Rapport définitif - Rapport No. 265, Juin 1989

1. 210. La Organización Internacional de Mineros (OIM) presentó
   • una queja
   • contra el Gobierno de Marruecos por violación de la libertad
   • sindical en
   • nombre de su organización afiliada, el Sindicato de Mineros de
   • la
   • Confederación Democrática del Trabajo (CDT), por medio de
   • una comunicación de
2. 17 de febrero de 1989. Ese mismo día, la CDT decidió,
   • después de haber
   • solicitado en varias ocasiones la intervención del Director
   • General de la OIT
   • a propósito del caso, en particular por medio de telegramas
   • enviados los días
3. 27 de diciembre de 1988 y 3 y 24 de enero de 1989, presentar
   • una queja contra
   • el Gobierno por violaciones de los derechos sindicales. Al mismo
   • tiempo, la
   • Federación Sindical Mundial (FSM), por telegrama de 26 de
   • enero de 1989,
   • informaba a la OIT de su honda preocupación respecto del
   • presente caso. Por
   • último, la Organización de la Unidad Sindical Africana (OUSA)
   • envió una
   • comunicación el 22 de marzo de 1989 en la que expresaba su
   • apoyo a la queja
   • presentada por la CDT.
4. 211. El Gobierno envió su respuesta sobre el caso por medio
   • de una
   • comunicación de 12 de abril de 1989.
5. 212. Marruecos no ha ratificado el Convenio sobre la libertad
   • sindical y
   • la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); sí ha
   • ratificado, en
   • cambio, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de
   • negociación
   • colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos de los querellantes

1. 213. Desde el 27 de diciembre de 1988, la OIT tiene ante sí
   • una solicitud
   • de intervención presentada por la CDT a propósito de un grave
   • conflicto
   • laboral que tuvo lugar en las minas de Jerada. Con
   • posterioridad, la OIM y la
   • CDT presentaron una queja contra la Sociedad de
   • Explotaciones Hulleras de
   • Marruecos en Jerada en tanto que socio directamente
   • interesado y contra el
   • Gobierno de Marruecos, al que incumbe la obligación jurídica y
   • moral de velar
   • por el respeto y la aplicación de las leyes y normas
   • internacionales del
   • trabajo, por atentar contra los derechos sindicales y violar los
   • convenios de
   • la OIT durante el mencionado conflicto laboral que opuso los
   • mineros a la
   • Sociedad de Minas de Jerada (provincia de Oujda).
2. 214. En concreto, la OIM considera que los Convenios núms.
3. 87, 98, 143 y
4. 155 de la OIT han sido violados por el Gobierno de Marruecos.
   • Según dicha
   • organización, las inhumanas condiciones de trabajo y de vida
   • que padecen los
   • mineros han llevado a éstos ha declarar una huelga que se
   • prolonga desde el 19
   • de diciembre de 1988. En efecto, según la OIM, los mineros
   • deben pagar de su
   • bolsillo el casco, las herramientas de trabajo e incluso las botas.
   • Las duchas
   • se encuentran a tres kilómetros del lugar de trabajo; para llegar
   • a ellas, los
   • mineros son conducidos en volquetes como se hace con el
   • carbón, sin ninguna
   • protección y sean cuales sean las condiciones climáticas. Son
   • alojados con sus
   • familias en viviendas insalubres, y padecen hambre y frío pues
   • la dotación de
   • carbón de que venían disfrutando ha sido suprimida
   • últimamente por la
   • dirección de la empresa.
5. 215. La CDT, por su parte, facilita las precisiones siguientes
   • sobre el
   • presente caso: la Sociedad de Explotaciones Hulleras de
   • Marruecos de Jerada,
   • explica, es una sociedad anónima en la que el Estado posee el
6. 98 por ciento de
   • las acciones. Normalmente, la gestión de la sociedad debería
   • correr a cargo
   • de un consejo de administración bajo la tutela del Ministerio de
   • Energía y
   • Minas; ahora bien, la dirección de la empresa toma
   • unilateralmente todo tipo
   • de decisiones, haciendo caso omiso de cualquier consulta o
   • queja hecha por los
   • representantes de los trabajadores y su sindicato, denegando
   • sistemáticamente
   • toda posibilidad de diálogo, en especial con los responsables de
   • la CDT. Esta
   • actitud intransigente, así como la mala gestión de la empresa,
   • se hallan en el
   • origen del conflicto laboral que se ha desencadenado en la
   • mina; como
   • consecuencia de ello se ha producido un deterioro de la
   • compañía en general y
   • de las condiciones de trabajo, el cual se ha dejado sentir en
   • especial sobre
   • la situación de la plantilla laboral, integrada por unos 7 000
   • asalariados (5
7. 500 mineros más 1 500 técnicos y personal de dirección).
8. 216. La CDT explica las causas del conflicto de la manera
   • siguiente. Por lo
   • que se refiere a las reivindicaciones de los trabajadores, la
   • delegación
   • sindical de la sección de Jerada presentó ya en 1985 un pliego
   • de
   • reivindicaciones ante la dirección, solicitando que se entablara
   • un diálogo
   • sobre las condiciones laborales y de vida de los trabajadores,
   • para tratar en
   • especial:
     • - la revisión de los salarios y de las indemnizaciones;
     • - mejores alojamientos y medios de transporte;
     • - la adquisición por la dirección de las herramientas y equipos
   • de los
   • mineros que hasta ahora son sufragados por éstos;
     • - medidas preventivas en materia de seguridad e higiene, así
   • como curativas
   • contra los accidentes de trabajo y la silicosis, reclamando una
   • medicina del
   • trabajo más humana;
     • - un litro de leche diario;
     • - una indemnización más justa en caso de contraer la silicosis
   • (los mineros
   • a los que se diagnostica un 30 por ciento de la enfermedad
   • siguen trabajando);
     • - el nombramiento de una comisión, en la que participen los
   • delegados de
   • los trabajadores, para gestionar las obras sociales;
     • - la revisión del sistema de jubilación;
     • - el respeto de la dignidad de los trabajadores que son objeto
   • de
   • provocación e intimidaciones por parte de la dirección y de los
   • mandos
   • intermedios, sobre todo si son miembros de la CDT;
     • - por último, el respeto de los derechos sindicales y el
   • reconocimiento de
   • la CDT como interlocutor social.
9. 217. La CDT añade que la dirección ha optado por mantener
   • una actitud
   • obstinada e intransigente en lo que se refiere al reconocimiento
   • del sindicato
   • y la apertura de un diálogo, y que se ha negado a toda clase de
   • negociación
   • sobre las reivindicaciones mencionadas con los responsables
   • sindicales,
   • argumentando que en realidad el diálogo se mantiene abierto en
   • todo momento
   • con los delegados del personal en el seno de las comisiones
   • paritarias; ahora
   • bien, según la CDT, la negociación del pliego de
   • reivindicaciones no es
   • competencia de los delegados del personal en el seno de las
   • comisiones
   • paritarias tal como pretende la dirección, ya que las atribuciones
   • de éstas
   • son las siguientes: velar por la aplicación del estatuto; examinar
   • cualquier
   • reclamación del personal sobre su competencia en materia de
   • contratación;
   • reconocimientos de títulos, ascensos, despidos y sanciones
   • disciplinarias, y
   • tratar de resolver cualesquiera conflictos colectivos que se
   • susciten. Así
   • pues, según la CDT, la negociación del pliego de quejas con la
   • dirección sólo
   • podía llevarse a cabo por el sindicato, única organización con
   • competencia
   • para defender las reivindicaciones de los trabajadores.
10. 218. La CDT prosigue señalando que, ante la obstinación de
    • la dirección,
    • los mineros decidieron declarar una huelga preventiva de tres
    • días, del l al 3
    • de diciembre de 1988, que fue seguida por el 98 por ciento de
    • la plantilla. La
    • dirección recurrió entonces a actos de provocación, de
    • intimidación y a
    • amenazas contra los trabajadores huelguistas. El ministerio
    • competente en la
    • materia, el Ministerio de Energía y Minas, hizo otro tanto
    • adoptando la
    • decisión arbitraria de suspender durante tres meses a los tres
    • delegados
    • "cedetistas" de higiene y seguridad, entre ellos el secretario
    • general de la
    • sección de la CDT en Jerada. En su decisión de suspender a
    • los tres delegados,
    • el Ministerio de Energía y Minas hacía referencia al artículo 32
    • del Estatuto
    • del Minero para sancionar a los delegados que cometieron -
    • según su
    • interpretación - negligencias graves en el ejercicio de sus
    • funciones al
    • negarse a efectuar las rondas reglamentarias durante los días 1,
11. 2 y 3 de
    • diciembre de 1988. Ahora bien, la fecha citada en la decisión
    • (del 1 al 3 de
    • diciembre de 1988) se correspondía precisamente con los tres
    • días de la huelga
    • convocada por la CDT, al haber seguido los tres delegados la
    • actitud de sus
    • camaradas huelguistas. La CDT estima que el Ministerio de
    • Energía y Minas
    • debería haber tenido el valor de mencionar en su decisión que
    • los delegados
    • eran suspendidos de sus funciones a consecuencia de la
    • huelga.
12. 219. Siempre según la CDT, la tensión acabó por
    • generalizarse en las minas
    • de Jerada. El 19 de diciembre de 1988 volvió a declararse una
    • huelga para
    • reclamar la apertura del diálogo sobre el pliego de
    • reivindicaciones propuesto
    • y la reintegración de los delegados suspendidos. La ejecutiva
    • de la CDT
    • decidió no obstante entablar contacto con el ministerio
    • competente, el
    • Ministerio de Energía y Minas, así como con el Ministerio del
    • Interior y de
    • Información y la prefectura de Oujda, con el fin de que
    • intercediesen ante la
    • dirección de la compañía para tratar de hallar una salida al
    • conflicto. A raíz
    • de dicho encuentro, que tuvo lugar el 26 de diciembre de 1988,
    • la CDT pidió la
    • vuelta al trabajo como muestra de buena voluntad, esperando
    • que la dirección
    • hiciera otro tanto para desbloquear la situación y poder así
    • entablar un
    • diálogo. Si bien los trabajadores se reintegraron pacíficamente a
    • sus puestos,
    • fueron hostigados y amenazados violentamente por los mandos
    • intermedios a
    • instancias de la dirección. Ello supuso un grave obstáculo para
    • la reanudación
    • del trabajo y fue la causa de que se produjera un plante
    • colectivo de los
    • mineros en el fondo de las galerías en señal de protesta contra
    • los actos de
    • represión y el cierre de todos los pozos por orden de la
    • dirección. Ante
    • semejante medida, a los trabajadores no les quedaba otra
    • solución que
    • proseguir la huelga.
13. 220. El 28 de diciembre de 1988, la dirección llevó a cabo
    • otro acto
    • represivo con la complicidad de las autoridades locales y
    • provinciales: la
    • detención de 14 militantes de la CDT, a los que se inculpó ante
    • el tribunal de
    • primera instancia de Oujda, siendo objeto de acusaciones
    • infundadas y
    • totalmente ficticias. Los cuatro primeros acusados fueron
    • juzgados el 16 de
    • enero de 1989 por distribución de panfletos atentatorios contra
    • el orden
    • público; tres de ellos fueron condenados a tres meses de
    • prisión, mientras el
    • cuarto era absuelto. En cuanto a las otras diez personas
    • perseguidas
    • judicialmente por obstaculizar la libertad del trabajo y acusadas
    • de
    • secuestro, nueve de ellas fueron condenadas a tres meses de
    • prisión y 500
    • dirhams de multa, mientras la dícima era sentenciada a dos
    • meses de prisión y
14. 400 dirhams de multa.
15. 221. Por lo que respecta al desarrollo de ambos procesos, la
    • acusación se
    • basó en una disposición legal de 1939 sobre panfletos
    • subversivos para
    • perseguir a cuatro huelguistas cuyo único delito había sido
    • distribuir
    • panfletos sindicales cuyo contenido no atentaba bajo ningún
    • concepto contra el
    • orden público. Se trata, pues, de un caso en que se obstaculiza
    • el ejercicio
    • del derecho sindical. La vista ante el tribunal de Oujda, el 16 de
    • enero de
16. 1989, demostró que el caso fue abierto a instancias de la
    • Sociedad de
    • Explotaciones Hulleras de Jerada, que urdió totalmente la
    • historia del
    • secuestro y de las trabas a la libertad de trabajo. Una de las
    • pretendidas
    • víctimas se hallaba en la sala reservada a los testigos. El primer
    • testigo de
    • la acusación tenía anotado en su mano el número de matrícula
    • de uno de los
    • obreros inculpados, si bien se daba por supuesto que lo
    • conocía y que lo había
    • indicado a la comisaría. La Sociedad de Explotaciones Hulleras
    • reclamó ante el
    • tribunal una indemnización por los perjuicios sufridos a raíz del
    • plante
    • laboral, como si la huelga en sí constituyera una infracción. Por
    • último, las
    • actas del juicio fueron redactadas en francís, lengua que
    • desconocían los
    • acusados.
17. 222. La CDT indica asimismo que cuando remitió su
    • comunicación, los mineros
    • seguían en huelga desde el 1 de diciembre de 1988 para
    • reclamar el respeto de
    • los derechos sindicales y la admisión de su pliego de
    • reivindicaciones. Por
    • otro lado, el Tribunal de Casación, que debía pronunciarse el 13
    • de febrero de
18. 1989 sobre el caso de los mineros sancionados por el tribunal
    • de primera
    • instancia, aplazó su veredicto hasta el 16 de febrero de 1989.
19. 223. Siempre según la CDT, la única reacción oficial de las
    • autoridades
    • competentes fue la convocatoria de una Comisión parlamentaria
    • sobre asuntos
    • económicos, empleo, energía y minas el 9 de febrero de 1989, a
    • instancias de
    • los diputados de la CDT y de la oposición, que se reúne en la
    • Cámara de
    • Representantes. Según dicha Comisión parlamentaria, que
    • consagró una sesión a
    • examinar la situación reinante en Jerada, se había decidido
    • celebrar una
    • reunión el 16 de febrero de 1989 en Oujda, presidida por el
    • director general
    • de minas del ministerio del ramo, a la que asistirían los
    • representantes de la
    • dirección de la Sociedad de Explotaciones Hulleras de Jerada y
    • los delegados
    • sindicales para examinar el pliego de reivindicaciones
    • presentado por los
    • mineros de Jerada.
20. 224. A modo de conclusión, la CDT declara que durante el
    • transcurso del
    • conflicto que opuso a los mineros a la dirección de la compañía,
    • se alegaron
    • las violaciones siguientes:
      • - violación del en lo relativo a la protección de los
    • representantes de
    • los trabajadores por la suspensión de tres delegados de
    • seguridad e higiene;
      • - violación de los Convenios núms. 87 y 98 por la negativa a
    • entablar un
    • diálogo con la delegación sindical de la CDT, por la detención e
    • inculpación
    • de varios delegados sindicales por distribuir panfletos sindicales
    • de carácter
    • legal y por el cerco a que se sometieron los locales de la CDT
    • de Jerada para
    • impedir a los trabajadores acceder a ellos y poder celebrar
    • reuniones
    • sindicales;
      • - violación del Convenio núm. 95 y de la Recomendación
    • núm. 85 sobre la
    • protección de los salarios al obligar a los mineros a pagar de su
    • propio
    • bolsillo sus útiles de trabajo (botas, picos, cascos, lámparas);
      • - violación del Convenio y la Recomendación núms. 111 sobre
    • la
    • discriminación, por seguirse una política discriminatoria contra
    • los
    • trabajadores afiliados a la CDT:
      • - violación de la Recomendación núm. 102, en especial por
    • no asegurarse
    • medios de transporte convenientes para los mineros (los
    • trabajadores son
    • transportados en volquetes);
      • - violación de la Recomendación núm. 115 sobre la vivienda
    • de los
    • trabajadores (la mayoría de las viviendas de los mineros no
    • satisfacen las
    • normas ménimas de habitabilidad, actualmente 13 m2 para un
    • matrimonio con
    • cuatro hijos);
      • - violación del Convenio núm. 155 y de las Recomendaciones
    • núms. 97 y 112,
    • al no asegurarse los medios de protección y de seguridad y
    • salud de los
    • trabajadores ni los servicios requeridos de medicina del trabajo.
    • B. Respuesta del Gobierno
21. 225. En su respuesta de 12 de abril de 1989, el Gobierno
    • confirma que el 24
    • de marzo de 1988, el Sindicato de trabajadores de la mina de
    • Jerada, afiliado
    • a la CDT, presentó ante la dirección de la Sociedad de
    • Explotaciones Hulleras
    • de Marruecos un pliego de reivindicaciones en el que se
    • recogían 23 puntos que
    • se referían básicamente al aumento de los salarios (20 por
    • ciento) y otras
    • indemnizaciones, la adopción de un nuevo horario de trabajo, la
    • creación de un
    • comité de obras sociales, la mejora de las prestaciones médicas
    • y de las
    • condiciones de trabajo, etc.
22. 226. Según el Gobierno, la dirección de la compañía estimó
    • necesario que la
    • Comisión del estatuto y del personal examinase dichas
    • reivindicaciones, de
    • conformidad con el artículo 3 del dahir núm. 1-60-007 de 5
    • Rejeb de 1380 (24
    • de diciembre de 1960) sobre el estatuto del personal de las
    • empresas mineras
    • (Estatuto del Minero). Esta decisión fue comunicada a la CDT
    • por intermedio
    • del servicio de personal, pero el sindicato, que no se halla
    • representado en
    • la mencionada Comisión, ha seguido reclamando un diálogo
    • directo con la
    • empresa.
23. 227. El Gobierno indica que, con objeto de apoyar sus
    • reivindicaciones, la
    • CDT declaró una huelga de 72 horas a partir del 1 de diciembre
24. de 1988, la
    • cual afectó exclusivamente al personal que trabaja en las
    • galerías (alrededor
25. del 45 por ciento de la plantilla). Durante el plante laboral, el jefe
    • del
    • servicio regional de minas de Oujda debía efectuar una serie de
    • visitas de
    • control para comprobar las medidas de seguridad en las
    • galerías. Como de
    • costumbre, pidió a los delegados de seguridad que lo
    • acompañasen hasta los
    • lugares de trabajo. Con gran sorpresa por su parte, los tres
    • delegados se
    • negaron a acatar la orden, incumpliendo en consecuencia sus
    • obligaciones
    • profesionales y su condición de auxiliares de la administración,
    • en virtud de
    • lo dispuesto en el artículo 34 del Estatuto del Minero. Ante
    • semejante actitud
    • considerada como una negligencia grave, los interesados
    • fueron sancionados de
    • conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Estatuto del
    • Minero. En el
    • mismo se estipula la aplicación de una sanción en tales casos,
    • optándose por
    • la menos severa, a saber: la suspensión de las funciones de
    • delegado de
    • seguridad durante un período de tres meses a partir del 8 de
    • diciembre de
26. 1989.
27. 228. Siempre según el Gobierno, tras una breve reanudación
    • del trabajo del
28. 5 al 13 de diciembre de 1988, el 14 de diciembre se suscitó un
    • incidente
    • cuando un grupo de 150 obreros ocupó una galería de acceso
    • a la mina en el
    • pozo núm. V durante siete horas impidiendo a los demás
    • trabajadores integrarse
    • a sus puestos. La situación acabó, empero, por normalizarse
    • tras la
    • intervención del servicio de minas y el trabajo se reanudó hasta
29. el 19 de
    • diciembre de 1988, fecha en que se declaró una nueva huelga
    • de seis días de
    • duración. El 26 de diciembre de 1988, al reanudarse el trabajo,
    • la situación
    • parecía normal en la cuenca norte y en el pozo núm. IV, si bien
    • en el pozo
    • núm. V, tras el descenso de los mineros, un grupo de
    • trabajadores ocupó el
    • fondo de la galería de la mina. En la segunda cuenca, los otros
    • pozos
    • registraron una situación similar. Así pues, durante 24 horas un
    • total de 445
    • huelguistas permanecieron en el fondo de los pozos. Todas las
    • tentativas
    • llevadas a cabo para que remontaran a la superficie resultaron
    • fallidas.
    • Además, los huelguistas causaron destrozos en las líneas
    • telefónicas y
    • tuvieron secuestrados a cinco capataces y maquinistas
    • encargados del
    • transporte del personal. La ocupación del fondo de los pozos se
    • prolongó hasta
30. las 17 h. 30 del 27 de diciembre de 1988. Ante semejante
    • escalada de la
    • tensión, y con el fin de salvaguardar la seguridad de la
    • explotación y del
    • personal, las autoridades provinciales aconsejaron a la
    • compañía que
    • suspendiera las actividades de explotación del 28 de diciembre
31. de 1988 al 7 de
    • enero de 1989. Al reanudarse el trabajo, sólo acudió un 53 por
    • ciento de la
    • plantilla laboral. La huelga afectó fundamentalmente a los
    • perforadores y
    • picadores, paralizando en consecuencia la producción.
32. 229. El Gobierno prosigue diciendo que, no obstante, se
    • entabló un diálogo,
    • gracias al cual se logró un desenlace de este conflicto social.
    • En efecto, el
33. 27 de diciembre de 1988 el Ministro de Energía y Minas recibió
    • a los miembros
    • de la ejecutiva nacional de la CDT, quienes le pidieron que se
    • anulase la
    • suspensión dictada contra tres delegados sindicales. En el
    • curso de la
    • entrevista, el Ministro insistió en la necesidad de apaciguar la
    • atmósfera
    • social reinante en Jerada, tras lo cual trataría de atenderse la
    • demanda
    • presentada. Por su parte, el gobernador de la provincia de
    • Oujda recibió a los
    • interesados el 3 de enero de 1989 y les invitó a colaborar para
    • apaciguar la
    • tensión reinante en Jerada. El Gobierno confirma las
    • indicaciones de los
    • querellantes indicando que, con objeto de elevar el nivel de los
    • debates en lo
    • que se refiere a las reivindicaciones planteadas por los
    • sindicatos, la
    • Comisión de asuntos económicos de la Cámara de
    • Representantes se reunió el 9
    • de febrero de 1989 en presencia del Ministro de Energía y
    • Minas. En el curso
    • de los debates, pudo apreciarse claramente la situación
    • financiera de la
    • Sociedad de Explotaciones Hulleras y la importancia de las
    • inversiones que se
    • llevan a cabo en esta compañía que arrastra un grave déficit.
    • Se demostró
    • asimismo, por medio de números, que el mantenimiento de esta
    • actividad tiene
    • un objetivo fundamentalmente social. No obstante, y con el fin
    • de responder a
    • las quejas planteadas por los trabajadores y a la proposición
    • hecha al
    • Ministro, los miembros de la Comisión de asuntos económicos de
    • la Cámara de
    • Representantes decidieron proseguir el diálogo en Oujda,
    • creando a tal fin una
    • comisión que sería presidida por el director general de minas y
    • en la que
    • estarían representados los responsables de la compañía, así
    • como los de
    • diferentes sindicatos (Unión de Trabajadores de Marruecos
    • (UMT), Unión General
    • de Trabajadores de Marruecos (UGTM), Confederación
    • Democrática de Trabajadores
    • (CDT) y Unión Nacional de Trabajadores de Marruecos
    • (UNTM)).
34. 230. Las labores de la Comisión finalizaron con la firma de
    • sendos
    • protocolos de acuerdo entre las diferentes partes del conflicto
    • en los que se
    • estipulaba la vuelta al trabajo a partir del 18 de febrero de 1989,
    • explica el
    • Gobierno. Según los protocolos, el personal se beneficia de un
    • aumento
    • salarial del 5 por ciento, un 50 por ciento más en concepto de
    • indemnización
    • por vivienda, un 10 por ciento más de indemnización de
    • transporte durante las
    • vacaciones y un 133 por ciento de préstamos para Aód Al
    • Adha. Además, se
    • adoptaron otras decisiones sobre la participación de los
    • trabajadores en la
    • gestión de las obras sociales, el aumento del número de
    • peregrinos (de seis a
      • diez), etc. Por su parte, los representantes del personal
    • aseguraron a los
    • responsables de la compañía que harían todo lo posible por
    • que se recuperase
    • el retraso de la producción registrado, tomando a tal fin medidas
    • para mejorar
    • la productividad y disminuir el absentismo.
35. 231. En cuanto a la libertad sindical y a las diligencias
    • judiciales, el
    • Gobierno desea hacer una serie de precisiones. Según él, a
    • raíz de demandas
    • individuales interpuestas por los empleados secuestrados en el
    • fondo de los
    • pozos el 26 de diciembre de 1988, diez trabajadores fueron
    • interpelados
    • judicialmente y, tras ser condenados, fueron puestos en libertad
    • provisional.
    • Otras cuatro detenciones tuvieron lugar por atentar contra la
    • libertad de
    • trabajo, siendo tres de los detenidos condenados a un mes de
    • prisión y el
    • cuarto puesto en libertad. Por último, el secretario general local
    • de la CDT
    • de Jerada jamás fue detenido; al contrario, ejerció su actividad
    • durante todo
    • el transcurso del conflicto. Tampoco es cierto que se
    • clausurasen los locales
    • de la CDT.

C. Conclusiones del Comité

1. 232. El Comité observa que el presente caso se refiere a las
   • medidas de
   • represalia antisindical adoptadas por la Sociedad de
   • Explotaciones Hulleras de
   • Marruecos de Jerada y el Gobierno de Marruecos a raíz del
   • conflicto laboral
   • que se declaró en la compañía, conflicto que se prolongó
   • desde diciembre de
2. 1988 a enero de 1989. En esencia, se trata de la negativa de la
   • Sociedad de
   • Explotaciones Hulleras de Marruecos de Jerada a negociar con
   • el sindicato
   • querellante, el sindicato de mineros afiliado a la Confederación
   • Democrática
   • del Trabajo (CDT), y de diversas acciones represivas adoptadas
   • tras declararse
   • en huelga los mineros, en particular: la suspensión durante tres
   • meses de tres
   • delegados de la seguridad e higiene de la CDT (uno de los
   • cuales era el
   • secretario general de la sección de la CDT de Jerada), diversos
   • actos de
   • violencia cometidos por los mandos intermedios de la empresa
   • que respondió a
   • la huelga con un cierre patronal impidiendo con métodos
   • violentos la
   • reanudación del trabajo y la detención de 14 militantes de la
   • CDT que
   • participaron en la huelga (a cuatro se les acusó de distribución
   • de panfletos
   • atentatorios contra el orden público, condenándose a tres de
   • ellos a tres
   • meses de prisión y absolviéndose al cuarto; los diez restantes
   • fueron
   • procesados por atentar contra la libertad de trabajo y cometer
   • un delito de
   • secuestro, siendo nueve de ellos condenados a tres meses de
   • prisión y el
   • dícimo a dos meses). Por otro lado, los querellantes denuncian
   • igualmente la
   • violación de varias normas internacionales del trabajo que no
   • tienen que ver
   • exactamente con la observancia de la libertad sindical.
3. 233. Las versiones de los querellantes y del Gobierno sobre el
   • caso
   • difieren en varios aspectos. No obstante, a la luz de las
   • informaciones
   • disponibles parece que, a raíz de las diversas demandas de
   • intervención
   • efectuadas ante la OIT y de la presentación de quejas formales
   • por violación
   • de la libertad sindical, el Ministro de Energía y Minas recibió el
4. 27 de
   • diciembre de 1988 a los miembros de la ejecutiva nacional de la
   • CDT para
   • tratar de encontrar una salida negociada; ahora bien, la
   • entrevista no dio
   • resultados pues 14 mineros huelguistas fueron condenados. No
   • obstante, tanto
   • los querellantes como el Gobierno señalan que a partir del 9 de
   • febrero de
5. 1989, y en presencia del Ministro de Energía y Minas, se reunió
   • una Comisión
   • parlamentaria sobre asuntos económicos, empleo, energía y
   • minas de la Cámara
   • de Representantes para examinar la situación planteada en la
   • mina de Jerada.
   • Según la CDT, la Comisión se convocó a instancias de los
   • diputados de la CDT y
   • de la oposición y decidió mantener una reunión el 16 de febrero
6. de 1989, en
   • Oujda, la cual sería presidida por el director general de minas
   • del Ministerio
   • en cuestión, participando en ella representantes de la dirección
   • de la
   • Sociedad de Explotaciones Hulleras de Jerada y representantes
   • sindicales, con
   • el fin de examinar el pliego de reivindicaciones presentado por
   • los mineros de
   • Jerada. Según el Gobierno, en cambio, la iniciativa de la
   • reunión fue suya,
   • convocándose la mencionada Comisión con el fin de que los
   • debates sobre las
   • reivindicaciones planteadas por los sindicatos alcanzaran un
   • mayor nivel.
   • Durante los debates en el seno de la Comisión, se puso
   • claramente de
   • manifiesto la situación financiera de la compañía y la
   • importancia de las
   • inversiones que actualmente se llevan a cabo en la empresa, la
   • cual arrastra
   • un grave déficit. Se demostró, por medio de números, que el
   • mantenimiento de
   • esta actividad tiene un objetivo fundamentalmente social. No
   • obstante, el
   • Gobierno admite que con el fin de responder a las quejas
   • planteadas por los
   • trabajadores y a la proposición del Ministro, los miembros de la
   • mencionada
   • Comisión parlamentaria decidieron proseguir el diálogo en Oujda,
   • para lo que
   • se creó una comisión presidida por el director general de minas
   • en la que
   • participaban representantes de la compañía y de los diferentes
   • sindicatos.
7. 234. Según el Gobierno, los trabajos de la mencionada
   • Comisión dieron por
   • resultado la firma de sendos protocolos de acuerdo entre las
   • diferentes partes
   • y la reanudación del trabajo a partir del 18 de febrero de 1989.
8. 235. En cuanto a las represalias antisindicales perpetradas
   • contra los
   • trabajadores huelguistas y los delegados de seguridad e higiene,
   • el Gobierno
   • señala que, a raíz de las demandas individuales presentadas
   • por los empleados
   • secuestrados en el fondo de los pozos el 26 de diciembre de
9. 1988, diez
   • trabajadores fueron interpelados judicialmente y, tras ser
   • condenados, fueron
   • puestos en libertad provisional. Por otro lado, afirma que se
   • produjeron otras
   • cuatro detenciones por atentar contra la libertad de trabajo,
   • siendo tres de
   • los inculpados condenados a un mes de prisión y el cuarto
   • absuelto. Por
   • último, niega formalmente que al secretario general local de la
   • CDT de Jerada
   • se le haya detenido jamás; al contrario, afirma, ejerció sus
   • actividades
   • durante todo el transcurso del conflicto. Asimismo, y según el
   • Gobierno, los
   • locales de la CDT no fueron clausurados.
10. 236. En tales condiciones, el Comité recuerda la importancia
    • que atribuye
    • al principio según el cual la huelga es uno de los medios
    • legítimos de que
    • deben poder disponer los trabajadores para hacer valer sus
    • intereses
    • económicos y sociales.
11. 237. El Comité nota con preocupación que, en el presente
    • caso, varios
    • delegados sindicales fueron suspendidos de sus funciones y
    • que una serie de
    • trabajadores huelguistas han sido procesados judicialmente,
    • siendo condenados
    • varios de ellos a un mes de prisión y acusándose a otros de
    • distribuir
    • panfletos atentatorios contra el orden público. A este respecto,
    • al Comité no
    • le cabe sino insistir en el hecho de que uno de los principios
    • fundamentales
    • de la libertad sindical es que los trabajadores deben beneficiarse
    • de una
    • protección adecuada contra cualesquiera actos de
    • discriminación que atenten
    • contra la libertad sindical en materia de empleo - despidos,
    • traslados,
    • descensos de nivel o cualesquiera otros actos perjudiciales -, y
    • que dicha
    • protección es especialmente deseable en el caso de los
    • delegados sindicales,
    • pues para que éstos puedan cumplir sus funciones sindicales
    • con absoluta
    • independencia deben tener la garantía de que no se verán
    • perjudicados como
    • consecuencia del mandato sindical que ostentan. El Comité ha
    • estimado que la
    • garantía de semejante protección, por lo que se refiere a los
    • dirigentes
    • sindicales, es asimismo necesaria para asegurar el respeto del
    • principio
    • fundamental según el cual las organizaciones de trabajadores
    • tienen derecho a
    • elegir libremente a sus representantes.
12. 238. En cuanto a la libertad de expresión de los sindicalistas,
    • el Comité
    • recuerda que el pleno ejercicio de los derechos sindicales exige
    • la libre
    • circulación de las informaciones, y por consiguiente la
    • distribución de
    • panfletos llegado el caso, y que tanto los trabajadores y los
    • empleadores como
    • sus organizaciones deberían gozar de la libertad de opinión y de
    • expresión en
    • sus publicaciones y cualesquiera otras actividades sindicales.
13. 239. Por lo que respecta a las penas de prisión dictadas
    • contra varios
    • sindicalistas por participar en una huelga, el Comité recuerda
    • que el
    • mantenimiento de unas relaciones laborales armoniosas puede
    • verse comprometido
    • por una actitud inflexible al aplicar a los trabajadores sanciones
    • severas, en
    • especial sanciones penales, por participar en huelgas. En
    • consecuencia,
    • cualquier sanción que se imponga contra actividades ilegítimas
    • relacionadas a
    • huelgas debería ser proporcional al delito cometido. Por otro
    • lado, al
    • entrañar las detenciones de huelguistas graves riesgos de
    • abuso y serios
    • peligros para la libertad sindical, las autoridades competentes
    • deberían
    • recibir instrucciones adecuadas para prevenir los riesgos que
    • dichas
    • detenciones puedan suponer para la libertad sindical. Las
    • autoridades públicas
    • no deberían recurrir a medidas de encarcelamiento contra
    • quienes organizan o
    • participan en una huelga pacífica.
14. 240. El Comité se congratula de que, al parecer, este conflicto
    • social haya
    • encontrado finalmente una solución satisfactoria para todas las
    • partes
    • interesadas.