National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas comunicadas por el Gobierno en su memoria para el período que terminó en mayo de 2002. El Gobierno ha informado que no ocurrieron cambios sustanciales en la aplicación del Convenio para el período siguiente.
2. La Comisión toma nota de la prioridad dada a las inversiones extranjeras para favorecer las exportaciones, al desarrollo de las zonas francas y a mejorar la productividad de las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno informa además sobre las medidas que se han ido ejecutando para controlar la inflación, simplificar y aumentar la recaudación impositiva y modernizar el sistema aduanero. El Gobierno declara que el lento crecimiento en los Estados Unidos y la caída de los precios de los principales productos de exportación agrícolas - aunado a la situación del déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública - han condicionado la política de empleo. Entre 1998 y 2002, se generaron 326.000 puestos de trabajo adicionales (aumentando la población ocupada un 26,5 por ciento). La tasa de familias pobres ha tenido un comportamiento estable situándose en alrededor del 20 por ciento. Las informaciones analizadas por la CEPAL en su Estudio económico de América Latina y el Caribe 2001-2002, confirman que el desempleo se elevó en 2001 a 6,1 por ciento y la subutilización total a 13,7 por ciento. Las más afectadas fueron las actividades manufactureras (textiles) y agrícolas de exportación (café y banano). El desempleo rural volvió a ser superior al promedio (6,5 por ciento). La subutilización de la fuerza de trabajo se presenta principalmente en las regiones de población más pobre: Chorotega, Brunca y Pacífico Central. La Comisión confía en que el Gobierno dará las informaciones sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo que se requieren en el formulario de memoria indicando la medida en que afectan a categorías particulares de trabajadores (mujeres y jóvenes de los sectores más pobres de la población y a los trabajadores del sector rural y de la economía informal).
3. En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que siga informando sobre las medidas y programas destinados al mercado laboral que se hayan ejecutado para armonizar la oferta y la demanda de mano de obra de manera de asegurar que las categorías de trabajadores afectadas por las transformaciones estructurales, tales como las reestructuraciones en el sector público, permanezcan en el mercado de trabajo.
4. La Comisión agradecería también al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones más detalladas sobre las políticas en materia de enseñanza y formación - indicando en particular las medidas adoptadas para coordinar dichas políticas con la prospección de las oportunidades de empleo.
5. Artículo 3. La Comisión toma nota con interés de que el Consejo Superior de Trabajo logró poner de acuerdo a los tres sectores en una agenda común estratégica que contempla, entre otros temas, a los trabajadores migrantes, la flexibilidad laboral y la política de empleo y el empleo en la economía informal. En una declaración de principios para una política migratoria laboral, se reconoció la contribución de los trabajadores migrantes al desarrollo económico y social del país. Además, se ha previsto un programa de modernización del mercado laboral, con contenidos actualizados para los países centroamericanos. La Comisión se permite insistir en la importancia que tiene lograr la plena cooperación de los representantes de las personas interesadas en la labor de formular la política del empleo, así como de obtener el apoyo necesario para su ejecución. La Comisión espera que el Gobierno podrá continuar dando informaciones sobre las consultas celebradas en el marco del Consejo Superior de Trabajo - o en otros foros - con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores (y con representantes de otros sectores de la población económicamente activa tales como los que trabajan en el sector rural y en la economía informal) en relación con la política del empleo.