National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Adopción y aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas proporcionadas por el Gobierno en su memoria recibida en septiembre de 2006. La Comisión toma nota con interés que mediante decreto ejecutivo núm. 30-2006, de 1.º de mayo de 2006, la Presidencia de la República aprobó la política nacional de empleo expresando que se incorporaban los principios de las normas internacionales del trabajo, especialmente los de los Convenios núms. 100, 111 y 122. Entre otras declaraciones importantes, se considera como prioridad nacional la de formular una estrategia para la generación de trabajo de calidad, junto con un incentivo a la inversión privada nacional y extranjera, y formular la estrategia de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Se buscará fortalecer el sistema de inversiones públicas para impulsar una serie de proyectos de mayor impacto en el nivel de vida de la población y de la economía en general acorde con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los desembolsos atribuidos a un programa de inversiones en infraestructura más agresivo para incidir en el crecimiento económico. La Comisión pide al Gobierno que proporcione, en su próxima memoria, indicaciones sobre las dificultades que se puedan haber presentado para alcanzar los objetivos del empleo establecidos en el plan nacional de desarrollo incluyendo información cuantitativa actualizada sobre la evolución y resultados de los programas ejecutados para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y el subempleo.
2. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma también nota con interés de la declaración del Gobierno en su memoria indicando que después de un largo proceso de ajuste estructural y disciplina fiscal, Nicaragua finalmente alcanzó en enero de 2004 la condonación de más del 80 por ciento de su deuda externa bajo la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), en el marco de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza (ERCERP 2001). El programa macroeconómico ejecutado por Nicaragua para el período 2002-2005 contribuyó a la estabilidad del país, con un crecimiento de 5,1 por ciento durante 2004. Sin embargo, según las informaciones publicadas por la CEPAL en el Balance preliminar para las economías de América Latina y del Caribe 2006, el crecimiento de la economía nicaragüense, debido a la pérdida de dinamismo de la demanda interna, se desaceleró levemente, pasando del 4 por ciento en 2005 al 3,7 por ciento en 2006, lo que pudo compensarse parcialmente por el fuerte incremento de las exportaciones. Las exportaciones de bienes crecieron un 24 por ciento debido tanto al buen ciclo agrícola como a la mejora de los precios internacionales de algunos de los principales productos tradicionales de exportación y al dinamismo de las exportaciones netas de las zonas francas, especialmente de la maquila textil. Según las estadísticas disponibles en la OIT, la tasa global de desempleo ha ido disminuyendo hasta ubicarse en un 7 por ciento en el 2005. El empleo informal no ha disminuido encontrándose en el 2005 en una tasa de 58,8 por ciento. La Comisión reitera su interés por continuar recibiendo indicaciones sobre la manera en que se ha asegurado que el empleo ocupe un lugar central en las políticas macroeconómicas y sociales al elaborarse y llevarse a cabo la estrategia nacional para la reducción de la pobreza y promover trabajo decente. La Comisión agradece también al Gobierno que en su próxima memoria continúe informando sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan a los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores con discapacidades, trabajadores rurales y de la economía informal), y en particular, sobre la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad.
3. Parte V del formulario de memoria. Cooperación técnica de la OIT. El Gobierno informa en su memoria sobre las reuniones que han tenido lugar en el marco del Sistema de integración centroamericana (SICA) para tratar de manera consensual y tripartita los temas del empleo y establecer vínculos más estrechos entre lo social y lo económico. La Comisión pide al Gobierno que siga incluyendo indicaciones sobre las iniciativas subregionales que han contado con el apoyo de la OIT para promover los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio.
4. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. La Comisión toma nota con interés que en el Plan Nacional de Empleo, se dice que «el Gobierno apoyará el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y empresariales y el desarrollo de instancias bipartitas y tripartitas de diálogo social para la concertación de políticas laborales, de empleo y trabajo decente, tanto dentro del espíritu del Convenio núm. 144 de la OIT, referido a la consulta tripartita, como del marco constitucional y legal que rigen en el país». La Comisión se felicita por este enfoque y pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones sobre la manera en que se han tratado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo los asuntos relacionados con la política del empleo. La Comisión invita también al Gobierno a considerar la manera de incluir en las consultas que requiere el Convenio a representantes de las categorías más vulnerables de la población — en particular, representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — cuando formula y busca apoyo para ejecutar los programas y medidas de política de empleo.