Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Equateur (Ratification: 1975)

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Demande directe

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Artículos 1 a 3 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la Red Socio Empleo cuenta con 25 oficinas en las capitales provinciales y cubre 23 de las 24 provincias del país. Según las informaciones transmitidas por el Gobierno, en 2014 se efectuaron 26 397 colocaciones de personas en puestos de trabajo a través de la red. Las provincias con mayor número de colocaciones en 2014 fueron Pichincha con 4 761 (Quito norte) y 3 098 (Quito sur), Azuay con 3 845 y Guayas con 3 348; mientras que en la provincia de Carchi se efectuaron solamente 15 colocaciones. Los sectores en los que se registró un mayor número de ofertas laborales fue el sector público (15 329), construcción (14 496) y los servicios (11 881). La Comisión pide al Gobierno que continúe presentando informaciones sobre el funcionamiento del servicio del empleo, incluyendo informaciones sobre las medidas adoptadas para satisfacer las necesidades de los empleadores y de los trabajadores, especialmente en las zonas de menor desarrollo económico.

Artículos 4 y 5. Cooperación con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que a través de la Red Socio Empleo hay un diálogo permanentemente entre los empleadores y los trabajadores para conocer sus necesidades. Además, para mantener el diálogo con los sectores productivos, los técnicos de la Red Socio Empleo realizan visitas semanales a diferentes empresas a fin de dar a conocer los servicios que la red ofrece gratuitamente. Además, la red lleva a cabo cursos de formación vocacional gratuitos con la colaboración del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional y la Junta Nacional de Defensa del Artesano. La Comisión pide al Gobierno que continúe presentando informaciones sobre las medidas adoptadas para asegurar la cooperación de los representantes de los trabajadores y de los empleadores en la organización y funcionamiento del servicio del empleo.