Caso individual (CAS) - Discusión: 2011, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Un representante gubernamental subrayó la importancia que reviste este tema para el Gobierno. Describió los esfuerzos del Gobierno para ubicar los centros de trabajo conocidos como «pozos» de carbón. Es muy difícil identificar esos «pozos» porque quienes los explotan no tienen la obligación legal de denunciarlos y porque se encuentran esparcidos en grandes superficies. A pesar de esas dificultades, en 2011 el Gobierno implementó un sistema para identificar a través de satélites los «pozos» en funcionamiento. Se revisaron 2,5 millones de hectáreas y se detectaron 563 «pozos» de carbón, de los cuales 297 que se encuentran en actividad. En una segunda etapa se prevé direccionar los operativos de inspección en esos «pozos» identificados. Indicó que el número de casos de medidas no comprobadas en el operativo de minas subterráneas de carbón al cierre del ejercicio 2010, fue de 219 y no de 899. La diferencia obedece a que la memoria presentada por este Gobierno en la cual aparece dicha cifra corresponde a las acciones realizadas hasta el mes de junio de 2010, cuando muchas de las visitas de comprobación se encontraban pendientes de realización. De la misma forma, las 219 medidas no comprobadas obedecieron a que en dichos casos, los centros de trabajo se encontraron cerrados a causa de las condiciones climáticas. Respecto de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos, informó que ya se ha concluido el pago de las indemnizaciones, las cuales superan las previstas en la legislación laboral. Agregó que en 2010 la tasa de trabajadores mineros aumentó mientras que la tasa de accidentes ha disminuido, lo que demuestra un avance. El orador también informó sobre distintas medidas que el Gobierno está implementando, que incluyen la creación de una subcomisión para desarrollar el Sistema Nacional de Información sobre Riesgos de Trabajo, el registro electrónico de accidentes y enfermedades de trabajo y cursos multimedia en materia de seguridad para minas subterráneas de carbón. Asimismo, las autoridades laboral y minera implementaron un nuevo sistema a través del cual, cuando se detecta una mina que no cumple con la normativa laboral, se notifica a la autoridad minera para que ésta suspenda las actividades en la mina. En el marco de esta nueva estrategia ya se han notificado a la autoridad minera 14 casos de minas que acarrean riesgo para los trabajadores. Por otra parte, el Gobierno Federal ha acordado recientemente con el Gobierno del Estado de Coahuila distintas acciones, que incluyen un programa de inspección conjunta a minas subterráneas de carbón y un programa para la compra de carbón limpio, mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) únicamente comprará carbón a empresas que cumplan con las normas de seguridad.

Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno la información facilitada a la Comisión. El caso ya se ha discutido dos veces en la Comisión y fue objeto de una reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT en 2009. Gracias a la discusión del año pasado, se había avanzado considerablemente de cara a la entrada en vigor de una nueva ley sobre la protección del trabajador y su salud en el sector de las minas de carbón, y de medidas adoptadas por el Gobierno en cooperación con los interlocutores sociales. Los miembros empleadores pidieron al Gobierno que responda a los alegatos presentados, entre otros, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales (SNTCPF), en particular en lo relativo a las medidas tomadas para el seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Tripartita. Los miembros empleadores hicieron referencia a varias medidas de seguimiento específicas que el Gobierno ya ha tomado a este respecto. Dadas todas las medidas mencionadas por el Gobierno, consideraron que se trata de un caso de progreso. No obstante, la Comisión de Expertos parece expresar ciertas dudas en cuanto a la eficacia de las medidas adoptadas, alimentadas por las acusaciones de los sindicatos. El Gobierno debe rebatirlas aportando información detallada. En la opinión de los miembros empleadores, las dudas de la Comisión de Expertos son excesivas respecto de determinados puntos. Por ejemplo, la Norma oficial mexicana NOM-032-STPS-2008 se está usando para instar al Gobierno a ratificar el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176). El Gobierno ha tomado nota de que su legislación nacional no es conforme al artículo 13 del Convenio núm. 176, lo que representa un obstáculo para la ratificación. En la discusión sobre el Estudio General en 2009, ya se puso de manifiesto la dificultad de saber en qué medida los trabajadores pueden irse en caso de peligro inminente. Los miembros empleadores afirmaron que el derecho a dejar de trabajar no puede ser un derecho general. Es preciso tener en cuenta el tamaño y la organización interna de la empresa, así como la capacidad de los trabajadores. En las empresas donde se realizan actividades complejas, sólo los expertos técnicos pueden determinar si este derecho se ejerce de forma adecuada. El principio de buena fe tiene que desempeñar un papel importante en este contexto y debe prevenirse el abuso de este derecho, que puede desembocar en perjuicios considerables para la empresa y los demás trabajadores. Los miembros empleadores se congratularon por la entrada en vigor de la NOM032STPS-2008 y, aunque valoraron el hecho de que de este modo se cumple con muchas disposiciones del Convenio núm. 176, indicaron que no corresponde a la Comisión instar a la ratificación del Convenio núm. 176 cuando se debate la aplicación del Convenio núm. 155. Animaron al Gobierno a continuar los progresos relativos a las diversas medidas destinadas a mejorar la protección del trabajador y su salud en consulta con los interlocutores sociales. Se pidió al Gobierno que responda a las numerosas preguntas de la Comisión de Expertos y prosiga su cooperación con la OIT a este respecto.

Los miembros trabajadores señalaron que la Comisión debe tratar nuevamente las secuelas del grave accidente de la mina de Pasta de Conchos en 2006, que costó la vida a 65 mineros. En marzo 2009, el Consejo de Administración aprobó un informe como consecuencia de una reclamación por la violación de varios convenios relativos a la seguridad y salud de los trabajadores. El Consejo de Administración formuló una serie de recomendaciones y confió el seguimiento a la Comisión de Expertos y a la Comisión de la Conferencia. Entre dichas recomendaciones, el Gobierno debe adoptar medidas en consulta con los interlocutores sociales, especialmente en lo que se refiere a la elaboración de un nuevo reglamento para la seguridad y salud en la industria del carbón, en conformidad con las normas de la OIT. Con este objetivo, se adoptó una nueva norma oficial en 2008. Los miembros trabajadores destacaron que esta norma no ha cambiado nada en la región de Coahuila. En efecto, la mortalidad aumentó en el 200 por ciento en 2009, no existe un registro de minas en la región y la nueva norma no es respetada por los empleadores y las visitas de inspección son insuficientes. Los miembros trabajadores señalaron que se ha iniciado un examen periódico de la situación en materia de salud dirigido a la extracción del carbón. Con este objetivo, las comisiones consultivas están trabajando y una comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo se esfuerza para identificar nuevos proyectos. Otra serie de medidas se refieren al control efectivo de la aplicación de la reglamentación, a través de una inspección suficiente y eficaz. Los miembros trabajadores recordaron que el accidente de «Pasta de Conchos» no es una tragedia repentina e imprevisible. Es la consecuencia de la negligencia en relación con las normas de seguridad e higiene. En efecto, el servicio de la Inspección del Trabajo mexicano constató infracciones a la seguridad y salud, pero no se ha propuesto ninguna solución para resolver este problema. Señalaron que, según el Gobierno, se han adoptado medidas en el marco del objetivo sectorial de promoción y de vigilancia del respeto de las normas del trabajo, pero este objetivo sólo concierne a las minas grandes y medianas. Las cifras proporcionadas por el Gobierno no permiten hacerse una idea del grado de aplicación de la legislación en la medida en que el 60 por ciento de los mineros son trabajadores ocupados en el sector informal y los trabajadores clandestinos no forman parte de él. Por último, los miembros trabajadores hicieron hincapié en que el Consejo de Administración recomendara una indemnización adecuada para las 65 familias afectadas y las sanciones apropiadas para los responsables del accidente.

El miembro empleador de México consideró que el presente caso deriva de un problema del líder del Sindicato Minero, quien enfrenta desde hace tiempo un proceso judicial en su contra, lo que ha provocado que éste busque el apoyo de diversas personas y organizaciones en beneficio de su causa. Es por ello que el Sindicato que presenta la reclamación pertenece a una actividad ajena a la minería. El trágico suceso que tuvo lugar en la mina de «Pasta de Conchos» es, por fortuna, un problema aislado que no se ha repetido. Consideró que este asunto ya fue analizado y resuelto por el Consejo de Administración de la OIT en mayo de 2009. En el año 2010 la Comisión de Expertos tomó con satisfacción la elaboración de la norma NOM032STPS2008 relativa a la seguridad para las minas subterráneas de carbón, preparada en consulta con los interlocutores sociales. Además, del informe de la Comisión de Expertos se desprende que las memorias solicitadas al Gobierno fueron presentadas en forma completa y puntual. Ya se ha informado del pago de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas de la mina de Pasta de Conchos y este tema no entra dentro del alcance del Convenio. Asimismo, sostuvo que la legislación mexicana no sólo contiene los mecanismos que permiten hacer efectiva la interrupción de las labores en áreas de peligro inminente (artículos 14, 23 y 24 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por violaciones a la Legislación Laboral), sino que además, el no contar con las medidas de seguridad en los centros de trabajo es una causa para que los trabajadores puedan proceder a la rescisión del contrato de trabajo por causas imputables al empleador. El orador consideró que la seguridad en el trabajo es un asunto que requiere una revisión continua, y para ello es importante mantener el diálogo con los interlocutores sociales a través de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Un miembro trabajador de México indicó que desde el año 2006 se produjeron 124 muertes en el sector de la minería y que de la última Conferencia de junio de 2010 a la fecha, hay 32 mineros muertos más. En Pasta de Conchos 63 cuerpos aún siguen en la mina. El Gobierno se ha opuesto al rescate de los cuerpos y no tiene control sobre el número de muertes ni de centros mineros en actividad en México. En el año 2010 hubo 13 muertos y en lo que va de 2011, 22. El número de inspectores resulta insuficiente, éstos carecen de capacitación y no reciben salarios adecuados. Las propias inspecciones del trabajo del Gobierno mexicano señalan el deterioro del año 2010 en relación al 2009, sobre todo en lo concerniente a la prevención de las explosiones del gas metano. Únicamente los patrones y el Gobierno tienen acceso a las inspecciones de trabajo de la autoridad laboral, sin la participación de los trabajadores. Solicitó que las actas de inspección sean públicas y exigió que se cuente con la participación de los trabajadores en su realización. Las propias inspecciones del Gobierno señalan el deterioro de 2009 a 2010. El orador denunció que el Gobierno permite el funcionamiento de los llamados «pocitos», que no cuenta con salida de emergencia y en donde se registró el 80 por ciento de las muertes de mineros. La mayoría de los trabajadores de los «pocitos» carece de seguridad social. Las pensiones que reciben las viudas de los mineros muertos son miserables, ya que representan apenas una tercera parte del salario que perciben los mineros. Sigue sin permitirse que los mineros puedan suspender sus labores cuando existe peligro. De 25 minas sólo una cuenta con contrato colectivo de trabajo. Los sindicatos son casi inexistentes, y cuando los hay, son manejados por los patrones. Las concesiones mineras se otorgan sin control y el intermediarismo en el sector minero propicia fraudes y evasión de responsabilidades en materia de seguridad social. En mayo de 2011 murieron 14 mineros más. Solicitó a la OIT que inste al Gobierno a rescatar a los mineros de Pasta de Conchos y que realice en forma urgente una misión de contactos directos.

Otro miembro trabajador de México se refirió al siniestro producido en la mina Pasta de Conchos. De los 65 trabajadores mineros fallecidos en ese siniestro 35 prestaban sus servicios tercerizados o subcontratados por una empresa, por lo que estaban excluidos de la aplicación del contrato colectivo celebrado con Industrial Minera México. Sus salarios y prestaciones eran muy inferiores a lo pactado en el contrato colectivo y sus derechos a seguridad e higiene en el trabajo y a la seguridad social, estaban gravemente vulnerados. Al producirse el siniestro, esta situación quedó al descubierto mostrando la perversidad del sistema de tercerización. Los trabajadores tercerizados estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante otra modalidad fraudulenta, la de «subregistrados», con un salario de 110 pesos diarios, muy inferior al salario de los trabajadores sindicalizados, que es de 300 pesos diarios. Por ello el monto de las pensiones para las familias de los trabajadores tercerizados fue irrisorio: entre 2.600 y 3.200 pesos para cada una. El orador indicó que, según la organización «Familia Pasta de Conchos», en el estado de Coahuila, el carbón mineral tiene 277 concesionarios pero, hasta el tercer trimestre de 2010, solamente 24 concesionarios estaban registrados en el IMSS. Es decir, que los titulares de las concesiones utilizan trabajo subcontratado y la gran mayoría de minas se rentan o ya han sido explotadas y se sobreexplotan por medio de «pocitos». En suma, los mortales efectos del siniestro se vieron acentuados gravemente por la ilegal y ya sistémica tercerización de la fuerza de trabajo que se padece en las minas de carbón de México. Insistió en que deben desplegarse los esfuerzos necesarios para lograr el rescate de las víctimas del siniestro de Pasta de Conchos y solicitó que se lleve a cabo una misión de contacto directo de la OIT.

Un observador representante de la Confederación Sindical International (CSI) consideró que los accidentes que se producen en el trabajo son evitables. En México, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), órgano empresarial de ese país, sólo 3 de cada 10 empresas proporcionan a sus trabajadores el equipo de seguridad apropiado. El IMSS informa de cerca de 1.400 defunciones a nivel nacional por riesgos de trabajo y de esa cifra un promedio de 1.200 son producidas por accidentes de trabajo. Ello sin considerar las muertes que se producen en el trabajo informal, de las cuales no existen cifras confiables. En los últimos cinco años, la organización «Familia Pasta de Conchos» contabiliza 124 mineros fallecidos. El número se incrementó en más del 100 por ciento entre 2010 y 2011. El Gobierno reconoce en su cuarto informe de labores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que han disminuido tanto el número de inspecciones de trabajo a nivel federal como el de comisiones mixtas de seguridad e higiene. En un país de 112 millones de habitantes como México y 44 millones de población económicamente activa se ha clausurado sólo un centro de explotación minera en los últimos cinco años. Recordó que el Consejo de Administración en el marco de la reclamación presentada contra México solicitó al Gobierno considerar la ratificación del Convenio núm. 176, pero hasta la fecha la ratificación no se ha consumado. Solicitó una misión de contacto directo para constatar y corregir estas violaciones al Convenio por parte del Gobierno.

El miembro trabajador de los Estados Unidos indicó que si bien las condiciones de seguridad y salud son escasas en el sector minero en general, la situación en México es mucho peor en sus numerosas minas pequeñas o pocitos, un tipo de explotación minera que había sido prohibida durante mucho tiempo en otras regiones y que es altamente arriesgada, contaminante e ineficiente. Aunque éstas no cumplen con la norma oficial mexicana NOM-032-STPS-2008 ya que carecen de los elementos básicos de seguridad, las autoridades siguen permitiendo en la práctica la denominada «mina artesanal» en estos pocitos, basándose en un argumento según el cual estas minas generan el empleo necesario en la región. Este tipo de empleo, sin embargo, es muy inseguro e insalubre. Indicó que los trabajadores en estas minas rara vez tienen contratos de empleo, reciben poca formación y no se les proporciona el equipo básico de seguridad. Sus horas de trabajo pueden ser excesivas con muy poco descanso. La fuerza de trabajo de estas minas con frecuencia no se encuentra registrada con exactitud en el IMSS y este instituto ha hecho muy poco para auditar estas minas. Como resultado, en algunos casos menos de la mitad de los trabajadores están registrados y, como consecuencia, los trabajadores no tienen acceso a una asistencia urgente y necesaria en caso de producirse un accidente. Estas minas son rara vez inspeccionadas. Hizo referencia al informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2011 que examina la situación de la mina Lulú, en la que murieron trabajadores en 2009. Compartió la opinión de que todavía queda mucho por hacer y que una misión de contacto directo de la OIT es la medida adecuada en este momento para ayudar al Gobierno a mejorar la salud y la seguridad en las minas.

El miembro gubernamental de Argentina, hablando en nombre de los miembros gubernamentales de la Comisión que son miembros del Grupo de Estados de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) destacó que el Gobierno cumplió debidamente con la presentación de sus memorias solicitadas para 2010. Destacó que del informe de la Comisión de Expertos se desprende que el Gobierno ha dado seguimiento y proporcionado información respecto a la aplicación del Convenio y ha proporcionado información puntual y abundante en relación al accidente que tuvo lugar en la mina de Pasta de Conchos. El GRULAC aprecia que la Comisión de Expertos dé cuenta del desempeño del Gobierno y no muestre especial preocupación sobre el cumplimiento del Convenio. El GRULAC estima que han de considerarse los avances que se desprenden del informe de la Comisión de Expertos y espera que las conclusiones que se adopten tomarán en cuenta los nuevos datos y argumentos expuestos por el Gobierno.

El representante gubernamental reconoció que el Gobierno tiene problemas con los registros en el sector minero y por ese motivo se están realizando inspecciones conjuntas con otros órganos gubernamentales. Se comprometió a suministrar con sus próximas memorias copias de las actas de las inspecciones que se han realizado, a fin de que puedan ser analizadas por la Comisión de Expertos. Reiteró la eficacia de la estrategia que se está implementando conjuntamente con la autoridad minera y con la CFE. En caso de tercerización el concesionario sufrirá las consecuencias, pues si la empresa no acredita que se cumple con la normativa laboral no podrá vender carbón. Indicó que desde el año 2007 el número de inspecciones en las minas ha venido aumentando. En cuanto a las fatalidades llamó a poner la situación en contexto. Conforme a las cifras del IMSS, en una década ha habido 340 víctimas fatales en la minería mientras que en la industria de la construcción hubo 216 fatalidades en un solo año. El orador manifestó la plena disposición del Gobierno para seguir presentando información.

Los miembros empleadores subrayaron la importancia de reducir y prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales. Los empleadores tienen la responsabilidad general de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Un enfoque que anime a los Gobiernos y a los trabajadores a trabajar conjuntamente con los empleadores y apoye sus esfuerzos para crear una cultura de seguridad y salud es la clave del éxito. Animaron al Gobierno a proporcionar información detallada a fin de evaluar los datos conflictivos presentados hoy. Un aumento en el número de muertes debido a los accidentes profesionales no significa necesariamente un empeoramiento de la situación, sino que puede también indicar una mayor transparencia y una mejora en la recopilación de datos. Los numerosos esfuerzos del Gobierno para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo deben continuar en cooperación con los interlocutores sociales. Deben presentarse medidas de seguimiento para que la Comisión de Expertos tenga una visión mucho más precisa de la situación en la práctica.

Los miembros trabajadores recordaron que el Gobierno debe presentar informaciones sobre el número y la naturaleza de los accidentes en el sector minero, formal e informal, sobre los métodos de evaluación de los riesgos en ese sector, sobre las indemnizaciones realmente pagadas y las que deberían pagarse a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas, y sobre las prestaciones ofrecidas a las familias de los mineros sin protección social. Además, a este respecto insistieron en que la cuestión de las indemnizaciones es una petición específica formulada por el Consejo de Administración. Los miembros trabajadores estimaron que las informaciones facilitadas por el Gobierno en el marco de esta discusión son insuficientes. Los siguientes puntos requieren una respuesta del Gobierno: en los casos de la mina Lulú y el pocito Ferber, debe exigirse un informe especial para determinar las responsabilidades en el fallecimiento de mineros; el Gobierno debe abonar a todos los trabajadores expuestos en estas minas las indemnizaciones que fije la legislación; todas las sumas abonadas a los mineros no sujetas a la seguridad social deben integrarse en base al cálculo de las cotizaciones a efectos de pensión que se deben a los mineros fallecidos; el Gobierno debe facilitar informaciones sobre el número de menores de edad que trabajan en las minas de carbón y sobre el programa de salud respecto de los niños; también debe facilitar informaciones sobre las sanciones impuestas y sobre la política en materia de multas en los casos de infracción de las normas de seguridad; debe presentar un informe sobre la capacidad del IMSS de responder a la problemática de la salud en las minas de carbón, en el que figure el motivo de que no haya un hospital especializado en enfermedades respiratorias en la región; y por último, el Gobierno debe explicar cómo se utiliza el dinero procedente del cobro de las multas y qué beneficio de ese dinero obtienen los habitantes de la región de las minas de carbón.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información escrita y oral facilitada por el representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación.

La Comisión señaló que la observación de la Comisión de Expertos se refería esencialmente al seguimiento de las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración en marzo de 2009, en relación con la reclamación en virtud del artículo 24 relativa al accidente que tuvo lugar en la mina de Pasta de Conchos en 2006. En ese contexto, la Comisión de Expertos se refirió a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia que examinó el caso en 2010.

La Comisión tomó nota específicamente de las informaciones proporcionadas por el Gobierno sobre las nuevas medidas adoptadas en relación con el aumento de las capacidades de control del Gobierno sobre todo tipo de minas mediante la introducción de un sistema de identificación satelital. Este sistema ha permitido detectar 563 pozos, de los cuales 297 se encuentran activos y serán objeto de inspección. Tomó nota asimismo de la información suministrada relativa al reforzamiento de las facultades de la Inspección del Trabajo entre las cuales se cuenta la de ordenar la suspensión definitiva de las actividades en caso de incumplimiento de las medidas establecidas por riesgo inminente. En este sentido, el Gobierno afirmó que se encuentra pendiente una reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que contempla los siguientes aspectos: la obligatoriedad de la verificación de la aplicación de las medidas ordenadas por la inspección para actividades de alto riesgo, el incremento de la cuantía de las sanciones económicas y la tipificación como delito del empleo de menores de 14 años. El Gobierno señaló también que la Inspección del Trabajo adoptó medidas de seguimiento durante todo 2010. Se refirió también a la adopción del acuerdo de 9 de mayo de 2011, entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Coahuila, en virtud del cual se comprometen a comprar solamente «carbón limpio», es decir a aquellas empresas que cumplan con la norma NOM032STPS-2008. Reconociendo la existencia de problemas de seguimiento relativos a minas y mineros no registrados, el Gobierno hizo referencia a la mejora de la coordinación mediante programas de inspección conjunta, y a la adopción, en 2010, de medidas de informatización y coordinación en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Información sobre Riesgos de Trabajo. El Gobierno declaró que el número de accidentes y enfermedades laborales decreció de 2001 a 2010. En cuanto a las indemnizaciones a las familias de las víctimas del accidente en Pasta de Conchos, el Gobierno informó que el cálculo de la suma se hizo con arreglo a parámetros fijos, y que ya se había asignado una suma de una cuantía superior a la prevista en la LFT en concepto de ayuda humanitaria a 42 familias. Añadió, además, que el Director de la Inspección del Trabajo se había reunido con las familias de las víctimas y que el Gobierno les brindaría su apoyo hasta que se hayan resuelto todos los casos.

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión observó también que parecen persistir ciertos problemas en lo que atañe a la implementación efectiva de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, incluso en las minas pequeñas (pocitos) y en aquellas otras no registradas. La Comisión solicitó al Gobierno que suministre información sobre las circunstancias en las que los trabajadores pueden sustraerse al trabajo en caso de peligro inminente y grave para sus vidas. Tomó nota de la discrepancia en los datos comunicados en cuanto al número de accidentes y enfermedades en el trabajo y, en particular, de la alegación de que la tasa de mortalidad ha aumentado considerablemente en 2009. La Comisión manifestó su preocupación sobre el hecho de que las condiciones para la salud y la seguridad en el trabajo dentro de las minas pequeñas y no registradas, donde existe un elevado índice de accidentes mortales, sigan siendo deficitarias.

La Comisión solicitó al Gobierno que proporcione información adicional sobre todas las medidas adoptadas para hacer frente a las cuestiones planteadas en la discusión. Esta información debería incluir los datos siguientes: el número y tipo de minas en la región carbonífera de Coahuila; el número y la naturaleza de los accidentes en el sector de la minería, incluyendo en la medida de lo posible los sectores registrados y no registrados; y las demás cuestiones evocadas por la Comisión de Expertos en sus últimos comentarios. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte todas las medidas a su alcance para que las familias de las víctimas del accidente de Pasta de Conchos — incluidas las familias de los mineros sin protección social — reciban todas las indemnizaciones y prestaciones que les corresponden y se respete su seguridad y dignidad personal. La Comisión instó al Gobierno a que garantice que todas las acciones y medidas pertinentes relativas a este caso se lleven a cabo en estrecha colaboración con los interlocutores sociales. Solicitó al Gobierno que envíe información completa a la Comisión de Expertos para su examen en su próxima reunión en noviembre-diciembre de 2011. La Comisión pidió al Gobierno que continúe su estrecha colaboración con la OIT, y lo invitó a solicitar la asistencia técnica de la OIT.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2010, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Caso individual (CAS) - Discusión: 1996, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Un representante gubernamental declaró que México tiene una larga tradición en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Ya en la Constitución de 1917, en su artículo 123, se contenían algunas medidas que preveían una participación de los trabajadores sobre una base tripartita en lo relativo a la seguridad y la higiene en el trabajo. En este terreno, las autoridades encargadas de la aplicación de las disposiciones en vigor se sitúan en el ámbito federal. Así, se creó una comisión consultiva de seguridad e higiene, que es auxiliada por las comisiones consultivas estatales, entre cuyas funciones se encuentra la de proponer políticas y programas concretos para la prevención de los accidentes y para el establecimiento de diferentes medidas de seguridad.

El orador señaló que, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, se adoptaron dos medidas importantes: por una parte, la obligación de los empleadores de impartir capacitación y adiestramiento a los trabajadores, a efectos de mejorar sus aptitudes y capacidades y, con ello, contribuir a la prevención en materia de accidentes; por otra parte, se establecieron comisiones mixtas en cada centro de trabajo. Se dictaron asimismo instructivos, dirigidos a dar aplicación a un reglamento de seguridad e higiene, que permite una fusión de todas las experiencias adquiridas en este área. En este marco, la CLAT presentó una queja en relación con casos de anencefalia en la zona fronteriza del Norte del país, basada en artículos aparecidos en la prensa y que tuvieron amplia difusión. El Gobierno dio una respuesta amplia y prolija sobre tres aspectos: medidas de seguridad e higiene; medidas de salud pública y estudio, caso por caso, de las causas de las intoxicaciones y los casos de anencefalia. En el contexto de modernización y de cambios estructurales de su país, se prevé la expedición del Reglamento de seguridad e higiene, que habrá de contener 180 artículos, y por medio del cual se derogan seis reglamentos, cuyas disposiciones eran contradictorias. Se trataba de los reglamentos sobre las actividades peligrosas e insalubres para las mujeres y los niños, la prevención de los accidentes del trabajo, de la inspección de todos los generadores que funcionan a presión, la higiene en el trabajo, la seguridad en el trabajo de las minas y del reglamento en materia de seguridad e higiene en el trabajo. El objetivo del Reglamento es la creación de un cuerpo de normas que actúe mejor en la práctica y la prevención de accidentes y riesgos. Se expidieron 116 normas oficiales, que los empleadores habrán de tener en cuenta para prevenir los accidentes en el lugar de trabajo y proteger la salud de los trabajadores.

En relación con el informe de la Comisión de Expertos, en el sentido de que el Gobierno de México debería tomar en consideración la Recomendación núm. 164, en particular el párrafo 3, incisos d), h), k) y m), se cuenta con algunas normas que tratan de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, en centros donde existen problemas de ruidos y de ventilación, donde existen riesgos de electricidad estática y vibraciones. En cuanto al párrafo 10, incisos a) y c), existen dos normas oficiales, relativas a la seguridad en los edificios y en otros lugares de trabajo. Con respecto al párrafo 12, 2), incisos a) y c), se instituyeron comisiones mixtas de seguridad e higiene y se introdujo una norma oficial relativa al sistema de comunicación de riesgos en centros de trabajo (productos químicos).

El orador se refirió luego a los casos de anencefalia. En ese sentido, es importante dar a conocer la información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, de mayo de 1996, a través de la cual se menciona un estudio epidemiológico que arrojó el siguiente resultado: la tasa de anencefalia por 10.000 recién nacidos vivos había sido de 19,4 en el período 1985-1992, mientras que en 1995 esa cifra descendió a 7,4. Es de enorme interés destacar la detección de los factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Se encontró que las mujeres con bajo nivel de ácido fólico eran más susceptibles de tener hijos con esta malformación. La administración de ácido fólico a las futuras gestantes como suplemento alimentario disminuye el riesgo de transmisión de la misma. El Gobierno ha adoptado al respecto medidas para administrar esta sustancia a las mujeres que se encuentran en estado de gestación y se dio el debido seguimiento a esta cuestión.

Por último, en relación con la prevención de accidentes, el orador manifestó que la Secretaría del Trabajo estableció, a partir de 1995, el programa de autogestión de la seguridad e higiene en el trabajo, programa que el año pasado abarcó a 800 empresas y que en el presente año continúa operándose de forma satisfactoria; 320 (40 por ciento) de esas empresas son maquiladoras.

Los miembros empleadores consideraron que el informe sumamente amplio del representante gubernamental demuestra que su Gobierno se había esforzado en tratar de resolver los problemas tratados por la Comisión de Expertos. Tomaron nota de que las observaciones formuladas por la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) se relacionan con diferentes casos de enfermedad y de fallecimiento de trabajadores y de habitantes de la zona fronteriza de Matamoros, que pueden atribuirse a la exposición de esa población a productos tóxicos o a una utilización incorrecta de los mismos. Sin embargo, del informe de los expertos hay que tomar nota de que el Gobierno había, en efecto, puesto en marcha diversos programas regionales en el marco de su política nacional de seguridad y salud en el trabajo y del medio ambiente del trabajo en el sector subcontratista. Los resultados de los programas de inspección anual en el ámbito regional ponen de manifiesto la existencia, en muchos casos, de violaciones de las normas de seguridad en un grupo de empresas subcontratistas, que habían sido sancionadas mediante acciones administrativas. Además, los expertos habían recomendado que el Gobierno tomara en consideración algunas disposiciones de la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164), a efectos de contribuir a la aplicación de su política en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La segunda parte del informe de los expertos hacía referencia a las malformaciones de los niños nacidos de madres que habían manipulado sustancias tóxicas o que habían estado expuestas a productos químicos tóxicos durante el embarazo. Los miembros empleadores consideran que, sin embargo, no existen aún evidencias de una relación directa entre estos efectos y las sustancias tóxicas. Para concluir, pusieron de relieve que el representante gubernamental no había negado el hecho de que puede mejorarse la situación de la seguridad y la higiene en el trabajo. Declaró que su Gobierno es consciente de la importancia de esta cuestión y está preparado para la adopción de otras medidas encaminadas a mejorar la situación de la salud y la higiene en el país. La Comisión debería alentar al Gobierno en tal sentido.

Los miembros trabajadores acogieron favorablemente las informaciones complementarias comunicadas por el Gobierno y el anuncio de la próxima presentación a la Comisión de Expertos de una memoria detallada. Creen conveniente que la misma siga concediendo especial atención a los convenios técnicos, por ejemplo, el Convenio núm. 155. Es alentador comprobar que las organizaciones sindicales nacionales e internacionales dedican siempre una detenida atención a estos convenios. En lo que respecta tanto a la situación expuesta en relación con México como, de manera general, a otras situaciones de este tipo, señalan que los trabajadores formulan sus reclamaciones, no en base a la información publicada eventualmente por la prensa, sino fundándose en testimonios directos.

En este caso, la CLAT señala a la atención un caso de contaminación masiva de trabajadores por sustancias tóxicas y, además, la comprobación de patologías graves en los niños nacidos de mujeres expuestas a esas sustancias durante su embarazo. Estos dos fenómenos ilustran perfectamente negligencias, desafortunadamente demasiado extendidas, en las normas de seguridad e higiene. El Gobierno no niega, en modo alguno, los problemas de contaminación por sustancias peligrosas, dado que menciona las medidas adoptadas con miras a un control más riguroso y, especialmente, la puesta en práctica de nuevos programas regionales de inspección. Los miembros trabajadores, sin embargo, consideran que las acciones llevadas a cabo no son suficientes, debido a que las carencias que aún se comprueban son de gran magnitud y a que no se dio precisión alguna respecto del curso dado (multas, intimación, u otras sanciones) y de los resultados obtenidos. En cuanto a los problemas relativos a las patologías postnatales, el Gobierno menciona un seguimiento epidemiológico en las regiones afectadas, pero parece minimizar el problema y, sobre todo, negar la relación de causalidad entre las sustancias tóxicas y las patologías.

Por consiguiente, los miembros trabajadores respaldan las recomendaciones de la Comisión de Expertos dirigidas a que se solicite al Gobierno el desarrollo de una política nacional coherente en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente del trabajo, de conformidad con el artículo 4 del Convenio núm. 155, remitiéndose al párrafo 3, d), h), k), m), de la Recomendación núm. 164, en cuanto a las modalidades, y la presentación de una memoria detallada sobre los progresos realizados.

El miembro trabajador de España declaró que se trata de determinar, en este caso, si los accidentes del trabajo pertinentes se deben al incumplimiento del Convenio núm. 155 o a cualquier otra razón. Del informe de la Comisión de Expertos, se puede deducir que se está ante una violación del Convenio. El Gobierno indica que, en ciertos casos, no se respetan determinadas normas de seguridad en las empresas. Por último, se adhirió a lo expresado por el portavoz de los trabajadores.

El miembro trabajador de los Estados Unidos subrayó que los expertos habían descrito los peligros que se plantean en relación con la seguridad y la salud de los trabajadores mejicanos del sector de la maquila, producidos por las emisiones de gases venenosos y tóxicos, la manipulación de productos tóxicos y otras razones. Esta situación está muy extendida en la zona fronteriza, dominada por los servicios de manufactura de la maquila, propiedad de grandes compañías multinacionales o de sus empresas subcontratistas, cuya producción se destina al mercado de los Estados Unidos. Está claro que el rápido crecimiento de este tipo de trabajo de mano de obra intensiva había superado la capacidad del Gobierno de aplicar efectivamente en esas zonas sus leyes de protección medioambiental y de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el Convenio. Comprende muy bien al Gobierno, debido al reto que supone hacer frente al crecimiento de las compañías de exportación, que se valen de la explotación de mano de obra barata y de una reglamentación medioambiental precaria. Sin embargo, dado que se trata de una situación muy delicada que afecta directamente las vidas de cientos de miles de trabajadores mejicanos y de sus familias, se requiere un sistema muy amplio de inspección para la prevención de los accidentes y para la reducción a grados mínimos de las fuentes de contaminación y de riesgos relativos a la seguridad. En su opinión, el Gobierno debe poner en marcha una política nacional global, a efectos de aplicar la normativa en materia de seguridad y salud. Las compañías multinacionales y sus empresas subcontratistas deberían hacer una contribución a ese esfuerzo y compartir la responsabilidad de mejorar las deplorables condiciones de estos trabajadores. Esta situación ilustra los problemas cada vez mayores que plantean las multinacionales, que en razón de la globalidad de la competencia tienden a menoscabar las normas sobre condiciones de trabajo, medio ambiente y seguridad salvo si los gobiernos actúan con firmeza para asegurar el complimiento de las mismas.

La miembro trabajador del Reino Unido hizo referencia a los comentarios del representante gubernamental acerca de los estudios epidemiológicos emprendidos por el Gobierno de México para evaluar la relación entre las malformaciones congénitas y el trabajo realizado por las madres de los niños afectados. Preguntó si se habían realizado estudios similares que abordaran la posible relación entre esas malformaciones congénitas y los trabajos de los padres de los niños afectados. Habida cuenta del hecho de que el Gobierno presentaría una memoria detallada en 1997, insta al Gobierno a que considere la realización de esos estudios, en caso de que no se hayan ya emprendido, y a que informe al respecto a la Comisión de Expertos.

El representante gubernamental convino con los miembros trabajadores en que el Gobierno reconoce que la CLAT no se basa únicamente en la información publicada en la prensa, sino esencialmente en estudios e investigaciones, e indicó que por la naturaleza de los casos que se presentaron actuó de inmediato, incluso antes de que se conociera la queja de la CLAT.

La Comisión tomó nota de las informaciones detalladas comunicadas por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar. La Comisión tomó nota de que persisten graves dificultades en la aplicación práctica de las disposiciones del Convenio, especialmente en algunas regiones del país y en determinadas empresas. Tomó nota de que el Gobierno ha adoptado últimamente medidas dirigidas a garantizar, en el derecho y en la práctica, la aplicación del Convenio. Se trata, sobre todo, de un proyecto de texto reglamentario y de la organización de programas de inspección en los ámbitos nacional y regional, con miras a controlar, de manera más rigurosa, la utilización de las sustancias nocivas en las empresas de algunas regiones. La Comisión espera que estas medidas permitan la prevención de los accidentes del trabajo y el establecimiento de una verdadera política nacional de seguridad y de salud en el medio ambiente del trabajo. La Comisión espera asimismo que el Gobierno siga realizando todos los esfuerzos necesarios con el fin de dar pleno efecto en la práctica a las disposiciones del Convenio y mejorar la protección de la salud y de la seguridad en el trabajo. Invita al Gobierno, junto con la Comisión de Expertos, a inspirarse en las disposiciones de la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164), que completa el Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que comunique en su próxima memoria informaciones completas y pormenorizadas, a efectos de poder valorar la evolución de la situación y tomar nota, en un futuro próximo, de progresos sustanciales.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Refiriéndose a su observación, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre los puntos siguientes.

Artículos 4 y 7 del Convenio. Política Nacional. Exámenes globales o relativos a determinados sectores. La Comisión, por un lado, se refiere a sus comentarios sobre estas cuestiones realizados en su observación y por el otro toma nota de que el Gobierno en su memoria se refiere a diversas actividades realizadas como por ejemplo, el proyecto VII «Impulso a la capacitación y formación técnica especializada en seguridad y salud en el trabajo». La Comisión solicita al Gobierno que se sirva informar, más que sobre actividades, sobre las conclusiones de la revisión de su política nacional, los problemas identificados y cuestiones que necesitan mejorarse para dar pleno efecto en la legislación y en la práctica a las disposiciones del Convenio, y los objetivos planteados. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno y solicita que continúe proporcionando informaciones sobre la aplicación de este artículo. Sírvase informar asimismo si existen instancias tripartitas sectoriales que participen en estos exámenes y la manera en que se armonizan los exámenes sectoriales de manera de confluir en una política nacional coherente.

Artículos 13 y 19, f). Protección de los trabajadores que interrumpen situaciones de trabajo que entrañen un peligro inminente y grave. Refiriéndose a su observación, la Comisión recuerda que en su observación del año 2000 tomó nota de la decisión jurisdiccional que establece jurisprudencia en relación con el derecho del trabajador a ser protegido cuando se retira por razones justificadas de su lugar de trabajo debido a que considera que existe un peligro inminente y grave para su vida o su salud (artículos 13 y 19, f), del Convenio). En efecto, en su memoria de 1999, el Gobierno había indicado lo siguiente «respecto de la información sobre cualquier precedente legal, circular administrativa o interpretación doctrinaria que garantice y aclare el derecho de un trabajador a ser protegido de consecuencias injustificadas, en caso de que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su salud, el Gobierno de México señala que, de manera general, la Ley Federal del Trabajo dispone, en sus artículos 51, fracción VII, y 133, fracción VII, los derechos de los trabajadores de ser protegidos de consecuencias injustificadas para ellos, en caso de que se juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo que entraña un peligro inminente y grave para su vida y salud (…)», y había adjuntado jurisprudencia en ese sentido. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva informar si esa información continúa en vigor en el sentido de que, en México se asegura efectivamente la aplicación del artículo 13 en todos los sectores cubiertos por el Convenio tal como lo había informado el Gobierno en 1999.

Artículo 15. Coherencia y coordinación. Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las medidas correctivas enunciadas por el Gobierno. Toma nota asimismo que para dar respuesta a las demandas e insuficiencias de la seguridad y salud en el trabajo se instauraron ocho proyectos: 1) establecimiento de un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo; 2) modernización de la regulación para la seguridad y salud en el trabajo; 3) potenciación del programa de autogestión de seguridad y salud en el trabajo; 4) desarrollo del sistema nacional de información sobre accidentes y enfermedades de trabajo, fortalecimiento de los mecanismos de consulta y prevención de riesgos, financiación de la prevención de riesgos del trabajo, y 5) impulso a la capacitación y formación técnica especializada en seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno también anuncia, respecto de la inspección del trabajo las siguientes medidas: elaboración del anteproyecto de reglamento general para la inspección y aplicación de sanciones, mayor participación de las autoridades estatales en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, especialización de los inspectores federales del trabajo, promoción de la suscripción de convenios de coordinación con las entidades federativas en materia de SST. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre la evaluación e impacto de dichos proyectos y actividades y la manera en que contribuyen a dar efecto al presente artículo.

Artículo 17. Dos o más empresas que desarrollan actividades simultáneamente en un mismo lugar de trabajo. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, este artículo no está regulado en la legislación y que, en el caso de que varios empleadores o empresas coexistan o desarrollen sus actividades en un solo lugar, cada uno es responsable directo de cumplir con las disposiciones de SST. El Gobierno indica que se estima que en las áreas comunes del lugar donde coexistan más de un empleador, éstos deberán convenir la forma en que darán cumplimiento a las disposiciones aplicables. La Comisión indica que justamente esa es la colaboración que regula el Convenio pero que no es opcional sino que es una obligación en virtud de este artículo. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que se dé expresión a este artículo del Convenio, que, de ser necesario, las autoridades competentes prescriban las modalidades generales de colaboración, según lo expresa el párrafo 11 de la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164) y que proporcione informaciones al respecto.

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Seguimiento de las medidas recomendaciones del Comité Tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT). La Comisión toma nota del debate que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2010, de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, de una comunicación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos que fue enviada al Gobierno el 2 de agosto de 2010 y de la memoria del Gobierno, recibida el 14 de septiembre de 2010.

A. Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia solicitó al Gobierno que para la reunión de la Comisión de Expertos de 2010, facilitara información detallada y actualizada sobre las medidas de seguimiento tomadas con respecto a las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración, concernientes a la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT con relación al accidente que tuvo lugar en la Mina de Pasta de Conchos. El Gobierno debía enviar informaciones sobre el número y la naturaleza de los accidentes en el sector de la minería, incluido en los sectores mineros formales e informales; los métodos de evaluación de riesgos usados en el sector de la minería; las indemnizaciones realmente pagadas y las que aún se debían a los supervivientes y a las familias de las víctimas — incluidas las indemnizaciones por daños a cargo de la empresa afectada en este caso — y las prestaciones estatales pertinentes, así como toda prestación social ofrecida a las familias de los mineros sin protección social. Además, la Comisión instó al Gobierno a que se asegurara de que todas las acciones y medidas pertinentes relacionadas con este caso se lleven a cabo en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y pidió a la Comisión de Expertos que continuara dando seguimiento a los acontecimientos y a los progresos realizados.

B. Comunicación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. La Comisión toma nota de la detallada comunicación que alega la inobservancia del Gobierno de México a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración en su informe sobre la reclamación. La Comisión toma nota de que el sindicato — que fue uno de los autores de la reclamación — solicita que se emita una recomendación complementaria al informe sobre la reclamación (documento GB.304/14/8). La Comisión hace notar al Sindicato que, según una práctica establecida, cuando se presentan hechos y alegatos similares a los de una reclamación, corresponde a la Comisión examinarlas en el contexto del seguimiento del curso dado a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha formulado aún sus comentarios y tratará esta comunicación con mayor detalle en su próxima reunión, a la luz de los comentarios que el Gobierno considere oportuno formular. Los puntos centrales de la extensa comunicación parecerían ser los siguientes:

a)    Registro de datos confiables sobre las minas existentes, medidas adecuadas de SST e inspección del trabajo. El sindicato alega la no aplicación de la NOM-032-STPS-2008, por cuanto no hay registro que permita conocer el universo de minas legales, ilegales y clandestinas en la región carbonífera de Coahuila, y por lo tanto no se pueden planificar las medidas necesarias ni tampoco puede controlarlas la inspección del trabajo y saber cuál fue el porcentaje de minas visitado. El sindicato cita cifras discordantes y una diferencia entre las minas reconocidas por diferentes órganos del Estado: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Dirección General de Minas (DGM), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y las Comisiones Consultivas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (COCOSHT).

b)    Pocitos. Mina Lulú y Pocito «Ferber». El informe del sindicato contiene extensas informaciones sobre los llamados «pocitos», afirmando que muchos de ellos son minas clandestinas. Respecto de la mina «Lulú» el sindicato detalla la falta de medidas de SST en la mina; indica que aunque se clausuró nadie informó de ello a los trabajadores. Indican que las actas de inspección y verificación no se exhiben en la mina y no se dan a conocer a los trabajadores. En cuanto al «pocito» Ferber indica que en una inspección de fecha 13 de agosto de 2009, la Inspección del Trabajo constató que no se cumplían con 76 reglas de seguridad incluyendo la exigencia de que la mina cuente con dos salidas, provisión de metanómetro y autorrescatadores. Señala que según el acta de inspección, después de constatar los 76 incumplimientos dice literalmente «por lo tanto se le informa al representante de la empresa que se restringe el acceso al personal que labora en el interior de la mina hasta en tanto el patrón o representante legal de la empresa cumpla con las medidas de seguridad señaladas, por lo tanto, en caso de que el patrón o representante legal continúe con las labores en el interior de la mina, queda totalmente bajo su responsabilidad la exposición de la integridad física de los trabajadores en caso de ocurrir cualquier siniestro». Indican que el 11 de septiembre de 2009 falleció un trabajador de 23 años por desprendimiento de roca. Según el sindicato para la STPS de Cohauila, parece ser suficiente llenar formatos de inspección y hacer creer a los trabajadores que tutelan sus derechos y califican a las actividades de inspección en la región mencionada de «actos de simulación».

c)     Impacto de las medidas. Indica el sindicato que la emisión de la NOM-032-STPS-2008 no aseguró ningún cambio en la región, que incluso en 2009 la mortalidad se incrementó en 200 por ciento y que las empresas no cumplirán con esta norma mientras las multas les resulten más baratas que establecer medidas de seguridad.

d)    Práctica sistemáticamente negligente. Ventilación. Afirma el sindicato que el accidente de Pasta de Conchos, no fue un trágico suceso aislado sino una práctica sistemáticamente negligente en la aplicación de Normas de Seguridad e Higiene. Afirma también que puede probar que el accidente se debió, además de a la falta de polveo, a la falta de una ventilación adecuada. Indican que esto tiene importancia para el futuro por cuanto, según afirman, el Gobierno sigue sosteniendo «no saber lo que sucedió en ese momento» y que ese «no saber» ha permitido en la historia de la minería del carbón en México dejar la sospecha de que pudo ser un trabajador el responsable y no asumir sus responsabilidades en materia de SST, y que es responsabilidad del Gobierno determinar la causa de manera fehaciente. También alega que se proyecta explotar el gas metano asociado al carbón y que el Gobierno afirma que va a extraer el gas metano anticipadamente lo cual daría mayor seguridad; pero que en la actualidad eso va a acarrear más muertes por cuanto no hay ninguna norma de seguridad e higiene al respecto. Asimismo menciona que se habrían contratado trabajadores para encontrar los cuerpos de los trabajadores fallecidos, sin inspección del lugar y que el único metanómetro disponible no funcionaba.

e)     Indemnizaciones y tratamiento a las familias de las víctimas. Indica el sindicato que las pensiones fueron indebidamente calculadas y recién se comenzaron a pagar a fin de 2009 y sin hacer nivelación salarial, que no se incluyó a la Asociación Organización Familia Pasta de Conchos en un diálogo; que las familias afectadas han sido tratadas indebidamente por diferentes órganos del Estado y que sus abogados han sufrido hostigamiento, amenazas, intimidaciones y allanamientos.

La Comisión invita al Gobierno a proporcionar informaciones sobre la comunicación y, en particular, le solicita informaciones sobre los puntos referidos por la Comisión en los párrafos precedentes, teniendo en cuenta el contexto general de seguimiento del informe del Consejo de Administración incluidos los comentarios pertinentes indicados a continuación.

C. Memoria del Gobierno. La Comisión examinará a continuación las informaciones proporcionadas por el Gobierno en seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y de la observación de la Comisión, de 2009, que examinaron las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones formuladas en el informe del Consejo de Administración referido (documento GB.304/14/8).

Solicitud de información sobre toda evolución relacionada con la posibilidad de ratificación del Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) en base a la Norma oficial mexicana NOM-032-STPS-2008, de seguridad para las minas subterráneas de carbón. Ventilación. Protección de consecuencias injustificadas en caso de interrupción de tareas. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de la adopción, el 23 de diciembre de 2008, de la norma oficial mexicana NOM-032-STPS-2008, de seguridad para las minas subterráneas de carbón, elaborada con la asistencia técnica de la Oficina. Asimismo, al tomar nota de que según el Gobierno, esta norma incluye disposiciones del Convenio núm. 176, la Comisión esperó que la misma pudiera facilitar la ratificación de dicho Convenio e invitó al Gobierno a proporcionar informaciones sobre toda evolución al respecto. La Comisión toma nota de que según la memoria, en 1998 la STPS recomendó la no ratificación del Convenio por considerar que la legislación laboral no cuenta con normas laborales tan específicas como las dispuestas por el Convenio núm. 176 en los artículos 7, f), que establece la obligación del empleador de establecer un sistema de ventilación adecuado en todas las explotaciones subterráneas a las que esté permitido el acceso y en el artículo 13, e), sobre el derecho de los trabajadores de retirarse de cualquier sector de la mina cuando hay motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud. El Gobierno indica que, a la fecha, no se han realizado modificaciones a la Ley Federal del Trabajo sobre estos dos aspectos del Convenio por lo que persisten los motivos por los que no se ha ratificado el Convenio núm. 176. Al respecto, la Comisión nota que la recientemente adoptada norma oficial mexicana NOM-032-STPS-2008, en su capítulo 8 contiene disposiciones detalladas sobre ventilación en las minas de carbón y que la Comisión ha determinado en comentarios anteriores que el artículo 13 del Convenio núm. 155 se aplica en el país en la práctica. La Comisión se refiere a esta última cuestión en su solicitud directa. La Comisión solicita al Gobierno que considere la posibilidad de solicitar asistencia técnica a la Oficina para que ésta pueda brindarle la asistencia necesaria para superar los obstáculos subsistentes para una eventual ratificación del Convenio núm. 176. A la luz de lo que precede, la Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre el particular.

I.     Medidas a ser adoptadas en consulta con los interlocutores sociales.

Artículos 4 y 7 del Convenio. Política nacional y exámenes globales o relativos a determinados sectores. La Comisión toma nota de que en el párrafo 99, apartado b) de su informe, el Consejo de Administración invitó al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, siga adoptando las medidas necesarias a fin de:

i)     garantizar el pleno cumplimiento del Convenio núm. 155 y, en particular, continuar la revisión y examen periódico de la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores en la manera indicada en los artículos 4 y 7 del Convenio núm. 155, prestando particular atención a las actividades laborales peligrosas como las que se realizan en el sector de la minería del carbón. La Comisión toma nota de que, según la memoria, la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (COCONASHT), está trabajando en nueve proyectos, entre ellos el de desarrollo del sistema nacional de información sobre accidentes y enfermedades de trabajo e informa asimismo acerca de talleres de capacitación en línea y diplomados. La Comisión solicita informaciones sobre el Sistema referido y solicita asimismo al Gobierno informaciones más precisas en lo que respecta a los artículos 4 y 7 del Convenio con relación a las actividades laborales peligrosas como las que se realizan en el sector de la minería del carbón. Solicita asimismo al Gobierno que se sirva indicar si dispone de un registro de las minas existentes incluyendo los pocitos y las políticas de SST adoptadas o previstas con relación a las empresas grandes, medianas y pequeñas;

ii)    finalizar y adoptar el nuevo marco reglamentario sobre la SST en el sector de la minería del carbón, teniendo en cuenta el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) y el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT, de seguridad y salud en las minas de carbón subterráneas, 2006. La Comisión toma nota de que según la memoria y con relación a la NOM-032-STPS-2008, el 25 de marzo de 2009 se dio inicio a un operativo especial de inspección a minas subterráneas del carbón. Indica el Gobierno que para este operativo se utilizó un protocolo de inspección que fue presentado y entregado a los integrantes de la Subcomisión para la Región Carbonífera en su sesión ordinaria de 17 de marzo de 2009 y que el mismo fue actualizado para las acciones de 2010, incluyéndose la materia de capacitación y adiestramiento. El Gobierno indica asimismo que de marzo a octubre de 2010 se visitaron 11 minas subterráneas y 20 pozos en Coahuila. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre su aplicación en la práctica teniendo asimismo en cuenta los comentarios del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Artículo 9. Sistema de inspección apropiado y suficiente. La Comisión tomó nota asimismo de los numerales iii) y iv) del apartado b) y del apartado d) del párrafo 99 del informe del Consejo de Administración en los que invitó al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, siga adoptando las medidas necesarias a fin de:

iii)   asegurar, por todos los medios necesarios, el control eficaz de la aplicación práctica de las leyes y reglamentos relativos a la seguridad, la salud y el medio ambiente de trabajo a través de un sistema de inspección del trabajo apropiado y suficiente, de conformidad con el artículo 9 del Convenio núm. 155, con el fin de disminuir el riesgo de que en el futuro se produzcan accidentes como el de Pasta de Conchos, y

iv)   supervisar estrechamente la organización y el funcionamiento eficiente de su sistema de inspección del trabajo, teniendo debidamente en cuenta la Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 158), incluido su párrafo 26, 1);

[…]

d)    reexaminar el potencial del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), para apoyar las medidas que el Gobierno está adoptando con el objetivo de fortalecer la aplicación de sus leyes y reglamentos en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo en las minas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la STPS lleva a cabo acciones que se enmarcan en el objetivo sectorial dedicado a la promoción y vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral. Tal objetivo se lleva a cabo para incrementar el número de centros de trabajo que cumplan con las normas de SST, ejercer acciones de supervisión y control de la inspección; generar una cultura de autoevaluación; e imponer sanciones de alto impacto a los infractores. El Gobierno destaca la estrategia implementada para el fortalecimiento de la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral con el propósito de que todas las empresas de la gran y mediana minería que se dedican a la extracción del carbón, cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de SST y cumplan con las medidas correctivas. Indica el Gobierno que, como resultado de detectar condiciones que ponen en riesgo la salud, integridad física y la vida de los trabajadores, así como las instalaciones, el inspector federal del trabajo restringe la realización de actividades de extracción de carbón a partir de la fecha de realización de la visita de inspección y hasta tanto se cumpla con las medidas de seguridad e higiene y procede a colocar un aviso. La Comisión toma nota de que según el Gobierno el texto del aviso es el siguiente, «Peligro Inminente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social restringe el acceso de los trabajadores a esta área (…). De seguirse efectuando la operación de la misma, quedará bajo responsabilidad exclusiva del patrón». La Comisión nota que en la comunicación de la cual tomó nota que, en su comunicación el sindicato considera que dicha medida resulta insuficiente y proporcionó el ejemplo de la mina «Felber». La Comisión solicita al Gobierno que asegure que la Inspección del Trabajo haga efectiva la interrupción de labores en las áreas de peligro inminente, que examine estas cuestiones en consulta con los interlocutores sociales y que proporcione informaciones sobre el particular.

Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota asimismo de las informaciones sobre el seguimiento dado a las medidas de la inspección del trabajo. Toma nota que se dictaron 931 medidas, de las cuales no se comprobaron 899 (debido a diversas situaciones como es el que las áreas donde se dictaron dichas medidas ya terminaron de ser explotadas, por lo que son cerradas y taponadas o la maquinaria y equipo a que se le dictó la medida fueron dados de baja), se comprobaron 32 y de esas se cumplieron 20 y no se cumplieron 12. La Comisión considera que, a la luz del informe sobre la reclamación resulta esencial la comprobación del seguimiento de las medidas dictadas, y solicita al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, estudie la manera de generar mecanismos que le permitan aumentar sustancialmente sus actividades de comprobación o verificación de aplicación de las medidas dictadas y que continúe proporcionando informaciones sobre el particular.

Grado de aplicación e impacto de las medidas tomadas. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, las inspecciones se realizan con base al «Protocolo de Inspección para Minas Subterráneas del Carbón» el cual coincide con las disposiciones del procedimiento para la evaluación de conformidad (PEC), previsto en el capítulo 18 de la NOM-32-STPS-2008. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno indica que, en abril de 2010, dio inicio al operativo extraordinario de inspección, para visitar minas subterráneas del carbón incluyendo 20 de los llamados «pozos» del carbón y minas a cielo abierto y que se han visitado 28 centros de trabajo llevando a cabo 88 visitas de inspección de las cuales 30 sobre condiciones generales de seguridad e higiene. La Comisión observa que después del accidente, el Gobierno se ha dotado de una norma particular y de un protocolo de aplicación. Nota sin embargo que las cifras proporcionadas no permiten hacerse una idea sobre el grado de aplicación de la normativa de salud y seguridad en las minas de carbón. Para poder verificar las mejoras y los avances logrados sería necesario disponer de datos fiables sobre el número y tipo de minas existentes en el estado en que se produjo el accidente, diferenciando las grandes, medianas y pequeñas (pocitos), el porcentaje estimado de minas no registradas, trabajadores y accidentes. Eso podría permitir de medir los avances periódicamente. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva proporcionar informaciones sobre las minas existentes en el estado de Coahuila, diferenciando grandes, medianas y pequeñas (pocitos) indicando si fuera posible el número de pocitos registrados y no registrados, los accidentes y número de muertos anuales y la política existente para lograr el cumplimiento de la normas de SST en los tres sectores mencionados. Por último, la Comisión reitera la solicitud de informaciones de la Comisión de Aplicación de Normas incluyendo los métodos de evaluación de riesgos utilizados en el sector de la minería.

II. Otras medidas

Indemnizaciones. La Comisión tomó nota de que en el apartado c) del párrafo 99 retenido el Consejo de Administración invitó al Gobierno a:

c)     asegurar, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido tras el accidente, que se paguen, a la brevedad, indemnizaciones adecuadas y eficaces en conformidad con la legislación nacional al total de las 65 familias afectadas, y que se impongan sanciones a los responsables de este accidente.

Ayuda humanitaria. Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de los elementos que presentó PROFEDET en sus demandas en representación de viudas e hijos de 56 trabajadores fallecidos; toma nota asimismo de que se entregó 750.000 pesos a 63 de las 65 beneficiarios y 80.800 a 61 familias y que este dinero no fue por concepto de indemnización sino por concepto de «ayuda humanitaria». La Comisión toma nota de que el Sindicato disiente en varios aspectos con los criterios utilizados y con las sumas debidas. La Comisión considera es esencial respecto de los trabajadores muertos en el accidente de la mina de Pasta de Conchos, que sus familiares puedan percibir sumas que les permitan vivir decorosamente y que el Estado y los empleadores asuman sus responsabilidades al respecto. La Comisión indica que tratará esta cuestión en profundidad en su próximo comentario y solicita al Gobierno que se sirva formular comentarios a los planteos formulados por el sindicato en su comunicación y que indique asimismo si además de esta «ayuda humanitaria» las familias de los trabajadores indemnizaciones adecuadas y eficaces y de qué monto. Asimismo, de la información proporcionada la Comisión no comprende claramente la manera en que se determinaron los montos de 750.000 y 80.800 pesos que según el Gobierno no son indemnizaciones (si se tomaron en cuenta los complementos salariales y cuáles, por ejemplo) y los criterios de modificación de la suma entre la primera oferta de IMMSA, que equivalía a diez años de salario, según consta en el párrafo 26 del informe, y la suma posterior que resultó ser inferior, y solicita al Gobierno que indique con claridad cuál de las dos sumas resultó efectivamente entregada a los trabajadores.

Indemnizaciones. La Comisión toma nota de que según el Gobierno las cantidades que han sido cubiertas por concepto de indemnizaciones y demás prestaciones a los familiares de los 65 mineros fallecidos, han sido determinados en cada caso específico en los juicios promovidos por las familias. El Gobierno indica que la empresa Industrial Minera México (IMMSA), a nombre propio o en subrogación de General Hulla (GH), ha depositado títulos de crédito en 58 expedientes que el Gobierno indica con su número; en cinco expedientes no se han exhibido los cheques correspondientes y dos están aún en trámite. La Comisión hace notar al Gobierno que estas informaciones no le permiten comprender plenamente si se han pagado a la brevedad indemnizaciones adecuadas y eficaces en conformidad con la legislación nacional. Además, nota que el sindicato manifiesta su inconformidad y la de las familias sobre el particular. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones más claras al respecto, teniendo asimismo en cuenta los comentarios del sindicato y toda otra información que contribuya a comprender sobre el efecto dado a esta recomendación.

Prestaciones estatales y sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que a través de la Secretaría de Desarrollo Social se brindó apoyo de 1 millón de pesos para atender 65 proyectos productivos de hasta 15.000 pesos por persona; se comprometieron talleres de apoyo productivo; se comprometió el apoyo a un proyecto de construcción y equipamiento de un centro social, cultural y de cuidado infantil, para las mujeres familiares víctimas del accidente; se entregaron también productos básicos; INFONAVIT liquidó el saldo total de los créditos contraídos por los trabajadores fallecidos así como medidas con relación a las hipotecas en tanto que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares brindó apoyo con un subsidio de 33.000 pesos para que pudieran adquirir vivienda. Por un lado la Comisión ha tomado nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, por otro no puede dejar de notar que la comunicación, incluyendo sus anexos como por ejemplo los informe del Equipo Nacional de Pastoral Laboral cuestiona seriamente las liquidaciones, prestaciones y la actitud de los órganos del Estado, incluido PROFEDET, en la atención a las viudas. La Comisión recuerda que en su informe, el Consejo de Administración prestó especial atención a las familias de las víctimas. La Comisión solicita detalladas informaciones sobre la comunicación en todo lo que se refiere a las familias de las víctimas para poder hacerse una idea más completa de la situación y de los conflictos y litigios existentes. Fundamentalmente, la Comisión espera que el Gobierno realice todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución adecuada incluyendo mediante el diálogo, respecto de las quejas planteadas por las familias de las víctimas del accidente de Pasta de Conchos, espera que las familias podrán contar con el apoyo del Gobierno y solicita informaciones al respecto. Solicita, además, informaciones sobre las alegaciones de hostigamiento a los abogados de las familias de las víctimas.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2011.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Refiriéndose a su observación, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones complementarias sobre los puntos siguientes.

Artículo 4 del Convenio. Formulación, aplicación y revisión, en consulta con los interlocutores sociales, de una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, la prevención de los riesgos de trabajo se constituye como una de las principales prioridades de la política laboral en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y, por ello, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 contiene entre sus objetivos el fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno indica que, para el logro de este objetivo se han establecido las siguientes estrategias: 1) construir un esquema regulatorio consistente, claro, preventivo, competitivo y efectivo en especial para las actividades de alto riesgo; 2) desarrollar y consolidar una cultura de prevención de riesgos laborales que privilegie el quehacer preventivo sobre el correctivo, y 3) impulsar la participación institucional de las organizaciones de trabajadores y empleadores, así como de los organismos mixtos. Toma nota que la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (COCONASHT) aprobó mediante acuerdo núm. 03/02-SO/2008, de 25 de junio de 2008, la Política Pública de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012. En base al mismo se enuncia una serie de actividades a realizar sobre las que la Comisión tomó nota en su observación. La Comisión toma nota asimismo de las numerosas disposiciones legislativas adoptadas. Al tiempo que tomó nota de las numerosas actividades en curso, la Comisión considera que necesita informaciones más precisas sobre los mecanismos contemplados en este artículo basados en los mecanismos de a) formulación, b) puesta en práctica, c) revisión. Como lo señaló la Comisión en el párrafo 55 de su Estudio General, de 2009, Promover la seguridad y la salud en el medio ambiente de trabajo «Los términos formular, poner en práctica y revisar periódicamente la política nacional indican que la política nacional debe mantenerse actualizada mediante un proceso que, en general, adopta la forma clásica del modelo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA, por su sigla en inglés) de gestión de sistemas. En otras palabras, la política nacional debe ser formulada (planificar), puesta en práctica (hacer), y revisada periódicamente (verificar). Este examen periódico es una etapa indispensable para asegurar que su aplicación práctica se evalúa y se determinan los ámbitos de futuras mejoras (actuar). La periodicidad del proceso de revisión asegura que la política nacional sigue el ritmo de los cambios socioeconómicos y de la tecnología. Debe destacarse que tal revisión debería llevarse a cabo con regularidad.» La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones completas sobre el funcionamiento de dichos mecanismos y sobre su periodicidad.

Artículo 7. Exámenes globales o relativos a determinados sectores. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre los exámenes globales o relativos a determinados sectores que hayan sido realizados o se estén realizando y la manera en que se han identificado los problemas, definido el orden de prelación de las medidas y la evaluación de los resultados. Sírvase informar asimismo si existen instancias tripartitas sectoriales que participen en estos exámenes y la manera en que se armonizan los exámenes sectoriales de manera de confluir en una política nacional coherente.

Artículo 15. Coherencia y coordinación. Otro requisito indispensable es que la política nacional sea coherente. En el transcurso de los trabajos preparatorios se aclaró que la coherencia en este contexto significa que la política nacional debería «estar compuesta de elementos que constituyan un todo bien ordenado y que se refuercen mutuamente». Al respecto, la Comisión toma nota de que, del sitio web de las Comisiones Consultivas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (COCOSHT) al cual refirió el Gobierno, surge que hay conciencia de la necesidad de mayor coherencia y propuestas de acción para avanzar en ese sentido. En efecto, en el diagnóstico de SST de 2008, de la COCOSHT, se diagnostican problemas tales como, por ejemplo, la concurrencia de múltiples autoridades con fronteras no delimitadas claramente; un marco normativo complejo y dificultades en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad. Al mismo tiempo se recomienda, entre otros, la construcción de un marco regulatorio en seguridad y salud en el trabajo consistente, simple y claro, con mayor énfasis en la prevención, acorde con estándares internacionales y que disponga de aquellos medios que contribuyan a abatir los riesgos de trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas como resultado de dicho diagnóstico y recomendaciones para mejorar la coherencia y coordinación a que se refiere este artículo, incluyendo informaciones sobre la manera en que se integra en dicho marco a la inspección del trabajo a fin de mejorar el control de la aplicación efectiva de las normas de salud y seguridad en el trabajo.

Artículo 17. Dos o más empresas que desarrollan actividades simultáneamente en un mismo lugar de trabajo. Con referencia a sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de que las informaciones proporcionadas por el Gobierno no se refieren a la colaboración de los empleadores entre ellos, sino de cada uno con las instituciones del estado o los servicios de salud, u otros. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre las disposiciones legislativas que consagren el deber de los empleadores que desarrollan actividades en un mismo lugar de trabajo, de colaborar entre ellos en la aplicación de las medidas previstas en el Convenio. Además sírvase informar si las autoridades competentes han prescripto las modalidades generales de colaboración, según lo expresa el párrafo 11 de la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164).

Parte V del formulario de memoria. Aplicación en la práctica. Sírvase proporcionar informaciones prácticas sobre la manera en que se aplica el Convenio, proporcionando, por ejemplo, extractos de los servicios de inspección, información estadísticas y todo tipo de información sobre su aplicación en la práctica que permitan hacerse una idea más completa sobre la aplicación del Convenio, en la medida en que dichas informaciones no hubieran sido facilitadas con relación a otros puntos de este comentario.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción, el 23 de diciembre de 2008, de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, de Seguridad para las Minas Subterráneas de Carbón. Asimismo, al tomar nota de que según el Gobierno, esta norma incluye disposiciones del Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176), la Comisión espera que la misma podrá facilitar la ratificación de dicho Convenio. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar informaciones sobre toda evolución al respecto.

Seguimiento de las medidas adoptadas en cumplimiento con las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración en el documento GB.304/14/8 (Rev.). Reclamación sobre el accidente de la Mina de Pasta de Conchos en 2006. La Comisión toma nota de que en marzo de 2009 el Consejo de Administración aprobó un informe sobre una reclamación que alegaba la violación de determinados artículos de este Convenio, del Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) y del Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170), por parte del Gobierno. Toma nota de que en el párrafo 99 de dicho informe, el Consejo de Administración efectuó sus recomendaciones y confió a la Comisión el seguimiento de las cuestiones planteadas en su informe. La Comisión toma nota de la memoria proporcionada por el Gobierno, conteniendo informaciones sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones que examinará a continuación.

I.         Medidas a ser adoptadas en consulta con los interlocutores sociales

Artículos 4 y 7 del Convenio. Política nacional y exámenes globales o relativos a determinados sectores. La Comisión toma nota de que en el párrafo 99, apartado b) de su informe, el Consejo de Administración invitó al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, siga adoptando las medidas necesarias a fin de:

i)      garantizar el pleno cumplimiento del Convenio núm. 155 y, en particular, continuar la revisión y examen periódico de la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores en la manera indicada en los artículos 4 y 7 del Convenio núm. 155, prestando particular atención a las actividades laborales peligrosas como las que se realizan en el sector de la minería del carbón. La Comisión toma nota de que según la memoria, la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (COCONASHT) y las 32 Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo (COCOESHT) han realizado numerosas reuniones. En el sitio web de las comisiones consultivas (COCOSHT), facilitado por el Gobierno, la Comisión toma nota del programa de trabajo de 2009, el que contiene actividades legislativas y formativas a realizar. La Comisión toma nota de que, de dicho plan surgen actividades sobre los temas siguientes: 1) establecimiento del Sistema Nacional de SST; 2) modernización de la regulación en materia de SST; 3) potenciación del Sistema de Autogestión en SST; 4) desarrollo del Sistema Nacional de información sobre accidentes y enfermedades de trabajo; 5) fortalecimiento de mecanismos de consulta y prevención de riesgos; 6) impulso a la capacitación y formación técnica especializada en SST, y 7) impulso de la revisión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre toda evolución relacionada con la revisión y examen periódico de la situación en materia de SST según lo dispuesto en los artículos 4 y 7 del Convenio, respecto de las actividades laborales peligrosas como las que se realizan en la minería del carbón;

ii)     finalizar y adoptar el nuevo marco reglamentario sobre la SST en el sector de la minería del carbón, teniendo en cuenta el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) y el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT, de seguridad y salud en las minas de carbón subterráneas, 2006.  La Comisión toma nota de que según el Gobierno la recientemente adoptada Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008 establece límites y especificaciones incluso más estrictas que algunas regulaciones existentes en otros países del sector y que fue elaborada con la colaboración de la OIT. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones detalladas sobre la manera en que se aplica en la práctica la NOM-032-STPS-2008.

Artículo 9. Sistema de inspección apropiado y suficiente. La Comisión toma nota asimismo de los numerales iii) y iv) del apartado b), y del apartado d) del párrafo 99 del informe del Consejo de Administración en los que invitó al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, siga adoptando las medidas necesarias a fin de:

iii)    asegurar, por todos los medios necesarios, el control eficaz de la aplicación práctica de las leyes y reglamentos relativos a la seguridad, la salud y el medio ambiente de trabajo a través de un sistema de inspección del trabajo apropiado y suficiente, de conformidad con el artículo 9 del Convenio núm. 155, con el fin de disminuir el riesgo de que en el futuro se produzcan accidentes como el de Pasta de Conchos; y

iv)    supervisar estrechamente la organización y el funcionamiento eficiente de su sistema de inspección del trabajo, teniendo debidamente en cuenta la Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 158), incluido su párrafo 26, 1);

[…]

d)    reexaminar el potencial del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), para apoyar las medidas que el Gobierno está adoptando con el objetivo de fortalecer la aplicación de sus leyes y reglamentos en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo en las minas.

La Comisión toma nota de que según el Gobierno, la Inspección Federal del Trabajo ha implementado operativos especiales en materia de inspección laboral y en enero de 2007 se diseñó un programa y se realizaron un total de 52 inspecciones a 26 empresas con resultados de 86,08 por ciento de cumplimiento, en materia de seguridad e higiene y condiciones generales de trabajo. Toma nota asimismo de que desde la entrada en vigor de la NOM-032-STPS-2008, el 23 de marzo de 2009, se dio inicio a un operativo específico dirigido a las minas subterráneas de carbón y hasta el 30 de junio de 2009, se habían visitado 11 minas subterráneas de carbón y se habían dictado 1.113 medidas de seguridad e higiene. Con la finalidad de mejorar las actuaciones de los inspectores se llevó a cabo una capacitación de los mismos dotándolos de equipos de protección personal. Indica asimismo el Gobierno que en coherencia con lo dispuesto en la Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 158), la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo lleva a cabo visitas de supervisión a cada una de las delegaciones federales a fin de corroborar que se apliquen correctamente las políticas, los lineamientos y criterios de inspección. La Comisión recuerda que las recomendaciones del informe del Consejo de Administración sobre el sistema de inspección del trabajo resultan de sus conclusiones consignadas en los párrafos 75 a 85 del informe del Consejo de Administración sobre un accidente en la mina de Pasta de Conchos que costó la vida a 65 mineros en los que el Consejo de Administración consideró que en el accidente de Pasta de Conchos la inspección del trabajo no se había asegurado de que se diera solución a las deficiencias constatadas por la misma inspección del trabajo (eléctricas, polveo, planes de riesgo, entre otros). Por otro lado, la Comisión toma nota de que los numerales iii) y iv) del apartado b), cuya aplicación está examinando, y el apartado d), se refieren a medidas que el Gobierno debe adoptar en consulta con los interlocutores sociales, pero de la memoria del Gobierno no surge que haya habido consulta respecto de estas cuestiones. En consecuencia, solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre las medidas adoptadas — en consulta con los interlocutores sociales — en aplicación de los numerales iii) y iv) del apartado b) y el apartado d) del párrafo 99 del informe del Consejo de Administración sobre las cuestiones siguientes, asimismo en consulta con los interlocutores sociales:

–           su estrategia para asegurarse que la inspección del trabajo mejore el seguimiento dado al efectivo cumplimiento de sus recomendaciones efectuadas cuando se hayan constatado deficiencias, en particular en el sector de la minería del carbón;

–           informaciones estadísticas que muestren el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la inspección del trabajo;

–           principales aspectos en que la NOM-032-STPS-2008 mejora el control y verificación de manera de garantizar mayor seguridad a los trabajadores de las minas, respecto de la norma anterior (NOM-023-STPS-2003);

–           grado de aplicación y detalles sobre la aplicación en la práctica del procedimiento para la evaluación de la conformidad, regulado en el párrafo 18 de la NOM-032-STPS-2008;

–           una apreciación sobre el impacto real de las medidas indicadas en el mejoramiento de la situación en el sector de la minería del carbón.

Además le solicita que proporcione informaciones sobre el curso dado a la recomendación contenida en el párrafo 99, apartado b), numeral iv) del informe del Consejo de Administración referido a la inspección del trabajo, en su próxima memoria sobre la aplicación del Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150), para ser examinado en ocasión de su próxima reunión.

II. Otras medidas

Indemnizaciones. La Comisión toma nota de que, en el apartado c), del párrafo 99 retenido, el Consejo de Administración invitó al Gobierno a:

c)     asegurar, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido tras el accidente, que se paguen, a la brevedad, indemnizaciones adecuadas y eficaces en conformidad con la legislación nacional al total de las 65 familias afectadas, y que se impongan sanciones a los responsables de este accidente.

La Comisión toma nota de que las informaciones proporcionadas por el Gobierno básicamente reiteran las informaciones proporcionadas en su respuesta a los alegatos de la reclamación y de los cuales da cuenta el párrafo 51 del informe del Consejo de Administración. La Comisión se refiere asimismo a las Conclusiones del informe, párrafo 93, según el cual:

«En lo que se refiere a la asistencia y a las indemnizaciones debidas y pagadas, el Comité nota que pareciera haber una discrepancia importante entre las indemnizaciones que según los reclamantes ofreció el IMMSA inmediatamente después del accidente (750.000 pesos por familia) y las indemnizaciones acordadas posteriormente entre el IMMSA y la STPS. El Gobierno declaró que, el 18 de febrero de 2008, IMMSA había depositado en la JFCA una suma total de 5.250.000 pesos, para ser distribuidos entre los beneficiarios según les corresponda individualmente y que PROFEDET haría los trámites necesarios para que los pagos correspondientes se efectuaran de manera inmediata. El Comité nota que, según el Gobierno, las 51 familias de los mineros fallecidos iban a recibir una indemnización de un monto total de 5.250.000 pesos sin perjuicio de que continúen los procedimientos legales en curso. Se extendió la cobertura de este monto al total de las 65 familias sin perjuicio de que continúen los procedimientos legales en curso. Sin embargo, el Gobierno no proporcionó informaciones específicas sobre las bases o los elementos que se tomaron en cuenta para llegar a esta suma. El Comité requiere que el Gobierno proporcione mayores informaciones a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre la manera en que se determinaron las indemnizaciones proporcionadas a las 65 familias de los mineros fallecidos y espera que el Gobierno garantice que todas estas 65 familias reciban indemnizaciones adecuadas y efectivas en conformidad con la legislación nacional.».

La Comisión solicita por lo tanto al Gobierno que proporcione informaciones detalladas sobre:

1)    Indemnizaciones a cargo de la empresa Industria Minera México S.A. (IMMSA):

–           la manera en que se determinaron las indemnizaciones (si se tomaron en cuenta los complementos salariales y cuales, por ejemplo);

–           los criterios de modificación de la suma entre la primera oferta de IMMSA, que equivalía a 10 años de salario, según consta en el párrafo 26 del informe, y la suma posterior que resultó ser inferior;

–           la manera en que han sido indemnizadas las 14 familias sobre las que el Gobierno no proporciona informaciones, y estado de los recursos en curso respecto de las indemnizaciones para las 65 familias.

2)    Apoyos del Estado y prestaciones de parte del Estado. Informaciones sobre cualquier apoyo y prestación que el Estado hubiera establecido a favor de las 65 familias de las víctimas, tales como los que se enuncian en el párrafo 26 del informe (viviendas, becas hasta el nivel de licenciatura para los hijos y pensión mensual).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

1. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno en su memoria.

2. La Comisión nota la elaboración de dos instrumentos para asesorar y evaluar a las empresas interesadas en obtener el beneficio de un pago menor en la prima de riesgos de trabajo, los cuales son Guía de asesoría y Guía básica de evaluación. También toma nota de los mecanismos voluntarios cuyo objeto es lograr que cumplan con las disposiciones en materia de seguridad y salud en sus centros de trabajo entre los cuales Campaña de patrones y trabajadores responsables en seguridad e higiene en el trabajo y la creación de Unidades de verificación. La Comisión nota que la Confederación de Cámaras Industriales ha señalado su participación en la integración de los instructivos, antecedentes de las normas oficiales mexicanas, cuya temática se había orientado en diversos aspectos como la estructura de los centros de trabajo, manejo de sustancias peligrosas e insalubres, equipos de seguridad, medidas de protección en equipo y maquinaria, y en la mayoría de los ámbitos de la seguridad, la salud y el medio ambiente laboral. La Comisión ruega al Gobierno que continúe informando sobre las medidas adoptadas que contribuyan a definir y aplicar una política en relación con la seguridad y salud en el trabajo.

3. Artículo 17 del Convenio. Colaboración de dos o más empleadores que desarrollan actividades en un mismo lugar de trabajo. La Comisión nota la información proporcionada por el Gobierno según la cual los empleadores que desarrollan simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo deberán garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en los centros de trabajo y observar todas las normas de seguridad e higiene en materia laboral. La Comisión ruega al Gobierno que se sirva indicar las disposiciones legislativas o de otra índole que obliguen a las empresas que se encuentran en la situación prevista en este artículo a colaborar en la aplicación de las medidas previstas en este Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

En relación con su observación y sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de las informaciones proporcionadas por el Gobierno.

La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para la puesta en marcha de programas de acción preventiva orientados a abatir los accidentes y enfermedades de trabajo. Toma nota en particular del programa «Autogestión de la seguridad e higiene en los centros laborales». Toma nota de que se han desarrollado talleres de asistencia técnica para la instrumentación de programas preventivos y guías de evaluación, de la difusión de medidas preventivas y de normatividad a través de la revista «Condiciones de trabajo» y de otros medios de difusión (radio y televisión), de las acciones de formación llevadas a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones, incluyendo las académicas. La Comisión observa que el Gobierno indica que las actividades que se desarrollan en el marco de algunos de estos programas se dirigen fundamentalmente a empresas que ocupan 100 trabajadores o más. La Comisión recuerda que un alto porcentaje de los trabajadores presta sus servicios en empresas medianas y pequeñas de menos de 100 trabajadores. Por ende, la Comisión estima que se deberían hacer los esfuerzos necesarios para que las acciones que reflejan la ejecución de una política de seguridad y salud en el trabajo se desarrolle prioritariamente en las empresas medianas y pequeñas de menos de 100 trabajadores. En consecuencia, se ruega al Gobierno que continúe informando sobre los resultados de estos programas y, en particular, de las medidas adoptadas para hacer que las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores se beneficien de esos programas.

La Comisión toma nota de las informaciones detalladas remitidas por el Gobierno en relación con el número de visitas efectuadas por la inspección del trabajo en materia de seguridad e higiene (68.080 en el período comprendido entre 1997 y 1999), así como el número de emplazamientos técnicos de medidas de seguridad e higiene (15.542) y el número de solicitudes de sanciones (31.609). La Comisión toma nota igualmente del número de trabajadores asegurados cubiertos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (10.243.201) y los datos relacionados con el crecimiento de la población asegurada por sectores económicos. En particular, la Comisión observa que la población empleada en las empresas maquiladoras es de 1.090.049 en 1999. Teniendo en cuenta esta última cifra y recordando que la Comisión se refirió con anterioridad a los comentarios de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), en 1995, en los que se señalaban las inadecuadas condiciones de trabajo de los trabajadores de las empresas maquiladoras del norte del país, la Comisión ruega al Gobierno que continúe proporcionado informaciones sobre la situación de estos trabajadores y, en particular, de las medidas adoptadas para garantizarles el respeto de las normas mínimas de seguridad y salud en el trabajo y adecuadas condiciones de trabajo en general.

Artículo 17. En comentarios anteriores, la Comisión había señalado la importancia particular de la colaboración, en determinados sectores, entre los empleadores cuando dos o más empresas desarrollan simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo. La Comisión solicitó al Gobierno que indicase los progresos realizados para garantizar una tal colaboración de los empleadores teniendo todo empleador la obligación de observar las disposiciones establecidas en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Al no recibir información alguna sobre el asunto en cuestión, la Comisión se ve obligada de solicitar otra vez al Gobierno que indique las medidas tomadas o previstas que obliguen a las empresas que se encuentran en la situación tratada en este artículo a colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota con interés de la adopción del Reglamento general para la inspección y aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral de 6 de julio de 1998. Toma nota también de que se han adoptado 116 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad e higiene. Se indica en particular que en los últimos años se adoptaron las normas: NOM-122-STPS-1996, NOM-121-STPS-1996 y NOM-026-STPS-1998. Esta acción normativa refleja, entre otras, las acciones desarrolladas por el Gobierno en la aplicación de la política nacional relativa a la seguridad y salud en el trabajo. La Comisión ruega al Gobierno que continúe informando sobre las medidas adoptadas en el ámbito legislativo y reglamentario que contribuya a definir y aplicar una política en relación con la seguridad y salud en el trabajo.

La Comisión también toma nota con interés de las medidas adoptadas por el Gobierno para la puesta en marcha de programas de acción preventiva orientadas a abatir los accidentes y enfermedades de trabajo. Toma nota en particular del programa «Autogestión de la seguridad e higiene en los centros laborales». Toma nota de que se han desarrollado talleres de asistencia técnica para la instrumentación de programas preventivos y guías de evaluación, de la difusión de medidas preventivas y de normatividad a través de la revista «Condiciones de Trabajo» y de otros medios de difusión (radio y televisión), de las acciones de formación llevadas a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones, incluyendo las académicas.

En fin, la Comisión toma nota con interés de la copia enviada de la decisión jurisdiccional que establece jurisprudencia en relación con el derecho del trabajador a ser protegido cuando se retira por razones justificadas de su lugar de trabajo debido a que considera que existe un peligro inminente y grave para su vida o su salud (artículos 13 y 19, f), del Convenio).

La Comisión se refiere a otras cuestiones en una solicitud directa dirigida al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Artículos 13 y 19, f), del Convenio. En los comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicase información sobre cualquier precedente legal, circular administrativa o interpretación doctrinaria complementaria que contribuía a garantizar y aclarar el derecho de un trabajador de ser protegido de consecuencias injustificadas para él, en el caso de que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo que entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud. Al no recibir información alguna sobre el asunto en cuestión, la Comisión se ve obligada de solicitar otra vez al Gobierno que comunique informaciones al respecto.

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

La Comisión toma nota de las informaciones suministradas por el Gobierno en su memoria, así como de las informaciones proporcionadas por el representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia en junio de 1996 y de la discusión que allí tuvo lugar a continuación.

1. Artículo 4, párrafo 1, del Convenio. La Comisión se refiere a las conclusiones formuladas en junio de 1996 por la Comisión de la Conferencia en relación con la política nacional de seguridad y de salud en el medio ambiente del trabajo (que sea "verdadera" y eficaz). Al respecto, el Gobierno ha señalado en su memoria: i) que las políticas implantadas por la administración pública mexicana en materia de seguridad e higiene han respondido a la evolución de los conocimientos de las diferentes disciplinas, cuyos descubrimientos condicionan y enmarcan el establecimiento y la aplicación de medidas eficaces para proteger la salud de los trabajadores; ii) que las bases para determinar las responsabilidades del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores para proteger y mejorar la calidad de vida de estos últimos han sido fijadas en la legislación nacional, y iii) que cada sector ha asumido las obligaciones que le corresponden.

El Gobierno ha declarado que el Ejecutivo Federal por conducto de las dependencias competentes y otras instituciones lleva a cabo la ejecución de acciones, tanto en la legislación como en planes y programas y examina con los sectores involucrados la posibilidad de reforzar el marco legal referido a la seguridad, la higiene y la protección del medio ambiente en el trabajo. Como resultado de una amplia consulta, fue publicado el nuevo Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (RFSHMAT), que sistematiza el cúmulo de políticas, estrategias, líneas de acción y experiencias adquiridas para que el Gobierno, trabajadores y empleadores cumplan con las obligaciones que les corresponden y que se establezca el mecanismo dinámico de adecuación de la normatividad al tiempo del desarrollo tecnológico de los sectores productivos del país y que se refuercen las condiciones para proteger la salud de los trabajadores.

La Comisión solicita al Gobierno se sirva tenerla informada de toda evolución producida a este respecto.

2. Artículo 4, párrafo 2. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión nota la adopción el 21 de enero de 1997 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (RFSHMAT) el cual unifica diversas disposiciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente laboral. Según la declaración oral del representante gubernamental durante la discusión ante la Comisión de la Conferencia en junio de 1996, el objetivo del Reglamento era la creación de un cuerpo de normas que actuara mejor en la práctica y asegurara la prevención de accidentes y riesgos. El Gobierno señala a este respecto que propicia el establecimiento de programas preventivos de seguridad, higiene y medio ambiente del trabajo en las empresas, los que sustentados en diagnósticos situacionales, contribuirán a la disminución de los riesgos de trabajo.

Además, el Gobierno indica que la tendencia de reducción de los riesgos de trabajo en los seis estados fronterizos que se manifestó en 1995 parece confirmada por las estadísticas laborales para dos cuatrimestres de 1996.

La Comisión espera que el Gobierno siga realizando los esfuerzos necesarios para reducir al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien informar sobre cualquier progreso realizado con miras a asegurar la aplicación del Convenio, en particular en las empresas maquiladoras, objeto de las observaciones proporcionadas por la Central Latinoamericana de los Trabajadores (CLAT) en 1995.

3. Artículo 17. En comentarios anteriores, la Comisión había señalado la importancia particular de la colaboración, en determinados sectores, entre los empleadores cuando dos o más empresas desarrollan simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo. La Comisión solicitó al Gobierno que indicase los progresos realizados para garantizar una tal colaboración de los empleadores teniendo todo empleador la obligación de observar las disposiciones establecidas en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Al no recibir información alguna sobre el asunto en cuestión, la Comisión se ve obligada de solicitar otra vez al Gobierno que indique las medidas tomadas o previstas que obliguen a las empresas que se encuentran en la situación tratada en este artículo a colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el Convenio.

4. La Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa relativa a una cuestión.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas par la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) y de la respuesta del Gobierno.

1. En su comunicación, la CLAT había señalado unos casos de contaminaciones de los trabajadores en masa, a veces con desmayos causados por emisiones de gases venenosos, gases derivados del amoníaco y del ácido muriático, el ácido hidrofluórico y fugas de gases tóxicos, el alcohol etílico, el amoníaco; unos casos de complicaciones de la salud de los trabajadores, fallos cardiacos, cáncer, tumores, causados por el mal manejo de los productos tóxicos; unos casos de intoxicación y el incumplimiento de normas de higiene laboral que habían puesto en grave peligro de muerte y de enfermedad a los trabajadores y habitantes de la zona fronteriza de Matamoros; fallecimiento de un joven ingeniero químico causado por una intoxicación. Había observado en algunos de estos casos que los gerentes de empresas involucradas se habían negado en los primeros momentos después de tales accidentes a aceptar la entrada en el sitio afectado de los equipos especializados en los problemas de escape de gases. La CLAT alega la ausencia de medidas efectivas - de tipo preventivo y paliativo - por parte de las autoridades locales y nacionales y de los responsables de las empresas maquiladoras de la zona.

La Comisión ha tomado nota de los comentarios del Gobierno según los cuales en el marco de la política nacional en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo en el sector maquilador había tenido lugar una mayor vigilancia y control de las actividades industriales en lo referente a inspección. Las maquiladoras habían sido obligadas a acreditar ante la autoridad competente que los elementos de riesgo estuvieran debidamente analizados, tratados y controlados. Mediante las visitas de inspección se comprobaron el acreditamiento que las empresas debieron de hacer del buen funcionamiento de maquinaria y equipo registrados, del control que los empleadores aplicaron respecto de los agentes nocivos que existían en el ambiente de trabajo, y del buen funcionamiento de los métodos aplicables. Se habían ejecutado anualmente programas regionales de inspección que habían cubierto los diversos aspectos de seguridad e higiene en las empresas maquiladoras.

La Comisión ha notado que en el marco de estos programas regionales, aproximadamente 20 por ciento del total de empresas maquiladoras, que manejaban sustancias peligrosas con alto grado de riesgo y mayor número de trabajadores, habían sido seleccionadas en 1993 para su inspección. La Comisión ha tomado nota de los resultados derivados de este programa con revelación de numerosos casos de violaciones directas de las normativas de seguridad en las empresas de este grupo sancionadas mediante el procedimiento administrativo.

La Comisión espera que las medidas tomadas por medio de la actividad del sistema de inspección apropiado y suficiente permitirá prevenir los accidentes, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de las empresas maquiladoras, lo que tiene que ser el objeto de la política nacional en materia de seguridad y salud de los trabajadores y del medio ambiente de trabajo, en conformidad con el artículo 4.2 del Convenio. En particular, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre cualquier progreso realizado con miras a asegurar la aplicación del Convenio en las empresas maquiladoras de la zona de Matamoros.

La Comisión invita al Gobierno a tomar en consideración la Recomendación núm.164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, en particular el párrafo 3, incisos d), h), k) y m) (medidas en aplicación de la política a que se refiere el artículo 4 del Convenio en las esferas de utilización, mantenimiento e inspección de la maquinaria y equipo que puedan entrañar riesgos; utilización de sustancias y agentes peligrosos y, cuando proceda, su substitución por otras sustancias o agentes inocuos o menos peligrosos; control de la atmósfera y de otros factores ambientales de los lugares de trabajo; prevención de incendios y explosiones), el párrafo 10, incisos a) y c) (incluir en las obligaciones de los empleadores tales como la utilización, en la medida en que sea razonable y factible, de maquinaria, equipos y métodos de trabajo que sean seguros y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, y garantía de una supervisión adecuada del trabajo efectuado), el párrafo 12, 2), incisos a) y c) (información suficiente de los delegados de los trabajadores, los comités de seguridad e higiene o, cuando sea apropiado, otros representantes de los trabajadores sobre las cuestiones de seguridad e higiene, posibilidad para ellos de examinar los factores que afectan a la seguridad y a la salud de los trabajadores), y el párrafo 15 (obligación de los empleadores de controlar periódicamente la aplicación de las normas pertinentes de seguridad e higiene del trabajo, de registrar los datos sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo que las autoridades competentes consideren indispensables).

La Comisión ha tomado nota de la indicación de la CLAT según la cual habían tenido lugar numerosos casos de anencefalia, de malformaciones y retrasos mentales, de nacimientos con impedimentos físicos de los niños de madres que habían manipulado las sustancias tóxicas o habían sido expuestas a la acción de productos químicos tóxicos durante su embarazo.

La Comisión ha tomado nota que para el caso de la anencefalia se había puesto en operación y desarrollado el sistema de vigilancia epidemiológica de la anencefalia en las ciudades fronterizas y que después el sistema fue extendido a todo el país, incluyendo dos tipos de malformaciones más. Con base en unas investigaciones científicas sobre las razones de la anencefalia, el Gobierno ha observado que la etiología de esta enfermedad es multifactorial y que es difícil de identificar el factor auténtico de riesgo que radica en el evento que ocurre durante las primeras cuatro semanas de gestación. Puesto que las empresas involucradas por la CLAT en los casos de anencefalia y malformación de infantes no producen plásticos, la exposición a los cuales puede ocasionar irritación de la piel y de la parte superior del sistema respiratorio no se había determinado alguna relación entre la anencefalia o las malformaciones de niños y la exposición a sustancias tóxicas. La Comisión solicita al Gobierno que la tenga informada de toda evolución que pudiera producirse a este respecto.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 1997.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

La Comisión toma nota con interés de la información comunicada en la memoria del Gobierno, en respuesta a sus comentarios anteriores, en particular, en lo que respecta a los artículos 5, e), 11, b), 12, a), b) y c), 14 y 21 del Convenio. Se solicita al Gobierno que comunique información complementaria en su próxima memoria sobre los puntos siguientes:

Artículos 13 y 19, f). En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 51, VII, de la Ley Federal del Trabajo, señalaba como una de las causas de rescisión del contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, la existencia de un peligro grave para la seguridad o la salud del trabajador. Sin embargo, también había tomado nota de que el artículo 135, VII, de la ley, prohibía a los trabajadores "suspender las labores sin autorización del patrón". En su memoria para el período que finaliza el 30 de junio de 1988, el Gobierno indicaba que el artículo 47 de la ley podía ser interpretado de modo tal que se permite que los trabajadores desobedezcan a su empleador cuando tengan una razón suficiente y, por tanto, cuando exista una justificación para que un trabajador interrumpa el trabajo por creer, por motivos razonables, que ello entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud, el trabajador puede hacerlo sin previa autorización del empleador. La Comisión desea recordar que este artículo del Convenio prevé que deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su vida o su salud. Se solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre cualquier precedente legal, circular administrativa o interpretación doctrinaria complementaria que contribuya a garantizar y aclarar el derecho de un trabajador a apartarse de tales situaciones.

Artículo 17. La Comisión toma nota de la indicación que figura en la última memoria del Gobierno, según la cual no existe disposición legal alguna que garantice que los empleadores colaboren en la aplicación de las medidas de seguridad, salud y medio ambiente, cuando dos o más empresas desarrollan simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, teniendo todo empleador la obligación de observar las disposiciones establecidas en materia de seguridad y salud. La Comisión desea recordar que este artículo prevé específicamente que siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el presente Convenio. La garantía de tal colaboración es de particular importancia en determinados sectores, como el de la construcción, en el que es esencial la coordinación en las medidas adoptadas en el lugar de trabajo en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Se solicita al Gobierno que indique los progresos realizados para garantizar que en esos casos, los empleadores colaboran efectivamente en las cuestiones relativas a la seguridad y a la salud de los trabajadores.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas en la memoria del Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores y, en particular, las relativas al artículo 11, párrafos e) y f) y al artículo 15, párrafo 1, del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar más informaciones en su próxima memoria sobre los siguientes puntos:

Artículo 5, e), del Convenio. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual se prohíbe a los empleadores despedir, suspender o restringir de cualquier otra forma los derechos laborales garantizados por la ley sin una debida justificación. Sírvase indicar si las disposiciones legislativas que aseguran a los trabajadores el derecho de emprender acciones de conformidad con la política seguida en el plano nacional en materia de salud y seguridad en el trabajo y de medio ambiente del trabajo, sin verse expuestos a ninguna medida disciplinaria.

Artículo 11, b). La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria según la cual se ha propuesto añadir un apéndice al instructivo núm. 10 denominado "Concentración Máxima Permisible para Mezclas Contaminantes". Sírvase indicar si se ha aprobado dicho apéndice y, en tal caso, comunicar un ejemplar junto con su próxima memoria.

Además la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno relativa a la falta de informaciones sobre la exposición simultánea a varias sustancias o agentes tóxicos. A este respecto puede ser de utilidad consultar el informe de un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos de exposiciones combinadas en el medio ambiente de trabajo, que se publicó en 1981. Este estudio señala, en particular, los problemas que resultan de la exposición de mezclas de solventes orgánicos; polvillos metálicos y minerales; emisiones de soldaduras, polvos y vapores de fundición; productos químicos para elaboración de gomas y exposición simultánea al ruido y las vibraciones. Sírvase indicar los progresos cumplidos para que también se preste consideración a estos riesgos especiales de exposición simultánea cuando se determinen los procedimientos de trabajo y el control, la autorización o la prohibición de sustancias y agentes.

Artículo 12, párrafos a) y c). La Comisión recuerda que este artículo del Convenio se refiere a las obligaciones de las personas que diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden a cualquier título máquinaria, equipos o sustancias para uso profesional. Dichas personas deben asegurarse de que la maquinaria, los equipos y las sustancias en cuestión no implican ningún peligro para la seguridad y la salud de las personas que los utilizan en forma correcta, así como emprender estudios e investigaciones para mantenerse al corriente de los conocimientos científicos y técnicos a este respecto. Estas disposiciones están encaminadas a asegurar que se tomen ciertas precauciones de seguridad antes de utilizar la maquinaria, los equipos o las sustancias a nivel de la empresa. Sírvase indicar las medidas adoptadas para garantizar que los diseñadores, fabricantes, importadores y todos los que suministran o ceden a cualquier título maquinaria, equipos o sustancias cumplen con esta disposición.

Artículo 12, b). La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno según la cual los fertilizantes y las sustancias tóxicas deben acompañarse con informaciones relativas a los peligros que entraña su uso e instrucciones sobre su utilización correcta, así como los antídotos para utilizar en casos de envenenamiento. Sírvase indicar las medidas tomadas para asegurar que quienes diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden maquinarias y equipos proporcionan también la información relativa a la correcta instalación y utilización de la maquinaria, los equipos y sobre sus riesgos, así como instrucciones relativas a la manera de prevenir los riesgos conocidos.

Artículos 13 y 19, f). Sírvase continuar comunicando informaciones sobre cualquier antecedente legal, circular administrativa o interpretaciones doctrinales adicionales que puedan ayudar a garantizar y clarificar el derecho de los trabajadores a interrumpir una situación de trabajo cuando estimen, por motivos razonables, que entraña un peligro inminente y grave para su vida y su salud.

Artículo 14. La Comisión toma nota con interés de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria relativas a la recomendación de la Subcomisión de Reglamentación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para incluir aspectos de la seguridad e higiene y del medio ambiente de trabajo en los programas de estudio de todos los niveles de enseñanza y formación, comprendidos los estudios médicos. Sírvase indicar cualquier nueva medida que se haya tomado a este respecto.

Artículo 17. La Comisión desearía recordar que este artículo dispone en forma específica la colaboración en la aplicación de las medidas previstas por el Convenio entre dos o más empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo. Como garantizar dicha colaboración resulta pues indispensable para la plena aplicación del Convenio, sírvase indicar las medidas adoptadas o previstas para asegurar que se cumple esta disposición.

Artículo 21. La Comisión ha tomado nota de que el artículo 510 de la ley Federal del Trabajo dispone que la participación de los trabajadores en diversas comisiones de seguridad y de salud en el trabajo no será remunerada pero que debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. Sírvase comunicar los textos de las disposiciones legislativas o de los convenios colectivos que aclaren si los trabajadores que participan en esas varias comisiones de seguridad y salud no soportan ninguna disminución de sus salarios ordinarios por ausentarse del trabajo a efectos de participar en ellas.