repitan los mismos crímenes. Debe haber justicia, y urge contar con un Poder Judicial independiente.

La miembro trabajadora de los Estados Unidos recordó que, a pesar de que hace tiempo que el Gobierno debía adoptar una nueva ley sindical a fin de cumplir el Convenio, la situación se estaba deteriorando peligrosamente en el país. Sin embargo, después de que circulara el primer proyecto de 2011 y que el movimiento sindical lograra eliminar ciertas restricciones a la libertad sindical, el proyecto se paralizó a comienzos de 2014. El Gobierno presentó recientemente un nuevo proyecto mucho peor que el desarrollado en 2011 en consulta con las organizaciones de trabajadores. El nuevo proyecto fue criticado por la OIT por, entre otras cosas: aumentar de 8 a 20 por ciento el número mínimo de miembros de la fuerza de trabajo para registrar un sindicato; dar a los tribunales amplios poderes para suspender o revocar el registro de un sindicato debido a una serie de infracciones; utilizar un lenguaje vago en cuanto a las sanciones contra sindicalistas; exigir calificaciones excesivas para ser dirigente sindical incluyendo requisitos de edad y de educación así como la ausencia de antecedentes penales; especificar los montos de las cuotas sindicales; regular en detalle la votación de la huelga, limitar la duración de los mandatos de los dirigentes sindicales, etc. Además, el nuevo proyecto sólo otorga derechos de negociación colectiva y de representación al sindicato más representativo o a la mayor federación restringiendo el derecho de los sindicatos minoritarios, lo cual es contrario al Convenio núm. 98. El Gobierno no ha podido dar soluciones a pesar de las preocupaciones planteadas por la OIT. Dado que es necesario adoptar una nueva ley sindical que esté en conformidad con los principios de la OIT para que exista un sistema de relaciones de trabajo sostenibles, el orador instó al Gobierno a tener en cuenta las opiniones expresadas en detalle por los sindicatos en relación con el proyecto de ley y a comprometerse constructivamente con la OIT.

El miembro gubernamental del Canadá manifestó gran preocupación por los informes sobre los casos de violencia, asesinatos, tortura e intimidación que se exponen en la observación de la Comisión de Expertos de 2013, y por los informes de 2014 sobre el uso excesivo de la fuerza en respuesta a las manifestaciones de trabajadores en Camboya, en particular los informes sobre la muerte de huelguistas que trabajaban en el sector de la confección. Recordó que los sindicalistas deben poder ejercer sus actividades en un entorno libre de cualquier intimidación o riesgo para su seguridad personal o la de sus familias, y que los trabajadores tienen derecho a participar en protestas pacíficas para defender sus intereses profesionales. El miembro gubernamental del Canadá instó a que se autorice la organización de manifestaciones pacíficas en condiciones de seguridad y sin temor a la intimidación, la detención o el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades camboyanas. Refiriéndose a la observación de la Comisión de Expertos relativa a la persistencia de una situación de impunidad, el Gobierno pidió que se investiguen los asesinatos, las muertes y otras formas de violencia contra los dirigentes sindicales, que se presente toda la información a tribunales imparciales y se sancione a los responsables. El Gobierno también pidió al Gobierno de Camboya que adopte medidas urgentes, en consulta estrecha con los interlocutores sociales y con la asistencia de la OIT, con el fin de asegurar la rápida adopción de la ley sindical. Por último, ante la falta de respuestas y memorias del Gobierno, pidió al Gobierno de Camboya que coopere plenamente con los mecanismos de control de la OIT y con los interlocutores sociales.

Un observador representando a la Confederación Sindical Internacional (CSI) subrayó que a las numerosas organizaciones sindicales existentes en Camboya no se las trata en pie de igualdad. A las que están controladas por el Gobierno, los partidos políticos o los empleadores se les da prioridad a la hora de su registro por el Ministerio y su reconocimiento por los empleadores, mientras que a los sindicatos independientes no se los registra durante meses y años y por tanto no pueden funcionar dentro de la legalidad. Tras congelar el registro de sindicatos a comienzos de 2014, el Gobierno endureció los requisitos, dificultando aún más su registro. En este contexto, el Comité Asesor del Trabajo que establece las nuevas políticas laborales, sólo está compuesto de sindicatos leales al Gobierno. La casi totalidad de la industria del vestido rechazó participar en la negociación colectiva con sindicatos independientes. Además, el orador declaró que éstos hacen frente continuamente a la discriminación antisindical y se refirió a casos examinados por el Consejo de Arbitraje donde, a pesar de los fallos favorables a los dirigentes sindicales despedidos, los empleadores jamás cumplen las órdenes de readmitirlos en el empleo. Por último, se manifestó preocupado por el uso reiterado del sistema judicial para intimidar a los sindicalistas independientes cuando defienden los derechos de los trabajadores.

El miembro gubernamental de los Países Bajos agradeció a la Comisión de Expertos su excelente informe y alentó al Gobierno a aplicar plenamente los convenios de la OIT, en particular el Convenio núm. 87. Al tiempo que manifestó su aprecio por el acuerdo alcanzado en relación con el establecimiento de la lista de 25 casos sometidos a la consideración de la Comisión, el orador subrayó la importancia de que las conclusiones sean coherentes y estén basadas en el consenso y pidió a todas las partes que se apoyen en los progresos alcanzados durante la preparación del Consejo de Administración de 2014. Subrayó una vez más el compromiso de su Gobierno con el sistema de control de la OIT, cuya eficacia y credibilidad son fundamentales para la Organización. Indicó su deseo de trabajar de manera constructiva para lograr mayores progresos que deberán alcanzarse en forma tripartita en la próxima sesión del Consejo de Administración.

La miembro trabajadora de Indonesia citó un informe de la OIT de 2013, del programa «Better Factories Cambodia», en el que se afirma que el 90 por ciento de las fábricas registradas recientemente que se examinaron clasificaban a todos los trabajadores como trabajadores con contratos de duración determinada (CDD). El uso de los CDD puede llevar a que los trabajadores no reciban todas las prestaciones establecidas por la ley. La decisión de la industria de la confección textil de pasar de contratos de duración ilimitada (CDI) a CDD ha creado una notable inseguridad en el empleo para muchos trabajadores y por tanto ha perjudicado las relaciones laborales. El efecto que se busca es evitar la creación de sindicatos y mermar el poder de los que ya existen. El cambio no ha tenido nada que ver con un descenso del número de trabajadores regulares a tiempo completo, sino que ha sido una decisión de la industria textil en su conjunto para reclasificar sencillamente a los trabajadores, con el objeto de intimidarlos y evitar que establezcan sindicatos independientes. El sistema incumple la legislación laboral nacional, aunque ya se permitía libremente en la práctica. Los trabajadores con CDD tienen menos derechos que los que poseen un CDI, en cuanto a vacaciones anuales pagadas, derechos por antigüedad y permiso por maternidad, por ejemplo. Asimismo, resulta mucho más fácil despedirlos. El paso a los CDD perjudica la libertad sindical y la negociación colectiva. Los trabajadores tienen razones para temer que no se renueven sus contratos si no obedecen a sus empleadores, o si se afilian a un sindicato. Si bien existe un Memorándum de Entendimiento que se alcanzó hace años entre la Asociación de Fabricantes Textiles de Camboya y varios sindicatos, que comprende el compromiso de abordar la cuestión, aún no se han iniciado las negociaciones.

La miembro gubernamental de los Estados Unidos recordó que, durante muchos años, los órganos de control de la OIT solicitaron sistemáticamente al Gobierno que pusiera fin a la situación de impunidad que prevalecía en relación con la violencia contra los dirigentes sindicales, para garantizar los derechos sindicales de los trabajadores y la independencia y eficacia del sistema judicial, y para adoptar, previa consulta plena con los interlocutores sociales, una ley sindical que garantice plenamente los derechos comprendidos en el Convenio núm. 87. Sin embargo, en el último año, la situación de Camboya empeoró y las condiciones de trabajo se deterioraron de manera significativa. Los salarios en el sector de la confección siguieron descendiendo, lo que dio lugar a disturbios laborales, falta de contención adecuada por parte del Gobierno para enfrentar tales disturbios, y condujo a un colapso general en las relaciones laborales del país. La oradora destacó que, a pesar de la liberación, la semana anterior, de algunos activistas laborales con sentencias sospechosas, sigue preocupada por su detención, en primer lugar, así como por las irregularidades de sus juicios, sus condenas y la continua amenaza de prisión. Instó al Gobierno a que se realizara una investigación independiente de los fallecimientos, las agresiones y los arrestos de trabajadores durante las protestas de enero. El miembro gubernamental también expresó su preocupación por los evidentes esfuerzos concertados de algunos empleadores para iniciar acciones legales contra los dirigentes de sindicatos independientes y por la posible injerencia en la actividad sindical. Sólo puede ejercerse la libertad sindical en un clima que esté exento de violencia, de presiones y de amenazas de cualquier tipo. La oradora instó al Gobierno a adoptar y aplicar una ley sindical que esté plenamente de conformidad con las normas internacionales y que se base en un diálogo transparente y significativo con todos los interlocutores sociales, así como con la OIT. Parece que el Gobierno está desatendiendo las recomendaciones de la OIT respecto de su proyecto de ley sindical y está yendo en la dirección equivocada en relación con varias disposiciones determinantes. Asimismo, instó al Gobierno a que haga público el proyecto y a que se comprometa en un proceso consultivo con los interlocutores sociales antes de su presentación al Parlamento. Por último, alentó al Gobierno a que intensifique su cooperación con los órganos de control de la OIT y a que acepte la asistencia técnica de la OIT, con miras a armonizar la legislación y la práctica nacionales con el Convenio núm. 87. Esto podría ser decisivo para la promoción de la paz laboral y para abordar las causas subyacentes en los conflictos laborales en curso en Camboya.

El representante gubernamental indicó que el Gobierno tomó nota de todos los comentarios constructivos efectuados durante la discusión. También habría que tomar nota de todas las recomendaciones formuladas por el Comité de Libertad Sindical. El Gobierno debería finalizar, en estrecha cooperación con todas las partes interesadas y con la asistencia técnica de la Oficina, el proyecto de ley relativo a los sindicatos, lo que garantizaría el derecho de sindicación y la libertad de asociación de conformidad con las normas internacionales pertinentes. La información relativa a todo progreso realizado en estos ámbitos debería comunicarse a la Comisión de manera oportuna.

Los miembros empleadores acogieron con agrado los comentarios de los gobiernos, los trabajadores y los miembros empleadores. El Gobierno ha tomado medidas para resolver la situación de la independencia y la eficacia del sistema judicial, en particular adoptando proyectos de ley en la Asamblea Nacional de: 1) la Ley sobre la Organización Judicial, 2) la Ley sobre la Organización y el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y 3) la Ley sobre el Estatuto de Jueces y Fiscales. Esto constituye un primer paso importante. El Gobierno también ha establecido un Consejo de Coordinación Interministerial, que cuenta con la participación de los interlocutores sociales, para tratar cuestiones relacionadas con los requisitos en materia de presentación de memorias por el Gobierno en virtud del Convenio núm. 87. Se trata de dos esferas en las que la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno, en 2013, que tomase medidas inmediatas. El Gobierno debe proporcionar a la Oficina una memoria completa sobre las medidas adoptadas y los avances realizados en la materia. Además, hay negociaciones tripartitas en curso sobre un proyecto de ley de sindicatos, y si bien la ley ha sido motivo de preocupación, es importante que se finalice el proceso consultivo tripartito antes de que la Comisión se pronuncie al respecto de la adecuación de la legislación. El Gobierno debe presentar una memoria a la Oficina una vez que terminen las negociaciones. Además, el Gobierno debe colaborar con los interlocutores sociales para garantizar que se acabe con la violencia y el acoso, que los miembros empleadores condenan. Asimismo, volvieron a instar al Gobierno a hacer uso de la asistencia técnica de la OIT para cumplir con sus obligaciones en cuanto al envío de memorias, de modo que la Comisión de Expertos tenga una idea más precisa de los avances o la falta de éstos. En las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, se deberá reconocer las áreas en las que se ha progresado y destacar en qué campo es preciso avanzar más y tomar más medidas. Las conclusiones deben reflejar que la Comisión no ha abordado el derecho de huelga en este caso porque los miembros empleadores no están de acuerdo en que el derecho de huelga esté contemplado en el Convenio núm. 87.

Los miembros trabajadores indicaron que de la discusión anterior y la actual se desprende con claridad que en este caso siguen sin abordarse cuestiones muy graves. Sindicatos mundiales y marcas internacionales están tratando de ocuparse de cuestiones laborales en el sector del vestido, que es el mayor, pero no el único en el que se niega la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, puesto que la mayor parte de los trabajadores camboyanos trabajan en otros sectores como el de los productos agrícolas, el azúcar y el caucho. La OIT debe desempeñar un papel mucho mayor en Camboya para encontrar soluciones que conduzcan a la sostenibilidad de los empleos y de la economía. Mientras que los trabajadores camboyanos desean dialogar de buena fe con el Gobierno, la respuesta de éste es la profundización del autoritarismo. Los miembros trabajadores están muy preocupados por esto. Exhortan al Gobierno a que lleve a cabo investigaciones independientes sobre los muertos y heridos en las protestas de enero de 2014 y el asesinato de sindicalistas y que enjuicie a los autores; que anule las sentencias dictadas contra 25 personas el 30 de mayo de 2013; que vele por que los trabajadores puedan registrarse libremente en sindicatos sin ningún requisito previo; que vele por que los trabajadores que fueron despedidos por sus actividades sindicales legítimas sean readmitidos en su puesto e indemnizados; que garantice la libertad de asamblea y de expresión; que vuelva a redactar el actual proyecto de ley sobre los sindicatos en consulta con sindicatos independientes y a la luz de las observaciones de los órganos de control de la OIT; y que consulte con la sociedad civil en relación con la nueva propuesta de legislación sobre el sistema judicial. También exhortan a la OIT a que facilite un debate sobre los contratos a plazo fijo y su repercusión en la libertad sindical en Camboya y a que envíe una misión tripartita de alto nivel lo antes posible habida cuenta de la gravedad de las violaciones y de la ausencia de progresos en la situación. Por último, solicitaron que las conclusiones de la Comisión se coloquen en un párrafo especial.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2013, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Un representante gubernamental, refiriéndose al caso de Chea Vichea, Hy Vuthy y Ros Sovannareth (Comité de Libertad Sindical, caso núm. 2318), indicó que el Primer Ministro ha emitido recientemente una orden (carta núm. 397 del 6 de marzo de 2013) por la que establece un Comité de Coordinación con el mandato exclusivo de coordinar los ministerios encargados de responder a las cuestiones relacionadas con el caso núm. 2318. Además, el Primer Ministro ha emitido una segunda orden (carta núm. 1080 del 6 de junio de 2013) por la que se establece un comité permanente, que incluirá a todos los interlocutores sociales y los 20 ministerios diferentes y que tendrá por mandato desarrollar la política nacional de empleo y responder a todas las cuestiones planteadas por la OIT. Las dos órdenes se traducirán y presentarán a la Comisión de Expertos oportunamente. En cuanto a las cuestiones relativas a la libertad sindical, su Gobierno respetó los principios que subyacen al Convenio y la legislación laboral de Camboya da pleno efecto a estas disposiciones. Las organizaciones profesionales de empleadores y trabajadores pueden organizarse libremente y ejercer sus derechos. Hasta la fecha, hay 12 cámaras sindicales, 76 federaciones sindicales y 2 765 sindicatos a nivel de empresa, en especial en el sector textil y del calzado, que comprende a 460 empresas. Además, las organizaciones de trabajadores desempeñan un papel crucial en la elaboración de la legislación nacional y participan activamente en debates sobre cuestiones laborales. En este esfuerzo por abordar una serie de problemas relacionados con las relaciones laborales y reforzar el diálogo social, el Gobierno ha establecido un comité tripartito para supervisar las huelgas, otro comité tripartito sobre contratos laborales y un comité tripartito sobre salarios mínimos. Estos tres comités tripartitos se componen de representantes de los empleadores y los trabajadores que han sido elegidos libremente por sus respectivas organizaciones.

Además, el orador recordó que se ha elaborado una nueva ley sobre los sindicatos con la participación activa de los interlocutores sociales y con la asistencia técnica de la Oficina. El nuevo proyecto de legislación está siendo examinado actualmente por el Consejo de Abogados del Consejo de Ministros. En cuanto reciba el proyecto de ley finalizado, el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional la remitirá a la Comisión de Expertos. Por otra parte, se ha encargado al Ministerio de Justicia que elabore una ley sobre tribunales laborales en consulta con todos los interlocutores sociales, conforme a la práctica establecida. Respecto de la independencia del sistema judicial y la obligación del Gobierno de presentar memorias sobre las leyes elaboradas recientemente, como la ley anticorrupción, el orador indicó que uno de los comités establecidos mencionado anteriormente asumirá la responsabilidad de responder a las solicitudes de la Comisión de Expertos, probablemente después de las elecciones generales de julio de 2013 y en cuanto se haya familiarizado con los procedimientos de la OIT, en particular con la labor de los órganos de control; asimismo, el orador pidió a la Oficina que brinde asistencia y formación al respecto. Además, el Gobierno ha designado un agregado laboral para la misión diplomática de Camboya en Ginebra, que facilitará la comunicación y el diálogo entre la Oficina y los organismos competentes de Camboya. Finalmente, el representante gubernamental declaró que se han realizado avances considerables a lo largo de los años, pero que a medida que cambia el mercado laboral y se diversifican las relaciones laborales, es preciso seguir respondiendo a las necesidades de los empleadores y los trabajadores mediante una legislación y un diálogo social apropiados.

Los miembros trabajadores subrayaron que, ya en las conclusiones de 2007 y 2011, esta Comisión hizo alusión a los asesinatos de sindicalistas, al acoso, a la detención y las desapariciones de dirigentes sindicales, a la falta de eficacia y de independencia de la justicia y al clima de impunidad. Desde 2003, la Comisión de Expertos utiliza los mismos términos en las observaciones que formula al Gobierno. En su última observación subraya que los asesinatos de los sindicalistas Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy siguen sin aclararse; ello plantea nuevamente la cuestión del funcionamiento eficaz e independiente de la justicia, y del clima de impunidad. Pese a que se pidió al Gobierno que adoptara medidas concretas a este respecto, y, en particular, que aprobara cuanto antes el proyecto de ley sobre el estatus de los jueces y de los fiscales, y la ley sobre el funcionamiento de los tribunales, y que los comunicara, hasta el momento no ha habido ningún avance. En relación con el acoso de que son objeto los miembros de la Asociación Independiente del Personal Docente de Camboya (CITA), esta situación ilustra el problema más general de los sindicatos de la función pública, los cuales quedan al margen de la cobertura del proyecto de ley sobre los sindicatos, y que son considerados como meras asociaciones. Además, al igual que en muchos países, en Camboya, el recurso a contratos temporarios y la proliferación de contratos de corta duración perjudica, directa o indirectamente, la posibilidad de que los trabajadores se afilien a un sindicato, pese a que todos los trabajadores, sin distinción alguna, deben tener la posibilidad de afiliarse al sindicato de su elección. Los miembros trabajadores subrayaron que todos estos problemas se agravan aún más en el sector textil, un sector esencial de la economía de Camboya, que representa el 80 por ciento de las exportaciones nacionales. Aunque se trata de trabajadores calificados, la remuneración y las condiciones de trabajo son deficientes, y los trabajadores están sometidos a extrema presión. Las empresas que imponen estas condiciones son empresas subcontratistas de grandes marcas de prestigio mundial, que no se preocupan por estas prácticas. De hecho, hay una clara vinculación entre el respeto de las condiciones de trabajo decente y el ejercicio de la libertad sindical en una empresa. El clima de violencia y de corrupción dificulta la labor de los sindicatos, y quienes sufren las consecuencias son los trabajadores. Un movimiento sindical libre y un clima desprovisto de violencia, de presiones o amenazas es esencial para que los interlocutores sociales puedan mantener un diálogo productivo que les permita garantizar condiciones de trabajo conformes a las normas de la OIT. La detención de sindicalistas por motivos relacionados con las actividades de defensa de los trabajadores constituye una grave violación de las libertades públicas en general y de las libertades sindicales en particular. Los intereses económicos importantes relacionados con la industria textil gozarán de mucha más protección si se garantiza la libertad sindical.

Los miembros empleadores señalaron que este caso representa un reto para la Comisión ya que, a pesar de las siete observaciones formuladas por la Comisión de Expertos desde 2007, una misión de contactos directos en 2008, una doble nota al pie de página en 2010 y una discusión en la Conferencia en 2011, son pocos los progresos alcanzados. En 2009 se adoptó una ley de manifestaciones pacíficas que parece ser incompatible con las disposiciones del Convenio. Las cuestiones como el clima de impunidad, el contexto de violencia hacia los dirigentes sindicales y la falta de independencia del Poder Judicial siguen sin resolverse. Los trabajadores siguen denunciando actos de violencia y de acoso en su contra, y que aún no existen tribunales del trabajo y que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya ha recomendado que se tomen medidas para mejorar la independencia del Poder Judicial. Los miembros empleadores saludaron las indicaciones del Gobierno de que se ha adoptado una ley contra la corrupción y que se estableció una unidad para combatir la corrupción, y pidieron al Gobierno que facilite información sobre la composición y el mandato de dicha unidad, junto con una copia de la ley, de tal forma que la Comisión de Expertos pueda entender mejor esas nuevas medidas. Además, los miembros empleadores urgieron al Gobierno a que, en su próxima memoria, proporcione información sobre todo avance realizado en relación con la creación de los tribunales de trabajo. También urgieron al Gobierno a que adopte medidas para garantizar la independencia y eficacia del sistema judicial con carácter urgente, y a adoptar sin demora la propuesta de ley sobre el estatuto de jueces y fiscales y la ley de organización y funcionamiento de los tribunales. Los miembros empleadores lamentaron el silencio del Gobierno con respecto a las observaciones sobre las violaciones de los derechos sindicales, en particular los alegatos sobre graves actos de violencia y acoso de sindicalistas, y pidieron que el Gobierno comunique sus observaciones sobre esa cuestión. También urgieron al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos en estrecha consulta con los interlocutores sociales y a que solicite la asistencia de la OIT para asegurar que el proyecto final de ley sobre libertad sindical y sindicatos esté en plena conformidad con las disposiciones del Convenio. Los miembros empleadores insistieron en que el Gobierno debe avanzar y aprovechar las medidas adoptadas para realizar progresos tanto en la legislación como en la práctica.

El miembro trabajador de Camboya se refirió en primer lugar al uso de los contratos de corta duración o a los contratos de duración determinada (FDC’s), y declaró que casi el 60 por ciento de los empleadores utilizaban subcontratistas y contratos de corta duración para impedir la creación de sindicatos en sus empresas y, de esta manera, socavar el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva. Además, los trabajadores que tienen contratos de corta duración, con frecuencia, tienen condiciones de trabajo menos favorables, tales como salarios más bajos y beneficios de seguridad social limitados. Con respecto al asesinato de los dirigentes sindicales, el orador recordó que los autores del asesinato de Chea Vichea, Ros Sovanareth y Hy Vuthy en 2004 todavía no han sido identificados. En otro incidente, el Gobernador Chhouk Bandith disparó e hirió gravemente a tres mujeres trabajadoras huelguistas en febrero de 2012, y no ha sido procesado debido a la reticencia de las autoridades judiciales para investigar el caso en forma correcta. En consecuencia, se necesitan medidas efectivas para investigar los asesinatos, procesar a los autores de los mismos con toda la fuerza de la ley y que se imparta justicia. El orador se refirió también a la violencia y a las amenazas contra los dirigentes sindicales y los sindicalistas, como sucede regularmente, que se contrata a personas para atacar a los dirigentes sindicales y a los miembros de los sindicatos independientes. En 2013, hubo un ataque criminal de este tipo en contra de los dirigentes de la Coalición Sindical Democrática de los Trabajadores de la Confección de Camboya (CCAWDU). Por otra parte, el número de dirigentes sindicales despedidos aumentó de 40 en 2010, a 45 en 2011, y 116 en 2012. La Cuestión del registro de los sindicatos resulta preocupante dado que los sindicatos que desean registrarse en el Ministerio del Trabajo, primero deben anunciarlo a la empresa, mientras el Ministerio del Trabajo con frecuencia retrasa el suministro del certificado de registro y de este modo, impide que el sindicato funcione en forma adecuada. Por otra parte, los partidos políticos y los empleadores ocasionalmente intentan crear sindicatos que no pueden considerarse como independientes, lo que viola claramente el artículo 3 del Convenio. En lo que respecta al proyecto de ley de sindicatos, se necesitan mejoras puesto que el proyecto de legislación no cubre a los trabajadores del sector público (funcionarios públicos, profesores, policía, trabajadores del transporte marítimo y aéreo, jueces) y trabajadores domésticos. El orador también mencionó el tema de las normas precarias de seguridad y salud en el trabajo, incluida la ventilación insuficiente y las condiciones peligrosas de trabajo que, con frecuencia, terminan en accidentes trágicos y pérdidas de vidas.

La miembro empleadora de Camboya declaró que la libertad sindical y el derecho de sindicación se ejercen plenamente en Camboya. Asimismo, refutó y consideró falsa la referencia en el informe de la Comisión de Expertos a un «persistente clima de violencia e intimidación contra los afiliados sindicales». La libertad sindical está consagrada en el artículo 36 de la Constitución y en los artículos 266 a 278 del capítulo 11 de la Ley del Trabajo. Además, dicha ley no exige un número mínimo de trabajadores para establecer un sindicato, por lo que una empresa puede tener más de un sindicato, a veces inclusive existen diez. Recordando la discusión de la Comisión en 2011, señaló que, pese al difícil entorno económico, se siguen registrando avances y se da respuesta a varias prioridades desde examinar la legislación laboral hasta ocuparse del número creciente de huelgas, establecer centros de arbitraje comerciales, ampliar los programas de seguridad social, diversificar la estrategia económica, centrarse en la política de empleo y promover el funcionamiento de la nueva unidad para combatir la corrupción. A juicio de la oradora, en Camboya, los sindicatos no sólo son libres sino que también prosperan: 2 765 sindicatos y 76 federaciones sindicales inscritas en 2012, lo que equivale a un aumento del 60 y el 90 por ciento respectivamente en comparación con las cifras de 2011. En cuanto a las estadísticas sobre huelgas en el sector de la confección, la oradora indicó que, en 2012, el número de huelgas aumentó un 255 por ciento en comparación con 2011, mientras que en el período de enero a marzo de 2013 se registró un incremento de las huelgas del 25 por ciento respecto del mismo período en 2012. Desde el punto de vista de un empleador, el verdadero problema radica en la diversidad de sindicatos y el carácter violento de las demostraciones, los indicios de un entorno emergente de relaciones laborales y un movimiento sindical incipiente que necesita madurez, consolidación y más cohesión. En relación con las obligaciones del Gobierno de presentar memorias, la oradora saludó el establecimiento del nuevo grupo de trabajo interministerial que congrega a los ministerios pertinentes que intervienen en la presentación de memorias, lo que brindará una gran asistencia para recopilar y transmitir información en tiempo oportuno. La asistencia de la OIT para la capacitación del grupo mencionado contribuirá a que los representantes de las instituciones que hacen parte del grupo puedan cumplir con sus obligaciones. En cuanto a los alegatos sobre los FDC’s, la oradora opinó que las cuestiones relativas a los contratos de empleo se están descontextualizando para impulsar una agenda de libertad sindical. Tanto los empleadores como los sindicatos convinieron en que es necesario observar el entorno económico cambiante y los problemas derivados de los FDC’s sin exagerar su importancia ni crear un perfil inapropiado del clima de inversiones de Camboya. En cuanto a la próxima adopción de la ley sobre los sindicatos, la oradora declaró que la nueva legislación se inició y elaboró mediante un auténtico proceso tripartito y, por lo tanto, no constituye una grave violación del Convenio que se ha de discutir en el seno de esta Comisión. Al invocar el proyecto de ley sobre los sindicatos para sugerir que no existe libertad sindical en Camboya, se corre el riesgo de socavar esta progresión legislativa realmente tripartita e innovadora. Con respecto a la muerte de afiliados sindicales, reconoció la gravedad del asunto, pero confió en que se seguirá el debido proceso para investigar e impartir justicia en estos casos. Reconociendo los desafíos pendientes, la oradora expresó la esperanza de que la OIT siga apoyando a los interlocutores sociales de Camboya en sus esfuerzos por seguir reforzando los sistemas y mecanismos de relaciones laborales.

Una observadora representando a la Internacional de la Educación (IE) se mostró de acuerdo con los comentarios previos de la Comisión de Expertos en el sentido de que el proyecto de ley salva los sindicatos que no está en conformidad con este Convenio ni el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Al tiempo que recordó que esta Comisión llegó a la conclusión en 2011 de que el Gobierno debía intensificar sus esfuerzos, en plena consulta con los interlocutores sociales y con la asistencia de la OIT, la oradora lamentó que el proyecto final de ley sobre los sindicatos siga sin finalizarse. Aunque el proyecto de ley, que se presentó en 2011, aborda algunas de las observaciones de la Comisión de Expertos, aún no queda claro en qué medida se ha modificado desde entonces. La continua exclusión de los funcionarios, y en especial de los profesores, del ámbito de aplicación del proyecto de la ley sobre sindicatos sigue constituyendo un problema fundamental. El Gobierno ha rechazado una vez más registrar a la Confederación de Sindicatos de Camboya (CCU) como confederación de sindicatos porque la mayor parte de sus afiliados son profesores, lo cual ilustra el incumplimiento del Convenio por parte del Gobierno. A los sindicatos del sector público aún se les niegan sus derechos sindicales y tienen que acogerse a la Ley sobre Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales, que también es fuente de dificultades. La OIT ha brindado asistencia técnica, pero aun así el Gobierno no demuestra querer avanzar sobre estas cuestiones. La oradora dirigió un llamamiento al Gobierno a centrarse en la ley sobre los sindicatos, a garantizar que se cumplen con las normas internacionales del trabajo, cubriendo inclusive a los funcionarios, y a que se adopte sin demora.

El miembro trabajador de Indonesia se refirió al aumento espectacular de la utilización de contratos de duración determinada (FDC’s), en particular en el sector de la confección, que ha generado una importante inseguridad del empleo, dañado las relaciones laborales, y ha contribuido a un incremento de las huelgas en las fábricas desde 2005 y ha menoscabado el poder de los sindicatos existentes. En la mayoría de los casos, la duración de los FDC’s es inferior a tres meses y los trabajadores temen que sus contratos no se renueven si participan en actividades sindicales o se afilian a un sindicato. La estrategia del Gobierno de competir en los mercados internacionales utilizando trabajadores con FDC’s y diversos tipos de contratos de trabajo precario no puede sino engendrar vulnerabilidad económica y política. Numerosas fábricas de prendas de vestir ahora tienen sólo mano de obra con contratos de corta duración (FDC’s) repetidamente renovados, lo que según la oradora, contraviene las disposiciones de la legislación laboral, en particular el artículo 67 de la Ley del Trabajo de 1997, que limita la duración de los contratos de trabajo temporales individuales a dos años. El Consejo de Arbitraje dictaminó que esta disposición imponía un límite de dos años a la renovación de los contratos de duración determinada, que los fabricantes de prendas de vestir han ignorado. En la práctica, el cambio de contratos de duración indeterminada (UDC’s) a FDC’s menoscaba la libertad sindical y la negociación colectiva. Los contratos de corta duración no conceden tiempo suficiente para crear un sindicato ni para designar o formar a dirigentes sindicales, lo que tiene serias repercusiones en la eficacia de la cúpula dirigente y la capacidad del sindicato de impulsar cambios en el lugar de trabajo. Además, la legislación laboral exige que los dirigentes sindicales tengan un año de antigüedad en la fábrica, lo que es difícil acumular con contratos de duración determinada. Varias fábricas textiles han convertido la mayoría, si no todos, sus contratos de duración indeterminada en contratos de duración determinada utilizando toda una serie de tácticas como la del falso cierre de la fábrica, que permite volverla a abrir inmediatamente después con otro nombre y «volver a contratar» a sus trabajadores con contratos de duración determinada (FDC’s).

La miembro trabajadora de Suecia, haciendo uso de la palabra en nombre de los miembros trabajadores de otros sindicatos nórdicos, indicó que la discriminación antisindical en Camboya sigue siendo un problema grave y que los trabajadores despedidos a causa de sus actividades sindicales raramente tienen la posibilidad de hacer uso de recursos efectivos. Actualmente, a falta de un tribunal laboral, el Consejo de Arbitraje sigue siendo el único mecanismo para la resolución de controversias laborales. El Consejo resuelve dichos conflictos con transparencia y equilibrio, pero sus decisiones no son vinculantes, y su existencia se ve amenazada por la escasa financiación. Hay muchos ejemplos de empleadores que discriminan por razones de afiliación sindical y que sencillamente ignoran impunemente las decisiones del Consejo. Por lo tanto, los sindicatos y los trabajadores de Camboya necesitan un recurso efectivo contra la discriminación antisindical. Pese a todos sus méritos, el Consejo de Arbitraje es ignorado sistemáticamente; así pues, los trabajadores deben enfrentar procedimientos judiciales prolongados y costosos, o recurrir a manifestaciones en las calles para defender sus derechos.

El miembro trabajador de Filipinas declaró que la libertad sindical sólo puede ejercerse en un clima desprovisto de violencia, y de presiones o de amenazas de cualquier índole contra los dirigentes y afiliados sindicales, lo cual no es el caso en Camboya. El orador describió detalladamente dos casos, que ilustran las condiciones de intimidación, acoso y violencia a las que se enfrentan los trabajadores en Camboya. En el primer caso, el 20 de febrero de 2012, el Gobernador Chhouk Bandith disparó contra un grupo de trabajadoras en huelga, hiriéndolas gravemente. Se le acusó en abril de 2012 de «lesiones involuntarias», a pesar de la prueba irrefutable que constituía el testimonio de más de una docena de testigos que indicaron claramente que había sido un acto intencionado. El caso se ha vuelto a abrir, pero las víctimas, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos se muestran muy escépticas sobre la posibilidad de que se realice una investigación imparcial. En el segundo caso están implicados dos individuos, Born Samnang y Sok Sam Oeun, a los que se acusó en 2005 del asesinato del líder sindical Chea Vichea, el entonces Presidente del Sindicato Libre de Camboya (FTU). A pesar de las preocupaciones por la falta de un juicio imparcial y la ausencia de pruebas y una orden de instrucción de un nuevo juicio del Tribunal Supremo, la Corte de Apelaciones confirmó el veredicto original. Las autoridades de Camboya deberían emprender una investigación completa, independiente e imparcial de estos casos. Desde la muerte de Chea Vichea, otros dos activistas del FTU han sido asesinados en Phnom Penh, hechos que se suman a la larga serie de actos injustificables contra las libertades civiles y los derechos sindicales.

El representante gubernamental agradeció los comentarios formulados por el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores en los que se reflejaron los esfuerzos realizados por el Gobierno para aplicar las disposiciones de la legislación de Camboya y del Convenio. A efectos de fomentar la libertad sindical, el Gobierno ofrece a todos los trabajadores la posibilidad de afiliarse libremente a un sindicato y de ejercer sus derechos. Indicó que, a la fecha, existen 12 cámaras sindicales, 76 federaciones sindicales y 2 765 sindicatos de empresa. Tan sólo en el 2012, se registraron 74 convenios colectivos ante el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional. Señaló que los sindicatos han desempeñado una función primordial en la elaboración de la legislación nacional y en varios debates sobre asuntos laborales. Los representantes sindicales han sido incorporados en el Comité establecido el 6 de junio de 2013 que tiene como mandato la coordinación y elaboración de la política en materia de empleo en Camboya y la respuesta a las preguntas planteadas por la OIT. El representante gubernamental lamentó que algunos de los comentarios formulados no reflejaran correctamente la situación en Camboya y no reconocieran los esfuerzos realizados para seguir aplicando satisfactoriamente las disposiciones de la legislación laboral de Camboya de conformidad con el Convenio. Subrayó que el Gobierno sigue respondiendo a las necesidades de los empleadores y de los trabajadores, así como del entorno industrial cambiante. Indicó que sin perjuicio de los progresos significativos realizados en los últimos años, el Gobierno está consciente de la necesidad de seguir desarrollando sus leyes y reglamentos con el fin de fortalecer la base ya sólida del diálogo social.

Los miembros trabajadores declararon que, a efectos de remediar los incumplimientos señalados en materia de libertad sindical y de protección del derecho sindical, el Gobierno debe, sin demora: i) adoptar, antes del final del año 2013, una ley sobre los sindicatos conforme al Convenio que cubra a todos los trabajadores de los sectores público y privado, cualquiera sea su tipo de contrato (permanente, temporal, a tiempo parcial o a tiempo completo), en consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores y con la asistencia técnica de la OIT, si necesario; ii) asegurarse de que los responsables de los actos de violencia contra los sindicalistas y los trabajadores sean procesados y sancionados por la justicia rápidamente y de manera transparente; iii) convocar un comité tripartito que se comprometa a encontrar un acuerdo sobre los contratos temporales en un plazo de seis meses; y iv) garantizar el financiamiento del Consejo de Arbitraje y concederle la potestad de adoptar decisiones vinculantes.

Los miembros empleadores expresaron su deseo de que sus comentarios sobre las deficiencias de la actuación del Gobierno, formulados en la apertura de este caso, constaran en las conclusiones. Indicaron, que a su juicio, los cuatro grandes ámbitos de este caso que requieren la acción inmediata del Gobierno pueden resumirse de la siguiente manera: el silencio gubernamental con respecto a la situación relativa a la libertad sindical; la independencia y eficacia del sistema judicial; la adopción de la ley de lucha contra la corrupción y de su plan estratégico quinquenal, la creación de la unidad de lucha contra la corrupción, y la participación de los interlocutores sociales. Los miembros empleadores alentaron al Gobierno a adoptar una ley que aborde la cuestión de la libertad sindical y a que prohíba la violencia contra los trabajadores. Urgieron al Gobierno a garantizar la independencia y eficacia del sistema judicial, centrándose en particular en las medidas de creación de capacidad y de salvaguardias contra la corrupción. Al respecto, urgieron también al Gobierno a que adopte sin tardanza la propuesta de ley sobre el estatuto de jueces y fiscales, la ley sobre la organización y el funcionamiento de los tribunales, y medidas para asegurar su plena aplicación. Pidieron al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados y, en particular, respecto de cualquier medida adoptada para establecer tribunales de trabajo. Por otra parte, alentaron al Gobierno a facilitar información sobre el mandato de la institución de lucha contra la corrupción y sus actividades junto con un ejemplar de la ley, del plan estratégico y de cualquier otro documento pertinente. Los miembros empleadores indicaron que, si bien algunas de las medidas adoptadas como la consulta por el Gobierno de los interlocutores sociales con respecto al proyecto de ley de sindicatos les parecen alentadoras, es importante seguir haciendo participar a los interlocutores sociales en las medidas destinadas a asegurar el cumplimiento del Convenio, tanto en la legislación y en la práctica. Los miembros empleadores expresaron la esperanza de que puedan constatarse avances en cada uno de los ámbitos mencionados.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2011, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Un representante gubernamental declaró que el Gobierno, en el marco de la fase dos de la «Estrategia Rectangular» para la promoción del desarrollo, el empleo, la equidad y la eficiencia, definió «el sector privado de desarrollo y empleo» como una fuerza estratégica de creación de puestos de trabajo, mejora de las condiciones de trabajo y crecimiento económico. El movimiento sindical había crecido exponencialmente y en paralelo al crecimiento de la industria textil, hotelera y turística. El Gobierno está firmemente empeñado, dentro del marco de la Estrategia, en alcanzar el objetivo de la eficiencia y la protección de los derechos sindicales y la libertad y dignidad de las personas. La reforma legislativa y judicial constituye un elemento esencial de la Estrategia, que incluye el fortalecimiento de la función judicial en lo que atañe al cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo, entre otros, el de la libertad sindical y el de la negociación colectiva, así como la formación en relaciones laborales. Con respecto a la investigación de los tres casos relativos a los asesinatos de los antiguos dirigentes sindicales, el Gobierno declaró que no dispone de ninguna información actualizada desde que el Tribunal Supremo puso en libertad bajo fianza a los dos imputados. El Gobierno suministrará información a la OIT en cuanto se produzcan novedades al respecto. En el marco de unas relaciones laborales inmaduras en el país y del crecimiento de la industria textil, así como del número de sindicatos y conflictos laborales, el Gobierno, con la ayuda de la OIT, ha establecido el Consejo de Arbitraje mediante el cual se resuelven pacíficamente los conflictos de trabajo. Como consecuencia de ello, en los últimos tres años, el número de huelgas ha disminuido a la mitad. El Gobierno prepara activamente un proyecto de ley sobre sindicatos, con el que espera garantizar el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva de los trabajadores. El proyecto de ley fomentará también la negociación colectiva mediante la armonización de las normas para la certificación de los sindicatos con el estatuto más representativo y el sindicato minoritario, creando el marco legal para un convenio colectivo y especificando cuáles son las prácticas laborales injustas tanto por parte de los empleadores como de los trabajadores. El orador expresó su confianza en que la Comisión seguirá cooperando con el Gobierno para mejorar las relaciones laborales y aplicar la libertad sindical mediante la creación de capacidades institucionales.

Los miembros trabajadores hicieron hincapié en que reina un clima general de represión de las actividades sindicales en Camboya. Este clima incluye el acoso a los sindicatos, la intimidación y despidos de sindicalistas y medidas discriminatorias contra los sindicatos libres. El informe de la Comisión de Expertos también da cuenta de las denuncias de violencia policial, las agresiones y asesinatos de sindicalistas. El informe menciona los nombres de los sindicalistas asesinados y los autores de estos hechos nunca han sido castigados. La Comisión de Expertos ha solicitado información específica al Gobierno, que no se ha presentado todavía. En general, se deben tomar medidas para garantizar la independencia y la eficacia del sistema judicial. Este punto ha sido observado no sólo por el Comité de Expertos, sino también por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya. Por otra parte, el Gobierno anunció la próxima votación de una ley sobre el tribunal laboral y una ley de sindicatos, la cual ha sido también enviada a la OIT y por la cual ha recibido asistencia técnica de la Oficina. En cuanto al tribunal laboral, Camboya tiene un procedimiento de conformidad con la ley laboral conocida como el Consejo de Arbitraje. Los miembros trabajadores, aunque no niegan la utilidad de tal procedimiento, constatan que no puede sustituir a una verdadera instancia judicial. Por otra parte, consideran que los empleadores, especialmente en los casos de discriminación sindical, a menudo deciden no hacer cumplir los laudos arbitrales. En cuanto a la ley de sindicatos, esta última siempre debe ser discutida con todos los interlocutores sociales. Pero de acuerdo con la información de los miembros trabajadores, el diálogo es entre el Gobierno y los empleadores del sector privado, los trabajadores sólo tienen la condición de observadores. También parece que esta ley tiene algunos problemas de conformidad con el Convenio. De ahí la necesidad de consultar con los sindicatos antes de continuar con este proyecto de ley.

Los miembros empleadores expresaron su decepción por la declaración del Gobierno, que ha demostrado que ninguna acción significativa ha sido tomada y que no se ha proporcionado ninguna información nueva. Tenían la impresión que se encontraban ante la misma discusión que el año pasado. Indicaron que ésta era la quinta vez que se discutía este grave caso que involucra la violación de las libertades civiles, asesinatos de sindicalistas, amenazas de muerte, clima de impunidad, represión y falta de derecho sindical. Fue un caso de doble nota al pie de página el año pasado. Después de las observaciones de la Comisión de Expertos en 2007 y 2008 y la misión de contactos directos en 2008, la Ley de Manifestaciones Pacífica se adoptó en 2009, pero esta ley viola el Convenio núm. 87 y tiene que ser rectificada. Lamentaron que no se hayan hecho progresos en el ámbito de la libertad sindical y el derecho de sindicación. La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha informado sobre los actos de violencia y hostigamiento contra los sindicalistas. El Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC) sigue luchando para ser reconocido por el Gobierno como un interlocutor social válido. Las investigaciones sobre el asesinato de dirigentes sindicales son insuficientes. Aún no se ha establecido un tribunal de trabajo funcional. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya ha recomendado que se adopten medidas para aumentar la independencia y la eficacia del poder judicial. En resumen, se trata de un caso de «letra muerta» en el que no puede hablarse solamente de progresos. Hicieron hincapié, por lo tanto, en que debía proporcionarse asistencia técnica al Gobierno.

La miembro empleadora de Camboya opinó que los progresos alcanzados desde la ratificación del Convenio en 1999 eran notables en varios aspectos. Según el registro del Ministerio de Trabajo y Formación Profesional, en 2010 se habían inscrito 1.725 sindicatos, 41 federaciones de sindicatos, 7 confederaciones de sindicatos de todos los sectores industriales, y una alianza sindical nacional de Camboya. Del 80 al 90 por ciento de los sindicatos pertenecían a la industria del vestido, lo que suponía que existían entre 1.380 y 1.553 sindicatos en un sector que agrupaba, aproximadamente, a 300 fábricas. Esto indica que los trabajadores tienen la libertad de organizarse. Además, la Ley del Trabajo autoriza a que existan varios sindicatos en una misma empresa. Muchos trabajadores pertenecen a varios sindicatos en una empresa. Por consiguiente, los empleadores se enfrentaban a problemas prácticos con esos sindicatos, en particular el del doble cómputo de sus miembros y el de la competencia y la lucha entre los sindicatos. Los empleadores tienen que negociar paralelamente con varios de esos sindicatos. En general, los interlocutores sociales reconocen que el movimiento sindical está desorganizado y fragmentado. La oradora manifestó que los empleadores procuran cooperar con el sindicato más representativo y promover mejores estructuras y mayor representatividad en los sindicatos, a fin de poder entablar un diálogo constructivo y razonable. La oradora espera que ello se materializará con el proyecto de ley sindical aprobado. Además, señaló que los párrafos 5 y 6 del artículo 36 de la Constitución garantizan a los ciudadanos el derecho de constituir o integrar sindicatos, y que los artículos 266 a 278 de la Ley del Trabajo establecen la libertad de asociación. Posteriormente, la oradora destacó la existencia de algunos mecanismos tripartitos en el país. Se refirió a los ocho grupos de trabajo tripartitos público-privados que el mecanismo de control no había mencionado precedentemente. Esos ocho grupos se ocupan de asuntos laborales y sociales; además, se había elaborado el proyecto de ley sindical. Por otra parte, la oradora dijo que los interlocutores sociales están representados en los órganos rectores de los programas «Better Work» (Mejor Trabajo) de la OIT, el Consejo de Arbitraje Laboral, el Fondo Nacional de Seguridad Social y el Programa de Empleo Juvenil. La oradora reiteró que en Camboya se respetaba el principio de libertad de asociación. Por último, expresó su pesar por el asesinato de dirigentes sindicales.

La miembro trabajadora de Indonesia deploró las prácticas continuas de discriminación antisindical en Camboya. En 2010, como resultado directo de las actividades sindicales, más de 1.000 trabajadores fueron despedidos de sus puestos de trabajo, 35 trabajadores heridos y 11 detenidos. Los trabajadores fueron amenazados por los empleadores o incluidos en listas negras como resultado de las actividades sindicales. En septiembre de 2010, 817 trabajadores fueron suspendidos o despedidos, 10 trabajadores detenidos y 28 trabajadores heridos por haber participado en una huelga nacional en la que cientos de miles de trabajadores pidieron un aumento del salario mínimo. Paho Sak el presidente de FTUWKC también fue atacado violentamente. La oradora expresó su preocupación por la detención de Sous Chanta, un dirigente sindical de la fábrica United Apparel Garment Factory, ya que el arresto parecía fabricado para castigarlo por sus actividades sindicales. Estos son sólo ejemplos de la violencia antisindical y las intimidaciones que han tenido lugar desde que la Comisión examinó por última vez este caso. Con el fin de evitar que los trabajadores ejerzan su derecho a organizarse, los empleadores recurrieron a numerosas tácticas, incluyendo el uso creciente de contratos a corto plazo, la subcontratación, la externalización y los sindicatos amarillos. Hizo un llamamiento al Gobierno para garantizar que los trabajadores puedan asociarse libremente, que los derechos de los trabajadores sean respetados y que los responsables de la violencia antisindical rindan cuentas.

La miembro trabajadora de Finlandia expresó su profunda preocupación por el continuo fracaso del Gobierno para poner su legislación y la práctica en conformidad con el Convenio núm. 87. A pesar de los reiterados llamados de atención de los órganos de control de la OIT, el Gobierno, después de 7 años, aún no ha liberado a las personas condenadas indebidamente por los asesinatos de los dirigentes sindicales y no ha llevado a cabo investigaciones imparciales para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia. Sigue prevaleciendo la cultura de la impunidad y los que instigan la violencia contra los sindicalistas tienen poco que temer de las autoridades. Los empleadores a menudo recurren las decisiones del Consejo de Arbitraje ante los tribunales o, simplemente, las ignoran. Los trabajadores que exigen el goce de sus derechos se ven obligados a emprender acciones legales ante tribunales civiles o penales, lo que es lento y costoso. El sistema judicial en el país es corrupto y carece de capacidad e imparcialidad. Es fundamental que el Gobierno tome medidas en esta área y, por lo tanto, instó al Gobierno a aprobar y aplicar plenamente su propuesta de Ley sobre el Estatuto de Jueces y Fiscales y la Ley de Organización y Funcionamiento de los Tribunales. Al tiempo que subrayó la gravedad del caso, deploró la falta de compromiso del Gobierno y lo instó a adoptar medidas concretas para garantizar una auténtica libertad de asociación de los trabajadores de Camboya.

Una observadora, hablando en nombre de la Internacional de la Educación, declaró que en Camboya no existe ningún sindicato de docentes, pues ningún funcionario disfruta de libertad sindical en el país. La Ley del Trabajo de 1997 no les autoriza a crear un sindicato y tener acceso a los mecanismos de la negociación colectiva, pues los funcionarios se rigen por una ley de 1994 que prevé que todos los aspectos que rigen las relaciones de trabajo de los funcionarios se legislan sin negociarse. A este respecto, el Comité de Libertad Sindical subrayó la incompatibilidad del Estatuto Común de los Funcionarios Públicos con el Convenio núm. 87 y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). A pesar de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical formuladas en 2004, no se ha introducido ninguna enmienda. La oradora indicó que la Asociación Independiente de Docentes de Camboya (CITA) y sus afiliados son objeto de discriminación y de acoso. En 2009 la CITA presentó una nueva queja con motivo de las maniobras de intimidación ejercidas por las autoridades y las fuerzas de seguridad. Altos funcionarios del Gobierno se valieron de su posición para hacer presión sobre los docentes a fin de disuadirlos de afiliarse a la CITA o de empujarlos a abandonar la Asociación. Dado que son nombrados por el Gobierno, los directores de los establecimientos y las autoridades educativas están obligados a rendir pleitesía al poder. En 2010, la CITA presentó al Ministerio 34 casos individuales de docentes discriminados a causa de su compromiso sindical. Los casos consisten en perjuicios en materia de ascensos, reducción de salarios, traslados o despidos. Solamente se han resuelto 14 casos. La oradora concluyó que, a pesar de las reiteradas peticiones al Gobierno de Camboya para que modifique el Estatuto Común de los Funcionarios Públicos de manera que permita garantizar plenamente el derecho de sindicación y el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos, los trabajadores temen que las modificaciones legislativas en curso vayan en sentido contrario, como han subrayado los demás trabajadores que han intervenido.

El miembro trabajador de los Estados Unidos indicó que, si bien el Gobierno ha iniciado consultas con los sindicatos sobre la adopción de una nueva ley sindical, estaba profundamente preocupado por la calidad de las consultas y sus resultados. El proyecto de ley actual refleja en gran medida las prioridades de los empleadores del sector de la confección pero refleja pocas de las recomendaciones de los sindicatos. Este proyecto de ley debe ser modificado de forma sustancial antes de su eventual aprobación, de lo contrario, sólo perpetuará la disfunción actual. Entre otras cosas, este proyecto de ley, al igual que la ley anterior, sigue excluyendo a funcionarios públicos, policías, trabajadores aéreos y marítimos, jueces y trabajadores domésticos; impone condiciones para el liderazgo sindical que son incompatibles con los principios de la libertad sindical; permite a las autoridades administrativas suspender o cancelar el registro de un sindicato; y le otorga derechos exclusivos de negociación a los sindicatos que puedan representar a la casi mayoría de los trabajadores en el lugar de trabajo. Instó al Gobierno a que tome en cuenta las opiniones de los sindicatos en todas estas cuestiones.

El representante gubernamental aclaró que los casos relativos a los antiguos dirigentes sindicales aún no han finalizado y que se seguía investigando. Aseguró que el caso se resolverá en breve. Reiteró la voluntad del Gobierno de mejorar la protección de la libertad de asociación y de negociación colectiva y se comprometió a que la situación mejorará con la promulgación del proyecto de ley. La CSI utilizó información falsa, ya que la supuesta lista negra a que se refirió, no existía. El Gobierno tendrá en cuenta las observaciones y recomendaciones formuladas durante la discusión del caso.

Los miembros empleadores sostuvieron que existía un grave problema de entendimiento dentro de la Comisión sobre el caso, que fue ilustrado por la significativa falta de conexión entre las declaraciones hechas por el Gobierno y el miembro empleador de Camboya. La OIT tiene que ayudar al Gobierno a proporcionar a la Comisión de Expertos un informe detallado de la situación en la legislación y la práctica, que también tiene que incluir una copia del proyecto de ley. Esto permitirá a la Comisión de Expertos delinear claramente la situación legal en cuanto al derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva y de formular observaciones sobre el proyecto de ley. Los miembros empleadores insistieron en que el caso tenía que seguir adelante y con este objetivo tenía que realizarse un trabajo de campo por el Gobierno en cooperación con la OIT para que la Comisión de la Conferencia pueda entablar un verdadero diálogo con el Gobierno el próximo año.

Los miembros trabajadores subrayaron que no pueden entender la razón por la que el Gobierno o no intervino o lo hizo muy poco para remediar las situaciones de violaciones graves de la libertad sindical en Camboya. El Gobierno debe tomar, lo antes posible, las medidas necesarias para poner fin a las violaciones de los derechos de los trabajadores que se adhieren a una organización sindical. En cuanto al poder judicial, observaron que todavía le queda al Gobierno mucho por hacer, sobre todo en lo que respecta a los cambios legislativos para garantizar la independencia del poder judicial. En efecto, el proyecto de ley en materia de libertad sindical no está conforme con el Convenio núm. 87. Toda modificación a la legislación de Camboya debe realizarse en concierto con las organizaciones sindicales. Los miembros trabajadores concluyeron proponiendo al Gobierno que solicite la asistencia técnica de la OIT.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2010, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Un representante gubernamental declaró que las cuestiones planteadas se consideran fundamentales en el actual proceso de desarrollo, en el que la aplicación de la «Estrategia Rectangular» para el crecimiento, empleo, equidad y eficiencia desempeña un papel importante. Desde 1996 el movimiento sindical ha crecido a la par que el sector textil, la hotelería y el turismo. El Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para hacer frente a las cuestiones planteadas por los órganos de control relativas al respeto de la libertad sindical y negociación colectiva en consonancia con las políticas y objetivos de la Estrategia Rectangular. El Gobierno cree firmemente en la creación de bases jurídicas e institucionales para la promoción de los derechos individuales y la dignidad, la propiedad privada y los mecanismos de libre mercado. Por consiguiente, el Gobierno ha promulgado numerosas leyes y realizado esfuerzos para mejorar el sistema legal y judicial, así como la buena gestión. La reforma legislativa y judicial constituye una parte fundamental de la Estrategia Rectangular. El Gobierno es consciente de la necesidad de aumentar la capacidad del poder judicial para garantizar y proteger los derechos fundamentales del trabajo, incluido el derecho de sindicación y de negociación colectiva, así como la necesidad de proporcionar formación sobre las relaciones laborales. Para ello, acoge con beneplácito la asistencia técnica de la OIT.

Con respecto a la investigación de los tres casos relativos a los dirigentes sindicales, se han realizado algunos progresos. En el caso de Chea Vichea, las dos personas que habían sido condenadas anteriormente fueron puestas en libertad bajo fianza después de que la Corte Suprema señalase que se habían producido deficiencias en el proceso penal, especialmente en lo que respecta a las pruebas. En el caso de Ros Sovannareth, el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de Thach Saveth por el Tribunal de Apelación en abril de 2009 todavía está pendiente ante la Corte Suprema. El caso de Hy Vuthy todavía está siendo investigado. El Gobierno está haciendo esfuerzos para hacer frente a estos casos de acuerdo con su política de garantizar la rendición de cuentas a través de la reforma integral del sistema jurídico. Además, muchos otros casos, todavía están siendo investigados y el Gobierno también sospecha que al menos algunos de los casos (por ejemplo, el caso núm. 2318 del Comité de Libertad Sindical) se iniciaron como resultado de la rivalidad de los sindicatos y la delincuencia común.

Los esfuerzos del Gobierno deben considerarse en el contexto del creciente desarrollo de la industria textil, el considerable crecimiento de los sindicatos, así como el estado embrionario inmaduro de las relaciones laborales y los conflictos laborales. El Consejo de Arbitraje, que se estableció con la asistencia de la OIT, ha resuelto conflictos laborales en forma pacífica y, debido a su existencia, el número de huelgas se ha reducido casi a la mitad en los últimos tres años. El Gobierno está trabajando, en cooperación con la OIT, en un proyecto de ley de sindicatos para ser aprobado por el Parlamento en 2011. El Gobierno prevé que la ley garantizará el derecho de los trabajadores y empleadores a organizarse y negociar colectivamente, a través de la simplificación de las normas para la certificación del sindicato más representativo y los sindicatos minoritarios, la creación de un marco jurídico para los convenios colectivos y la definición de las prácticas laborales desleales por parte de los empleadores y los trabajadores. A la vista de los avances en marcha, el Gobierno está considerando la creación de un Tribunal del Trabajo, de conformidad con las normas internacionales.

En el contexto de la política de reforma de la administración pública y como parte de la Estrategia Rectangular, el Gobierno está considerando garantizar el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva en la administración pública. Los funcionarios públicos ya se han beneficiado de un aumento en su salario mensual y el Gobierno se comprometió a continuar los esfuerzos para aumentar el sueldo básico. Para concluir, hizo hincapié en la cooperación de su Gobierno para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y espera que la OIT siga proporcionando asistencia técnica para fortalecer la capacidad de Camboya, en particular en el ámbito de la libertad sindical y las relaciones laborales.

Los miembros empleadores señalaron que se trata de un caso de «doble nota a pie de página» relativo a uno de los convenios fundamentales. Observaron que el Gobierno ha facilitado información sobre varios puntos, pero que éstos se relacionan sólo parcialmente con las cuestiones planteadas en las observaciones de la Comisión de Expertos. Esta es la segunda oportunidad en que el caso se discute desde 2007 y la Comisión de Expertos aún no ha recibido información suficiente. Recordaron que las cuestiones principales en este caso se refieren al asesinato de sindicalistas, amenazas de muerte, un clima de impunidad, los alegatos de irregularidades en juicios, la corrupción y la violencia sistemática, y la represión. Sin embargo, el Gobierno no ha realizado comentarios específicos sobre estos puntos. Se refirieron a las conclusiones de la misión de contactos directos que visitó Camboya en abril de 2008, mencionada en la observación de 2009 de la Comisión de Expertos, que había informado sobre la falta de capacidad e independencia del poder judicial, las irregularidades de procedimiento en el juicio por el asesinato de sindicalistas, y la falta de acción del Gobierno para resolver los casos pendientes.

En la solicitud directa de 2004, la Comisión de Expertos, en relación con el artículo 2 del Convenio, pidió al Gobierno que tomara las medidas apropiadas para garantizar que los jueces y los funcionarios designados temporalmente y de forma permanente en la administración pública gocen del derecho a constituir y afiliarse a sindicatos. Opinaron que el Gobierno debe presentar una memoria completa sobre estos puntos, ya que no los ha abordado en su declaración ante la Comisión de la Conferencia. Con respecto al derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sin autorización previa, la Comisión de Expertos había pedido al Gobierno que indicase si se les podía denegar el registro a las organizaciones de trabajadores o de empleadores y los motivos admitidos para esa negativa. Esta era una parte normal del proceso de control. En cuanto al artículo 3 del Convenio, la Comisión de Expertos había solicitado la modificación del párrafo 3 del artículo 269, de la Ley del Trabajo, que impide a las personas condenadas por cualquier delito ejercer cargos en los sindicatos, y del párrafo y del mismo artículo que exige a los miembros de los sindicatos haber ejercido una profesión determinada al menos un año antes de poder ser elegidos para un cargo sindical. Pidieron al Gobierno que responda a estos comentarios, ya que aún no lo ha hecho. Con respecto al derecho de huelga, indicó que el Gobierno debería abordar la cuestión en función de sus circunstancias nacionales. En cuanto a la cuestión de la afiliación a organizaciones internacionales, recordaron que el Gobierno había indicado que no existen obstáculos jurídicos para impedir que los sindicatos de las organizaciones profesionales se afilien a organizaciones internacionales. Dijeron que si existe esta práctica ello indica que se trata de la política que se ha adoptado.

Por último, opinaron que se trata de un caso grave porque el Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales de informar a la OIT y de responder a las peticiones de la Comisión de Expertos. Además, el Gobierno no está cumpliendo con la obligación internacional que ha aceptado de manera voluntaria de aplicar el Convenio en la legislación y en la práctica. Esto debe ser subsanado de forma urgente.

Los miembros trabajadores subrayaron que el incumplimiento de los Convenios núms. 87 y del Convenio 98 se ve agravado por la falta continua de envío de memorias por el Gobierno. Con relación al Convenio núm. 87, señalan que las observaciones se refieren en particular al asesinato de dirigentes sindicales en 2004 y los procedimientos judiciales respecto a esos asesinatos, incluido el hecho de que dos hombres inocentes fueron condenados. En términos más generales, se refiere a un clima de violencia e intimidación del que son víctimas los sindicalistas, incluyendo amenazas de muerte, supresión del derecho de huelga, discriminación antisindical, acusaciones falsas y deducciones de los salarios. En este sentido, el Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya es objeto de represión sistemática. Todos estos actos siguen sin ser sancionados, especialmente debido a las deficiencias de la legislación de Camboya. De hecho, no existe un sistema de solución de controversias, los tribunales creados por la ley aún no han sido establecidos y la intimidación y la corrupción sustituyen la resolución legal de los conflictos. Además, el reconocimiento del sindicato más representativo puede ser denegado por el Ministerio de Trabajo por motivos arbitrarios. Por último, el derecho a la negociación colectiva no es reconocido a los jueces, a los docentes y a los funcionarios. Por otra parte, la Asociación de Docentes Independientes de Camboya (CITA) no es reconocida como sindicado. Los miembros trabajadores recordaron que el Gobierno había aceptado una misión de contactos directos en abril de 2008, y a finales de 2008 el Tribunal Supremo ordenó la liberación de dos presuntos asesinos de un líder sindical. Pero el Gobierno no hizo nada para hacer respetar los derechos sindicales, para garantizar la independencia del poder judicial, establecer tribunales del trabajo y revisar la ley de sindicatos. Los miembros trabajadores señalaron que el Gobierno anunció un nuevo proyecto de ley de sindicatos y expresó la firme esperanza de que esta nueva ley respete totalmente los principios de los Convenios núms. 87 y 98.

El miembro trabajador de Camboya se refirió, en primer lugar, al asesinato de los tres dirigentes sindicales, Chea Vichea, Ros Sovannareth y Vouthy Hy, cuyos asesinos aún no han sido identificados. Pidió a la OIT que inste al Gobierno a tomar medidas decisivas para investigar los tres casos lo antes posible y velar por que los asesinos sean encontrados y llevados ante la justicia. También hizo un llamamiento al Gobierno para que acabe con las amenazas, la violencia y los asesinatos de dirigentes sindicales y activistas. En segundo lugar, indicó que desde la crisis financiera global de 2007, ha habido numerosos casos de violencia contra sindicalistas y de despidos de dirigentes sindicales. Afirmó que muchos empleadores, aproximadamente el 60 por ciento, utilizan subcontratistas y contratos a corto plazo para evitar los sindicatos en su empresa, destruyendo así la libertad sindical. En los contratos a corto plazo, se limitan mucho los derechos del personal, especialmente la libertad de afiliarse a un sindicato, el derecho a la licencia de maternidad, el derecho a que se tengan en cuenta los años de servicio y el derecho a vacaciones anuales. Agregó que desde principios de 2009, 230 líderes sindicales han sido despedidos y los empleadores amenazan con proceder al despido de los trabajadores o llevarlos los tribunales por motivos de incitación a la violencia, que constituye un delito penal en Camboya, si continúan con sus actividades sindicales. Se refirió a los numerosos casos de activistas sindicales despedidos, entre ellos 58 trabajadores de la empresa Naga, 169 trabajadores en 14 fábricas textiles y tres dirigentes sindicales en la empresa TTP y subrayó que los representantes sindicales siempre han perdido sus casos en los tribunales camboyanos. Hizo un llamamiento a la OIT a que exhorte al Gobierno a respetar y aplicar la legislación y los convenios de la OIT, para garantizar que los empleadores cumplan con ellos, detengan los despidos, la violencia y las amenazas, y restituyan a sus puestos a todos los trabajadores involucrados en actividades sindicales. Por último, indicó que los sindicatos no tienen los mismos derechos a participar en el octavo Grupo de Trabajo, una entidad para el diálogo social. Pidió llamamiento por que los sindicatos tengan plenos derechos en este órgano, a fin de que el octavo Grupo de Trabajo sea un verdadero órgano tripartito.

El miembro empleador de Camboya indicó que la libertad sindical fue enérgicamente promovida por el Gobierno de Camboya. Los empleadores de Camboya acogieron con satisfacción el derecho a la libertad sindical y negociación colectiva en Camboya. Existen muchos sindicatos, sobre todo en la industria textil. La legislación laboral camboyana permite los sindicatos de varias empresas, lo que ha planteado muchos problemas prácticos a los empleadores. La mayoría de las fábricas textiles tienen por lo menos tres o más sindicatos y muchos trabajadores en la misma empresa pertenecen a más de un sindicato. Como resultado, varios sindicatos han presentado diversas demandas, el trabajo se ha interrumpido a menudo, y se han llevado a cabo muchas huelgas ilegales que no han seguido el procedimiento establecido. El orador lamentó que en Camboya las huelgas a menudo sean utilizadas como el primer, en lugar del último, recurso para la solución de controversias. Los empleadores acogerán con satisfacción el movimiento sindical, cuando éste esté consolidado y sea auténtico. El Programa Mejores Fábricas Camboya de la OIT es un ejemplo de programa en el que los derechos sindicales son plenamente respetados. En respuesta a las alegaciones realizadas por el miembro trabajador de Camboya de que no existe ningún mecanismo para la solución de controversias, el orador recordó que el Consejo de Arbitraje que se ocupa de la libertad sindical existe desde hace ya cinco años. La revisión de la Ley de Sindicatos estaba siendo está por los empleadores y los trabajadores, y se espera su aprobación por el Parlamento para 2011. Con respecto al asesinato de dirigentes sindicales, expresó su pesar por la pérdida de vidas humanas y su esperanza de que se haga justicia, al tiempo que afirmó que los empleadores no están implicados.

El miembro trabajador de Filipinas expresó su preocupación por las restricciones impuestas a los sindicalistas en Camboya. Si bien el Código del Trabajo de 1997 establece que los trabajadores son libres de formar y afiliarse a los sindicatos, la ley, en la práctica, no se aplica a los funcionarios que trabajan a nivel local y nacional, a los jueces, y a los docentes, incumpliendo de esta forma los Convenios núm. 87 y 98. En particular, puso de relieve el papel crucial de los docentes, cuyas condiciones de trabajo siguen siendo insatisfactorias, con salarios mensuales que oscilan entre 20 y 40 dólares, lo que dificulta el cumplimiento de sus funciones de educar a los niños y jóvenes que forjarán el futuro del país. El hecho de que el 10 por ciento de los docentes de Camboya se hayan afiliado a la Asociación de Docentes Independientes de Camboya (CITA) muestra que existe la necesidad urgente y el deseo de mejorar sus condiciones laborales. La CITA, sin embargo, no ha sido reconocida como sindicato por lo que el Gobierno tuvo que explicar las medidas adoptadas para eliminar la obstrucción continua de las actividades de la CITA, así como de la de Asociación de la Administración Pública Independiente de Camboya (CICSA). El Comité de Libertad Sindical, en su 334.º informe ya había solicitado al Gobierno que modificara el Estatuto Común de los Funcionarios Públicos a fin de garantizar el derecho a la negociación colectiva a los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. En consecuencia, pide al Gobierno que utilice el actual proceso de elaboración de una ley sindical a fin de incluir disposiciones pertinentes para garantizar este derecho.

El miembro trabajador de Francia subrayó que el Gobierno camboyano tiene que proporcionar varias explicaciones. Recordó los últimos acontecimientos en los tres casos de asesinato, que habían afectado al movimiento sindical en Camboya y provocaron la desaparición de algunos de sus dirigentes legítimos. En primer lugar, no ha habido una investigación seria para encontrar a los asesinos de Chea Vichea. Los cargos contra Born Samnang y Sok San Oen, que habían sido injustamente encarcelados durante cinco años, todavía están pendientes y nuevos acontecimientos han ocurrido desde que el Tribunal de Apelación envió una lista de puntos específicos para la investigación del asesinato de Chea Vichea al Tribunal Municipal de Phnom Penh en el otoño de 2009. En segundo lugar, el 21 de febrero de 2009, el Tribunal de Apelación confirmó la condena a 15 años de prisión de Thach Saveth por el asesinato del dirigente sindical Ros Sovannareth en un juicio marcado por irregularidades procesales que generan dudas sobre lo adecuado de la condena. Este caso se remitió a la Corte Suprema, pero no hay noticias al respecto. En tercer lugar, no se realizó ninguna investigación respecto del asesinato de Hy Vuthy, un dirigente sindical del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC), en 2007. Las pruebas desaparecieron y se intimidó a los testigos. Debería llevarse a cabo una investigación imparcial sobre estos tres asesinatos y debería solicitarse al Gobierno que el año próximo informe sobre la cuestión a la OIT el año próximo. Debería liberarse a Thach Saveth y retirarse los cargos contra Born Samnang y Sok San Oen. Instó al Gobierno a que dé garantías a las víctimas y sus familias de que se hará justicia y que se trabajará en el establecimiento de un clima exento de miedo para los verdaderos sindicalistas.

El miembro trabajador de los Estados Unidos compartió las preocupaciones expresadas por los oradores anteriores respecto al mantenimiento de la impunidad en Camboya que permite qué continúe la intimidación y la represión violenta de representantes sindicales. Consideró necesario abordar la falta de un sistema eficaz para enjuiciar y condenar a los autores intelectuales y materiales de ese tipo de violencia y represión. Los trabajadores camboyanos han sido también objeto de listas negras, descuentos salariales ilegales y exclusiones de la promoción debido a sus actividades sindicales. El Ministerio del Trabajo rara vez adopta medidas legales contra los infractores, sino que, aconseja, en general, a los trabajadores que recurran a los tribunales, lo que resulta costoso e ineficaz, o a aceptar un pago en efectivo. Debido a sus bajos salarios, los inspectores del trabajo son especialmente vulnerables al soborno. La Comisión de Expertos ha pedido al Gobierno que ponga fin a esta corrupción judicial y administrativa, que ha obstaculizado el establecimiento de tribunales de trabajo realmente eficaces, la generación de empleo, la seguridad en el empleo y el trabajo decente en general. Los esfuerzos para acabar con la impunidad no sólo son fundamentales para la protección de los derechos sindicales, sino también para la creación de una atmósfera de estabilidad y certidumbre para los empresarios e inversores extranjeros. En este momento crítico, es importante para Camboya cuidar su reputación de país que está mejorando el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo por medio de las contribuciones realizadas a través del programa Mejor Trabajo de la OIT. Instó al Gobierno a utilizar la asistencia técnica para garantizar que la nueva Ley sobre los Sindicatos esté en plena conformidad con los Convenios núms. 87 y 98. En este sentido, la nueva ley debe modernizar el artículo 269 del Código del Trabajo, y permitir a los sindicatos elegir libremente a los representantes sindicales y administrar libremente su propio sistema de gestión interna. La nueva ley también debería prohibir la creación de sindicatos amarillos controlados por el empleador, como la Federación de Sindicatos de Jóvenes Khmer, y debe garantizar plenamente un estatus jurídico a los sindicatos y garantizan la negociación colectiva para los docentes y funcionarios.

El representante gubernamental de Camboya agradeció a los miembros empleadores y trabajadores su contribución al debate. A pesar de los desafíos que enfrenta su Gobierno, reiteró que éste se ha comprometido a promover los derechos y la dignidad de todas las personas, incluyendo a los trabajadores. Este objetivo también se ha incorporado en la Estrategia Rectangular referida anteriormente. La impunidad no es la política del Gobierno y el sistema legal y judicial está siendo objeto de reformas. Lamentó la muerte de los dirigentes sindicales y reiteró el compromiso del Gobierno de llevar a los responsables ante la justicia. La realidad es que el Gobierno no sólo participa actualmente en un proceso de reforma, sino que también se ocupa de los efectos de la crisis económica. Por otra parte, la comunidad internacional debe reconocer los progresos realizados por el Gobierno hasta ahora.

Los miembros empleadores, si bien apreciaban la información adicional proporcionada por el Gobierno, indicaron que no queda claro si la memoria que han presentado a la Oficina contenía las respuestas a las solicitudes formuladas por la Comisión de Expertos y si la legislación examinada cubrirá las lagunas identificadas. En cualquier caso, la Comisión de Expertos formulará sus observaciones sobre esa memoria en su informe del próximo año. Propusieron que podría resultar útil que el Gobierno presente el proyecto de ley a la Oficina para que ésta proporcione asesoramiento técnico a fin de que la legislación adoptada cumpla plenamente con las disposiciones del Convenio núm. 87. Señalaron que la adopción de una política correcta es sólo el primer paso y que es necesario dar curso a su aplicación en la práctica.

Los miembros trabajadores observaron la intención del Gobierno de promover la competitividad de su economía, incluso en detrimento del cumplimiento de las normas fundamentales de la OIT. Por ello insistieron en la obligación que tiene el Gobierno de cumplir con esas normas. Pidieron que de una vez por todas se completen las investigaciones judiciales respecto al asesinato de sindicalistas y, en particular, que se ponga en libertad a Thach Saveth y se proceda de inmediato a retirar los cargos contra Born Samnang y Sok Sam Oeun, y que se tomen las medidas necesarias para cumplir con los Convenios núms. 87 y 98. A este efecto, pidieron explícitamente al Gobierno que garantice a jueces, personal docente y funcionarios el derecho de organizarse en sindicatos así como su derecho a la negociación colectiva y que elabore nuevas leyes sobre los sindicatos y los tribunales del trabajo con la asistencia técnica de la OIT. Hicieron un llamamiento al Gobierno para que garantice un auténtico diálogo social. Pidieron especialmente que los sindicatos participen en pie de igualdad en las reuniones del octavo Grupo de Trabajo sobre las relaciones laborales y que se examinen las cuestiones importantes en materia de trabajo.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2007, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Un representante gubernamental declaró que la libertad sindical está contemplada en los artículos 266 a 278 del capítulo 11 de la Ley del Trabajo de Camboya, que están de conformidad con las disposiciones del Convenio núm. 87. En 2007, existen 1.075 sindicatos, creados y registrados libremente de acuerdo con la legislación nacional. Los miembros sindicales ejercen sus derechos libremente, y nunca se han producido amenazas ni hostigamiento contra los sindicalistas. Añadió que los informes acerca de los proyectos de la OIT sobre resolución de conflictos laborales y mejores empresas, indican que la situación con respecto a los derechos sobre libertad sindical ha mejorado de manera espectacular en el sector textil; como resultado, la mayoría de los conflictos laborales se resolvían a tiempo y a entera satisfacción de las partes interesadas.

Declaró que, el 6 de abril de 2007, en el Tribunal de apelación tuvo lugar una audiencia sobre el asesinato de Chea Vichea, ex Presidente del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC), y el 12 de abril de 2007 se emitió un veredicto que confirmaba la sentencia del Tribunal municipal, de agosto de 2005, que condenaba a 20 años de encarcelamiento a los acusados Born Samnang y Sok Sam Oeun. El caso fue examinado en un proceso judicial y por lo tanto ya no era de la competencia del Gobierno. En lo que respecta al caso relacionado con Ros Sovannareth, este caso está actualmente siendo investigado por la autoridad competente.

Señaló que el Gobierno había destacado la eficaz y eficiente gestión de los funcionarios del Estado bajo la competencia de los Ministerios de Educación e Interior, especialmente en relación con sus aspectos económicos y técnicos, y que las asociaciones de trabajadores de la administración pública están contempladas en la Ley del Trabajo. Concluyó diciendo que la información mencionada anteriormente demuestra el compromiso del Gobierno de cumplir con los principios del Convenio núm. 87.

Los miembros empleadores lamentaron que el Gobierno no hubiese transmitido la memoria sobre la aplicación del Convenio núm. 87, a pesar del hecho de que la Comisión de Expertos hubiese venido solicitando tal información desde 2003. Este incumplimiento de comunicación de la memoria da la impresión de que no se habían realizado esfuerzos para aplicar las disposiciones del Convenio. Esto equivale al incumplimiento de la aplicación del Convenio, en la ley y en práctica: Los jueces y funcionarios deben poder crear organizaciones para defender sus intereses y lograr ser miembros. Los Expertos solicitan una enmienda a la disposición del Código del Trabajo, según la cual toda persona que haya sido condenada por haber cometido un delito, no podrá ser elegida para acceder a un puesto de responsabilidad en una asociación profesional. Los miembros empleadores señalaron, además, que sigue siendo poco claro los funcionarios que se definen como "funcionarios con tareas legislativas" y que son excluidos de las organizaciones establecidas, al igual que las condiciones según las cuales puede denegarse la creación de una organización de trabajadores o de empleadores. Además, existen limitaciones al derecho de las asociaciones de organizaciones profesionales de afiliarse a organizaciones internacionales.

Al señalar los problemas notificados de aplicación del Convenio en la práctica, afirmaron que el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo puede ejercerse en un clima libre de violencia, de presiones o de amenazas de cualquier tipo contra los dirigentes y los afiliados de esas organizaciones. Declararon que los ejemplos mencionados, infringen, no sólo el Convenio, sino también la Constitución de Camboya, que prevé expresamente la libertad de sindicación. Concluyeron instando al Gobierno a que comunicaran información completa sobre la aplicación del Convenio, como había venía solicitando la Comisión de Expertos a lo largo de varios años.

Los miembros trabajadores lamentaron que el Gobierno no haya enviado la memoria y señalaron que la declaración del representante gubernamental fue decepcionante. Es esencial que, ya que este país experimenta un importante desarrollo económico, en particular gracias a la expansión del sector textil, todos los trabajadores, incluyendo a los de este sector, puedan gozar de la libertad sindical. Ahora bien, este no es el caso. En efecto, la Ley del Trabajo no se aplica ni a los funcionarios públicos ni a los trabajadores domésticos. La Asociación independiente de docentes de Camboya (CITA) no ha sido reconocida como organización sindical. No puede negociar convenios colectivos en nombre del personal docente y es objeto de hostigamiento, intimidación y vigilancia por parte de las autoridades locales y policiales. Esta falta de protección existe también en el sector informal.

A pesar de que los trabajadores pueden organizarse, éstos se ven confrontados a un clima de intimidación y de violencia. Así pues, hace tres años, el Presidente y otro miembro del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC) fueron asesinados. Dos inocentes fueron condenados por este crimen, ya que el testigo de este asesinato, encontrado por la CIOSL, tiene miedo de testificar. Este año otro sindicalista fue asesinado. No faltan pruebas de la existencia de actos de hostigamiento y de represión ejercidos sistemáticamente por la policía contra las acciones colectivas llevadas a cabo por los sindicatos y en particular por el FTUWKC. El Gobierno, sin embargo, debe garantizar un clima sin violencia, amenazas o presiones a fin de que las organizaciones de empleadores y de trabajadores puedan ejercer sus derechos.

Por otra parte, no existe un sistema de resolución de conflictos ya que no se han creado todavía los tribunales previstos por la Ley del Trabajo para solucionar los litigios entre los trabajadores y los empleadores. Los trabajadores que reclamen o protesten serán llevados, sin embargo, ante las jurisdicciones civiles por los daños causados a las empresas. En la mayoría de los casos, las quejas son retiradas cuando el trabajador presenta su dimisión o no acepta seguir adelante con su queja. La intimidación y la corrupción sustituyen a los procedimientos legales de solución de conflictos.

De todo esto, cabe destacar que todavía queda un largo camino por recorrer para poner fin a un clima de impunidad y garantizar las condiciones esenciales propicias para el ejercicio de la libertad sindical.

El miembro trabajador de Francia insistió en la gravedad de los comentarios de la CSI y comunicó las siguientes informaciones complementarias. En noviembre de 2004, la organización sindical a la que pertenece el orador, había participado, tras haberse reunido con el Sr. Rong Chlun, Presidente de la Asociación de Docentes Independientes, a Su Majestad el Rey de Camboya, sus inquietudes en cuanto a las presiones y amenazas ejercidas contra los dirigentes y los afiliados sindicales, en razón de sus actividades sindicales. El mismo año, fueron asesinados otros dos activistas sindicales: Chea Vichea y Ros Sovannereth. Hay hechos precisos que ponen en tela de juicio la violencia de las intervenciones policiales contra los trabajadores en huelga: utilización de mangueras de agua, agresiones, etc. Estos hechos deben vincularse con la imposición de un servicio mínimo en todas las empresas mencionadas en la solicitud directa de la Comisión de Expertos, imposición que limita aún más el derecho de huelga. Estas inquietudes se revelaron fundadas, por cuanto, en octubre de 2005, Rong Chlun y otro sindicalista habían sido detenidos por haber criticado la política del Gobierno. Chea Mony, presidente del Sindicato Libre de Trabajadores de Camboya fue objeto de una orden de arresto y pudo posteriormente dar testimonio de la tensa situación para los trabajadores que ejercían sus derechos sindicales, especialmente en el sector textil y de la indumentaria, sector que sufre con crudeza los efectos de la liberalización de los intercambios comerciales. Tal situación tensa se tradujo en el asesinato del responsable sindical de la empresa de la indumentaria Suntex, Hy Vuthy. La impunidad de los autores de esos crímenes constituye otro elemento de presión contra los sindicalistas y los trabajadores. En ese sentido, toda la comunidad internacional se movilizó para solicitar la reapertura del proceso, que había visto la condena de dos inocentes por el asesinato de miembros del FTUWKC.

Para concluir, es deplorable comprobar que, a pesar de la gravedad de la situación de la libertad sindical en Camboya, el Gobierno no hubiese comunicado las memorias debidas en relación con los Convenios núms. 87 y 98.

El miembro trabajador del Reino Unido afirmó que, aunque en Camboya aparentemente había libertad sindical, su ejercicio en realidad estaba severamente limitado. Los trabajadores podían constituir sindicatos - de hecho, existía gran diversidad de éstos -, pero cuando los sindicatos intentaban la negociación colectiva surgían graves problemas. Los trabajadores también eran objeto de represión en forma de despidos, intimidación, violencia e incluso asesinatos.

Sostuvo que los trabajadores que intentaban participar en negociaciones colectivas eran despedidos de forma automática. Además, el recurso al despido era relativamente común, debido a la elevadísima incidencia de la subcontratación en Camboya: entre el 60 y el 70 por ciento de los trabajadores tienen contratos temporales, lo que hace prácticamente imposible la libertad sindical. A modo de ejemplo, expresó el caso del sindicato "River Rich", 30 de cuyos miembros fueron despedidos en diciembre de 2006 después de afiliarse al sindicato e intentar negociar un convenio colectivo. Puesto que sus contratos eran temporales y habían cobrado la indemnización por despido, el tribunal de arbitraje rechazó su readmisión. Estos injustos despidos fueron seguidos de violentas protestas protagonizadas por los trabajadores fabriles; la empresa, por su parte, incumplió el compromiso alcanzado en febrero de 2007, se negó a readmitir a los sindicalistas en sus puestos, sobornó a 20 de los trabajadores despedidos para que retirasen sus demandas y prosiguió su campaña antisindical, incluidas amenazas contra el sindicato.

Agregó que la policía también había participado en la campaña antisindical de la empresa, había utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes a una conferencia de prensa organizada por CAWDU, una federación de sindicatos de la que forma parte el sindicato "River Rich", y había intentado arrestar al secretario general de la Coalición Sindical Democrática de Trabajadores de la Industria del Vestido (CAWDU) y a otros activistas sindicales. Ahora se habían presentado cargos criminales contra tres sindicalistas - Phin Sophea, Check Bunsan y Pom Chimma - por haber participado en esa protesta legítima.

El orador sostuvo que la represión de los sindicalistas adopta muchas formas, entre ellas, la elaboración de listas negras y la presentación de cargos criminales contra los miembros de los sindicatos. En el caso del sindicato "Fortune Garments", explicó, la empresa presentó cargos contra el líder sindical por incitar a los trabajadores a la huelga, y demandó al comité ejecutivo del sindicato por 50.000 dólares de los Estados Unidos - el equivalente a más de nueve años de salario de cada uno de los miembros del comité. La represión de los líderes sindicales también puede resultar letal, tal como demuestran los asesinatos de los líderes sindicales Hy Vuthy, Chea Vichea y Ros Sovannareth.

Destacó que el Consejo de arbitraje tiene un poder sumamente limitado y que el funcionamiento del Departamento de Trabajo es notablemente inapropiado. Y a pesar de los esfuerzos de algunos compradores internacionales y del proyecto "Better Factories" de la OIT, la violencia persistía, dando muestra de la fragilidad del imperio de la ley y del clima general de violencia e intimidación, dirigido en particular contra el FUWKC, que en un informe conjunto del Banco Mundial y el proyecto "Better Factories" de la OIT se considera el sindicato independiente más representativo del sector de la confección.

Por último, subrayó la necesidad de realizar una investigación objetiva a cargo de una misión de expertos de la OIT, e hizo un llamamiento al Gobierno para que adoptara medidas urgentes que aseguraran plenamente a los trabajadores el ejercicio de sus derechos sin temor al despido, a las listas negras, a la violencia o al asesinato.

El representante gubernamental agradeció a los miembros empleadores y trabajadores sus contribuciones al debate. Sin embargo, señaló que algunos de los comentarios realizados carecían de base alguna.

Los miembros trabajadores subrayaron que los trabajadores de Camboya no gozan de libertad sindical, ni en el derecho, ni en la práctica. El Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para que la Ley del Trabajo se aplique al personal del sector público y a los trabajadores domésticos; reconocer la CITA y las demás organizaciones independientes; reconocer y respetar el derecho de huelga; crear tribunales de trabajo; y, sobre todo, poner fin al clima de intimidación e impunidad. En este sentido, los miembros trabajadores solicitaron una misión de contactos directos.

Los miembros empleadores se unieron a la petición de los miembros trabajadores para que el Gobierno adecue la legislación y la práctica a los requisitos del Convenio. Al recordar que la libertad sindical es la base del diálogo social, invitaron al Gobierno a proporcionar una visión global de la situación acerca de la libertad sindical en Camboya en su próxima memoria. Por último, refrendaron la petición de los miembros trabajadores para que se enviara una misión de contactos directos de la OIT al país.

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de fecha 24 de agosto de 2010, en relación con actos de violencia y acoso contra dirigentes sindicales y miembros de sindicatos, así como otras violaciones del Convenio. La Comisión toma nota en particular de la información trasmitida por la CSI en relación con el hecho de que no existan tribunales laborales, las deficiencias generales del sistema judicial que se han puesto de manifiesto en relación con los asesinatos de los sindicalistas Chea Vichea y Ros Sovannareth, y el persistente clima de represión de las actividades sindicales.

La Comisión también toma nota de los comentarios del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC), de 31 de agosto de 2010, en los que se indica que los sindicatos independientes siguen siendo frágiles, carecen de los recursos necesarios y funcionan en un contexto extremadamente difícil; que el FTUWKC lucha por conseguir que el Gobierno lo reconozca como una parte interesada válida en el proceso de toma de decisiones políticas; y que no se ha producido pausa alguna en el acoso antisindical, la intimidación y el despido de miembros de sindicatos, que continúan siendo víctimas de la violencia policial, ataques, la insuficiencia de la aplicación de la ley y la impunidad de los empleadores. Asimismo, la Comisión toma nota de que el FTUWKC indica que la ley de 2009 sobre manifestaciones pacíficas afecta gravemente a la organización de huelgas, mítines y otras actividades sindicales y que el Código Penal de 2009, al mantener la difamación y la desinformación como delitos, afecta potencialmente a las actividades sindicales. La Comisión urge al Gobierno a que en su próxima memoria transmita sus observaciones sobre las cuestiones planteadas por la CSI y el FTUWKC.

Además, la Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en relación con los asesinatos de los dirigentes sindicales Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy y la persistente represión de sindicalistas (caso núm. 2318) y la denegación del derecho de los empleados públicos a constituir sindicatos (caso núm. 2222).

En cuanto a la impunidad que prevalece en el asesinato de los sindicalistas antes mencionados, la Comisión recuerda que dos individuos fueron condenados por el asesinato de Chea Vichea (Sok Sam Oeun y Born Samnang) y Saveth Thach fue condenado por el asesinato de Ros Sovannareth después de un juicio repleto de irregularidades judiciales y la ausencia del debido proceso. A pesar de los llamamientos internacionales, desde el momento en que estos asesinatos ocurrieron, así como desde cuando ocurrió el asesinato de Hy Vuthy, para que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales, el Gobierno no ha proporcionado ninguna información sobre las medidas adoptadas a este respecto o para proporcionar cualquier informe independiente. Aunque toma nota de que las condenas de Sok Sam Oeun y Born Samnang se remitieron a la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo y que han sido puestos en libertad bajo fianza, el Gobierno todavía no ha proporcionado ninguna información sobre las investigaciones que se llevarán a cabo para determinar los verdaderos asesinos materiales y los instigadores del asesinato de Chea Vichea. Por otra parte, Thach Saveth está esperando una revisión de su condena por el Tribunal Supremo desde hace varios años. No se ha proporcionado información sobre los progresos realizados en las investigaciones sobre el asesinato de Hy Vuthy.

Por último, la Comisión toma nota de las discusiones sobre Camboya que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (junio de 2010). En particular, toma nota de que la Comisión de la Conferencia lamentó la falta de información en relación con las investigaciones independientes cuya realización se espera desde larga data sobre estos asesinatos. La Comisión de la Conferencia recordó que la libertad sindical y los derechos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole, e instó al Gobierno a garantizar el respeto de este principio fundamental y a acabar con la impunidad tomando las medidas necesarias, con carácter de urgencia, para garantizar investigaciones completas e imparciales sobre los asesinatos de estos dirigentes sindicales y para llevar ante la justicia no sólo a los autores sino también a los instigadores de esos crímenes atroces. Además, tomando nota de las graves irregularidades que se han producido en los procesos judiciales, tal como ya señaló la Corte Suprema, la Comisión de la Conferencia indicó que esperaba que se retiraran inmediatamente los cargos penales contra las personas que habían sido condenadas por esos asesinatos y que el Tribunal Supremo revisase rápidamente la apelación de Thach Saveth y garantizase su liberación.

Derechos sindicales y libertades civiles. En sus comentarios anteriores, la Comisión urgió al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los derechos sindicales de los trabajadores se respeten plenamente y que los sindicalistas puedan ejercer sus actividades en un clima libre de intimidación y de riesgos. La Comisión toma nota de los comentarios realizados por la CSI, así como de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en relación con el persistente clima de violencia e intimidación contra los sindicalistas. La Comisión recuerda de nuevo que la libertad sindical sólo puede ejercerse en un clima libre de violencia, de presión o de amenazas de todo tipo contra los dirigentes y los afiliados de las organizaciones de trabajadores y que la detención de sindicalistas por razones vinculadas con sus actividades en defensa de los intereses de los trabajadores constituye una grave injerencia en las libertades civiles en general y en los derechos sindicales en particular. La Comisión también recuerda que los trabajadores tienen derecho a participar en manifestaciones pacíficas a fin de defender sus intereses laborales. En virtud de lo anterior, la Comisión urge una vez más al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias, en un futuro próximo, para garantizar que los derechos sindicales de los trabajadores se respetan plenamente y que los sindicalistas pueden ejercer sus actividades en un clima desprovisto de intimidación y riesgos para su seguridad personal y sus vidas, de acuerdo con los principios antes mencionados.

En lo que respecta a los asesinatos de los sindicalistas Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy, en sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptase medidas concretas y tangibles, de manera urgente, para llevar a cabo investigaciones independientes y facilitar una revisión acelerada de las condenas de Born Samnang y Sok Sam Oeun por el asesinato de Chea Vichea, así como de la condena de Thach Saveth por el asesinato de Ros Sovannareth, y que tomase medidas para su liberación, en espera del resultado de las mencionadas investigaciones independientes. La Comisión toma nota de que durante las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de la Conferencia el Gobierno indicó que Born Samnang y Sok Sam Oeun habían sido puestos en libertad bajo fianza, en espera de que la Corte de Apelación procediera a un nuevo examen del caso, después de que la Corte Suprema encontrara que se habían producido deficiencias en el proceso penal. El Gobierno añade en su memoria que no ha recibido información sobre la posible fecha de la nueva vista del caso. La Comisión toma nota de que el FTUWKC indica que, el 17 de agosto de 2009, la Corte de Apelación ordenó que se reabriese el caso de Chea Vichea para realizar nuevas investigaciones, pero que no se llevaron a cabo investigaciones posteriores. La Comisión toma nota con preocupación de que en su memoria el Gobierno no trasmite información alguna sobre progresos realizados en relación con las investigaciones de esos tres asesinatos. Por consiguiente, la Comisión urge de nuevo al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, de manera urgente, para garantizar que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre los asesinatos de los dirigentes sindicales antes mencionados y a llevar ante la justicia no sólo a los autores sino también a los instigadores de estos crímenes horribles. En particular, la Comisión urge al Gobierno a que en su próxima memoria transmita información precisa y detallada sobre:

i)     las medidas adoptadas para exonerar de los cargos presentados en contra de Born Samnang y Sok Sam Oeun y para que se les devuelva la fianza y sobre la reapertura de la investigación sobre el asesinato de Chea Vichea tal como solicitó la Corte Suprema;

ii)    la revisión que se espera por la Corte Suprema de la decisión de la Corte de Apelación en relación con la condena de Thach Saveth por el asesinato de Ros Sovannareth, y el inicio de la investigación de este crimen, y

iii)   los cambios producidos en lo que respecta a la investigación del asesinato de Hy Vuthy.

Independencia del Poder Judicial. En su observación anterior, la Comisión, tomando nota de las conclusiones de la misión de contactos directos llevada a cabo en Camboya en abril de 2008 en relación con graves problemas de capacidad y falta de independencia del Poder Judicial, pidió al Gobierno que adoptase medidas concretas y tangibles, de manera urgente, para garantizar la independencia y eficacia del sistema judicial, incluidas medidas de creación de capacidades y de instauración de salvaguardias contra la corrupción. A este respecto, la Comisión toma nota del informe del Relator Especial de las Naciones Unidas encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Camboya, de 16 de septiembre de 2010, en el que se recomiendan diversas medidas para mejorar la independencia del Poder Judicial y, en particular, la adopción sin demora de la ley sobre el estatus de jueces y fiscales y la ley sobre la organización y funcionamiento de las cortes. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar la independencia y eficacia del sistema judicial, en particular en lo que respecta a la adopción de la ley sobre el estatus de jueces y fiscales y la ley sobre la organización y funcionamiento de las cortes, junto con una copia de la legislación pertinente.

Imperio de la ley y cambios legislativos. Por último, la Comisión toma nota de que durante las discusiones en la Comisión de la Conferencia el Gobierno recordó que: i) estaba examinando la posibilidad de crear un tribunal del trabajo de conformidad con las normas internacionales, y que ii) el proyecto de ley sobre sindicatos, en el que estaba trabajando en cooperación con la OIT, se adoptaría en el Parlamento en 2011, y que esperaba que la ley garantizase el derecho de los trabajadores y empleadores a asociarse y negociar colectivamente. El Gobierno añade en su memoria que el grupo de trabajo del Ministerio de Trabajo y Formación Profesional ha terminado su revisión del proyecto de ley sobre sindicatos que contiene 17 capítulos (90 artículos), que se ha enviado a la OIT para su revisión y se transmitirá para consultas a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y después se examinará en una reunión abierta entre diversas partes (que reunirá a representantes de instituciones gubernamentales, sindicatos, asociaciones de empleadores y organismos internacionales, incluidos la OIT y la Cooperación Financiera Internacional (Grupo del Banco Mundial)). La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria trasmita información sobre la creación del tribunal del trabajo y sobre la adopción de la ley sobre sindicatos, así como sobre los procesos de consulta llevados a cabo a este respecto.

Recordando su solicitud al Gobierno de que realizase todos los esfuerzos posibles para tomar las medidas necesarias a fin de poner su legislación de conformidad con el Convenio, la Comisión recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

La Comisión toma nota de los comentarios recibidos en agosto de 2009 por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC) sobre actos de violencia y acoso ante dirigentes sindicales y sindicalistas y otras violaciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones. La Comisión toma nota asimismo de las conclusiones y de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2318 (351.^er informe).

La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

En su comentario anterior, la Comisión había tomado nota de la discusión que había tenido lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2007, sobre la aplicación del Convenio por Camboya y en particular que esa Comisión había expresado su profunda preocupación sobre las declaraciones formuladas en torno al asesinato de los sindicalistas Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy, a las amenazas de muerte y al surgimiento de un clima de impunidad en el país. La Comisión de la Conferencia recordó que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, y dirigió un llamamiento al Gobierno para que adoptara las medidas necesarias encaminadas a garantizar el respeto de este principio fundamental y a poner fin a la impunidad. Asimismo, urgió al Gobierno a que adoptara medidas inmediatas para garantizar que se realizaran investigaciones completas e independientes sobre los asesinatos de los mencionados dirigentes sindicales, con el fin de llevar a la justicia no sólo a los autores, sino también a los instigadores de esos crímenes atroces.

La Comisión había también tomado nota de los comentarios de la CSI acerca de las irregularidades en los procesos judiciales de Born Samnang y de Sok Sam Oeun, condenados por el homicidio de Chea Vichea, a pesar de pruebas contundentes de su inocencia, y de numerosos actos de acoso y de violencia contra dirigentes sindicales. La Comisión urgió al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias, incluido el inicio de investigaciones judiciales, para poner fin a los actos de violencia y de intimidación contra los dirigentes y afiliados sindicales. Por último, la Comisión había tomado nota de la aceptación del Gobierno de una misión de contactos directos de la OIT, como solicitara la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, y había expresado la firme esperanza de que la misión alcanzara resultados significativos respecto de todos los asuntos graves antes planteados.

En este contexto, la Comisión toma nota con preocupación de que, según el FTUWKC, se ha llevado a cabo una campaña de violencia y represión sistemática contra el mismo en una fábrica, incluidos ataques violentos a los dirigentes sindicales por parte de bandas fuera de la fábrica; una violenta dispersión de una concentración del FTUWKC, durante la cual la policía disparó a la espalda de un trabajador, y se arrestó y detuvo a 16 sindicalistas; el despido de 1.500 trabajadores tras la protesta, todos los cuales eran prácticamente dirigentes o afiliados del FTUWKC; y la consecuente lista negra de los despedidos por la administración, que había distribuido sus nombres y fotografías en otras fábricas. El FTUWKC también afirma que las autoridades han hecho poco por investigar las graves lesiones infligidas a los dirigentes sindicales y de hecho han estado con frecuencia implicados en la represión violenta de las protestas, huelgas y marchas de los trabajadores en diversas fábricas.

La CSI también indica que en muchas fábricas los sindicalistas siguen haciendo frente a represiones de todo tipo, sin prácticamente intervención alguna de las autoridades. Los actos antisindicales incluyen agresiones físicas por parte de guardias a sueldo, amenazas de muerte, listas negras, falsas acusaciones a sindicalistas ante los tribunales, deducciones salariales y exclusión de los ascensos. Un dirigente del FUTWKC fue golpeado por cuatro o cinco individuos enmascarados armados con barras de hierro cuando se dirigía del trabajo a su casa. La CSI también se refiere a la continua obstrucción de las actividades de la Asociación de Docentes Independientes de Camboya (CITA), que el Gobierno no reconoce como sindicato y cuyas manifestaciones y protestas han sido con frecuencia prohibidas. Otra organización, la Asociación de la Administración Pública Independiente de Camboya (CICSA), tampoco está reconocida como sindicato.

Por último, la Comisión toma nota del informe de la misión de contactos directos en Camboya, realizada entre el 21 y el 25 de abril de 2008. La Comisión toma nota con profunda preocupación de que el informe de la misión contiene, entre otras cosas, las siguientes conclusiones: 1) que el Poder Judicial de Camboya enfrenta graves problemas de capacidad y de falta de independencia; 2) que la condena de Born Samnang y de Sok Sam Oeun por el asesinato del dirigente sindical Chea Vichea, se había producido el 12 de abril de 2007, en un juicio marcado por irregularidades de procedimiento, incluida la denegación del tribunal de considerar las pruebas de su inocencia; 3) que Thach Saveth había sido sentenciado a 15 años de reclusión por el asesinato del dirigente sindical Ros Sovannareth, y 4) que el Gobierno no informó sobre ninguna medida concreta para garantizar una revisión significativa e independiente de los casos sin resolver. Además, la Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido información alguna sobre progresos realizados en la investigación relativa a Hy Vuthy.

Ante esta situación, la Comisión sólo puede deplorar la ausencia de algún nuevo progreso en este sentido en la memoria del Gobierno, seis meses después de la visita de la misión de contactos directos. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para tomar medidas concretas y tangibles, de manera urgente para que: 1) se lleven a cabo con urgencia investigaciones independientes sobre los asesinatos de Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy; 2) se facilite una revisión acelerada de las condenas de Born Samnang y de Sok Sam Oeun por el asesinato de Chea Vichea, así como de la condena de Thach Saveth por el asesinato de Ros Sovannareth, y que se adopten medidas para su liberación, en espera del resultado de las mencionadas investigaciones independientes; 3) se arbitren las medidas necesarias para garantizar la independencia y la eficacia del sistema judicial, incluidas las medidas de desarrollo de aptitudes y la institución de salvaguardas contra la corrupción. En este sentido, la Comisión sugiere que el Gobierno recurra a los medios de asistencia técnica de la Oficina, especialmente en el terreno del fortalecimiento de la capacidad institucional, así como respecto del establecimiento de tribunales del trabajo y de la revisión de la Ley de Sindicatos. Por último, la Comisión urge al Gobierno, tal como lo solicitó el Comité de Libertad Sindical, a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se respeten plenamente los derechos sindicales de los trabajadores de Camboya y que los sindicalistas puedan ejercer sus actividades en un clima libre de intimidación y de riesgo para su seguridad personal y sus vidas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

La Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2318 y en particular de la sentencia de la Corte Suprema de 31 de diciembre de 2008 ordenando la liberación de Born Samnang y de Sok Sam Oeun. Al tiempo que toma nota a este respecto que la Corte también ordenó la reapertura de la investigación sobre el asesinato de Chea Vichea, la Comisión, al igual que el Comité de Libertad Sindical, urge al Gobierno a garantizar que la investigación sea realizada de manera rápida, independiente y expeditiva y que informe sobre su resultado. Por último, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios de la CSI y de la FUTWKC de 2008 y espera que el Grupo de trabajo que examina la reforma de la legislación sindical tomará en cuenta todas las cuestiones pendientes. Asimismo, la Comisión toma nota que el Gobierno informa de una evolución que ha dado lugar a la creación de más de 1.000 sindicatos así como a la realización de actividades tripartitas.

[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 99.ª reunión de la Conferencia y a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2010.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC) de 29 de agosto de 2008. La Comisión toma nota asimismo de las conclusiones y de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2318 (351.^er informe).

En su comentario anterior, la Comisión había tomado nota de la discusión que había tenido lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2007, sobre la aplicación del Convenio por Camboya y en particular que esa Comisión había expresado su profunda preocupación sobre las declaraciones formuladas en torno al asesinato de los sindicalistas Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy, a las amenazas de muerte y al surgimiento de un clima de impunidad en el país. La Comisión de la Conferencia recordó que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, y dirigió un llamamiento al Gobierno para que adoptara las medidas necesarias encaminadas a garantizar el respeto de este principio fundamental y a poner fin a la impunidad. Asimismo, urgió al Gobierno a que adoptara medidas inmediatas para garantizar que se realizaran investigaciones completas e independientes sobre los asesinatos de los mencionados dirigentes sindicales, con el fin de llevar a la justicia no sólo a los autores, sino también a los instigadores de esos crímenes atroces.

La Comisión había también tomado nota de los comentarios de la CSI acerca de las irregularidades en los procesos judiciales de Born Samnang y de Sok Sam Oeun, condenados por el homicidio de Chea Vichea, a pesar de pruebas contundentes de su inocencia, y de numerosos actos de acoso y de violencia contra dirigentes sindicales. La Comisión urgió al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias, incluido el inicio de investigaciones judiciales, para poner fin a los actos de violencia y de intimidación contra los dirigentes y afiliados sindicales. Por último,  la Comisión había tomado nota de la aceptación del Gobierno de una misión de contactos directos de la OIT, como solicitara la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, y había expresado la firme esperanza de que la misión alcanzara resultados significativos respecto de todos los asuntos graves antes planteados.

En este contexto, la Comisión toma nota con preocupación de que, según el FTUWKC, se ha llevado a cabo una campaña de violencia y represión sistemática contra el mismo en una fábrica, incluidos ataques violentos a los dirigentes sindicales por parte de bandas fuera de la fábrica; una violenta dispersión de una concentración del FTUWKC, durante la cual la policía disparó a la espalda de un trabajador, y se arrestó y detuvo a 16 sindicalistas; el despido de 1.500 trabajadores tras la protesta, todos los cuales eran prácticamente dirigentes o afiliados del FTUWKC; y la consecuente lista negra de los despedidos por la administración, que había distribuido sus nombres y fotografías en otras fábricas. El FTUWKC también afirma que las autoridades han hecho poco por investigar las graves lesiones infligidas a los dirigentes sindicales y de hecho han estado con frecuencia implicados en la represión violenta de las protestas, huelgas y marchas de los trabajadores en diversas fábricas.

La CSI también indica que en muchas fábricas los sindicalistas siguen haciendo frente a represiones de todo tipo, sin prácticamente intervención alguna de las autoridades. Los actos antisindicales incluyen agresiones físicas por parte de guardias a sueldo, amenazas de muerte, listas negras, falsas acusaciones a sindicalistas ante los tribunales, deducciones salariales y exclusión de los ascensos. Un dirigente del FUTWKC fue golpeado por cuatro o cinco individuos enmascarados armados con barras de hierro cuando se dirigía del trabajo a su casa. La CSI también se refiere a la continua obstrucción de las actividades de la Asociación de Docentes Independientes de Camboya (CITA), que el Gobierno no reconoce como sindicato y cuyas manifestaciones y protestas han sido con frecuencia prohibidas. Otra organización, la Asociación de la Administración Pública Independiente de Camboya (CICSA), tampoco está reconocida como sindicato.

Por último, la Comisión toma nota del informe de la misión de contactos directos en Camboya, realizada entre el 21 y el 25 de abril de 2008. La Comisión toma nota con profunda preocupación de que el informe de la misión contiene, entre otras cosas, las siguientes conclusiones: 1) que el Poder Judicial de Camboya enfrenta graves problemas de capacidad y de falta de independencia; 2) que la condena de Born Samnang y de Sok Sam Oeun por el asesinato del dirigente sindical Chea Vichea, se había producido el 12 de abril de 2007, en un juicio marcado por irregularidades de procedimiento, incluida la denegación del tribunal de considerar las pruebas de su inocencia; 3) que Thach Saveth había sido sentenciado a 15 años de reclusión por el asesinato del dirigente sindical Ros Sovannareth, y 4) que el Gobierno no informó sobre ninguna medida concreta para garantizar una revisión significativa e independiente de los casos sin resolver. Además, la Comisión toma nota con  preocupación de que no se ha recibido información alguna sobre progresos realizados en la investigación relativa a Hy Vuthy.

Ante esta situación, la Comisión sólo puede deplorar la ausencia de algún nuevo progreso en este sentido en la memoria del Gobierno, seis meses después de la visita de la misión de contactos directos. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para tomar medidas concretas y tangibles, de manera urgente para que: 1) se lleven a cabo con urgencia investigaciones independientes sobre los asesinatos de Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy; 2) se facilite una revisión acelerada de las condenas de Born Samnang y de Sok Sam Oeun por el asesinato de Chea Vichea, así como de la condena de Thach Saveth por el asesinato de Ros Sovannareth, y que se adopten medidas para su liberación, en espera del resultado de las mencionadas investigaciones independientes; 3) se arbitren las medidas necesarias para garantizar la independencia y la eficacia del sistema judicial, incluidas las medidas de desarrollo de aptitudes y la institución de salvaguardas contra la corrupción. En este sentido, la Comisión sugiere que el Gobierno recurra a los medios de asistencia técnica de la Oficina, especialmente en el terreno del fortalecimiento de la capacidad institucional, así como respecto del establecimiento de tribunales del trabajo y de la revisión de la Ley de Sindicatos. Por último, la Comisión urge al Gobierno, tal como lo solicitó el Comité de Libertad Sindical, a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se respeten plenamente los derechos sindicales de los trabajadores de Camboya y que los sindicalistas puedan ejercer sus actividades en un clima libre de intimidación y de riesgo para su seguridad personal y sus vidas.

La Comisión dirige directamente al Gobierno una solicitud sobre otros puntos.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 28 de agosto de 2007. La Comisión toma nota asimismo de la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2007 y en particular, de que esa Comisión había deplorado el incumplimiento del Gobierno de comunicar memorias completas a la Comisión de Expertos y expresó su profunda preocupación ante las declaraciones formuladas en relación con el asesinato de los sindicalistas Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy; amenazas de muerte; y el surgimiento de un clima de impunidad en el país. La Comisión de la Conferencia también recordó que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima libre de violencia, de presiones o de amenazas de cualquier tipo contra los dirigentes y los afiliados de esas organizaciones, y dirigió un llamamiento al Gobierno para que adopte las medidas necesarias a efectos de garantizar el respeto de este principio fundamental y poner término a la impunidad. A tal fin, urgió al Gobierno a que adopte inmediatamente medidas para garantizar que se realicen investigaciones completas e independientes de los asesinatos de los mencionados dirigentes sindicales de Camboya, con el fin de llevar ante la justicia, no sólo a los autores, sino también a los instigadores de esos atroces delitos.

La CSI se refiere a la obstrucción de las actividades de la Asociación de Docentes Independientes de Camboya (CITA); a la condena, a pesar de la falta de pruebas, de los dirigentes sindicales Lach Sambo, Yeom Khun y Sal Koem Sam, por el delito de encierro ilegal en relación con una huelga; y a la denegación de los empleadores de dar cumplimiento a las órdenes del consejo de arbitraje para reintegrar a los sindicalistas despedidos. La CSI también se refiere a los numerosos actos de acoso y de violencia contra dirigentes y afiliados sindicales, incluida la detención por parte de las autoridades de un dirigente del Sindicato Libre de Trabajadores del Reino de Camboya (FTUWKC), en relación con una marcha del día 1.º de mayo de 2006, organizada por su sindicato; así como ataques a los dirigentes del FTUWKC, Chi Simun, Lem Semret, Em Chhay Tieng, Chey Rithy and Yeng Vann Yuth. Por último, la CSI alega la presentación de nuevas evidencias que prueban la inocencia de las personas condenadas en 2005 por el asesinato de Chea Vichea, presidente del FTUWKC. Las mencionadas evidencias incluyen el testimonio de un testigo presencial, según el cual se había absuelto a dos hombres del asesinato, y el testimonio del ex jefe de la policía de Phnom Penh, que venía a corroborar que se había incriminado a las dos personas por el asesinato.

Recuerda que había destacado, en muchas ocasiones, la interdependencia de las libertades civiles y los derechos sindicales, resaltando que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse en un clima de respeto de los derechos humanos fundamentales. El ejercicio de las libertades públicas en relación con los derechos sindicales debería examinarse en base a las disposiciones contenidas en el artículo 3 del Convenio núm. 87, y es en conexión con esa norma que el respeto de ciertos derechos humanos fundamentales cobra toda su importancia para la vida sindical [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 26]. La Comisión lamenta profundamente la falta de respuesta del Gobierno a los comentarios de la CSI, en particular teniendo en cuenta la gravedad de los alegatos. En estas condiciones, la Comisión urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, incluido el inicio de las investigaciones judiciales, para poner término a los actos de violencia y de intimidación contra dirigentes y afiliados sindicales.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que acepte una misión de contactos directos de la OIT en relación con los graves asuntos planteados en torno a la libertad sindical. A este respecto, la Comisión toma nota de la comunicación del Gobierno de 2 de noviembre de 2007, en la que indica que después de la Misión de Alto Nivel que visitó Camboya en octubre, ha aceptado una misión de contactos directos en marzo o abril de 2008. La Comisión toma nota con interés de estas informaciones y expresa la firme esperanza de que podrá constatar progresos significativos en relación con las graves cuestiones a las que se hace referencia en la observación.

La Comisión dirige una solicitud directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2008.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.

La Comisión toma nota de los comentarios sobre la aplicación del Convenio sometidos por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en una comunicación de fecha 10 de agosto de 2006. La CIOSL se refiere a cuestiones ya planteadas y alega el hostigamiento permanente que sufre la Asociación de Maestros Independientes de Camboya, el arresto y desaparición de líderes sindicales, la violencia de policías y militares contra huelguistas y la condena de dos hombres inocentes por el asesinato de un líder sindical. A este respecto, la Comisión recuerda que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima libre de violencia, presión o amenazas de cualquier tipo contra los líderes y miembros de esas organizaciones y que son los gobiernos los que tienen que garantizar el respeto de este principio. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre todos estos graves comentarios, así como sobre los comentarios de 2005 de la CIOSL (la exclusión de los funcionarios públicos del ámbito de la Ley del Trabajo, las limitaciones al derecho a elegir libremente a los representantes sindicales y las restricciones al derecho a la huelga, especialmente imponiendo servicios mínimos en todas las empresas sin tener en cuenta si se trata de servicios públicos, el que se niegue el reconocimiento a la Federación de Sindicatos de la Construcción de Camboya (CCTUF), el asesinato de dos líderes sindicales, las amenazas contra sindicalistas, la intimidación, el hostigamiento y los ataques físicos y la violenta represión por parte de la policía de las huelgas y protestas).

Además, la Comisión envía al Gobierno una solicitud directa.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)