Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 259, Novembre 1988

1. 275. La Confederación de Unidad Sindical de Guatemala
   • (CUSG) presentó una
   • queja contra el Gobierno de Guatemala por violación de la
   • libertad sindical en
   • una comunicación de fecha 20 de junio de 1988. El Gobierno
   • envió sus
   • informaciones y observaciones sobre este caso en una
   • comunicación de fecha 7
   • de septiembre de 1988.
2. 276. Guatemala ha ratificado el Convenio sobre la libertad
   • sindical y la
   • protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el
   • Convenio sobre el
   • derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
3. 98).

A. Alegatos de la Confederación querellante

1. 277. La CUSG alega en su queja que el Gobierno ha cometido
2. actos de
3. arbitrariedad en materia de derechos humanos y de libertad
4. sindical, sobre
5. todo demorando los trámites de inscripción de los sindicatos,
6. despidiendo a
7. los trabajadores que se habían agrupado en comités de
8. empresa para tratar de
9. formar sindicatos, negándose a ayudar a los trabajadores a
10. lograr la ejecución
11. de los acuerdos celebrados y desarrollando el "solidarismo".
12. 278. Por lo que se refiere a las demoras en los trámites de
13. inscripción de
14. los sindicatos, la CUSG explica que la documentación exigida
15. para obtenerla
16. yace en las dependencias del Ministerio de Trabajo, sin que se
17. les dí el
18. trámite respectivo, y lo curioso es que esto sólo ocurre con las
19. organizaciones sindicales, ya que para las demás
20. organizaciones la inscripción
21. se realiza rápidamente. Entonces, señala la Confederación
22. querellante, dicho
23. Ministerio está violando el derecho de libre sindicación e
24. invalidando la ley.
25. 279. Respecto de los despidos de trabajadores, señala la
26. CUSG que el alcalde
27. de la municipalidad de San Antonio Suchitepíquez cometió
28. grandes
29. arbitrariedades contra los trabajadores. Despidió a un grupo de
30. obreros,
31. incluso al comité ejecutivo del sindicato que estaba en plena
32. formación. La
33. CUSG relata los acontecimientos de la manera siguiente: en
34. primer lugar, el
35. alcalde trató de provocar un enfrentamiento que hubiera podido
36. causar pérdidas
37. lamentables de vidas humanas, haciendo creer al pueblo y a los
38. empleados de
39. confianza que los sindicalistas estaban atentando contra la
40. seguridad del
41. pueblo de San Antonio porque eran comunistas. En segundo
42. lugar, para evitar el
43. enfrentamiento, los trabajadores no realizaron su asamblea en el
44. lugar
45. convenido, sino que disimuladamente se dirigieron al cementerio
46. de la
47. localidad y allí se reunieron en asamblea general.
48. Posteriormente, los
49. trabajadores se presentaron ante los tribunales para reclamar
50. contra los
51. despidos ilegales que había decidido el alcalde. El Tribunal de
52. Trabajo ordenó
53. hace diez meses la reintegración de los trabajadores
54. despedidos, sin que los
55. interesados hayan hasta el momento reintegrado efectivamente
56. sus puestos.
57. Además, a instancias del alcalde, se creó un nuevo sindicato
58. que agrupa a los
59. empleados de confianza y cuyo secretario general es nada
60. menos que el jefe de
61. policía. Ahora bien, según el Ministerio de Trabajo, los miembros
62. del cuerpo
63. policial no están autorizados a integrar sindicatos, razón por la
64. cual la CUSG
65. se pregunta cómo es posible que se permita al jefe de policía de
66. esta
67. municipalidad actuar como secretario general de un sindicato. El
68. caso más
69. reciente de este año es el del Sindicato de Trabajadores de
70. Servicios
71. Telefónicos (GUATEL). Además del marcado interés empresarial
72. de dividir la
73. organización en dos sindictos, no se ha inscrito el sindicato a
74. que alude la
75. Confederación, a pesar de que se había cumplido con todos los
76. requisitos que a
77. tal fin exige la Dirección General de Trabajo, alega la CUSG.
78. 280. Además, tratándose de otro asunto que data de 1987, los
79. trabajadores de
80. la fábrica LUNAFIL no tuvieron más alternativa que la de ir a la
81. huelga. Desde
82. el mes de septiembre de 1987 no habían recibido el apoyo del
83. Ministerio de
84. Trabajo para dar cumplimiento a las sentencias que los
85. afectaban, dando así a
86. la empresa la oportunidad de maniobrar. Los responsables
87. vendieron dicha
88. empresa a otras personas, logrando así que la fábrica fuera
89. desalojada por la
90. fuerza. A este respecto, la Confederación querellante adjunta
91. fotocopia de un
92. recorte de prensa publicado en el periódico Campo Pagado del
93. día 27 de mayo de
94. 1988, en el que figuran mayores detalles sobre este alegato. El
95. Sindicato de
96. Trabajadores de la Fábrica LUNAFIL S.A. condena en dicho
97. recorte la acción
98. llevada a cabo el día 26 de mayo, cuando más de 500
99. elementos del pelotón
100. antimotines penetraron a las 6 horas de la mañana en el interior
101. de la fábrica
102. para desalojar a los 39 trabajadores que allí se encontraban
103. pacíficamente
104. para defender su trabajo y su libertad sindical. La policía
105. procedió a
106. desalojar a los ocupantes argumentando que se trataba de
107. ejecutar una orden
108. judicial, la cual en ningún momento fue mostrada a los
109. interesados. Durante la
110. acción, muchos vecinos se hicieron presentes en el lugar,
111. sucediéndose hechos
112. confusos motivados por la violencia de las fuerzas de seguridad,
113. durante los
114. cuales los policías hicieron varios disparos, resultando herido el
115. compañero
116. Julio Coj, miembro del comité ejecutivo del sindicato, y siendo
117. apresados y
118. posteriormente puestos en libertad dos compañeros de una
119. fábrica vecina. Según
120. consta en el recorte de prensa, la opinión del Sindicato es que
121. al proceder de
122. esta manera el Gobierno trata de reprimir y acallar al pueblo
123. trabajador, pues
124. está claro que las fuerzas de seguridad del Estado actuaron
125. solamente para
126. hacer cumplir órdenes judiciales que benefician a los
127. empleadores; pero
128. cuando estas órdenes son en favor de los trabajadores,
129. entonces las fuerzas de
130. seguridad no actúan.
131. 281. La CUSG explica también que la Unidad de Acción
132. Sindical y Popular, que
133. es la máxima expresión de los trabajadores guatemaltecos, firmó
134. acuerdos
135. conjuntos con el Gobierno el 8 de marzo de 1988 sobre las
136. políticas económica,
137. agraria y social, los derechos humanos, la corrupción
138. administrativa y la
139. política energítica. En la esfera social, se aprobó un ajuste
140. salarial de 50
141. quetzales mensuales como mínimo para los trabajadores del
142. sector privado,
143. aumento que debía comenzar a regir dentro de los 45 días.
144. Ahora bien, informa
145. la Confederación querellante, han transcurrido 90 días sin que
146. se haya
147. concedido dicho aumento, con lo que se están violando los
148. acuerdos celebrados
149. el 8 de marzo y se están ignorando las necesidades económicas
150. y sociales de
151. los trabajadores y de los miembros de sus familias. Además, en
152. este mismo
153. acuerdo sobre política social también se había aprobado que,
154. con respecto a la
155. personalidad jurídica de los sindicatos, la Dirección General de
156. Trabajo
157. procedería a la inscripción inmediata de todos los sindicatos,
158. dando un plazo
159. de 30 días para revisar sus expedientes y formalizar la
160. inscripción
161. definitiva. También en este caso han transcurrido los 90 días,
162. sin que se
163. hayan hecho efectivas las inscripciones.
164. 282. En cuanto al movimiento denominado "solidarismo", que
165. tiene su sede en
166. Costa Rica, la CUSG explica que se trata de un movimiento
167. totalmente
168. empresarial y, por ende, antisindical, que se está expandiendo a
169. pasos
170. agigantados, porque tiene lo que al obrero le hace falta, o sea,
171. el dinero.
172. Por esta razón, se envía regularmente a Costa Rica a
173. trabajadores que son allí
174. adoctrinados. A título ilustrativo, la Confederación cita el caso
175. de las
176. plantaciones bananeras de Izabal, cuyo sindicato está siendo
177. minado por los
178. "solidaristas" que se movilizan con cautela para engañar a los
179. trabajadores y,
180. finalmente, exterminar la organización sindical.
181. B. Respuesta del Gobierno
182. 283. En su respuesta de fecha 7 de septiembre de 1988, el
183. Gobierno comunica
184. sus observaciones e informaciones pormenorizadas sobre cada
185. uno de los
186. alegatos presentados por la Confederación querellante.
187. 284. Respecto de la queja relativa a la intervención del
188. Ministerio de
189. Trabajo y Previsión Social en la agilización de la inscripción de
190. los
191. sindicatos, los datos estadísticos del Ministerio demuestran que
192. la
193. aseveración de la CUSG es incorrecta. Al iniciarse el actual
194. proceso
195. democrático, había 456 sindicatos inscritos; de 1979 a 1985,
196. etapa histórica
197. de gobiernos autoritarios, únicamente se inscribieron 39
198. sindicatos, es decir,
199. un promedio de 5,5 por año, sobresaliendo el año de 1983 en
200. que no se
201. inscribió ni un solo sindicato. Contando únicamente los dos
202. primeros años de
203. gestión del actual Gobierno se inscribieron 62 sindicatos y en el
204. curso de los
205. seis primeros meses del presente año se han inscrito 32. Informa
206. el Gobierno
207. que el plazo para la inscripción de un sindicato ha disminuido
208. considerablemente, pues en 1984 había una inscripción cada
209. 121 días, en 1986
210. cada 24, en 1987 cada siete y en el curso de los seis primeros
211. meses del
212. presente año cada seis días.
213. 285. El Gobierno reconoce asimismo que el Código de Trabajo
214. actualmente en
215. vigencia contiene una serie de normas que no agilizan el trámite
216. de la
217. inscripción de los sindicatos, como por ejemplo los artículos
218. 212, 216, 218,
219. 219 y 233. Consciente de esta realidad, el Ministerio de Trabajo
220. y Previsión
221. Social ha tomado la iniciativa de proponer la reforma de dicho
222. marco jurídico,
223. reforma que el poder legislativo debería examinar en los
224. próximos días y
225. gracias a la cual se aceleraría de manera importante la
226. inscripción de los
227. sindicatos. En consecuencia, el Gobierno rechaza los alegatos
228. de la
229. Confederación querellante y afirma que no está violando el
230. derecho a la libre
231. sindicación y que tampoco está invalidando la ley, sino que, por
232. el contrario,
233. está tratando de facilitar los trámites administrativos, a lo cual
234. obedecen
235. precisamente las reformas del Código de Trabajo que han sido
236. propuestas.
237. 286. Respecto de la queja relativa a las supuestas
238. arbitrariedades cometidas
239. por el alcalde de la municipalidad de San Antonio
240. Suchitepíquez, la propia
241. Confederación querellante indica, según lo señala el Gobierno,
242. que el caso fue
243. planteado ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social. En
244. Guatemala,
245. como claramente lo regula el artículo 141 de la Constitución de
246. la República,
247. no hay subordinación alguna entre los poderes legislativo,
248. ejecutivo y
249. judicial. Uno de los pilares jurídicos esenciales del actual
250. proceso
251. democrático en nuestro país radica en la independencia entre
252. dichos poderes.
253. En consecuencia, el ejecutivo y, en el caso concreto, el
254. Ministerio de Trabajo
255. y Previsión Social, es totalmente ajeno a todo procedimiento
256. planteado ante un
257. tribunal de trabajo. Independientemente de lo anterior y
258. partiendo de que la
259. aseveración de la CUSG fuese cierta, el Código Penal
260. actualmente en vigencia
261. tipifica claramente el delito de desobediencia en los artículos
262. 414 y 420, de
263. tal manera que los trabajadores tienen el derecho de promover
264. acciones penales
265. en el caso que plantean. En esta materia, concluye el Gobierno,
266. el Ministerio
267. de Trabajo y Previsión Social no tiene competencia alguna.
268. 287. Por lo que se refiere al caso del Sindicato de
269. Trabajadores de
270. Servicios Telefónicos (GUATEL), el Gobierno señala que en la
271. Dirección General
272. de Trabajo, que es el órgano administrativo encargado de la
273. inscripción de los
274. sindicatos, no existe ningún trámite tendiente a obtener el
275. reconocimiento de
276. la personalidad jurídica y aprobación de estatutos de ningún
277. sindicato de
278. trabajadores de servicios telefónicos denominado GUATEL. En
279. consecuencia, la
280. aseveración de la CUSG no es cierta, pues no existe el
281. sindicato que se
282. menciona. A conocimiento del Gobierno, en la Dirección
283. General de Trabajo se
284. encuentra sólo un expediente relacionado con trabajadores de
285. telecomunicaciones. El Sindicato de Trabajadores de la
286. Tropical Radio
287. Telegraph Company fue constituido el 28 de abril de 1957 y
288. desde ese año data
289. la aprobación de sus estatutos y el reconocimiento de su
290. personalidad
291. jurídica. En 1966, dicho sindicato cambió de denominación por
292. la de Sindicato
293. de Trabajadores de Telecomunicaciones Internacionales de
294. Guatemala y en 1983
295. cambió nuevamente por la de Sindicato de Trabajadores de la
296. Empresa de
297. Telecomunicaciones de Guatemala, que es su nombre actual.
298. En otras palabras,
299. en la empresa dedicada a las telecomunicaciones, únicamente
300. ha existido y
301. existe un sindicato.
302. 288. En cuanto al caso de los trabajadores de la fábrica
303. LUNAFIL, afirma el
304. Gobierno que desde el primer día en que inició su gestión la
305. actual
306. administración del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se
307. interesó
308. especialmente en el caso de los trabajadores de esta fábrica. El
309. problema se
310. había planteado ante los Tribunales de Trabajo y, por
311. consiguiente, el
312. Ministerio no podía intervenir. La única posibilidad de acción
313. residía en la
314. mediación entre empleadores y trabajadores buscando una
315. solución satisfactoria
316. para ambas partes. Consta en el expediente que sobre el caso
317. se abrió, que los
318. dirigentes del Sindicato de Trabajadores solicitaron la mediación
319. del Ministro
320. de Trabajo de Guatemala, quien participó en la apertura de la
321. fábrica y en la
322. solución definitiva del conflicto el día 23 de julio de 1988, en
323. presencia del
324. Ministro de Trabajo de Costa Rica. A este respecto, el Gobierno
325. adjunta copia
326. del convenio suscrito ante el Ministro de Asuntos Especiales
327. entre varios
328. dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la fábrica LUNAFIL
329. S.A. y varios
330. representantes de los empleadores, en el cual los interesados
331. manifiestan su
332. voluntad de llegar a un acuerdo para resolver definitivamente el
333. conflicto que
334. afecta a la empresa desde el 9 de junio de 1987. Una vez
335. finalizadas las
336. discusiones, los trabajadores convinieron en evacuar las zonas
337. pertenecientes
338. a la empresa el día 22 de julio. Se decidió que deberían
339. tomarse medidas para
340. que la empresa reanudase nuevamente la actividad a partir del
341. 23 de agosto. La
342. empresa aceptó el reintegro de 24 de las personas que
343. empleaba anteriormente,
344. cuyos nombres fueron propuestos por el comité ejecutivo del
345. Sindicato; se
346. decidió asimismo que las partes se comprometían a estudiar un
347. proyecto de
348. pacto colectivo y a prescindir de toda medida judicial.
349. 289. Respecto de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y la
350. Unidad de
351. Acción Sindical y Popular y, más especialmente, respecto del
352. aumento salarial,
353. el Gobierno explica que el ejecutivo, cumpliendo con el
354. convenio suscrito,
355. remitió al poder legislativo un proyecto de ley sobre este
356. particular. No
357. obstante, el Gobierno reitera que, dada la absoluta
358. independencia que hay en
359. Guatemala entre los poderes del Estado, el ejecutivo no puede
360. obligar al
361. legislativo a promulgar una iniciativa de ley.
362. 290. En cuanto al "solidarismo", el Gobierno declara que el
363. Ministerio de
364. Trabajo y Previsión Social tomó la decisión de no inscribir a
365. grupos de
366. trabajadores que se asocien con el objetivo de constituir una
367. "agrupación
368. solidarista". Las normas constitucionales (artículo 34) regulan el
369. derecho de
370. libre asociación, de tal manera que no se puede negar el
371. ejercicio de este
372. derecho. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo considera que
373. quienes deben
374. ejercitar ese derecho para constituir una "asociación solidarista"
375. deben
376. solicitarlo ante el Ministerio de Gobernación que, según la ley,
377. es el único
378. competente en esta materia. Independientemente de lo anterior,
379. el Gobierno
380. añade que el Ministerio de Trabajo sostiene la opinión de que
381. son los
382. trabajadores los llamados a denunciar los objetivos del
383. "solidarismo" y sus
384. incongruencias y contradicciones con los objetivos de los
385. sindicatos. Esta
386. acción no corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión
387. Social. De las
388. observaciones anteriores se deduce que los alegatos de la
389. CUSG carecen de
390. fundamento.
391. 291. A modo de conclusión, el Ministro de Trabajo deja
392. constancia de que,
393. desde el 17 de octubre de 1987, día en que asumió su gestión,
394. han sido
395. inscritos 59 sindicatos y nueve más están pendientes de
396. inscripción. Al
397. respecto, la comunicación del Gobierno viene acompañada de
398. los informes
399. estadísticos de la Dirección General de Trabajo sobre la
400. inscripción de los
401. sindicatos, estadísticas que confirman las informaciones
402. facilitadas por el
403. Gobierno.

C. Conclusiones del Comité

1. 292. En primer lugar, el Comité observa con interés que,
   • contrariamente a
   • que había ocurrido en el pasado, en el presente caso el
   • Gobierno ha colaborado
   • con el procedimiento enviando ya desde el mes de septiembre
2. de 1988 sus
   • respuestas detalladas a las quejas que la Confederación
   • querellante había
   • presentado en junio de 1988. Toma buena nota de ello sobre
   • todo teniendo en
   • cuenta que durante largos años el Comité debió lamentar la falta
   • de
   • colaboración del Gobierno con el procedimiento, lo que le puso
   • muchas veces en
   • la obligación de examinar el fondo de muchas quejas sin poder
   • contar con las
   • informaciones y observaciones del Gobierno.
3. 293. En segundo lugar y en cuanto al fondo del asunto, el
   • Comité toma nota
   • de que las respuestas oficiales a los distintos alegatos
   • expuestos en el
   • presente caso dejan entrever que en algunos puntos el
   • Gobierno trató de acoger
   • favorablemente las quejas presentadas por la CUSG, por lo
   • menos en parte. Esto
   • no excluye, no obstante, que la versión del Gobierno y la de la
   • Confederación
   • querellante sean a menudo contradictorias y que las medidas
   • tomadas por el
   • Gobierno para reparar los atentados cometidos contra la libertad
   • de
   • sindicación no siempre parezcan satisfactorias.
4. 294. En efecto, en opinión de la CUSG, las autoridades
   • públicas cometen
   • actos de arbitrariedad contra los derechos humanos y la libertad
   • de
   • sindicación al no inscribir a los sindicatos, al permitir que se
   • despida a los
   • miembros de los comités de empresa que desean fundar nuevos
   • sindicatos, al no
   • dar a los trabajadores el apoyo oficial necesario para la
   • ejecución de los
   • acuerdos celebrados y al favorecer el desarrollo del
   • "solidarismo".
5. 295. En cambio, respecto de la primera queja relativa a las
   • demoras de los
   • trámites de inscripción de los sindicatos en el Ministerio de
   • Trabajo y
   • Previsión Social, declara el Gobierno que si bien es verdad que
   • desde 1979 a
6. 1985 los gobiernos autoritarios que se sucedieron en el poder
   • inscribían muy
   • lentamente a los sindicatos, habiéndose registrado únicamente
7. 39 inscripciones
   • en el período mencionado, desde el retorno a la democracia en
8. 1985, se
   • inscribieron 94 sindicatos, de los cuales 59 desde el mes de
   • octubre de 1987.
   • El Gobierno afirma asimismo que ha disminuido
   • considerablemente el promedio de
   • días para la inscripción de un sindicato, y reconoce que el
   • Código de Trabajo
   • actualmente vigente contiene una serie de normas que no
   • agilizan el trámite de
   • inscripción de los sindicatos; anuncia que se tomarán medidas
   • de carácter
   • legislativo para solucionar este problema.
9. 296. A este respecto, el Comité confía en que, de conformidad
   • con las
   • garantías que ha dado el Gobierno en su respuesta, la
   • reestructuración de la
   • legislación vigente permitirá adoptar disposiciones que se
   • ajusten a lo
   • dispuesto en los artículos 2, 3 y 7 del Convenio sobre la libertad
   • sindical y
   • la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), que
   • Guatemala ha
   • ratificado. El Comité insiste sobre todo en la importancia que
   • concede al
   • principio según el cual la adquisición de la personalidad jurídica
   • por las
   • organizaciones de trabajadores no puede estar sujeta a
   • condiciones que limiten
   • la aplicación de las garantías establecidas en el Convenio,
   • especialmente el
   • derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que
   • estimen
   • convenientes sin autorización previa y sin injerencia de las
   • autoridades
   • públicas.
10. 297. Respecto de la queja relativa al despido de algunos de
    • los miembros del
    • comité de empresa que estaban tratando de crear un sindicato,
    • el Comité
    • observa que los alegatos de la CUSG relativos a los actos
    • cometidos por la
    • municipalidad de San Antonio Suchitepíquez no son muy claros,
    • si bien, según
    • se desprende de la queja, fueron despedidos unos trabajadores
    • que trataban de
    • fundar un sindicato de empleados municipales y éstos se
    • presentaron ante los
    • tribunales para reclamar por la ilegalidad de su despido. El
    • Gobierno no ha
    • refutado este alegato, habiendo reconocido incluso que los
    • interesados
    • plantearon el caso ante los tribunales de trabajo, pero se
    • ampara en la
    • separación de los poderes ejecutivo y judicial para concluir que
    • no tiene
    • competencia alguna en esta materia.
11. 298. Cada vez que el Comité ha debido conocer en materia de
    • medidas
    • antisindicales contra trabajadores que trataban de formar un
    • sindicato, ha
    • reiterado en cada oportunidad que uno de los principios
    • fundamentales de la
    • libertad sindical es que los trabajadores deben beneficiar de una
    • protección
    • adecuada contra todos los actos discriminatorios que puedan
    • vulnerar la
    • libertad sindical en materia de empleo - despido, transferencia,
    • pasaje a una
    • categoría o grado inferior y demás actos perjudiciales -, y que
    • esta
    • protección es especialmente necesaria para los fundadores de
    • los sindicatos,
    • puesto que, para poder cumplir con estas funciones con total
    • independencia,
    • deben tener la garantía de que no sufrirán perjuicio alguno en
    • razón del
    • mandato sindical al que aspiran o que ya ejercitan. En opinión
    • del Comité, los
    • fundadores de sindicatos necesitan la garantía de esta
    • protección para
    • asegurar el respeto del principio fundamental según el cual los
    • trabajadores,
    • sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir las
    • organizaciones que
    • estimen convenientes (véase 254. informe, caso núm. 1396
    • (Haití), párr. 389).
12. 299. En el presente caso, el Comité subraya que al ratificar el
    • Convenio
    • núm. 87, el Gobierno se comprometió libremente a garantizar a
    • todos los
    • trabajadores, incluidos los empleados municipales, el derecho
    • de constituir
    • las organizaciones que estimen convenientes para promover y
    • defender sus
    • intereses profesionales, económicos y sociales. Por
    • consiguiente, el Comité
    • pide al Gobierno que le indique: 1) si los trabajadores
    • despedidos de la
    • municipalidad de San Antonio Suchitepíquez por haber querido
    • fundar un
    • sindicato fueron reintegrados a sus puestos de trabajo y, 2) si
    • estos
    • trabajadores querellantes habían podido constituir el sindicato
    • que estimaban
    • conveniente, según el deseo por ellos mismos expresado.
13. 300. En cuanto a la queja relativa al hecho de que el Gobierno
    • no
    • contribuiría con el apoyo que necesitan los trabajadores para
    • obtener el
    • cumplimiento de los acuerdos celebrados y más especialmente,
    • en el caso de la
    • fábrica LUNAFIL S.A., sobre los atentados contra el derecho de
    • huelga
    • resultantes del conflicto de trabajo que afectó a dicha fábrica, el
    • Comité
    • lamenta observar que, según el recorte de prensa enviado por
    • la CUSG y cuyo
    • contenido el Gobierno no ha desmentido, en un primer momento
    • elementos del
    • pelotón antimotines penetraron en el interior de la fábrica para
    • evacuar por
    • la fuerza a los 39 trabajadores que allí se habían reunido para
    • defender
    • pacíficamente su trabajo y su libertad sindical, a raíz de lo cual
    • hirieron a
    • un sindicalista y detuvieron a otros dos.
14. 301. Al estudiar los casos de este tipo que se le han
    • presentado en el
    • pasado, el Comité ha considerado, por lo general, que el recurso
    • a las fuerzas
    • de seguridad no es contrario al respeto de la libertad sindical
    • cuando los
    • hechos prueban que esta intervención se ha limitado al
    • mantenimiento del orden
    • público y no ha menoscabado el ejercicio legítimo del derecho
    • de huelga. En
    • cambio, el Comité ha considerado en todos los casos que el
    • empleo de la fuerza
    • militar para quebrantar una huelga es un atentado contra los
    • derechos
    • sindicales. (Véase, sobre todo, 230. informe, caso núm. 1187,
    • párr. 674
    • (República Islámica del Irán) y 234. informe, caso núm. 1227,
    • párr. 312
    • (India)). El Comité sostiene la idea de que los gobiernos
    • deberían dar
    • instrucciones estrictas e iniciar procedimientos disciplinarios
    • eficaces en
    • los casos en que la dispersión de los trabajadores por las
    • fuerzas policiales
    • provoca heridos graves; a su juicio, detener huelguistas es una
    • medida que
    • comporta graves peligros para la libertad sindical.
15. 302. Asimismo, el Comité observa con interés que el Gobierno
    • ha propuesto
    • ser el mediador en el conflicto que se suscitó en la fábrica
    • LUNAFIL S.A., y
    • que, a raíz de un acuerdo celebrado bajo los auspicios del
    • Ministerio de
    • Asuntos Especiales, la empresa aceptó la reintegración de 24
    • de las personas
    • que empleaba anteriormente y cuyos nombres fueron
    • suministrados por el comité
    • ejecutivo del sindicato, y que las partes se pusieron de acuerdo
    • en examinar
    • conjuntamente un proyecto de pacto colectivo y en no recurrir a
    • ninguna medida
    • de carácter judicial. Siendo esta la situación e insistiendo en la
    • importancia
    • que concede a los principios enunciados en el párrafo anterior,
    • el Comité
    • considera que no procede seguir examinando esta cuestión.
16. 303. Respecto al alegato relativo al desarrollo del
    • "solidarismo",
    • movimiento que según la Confederación querellante el Gobierno
    • estaría
    • favoreciendo, el Comité toma nota de que el Gobierno niega
    • esta imputación,
    • así como de las indicaciones que suministra según las cuales el
    • Ministerio de
    • Trabajo y Previsión Social ha decidido no inscribir a grupos de
    • trabajadores
    • que se asocien con el objetivo de constituir una "agrupación
    • solidarista". No
    • obstante, explica el Gobierno, el derecho de libre asociación
    • está garantizado
    • en la Constitución y quienes desean constituir asociaciones de
    • este tipo deben
    • enviar su solicitud al Ministerio de Gobernación.
17. 304. A juicio del Comité, es conveniente señalar que, en
    • materia de
    • desarrollo del "solidarismo", en 1985 ya había dejado bien en
    • claro, al tratar
    • un proyecto de ley tendiente a fortalecer las "asociaciones de
    • solidaridad"
    • (del "movimiento solidarista") y que, en opinión de los
    • querellantes, son
    • asociaciones que cuentan con el apoyo de los empleadores y
    • paralelas al
    • movimiento sindical, que la reglamentación relativa a las
    • "asociaciones
    • solidaristas" debería respetar las actividades de los sindicatos
    • garantizadas
    • en el Convenio núm. 98. (Véase, caso núm. 1304 en el 240.
    • informe, párr. 94
    • (Costa Rica)).
18. 305. En el presente caso, el Comité señala a la atención del
    • Gobierno el
    • artículo 2 del Convenio sobre el derecho de sindicación y de
    • negociación
    • colectiva, 1949 (núm. 98), cuyo texto dispone que las
    • organizaciones de
    • trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada
    • protección contra todo
    • acto de injerencia de unas respecto de las otras y que se
    • consideran actos de
    • injerencia las medidas que tienden a fomentar la constitución de
    • organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o
    • una organización
    • de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma,
    • organizaciones
    • de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones
    • bajo el control de
    • un empleador o de una organización de empleadores. Además,
    • en el Convenio
    • sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135), y
    • en el
    • Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154),
    • también figuran
    • disposiciones expresas para garantizar que cuando en una
    • misma empresa existan
    • sindicatos y representantes elegidos por los trabajadores, se
    • adopten medidas
    • apropiadas para garantizar que la existencia de representantes
    • electos no se
    • utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos
    • interesados.