Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.

En sus anteriores comentarios, la Comisión recordó que las disposiciones de la ordenanza sobre relaciones de trabajo (IRO), de 1969, sólo se aplican a los trabajadores agrícolas empleados en el sector estructurado, es decir, en granjas agrícolas como los campos de té, molinos azucareros y otras granjas agrícolas que funcionan de manera comercial, y que otros trabajadores agrícolas, entre los que se incluyen los que trabajan por cuenta propia, no están cubiertos por la IRO.

La Comisión hace hincapié en que, en virtud del artículo 1 del Convenio, todas las personas ocupadas en la agricultura deben tener los mismos derechos de asociación y de coalición que los trabajadores de la industria, lo cual es especialmente importante en países en donde una amplia proporción de la mano de obra trabaja en la agricultura, y que los miembros que ratifican el Convenio se obligan a «derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas».

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la legislación en vigor no prohíbe que cualquier trabajador agrícola pueda formar una asociación. Actualmente, en el país existen asociaciones de trabajadores agrícolas, barqueros, pescadores y trabajadores de telares y textiles. Incluso los trabajadores agrícolas que no trabajan en granjas se organizan y piden ser registrados en virtud de la IRO, y se les concede dicho registro. Por consiguiente, el Gobierno no considera necesario modificar las disposiciones legales en vigor a este respecto.

La Comisión insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar que todos los que trabajan en la agricultura, incluidos los que no trabajan en el sector estructurado, disfrutan de los mismos derechos de asociación y de coalición que los trabajadores de la industria y pide al Gobierno que proporcione información concreta sobre el número de sindicatos existentes en el sector agrícola y el número de convenios colectivos firmados.