Informe provisional - Informe núm. 246, Noviembre 1986

1. 381. El Comité de Libertad Sindical examinó este caso por primera vez en su reunión de febrero de 1986 y presentó un informe provisional al Consejo de Administración (243. er informe, párrafos 570 a 587), el que lo aprobó en su 232.a reunión (febrero-marzo de 1986). Habiendo recibido nuevos alegatos de los querellantes así como también diversas observaciones por parte del Gobierno, el Comité volvió a examinar el caso en su reunión de mayo de 1986 y presentó otro informe provisional (244.0 informe, párrafos 357 a 383) al Consejo de Administración. Este lo aprobó en su 233.a reunión (mayo-junio de
2. 1986).

A. Misión de contactos directos

1. 382. Los querellantes habían solicitado que una misión de la
2. OIT se
3. desplazara a Colombia y en su reunión de mayo de 1986 el
4. Comité estimó,
5. "habida cuenta de la gravedad de los alegatos formulados en
6. este caso, que
7. seria de la mayor utilidad que se realice una misión al país para
8. la obtención
9. de todas las informaciones necesarias para un examen en
10. profundidad del caso"
11. (244. 8 informe del Comité, párrafo 383, d)).
12. 383. Mediante una comunicación de fecha 12 de junio de
13. 1986, el Ministro del
14. Trabajo y Seguridad Social de Colombia invitó a la OIT a que
15. "envie una misión
16. para que visite el país y entre en contacto con el Gobierno, con
17. las
18. organizaciones empresarias y de trabajadores democráticos,
19. con el objeto de
20. que se esclarezca debidamente la situación". El 13 de junio el
21. Presidente del
22. Comité se entrevistó con el Ministro de Trabajo de Colombia
23. para discutir
24. sobre el caso en instancia y determinar las modalidades de esta
25. misión.
26. 384. El Director General de la OIT designó como representante
27. para llevar a
28. cabo esta misión al Sr. Geraldo von Potobsky, llevándose a
29. cabo la misión en
30. Bogotá del 14 al 18 de julio de 1986. En el transcurso de la
31. misión
32. acompañaron al representante del Director General el Sr.
33. Alberto Odero,
34. miembro del Servicio de Libertad Sindical del Departamento de
35. Normas
36. Internacionales del Trabajo, y el Sr. Luis Zamudio, consejero
37. regional para
38. las normas. El informe de misión figura en anexo II al final del
39. presente
40. informe.
41. 385. La misión se entrevistó con el Excmo. Sr. Jorge Carrillo
42. Rojas, Ministro
43. de Trabajo y Seguridad Social, y con autoridades y altos
44. funcionarios de
45. varios ministerios, así como con representantes de las
46. organizaciones de
47. empleadores y trabajadores.
48. 386. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad
49. sindical y la
50. protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el
51. Convenio sobre el
52. derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
53. 98).
54. * *
55. *
56. 387. El Comité desea agradecer al Sr. Geraldo von Potobsky
57. que haya aceptado
58. llevar a cabo la misión de contactos directos, así como su
59. detallado informe
60. sobre el caso, que ha permitido el examen del mismo por parte
61. del Comité. El
62. Comité estima que el informe del representante del Director
63. General muestra la
64. utilidad de las misiones de este tipo en el esclarecimiento de las
65. cuestiones
66. planteadas en los alegatos de las organizaciones querellantes.
67. B. Evolución del caso después de la misión
68. Nuevos alegatos
69. 388. Por comunicación de 6 de junio de 1986, la Federación
70. Sindical Mundial
71. alega que el 31 de mayo fue abaleado Eriberto Martínez,
72. dirigente de la CSTC
73. en Cartago.
74. 389. Por comunicaciones de 9 y 14 de octubre de 1986, la
75. Confederación
76. Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) y la Federación
77. Sindical Mundial
78. (FSM) respectivamente, alegaron el asesinato del dirigente
79. sindical Jairo
80. Berrio Cardona en Bucaramanga, el 7 de octubre de 1986; los
81. culpables serían
82. los patrones de la empresa COPETRAN. La FSM añade que en
83. la actualidad muchos
84. dirigentes sindicales son amenazados de muerte, como Jorge
85. Carrillo (CUT),
86. Abel Rodriguez (FECODE), Miguel Angel Castro, Gustavo Osorio
87. y Angelino Garzón
88. (CSTC). El contenido de estas comunicaciones fue transmitido
89. al Gobierno.
90. Nuevas informaciones del Gobierno
91. 390. En sus comunicaciones de 8, 22 y 29 de octubre de 1986,
92. el Gobierno
93. facilita observaciones adicionales sobre algunos alegatos
94. pendientes, y que se
95. reproducen a continuación:
96. - Muerte de Jaime Bronstein Bonilla. La Juez Primero Superior
97. de Popayán
98. informó que su despacho adelanta el respectivo proceso por el
99. delito de
100. homicidio del Sr. Bronstein, contra personas sin identificar. La
101. muerte tuvo
102. lugar el día 8 de enero de 1986 en el perímetro urbano del
103. municipio de Timbío
104. (Cauca). En la época de su deceso, el occiso desempeñaba las
105. funciones de
106. vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios
107. Campesinos (ANUC). La
108. investigación fue iniciada por el Juzgado 21 de Instrucción
109. Criminal Ambulante
110. del Cauca, según la comisión que le confirió la Dirección de
111. Instrucción
112. Criminal del mismo Departamento. Dicho Juzgado adelantó las
113. investigaciones
114. necesarias, incluyendo testimonios de numerosas personas
115. allegadas al Sr.
116. Bronstein, hasta el 10 de febrero del año en curso. Tales
117. testimonios fueron
118. ampliados ante el abogado asesor de la Policía Judicial y de la
119. Comisión de
120. Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación,
121. quien intervino en
122. forma directa en la etapa de instrucción (averiguatoria) del juicio.
123. El 10 de
124. febrero asumió el conocimiento del proceso del Juzgado 1. 8
125. Superior de
126. Popayán, el cual ordenó la práctica de las pruebas que aún
127. resultaban
128. procedentes para el esclarecimiento de la verdad. Con tal
129. propósito fue
130. comisionado, por razones de competencia territorial, el Juzgado
131. 4.o de
132. Instrucción Criminal Ambulante del Departamento del Cauca y
133. en él, cumpliendo
134. órdenes expresas del Procurador General de la Nación, entró a
135. actuar como
136. Agente Especial del Ministerio Público (fiscal del juicio,
137. representante de la
138. sociedad y guardián de la legalidad), el Dr. Alberto Gómez Tello,
139. abogado
140. visitador adscrito a la Procuraduría Regional del Cauca, quien
141. tomó posesión
142. el 24 del mismo mes de febrero. El mencionado Juzgado 4.o de
143. Instrucción
144. Criminal Ambulante tomó declaraciones, con la presencia del
145. Agente Especial
146. del Ministerio Público, a otras personas y, aunque es seguro que
147. el autor del
148. delito fue visto en Timbío desde tempranas horas, todos
149. afirmaron no recordar
150. nada, ni proporcionaron algún detalle que pudiera contribuir a la
151. identificación de aquél. Hasta el presente la investigación
152. continúa, los
153. funcionarios judiciales y de la Procuraduría han permanecido en
154. contacto con
155. la familia Bronstein, han recibido una escasísima colaboración
156. de parte de la
157. Seccional Cauca de la Asociación Nacional de Usuarios
158. Campesinos (ANUC), la
159. cual no ha demostrado ningún interés en colaborar con la
160. investigación, ya que
161. en tres oportunidades el Juzgado 1. 8 Superior de Popayán le
162. ha solicitado por
163. escrito que informe el nombre completo y lugar de residencia de
164. una mujer
165. Gladys N., de quien se dice trabajaba como secretaria de Jaime
166. Bronstein en el
167. municipio de Timbío y lo acompañaba en el momento de su
168. muerte, pero no se ha
169. obtenido respuesta alguna. La señora Juez 1. 8 Superior de
170. Popayán señaló que
171. el Despacho a su cargo, con el concurso de los jueces de
172. instrucción criminal,
173. continuará adelantando todas las gestiones que sean
174. necesarias para obtener la
175. sanción del delito cometido contra Jaime Bronstein Bonilla. El
176. Gobierno llama
177. la atención sobre la ardua y completa tarea de investigación y
178. de
179. fiscalización de ésta cumplida por la Policía Nacional, los jueces
180. de
181. instrucción, el juez del conocimiento y el funcionario de la
182. Procuraduría,
183. para lograr sancionar al responsable(s) de la repudiable muerte
184. del dirigente
185. agrícola, así como sobre la falta de interés y de colaboración de
186. parte de la
187. Asociación sindical a la que el mismo pertenecía.
188. - Muerte de Tulio Manuel Castro Gil. El correspondiente
189. proceso cursa en el
190. Juzgado 25 Superior de Bogotá, pero como aún se está
191. llevando a cabo la etapa
192. sumarial, la misma se encuentra a cargo de la Juez 45 de
193. Instrucción Criminal
194. de dicha ciudad. La citada funcionaria judicial informó que no
195. ha sido posible
196. establecer todavía quién o quiénes sean los responsables, así
197. como tampoco los
198. móviles de la muerte del Dr. Castro Gil, Juez 1 Superior de
199. Bogotá. La
200. investigación penal continuará adelantándose para identificar al
201. responsable(s) de tan execrable delito, aunque se sospecha
202. que éste pudo ser
203. obra de hampones a sueldo pagados por las mafias de
204. narcotraficantes,
205. nacionales y extranjeros, que persisten en sembrar el terror y en
206. enfrentarse
207. a las autoridades que luchan contra esa nociva e ilícita
208. actividad.
209. - Muerte de Faeriel Alonso Santana Portillo. El Gobierno
210. informó a la OIT
211. que había solicitado al Juez 2. 8 Superior de Ocaña (Norte de
212. Santander)
213. información sobre el estado del respectivo proceso. El
214. mencionado funcionario
215. judicial indicó que los hechos materia de la investigación
216. ocurrieron en la
217. ciudad de Ocaña el 9 de enero del año en curso,
218. aproximadamente a las 22
219. horas, cuando tres individuos, uno de ellos enmascarado,
220. irrumpieron en la
221. casa de Faeriel Alonso Santana Portillo y lo mataron
222. disparándole. La
223. investigación fue iniciada el día 10 de los mismos mes y año por
224. el Juzgado 11
225. de Instrucción Criminal de esa ciudad y, durante su desarrollo,
226. se vinculó
227. como sospechoso a Jaime Alberto Navarro Max, de
228. conformidad con lo dispuesto
229. por el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal. El 19 de
230. junio del
231. presente año se decretó el cierre de la investigación y el 31 de
232. julio el Juez
233. 2. 8 Superior de la citada ciudad de Ocaña calificó el mérito
234. probatorio del
235. sumario (averiguaciones efectuadas y pruebas reunidas en la
236. etapa de
237. instrucción), habiíndose sobreseído temporalmente al sindicado
238. y ordenado
239. reabrir la investigación para realizar esfuerzos adicionales para
240. identificar
241. al autor(es) del delito. Con tal propósito fue comisionado el 11 de
242. agosto
243. pasado el Juez 11 de Instrucción Criminal de Ocaña, quien
244. deberá desarrollar
245. las averiguaciones pertinentes. Conviene anotar que el
246. sobreseimiento temporal
247. es una figura del procedimiento penal de acuerdo con la cual se
248. suspende
249. provisionalmente la vinculación de un sospechoso a un proceso
250. por no existir
251. pruebas suficientes contra él, pero se le vuelve a llamar a juicio
252. una vez se
253. reúnan las pruebas que demuestren su responsabilidad en el
254. delito. En relación
255. con la muerte del Sr. Santana, al igual que con la del Juez
256. Castro Gil, no
257. consta de ninguna manera en los procesos correspondientes
258. que ellas hayan
259. tenido relación con la actividad sindical de las víctimas y que
260. los hechos
261. están siendo objeto de investigaciones adecuadas, completas y
262. conforme a la
263. ley por los funcionarios jurisdiccionales.
264. - Muerte de Pedro Contreras Salcedo. El Juez Unico
265. Especializado de Cúcuta
266. (Norte de Santander) señaló que la investigación por los delitos
267. de secuestro
268. extorsivo y posterior muerte en hechos acaecidos el 5 de enero
269. de 1986 de
270. Pedro Contreras Salcedo fue iniciada por el Despacho a su
271. cargo el 9 de los
272. mismos mes y año. Teniendo en cuenta que la etapa de
273. instrucción, en la que no
274. fue posible identificar al autor(es) de los delitos, concluyó, el
275. proceso fue
276. remitido el 12 de marzo pasado al Juzgado 5.o Superior de
277. Cúcuta, al cual se
278. está dirigiendo esta entidad para que suministre información
279. adicional.
280. - Supuesta muerte de Meyer Rivas. El Juez Unico Superior de
281. Pitalito
282. (Huila) ha ínformado en el oficio núm. 354 que el 30 de octubre
283. de 1985 fue
284. víctima de un atentado por parte de desconocidos el profesor
285. Meyer Rivas
286. Montero y que uno de los disparos hechos contra él le afectó
287. una vértebra
288. dorsal. El 2 de noviembre de ese mismo año fue iniciada
289. legalmente por el
290. Juzgado 10 de Instrucción Criminal de Pitalito la correspondiente
291. investigación por el delito de tentativa de homicidio en
292. averiguación de
293. responsables. Conviene destacar que la queja formulada contra
294. el Gobierno no
295. se ajusta a la realidad, porque los querellantes denuncian la
296. muerte del Sr.
297. Rivas Montero, cuando él fue víctima de un atentado que le
298. ocasionó lesiones,
299. pero no el deceso. Es claro en este evento, como en otros que
300. forman parte del
301. caso núm. 1343 (respecto a los cuales el Gobierno ha
302. demostrado la falta de
303. coincidencia con la verdad), el propósito de causar perjuicios al
304. país que
305. anima a la organización querellante, presentando listas de
306. líderes sindicales
307. "asesinados" y "desaparecidos" que están vivos y se
308. encuentran en su sede
309. habitual de actividades. El Juez 10 de Instrucción Criminal ha
310. practicado
311. todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos
312. en que
313. resultó lesionado el Sr. Meyer Rivas, sin que hasta la fecha se
314. haya podido
315. identificar al(los) autor(es) y los esfuerzos continuarán hasta que
316. éstos sean
317. hallados.
318. - Muerte de Angel Amable Arroyave Restrepo y Juan Alberto
319. Rodas Rúa. El
320. Juez 3.o Superior de Medellín informó en el oficio núm. 320 que
321. la
322. investigación fue iniciada el 31 de agosto de 1985 por el
323. Juzgado Promiscuo
324. Municipal de Carepa (Antioquia) y que actualmente el proceso
325. cursa en su
326. Despacho, sin que se haya podido vincular a ninguna persona
327. como sindicado del
328. delito.
329. - Muerte de Carmelo Gelves Ortega, dirigente agrario de Tibú
330. (Norte de
331. Santander). La investigación está a cargo del Juez 4. 8 Superior
332. de Cúcuta,
333. capital de dicho departamento. El proceso fue iniciado por el
334. Juzgado Penal
335. Municipal de Tibú el 4 de julio de 1985. Hasta la fecha, no ha
336. sido vinculada
337. a la investigación persona alguna y no ha sido posible hallar
338. mérito para
339. proceder contra ningún responsable. Es importante señalar que
340. si la muerte del
341. Sr. Gelves hubiera sido ocasionada por una patrulla militar,
342. como afirman los
343. querellantes, la investigación sería adelantada por la justicia
344. penal militar,
345. ya que ésta es la competente para juzgar los actos cometidos
346. por militares. Es
347. necesario hacer énfasis sobre el hecho de que, si los
348. querellantes tuvieran
349. pruebas o constancia de que una patrulla militar fue la autora
350. del delito, su
351. obligación legal como ciudadanos habría sido la de poner en
352. conocimiento del
353. juez dicha circunstancia para facilitar la investigación y no
354. guardar silencio
355. sobre el particular.
356. - Heriberto Ramírez Rengifo. Recibió una lesión en el lado
357. izquierdo del
358. abdomen al ser herido con un arma de fuego. La denuncia de la
359. FSM es vaga y
360. alarmista y ni siquiera es exacta al referirse al nombre del
361. interesado. Se ha
362. solicitado información sobre el funcionario judicial que adelanta
363. la
364. investigación.
365. - Muerte de Jairo Berrio. Es totalmente seguro que su muerte
366. dio origen a
367. la iniciación de una investigación penal. Cabe preguntarse a
368. que obedeció la
369. presencia de un sindicalista del sector de fabricación de
370. empaques en un mitin
371. del sector de los transportes. Se ha solicitado información sobre
372. el
373. funcionario judicial al que corresponde la investigación.
374. - Presunta intervención indebida de la Policía frente a la
375. Federación
376. Nortesantandereana de Trabajadores (FENOSTRA), la
377. Federación de Trabajadores
378. de Caldas (FEDECALDAS) y los trabajadores de Cementos
379. Boyacá. El Director
380. General de la Policía Nacional, Mayor General José Guillermo
381. Medina Sánchez,
382. informó que los diferentes comandos de los departamentos de
383. policía del país
384. adelantan una política de cordial acercamiento y colaboración
385. con las
386. organizaciones sindicales y en tal sentido deben interpretarse
387. las solicitudes
388. formuladas a las antes indicadas, pero nunca fueron requeridas
389. para
390. suministrar datos sobre la filiación política de sus miembros ni
391. otros datos
392. personales. Las organizaciones sindicales no deben calificar
393. como persecución
394. todo acto de acercamiento por parte de las autoridades
395. legalmente
396. establecidas, ya que generalmente se busca la colaboración
397. entre unas y otras,
398. lo mismo que la protección contra intromisiones de grupos
399. subversivos que
400. pretendan utilizar a las primeras como instrumentos para sus
401. acciones
402. ilegales.
403. * *
404. *
405. 391. Habida cuenta de que el contenido de los demás alegatos
406. presentados en
407. el marco del presente caso y de las informaciones suministradas
408. por el
409. Gobierno al respecto, así como las informaciones obtenidas por
410. el
411. representante del Director General durante la misión figuran ya
412. en el informe
413. de misión (víase anexo ll al final del presente informe), el Comité
414. puede
415. proceder directamente a la formulación de sus conclusiones
416. sobre las distintas
417. cuestiones.

C. Conclusiones del Comité

1. 392. El Comité toma nota del informe del representante del
   • Director General
   • sobre la misión efectuada del 14 al 18 de julio de 1986 en
   • Bogotá. El Comité
   • toma nota con interés de que el representante del Director
   • General recibió
   • todas las facilidades por parte de las autoridades para el
   • cumplimiento de la
   • misión. El Comité toma nota asimismo de las informaciones
   • escritas facilitadas
   • por el Gobierno con posterioridad a la misión.
2. 393. El Comité debe subrayar en primer lugar la gravedad de los
   • alegatos que
   • le han sido sometidos y que se refieren en particular a ataques a
   • la vida y a
   • la seguridad personal de un importante número de dirigentes
   • sindicales y
   • sindicalistas. Diversas personas han señalado al representante
   • del Director
   • General la complejidad de la situación reinante así como el
   • entrecruzamiento
   • de cuestiones sindicales, políticas y subversivas, y a veces
   • relacionadas con
   • el narcotráfico, que conducen a actos de violencia de distinto
   • origen, e
   • inclusive a procedimientos ilegales por parte de ciertos miembros
   • de las
   • Fuerzas Armadas y de la policía. Según las autoridades, se
   • trataría de
   • comportamientos a título individual. El Comité expresa su
   • preocupación
   • observando que según se desprende del informe de misión,
   • actúan en el país
   • grupos denominados paramilitares y grupos armados a sueldo,
   • así como que los
   • ataques a la vida y a la seguridad personal de sindicalistas
   • afectan
   • mayoritariamente a sindicalistas de una determinada tendencia.
3. 394. El Comité observa asimismo con preocupación que en
   • varias partes del
   • informe de misión se deja constancia de la dificultad de
   • determinar los
   • responsables de los delitos y las circunstancias en que se
   • produjeron por el
   • temor que inspiran a los eventuales testigos las posibles
   • represalias que
   • pueden sufrir, particularmente en algunas zonas especialmente
   • conflictivas. El
   • Comité considera que deben adoptarse todas las medidas
   • adecuadas para
   • garantizar que cualquiera que sea la tendencia sindical, los
   • derechos
   • sindicales puedan ejercerse con normalidad, dentro del respeto
   • de los derechos
   • humanos fundamentales y en un clima desprovisto de violencia,
   • presiones,
   • temores y amenazas de toda índole.
   • Alegatos relativos al asesinato, secuestro o desaparición de
   • dirigentes
   • sindicales y sindicalistas
4. 395. El Comité observa que prácticamente en todos los casos
   • alegados de
   • asesinato, secuestro o desaparición de dirigentes sindicales y
   • sindicalistas,
   • se ha abierto una investigación judicial, en consonancia con las
   • recomendaciones del Comité formuladas en sus reuniones de
   • febrero y mayo de
5. 1986. El Comité observa sin embargo que el Gobierno señala
   • que las autoridades
   • de San Vicente de Chucurí (Santander) desconocen la muerte
   • de los
   • sindicalistas agrarios Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López
   • y Serafín
   • Herrera, así como que necesita precisiones sobre la muerte del
   • médico y
   • dirigente gremial Gabriel Anchique Gómez, (en particular el lugar
   • de la muerte
   • y demás circunstancias relevantes) y sobre la desaparición de
   • José Jairo Gómez
   • Cadena. El Comité pide a las organizaciones querellantes que
   • faciliten toda
   • información que esté a su alcance sobre estos alegatos con
   • objeto de que el
   • Gobierno pueda responder con precisión a los mismos.
6. 396. El Comité toma nota de que el responsable de la muerte
   • de Nicolás López
   • Londoño fue condenado el 16 de julio de 1986 y que según se
   • desprende del
   • expediente procesal el delito en cuestión no tuvo nexo alguno
   • con violaciones
   • a la libertad sindical. El Comité toma nota asimismo de que
   • según las
   • investigaciones efectuadas por la autoridad judicial existen
   • indicios de que
   • el homicidio de Miguel Puerta (sindicalista de FECODE)
   • obedeció a problemas de
   • índole personal relacionados con negocios particulares y, en
   • concreto,
   • problemas de deudas monetarias. El Comité toma nota asimismo
   • de que Víctor
   • Manuel Aroca murió en un enfrentamiento armado entre una
   • patrulla de la
   • Escuela de Lanceros y un grupo de las autodenominadas
   • Fuerzas Armadas
   • Revolucionarias de Colombia-FARC, que operan regularmente
   • en el área general
   • de Villarrica, Tres Esquinas y Galilea. El Comité toma nota
   • también de que las
   • muertes de los Dres. Medina Ochoa y Castro Gil no obedecieron
   • al carácter de
   • miembros de una organización sindical que tenían las víctimas,
   • sino que fueron
   • obra de hampones pagados por las mafias del narcotráfico
   • empeñadas en impedir
   • la administración de justicia. Por último, el Comité toma nota de
   • que los
   • sindicalistas Meyer Rivas y Heriberto Ramírez Rengifo no fueron
   • asesinados,
   • sino objeto de una tentativa de homicidio que les ocasionó
   • lesiones, así como
   • de que se encuentran en marcha los correspondientes
   • procesos. El Comité pide
   • al Gobierno que le informe de la evolución de los mismos.
7. 397. El Comité observa que los dirigentes campesinos Andrés
   • Luna y Yate Aroca
   • fueron retenidos en la vereda Nueva Esperanza, municipio de
   • Coyaima, por
   • denuncia de Miguel González Guarnizo, quien afirmó haber sido
   • extorsionado y
   • amenazado de muerte por estas dos personas, y puestos
   • finalmente a disposición
   • del Juzgado 36 de Instrucción Criminal Especializado de Ibagué,
   • quien dictó
   • providencia el 29 de noviembre de 1985 dejándolos en libertad.
   • El Comité toma
   • nota asimismo de que el sindicalista Eric Ariza Roncancio fue
   • encontrado por
   • la policía en su casa el 14 de mayo de 1986, presentando
   • efectos por consumo
   • de narcóticos y algunas escoriaciones en el cuerpo que, según
   • manifestó, le
   • fueron producidas por individuos desconocidos que lo atacaron.
8. 398. El Comité observa también que la autoridad judicial
   • condenó a Jorge Luis
   • Barrero como responsable del secuestro de Miguel Angel Díaz y
   • Faustino López.
   • El Comité subraya sin embargo que estos dos dirigentes
   • sindicales siguen en
   • situación de desaparecidos y que la esposa del primero
   • manifestó a la misión
   • que Jorge Luis Barrero no había sido capturado.
9. 399. En relación con los restantes alegatos de asesinato o
   • desaparición de
   • dirigentes sindicales y sindicalistas (víase anexo al presente
     • caso), el
   • Comité observa que son objeto de una investigación judicial y
   • del
   • correspondiente proceso. El Comité pide al Gobierno que le
   • mantenga informado
   • de la evolución de los distintos procesos y expresa la esperanza
   • de que pronto
   • podrá darse con el paradero de los desaparecidos. El Comité
   • pide al Gobierno
   • que facilite informaciones sobre el alegato relativo a la
   • desaparición de
   • setenta trabajadores del Servicio de Erradicación de la Malaria
   • en abril de
10. 1985.
    • Alegatos sobre amenazas a dirigentes sindicales
11. 400. El Comité toma nota de que según el Gobierno seis de las
    • personas
    • supuestamente amenazadas no se presentaron a la
    • Procuraduría Delegada para las
    • Fuerzas Militares para formular la correspondiente denuncia a
    • pesar de haber
    • sido invitadas. De las dos restantes personas amenazadas,
    • según señala el
    • Gobierno, una de ellas (amenazada en julio de 1985) no aceptó
    • la protección
    • oficial, y la otra no puede afirmar con certeza de quién
    • provienen las
    • amenazas y ha señalado que la última amenaza que recibió
    • tuvo lugar en junio
12. de 1985.
13. 401. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Comité se
    • remite a sus
    • conclusiones generales formuladas antes de examinar los
    • distintos alegatos.
    • Alegatos sobre injerencias en las actividades sindicales
14. 402. El Comité toma nota de que el Gobierno niega que el 30
    • de abril de 1986
    • la Policía Nacional haya disparado contra los obreros
    • ferroviarios en Cali, y
    • señala que la intervención de la policía el 6 de mayo de 1986
    • en la huelga
    • declarada en la Empresa Textilera Unica de Manizales se debió
    • a que los
    • huelguistas encendieron antorchas amenazando las
    • instalaciones de la fábrica.
15. 403. En lo que respecta al alegado incendio de la sede del
    • Frente Amplio del
    • Magdalena Medio, el Comité toma nota de las explicaciones del
    • Gobierno y
    • observa en particular que el mencionado Frente es un
    • movimiento político y no
    • una organización sindical. En estas condiciones, el Comité
    • considera que no
    • procede proseguir el examen de este alegato.
16. 404. El Comité toma nota de que el Gobierno niega que la
    • Policía haya pedido
    • informaciones sobre la filiación política u otros datos personales
    • de los
    • miembros de la Federación Nortesantandereana de
    • Trabajadores (FENOSTRA), la
    • Federación de Trabajadores de Caldas (FEDECALDAS), y el
    • Sindicato de Cementos
    • Boyacá. Por último, el Comité observa que el Gobierno
    • manifiesta que tan
    • pronto como las obtenga enviará las informaciones sobre el
    • resto de los
    • alegatos: disparos de gases lacrimógenos por la Policía de
    • Bogotá contra un
    • grupo de trabajadores de la empresa Croydon que se
    • encontraban en huelga;
    • allanamiento de la sede de la Federación de Trabajadores del
    • Petróleo
    • (FEDEPETROL); colocación de explosivos por grupos
    • paramilitares en la sede de
    • la Federación de Trabajadores del Valle del Cauca (FEDETAV);
    • atentados contra
    • los locales de FEDETAV en Palmira y en Cali; y del Sindicato de
    • Cementos del
    • Valle en Yumbo; y el atentado contra la sede de la Unión
    • Sindical de
    • Trabajadores de Santander (USITRAS) en Bucaramanga. El
    • Comité queda pues a la
    • espera de las observaciones del Gobierno sobre estos alegatos.
    • Alegatos de despidos a raíz del paro civico del 20 de junio de
17. 1985
18. 405. Los querellantes habían alegado que con motivo del paro
    • cívico del 20 de
    • junio de 1985 se despidió a tres trabajadores de la empresa
    • Vianini
    • Entrecanales (Sres. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro
    • Antonio Rodríguez
    • Rojas y Pablo Emilio Leal Cruz) y a doce trabajadores de la
    • Compañía
    • Colombiana de Tabaco (Sres. Jairo Bernal, Rolando López,
    • Alirio Useche,
    • Reinaldo Medina, Jorge Rey, Jaime Cepeda, Orlando Camacho,
    • Jorge Nelson
    • Murcia, Fernando Acosta, Jairo Lesmes Bulla, Humberto Riaño y
    • Justo Calderón).
19. 406. El Comité toma nota de que las autoridades indicaron al
    • representante
    • del Director General que los trabajadores de la Compañía
    • Colombiana de Tabaco
    • mencionados en la queja continúan trabajando en la empresa
    • salvo uno de ellos
    • que se retiró voluntariamente tras haber llegado a un acuerdo
    • con la misma. El
    • Comité observa asimismo que en relación con el despido de tres
    • trabajadores de
    • la empresa Vianini Entrecanales, el Gobierno no ha suministrado
    • informaciones
    • suficientemente específicas, limitándose a señalar de manera
    • general que
    • algunas de las terminaciones de trabajo que se produjeron en
    • esa empresa no
    • fueron despidos sino terminaciones de contratos de trabajo a
    • término fijo, y
    • que los interesados era casi seguro que habían iniciado juicios
    • ante la
    • justicia laboral.
20. 407. El Comité ruega al Gobierno que indique si los tres
    • trabajadores de la
    • empresa Vianini Entrecanales mencionados por los querellantes
    • fueron
    • despedidos y, en caso afirmativo, los motivos, y los resultados
    • de cualquier
    • acción judicial que hayan podido emprender con miras a su
    • reintegro.

Z. ANEXO

• Dirigentes sindicales o sindicalistas cuyo asesinato ha sido
• objeto de una
• investigación judicial y sobre cuya evolución el Comité desea
• que se le
• informe
  1. 1 Leonel Roldán
  2. 2 Francisco Javier Correa Muñoz
  3. 3 Dionisio Hernán Calderón
  4. 4 José Luis Ortega
  5. 5 Oscar Salazar
  6. 6 Hernán Yate
  7. 7 Jaime Quintero Cruz
  8. 8 Javier Sanabria Murcia
  9. 9 Rubén Castaño
  10. 10 Carmelo Gelves Ortega
  11. 11 Rogelio Sánchez
  12. 12 Luis Jesús Leal Guerrero
  13. 13 Victor Manuel Leal
  14. 14 Eder Lascarro
  15. 15 Celso Rojas
  16. 16 Jesús Flores
  17. 17 Angel Amable Arroyabe
  18. 18 Juan Alberto Rodas
  19. 19 Pedro Contreras
  20. 20 Faeriel Santana
  21. 21 Jaime Bronstein
  22. 22 José Diomedes Cedeño
  23. 23 Héctor Perdomo Soto
  24. 24 José Rutilio Quintero
  25. 25 Jairo Berrio
• Dirigentes sindicales o sindicalistas cuya desaparición o
• secuestro sobre los
• que el Comité pide al Gobierno que facilite informaciones sobre
• la evolución
• de la investigación que se sigue al respecto
  1. 1 Miguel Angel Díaz
  2. 2 Faustino López
  3. 3 Gustavo Alcalde Ospina