Informe provisional - Informe núm. 265, Junio 1989

1. 443. El Comité examinó este caso en sus reuniones de
   • noviembre de 1987, mayo
2. de 1988 y febrero de 1989, presentando un informe provisional
   • al Consejo de
   • Administración en las tres ocasiones (véanse 253.er informe,
   • párrafos 392 a
3. 424,256. informe, párrafos 361 a 382, y 262. informe, párrafos
4. 245 a 267,
   • aprobados por el Consejo de Administración en sus 238.a, 240.a
5. y 242. a
   • reuniones (noviembre de 1987, mayo-junio de 1988 y
   • febrero-marzo de 1989)).
   • Ulteriormente, el Gobierno transmitió ciertas observaciones por
   • comunicaciones
6. de 20 de febrero y 25 de abril de 1989.
7. 444. Panamá ha ratificado el Convenio sobre la libertad
   • sindical y la
   • protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el
   • Convenio sobre el
   • derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
8. 98).

A. Examen anterior del caso

1. 445. Cuando el Comité examinó el caso en su reunión de
2. febrero de 1989,
3. formuló las siguientes recomendaciones sobre los alegatos que
4. quedaron
5. pendientes (véase 262. informe, párrafo 267):
6. a) El Comité toma nota con preocupación de que la situación
7. de las
8. organizaciones de empleadores y de sus dirigentes en Panamá
9. continúa
10. agravándose, incluyendo el procesamiento de 10 dirigentes
11. empleadores, la
12. detención de uno de ellos (Sr. Alberto Conte), la continuada
13. ocupación de los
14. locales de la Cámara de Comercio y del Sindicato de Industriales
15. de Panamá, y
16. la clausura de importantes medios de comunicación utilizados
17. regularmente por
18. las organizaciones de empleadores.
19. b) Deplorando la falta de informaciones detalladas por parte del
20. Gobierno
21. sobre los hechos concretos que, caso por caso, motivaron el
22. procesamiento de
23. los 10 dirigentes empleadores (Sres. Eduardo Vallarino, Aurelio
24. Barria,
25. Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga, Roberto Brenes,
26. Carlos
27. Ernesto de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán, Alberto Boyd y
28. Alberto Conte),
29. así como sobre la evolución de los correspondientes procesos,
30. el Comité
31. insiste al Gobierno en que envíe tales informaciones con toda
32. urgencia. El
33. Comité subraya que el respeto de las garantías procesales no
34. es incompatible
35. con un proceso equitativo rápido.
36. c) El Comité pide encarecidamente al Gobierno que tome las
37. medidas
38. necesarias para que se ponga fin de manera inmediata a la
39. continuada ocupación
40. de la Cámara de Comercio y del Sindicato de Industriales de
41. Panamá.
42. d) Observando que la clausura de importantes medios de
43. comunicación persiste
44. después de meses, el Comité subraya que el derecho de las
45. organizaciones de
46. trabajadores y de empleadores a expresar sus opiniones a travís
47. de la prensa o
48. en otros medios de comunicación social es uno de los
49. elementos fundamentales
50. de los derechos sindicales y que las autoridades deberían
51. abstenerse de
52. obstaculizar indebidamente su ejercicio legal. El Comité expresa
53. la esperanza
54. de que los medios de comunicación clausurados podrán volver
55. a funcionar con
56. normalidad en breve plazo y pide al Gobierno que informe sobre
57. cualquier
58. evolución que se produzca al respecto.
59. e) El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones
60. sobre los alegatos
61. a los que no ha respondido, a saber, el registro y confiscación
62. de los bienes
63. y cierre de la empresa del dirigente empleador Alberto Conte; la
64. deportación
65. del dirigente empleador Sr. Roberto Brenes; la detención y
66. condena a multa del
67. periodista Alcides Rodríguez, y violencias contra dirigentes de la
68. Cámara de
69. Comercio y sus empresas.
70. B. Respuesta del Gobierno
71. 446. El Gobierno declara en su comunicación de 20 de febrero
72. de 1989 que el
73. día 22 de septiembre de 1988, la Fiscalía Auxiliar de la
74. República al tener
75. conocimiento de que el lugar donde se encontraban ubicadas
76. las oficinas de "A.
77. B. Conte Latino-americana de Publicidad" estaba siendo
78. utilizado como centro
79. de edición y publicación de material que hacía llamadas a la
80. alteración del
81. orden público, cuyo objetivo primordial consistía en atentar
82. contra la
83. estabilidad de los poderes legalmente constituidos del Estado,
84. procedió a
85. iniciar la investigación respectiva. Mediante providencia de esa
86. misma fecha,
87. se ordenó la detención preventiva del Sr. Alberto Bolívar Conte
88. y se ordenó el
89. decomiso de la documentación y equipo utilizados para
90. perpetrar el hecho
91. delictivo contemplado en el artículo 301 del Código Penal. Las
92. normas que
93. fundamentan la detención preventiva, el allanamiento y el
94. aseguramiento de los
95. instrumentos utilizados para la comisión del delito se encuentran
96. contenidas
97. en los artículos 2148, 2149, 2159 y 2185 del Código Judicial.
98. Posteriormente,
99. los abogados del Sr. Conte interpusieron recurso de Habeas
100. Corpus ante la
101. Corte Suprema de Justicia por considerar que existía ilegalidad
102. respecto a la
103. detención ordenada por el funcionario instructor. Mediante
104. sentencia de 27 de
105. septiembre de 1988, la Corte Suprema de Justicia declaró la
106. legalidad de la
107. detención. El día 28 de septiembre, los abogados del Sr. Conte
108. solicitaron
109. fianza de excarcelación al Juzgado Tercero del Circuito de
110. Panamá quien la
111. negó en virtud de que el Sr. Conte se encontraba excluido del
112. derecho a
113. excarcelación bajo fianza de acuerdo con el artículo 2181 del
114. Código Judicial,
115. que niega este derecho en caso de delitos sancionados con
116. cinco años de
117. prisión. Cabe señalar que el Sr. Conte fue puesto en libertad
118. provisional
119. desde el 23 de diciembre de 1988, fecha en que el Fiscal IV del
120. Primer
121. Circuito Judicial de Panamá así lo dispuso por razones
122. humanitarias en
123. providencia de esa misma fecha. El Gobierno señala sin
124. embargo que el Sr.
125. Alberto Bolívar Conte abandonó voluntariamente el país el día
126. 23 de diciembre
127. y no sólo puede sino que debe regresar al país, pues tiene
128. procesos judiciales
129. pendientes, así como que la Fiscalía Cuarta del Primer Circuito
130. Judicial de
131. Panamá ha emitido nueva orden de detención contra el Sr.
132. Conte en el marco de
133. la investigación que se sigue.
134. 447. En lo que respecta al Sr. Roberto Brenes, el Gobierno
135. declara en su
136. primera comunicación (20 de febrero de 1989) que fue detenido
137. el día 20 de
138. diciembre en horas de la noche para rendir indagatoria, ya que
139. existían serios
140. indicios de su participación en actividades en contra de la
141. seguridad interna
142. del Estado. Su detención duró menos de 12 horas. Contra el Sr.
143. Brenes no
144. existe ningún proceso penal pendiente en la actualidad. En su
145. segunda
146. comunicación (25 de abril de 1989) el Gobierno declara que aun
147. cuando el Sr.
148. Brenes se estaba dedicando al desarrollo de actividades contra
149. la seguridad
150. interna del Estado, no se había ordenado su detención y se
151. encontraba en
152. libertad en el momento en que decidió voluntariamente salir del
153. país (21 de
154. diciembre de 1988).
155. 448. El Gobierno subraya que ninguna de las personas
156. aludidas en el caso
157. núm. 1419 se encuentran en la actualidad detenida, y que no
158. se ha producido
159. ninguna detención adicional. Asimismo el Gobierno reitera la
160. opinión de que la
161. organización querellante continúa considerando insistentemente
162. como supuestas
163. violaciones al derecho de libertad sindical circunstancias de
164. delito común
165. tipificadas en el ordenamiento jurídico panameño. Por último, el
166. Gobierno deja
167. constancia de su interés en mantener abierto el diálogo con el
168. Comité de
169. Libertad Sindical y con la OIT y su disposición de aportar las
170. informaciones
171. requeridas para el pronto esclarecimiento del presente caso.
172. 449. En su comunicación de 25 de abril de 1989, el Gobierno
173. declara que
174. lamenta que las decisiones adoptadas por el Comité persistan
175. en conceder el
176. carácter de violaciones a la libertad sindical, a las acciones
177. penales tomadas
178. por el ministerio público que han sido motivadas por la reiterada
179. comisión de
180. hechos delictivos por parte de personas que se dedicaban a
181. dirigir movimientos
182. atentatorios contra la seguridad interna del Estado, la economía
183. nacional, así
184. como la paralización del proceso electoral que debe culminar
185. con las
186. elecciones del 7 de mayo del presente año. En este sentido,
187. llama
188. poderosamente la atención en primer lugar, la opinión emitida
189. por el Comité de
190. Libertad Sindical en cuanto que se procura atribuirse un
191. carácter de
192. ilegalidad y arbitrariedad a las acciones de aprehensión
193. provisional de bienes
194. y custodia de algunos locales de organizaciones empresariales
195. que fuera
196. ordenada por las autoridades que están instruyendo los
197. sumarios iniciados en
198. virtud de la comisión de hechos delictivos cometidos por los
199. dirigentes de las
200. mismas. Tal es el caso de los locales donde funcionaban la
201. Cámara de Comercio,
202. Industrias y Agricultura de Panamá, y el Sindicato de Industriales
203. de Panamá,
204. en donde al efectuarse diligencia de allanamiento y registro por
205. parte del
206. ministerio público, se encontró gran cantidad de maquinarias,
207. material impreso
208. y otros efectos que se utilizaban para atentar contra la
209. seguridad del Estado,
210. lo cual no corresponde a los fines que en beneficio de sus
211. asociados y de la
212. colectividad debe buscar una entidad gremial o, este caso, una
213. asociación
214. empresarial. Por otro lado, debe señalarse que la situación
215. jurídica existente
216. con respecto a los locales de la Cámara de Comercio y el
217. Sindicato de
218. Industriales de Panamá, debe ser considerada dentro del marco
219. de procesos
220. penales que aún no han concluido y que, por consiguiente,
221. cualquier decisión
222. con respecto a la misma debe producirse en el momento
223. procesal que corresponda
224. de acuerdo a las normas de procedimiento.
225. 450. En cuanto a las conclusiones del Comité en torno a la
226. evolución los
227. procesos penales y administrativos que se adelantan en contra
228. de medios de
229. comunicación escrita y radial, el Gobierno declara que fueron
230. utilizados para
231. la difusión y publicación de noticias falsas contra la economía
232. nacional y la
233. seguridad interna del Estado y llamado a la subversión del orden
234. público y la
235. desobediencia civil. Tales procesos se han desarrollado con
236. total sujeción a
237. las normas penales, procesales y administrativas vigentes
238. dependiendo el
239. avance de los mismos en gran medida al uso, por parte de los
240. interesados, de
241. los recursos legales que la ley contempla. El Gobierno resalta
242. que la
243. aprehensión provisional de que han sido objeto los efectos
244. empleados en la
245. comisión de delitos, que en el caso de los medios de
246. comunicación escrita
247. corresponden entre otros a los efectos utilizados para su
248. publicación, no
249. impide en modo alguno el desarrollo de las actividades de
250. comunicación de
251. ningún gremio, ni impide el libre ejercicio de la libertad de
252. expresión, toda
253. vez que existen otros medios de comunicación escrita, radial y
254. televisada a
255. los que el acceso por parte de cualquier persona o gremio que
256. desea hacer uso
257. del mismo es ilimitado siempre y cuando no se incurra en la
258. comisión de alguna
259. de las conductas tipificadas en la ley penal.

C. Conclusiones del Comité

1. 451. El Comité toma nota de que el Gobierno lamenta las
   • recomendaciones que
   • el Comité adoptó en su último informe ya que, según el
   • Gobierno, en dicho
   • informe el Comité persiste en conceder el carácter de
   • violaciones a la
   • libertad sindical a las acciones penales tomadas por el Ministerio
   • Público
   • (ocupación de los locales de dos organizaciones de
   • empleadores, decomiso de
   • sus bienes y clausura de medios de comunicación utilizados por
   • las
   • organizaciones de empleadores) que han sido motivadas por la
   • reiterada
   • comisión de hechos delictivos por parte de personas que se
   • dedicaban a dirigir
   • movimientos atentatorios contra la seguridad interna del Estado,
   • la economía
   • nacional, así como la paralización del proceso electoral que
   • debe culminar con
   • las elecciones del 7 de mayo de 1989.
2. 452. A este respecto, el Comité debe subrayar que al examinar
   • los alegatos
   • presentados en el marco de este caso ha actuado siempre con
   • la máxima
   • prudencia y objetividad teniendo plenamente en cuenta las
   • declaraciones del
   • Gobierno, especialmente cuando insistía en que las medidas
   • objetadas por los
   • alegatos se habían producido dentro de una investigación
   • criminal. En este
   • sentido, el Comité recuerda que en lo que respecta al
   • procesamiento de 10
   • dirigentes empleadores el Comité se ha limitado a pedir
   • informaciones sobre
   • los hechos concretos que se imputan a cada uno de los
   • interesados y a expresar
   • su preocupación ante la gravedad de la situación precisamente
   • con objeto de
   • pronunciarse al respecto con suficientes elementos de
   • apreciación. El Comité
   • deplora que a pesar de sus reiteradas solicitudes dichas
   • informaciones no
   • hayan sido recibidas y que el Gobierno continúe limitándose a
   • hacer
   • declaraciones generales. Por consiguiente, como hiciera en su
   • anterior
   • reunión, el Comité reitera su solicitud de información y subraya
   • que el
   • respeto de las garantías procesales no es incompatible con un
   • proceso
   • equitativo rápido y que por el contrario un excesivo retraso
   • puede tener un
   • efecto intimidatorio en los dirigentes empleadores concernidos,
   • que repercuta
   • en el ejercicio de sus actividades. En cuanto a la continuada
   • ocupación de la
   • Cámara de Comercio y del Sindicato de Industriales de Panamá
   • y al decomiso de
   • sus bienes, el Comité subraya que estas organizaciones se
   • hallan privadas de
   • sus locales desde hace más de un año y considera que el
   • hecho de que algunos
   • dirigentes empleadores de estas organizaciones estén
   • procesados no justifica
   • que las mismas y sus afiliados se vean privados de un medio
   • fundamental para
   • ejercer sus funciones con normalidad. Por último, en cuanto a la
   • clausura de
   • importantes medios de comunicación utilizados regularmente por
   • las
   • organizaciones de empleadores, el Comité no puede aceptar la
   • declaración del
   • Gobierno en el sentido de que tales organizaciones pueden
   • utilizar otros
   • medios de comunicación que existen en el país ya que cabe
   • preguntarse si las
   • organizaciones de empleadores comparten la orientación de los
   • medios de
   • comunicación existentes en la actualidad y si tendrían idínticas
   • facilidades
   • de acceso a las que tenían con los que han sido clausurados.
   • El Comité
   • mantiene pues sus anteriores conclusiones y recomendaciones
   • sobre todos estos
   • puntos.
3. 453. En lo que respecta a la alegada detención arbitraria del
   • dirigente
   • empleador Sr. Alberto Conte, al allanamiento, registro y cierre de
   • su empresa,
   • y al decomiso de sus bienes, el Comité toma nota de que según
   • el Gobierno
   • tales acciones se hallan contempladas en la legislación procesal
   • y se
   • produjeron en el marco de una investigación criminal al tener
   • conocimiento el
   • Ministerio Fiscal de que las oficinas de la empresa del Sr. Conte
   • estaban
   • siendo utilizadas como centro de edición y publicación de
   • material que hacía
   • llamadas a la alteración del orden público para atentar contra la
   • estabilidad
   • de los poderes del Estado, conducta punible de conformidad
   • con el artículo 301
   • del Código Penal. El Comité toma nota de que al Sr. Conte se le
   • concedió la
   • libertad provisional el 23 de diciembre de 1988 y de que
   • abandonó el país el
   • mismo día, pero observa que posteriormente se dictó una nueva
   • orden de
   • detención contra él. A fin de pronunciarse sobre los alegatos
   • con suficientes
   • elementos de apreciación, el Comité pide al Gobierno que envíe
   • copia de las
   • publicaciones encontradas en la empresa del Sr. Conte y que le
   • informe de la
   • evolución del proceso seguido contra el mismo.
4. 454. En cuanto a la alegada deportación del dirigente
   • empleador Sr. Brenes a
   • Miami el 20 de diciembre de 1988 so pretexto de haber realizado
   • actividades
   • subversivas y que habría sido presentada por las autoridades
   • como un exilio
   • voluntario (véase 262.o informe, caso núm. 1419, párrafo 253),
   • el Comité tom
   • nota de que el Gobierno declara que el 20 de diciembre de
5. 1988, el Sr. Brenes
   • fue detenido por un período inferior a 12 horas, para rendir
   • indagatoria ya
   • que existían serios indicios de su participación en contra de la
   • seguridad
   • interna del Estado. Según el Gobierno, no existe ningún
   • proceso penal
   • pendiente contra el Sr. Brenes. No habiéndose retenido
   • elementos de
   • inculpación contra el Sr. Brenes, el Comité debe lamentar que
   • haya permanecido
   • detenido casi 12 horas y subraya que tales medidas pueden
   • crear un clima de
   • intimidación y de temor que impida el desenvolvimiento normal
   • de las
   • actividades de las organizaciones profesionales en la forma
   • prevista por el
   • Convenio núm. 87. Por otra parte, el Comité observa que el
   • Gobierno ha negado
   • el alegato según el cual después de su detención el dirigente
   • empleador Sr.
   • Brenes había sido obligado por la fuerza a tomar un avión con
   • destino a Miami.
6. 455. Por último, el Comité deplora que el Gobierno no haya
   • respondido a los
   • demás alegatos pendientes (detención y condena a multa del
   • periodista Alcides
   • Rodríguez, y violencias contra dirigentes de la Cámara de
   • Comercio y sus
   • empresas). Por consiguiente, el Comité reitera sus anteriores
   • conclusiones y
   • recomendaciones al respecto.