Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Guatemala (Ratification: 1988)

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Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con la reducción de pobreza. En respuesta a los comentarios formulados en la observación de 2010, el Gobierno informa en una memoria recibida en septiembre de 2011 sobre los resultados del Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica (PNERE). La Comisión toma nota de que los objetivos y metas de la política de empleo del PNERE favorecieron la creación de puestos de trabajo, lo que se obtuvo mediante inversiones para financiar la construcción de infraestructura productiva y social, el otorgamiento de créditos a las pequeñas y medianas empresas y la creación de plazas en los sectores de la educación, la salud y la administración pública. El Gobierno también indica que los estímulos a la obra pública en infraestructura física y social permitieron reducir el impacto de la recesión. En la construcción de infraestructura vial se invirtieron más de 4 500 millones de quetzales (GTQ), agregándose un primer anticipo para la construcción de la Franja Transversal del Norte por 332 millones de GTQ. En educación, se equiparon cerca de 2 000 aulas, 800 servicios sanitarios y 86 nuevos centros escolares. La Comisión invita al Gobierno a comunicar en su próxima memoria informaciones actualizadas que permitan examinar la manera en que se han alcanzado las nuevas metas relativas al empleo establecidas en los programas gubernamentales.

Artículo 2. Información relativa al mercado del trabajo. La Comisión toma nota de que los datos de la encuesta de empleo e ingresos de 2010 son los primeros datos formales y oficiales del empleo para el país de los que se dispone desde la anterior encuesta en 2004. La población económicamente activa (PEA) se incrementó en un 16,3 por ciento respecto de 2004 (alcanza ahora 5 769 262 personas). Se encontraban desempleadas cerca de 202 876 personas (un 3,52 por ciento de la PEA), más de 3 400 000 personas se encuentran subempleadas o en el sector de la economía informal. La Comisión advierte que casi el 60 por ciento de la PEA se encuentra sin prestaciones legales. El Gobierno reconoce que el subempleo se convierte en uno de los problemas más graves y complejos que enfrenta el país. La gravedad reside en la magnitud y la persistencia de un fenómeno con consecuencias sociales devastadoras. La Comisión invita al Gobierno a que incluya en su próxima memoria informaciones actualizadas sobre la situación, el nivel y las tendencias del mercado del trabajo que permitan distinguir el impacto que tienen las medidas adoptadas para favorecer el empleo de los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores que se encuentran en el sector rural y en la economía informal). La Comisión pide al Gobierno que se incluyan en la memoria datos actualizados sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo y del subempleo.

Impacto de la política comercial para satisfacer las demandas de empleo. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno indica que, pese a que Guatemala es un país de renta media-baja, su desempeño educativo y la falta de mecanismos de protección social son similares a los países de bajos ingresos. El Gobierno reconoce que el país gozará de los beneficios del acceso al mercado mundial si incluye estrategias de desarrollo humano como parte integral de su estrategia de crecimiento y competitividad. La estructura de las exportaciones fue cambiando durante la última década (aumentaron las exportaciones de productos manufacturados, crecieron los servicios y disminuyeron las exportaciones agrícolas). El Gobierno expresa su preocupación por que en las exportaciones predominen los productos agrícolas y las manufacturas poco sofisticadas — lo que genera empleos de baja calidad. La Comisión invita al Gobierno a que siga brindando informaciones sobre el impacto que tienen los acuerdos comerciales para la generación de empleo productivo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno indica que para la realización del PNERE se conformó una comisión ejecutiva integrada por representantes ministeriales. En el comité de crisis figuraron representantes del sector privado, de las cooperativas y de la sociedad civil. La Comisión considera que una mayor participación de los interlocutores sociales permitiría obtener mejores resultados en materia de empleo y superar las dificultades persistentes en el mercado del trabajo. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones detalladas sobre los esfuerzos realizados para celebrar las consultas con los interlocutores sociales que requiere el Convenio, consultas destinadas a diseñar y ejecutar una política activa del empleo. En este sentido, la Comisión insiste en la importancia de tomar en cuenta la opinión y obtener el apoyo de los interlocutores sociales para asegurarse de que los programas aplicados hayan generado empleos de calidad. La Comisión reitera su pedido de que se incluyan informaciones sobre las consultas con todos los sectores interesados, como son quienes representan al sector rural y al sector informal.

Coordinación de la política de enseñanza y de formación con las oportunidades de empleo. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno recuerda el papel que tienen los interlocutores sociales en la junta directiva del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) donde se definen planes y programas para cumplir con la formación profesional en el país y asistir técnicamente a las empresas para incrementar la productividad nacional. El Gobierno menciona varias iniciativas adoptadas por las autoridades y expresa que disminuyó la tasa de analfabetismo hasta el 18,46 por ciento (en 2005, la tasa de analfabetismo de los adultos rozaba el 26 por ciento). La Comisión invita al Gobierno a seguir brindando indicaciones sobre el impacto alcanzado por los planes y programas del INTECAP y por aquellos ejecutados por el Ministerio de Educación y por el Sistema Nacional del Empleo, para que cada persona que haya adquirido una formación pueda ocupar un empleo que le convenga y utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea (artículo 1, párrafo 2, c)).