Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

Información escrita proporcionada por el Gobierno

Derechos sindicales y libertades públicas

1. De los esfuerzos institucionales. Para obtener a través de una efectiva investigación de los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, el Ministerio Público ha estado planteando requerimientos fiscales precisos ante el juez competente, para obtener sanciones por la autoría material e intelectual en muertes de líderes sindicales y sindicalistas, tomando como primer elemento en la investigación, como parte de la gestión integral de casos, la instrucción núm. 1-2015. Como se observa en el cuadro 1 del presente informe, el Gobierno demuestra un avance sistémico, continuo y anual en la obtención de sentencias en casos relacionados a muertes de líderes sindicales y sindicalistas denunciados ante la OIT, en atención al indicador clave núm. 1 de la hoja de ruta en virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). No está demás referir que se ha previsto como una prioridad en la política criminal al sector sindical, habiendo aperturado una Fiscalía de Sección que atienda sus temas, focalizada y fortalecida con un presupuesto que permita darle una salida procesal oportuna, objetiva, pertinente y fundamentada en derecho.

[Cuadro no reproducido: Sentencias obtenidas y reportadas ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (2020, 2021, 2022 y 2023)]

2. De la coordinación en temas de seguridad. El Ministerio Público tiene a su cargo el procedimiento preparatorio y dirige la Policía Nacional Civil en su función investigativa, en tanto que a la Policía Nacional Civil corresponde investigar los hechos punibles perseguibles de oficio, impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores e individualizar a los sindicados, entre otros. En ese sentido, el personal del Ministerio de Gobernación, proporciona la seguridad a los sindicalistas ya sea perimetral o personal, atendiendo el análisis de riesgo respectivo que se les realiza en un corto tiempo (no supera una semana). Las medidas de seguridad pueden ser requeridas por el Ministerio Público, el agraviado, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministro de Gobernación; y para 2023 todos los casos que atiende la Cartera del Interior relacionada con la protección de sindicalistas, han sido a solicitud del Ministerio Público y por ende todos cuentan con un proceso investigativo. En tanto que se les realiza su respectivo análisis de riesgo previo a proveer la medida de seguridad que corresponde, el Ministerio de Gobernación le proporciona al sindicalista la medida de prevención respectiva; con lo cual se brinda una protección rápida y una protección eficaz y adecuada a los dirigentes y sindicalistas en situación de riesgo, buscando evitar la comisión de cualquier otro acto de violencia antisindical. El Gobierno señala que en materia de seguridad, el Ministerio de Gobernación implementa comedores para la Policía Nacional Civil, y de ellos se encuentran en ejecución seis comedores en la ciudad capital; a fin de evitar que el líder sindical o sindicalista que tiene asignado el agente de seguridad correspondiente corra con algún gasto.

3. Sobre las mesas técnicas sindicales con el Ministerio Público y el sector sindical, y de la instancia de análisis de ataques contra líderes sindicales y sindicalistas del Ministerio de Gobernación y el sector sindical. Desde principios de 2023 el Ministerio Público ha promovido los espacios de diálogo con el sector sindical, en atención a la agenda de los representantes del sector trabajador, y han acordado una fecha para atender puntualmente temas relacionados al interés del mismo. No obstante, se han efectuado espacios de diálogo bilaterales entre la Fiscal General acompañada de su equipo de trabajo y con la Jefe de la Fiscalía de Sección con representantes del sector sindical para abordar temas de su interés. Así también, con la instancia desde finales de 2022 a la fecha se ha entrado en un espacio de diálogo con los representantes de dicho sector trabajador, para modificar el Acuerdo Ministerial 288-2022, que permita atender las necesidades de este con mayor certeza y enfoque (véase GB.346/INS/10, sección III, 15), 1), sobre la lucha contra la violencia antisindical).

4. El Gobierno reitera su pesar y lamenta profundamente los 98 casos de muertes registrados en el año 2022, de los cuales el Ministerio Público ha venido dando las siguientes salidas procesales, y se informa de su estatus actual:

Número de casos / Estatus por caso 26 / Casos tienen sentencia (26 condenatorias, 10 absolutorias y 1 medida de seguridad). 7 / Casos con ocho órdenes de aprehensión giradas. 3 / Casos previstos para el año 2023: unos con fecha señalada para debate oral y público, y en fase intermedia; tres casos que no han sido juzgados con anterioridad. 46 / Con archivo 327 (de este número, un caso conocido también por el Comité de Libertad Sindical caso núm. 2609, el Ministerio Público refiere a que se había decretado por rebeldía de guardias de seguridad que no anotaron ingreso de vehículos; el 9 de mayo 2023 se ligan a proceso por el delito de encubrimiento y pasa de archivo 327 al estatus de investigación. 10 / En investigación (dos de ellos se encuentran siendo conocidos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad). 6 / Con extinción de la persecución penal (de este grupo, dos casos tienen extinción de la persecución penal y archivo 327). 98 / Total de casos reportados ante la OIT

De este grupo de 98 casos, el Gobierno informó ante el Comité de Libertad Sindical, caso núm. 2609, que la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical (CNTRLLS) entregó formalmente una copia a la señora Fiscal General de la República de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical respecto al caso núm. 2609, de su 391.er informe (337.ª reunión del Consejo de Administración (octubre-noviembre de 2019)), para que en atención a tales recomendaciones se diera una solución a los casos de mérito. Así también, se le solicitó que se formalizara la Mesa Técnica Sindical con un instrumento que emane de la Fiscal General de la República, para certeza jurídica de esta. Al respecto, la salida de los 35 casos referidos por el Comité de Libertad Sindical y por la CNTRLLS, se encuentran subsumidos en el listado del punto 4 de este documento, y las mesas técnicas sindicales están activas y con participación del sector trabajador, según las fechas proporcionadas por este sector.

Respecto de las figuras procesales. El Gobierno se permite informar que el Ministerio Público en seguimiento a los compromisos asumidos durante la reunión extraordinaria Nº 1-2023 de la CNTRLLS, celebrada el 29 de marzo de 2023, se permitió invitar a los representantes de los sectores en el seno de la CNTRLLS, a una reunión el 31 de mayo de 2023, espacio en el cual informó sobre las figuras procesales y señaló de manera general las causas que motivaron la decisión fiscal alcanzada sobre los casos, las consecuencias jurídicas, que estos pueden cambiar de estatus de archivo 327 a investigación (como referido en un caso específico de una muerte acaecida en 2007 en contra de un afiliado al Sindicato de Trabajadores Bananeros, estatus que cambió durante el mes de mayo de 2023), haciendo énfasis reiterativo que los casos pueden ser reabiertos en algún momento y que, para la toma de decisión de darle salida jurídica de archivo 327 a los 46 casos, no fue una decisión jurídica unilateral sino que estos fueron sometidos a un examen minucioso con jornadas completas y análisis de cada uno de los casos. Así también, se ejemplificó de los 46 casos en archivo 327, en 3 casos conocidos y señalados dentro del denominado «Fenómeno Coatepeque», respecto al número de diligencias efectuadas por el Ministerio Público (275 diligencias entre los 3 casos), el análisis exhaustivo por caso, en jornadas extensas con equipos de coordinación y de alto nivel por parte del Ministerio Público, que estos fueron atendidos en observancia al instructivo núm. 1-2015, y que ninguno de estos corresponden a móvil sindical:

a) El archivo según el artículo 327 del Código Procesal Penal de Guatemala: i) este se utiliza cuando no se ha logrado determinar con exactitud la persona que se sindica de haber cometido el delito a pesar de haberse desarrollado diligencias idóneas de investigación, o ii) cuando se ha decretado la rebeldía. No requiere autorización judicial, ni causará cosa juzgada, y se debe continuar con la investigación si apareciesen nuevos elementos que posibiliten la individualización del imputado o se haya logrado la aprehensión del sindicado.

El Ministerio Público tiene generada la figura del archivo por medio de la instrucción núm. 04‑2005. Es obligación del ente investigador utilizar los recursos necesarios para el éxito de la persecución penal, y cuando ello no sea posible por imposibilidad fáctica (conjunto de circunstancias de carácter legal o físicas que hacen imposible el cumplimiento de la sentencia en sus propios términos ), es necesario regular el uso adecuado del archivo, el que se observa a través de los principios de: i) eficacia (velar por que su actuación se enmarque dentro de la obligatoriedad de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales a ser protegidos); ii) de legalidad (Los fiscales deberán fundamentar los supuestos que se exigen en el artículo 327 del Código Procesal Penal para archivar los expedientes que contengan las actuaciones penales), y iii) de reconocimiento de las víctimas (el Ministerio Público está obligado a proporcionar a la víctima los medios necesarios para hacer valer sus derechos dentro del proceso penal. En tal sentido, y en cumplimiento del artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales deberán notificar a la víctima la resolución por escrito que contenga la disposición del archivo. Ello sin perjuicio de la notificación a las partes constituidas en el proceso que ordene el artículo 327 del Código Procesal Penal).

Según la instrucción núm. 04-2005, se deberá observar el procedimiento para aplicar el archivo según el artículo 325 del Código Procesal Penal guatemalteco, conforme a la: i) individualización del imputado; ii) los pasos previos para utilizar el archivo, artículo 327 del Código Procesal Penal, en sus diligencias generales y las específicas; para delitos contra la vida y en los delitos contra la vida cometidos con arma de fuego, y iii) cuando la víctima manifieste expresamente su negativa en apoyar la investigación, los fiscales deben buscar la obtención de información por cualesquiera otros medios, especialmente cuando los delitos sean de trascendencia social o de grave impacto social. También deberán coordinar con la Oficina de Atención a la Víctima para que se entrevisten con la víctima a efecto de fortalecerle y recoger sus intereses para ver si es posible conseguir su apoyo en la investigación.

b) La extinción de la persecución penal. Según el Código Procesal Penal guatemalteco, esta se otorga por juez competente: por muerte del imputado; por amnistía; por prescripción; por el pago del máximo previsto para la pena de multa; por el vencimiento del plazo de prueba, sin que la suspensión sea revocada, cuando se suspenda la persecución penal; por la revocación de la instancia particular, en los casos de delitos privados que dependen de ella; por la renuncia o abandono de la querella respecto de los delitos privados a instancia de parte; por la muerte del agraviado, en los casos de delitos de acción privada, pero si la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos por el Código Penal. En sus efectos, la prescripción corre, se suspende o interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes en el delito, salvo disposición expresa en contrario.

Convenio en la práctica

5. Registro Público de Sindicatos. El Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, informa que ha emitido Acuerdo Ministerial Nº 214-2023 para el procedimiento para la emisión del carnet de identificación sindical a los miembros activos de la estructura administrativa de las organizaciones sindicales, cuyo objetivo es normar de forma clara y sencilla tal procedimiento, de manera gratuita, a fin de proveer al sector trabajador del distintivo correspondiente con el cual pueden identificarse ante las entidades correspondientes, para el libre ejercicio de sus derechos sindicales. En atención a que el registro público de sindicatos, el de homologación de pactos colectivos de condiciones de trabajo y la campaña sobre libertad sindical y negociación colectiva, son indicadores clave de la hoja de ruta en virtud del Convenio núm. 87, la Subcomisión de cumplimiento de la hoja de ruta los ha abordado en dos sesiones durante 2023, con participación de los funcionarios de la Dirección General de Trabajo, Secretaría General y Consejo Técnico y Asesoría Jurídica; espacios en los que ha habido diálogo tripartito interactivo sobre los siguientes temas: fundamentación legal, acciones procedimentales, previos, notificaciones, y desafíos que debemos seguir atendiendo. Finalmente, se informa que adicional al esfuerzo que efectúa Gobierno sobre la campaña de libertad sindical, la Fiscal General de la República se encuentra planteando una iniciativa para sumarse al cumplimiento del indicador clave núm. 7 de la hoja de ruta por el Convenio núm. 87 de la OIT.

6. Sobre reinstalaciones. Se manifiesta que en atención al espacio del diálogo con el sector trabajador, el Presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios continúa con reuniones bilaterales con representantes del sector trabajador, sobre las preocupaciones que se manifiesten.

7. Sobre la homologación de pactos colectivos de condiciones de trabajo. En virtud del indicador clave núm. 9 de la hoja de ruta, el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, refiere que en el contexto institucional de Guatemala se entiende por homologación de pactos colectivos la realización de un examen de validez jurídica tanto formal como sustantiva. Dentro de los principales temas que se han observado en el sector público de Guatemala se encuentra el examen de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Con esta experiencia hemos observado que si el Gobierno, como autoridad competente en estos asuntos, realiza un adecuado examen de homologación de pactos colectivos en el sector público, avanzará en la prevención de situaciones como la que ha sido señalada por el Comité de Libertad Sindical. Con esa intención se instó a que el proceso de homologación atendiera con la mayor rigurosidad posible el examen de las leyes que actualmente se encuentran vigentes, por lo que a pesar de que las partes negociadoras y suscriptoras son autoridades públicas y organizaciones de empleados o trabajadores públicos y de que ineludiblemente se considera que son conocedoras de las leyes vigentes que regulan los acuerdos que negocian y suscriben, aún persiste un margen de desconocimiento que produce cláusulas que pueden no estar debidamente validadas desde el punto de vista legal.

Esto significa que el examen de validez legal o jurídica de un pacto colectivo de condiciones de trabajo debería comprender el examen atendiendo a por lo menos: a) reconocer que el artículo 106 de la Constitución Política de la República establece la negociación colectiva como un medio constitucionalmente deseable para la superación de los derechos sociales mínimos de los trabajadores, en este caso del sector público y que para ese propósito se establece como fin del Estado: la promoción y defensa de ese derecho fundamental; b) que dentro del marco del ejercicio pleno del derecho fundamental de negociación colectiva, se considera que las partes suscriptoras tienen total libertad para negociar condiciones de trabajo y empleo, tal y como lo establece el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), sin embargo esta libertad está condicionada a que en dicho proceso de negociación las partes respeten las leyes y el orden público, según el propio Estudio General relativo a las relaciones laborales y la negociación colectiva en la administración pública de la Comisión de Expertos de 2013; en observancia a que la negociación colectiva debe realizarse siempre en la forma que la ley establece, y c) esta condición básica de legalidad rige particularmente en el sector público en donde las autoridades públicas, en calidad de patrono, pueden negociar acuerdos siempre y cuando el contenido suscrito esté dentro del marco de la competencia legal que como funcionarios públicos les corresponde según la Carta Magna de Guatemala.

El Gobierno se permite reiterar su compromiso irrestricto de redoblar los esfuerzos interinstitucionales y estatales para dar cumplimiento al Convenio.

Discusión por la Comisión

Presidente - Invito al representante gubernamental de Guatemala, el Ministro de Trabajo y Bienestar Social, a tomar la palabra.

Representante gubernamental (Ministro de Trabajo y Previsión Social) - Agradezco el espacio que nos permiten al Gobierno de Guatemala, acompañado en esta oportunidad por representantes también de magistrados de las Cortes Suprema de Justicia y de Constitucionalidad, así como altos representantes del Ministerio Público y de Gobernación, para informar sobre la puesta en marcha que el Gobierno ha venido ejerciendo a las observaciones emitidas por la Comisión de Expertos, en virtud del Convenio, así como lo manifiesta de manera continua ante el Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración en sus diferentes sesiones respecto de las decisiones alcanzadas durante los años 2018-2020, en las que se instó firmemente al Gobierno, a que junto con los interlocutores sociales de Guatemala, y con la asistencia técnica de la Oficina, siguiéramos dedicando todos los esfuerzos y recursos necesarios para lograr una aplicación sostenible y completa de las disposiciones de la hoja de ruta; se tomó nota con satisfacción del programa de cooperación y asistencia técnica de la OIT por tres años, para aumentar los esfuerzos estatales en cumplimiento del Convenio. Guatemala ha asumido los compromisos internacionales con su propio presupuesto, a los que se suma el aporte financiero de la OIT a través de fondos propios y de otros programas desde 2022, en su tercer año de ejecución; así también, de la información proporcionada por la Oficina en el documento GB.346/INS/10, en particular de las acciones prioritarias identificadas con ocasión de la misión conjunta de la OIT, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI). En consecuencia, me permito reiterar que Guatemala continúa informando y señala que ha habido avances importantes en el cumplimiento tanto de la hoja de ruta como en los puntos señalados por la misión conjunta y adoptados por la CNTRLLS. Entre estos puntos encontramos:

1) Un aumento significativo del presupuesto institucional de la Fiscalía Especializada dentro del Ministerio Público para la atención de los delitos cometidos contra líderes sindicales y sindicalistas, los cuales lamentamos profundamente; aunado con un aumento presupuestario para la atención de la seguridad del sector trabajador por parte del Ministerio de Gobernación, y también la apertura de un Juzgado Pluripersonal de Paz Penal para los delitos de desobediencia en materia laboral, como una parte de la iniciativa del organismo judicial, con una erogación para esta temática de alrededor de 3 millones de dólares de los Estados Unidos, y todo ello ha dado como resultado la obtención de un 80,77 por ciento de sentencias condenatorias y un 19,23 por ciento de sentencias absolutorias de los 26 casos presentados por el Ministerio Público y resueltos por el órgano Jurisdiccional.

2) En comparación a los años 2016-2022, los índices de criminalidad han descendido en Guatemala; no obstante, el Ministerio de Gobernación ha provisto de un espacio de diálogo al más alto nivel, para abordar la temática de ataques contra líderes sindicales y sindicalistas, regulado asimismo por Acuerdo Ministerial; a la vez, cuenta con procesos establecidos de análisis de riesgo para proporcionar las medidas de seguridad al sector sindical, con lo cual han realizado esfuerzos institucionales para brindar una protección rápida y eficaz a todos los dirigentes sindicales y sindicalistas en situación de riesgo, evitando la comisión de cualquier nuevo acto de violencia antisindical. Así también, se informa que el Gobierno de Guatemala ha implementado comedores para los agentes de la policía nacional civil, que evita la erogación de gastos por parte del sector sindical que está siendo protegido por ese ministerio.

3) Respecto a las cuestiones legislativas, el Gobierno cumplió como señalado por la misión conjunta con la entrega de las propuestas legislativas ante el organismo legislativo en los tiempos señalados en la misión conjunta del año pasado.

No obstante, tenemos desafíos para el cumplimiento de nuestras obligaciones, y la aplicación efectiva del Convenio en materia de cuestiones normativas. En marzo de 2023 hemos requerido la asistencia técnica a la OIT para que puedan apoyar a ese alto organismo a examinar las propuestas legislativas. A la espera que haya una respuesta afirmativa, como siempre ha sido, de la Oficina, y apoyados ahora con los fondos que la Unión Europea viene aportando a través del Programa de Asistencia y Cooperación desde septiembre de 2022 y que agradecemos, confiamos en que, junto con los esfuerzos gubernamentales, nos permitirán alcanzar con mayor certeza lo comprometido.

4) Respecto a la puesta en práctica del Convenio, debo señalar que agradecemos el apoyo y la asistencia técnica de la OIT sobre el registro público de sindicatos y que, el Gobierno se permite referir que se han hecho avances significativos en la campaña de divulgación sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, entregando afiches en 18 departamentos priorizados de la República de Guatemala, los que inicialmente contarían con los logotipos de las organizaciones de los sectores empleador y trabajador más representativas; sin embargo en respeto a las consideraciones manifestadas por el sector trabajador, se ha socializado dicha sensibilización únicamente con el logotipo del Gobierno. Cabe enfatizar que la información relativa a la campaña de sensibilización a la libertad sindical ha sido compartida con la subcomisión de cumplimiento de hoja de ruta de la CNTRLLS. Destaco que, el sector trabajador saludó en la reunión del 31 de mayo de 2023 la iniciativa de la Fiscal General de la República de Guatemala, en realizar una campaña de divulgación sobre la libertad sindical, en la que requería su acompañamiento en la puesta en marcha de esta. Debo subrayar nuevamente que nuestra mayor fortaleza ha sido y sigue siendo el diálogo tripartito en el seno de la citada CNTRLLS, espacio que ha contado con la participación de la Fiscal General. Cedo la palabra al señor Secretario sobre la supuesta corrupción del Ministerio Público de Guatemala, para que ahonde en el tema.

Otro representante gubernamental - Respecto a la urgencia de investigar todos los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, para deslindar las responsabilidades y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales de los hechos, tomando plenamente en consideración las investigaciones, las actividades sindicales de las víctimas, el Ministerio Público de Guatemala se permite señalar que para 2017 se contaba con 64 fiscalías en municipio. Actualmente, por el adecuado uso del presupuesto se tiene a la presente fecha, una cobertura en 340 municipios existentes en toda la República de Guatemala; es decir, un 100 por ciento de cobertura a nivel nacional, ofreciendo un efectivo acceso a la justicia para todas y todos los guatemaltecos en sus propias comunidades; permitiendo que, en casos donde se vean afectados dirigentes sindicales o sindicalistas, el Ministerio Público pueda generar las acciones necesarias para atender las denuncias. Ello a través de la implementación de un sistema integral de casos con atención en 24, 48 y 72 horas en casos nuevos.

Para la obtención de resultados inmediatos y cruciales para la presentación de requerimientos fiscales oportunos ante juez competente, actualmente el Ministerio Público obtuvo la certificación de calidad ISO 9001-2015 en 273 de esas 340 fiscalías en municipio, encontrándose en proceso de certificar todas las fiscalías a nivel nacional.

A ello debo referir que dada la importancia de la temática y en observancia al cumplimiento de las obligaciones del Estado de Guatemala, desde 2019 se cuenta con una fiscalía de carácter especializado para atender temas de delitos contra operadores de justicia y sindicalistas, la cual está en proyecto de ser certificada bajo la misma norma de calidad, con lo cual se busca dar una respuesta diferenciada de conformidad con las necesidades del sector sindical. Ello conteste a la dinámica del fenómeno criminal.

En cuanto a los casos antiguos, se han analizado de manera profunda y atendiendo a las instrucciones fiscales para dar respuesta a los mismos y con ello reducir la mora fiscal.

Es importante reiterar que el Ministerio Público es una entidad autónoma y auxiliar de la administración de justicia y que toda la fiscalía general o Ministerio Público, como representante del poder público en materia de investigación y persecución penal, es un pilar fundamental en la construcción de un Estado de derecho que garantiza el cumplimiento de la ley, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, razón por la cual, de no cumplir su función legal, esta omisión implicaría impunidad.

El derecho de denuncia ciudadana jamás puede ser limitado o restringido y en los casos de las denuncias presentadas por líderes sindicales y sindicalistas en Guatemala estas reciben un tratamiento especializado, tomando como base la instrucción núm. 1‑2015 para la investigación y persecución penal efectiva de los delitos cometidos en contra de trabajadores sindicales y otros defensores de derechos laborales y sindicalistas que está emitida por la Fiscal General del Ministerio Público, en la cual se resalta la importancia de trabajar de la mano con la población sindical para la provisión de información esencial ante las denuncias presentadas, en las cuales las víctimas son sindicalistas. Reitero que las mismas son atendidas e investigadas en forma objetiva, imparcial y científica. Las sentencias de tipo condenatorias o absolutorias conforme a la legislación guatemalteca no son las únicas formas de resolver o dar respuestas a las denuncias.

Recordando los propósitos y principios regulados en la Carta de las Naciones Unidas, se hace necesario el respeto al debido proceso que cada caso en particular avance conforme lo establece la ley para que al momento que sea emitida la resolución judicial esta sea la que determine con certeza jurídica el accionar del Estado de Guatemala con respeto al principio de legalidad. En ese marco la señora Fiscal General de la República, acompañada por su equipo técnico, al cual me honro integrar, hemos participado en tres reuniones de la CNTRLLS; asimismo, hemos celebrado reuniones bilaterales sostenidas con representantes del sector sindical con el fin de poder expresar las figuras jurídicas o formalidades, criterios para la aplicación, consecuencias jurídicas, metodología y fundamentación, como la ejemplificación de los casos.

De la misma manera se ha hecho la invitación para que quienes deseen manifestarse en el interés de los casos puedan sumarse a la querella o se apersonen a los diversos procesos para así tener participación y pronunciamiento dentro de los casos tal y como lo determina la ley.

Debo reiterar que este espacio de diálogo se ha efectuado con exclusividad con el sector trabajador. Igualmente expreso que, a solicitud del sector empleador y gubernamental en el seno de la CNTRLLS, se sostuvo una reunión extraordinaria, el 29 de marzo y posteriormente una reunión tripartita de seguimiento el 31 de mayo, ambas celebradas en el presente año, con el fin de explicar las figuras y consecuencias jurídicas en los casos relacionados a muertes de líderes sindicales y sindicalistas.

La aplicación del archivo, según el artículo 327 del Código Procesal Penal, como fuera explicado en los documentos entregados a la presente comisión, procede cuando no se ha podido individualizar al sindicado o bien se ha decretado la rebeldía en contra del mismo. Es decir, este no se presenta voluntariamente o no puede ser localizado. Ello no significa que el caso quede cerrado en definitiva, ya que solo la figura del sobreseimiento produce tal acción. El archivo permite que cuando se encuentren elementos para plantear un requerimiento fiscal u oportuno ante juez competente se pueda proseguir con los casos. Situación que ya hemos ejercido recientemente en la fiscalía de sección que conoce delitos contra sindicalistas a reincorporarse las actuaciones al estado del planteamiento de acusación cuando los casos cuentan ya con elementos suficientes que permitan alcanzar la sentencia respectiva. Al respecto el Ministerio Público fundamenta esta decisión en la instrucción núm. 4-2005 para la regulación del uso del archivo en el Ministerio Público.

Los casos denunciados por muertes de líderes sindicales o sindicalistas que conoce el Ministerio Público no se ha establecido que sea por móvil o ejercicio sindical. Sin embargo, el Ministerio Público reitera su compromiso irrestricto de cumplir con su función constitucional y continuar redoblando los esfuerzos institucionales para que en los casos en que sindicalistas sean víctimas estos sean resueltos a la brevedad posible, independientemente de los casos que se encuentran en investigación o cuenten con orden de aprehensión pendiente de ejecutar.

Recalco que la administración del Ministerio Público es de puertas abiertas. Por lo que se invita a los mandantes nacionales a mantener un diálogo interactivo tripartito con las instituciones autónomas y organismos de estado para obtener una justicia eficaz para todas y todos.

Miembros trabajadores - Quisiéramos rendir homenaje al hermano Carlos Mancilla, fallecido en febrero. Fue incansable en su representación de los sindicatos guatemaltecos a escala nacional, regional e internacional, en particular en la OIT. Hemos de seguir adelante con su visión, garantizando que se escuchen las voces de los trabajadores y se protejan sus derechos.

Pocos casos han requerido tanto control por parte de esta casa como el de Guatemala. De hecho, es la decimocuarta vez en veinte años que esta comisión conoce de un caso de libertad sindical o de negociación colectiva. Si bien valoramos que la OIT no haya escatimado esfuerzos para abordar las numerosas violaciones graves y persistentes en el país, mediante el sistema de control y de la creación de capacidad técnica, incluida la continua participación financiera y política de varios Gobiernos, a través de la participación de los mandantes tripartitos, etc., es trágico que se haya avanzado tan poco a pesar de tantos esfuerzos.

Además de la OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció, en un caso reciente, que Guatemala no respetaba la libertad sindical, incluido el derecho de huelga. Y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el informe del último examen periódico, en abril de 2023, manifestó su preocupación por la violencia contra los sindicalistas y la impunidad de los crímenes. Pero por claros que hayan sido los llamamientos, no han sido escuchados.

En la actualidad, el memorando de entendimiento y la hoja de ruta de la OIT, elaborados tras una queja presentada para establecer una comisión de encuesta, siguen siendo en gran medida letra muerta, con escasas mejoras. En septiembre de 2022, una misión de la OIT-Confederación Sindical Internacional (CSI)-Organización Internacional de Empleadores (OIE) visitó Guatemala preocupada por la falta de acciones significativas en la hoja de ruta, y se adoptó un plan de prioridades de un año para centrar al Gobierno en las cuestiones más apremiantes. Desafortunadamente, esos temas no se han completado. Por ejemplo, la violencia y la impunidad siguen siendo un problema muy grave, a pesar de las constantes demandas al Gobierno para que aborde esta urgencia. Hace apenas diez meses fue asesinado Hugo Eduardo Gamero González, de 45 años, secretario de conflictos del sindicato SINEPORT. Es solo el más reciente de los más de 100 sindicalistas asesinados desde 2005.

Durante años, estos brutales ataques han quedado sin respuesta. En lugar de poner en marcha investigaciones exhaustivas, ahora oímos que el Gobierno las desestima como meras consecuencias de un clima generalizado de inseguridad en el país. Esta postura resta importancia a la gravedad de la situación, exponiendo aún más a los sindicalistas a la violencia y a la muerte en el ejercicio de su trabajo.

Al negarse a reconocer los ataques específicos contra dirigentes sindicales y permitir una cultura de la impunidad para los autores, el Gobierno condona de hecho estos actos de violencia y perpetúa una cultura de la impunidad.

Los despidos antisindicales en los sectores público y privado son rutinarios y siguen constituyendo un grave problema. Las pocas órdenes de readmisión que se conceden se recurren durante años, lo que significa que no existe un recurso efectivo ni una sanción disuasoria para abordar la discriminación antisindical.

Reconocemos que el Gobierno ha establecido tres tribunales especializados para abordar el delito de desobediencia de las resoluciones laborales y de la seguridad social, y esperamos que estos tribunales arrojen resultados significativos, incluida una justicia rápida y eficaz para los casos de discriminación antisindical, en consonancia con el Convenio.

También persisten otros obstáculos, como los relativos al registro de sindicatos. Los sindicatos siguen notificando que los empleadores impugnan a menudo el registro de nuevos sindicatos o recurren las decisiones de registro. También hay varios casos en los que el registro de sindicatos del Ministerio de Trabajo rechaza o retrasa gravemente la actualización de la lista de miembros del sindicato. Esto impide el ejercicio de los derechos protegidos por el Convenio, lo que se traduce en una baja densidad sindical.

En cuanto a las reformas legislativas que la Comisión de Expertos viene solicitando desde hace años, aún no se han producido avances. En 2018, tuvo lugar un acuerdo tripartito sobre algunas de las reformas solicitadas. Sin embargo, estas reformas languidecieron durante años. A finales de 2022, tras una misión conjunta de la OIT, la OIE y la CSI, el Gobierno presentó el proyecto de ley al Congreso, pero la ausencia de cualquier esfuerzo significativo para buscar su aprobación ha determinado que el proyecto de ley no se haya movido y no tenga perspectivas de ser aprobado antes de las elecciones de junio de 2023. Hasta la fecha, no se ha realizado ningún esfuerzo para abordar la cuestión de los sindicatos sectoriales y las modalidades de negociación colectiva sectorial. Con ello, no hay posibilidades de negociar por encima del nivel de empresa.

En relación con la campaña mediática, no ha habido un compromiso real del Gobierno para adelantar una campaña nacional efectiva, contundente y convincente para revertir la estigmatización sindical y en su lugar promover el libre ejercicio de la sindicalización y erradicar la violencia contra nuestros compañeros.

Finalmente, los esfuerzos realizados para crear espacios de diálogo con el apoyo de la OIT, no están dando resultados por la aparente falta de una verdadera voluntad política de cambio sistémico.

Los miembros trabajadores compartimos la declaración de la Comisión de Expertos, que cito textualmente: «al tiempo que expresa su preocupación por la persistencia, tanto en la ley como en la práctica de graves violaciones al Convenio». La Comisión también tiene razón al señalar, en relación con el plan de prioridades «el carácter crucial de que las expectativas generadas por la identificación de dichas acciones se traduzcan en progresos tangibles». Evidentemente, el Gobierno no ha cumplido con estas expectativas y nos preocupa profundamente que los comentarios de hoy del Gobierno nos den pocas esperanzas de que se produzcan avances tangibles a corto plazo.

Miembros empleadores - Este es un asunto que hemos venimos abordando de tiempo atrás. En 2012 fue presentada una queja en relación con el artículo 26 de la Constitución de la OIT y fue cerrada en 2018.

Por otro lado, en el transcurso de la evaluación en seguimiento el Consejo de Administración en 2013 se aprobó un memorándum de entendimiento al más alto nivel. En 2014 se aprobó el inicio de una hoja de ruta; en 2015 se incorporaron específicamente nueve indicadores claves para el seguimiento de la hoja de ruta; en 2017 se llegó a un acuerdo tripartito sobre cuatro de los seis temas legislativos; en 2018 se instaló la CNTRLLS, que es un elemento muy importante, a través de la cual se tomaron acuerdos nacionales y adicionales, complementarios en donde se han generado tres subcomisiones que están deliberando distintos aspectos, incluido los temas internacionales que aquí nos ocupan.

Al cierre de la queja se acordó finalmente, a partir del año 2020, tener un programa de asistencia técnica y, particularmente el Consejo de Administración pidió que se le hiciera un seguimiento a ese programa con evaluación de los indicadores establecido en la hoja de ruta, lo que consideramos que se ha venido cumpliendo, pues se han venido presentando informes al respecto acompañados reportes.

Asimismo, se realizó una misión conjunta de la OIT, la OIE, y CSI en septiembre de 2022 para dar seguimiento a la cooperación técnica bridada por la OIT y en la que se identificaron conjuntamente con la CNTRLLS una serie de acciones prioritarias para dar un nuevo impulso a este proceso.

Lo anterior deja constancia, que Guatemala ha dado seguimiento a los compromisos tomados con los distintos órganos de esta casa.

En concreto, en primer lugar, agradecer al Gobierno el envío de los informes que le han sido requeridos, mediante los cuales da cuenta de las acciones seguidas para abatir la violencia que tanto nos preocupa, en particular respecto de los 98 casos de muertes presentados en los últimos casi veinte años incluido 2022, y esto quiero dejarlo claro porque a veces se entiende que la cifra es de este año o del año pasado, encontramos que 26 casos tienen sentencias condenatorias, 10 absolutorias y 1 con una medida de seguridad, reflejada en el indicador de seguimiento que se tiene para los asuntos vinculados con el Convenio; también agradecemos los informes relativos a la actuación que ha llevado el Gobierno ante el Congreso para la adecuación de la ley en la forma comprometida; el nuevo registro de 29 organizaciones sindicales y el incremento del presupuesto para reforzar las instancias de investigación y justicia orientadas para que tanto en la legislación como en la práctica, se protege el ejercicio de las libertades y los derechos sindicales del país.

No obstante, lo anterior, debemos expresar que el Grupo de los Empleadores rechaza decididamente todos los actos de violencia que han sido reportados. Lamentamos profundamente las muertes denunciadas y esperemos que todos los esfuerzos emprendidos para investigar y sancionar los actos de amenaza y violencia mencionados en el informe generen un verdadero cambio en la situación que prevalece; al respecto y sin doblegar nuestra postura, debemos reconocer que en los últimos años las defunciones prácticamente se han abatido, lo que debe alentar al Gobierno a seguir trabajando en la ruta planteada.

Observamos que la asistencia técnica y las acciones de las instituciones del Estado de Guatemala no han sido en vano, y aunque desearíamos contar con mayores y mejores resultados, no debemos dejar de reconocer que se han generado avances en materia de investigación y sanción de los delitos atribuidos en contra de personas del movimiento sindical y esperaríamos que esto se extienda al resto de la sociedad.

De igual forma es importante tener en cuenta que si bien en Guatemala sigue habiendo numerosas expresiones de violencia, también lo es que el Gobierno nacional ha tomado diversas acciones conforme a sus compromisos y la participación y determinaciones de la CNTRLLS e implementando diversas políticas y finalmente que, como hemos dicho, en otras ocasiones lamentablemente, esta forma de violencia no es exclusiva de los dirigentes sindicales sino están a ella expuestos la mayoría de los ciudadanos de Guatemala.

Y, desde luego, que esto no es una justificación, es una realidad y no la podemos esconder. Estamos ante un fenómeno social que tiene un origen y una naturaleza propia que debe seguir siendo atendida.

Si bien esta circunstancia no justifica, insisto, no justifica en modo alguno ningún hecho de violencia, tampoco puede perderse de vista esta condición generalizada de la violencia puesto que constituye un importante elemento de juicio para las determinaciones de esta comisión.

Bajo estas condiciones, hacemos votos para que el Gobierno siga adoptando medidas decisivas y eficaces para promover un clima de no violencia en el país.

Escuché que el representante de los trabajadores expresaba que otra organización de las Naciones Unidas había identificado violaciones a los principios de libertad sindical y al derecho de huelga y nosotros quisiéramos recordar la postura de los empleadores en el sentido de que el tema de la huelga no corresponde a un tema relativo al Convenio y que este debe ser tratado conforme a las legislaciones vigentes en cada país.

Hecha esta aclaración, sobre la protección a sindicalistas: notamos también que ha habido un reforzamiento que ya los representantes del Gobierno han explicado y también constan en los informes, todas las acciones que se han venido siguiendo al respecto.

La Comisión de Expertos indicó en sus comentarios que, efectivamente, el Gobierno de Guatemala presentó oportuna y conforme a lo acordado el proyecto de ley en materia laboral ante el Congreso de la República.

Al respecto y, evidentemente, a nadie nos convence que no se haya procesado esta iniciativa, pero ante quien estamos, es ante el Gobierno y con base a la autonomía del Congreso, esperemos que cuanto antes, conforme a sus procesos internos debatan y en su caso aprueben esta iniciativa que es tan importante y que corresponde a uno de los compromisos que han sido tomados por el Gobierno, entendiendo que ha cumplido con ellos. Ojalá, pueda realizar acciones para agilizar esto.

El diálogo social, vemos que está funcionando la CNTRLLS como lo establece la hoja de ruta. En fin, observamos que existen una serie de condiciones, y sí lamentamos que no todas las resoluciones que se emiten en el Poder Judicial sean determinando una responsabilidad, pero no coincidimos, como ya lo hemos expresado en muchas ocasiones con la opinión de la Comisión de Expertos que el hecho de que alguna resolución absuelva a un presunto responsable signifique denegación de justicia.

La justicia es llevar a cabo los procesos que corresponden con la información que se tiene, los elementos de juicio y en ese caso determinar la responsabilidad de quien corresponda y me parece que de eso se ha dado cuenta hasta este momento por parte del Gobierno y con el apoyo de todas las acciones que se han venido tomando y de manera muy relevante con la asistencia de la OIT.

Observo que el Gobierno realmente ante una situación que todos reprobamos y a todos nos preocupa, ha dado muestras de interés en aceptar todos los mecanismos que le han sido sugeridos, aquí vivimos en muchas ocasiones la negación de los hechos y la negación del apoyo y la negación de la ayuda y la verdad, desde nuestra perspectiva nos alienta ver que el Gobierno sigue con esta intención de hacer todo cuanto sea necesario para abatir la violencia y los lamentables actos reportados en el informe.

Miembro trabajador, Guatemala - A la memoria de nuestro compañero, el Sr. Carlos Mancilla, fallecido recientemente.

Transcurridos varios años de iniciada la implementación de la hoja de ruta, el balance global es que ninguno de los compromisos de parte del Ministerio de Trabajo se ha cumplido. Las políticas antisindicales en Guatemala han aumentado. Son constantes los actos de represión, violencia y persecución en contra de sindicalistas y destrucción de sindicatos. Continúan las listas negras y los artículos en medios de comunicación social por parte de gente vinculada a algunos sectores privados que generan odio, hasta llegar a la máxima expresión como lo son los asesinatos de compañeras y compañeros sindicalistas. Uno de los últimos casos de asesinato, el del compañero Sr. Hugo Eduardo Gamero González, secretario de conflictos del Sindicato de la Empresa Portuaria Nacional Santo de Castilla, en Puerto Barrios, Izabal, del que la Comisión de Expertos se ha pronunciado en su informe de 2022.

Hemos recibido quejas de compañeros y compañeras respecto de actitudes de fiscales y/o unidades del Ministerio Público en el interior de la República, en las que cuando se denuncian ataques en contra de sindicalistas, en casi todos los hechos se inhiben de conocerlos, a pesar de que este es uno de los principales objetivos del instructivo núm. 1‑2015, en que se debe tener siempre presente el análisis de contexto en el momento de los atentados.

Estos hechos fueron informados a la unidad de sindicalistas del Ministerio Público. Estamos a la espera de la respuesta correspondiente. Al final, no se han aclarado los más de 100 casos de atentados y asesinatos de compañeros y compañeras sindicalistas que han sido denunciados y documentados ante esta comisión. Tampoco se ha concretado la construcción de un marco normativo e institucional de protección a los trabajadores ante delitos cometidos en su contra, mucho menos se ha avanzado en algo tan sencillo como podría ser la implementación de campañas de sensibilización del derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva a nivel nacional. ¿Cuáles serán las razones por las que las autoridades ministeriales no cumplen con lo que se comprometen? 

Si bien es cierto que se ha creado la CNTRLLS, esta se reúne sin tener ni definir objetivos claros, ni plazos; seguimos siendo muy críticos. Otros asuntos de interés tripartito se deberían conocer, debatir y procurar acuerdos en esta instancia; sin embargo, en la práctica esto no sucede. Dos ejemplos de esta deficiencia: para 2023 el Ejecutivo, a instancias del Ministerio de Trabajo, aprobó los salarios diferenciados (por regiones), sin haberse agotado el procedimiento de la CNTRLLS, e igual sucedió con la implementación del Reglamento para la aplicación del Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175). Con estos casos, tal y como hemos denunciado en innumerables oportunidades, se termina de precarizar a la clase trabajadora, especialmente del área urbana y rural en donde están los mayores bolsones de pobreza y extrema pobreza, con las implicaciones que esto conlleva. Es menester recordar que esta importante instancia ha sido creada con el aval tripartito y con el acompañamiento de OIT, reconociéndose la misma por medio de un acuerdo ministerial, existiendo el compromiso de que la misma sea correctamente respaldada por medio de un decreto ley.

Igualmente, lo que corresponde a las observaciones de la Comisión de Expertos de larga data, especialmente lo que corresponde a la creación de los sindicatos de industria. Estos son otros dos ejemplos de incumplimiento. La hoja de ruta no demuestra avances; por el contrario, sí ha habido ataques a los sindicatos, sindicalistas y en particular a la negociación colectiva. Otro ejemplo: el proceso administrativo para la homologación de los pactos colectivos, criterios aplicados que han recrudecido hasta llegar a su debilitación, aunque los patronos y trabajadores hayan ratificado su voluntad de validar los acuerdos. El Ministerio de Trabajo hace llegar nota, fechada 1.º de junio de 2023, en la que informa del mecanismo que aplica para el trámite administrativo de la homologación de pactos colectivos del sector público, aunque de todos es sabido que esos criterios son los que están aplicando desde hace más de dos años.

Este tema es permanentemente cuestionado por las organizaciones sindicales, por las implicaciones adversas para la clase trabajadora en general; además, atenta en contra de preceptos constitucionales, que consagra la negociación colectiva como un medio de superación de los derechos sociales mínimos de los trabajadores y las trabajadoras. El Ministerio de Trabajo como principal garante de las normas laborales, se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo positivo de los mismos procesos de negociación y de organización sindical, de allí que haya graves retrocesos, especialmente en lo que a la libertad sindical y negociación colectiva corresponde, en total contubernio con los patronos.

Por el contrario, existen otras iniciativas de leyes laborales que son regresivas para los trabajadores y al final para el país, sin agotar la debida consulta a los sindicatos durante su elaboración; por ejemplo, se han propuesto reformas al Código Penal que incluye artículos que penalizan la negociación colectiva y criminaliza la acción y la gestión sindical.

Por otro lado, el organismo judicial ha elaborado la iniciativa del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que incluso evidencia serios retrocesos respecto a la legislación laboral actual. También está en trámite y discusión una ley que criminaliza la protesta social y sindical. Estamos en situación de total indefensión.

Por último, también es necesario indicar que, en pocos días, nuestro país estará eligiendo nuevas autoridades nacionales, las cuales estarán asumiendo sus cargos en enero de 2024. El ambiente sociopolítico en general es de total incertidumbre para las trabajadoras y los trabajadores y en especial para el movimiento sindical guatemalteco no hay buenos augurios, tenemos serias dudas de que los nuevos gobernantes asuman la responsabilidad de cumplir con la hoja de ruta. Ante este complejo escenario, seguimos insistiendo en que es urgente y necesario que se decida por la instalación inmediata de una comisión de encuesta para Guatemala.

Miembro empleador, Guatemala - En primer lugar, no quisiera dejar de expresar nuestro más sentido pésame al sector trabajador, en especial a los Sres. Francisco Mendoza, Julio Coj y Luis López, por el fallecimiento del Sr. Carlos Mancilla, un reconocido sindicalista, amigo personal y luchador por la causa trabajadora, cuya presencia fue muy frecuente en estas conferencias.

Como lo mencionó el portavoz de los trabajadores, su partida, sin duda, es una enorme pérdida para los trabajadores internacionales, para los compañeros en Guatemala y para todos nosotros que tuvimos la suerte de compartir con él los espacios tripartitos, y a quien le debemos el compromiso de seguir trabajando por un país más justo y oportunidades para todos.

Quisiera iniciar como lo he hecho frecuentemente por el apoyo y la paciencia que la Comisión de Aplicación de Normas y esta oficina ha brindado a Guatemala en estos últimos años. En mi calidad de presidente de la CNTRLLS quisiera también agradecer al Gobierno de mi país y al sector trabajador por su participación y apoyo en la Comisión.

Quisiera reiterar la importancia de la hoja de ruta iniciada en el 2014 y el compromiso absoluto del sector que represento para cumplir con ella.

Reitero también nuestro compromiso desde el sector empleador de apoyar en todas aquellas reclamaciones planteadas por los trabajadores dentro de la hoja de ruta, basadas en ley y sobre todo el rechazo a cualquier forma de violencia y nuestra solidaridad para quienes han sufrido por ella.

Rechazo, eso sí, categóricamente el señalamiento hacia mi sector de promover el odio o la violencia. Me parece que esos señalamientos sin ninguna base, no solo es arbitraria sino poco congruentes con el espíritu de respeto que debiera caracterizar a la relación tripartita.

Aunque sin duda hay mucho por hacer en el cumplimiento de la hoja de ruta no podemos ni debemos dejar de reconocer los avances que se han tenido.

Primero, la misma institución de la CNTRLLS y la oportunidad del diálogo social que hemos tenido a través de ella. Este es un espacio de muchísimo valor que requiere también de la voluntad y la valentía de las partes para lograr compromisos, reconocer retos, exigir resultados, pero también reconocer los avances logrados. Podemos lograr más, pero necesitamos de la voluntad de hacerlo, de participar y de aprovechar esa oportunidad que tenemos.

Nos entusiasma, por ejemplo, ver el espíritu de trabajo que hemos tenido en las subcomisiones con compromiso, esfuerzo y disposición de acuerdos que desgraciadamente no hemos podido corresponder en el seno de la CNTRLLS. Debo señalar, además, la disposición de las instituciones de Gobierno de atender los compromisos de la hoja de ruta. Dentro de lo que se incluye:

En la Corte Suprema de Justicia y Constitucionalidad: la creación de un Juzgado Pluripersonal de Paz Penal para los delitos de desobediencia en materia laboral y, el apoyo claro de la Corte Constitucional en asistencia a las reuniones tripartitas y su apertura a atender a los trabajadores.

En el Ministerio de Trabajo y Previsión Social: la reactivación del Consejo Asesor Tripartito de Inspección del Trabajo y el envío de una iniciativa de ley al Congreso de la República, que institucionaliza la CNTRLLS.

En el Ministerio Público: la creación de una fiscalía especializada y un aumento significativo de su presupuesto institucional para la atención de los delitos cometidos contra líderes sindicales y sindicalistas; aunado con un aumento presupuestario para la atención de la seguridad del sector trabajador por parte del Ministerio de Gobernación se ha fortalecido a la Fiscalía de Delitos contra operadores de justicia y sindicalistas con capacitación continua, sobre normas internacionales del trabajo y respecto a la socialización de la instrucción núm. 1-2015 del Ministerio Público referido al manejo de denuncias de violencia antisindical.

He de hacer notar también la apertura y disposición de la Fiscal General de la República a reunirse durante este año por lo menos tres veces con la CNTRLLS y las instrucciones a su equipo de trabajo de sostener cuantas reuniones fueran requeridas por el sector trabajador para abordar casos específicos.

Respecto a las denuncias de violencia contra líderes sindicales y sindicalistas: hay un absoluto consenso en condenar cualquier forma de violencia y reiteramos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a las víctimas y al sector trabajador en lo que estimen que podamos aportar.

Dicho esto, creo que debemos anotar que el primero de los 98 casos referidos, data de 2004, lo que da una idea de lo complejo de las investigaciones de hechos sucedidos hace casi veinte años. Repito, ninguna muerte es justificable. Debe buscarse hacer justicia y tiene nuestro absoluto rechazo.

De estos 98 casos se han dictado ya 37 sentencias, de las cuales 26 son condenatorias. Como ya se mencionó hay 46 casos que al haberse agotado el proceso investigativo, se ha aplicado una medida de archivo, pero lo que no impide de ninguna forma su apertura en caso de nueva evidencia.

Me parece además que un tema tan delicado como este no podemos quedarnos en los números absolutos acumulados y debemos analizar las tendencias. En los últimos años el índice de homicidios en Guatemala ha pasado de cerca de 48 por cada 100 000 habitantes a menos de 20 por cada 100 000 habitantes el año pasado. En esa realidad, en la realidad que todos los guatemaltecos vivimos cabe notar que los 98 casos denunciados desde 2004, debemos lamentar reiterando, de nuevo, nuestro absoluto rechazo a cualquier acto de violencia, que solo hemos tenido dos casos de fallecimientos en los últimos dos años.

¿Son estos resultados aceptables? seguramente no y tenemos todavía muchísimo por avanzar.

Cualquier vida es importante y todos juntos debemos trabajar por proteger la integridad de cada individuo y manifestar nuestro más absoluto rechazo a cualquier acto de intimidación. En eso los trabajadores cuentan y contarán con nuestra solidaridad y apoyo.

Mi mensaje hoy es que sigamos trabajando juntos en el diálogo social, pero sin anclarnos en un pasado que debemos superar, exigiendo siempre la justicia, pero que al mismo tiempo reconociendo los enormes retos que aún tenemos por delante, sin negar los avances que hemos tenido. No niego y acepto que hace falta mucho por hacer pero vamos en un buen tramo.

Logramos la firma de la hoja de ruta en el 2014 y, entonces les invito a reflexionar.

¿Teníamos antes de 2014 un foro constituido de diálogo social?

¿Teníamos antes de 2014 una fiscalía especializada en delitos contra sindicalistas?

¿Teníamos antes de 2014 un juzgado especializado en temas de desobediencia en materia laboral para facilitar el acatamiento de reinstalaciones laborales?

¿Teníamos antes de 2014 la apertura y exposición de las máximas instituciones de justicia para atender a las preocupaciones sindicales?

¿Se tenían antes de 2014 tres reuniones en los últimos ocho meses con la Fiscal General de la República y el ofrecimiento de darle a las organizaciones sindicales todas las reuniones necesarias para dar explicaciones de cada uno de los casos que se requieren?

En un país donde casi el 90 por ciento de los asesinatos quedan en la impunidad ¿podemos decirles a esas personas que no han logrado justicia pero que no cuentan con una fiscalía especializada dedicada a resolver estos casos que, el haber obtenido 37 sentencias de 98 casos no constituye aún un pequeño avance en la justicia?

Aunque sin duda la resolución judicial y la condena de los responsables es importante ¿no debiera reconocerse que de 2004 al día de hoy hay una reducción significativa en hechos de violencia antisindical?

Claro que todos queremos resultados, pero no se vale, no es justo ni constructivo, dejar de reconocer los avances que se han logrado. El tener resultados no es simplemente reconocerlos solo cuando son los que queremos. El derecho a exigir resultados requiere, además, un compromiso de participación decidido y permanente, y mostrar la voluntad política de hacerlo.

Estamos caminando tal vez muy despacio, pero seguimos dando pasos, el sector empleador seguirá sentado en la mesa con la mejor voluntad de caminar y apoyar a todos los sectores en el camino que nos hace falta.

Termino diciendo que por la responsabilidad que debemos a nuestros sectores, a nuestro país y a todos los guatemaltecos estamos obligados y reitero obligados a entendernos y buscar mejores oportunidades para el desarrollo.

Las administraciones de los Gobiernos pasan y en enero de 2024 tendremos un nuevo Gobierno, pero los sectores trabajadores y empleadores nos mantenemos.

De mi parte y el sector que represento ofrezco nuestra mejor disposición a cumplir con esa responsabilidad con la única petición de que no dejemos de caminar juntos con decisión y voluntad en lograr no solo la hoja de ruta sino los acuerdos que tanto necesita nuestro país. Es nuestra responsabilidad y obligación hacerlo y no podemos dejar de trabajar por ello.

Miembro gubernamental, Suecia - Interviniendo en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Se suman a la presente declaración Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro y la República de Moldova, países candidatos, y Noruega, país miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y del Espacio Económico Europeo. La Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos con la promoción, la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales tales como el derecho de sindicación y la libertad sindical. Promovemos activamente la ratificación universal y la aplicación de las normas internacionales del trabajo fundamentales. Apoyamos a la OIT en su papel indispensable de desarrollar, promover y controlar la aplicación de las normas internacionales del trabajo ratificadas y, en particular, de los convenios fundamentales.

Deseamos recordar el compromiso asumido por Guatemala en el marco del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible del Acuerdo de Asociación Unión Europea-América Central de aplicar efectivamente, en la legislación y en la práctica, los convenios fundamentales de la OIT. La Unión Europea y sus Estados miembros siguen muy de cerca la situación en Guatemala. Reiteramos nuestra profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, y observamos una persistente falta de progresos en las reformas. Nos hacemos plenamente eco de la gran preocupación de la Comisión de Expertos por las alegaciones de un nuevo caso de asesinato y otros actos de violencia antisindical cometidos en 2022, la persistencia de un alto grado de impunidad y la debilidad de las medidas de protección. Acogemos con agrado la intención del Gobierno de continuar con la aplicación de la hoja de ruta adoptada en octubre de 2013. Sin embargo, subrayamos que es necesario intensificar los esfuerzos para aplicar plenamente la hoja de ruta en consulta con los interlocutores sociales y de conformidad con la serie de acciones prioritarias identificadas por la misión conjunta de la OIT, la OIE y la CSI, emprendida en septiembre de 2022. Es de suma importancia que los nuevos esfuerzos se traduzcan en progresos tangibles en la aplicación del Convenio.

La Unión Europea y sus Estados miembros condenan los persistentes y graves actos de violencia generalizada, la violencia contra los dirigentes y miembros de los sindicatos, incluidos los asesinatos y las agresiones físicas, y la cultura de impunidad que prevalece. Hacemos un llamamiento al Gobierno para que investigue todos los actos de violencia contra dirigentes y miembros sindicales, con el fin de determinar responsabilidades y castigar, tanto a los autores como a los instigadores de estos actos, teniendo plenamente en cuenta en las investigaciones las actividades sindicales de las víctimas.

En consonancia con la Comisión de Expertos, seguimos tomando nota con preocupación de las dificultades para esclarecer los casos de asesinatos cometidos hace mucho tiempo y otros actos de violencia antisindical. Es lamentable que la mayoría de los asesinatos de sindicalistas aún no hayan dado lugar a condenas y que haya sido escasa la información proporcionada sobre la identificación y el castigo de los instigadores de dichos crímenes. Instamos al Gobierno a que refuerce los mecanismos de prevención, protección y respuesta en relación con las amenazas y los ataques contra dirigentes y activistas sindicales. De lo contrario, es probable que esta situación continúe y que incluso empeore.

A pesar de los numerosos llamamientos de la Comisión de la Conferencia, el Gobierno todavía no ha introducido las enmiendas necesarias en varios artículos del Código del Trabajo y del Código Penal para garantizar la aplicación del Convenio. Tomamos nota con preocupación de los continuos desafíos relacionados con el proceso de registro de sindicatos, los criterios para ejercer como dirigente sindical, los obstáculos al derecho de huelga y las limitaciones a la libertad sindical en el sector público.

Instamos nuevamente al Gobierno a adoptar, sin demora, las reformas que fueron sometidas por consenso tripartito al Congreso de la República y a avanzar en la revisión de la legislación relativa a los sindicatos sectoriales y a las condiciones para la votación de la huelga.

La Unión Europea y sus Estados miembros seguiremos supervisando y analizando la situación y comprometiéndonos con nuestra estrecha cooperación y asociación con Guatemala en el cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud de los convenios de la OIT, centrándonos específicamente en convenios fundamentales como el presente convenio.

La Unión Europea reafirma su compromiso de seguir cooperando con Guatemala a través del programa de asistencia técnica en curso, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la OIT. Se mantendrá una estrecha cooperación con la OIT y los mandantes tripartitos nacionales para alcanzar los objetivos de este programa de asistencia técnica.

Miembro gubernamental, Colombia, interviniendo en nombre de una mayoría significativa de países de América latina y el Caribe - Agradecemos la información que el Gobierno de Guatemala ha tenido a bien presentar el día de hoy ante relativa a la aplicación del Convenio Recordamos que el Gobierno guatemalteco debe presentar información sobre este mismo convenio ante el Consejo de Administración en sus reuniones de octubre-noviembre por los tres años de duración del Programa de Cooperación Técnica titulado «Fortalecimiento de la Comisión nacional tripartita de relaciones laborales y libertad sindical en Guatemala para la efectiva aplicación de las normas internacionales del trabajo», para el cual se pidió financiación según la decisión (GB.340/INS/10), adoptada en octubre-noviembre de 2020.

Reconocemos el llamado del Gobierno de Guatemala hecho durante la presentación del primer y segundo informe anual sobre la aplicación de dicho programa a otros donantes para contribuir financiera y técnicamente a fortalecer los recursos y esfuerzos nacionales destinados a implementar el programa de cooperación técnica. Las acciones que se refirieron hoy ante esta comisión han sido financiadas con fondos propios del Gobierno y con fondos ubicados por la Oficina, provenientes de otros programas.

Una mayoría significativa de países de América Latina y el Caribe reconoce el compromiso de los mandantes guatemaltecos con el fortalecimiento de los procesos de negociación y consecución de acuerdos en el seno de la CNTRLLS y sus subcomisiones, priorizando el diálogo social y el respeto a las normas internacionales del trabajo.

Animamos a las autoridades de los tres poderes del Estado de Guatemala a continuar sus esfuerzos, compromisos y avances de la hoja de ruta, para consolidar el diálogo social, la labor desempeñada hasta ahora por la CNTRLLS y garantizar la aplicación del Convenio

Una mayoría significativa de países de América Latina y el Caribe considera que nuevamente el Gobierno de Guatemala es objeto de examen en varios espacios del sistema de control de normas de esta casa. La aplicación simultánea de mecanismos para tratar las mismas alegaciones relativas a un país podría debilitar el funcionamiento de los órganos de control de la Organización.

Miembro empleadora, Colombia - En primer lugar, el Grupo de los Empleadores rechaza decididamente todos los actos de violencia antisindical. Lamentamos profundamente las muertes denunciadas en los casos objeto de análisis. Sobre el particular, es importante resaltar que, a partir del año 2020, se acordó que Guatemala contaría con un programa de asistencia técnica que ayudaría a hacer seguimiento a la hoja de ruta.

Efectivamente, esa asistencia técnica ha dado frutos, y aunque siempre es deseable tener mejores resultados y contar con mayores recursos, sin duda es evidente que se han generado logros en materia de investigación y sanción en los casos de homicidios de personas del movimiento sindical. Estos logros se han traducido en estrategias de prevención de nuevas conductas delictivas de carácter antisindical.

En segundo lugar, la Comisión de Expertos se refiere a la impunidad en cuanto a la resolución y condena en los casos analizados en Guatemala. Frente a este tema, consideramos que la Comisión no debería considerar que la justicia solo opera cuando se producen sentencias condenatorias; también existe el desistimiento, la preclusión, el archivo de la investigación y la absolución, como formas de justicia, si se entiende por esta «la garantía que tienen los ciudadanos de obtener respuestas razonables y oportunas de las autoridades independientes, en relación con los hechos denunciados».

Es por lo anterior que vemos de manera positiva que se haya mejorado en materia de investigaciones, juicios y órdenes de captura por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial. Recalcamos que los órganos judiciales guatemaltecos son autónomos e independientes y hoy cuentan con mayor capacidad y conocimiento técnico en comparación con años anteriores. Son estos órganos, y no el Gobierno ni los empleadores, quienes han llevado a cabo las investigaciones pertinentes, las cuales han concluido que algunos casos responden a otras formas y dinámicas de violencia.

En tercer lugar, sobre el diálogo social en Guatemala, con el acompañamiento de la OIT, se ha profundizado en la construcción del diálogo tripartito. El tripartismo se ha consolidado mediante la realización de reuniones permanentes de la CNTRLLS; así como en diferentes instancias del Ministerio Público. En estos espacios participan de forma permanente representantes de organizaciones sindicales y empleadores.

Es necesario observar, además, que recientemente el Gobierno de Guatemala presentó ante el legislador un proyecto de reforma normativa que había sido consultado con interlocutores sociales para ajustar la legislación conforme a estándares internacionales.

En este sentido, consideramos que el Gobierno no puede garantizar, al menos no en tan poco tiempo, resultados que no dependen del Poder Ejecutivo sino de una órgano democrático, autónomo e independiente como lo es el Congreso de la República de Guatemala.

Finalmente, invitamos al Gobierno, trabajadores y empleadores a seguir transitando por el camino del diálogo social y de la negociación, que es, en definitiva, el de la reconciliación.

Miembro trabajador, Colombia - La violencia antisindical de Guatemala ha persistido a través de los años y, de acuerdo con los últimos informes, esta situación ha aumentado significativamente, lo que se comprueba con el reciente homicidio del compañero Sr. Hugo Eduardo Romero, quien se desempeñaba como secretario de conflictos del sindicato obrero en una empresa portuaria, hecho que fue objeto de pronunciamiento en el Informe de la Comisión de Expertos en 2022.

Este asesinato se suma a los más de 100 casos de compañeros sindicalistas guatemaltecos víctimas de la violación antisindical que han quedado en la impunidad.

En su informe, la Comisión de Expertos le solicitó al Gobierno la investigación, sin demora, de todos los actos de violencia en contra de dirigentes sindicales por el ejercicio de su actividad, así como en proporcionar protección eficaz a los dirigentes sindicales que se encuentran en situación de riesgo.

Sin embargo, y pese a que el Gobierno informara en sus memorias sobre los avances de los procesos judiciales de los homicidios de nuestros compañeros, sobre el aumento significativo del presupuesto a la fiscalía especializada en estos delitos y sobre el programa de protección, lo cierto es que estas medidas no han sido suficientes para garantizar el debido ejercicio del derecho de libertad de asociación.

Al respecto, vale la pena destacar lo que recordó Comisión de Expertos en el informe sobre el principio de libertad sindical en relación a este caso: «los derechos sindicales solo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o amenazas de toda índole contra sindicalistas y que incumbe al Gobierno garantizar el respeto de este principio».

Por lo anterior, instamos al Gobierno guatemalteco a cumplir con este mandato, garantizando el libre ejercicio del derecho de asociación y esclareciendo a través de las autoridades competentes los homicidios, tanto antiguos como los más recientes, de dirigentes sindicales que han sido víctimas de actos de violencia, para que exista una efectiva justicia para sus familias y el movimiento sindical guatemalteco.

En este marco, y en aras de evitar cualquier nuevo acto de violencia antisindical, instamos al Gobierno a brindar una protección adecuada a todos los dirigentes sindicales y a dar un nuevo impulso para el cumplimiento de la hoja de ruta aprobada en 2013.

Miembro empleador, Honduras - Nos vuelve a extrañar que en el presente año se vuelva a llamar a Guatemala a revisión por el Convenio, ya que como se conoce en esta sala, desde el año 2020 se le asignó a este país un programa de asistencia técnica y el propio Consejo de Administración pidió un seguimiento de dicho programa y una evaluación de los indicadores de la hoja de ruta.

Sin perjuicio de lo anterior, podemos expresar que: 1) lamentamos la violencia generalizada en Guatemala, ya que lo sufren todos los guatemaltecos, pero hemos visto los avances de la intervención progresiva y sostenible del Ministerio Público para la investigación y el castigo de las muertes que se han señalado; 2) hemos visto los avances en el cumplimiento de la hoja de ruta gracias al diálogo social y el tripartismo, pero es importante volver a señalar que deben de participar todos los sectores para ver los avances y el éxito de la hoja de ruta; se ve, por tanto, con agrado, la reinstalación judicial de los trabajadores guatemaltecos en los puestos de trabajo, y 3) hemos visto el avance en la discusión de la reforma de la legislación, el cual toma tiempo y mucha discusión, pero consideramos que va por buen camino y por ello instamos a los sectores a mantener el diálogo social para lograr la aprobación de esa legislación con el apoyo de la OIT.

Hacemos un llamado a todos los sectores a que sigan con fe y esperanza, con el apoyo de la OIT, para el avance efectivo de la hoja de ruta y mantener el diálogo social tripartito para mantener la paz social de Guatemala. Solo pedimos a esta comisión que demos un apoyo a los sectores para lograr lo planteado en esa hoja de ruta aceptada de manera tripartita.

Miembro trabajador, Perú - Vemos en el caso de Guatemala una situación muy grave, que han venido denunciando durante años los dirigentes sindicales, sin encontrar solución efectiva por parte de las autoridades de su país y que ahora han reiterado en esta comisión los miembros de la delegación sindical de dicho país.

La justicia que tarda no es justicia. Preocupa la falta de voluntad del Gobierno para garantizar la seguridad y la vida de los y las sindicalistas, quienes vienen siendo objeto de vulneración de su derecho humano a la vida y su derecho humano al libre ejercicio de la libertad sindical. Todo indica que continúan los crímenes y las amenazas contra la vida de sindicalistas sin la acción oportuna del Estado a través de sus instituciones tutelares. Al atentarse contra la vida de los dirigentes sindicales de Guatemala, sin una acción eficaz del Gobierno, se vulnera de forma grave el Convenio, así como la misma Declaración Universal de Derechos Humanos.

Con la impunidad se genera un duro golpe a la masa trabajadora afiliada, quienes comienzan a percibir que, por ejercer el derecho de libertad sindical, tu vida estará en riesgo permanentemente, y esto afecta al propio desempeño de las funciones sindicales de llevar adelante una gestión en beneficio de la clase trabajadora. Consideramos, asimismo, grave estos hechos, porque, a pesar de las innumerables oportunidades en que las instituciones tutelares en el seno de la OIT han denunciado estos crímenes y la falta de acción oportuna de las autoridades, estas conclusiones y recomendaciones no han sido tomadas en cuenta.

Con las elecciones que se desarrollarán en pocos días en Guatemala y la toma de mando de nuevas autoridades, instamos a la Comisión para que remita comunicación oficial anunciando la visita de una comisión de encuesta que ha invocado la delegación sindical y que nosotros respaldamos.

Miembro gubernamental, Suiza - Suiza está preocupada por el clima de violencia y represión contra los sindicalistas reinante en Guatemala. Las amenazas y los actos de violencia de los que son objeto los representantes de las organizaciones de trabajadores constituyen graves vulneraciones de los derechos fundamentales reconocidos por el Convenio. Suiza condena estos actos y recuerda que los trabajadores deben poder ejercer sus derechos sindicales sin sufrir daños físicos o psicológicos. Suiza ha tomado nota del aumento del presupuesto asignado a la fiscalía especializada en delitos contra el personal judicial y los sindicalistas. Deseamos subrayar la importancia del acceso a una justicia independiente y libre de toda restricción.

Suiza recuerda también que los trabajadores deben poder asociarse libremente, sin que este proceso se vea obstaculizado. En este sentido, pedimos al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar plenamente el derecho de asociación.

El Gobierno de Suiza toma nota de la información proporcionada por Guatemala, en particular del fortalecimiento de las medidas de prevención y protección frente a la violencia antisindical, así como del aumento de las investigaciones y decisiones judiciales sobre casos relacionados con la muerte de representantes sindicales. Alentamos al Gobierno de Guatemala a proseguir y redoblar sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los sindicalistas al ejercer sus derechos. Suiza expresa su esperanza de que el Gobierno lleve a cabo las acciones prioritarias identificadas por la misión conjunta de la OIT, la OIE y la CSI para asegurar la aplicación, en la legislación y la práctica, del Convenio.

Miembro empleadora, Costa Rica - En este momento consideramos relevante apoyar y resaltar los aciertos que el Gobierno de Guatemala, de la mano del diálogo social, ha logrado.

Como ya hemos indicado antes, sabemos que esta herramienta tiene como consecuencia resultados exitosos que permiten solucionar temas de índole laboral, social y económico. Guatemala ha logrado encontrar soluciones prácticas y reales para la problemática que se le presenta, siguiendo a su vez las sugerencias de la Comisión de Expertos y el Consejo de Administración de la OIT.

Resaltamos las acciones legislativas que el Gobierno de Guatemala ha impulsado a lo largo de estos últimos años, tales como, en primer lugar, la solicitud de la CNTRLLS de la creación de dicho espacio mediante ley, lo cual debe considerarse como un gran avance. En segundo lugar, por seguir la recomendación derivada de la misión en conjunto de la OIT, la OIE y la CSI, y, en tercer lugar, porque el fortalecer una instancia tripartita mediante una ley de la República, cuya finalidad es ser un espacio de diálogo que trabaja para promover el cumplimiento de los compromisos internacionales garantiza su sostenibilidad en el tiempo y le otorga seguridad jurídica. Esta comisión, a su vez, se encuentra integrada por tres Subcomisiones que han logrado grandes avances en la materia, la Subcomisión de cumplimiento de la hoja de ruta, la Subcomisión de mediación y resolución de conflictos y la Subcomisión de legislación y política laboral. En cuarto lugar, está la discusión de la reforma legislativa en materia de sindicato de sector y negociación sectorial. De conformidad con los acuerdos tripartitos de marzo y agosto de 2018 considerando lo establecido por el Convenio y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), esta es información que el Gobierno ha estado orientando conforme a la solicitud que se le realizó.

Es con este tipo de medidas tomadas con los interlocutores sociales a través del diálogo social y con asistencia técnica de la OIT, se espera alcanzar la armonización entre la legislación nacional y la internacional, logrando además fortalecer la institucionalidad de la CNTRLLS.

Resaltamos los avances en la reforma a la legislación ya que son positivos, dan seguridad jurídica a todas las partes y poseen apoyo de los sectores. Sabemos que hacer cambios al ordenamiento jurídico especialmente si se trata de leyes es un proceso lento que requiere mucho diálogo, propuestas, acuerdos y soluciones para un bien mayor; sin embargo, es mejor hacerlo despacio y correctamente, ya que crear leyes con el único objetivo de buscar una solución fácil y rápida a problemas sumamente delicados, crea el riesgo de crear normas que no tienen una aplicación práctica.

Instamos al Gobierno de Guatemala a continuar con todas las acciones que ha realizado hasta el momento de buena fe y con voluntad, de la mano de una de las herramientas más importantes para lograr avances reales que se mantengan en el tiempo: el diálogo social.

Miembro gubernamental, Canadá - La libertad sindical, tal como se ha ideado y concebido en el Convenio, solo puede ejercerse eficazmente en un clima exento de violencia, intimidación o amenazas de cualquier tipo.

Corresponde a los Gobiernos garantizar el respeto de este principio. Sin embargo, durante más de quince años, la Comisión de Expertos, el Consejo de Administración y esta comisión han examinado alegatos relativos a graves actos de violencia contra dirigentes sindicales en Guatemala, incluso asesinatos de dirigentes sindicales.

Si bien agradecemos al Gobierno la nueva información proporcionada a la Comisión, deseamos reiterar que todos los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sociales deben investigarse seriamente y que, en su caso, debe sancionarse a sus autores, con objeto de poner fin al clima de impunidad en Guatemala y garantizar una protección real de los trabajadores y sus representantes.

El Canadá valora los resultados de la misión conjunta dirigida por la OIT, la OIE y la CSI para dar seguimiento a la hoja de ruta aprobada por el Gobierno de Guatemala en 2013. El Canadá señala que esta misión ha dado un nuevo impulso a la hoja de ruta, especialmente con respecto a la reforma de la legislación laboral recomendada por la Comisión de Expertos desde hace más de un decenio.

Si bien reconoce los esfuerzos del Gobierno y de los interlocutores sociales en los últimos años, sigue siendo evidente que queda mucho por hacer, en particular para poner fin a la impunidad y la violencia contra los líderes sindicales.

El Canadá pide al Gobierno guatemalteco que dé prioridad a la protección efectiva de todos los dirigentes sindicales y trabajadores en situación de riesgo y continúe trabajando en este ámbito, con el fin de prevenir todo acto de violencia antisindical; luchando por la consecución de avances tangibles en la revisión de la legislación relativa a los sindicatos sectoriales y las condiciones de votación de una huelga; y velando, finalmente, por la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre el derecho a la libertad de asociación desarrolladas en consulta con los interlocutores sociales.

Asimismo, el Canadá pide una protección eficaz de los dirigentes sindicales y alienta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para llevar ante la justicia a los autores de delitos contra dirigentes sindicales lo antes posible y de conformidad con los principios del Estado de derecho.

Animamos con encarecimiento al Gobierno de Guatemala a que siga colaborando estrechamente con la OIT y a que solicite su asistencia técnica cuando sea necesario.

Miembro trabajador, República Bolivariana de Venezuela - Hemos tomado nota y recibido información por parte del delegado de los trabajadores de Guatemala sobre las observaciones presentadas por el bloque autónomo global de los trabajadores de ese país en cuanto a el reiterado incumplimiento de la hoja de ruta y el acuerdo tripartito suscrito por parte del Gobierno de Guatemala, el sector de los empleadores y los trabajadores sobre los Convenios núms. 87, 98 y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).

En este sentido la delegación de trabajadores de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores (CBST) de la República Bolivariana de Venezuela, quiere solicitar que se aceleren las acciones por parte de la OIT para continuar con el programa de asistencia y cooperación técnica y avanzar en la hoja de ruta. Es importante mencionar que, a pesar de los esfuerzos realizados por la Oficina de la OIT, desde que se suscribió el acuerdo tripartito, los hechos que lo motivaron se han incrementado exponencialmente. Van más de 100 asesinatos de dirigentes sindicales que no han sido aclarados por las autoridades de Guatemala. Han aumentado también las amenazas a los dirigentes sindicales y a algunos miembros de la CNTRLLS. Los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela nos solidarizamos con los trabajadores de Guatemala y solicitamos a la OIT acciones contundentes a través de una comisión de encuesta para poner freno a esta grave situación.

Miembro gubernamental, Estados Unidos de América - Esta es la segunda vez que la Comisión de la Conferencia discute el cumplimiento del Convenio por parte del Gobierno de Guatemala desde que se archivó el procedimiento de queja de larga data presentado en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT ante el Consejo de Administración de noviembre de 2018. Agradecemos al Gobierno por proporcionar información adicional a esta comisión en respuesta a las recientes observaciones de la Comisión de Expertos y a la discusión del año pasado.

El Gobierno informa sobre diversas medidas que ha adoptado para abordar cuestiones y recomendaciones persistentes, en particular los esfuerzos para aplicar la hoja de ruta de 2013, el acuerdo tripartito de marzo de 2018 y el seguimiento de la misión conjunta tripartita de septiembre de 2022 al país.

Tomamos nota de que el Gobierno informa de un aumento significativo del presupuesto asignado a la Fiscalía Especial de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, de la coordinación continua con el Ministerio Público para proporcionar medidas de protección a los sindicalistas en situación de riesgo, y de la puesta en marcha de procedimientos mejorados para la expedición de credenciales sindicales. Acogemos con agrado estas medidas como pasos iniciales y parciales.

Al mismo tiempo, seguimos sumamente preocupados por la falta de progresos en cuestiones y recomendaciones clave. Tomamos nota de que la Comisión de Expertos expresa su preocupación por la persistencia, en la legislación y en la práctica, de graves violaciones del Convenio. La Comisión de Expertos lamenta que, desde 2005, esté examinando alegaciones de graves actos de violencia contra dirigentes y miembros sindicales, incluidos numerosos asesinatos y situaciones de impunidad.

La Comisión de Expertos también toma nota de la falta de progresos en las enmiendas legislativas necesarias para eliminar los obstáculos al derecho de huelga de los trabajadores, facilitar la creación de sindicatos sectoriales y permitir que los trabajadores no guatemaltecos puedan ser elegidos dirigentes sindicales, entre otros.

Pedimos al Gobierno que aplique plenamente todas las recomendaciones pendientes de los diversos órganos de control de la OIT. A tal fin, instamos a que se tomen medidas inmediatas y eficaces para: mejorar los procesos de investigación y aumentar los procesamientos de los responsables de actos de violencia y asesinatos contra sindicalistas; reconocer las amenazas, la intimidación y el acoso contra sindicalistas como actos de violencia; crear un entorno seguro y propicio que permita a todos los trabajadores ejercer libremente sus derechos, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores; adoptar una legislación que armonice con las normas internacionales del trabajo sobre libertad sindical y derecho de negociación colectiva, incluida la institucionalización de la CNTRLLS, y hacer efectiva la decisión sobre el derecho de huelga que se alcanzó por consenso tripartito; seguir mejorando el sistema de registro de sindicatos y convenios colectivos; y garantizar que se apliquen sin demora las medidas de reparación tras despidos antisindicales o represalias.

Esto requerirá que el Gobierno dote a la inspección de trabajo de recursos adicionales para operar eficazmente en todas las regiones del país, especialmente en los sectores de la agricultura y la maquila, donde persisten las violaciones de la legislación laboral relacionadas con la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.

Los Estados Unidos siguen muy comprometidos en su trabajo con el Gobierno para promover los derechos de los trabajadores reconocidos internacionalmente en Guatemala, incluso a través del plan de trabajo conjunto del Departamento de Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), así como mediante proyectos financiados por el Departamento de Trabajo para ayudar a mejorar la aplicación de la legislación laboral. También instamos al Gobierno a seguir trabajando en estrecha cooperación con la OIT, los interlocutores sociales y otros socios pertinentes.

Miembro empleador, Estado Plurinacional de Bolivia - De manera recurrente, esta comisión ha venido tratando desde el año 2000 la discusión del caso de Guatemala por el incumplimiento del Convenio. En tal contexto, debe considerarse por descontado y que resulta absolutamente inaceptable que puedan existir asesinatos y por supuesto quienes fueran responsables de tales y delictuosos hechos deben ser sancionados con todo el rigor de la ley.

Sin embargo, es también evidente que este tipo de hechos tan sensibles debe motivar una política integral de prevención para evitar cualquier forma de delito, lo que no solamente pasa por establecer el número de sentencias condenatorias que se hubieran emitido, sino que debe atacarse el origen y el fondo del problema determinando las causas que hubieran podido originar estos hechos. En ese marco, existen indicadores que permiten evidenciar que Guatemala tiene importantes avances en la opción de medidas que buscan otorgar mayor protección a la dirigencia sindical. Siendo muestra de ello la existencia de instancias especializadas en la protección de los dirigentes sindicales, no solo a nivel de la Fiscalía para fines investigativos, sino también para efectos de prevención y protección a través del Ministerio de Gobierno, medidas que no son habituales en otros países, pero que se entiende que fueron desarrolladas en Guatemala precisamente para poder responder a la necesidad de avanzar en la lucha contra los actos delictivos en contra de la dirigencia sindical.

Debemos ser conscientes de que, si bien sería idóneo, no existe una fórmula mágica para acabar de un día para otro con la delincuencia en general, sino que, por el contrario, sería el contrario el resultado de un proceso que, en su mayoría, comprende un largo periodo de tiempo hasta promover la concienciación de toda la población.

Estoy seguro de que todos deseamos que Guatemala pueda alcanzar todos los objetivos que se han planteado en este tema. Por todo lo dicho, debemos alentar para que las autoridades de Guatemala y todos sus actores puedan continuar con los avances que se han venido haciendo en la lucha contra todos los actos delictivos que originaron las reiteradas observaciones a la forma de aplicación del Convenio.

Miembro Trabajador, España - Intervengo también en nombre de la Federación Nacional de Sindicatos (FNV) de los Países Bajos y la Central Nacional de Sindicatos (TUC) del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Guatemala es, lamentablemente, un caso recurrente en las últimas décadas en esta comisión. Como se ha mencionado aquí por todas las partes, los asesinatos de sindicalistas son el punto culminante del contexto antisindical en Guatemala, cuyo fondo es la ausencia de libertad sindical. Como bien recoge el Informe de la Comisión de Expertos, las violaciones a la libertad sindical en Guatemala abarcan una amplia gama de situaciones además de la violencia y los altos niveles de impunidad. Voy a centrarme en uno de estos aspectos, que es la falta de cumplimiento de las ordenes de reinstalación.

La misión conjunta de la OIT, la OIE y la CSI del pasado año confirmó la existencia de una conjunción de factores legales, institucionales y prácticos que obstaculizan el efectivo funcionamiento de la justicia en materia de discriminación antisindical en general, y en el cumplimiento de las órdenes de reinstalación, en particular.

Por su parte, tras la discusión del caso de Guatemala del pasado año, la Comisión de Expertos fue enfática respecto de la situación comprobada del contexto antisindical en el país, deplorando y lamentando no solo la violencia e impunidad, sino también pidiendo al Gobierno de Guatemala que tomara medidas para «garantizar que las decisiones judiciales de reincorporación al empleo tras los despidos antisindicales se ejecuten sin demora»; pero, la situación en Guatemala sigue sin mejorar, existen incluso casos en que los trabajadores continúan esperando la reinstalación en sus puestos de trabajo después de casi cinco años de ser dictada la disposición. El incumplimiento de las órdenes judiciales de reinstalación es una práctica llevada a cabo tanto en el sector privado como en el público, especialmente, por parte de los gobiernos locales.

Quiero recordar que este asunto de la reinstalación forma parte de la hoja de ruta presentada por el Gobierno de Guatemala tras consultas con los interlocutores sociales y bajo el auspicio de la OIT.

Precisamente, el punto 7 de la hoja de ruta refiere que «es importante y urgente que las sentencias de los tribunales laborales sean cumplidas y ejecutadas» y entre las acciones que contemplaba la hoja de ruta se incluye que la unidad de verificación de reinstalaciones debería garantizar el cumplimiento de las sentencias. El plazo que la hoja de ruta establecía para esta acción era de 60 días; han pasado esos 60 días; en realidad, aproximadamente, han pasado 4 000 días.

Los sindicalistas de Guatemala, conviviendo con la violencia y la impunidad que ya es cotidiana, han demostrado un admirable compromiso con la búsqueda de soluciones para garantizar el cumplimiento del Convenio; pero, lamentablemente, resulta evidente la falta de compromiso del Gobierno guatemalteco con la cuestión del cumplimiento y ejecución de las sentencias de reinstalación.

Por estas razones, pedimos a la Comisión que inste con la mayor de las exigencias al Gobierno de Guatemala a cumplir con lo dispuesto en el Convenio.

Por último, quiero recordar que la última vez que tuvimos la ocasión de hablar con el compañero y amigo Sr. Carlos Macilla, nos hablaba de las amenazas recibidas por él y por su familia. En su recuerdo y por el ejemplo que nos dio.

Miembro gubernamental, República Dominicana - Saludamos los esfuerzos gubernamentales hoy apoyados por el Ministerio Público, para el cumplimiento del Convenio, e instamos a que continúe redoblando los esfuerzos hasta alcanzar a cumplir con la aplicación total del Convenio.

Miembro trabajadora, República de Corea - Guatemala y Corea celebraron el año pasado sesenta años de relaciones diplomáticas. Guatemala es el mayor mercado de productos coreanos en Centroamérica y la industria textil representa alrededor del 80 por ciento de las inversiones surcoreanas en Guatemala. Alrededor de 150 fábricas textiles y de confección son propiedad de coreanos. Pero es precisamente este sector el que ha sido testigo de algunas de las violaciones más graves contra trabajadores y sindicalistas. En 2015, la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU) y las ONG coreanas de derechos humanos realizaron conjuntamente una investigación de campo sobre las violaciones de los derechos humanos y de los derechos sindicales en Guatemala. En aquel momento, se denunciaron numerosas violaciones, como el impago de salarios o el pago por debajo del salario mínimo, el impago de las cotizaciones a la seguridad social tras descontárselas a los trabajadores, la obligación de trabajar durante largas jornadas y las malas condiciones sanitarias. En algunos casos, los propietarios han cerrado sus fábricas, las han reabierto con distintos nombres y han llevado a cabo despidos masivos como medio de eludir las responsabilidades legales con sus trabajadores. Sin embargo, como se ve en el Informe de la Comisión de Expertos, estas violaciones de la ley y la vulneración de los derechos de los trabajadores, son realmente persistentes hasta hoy, incluso en las fábricas de confección de propiedad coreana. En abril de este año, cuando 300 trabajadores de una fábrica de propiedad coreana intentaron organizar un sindicato, la dirección inició una campaña antisindical y una caza de brujas para encontrar a los trabajadores que expresaron sus problemas a la hora de constituir un sindicato. En otra fábrica, donde 40 miembros y dirigentes sindicales fueron despedidos en 2013 y siguen sin ser readmitidos, la dirección se negó a firmar un convenio colectivo, a pesar de una orden judicial de un tribunal de arbitraje por la que se obligaba a la empresa a finalizar o aplicar el convenio. Otro ejemplo: cuando los trabajadores constituyeron un nuevo sindicato en 2022, y la empresa se negó a conceder el permiso sindical, a pesar de que está garantizado por la ley. El resultado es que, como ha sido ampliamente notificado por la Comisión de Expertos, la tasa de sindicalización en el sector es inferior al 1 por ciento y solo se ha conocido un convenio colectivo en el sector de la maquila en los últimos años. El Gobierno debe cumplir, sin demora, su compromiso con la OIT de eliminar todos los obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales y de la negociación colectiva en el sector de la maquila e intensificar las iniciativas para la promoción efectiva de estos derechos.

Miembro empleador, Panamá - Tal como expresó el señor Ministro de la República de Guatemala, este es un asunto que hemos venido abordando desde tiempo atrás, por lo que es un caso en seguimiento con avances significativos que no podemos dejar de reconocer. En ese sentido, el Gobierno ha expresado de manera clara que lamenta la muerte que ha ocurrido producto de la violencia generalizada en el país. Esa violencia generalizada no solo la han sufrido los sindicalistas sino también empresarios y la población en general.

Dentro de esta situación hemos visto los avances progresivos y sostenidos reportados por el Ministerio Público en la investigación de los casos denunciados. Y en base a esas investigaciones el Ministerio Público ha dictado, en 2020, 25 sentencias; en 2021, 28 sentencias, y entre 2022 a febrero de 2023, ha dictado 37 sentencias. Es importante destacar que la República de Guatemala constituye en un Estado de derecho, donde todos están sometidos a la Constitución y la ley. En ese sentido, el Ministerio Público tiene libertad para investigar todos los casos que ocurran en el país.

Del mismo modo, los procesos jurisdiccionales se han llevado bajo el principio del debido proceso, donde todas las partes tienen libertad e igualdad probatoria y de contradictorio. Todas las sentencias dictadas han sido proferidas en base a los principios de independencia judicial, de modo que han sido dictadas por tribunal competente, en base a las pruebas, y con fundamento en la ley. Estamos seguros de que la Comisión de Expertos no busca que el órgano ejecutivo influya en los casos que investiga el Ministerio Público. Ni que el órgano Judicial juzgue a favor o en contra. Eso sería romper el principio de separación de poderes, fundamental para el Estado de derecho y la vida en sociedad.

El Gobierno ha demostrado aquí con la presencia del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, que ha hecho avances significativos, por lo que este caso es un caso en progreso y consideramos que así debe ser reflejado en las conclusiones.

Miembro trabajador, Botswana - Hablo en nombre de los trabajadores de Botswana y el Grupo Sindical de la Commonwealth se suma a esta declaración. Según el Índice de los Derechos de los Trabajadores de la CSI, el clima de violencia contra los sindicalistas le ha valido a Guatemala la infame distinción de ser el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. Las repercusiones del clima de violencia contra los sindicalistas en Guatemala se extienden mucho más allá de sus fronteras. De hecho, el mundo está observando, y la comunidad internacional es muy consciente de las atrocidades que tienen lugar en Guatemala. Incluso en Botswana, un país situado a miles de kilómetros de distancia, la difícil situación de los sindicalistas guatemaltecos no ha pasado desapercibida. Las noticias sobre la violencia, la intimidación y la denegación de los derechos básicos de los trabajadores resuenan en toda la comunidad mundial, recordándonos la urgencia de abordar esta cuestión acuciante. Se trata de un clima en el que expresar la disidencia, defender mejores condiciones de trabajo y luchar por los derechos de los trabajadores puede acarrear acoso, amenazas y, a menudo, la muerte.

Además, debemos destacar las reiteradas violaciones del Convenio por parte de Guatemala. Cada año nos enteramos de las graves violaciones señaladas por la Comisión de Expertos y esta comisión. Al atacar a los sindicalistas y someterlos a la violencia, Guatemala ignora de manera flagrante los principios consagrados en el Convenio. No solo es un incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, sino también una traición a los trabajadores que luchan por una sociedad justa e igualitaria. Pedimos al Gobierno guatemalteco que tome medidas inmediatas y eficaces para proteger a los sindicalistas, investigar y procesar a los responsables de la violencia y la intimidación, y crear un entorno en el que los derechos de los trabajadores puedan ejercerse sin miedo. Por último, el Gobierno debe cumplir su compromiso de aplicar plenamente la hoja de ruta de la OIT, introduciendo salvaguardias y mecanismos que protejan los derechos de los trabajadores, promuevan el diálogo y fomenten una cultura de respeto a los sindicatos.

Miembro trabajador, Estados Unidos de América - Una vez más, esta comisión está discutiendo el continuo y flagrante incumplimiento del Convenio por Guatemala. A pesar de décadas de compromiso de los mecanismos de control de la OIT, de los proyectos de asistencia técnica y del compromiso bilateral de varios Estados Miembros, los guatemaltecos continúan poniendo en riesgo sus vidas y medios de subsistencia por apoyar a los sindicatos. En agosto de 2022, Hugo Eduardo Gamero González, de 45 años, secretario de conflictos del Sindicato Nacional de Trabajadores Portuarios, fue asesinado en un tiroteo selectivo. Como se ha indicado, es solo el último de los más de 100 sindicalistas asesinados desde 2005. Más allá de la cuestión relativa a la violencia, el Gobierno de Guatemala aún no ha adoptado las reformas legislativas señaladas por la Comisión de Expertos para abordar los obstáculos a la constitución de sindicatos sectoriales y garantizar el derecho de huelga a los trabajadores del sector público.

Además, los despidos antisindicales en los sectores público y privado siguen siendo un grave problema. En los raros casos en los que se mantienen las órdenes judiciales de reincorporación, los empresarios las ignoran sistemáticamente sin consecuencias. Acogemos con agrado el renovado interés en completar la hoja de ruta establecida que surgió de la misión conjunta OIT-OIE-CSI de 2022. Sin embargo, también advertimos que en los últimos veinte años hemos visto a sucesivos Gobiernos guatemaltecos comprometerse con una serie de hojas de ruta y planes de acción que finalmente no se cumplieron. En consecuencia, la responsabilidad debe recaer directamente en el Gobierno para demostrar por qué esta vez será diferente. Para concluir, instamos a esta comisión a adoptar conclusiones y recomendaciones firmes que exijan al Gobierno la demostración de progresos tangibles y a garantizar el derecho de libertad sindical de los trabajadores en Guatemala.

Observador, Internacional de Servicios Públicos (ISP) - Hablo en nombre de la ISP y de las siete organizaciones sindicales de los servicios públicos de Guatemala afiliadas a la ISP. El caso de Guatemala es —como ya lo mencionaron otros intervinientes— un caso recurrente en esta comisión, en el que se han venido discutiendo severas violaciones de la libertad y los derechos humanos. Reclamos que no han sido debidamente atendidos, acompañados ni resueltos por los distintos Gobiernos de Guatemala en los últimos años.

Por el contrario, desde que el 3 de diciembre de 2019 fuera expulsada del país la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ha habido una involución, y desde entonces todo ha sido aún más cuesta arriba para la clase trabajadora y el pueblo en general. A las condiciones de pobreza y migración extremas le debemos añadir la persecución tanto a los medios independientes que informan sobre la realidad nacional y la corrupción, así como a los pocos jueces y fiscales que en su momento se han atrevido a dictar sentencias contra los que siembran el terror y se consideran dueños del país.

Todos los dirigentes de las organizaciones afiliadas a la ISP han venido denunciando en los últimos años casos de amenazas, acoso, despidos, cancelación arbitraria de convenios colectivos, campañas mediáticas en su contra y —cuando todo esto no ha funcionado— procesos penales fabricados con el objeto de desmantelar las organizaciones e intimar a los trabajadores que luchan por los derechos de los trabajadores y denuncian casos de corrupción.

Los Gobiernos de turno nunca han cumplido —y nunca han tenido la intención de cumplir— con la hoja de ruta con la que la OIT les benefició para desactivar la comisión de encuesta. Si bien en su momento celebramos la audacia de la Organización para buscar mecanismos alternativos que posibiliten el cumplimiento de los convenios de la OIT, hoy lamentamos el tiempo perdido y, sobre todo, haber confiado en interlocutores sociales que nos han tomado del pelo.

Hoy esa hoja de ruta para nosotros está muerta. Démosle sagrada sepultura en esta sesión, confiando en que en las próximas reuniones del Consejo de Administración pueda ser reactivada la comisión de encuesta que investigue los graves casos de violación a la libertad sindical y los derechos humanos que ocurren en Guatemala.

Señores del Gobierno, no podemos ser meros observadores sobre la afectación del bien jurídico más preciado —que es la vida— y debemos garantizar la libertad sindical y obviamente el trabajo decente que garantiza y auspicia la OIT.

Representante gubernamental - Nuevamente me permito hacer el uso de la palabra para manifestar que escuché con detenimiento e interés las intervenciones de los representantes gubernamentales, empleadores y trabajadores. Agradezco los comentarios que reconocen los avances del Gobierno. Señalo que entendemos sus preocupaciones, lamentamos profundamente la muerte de los líderes sindicales y sindicalistas, y compartimos la importancia de asegurar el respeto de los derechos sindicales tanto de iure como de facto.

Por ello, hemos aportado y mantenido un diálogo social tripartito propositivo, y como miembro corresponsable del cumplimento de la hoja de ruta y con atención a los comentarios de la Comisión de Expertos en virtud del Convenio, hemos sido firmes y constantes en redoblar esfuerzos para actuar con determinación en las acciones que permitan avanzar en el cumplimiento del Convenio, particularmente en los derechos sindicales y libertades públicas, en las cuestiones legislativas y en la aplicación del Convenio en la práctica.

Conscientes de que aún tenemos retos y desafíos aún pendientes por concluir según la hoja de ruta prevista en virtud del Convenio, confiamos en que se cumplirán, y para ello será indispensable seguir construyendo sobre el diálogo; y que las instituciones estatales, acatando la legislación, continúen adoptando las medidas que les permitan continuar obteniendo los resultados tangibles requeridos, atendiendo a los plazos señalados por la misión conjunta que figuran en el documento GB.346/INS/10 para las acciones prioritarias y continuadas identificadas con sujeción siempre al imperio de la ley.

Para alcanzar esos resultados será necesario contar con el acompañamiento de los interlocutores sociales y con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo ante quien reiteramos la solicitud de asistencia técnica bajo el programa de cooperación técnica denominado «Fortalecimiento de la CNTRLLS en Guatemala para la efectiva aplicación de las normas internacionales del trabajo» en aquellos aspectos que permitirían concluir exitosamente con lo adoptado por el Consejo de Administración en noviembre de 2022.

Me permito recordar a mis compañeros mandantes que estamos respetando los puntos definidos por la misión conjunta en su visita a nuestro país en septiembre de 2022, así como su cronograma para la totalidad del año en curso en tanto se materializa la asistencia técnica.

El Gobierno ha enfocado sus esfuerzos técnicos y financieros en temas relativos a: 1) la inscripción de organizaciones sindicales en el registro público de sindicatos que se efectúa con estricto apego a la legalidad y tal como lo ha manifestado la Comisión de Expertos en sus observaciones. Se ha mantenido un diálogo continuo con los sectores en el seno de la Subcomisión de cumplimiento de hoja de ruta, la CNTRLLS. Cabe señalar que el Ministerio de Trabajo ha guardado la confidencialidad sobre quiénes se han sindicalizado, con lo que se previene el riesgo de inclusión de sindicatos en un listado que evidencie su actividad sindical, y 2) el fortalecimiento del Ministerio Público con capacitación en la instrucción 1-2015 a nivel de toda la República de Guatemala para sensibilizar a los fiscales sobre los objetivos de la misma, así como el tratamiento de las denuncias recibidas en el interior para dar inicio a las primeras diligencias investigativas y responder a la realidad con el proceso penal a raíz de que el Ministerio Público tiene ahora oficinas en todo el país.

Reconocemos y reafirmamos que es necesario enfocar los esfuerzos tripartitos en una dinámica nacional con una ruta estratégica a mediano y largo plazo, que trascienda el corto plazo con el que se ha venido discutiendo en los órganos de control de la OIT y permita obtener resultados sostenibles en el marco de una realidad de país, sabiendo que los procesos de generación de confianza y los resultados mismos de estos conllevan un tiempo que puede extenderse más de lo que quisiéramos. Sin embargo, reiteramos nuestro compromiso en continuar esforzándonos para afrontar los retos que tenemos por delante privilegiando el espacio tripartito, respetando el rol de cada constituyente y que el Gobierno continúe redoblando los esfuerzos hasta alcanzar lo comprometido.

Guatemala se esfuerza por mantener relaciones constructivas con los interlocutores sociales y mantener informada a la misión conjunta en reuniones y con informaciones escritas del avance y cumplimiento de las acciones inmediatas y continuadas que realizamos. Ello para garantizar el cumplimiento y las muestras de nuestra dedicación y compromiso ante el Convenio, en los que se ha indicado su constante avance ante la CNTRLLS, señalando que, aunque avanzamos en la velocidad que la legislación y la realidad nacional de nuestro país nos permite, estamos y vamos por el camino correcto.

Estar de acuerdo o no con los avances mostrados y aún con un juicio de valor que cada sector les facilite a los progresos evidenciados, debemos considerar importante el reconocimiento del papel constructivo que juega la CNTRLLS, que de por sí ya es un logro, con el acompañamiento de la Organización Internacional de Empleadores, la Confederación Sindical Internacional y la OIT, en todos estos procesos.

Manifestamos la necesidad de seguir construyendo confianza para consolidar un verdadero diálogo social en nuestro país acompañado de muestras constantes de voluntad política en la atención a las observaciones de la Comisión de Expertos al Convenio, así como en la medición de la hoja de ruta por medio de los indicadores clave y a los puntos referidos por la misión conjunta adoptados por el Consejo de Administración en su 346.ª reunión (octubre-noviembre de 2022), lo cual se ha informado ante el Consejo de Administración de la OIT y se continuará informando bajo el programa de asistencia y cooperación técnica, disposición adoptada en la 340.ª reunión (octubre-noviembre de 2020).

Reitero enérgicamente que Guatemala es respetuosa de los derechos laborales, y recalco que realiza los máximos esfuerzos para atender obligaciones internacionales señaladas. Se encuentra atenta a que tripartitamente se alcancen propuestas retadoras e innovadoras y que se alcancen consensos que presenten soluciones a las necesidades y preocupaciones de la población guatemalteca en el mundo laboral.

Sin duda alguna, debemos reconocer la importancia de continuar con el diálogo social y mostrar signos de humildad en requerir ayuda cuando es necesario, como lo hemos venido haciendo. En ese sentido, destacamos nuestra firme esperanza en que aquellos países que así lo consideren puedan sumarse y contribuir financieramente al programa de asistencia y cooperación técnica adoptado desde noviembre de 2020, y que, gracias a los fondos de la Unión Europea, facilitados a partir de septiembre de 2022, se coadyuva a los esfuerzos que ha reflejado y continuará mostrando el Gobierno.

Bajo este marco me permito reiterar nuevamente la solicitud de asistencia técnica manifestada por el Gobierno de Guatemala desde el 7 de marzo de este año, sobre los puntos señalados en las reformas legislativas que tanto se han mencionado aquí. Específicamente en lo relacionado al fortalecimiento de la CNTRLLS de la cual aún nos encontramos a la espera de una respuesta favorable.

No me resta más que alentar a mis compañeros mandantes a que resolvamos las cuestiones relativas a las relaciones laborales y a la libertad sindical, a que continuemos desarrollando espacios de diálogo de alto nivel en ese seno, y a los países intervinientes en este honorable espacio a que nos respalden y apoyen a continuar con un diálogo constructivo aunado con resultados que seguiremos demostrando ante el Consejo de Administración de la OIT en el marco del Programa de cooperación técnica sobre el cual se efectúan las acciones señaladas por la misión conjunta.

Antes de concluir, con el objetivo de focalizar y centrar la discusión, Guatemala solicita que en las conclusiones que surjan a partir de la Comisión se haga referencia exclusivamente a los temas relacionados con el Convenio núm. 87 sobre nuestro país y se omitan otros temas mencionados en esta sesión por el Grupo de los Trabajadores.

Finalizo reiterando que Guatemala ha mostrado y seguirá mostrando logros y muestras de dedicación, responsabilidad y esfuerzo para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la Organización Internacional del Trabajo, focalizando nuestro esfuerzo, voluntad y dedicación por continuar un diálogo maduro, honrando la memoria y dedicación, y la encomiable labor de Carlos Mancía, que fuera impulsor de la hoja de ruta, presidente de la CNTRLLS y un firme creyente en el diálogo y el tripartismo.

Miembros empleadores - Es innegable que estamos ante un proceso de mejora que se ha mostrado a lo largo de las distintas intervenciones y los informes brindados por el Gobierno. Les agradecemos mucho su puntual descripción de las acciones que se han venido siguiendo, y particularmente de su interés en continuar con esta asistencia técnica, siguiendo la hoja de ruta y manteniendo un diálogo tripartito efectivo. Ese es el verdadero camino para mejorar cualquier situación y condición que se presente. Seguir actuando constructivamente, fortaleciendo el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica de la que ya hemos hablado, y no estar con propuestas punitivas que, francamente, no nos van a llevar a ningún lado. Hay una o dos propuestas para que se tomen medidas más drásticas ―una comisión de encuesta―, pero la pregunta es: ¿para qué? Estamos justamente en medio de un proyecto de solución de los problemas que se han planteado. El cometido de la comisión de encuesta, y todos lo sabemos aquí, es investigar los hechos y hacer propuestas de solución, y eso está planteado, estamos en eso, estamos en esa ruta.

Les pediría que consideren esta propuesta que me parece que ha puesto el Gobierno de continuar en la ruta que tenemos de manera constructiva y, claro está que sí nos preocupa que siga habiendo circunstancias de amenazas, de violencia generalizada y que, desde luego, se tiene que tomar acciones prontas para erradicarlo y fortalecer los actos de investigación, de resolución de los asuntos que estén en proceso de la manera más rápida y eficaz para generar protección a los dirigentes y a los miembros de los sindicatos. De ninguna manera podemos aceptar que haya condiciones que generen circunstancias como las que se han descrito y de las que el propio Gobierno ha informado; pero insisto, me parece que estamos en la ruta. Se tienen que acelerar los cambios legislativos. Entendemos que es un proceso que tiene, en todos los países del mundo, sus propios tiempos, y ojalá el Gobierno pueda incidir dentro de la autonomía que tiene el Poder Legislativo, en que le den prioridad a este tema. También nos parece que se debe aumentar la visibilidad de esta campaña de sensibilización que se había propuesto y a la cual se comprometió el Gobierno en temas de libertad sindical; que se garantice la no estigmatización de ninguno de los componentes de la ecuación de la contratación colectiva, que son los sindicatos, los dirigentes y las empresas. Debemos tener clara esta condición. Habrá que renovar esfuerzos. Quería insistir en un punto: la Unión Europea, en su intervención, volvió a poner en la mesa, al referirse al cumplimiento del Convenio, el ejercicio del derecho de huelga, y nosotros como sector empleador queremos reiterar nuestra postura: que el Convenio no se refiere al derecho de huelga, no admitimos que se traten esos temas en las discusiones ni en las conclusiones cuando estemos hablando del Convenio porque cada país se regula por sus propias disposiciones en este sentido.

Por nuestra parte es todo, esperemos que las conclusiones, insisto, sean constructivas y que nos permitan seguir avanzando en este proceso de mejora que, es evidente, a lo mejor no tiene la celeridad y la prontitud que esperaríamos, pero es evidente que vamos avanzando y que hoy estamos mejor que ayer.

Miembros trabajadores - La reacción del Gobierno ante las intervenciones en esta sala habla por sí misma. Las medidas adoptadas por el Gobierno son demasiado escasas y llegan demasiado tarde. En consecuencia, a los trabajadores de Guatemala se les sigue denegando, en la legislación y en la práctica, su derecho a la libertad sindical. Nadie puede negar que Guatemala sigue siendo uno de los países más peligrosos para ser sindicalista, ya que muchos han pagado con su vida el mero hecho de llevar a cabo una actividad sindical lícita. Las detenciones y los procesamientos por estos asesinatos siguen siendo una rareza. Los despidos antisindicales continúan impunes, el sistema de justicia laboral ha sido incapaz de aportar una solución y la legislación laboral restringe en muchos aspectos el derecho de los trabajadores y de los sindicatos a llevar a cabo sus actividades, incluida la negociación colectiva o la huelga.

Los diferentes Gobiernos reiteraron sus promesas, habiendo recibido mucho apoyo y asistencia técnica para solucionar estos problemas, pero sin resultados. Han pasado ya once años desde la presentación de una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT relativa a violaciones sistémicas de los Convenios núms. 87 y 98 por parte de Guatemala en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2012 y casi diez años desde la adopción del memorando de entendimiento y de la hoja de ruta, que fueron adoptados por el Consejo de Administración en octubre de 2013. Lamentablemente, como indica el Informe de la Comisión de Expertos, poco ha cambiado. El Gobierno no ha aplicado la hoja de ruta, dejando sin abordar la gran mayoría de las cuestiones. El subconjunto de cuestiones prioritarias identificadas el pasado septiembre sigue incompleto. No hay pruebas de reformas sistémicas y sostenibles en la legislación o en la administración del trabajo. Hemos oído decir al Gobierno que va a archivar unos 46 casos porque son antiguos, lo cual es sumamente preocupante. Instamos al Gobierno a que siga investigando estos casos para garantizar justicia a las víctimas y a sus familias.

El Grupo de los Trabajadores instamos al Gobierno a que, con el apoyo y el compromiso de los representantes de los trabajadores y de los empleadores a todos los niveles, aplique plenamente y sin más demora la hoja de ruta adoptada el 17 de octubre de 2013, en consulta con los interlocutores sociales; investigue sin demora todos los actos y amenazas de violencia contra dirigentes y miembros sindicales, incluido Hugo Eduardo Gamero González, con miras a identificar y comprender las causas profundas de la violencia, teniendo en cuenta sus actividades sindicales como motivo; determine las responsabilidades y castigue a los autores, incluidos los autores intelectuales y materiales; proporcione una protección rápida y eficaz a todos los dirigentes y miembros sindicales que se encuentren amenazados, aumentando el presupuesto para dichos programas, y garantice que las personas protegidas no tengan que asumir personalmente ningún gasto derivado de dichos programas; adopte las enmiendas acordadas para eliminar los diversos obstáculos legislativos al pleno ejercicio de la libertad sindical; elabore una legislación que permita la constitución de sindicatos a nivel sectorial; apruebe el proyecto de ley 5508 para dotar de fundamento jurídico a la CNTRLLS; y, en consulta con los interlocutores sociales, garantice el registro eficaz de los sindicatos, incluida la aplicación de la herramienta electrónica diseñada por la OIT; garantice que las decisiones judiciales de reincorporación al empleo tras despidos antisindicales se ejecuten sin retrasos, incluida la aplicación de cualquier recomendación del diagnóstico técnico completo de los desafíos en materia de reincorporación que elaboró la OIT; aumente la visibilidad de la campaña de sensibilización sobre la libertad sindical en los medios de comunicación, y garantice que no se estigmatiza a los sindicatos, ni a sus dirigentes, ni a los convenios colectivos.

Pedimos al Gobierno que acepte una misión tripartita de alto nivel. Dada la gravedad y persistencia de las violaciones y el continuo peligro inminente para la vida al que se enfrentan los sindicalistas y el fracaso del Gobierno a la hora de tomar medidas concretas y significativas para abordar urgentemente la situación, los miembros trabajadores solicitamos que este caso figure en un párrafo especial.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota con profunda preocupación de la persistencia de los alegatos de asesinatos de sindicalistas y otros actos de violencia antisindical, así como de la situación general de impunidad que prevalece en el país.

Habida cuenta de la discusión, la Comisión insta al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales:

- tome de forma inmediata las medidas necesarias para hacer frente a la situación general de violencia e intimidación, y poner fin a los actos de violencia y a las amenazas contra dirigentes y miembros de sindicatos;

- aplique plenamente y sin más demora la hoja de ruta adoptada el 17 de octubre de 2013, así como cualquier recomendación realizada por la OIT;

- investigue sin demora todos los actos y amenazas de violencia contra dirigentes y miembros de sindicatos a fin de depurar responsabilidades, castigue a los autores e identifique las causas profundas de la violencia;

- proporcione rápidamente una protección eficaz a todos los dirigentes y miembros de sindicatos que se encuentren amenazados, aumentando el presupuesto destinado a esos programas, y garantice que las personas protegidas no tengan que sufragar personalmente ningún coste relacionado con dicha protección;

- adopte sin demora las enmiendas acordadas a fin de eliminar los obstáculos legislativos al pleno ejercicio de la libertad sindical y elabore legislación para permitir la creación de sindicatos a nivel sectorial; garantice el registro eficaz de los sindicatos, por ejemplo, utilizando la herramienta electrónica diseñada por la OIT, y

- aumente la visibilidad en los medios de comunicación de la campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y vele por que no se estigmaticen los sindicatos ni sus dirigentes ni los convenios colectivos.

Representante gubernamental (Ministro de Trabajo y Previsión Social) - Guatemala toma atenta nota de las conclusiones emitidas por la Comisión y de la importancia de continuar trabajando de manera coordinada, adoptando medidas efectivas para la plena aplicación de los principios de la libertad sindical y el derecho de sindicación, con la firme esperanza de que seguiremos construyendo a través del diálogo social con los mandantes de la CNTRLLS.

Quiero señalar que el Ministerio Público es quien tiene la obligación de ejercer la acción penal contra los hechos cometidos contra la vida de todas y todos los guatemaltecos sin discriminación alguna; que en ese sentido continuará apoyando y participando con la CNTRLLS, así como con el sector sindical, para resolver de forma objetiva los actos y amenazas de violencia contra dirigentes y miembros de sindicatos, como lo viene haciendo con una gestión de puertas abiertas.

Como lo hemos manifestado, reconozco que quizá no vamos a la velocidad que todos quisiéramos, pero es una realidad que no puede negarse que vamos caminando y lo hacemos en el camino correcto. Es por ello que confiamos en que en una próxima ocasión se reconozcan los avances realizados por el Gobierno de Guatemala y que hemos sido constantes en dar muestras de compromiso ante la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). Sin duda alguna, continuaremos construyendo confianza y redoblando los esfuerzos que sean necesarios hasta lograr la plena aplicación del Convenio contando para ello con el apoyo de la asistencia técnica y la cooperación de la Oficina Internacional del Trabajo.