Rapport intérimaire - Rapport No. 309, Mars 1998

• Alegatos: Detenciones, despidos, suspensiones y destituciones de sindicalistas por declararse en huelga, cierre de locales sindicales
  224. 224 El Comité examinó el caso núm. 1851 en dos ocasiones, en sus reuniones de junio de 1996 y de junio de 1997 (véanse 304.o informe, párrafos 255 a 286, y 307.o informe, párrafos 253 a 272, aprobados por el Consejo de Administración en sus 266.a y 269.a reuniones de mayo-junio de 1996 y 1997, respectivamente) en las que formuló conclusiones provisionales.
  225. 225 El caso núm. 1922 presentado por la Internacional de la Educación (IE), el Sindicato de Docentes de Enseñanza Secundaria (SYNESED) y el Sindicato de Docentes de Enseñanza Primaria (SEP) se incluye en una comunicación de fecha 4 de abril de 1997.
  226. 226 Ante la gravedad de los alegatos presentados en los dos casos, durante su reunión de junio de 1997, el Comité de Libertad Sindical pidió al Gobierno que aceptara el envío al país de una misión de contactos directos (véase 307.o informe, párrafo 272).
  227. 227 El Gobierno aceptó el envío de la misión en el mes de agosto de 1997, y pidió que ésta se efectuara a principios de 1998, por lo que se tomaron las disposiciones pertinentes. El Director General nombró al profesor Jean-Maurice Verdier, miembro de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, su representante para que llevara a cabo esta misión, que tuvo lugar en Djibouti del 11 al 18 de enero de 1998. Durante esta misión de contactos directos, el representante del Director General estuvo acompañado por la Sra. A.-J. Pouyat, alta funcionaria del Servicio de Libertad Sindical, y por la Sra. M. Cuillio, encargada de programa y por el Sr. C. Kompier, experto asociado para las normas internacionales del trabajo, en la Oficina de zona de la OIT en Addis Abeba. Esta oficina estableció los contactos necesarios para garantizar que la misión se desarrollase en las condiciones adecuadas. El informe de la misión figura en anexo al final del presente informe.
  228. 228 Djibouti ratificó el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Situación anterior a la misión

1. 229. Los alegatos del caso núm. 1851 se referían a arrestos, despidos masivos, suspensiones y destituciones de militantes y dirigentes sindicales de numerosos sectores de la economía (ferrocarril, aeropuerto, electricidad, correos y telecomunicaciones, salud, agua y enseñanza) tras una huelga iniciada en septiembre de 1995 para protestar contra una ley de finanzas que tenía repercusiones catastróficas en el nivel de vida de los trabajadores. Posteriormente, otras huelgas iniciadas por los docentes durante el año 1996 para protestar contra los retrasos acumulados en los pagos atrasados de los salarios llevaron de nuevo a la detención y el despido masivo de un gran número de docentes (400 docentes fueron destituidos por medio de una nota de servicio del Ministerio de Educación y 180 institutores suplentes despedidos el 28 de enero de 1996 por haber participado en una huelga), así como a la suspensión y posterior destitución de los docentes dirigentes del SYNESED y a nuevas detenciones tras organizar los docentes una manifestación de solidaridad con sus camaradas huelguistas destituidos. Mientras esto ocurría, se creó una organización sindical adicta a la causa del Gobierno, el Congreso del Trabajo de Djibouti (CODJITRA) y, en mayo de 1996, las fuerzas del orden cerraron los locales de la Unión General de Trabajadores de Djibouti (UGTD). Por añadidura, se congelaron las cotizaciones sindicales de los sindicatos de base (correos y telecomunicaciones (OPT) y electricidad (SEED)) y se suspendió de sus funciones e inculpó al abogado de la coordinación intersindical UDT/UGTD, Sr. Mohamed Aref.
2. 230. El caso núm. 1922 presentado por la Internacional de la Educación (IE), el Sindicato de Docentes de Enseñanza Secundaria (SYNESED) y el Sindicato de Docentes de Enseñanza Primaria (SEP) se refería igualmente a las represalias antisindicales que sufrieron los docentes durante los acontecimientos que se habían producido en 1995, 1996 y 1997.
3. 231. La última vez que se examinó el caso núm. 1851, el Comité había lamentado que el Gobierno no hubiera respondido a los alegatos de manera concreta y detallada, tanto más cuanto que las medidas represivas contra los militantes y dirigentes sindicales no sólo no se habían suprimido, sino que por el contrario se habían agravado. El Comité había exhortado al Gobierno a que liberara a los sindicalistas arrestados por participar en las huelgas de agosto y septiembre de 1995 que continuasen detenidos y cuyos nombres figuraban en la lista que adjuntó en el anexo I de su informe, lo mantuviera informado de la suerte de los dirigentes que seguían siendo objeto de procedimientos judiciales y le comunicara el texto de las sentencias dictadas sobre este respecto. También había pedido al Gobierno que le enviase informaciones sobre los despidos, las suspensiones y las destituciones de los huelguistas en 1995, 1996 y 1997, cuyos nombres figuraban en la lista que adjuntó en el anexo II de su informe, y le había exhortado a que adoptase medidas para levantar inmediatamente las sanciones masivas que sufrían los huelguistas y para reintegrarlos en sus puestos de trabajo. Asimismo, había pedido al Gobierno que reintegrase en sus funciones a los dirigentes sindicales, pusiese fin tanto al cierre del local de la UGTD por las fuerzas del orden, ya que consideraba que esta medida constituía un serio obstáculo para el ejercicio de los derechos sindicales, como al congelamiento de las cotizaciones sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Oficina de Correos y Telecomunicaciones (OPT) y del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Djibouti (SEED). Por otra parte, había pedido al Gobierno que le comunicase sus comentarios sobre los alegatos relativos a la creación de una organización sindical adicta a su causa, el Congreso del Trabajo de Djibouti (CODJITRA), la destitución de cinco dirigentes de un sindicato de docentes en febrero de 1997, así como sobre la deportación de 500 personas a un campamento a raíz de una manifestación y la suspensión del abogado de la coordinación intersindical UDT/UGTD, Sr. Mohamed Aref.

B. Conclusiones del Comité

1. 232. Teniendo en cuenta de que las informaciones recabadas por el representante del Director General durante la misión de contactos directos figuran en anexo al presente informe, el Comité se propone formular directamente sus conclusiones sobre los diversos aspectos de los casos relativos a Djibouti actualmente ante el Comité.
2. 233. Ante todo, el Comité estima que el informe detallado del representante del Director General demuestra la utilidad de dichas misiones para poder llevar a cabo un examen exhaustivo y objetivo de las quejas.
3. 234. El Comité toma nota con interés del espíritu de cooperación de que ha dado muestras el Gobierno en este asunto y las facilidades que ha concedido sin reservas a la misión. Expresa su firme esperanza de que el Gobierno continúe colaborando con el mismo espíritu. El Comité observa con especial satisfacción, que los miembros de la misión han podido obtener todas las informaciones deseadas y entrevistarse con todas las personas que consideraron necesario para llevar a bien su cometido.
4. 235. Sobre el fondo de los alegatos en espera de fallo y en lo que respecta a las detenciones de sindicalistas, el Comité toma nota con interés de que ninguna persona está detenida por actos relacionados con el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, ni es objeto de procedimientos judiciales por las mismas razones, a excepción de un recurso presentado por el secretario general adjunto de la UGTD para recurrir a la condena de tres meses de cárcel y a la multa de 60.000 francos que se le impuso por desacato. Sin embargo, la pena no se ha aplicado porque el interesado presentó un recurso en apelación. En cuanto a los procedimientos judiciales interpuestos contra los docentes de enseñanza secundaria, dirigentes del SYNESED, se han suspendido todas las diligencias. No obstante, es cierto que se mantuvo en detención preventiva a muchísimas personas en el centro de detención de Nagad durante 72 horas tras los movimientos de huelga y las manifestaciones de solidaridad de 1995, 1996 y 1997, por, según las autoridades gubernamentales, alterar el orden público, que a menudo se les liberó cuando intervino personalmente el Ministro de Educación Nacional y que se condenó a un dirigente sindical a tres meses de prisión y a una multa por injurias desde la primera huelga de 1995, aunque todavía no se haya aplicado dicha pena.
5. 236. En estas condiciones, el Comité recuerda la importancia que concede al derecho de huelga que es un corolario indisociable del derecho de libertad sindical protegido por el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). El Comité subraya que la detención de dirigentes sindicales y sindicalistas por actividades sindicales legítimas, aunque sólo sea por corto espacio de tiempo, constituye una violación de los principios de la libertad sindical (véase párrafo 70, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996) y que las condenas penales de dirigentes sindicales por el simple hecho de invitar a sus militantes a una huelga legítima no son compatibles con la libertad sindical. El Comité pide al Gobierno que en el futuro respete estos principios.
6. 237. En relación con los despidos masivos de que fueron objeto los huelguistas, en especial los del sector de la enseñanza, el Comité toma nota de que las 400 destituciones de institutores alegadas por la CIOSL y la coordinación intersindical UDT/UGTD correspondían en realidad a desempleados reclutados durante la huelga para reemplazar temporalmente a los docentes en huelga para garantizar el cuidado de los niños; esas contrataciones temporales no fueron mantenidas. El Comité toma nota también de que la mayoría de los 180 institutores huelguistas que habían sido despedidos tras las huelgas así como los huelguistas de otros sectores de la economía habían sido reintegrados para satisfacción de las organizaciones sindicales. No obstante, el Comité observa que, según los representantes de los trabajadores, estas reintegraciones en la enseñanza se produjeron sobre todo una vez que los interesados se hubieran comprometido por escrito a no adherirse a ningún sindicato, afirmación que negaron rotundamente las autoridades gubernamentales del Ministerio de Educación Nacional. En relación con este último punto, el Comité insiste en la importancia que concede al principio según el cual no deberían exigirse declaraciones de lealtad u otros compromisos de igual naturaleza para obtener la reintegración en el empleo e insiste ante el Gobierno para que se ponga fin a tales declaraciones.
7. 238. Por otra parte, el Comité lamenta profundamente observar que, según las informaciones recabadas por la misión, la totalidad de los altos dirigentes de la coordinación intersindical UDT/UGTD y varios altos dirigentes del SYNESED y el SEP siguen privados de empleo, e incluso cinco de ellos han sido destituidos de la función pública, a raíz de las huelgas y manifestaciones pacíficas de 1995, 1996 y 1997. Además, el Comité observa que las autoridades gubernamentales del Ministerio de Administración Pública declararon a los miembros de la misión que sólo los docentes funcionarios en activo podían afiliarse a los dos sindicatos de docentes, el SYNESED y el SEP. Por lo tanto, el Comité no puede dejar de constatar que las autoridades ya no consideran que los dirigentes sindicales despedidos en el sector de la enseñanza y los funcionarios docentes destituidos de la función pública así como los empleados de los sectores de los ferrocarriles, el aeropuerto, la electricidad de Djibouti y correos que participaron en huelgas sean dirigentes sindicales elegidos para defender y promover los intereses de sus afiliados. A este respecto, el Comité recuerda que la pérdida de la calidad de sindicalista como resultado de un despido por motivos de huelga no es conforme a los principios de la libertad sindical (véase caso núm. 1266 de Burkina Faso, 246.o informe, párrafo 164).
8. 239. El Comité toma nota de que el Gobierno declaró que algunos docentes huelguistas habían abandonado el país, si bien señaló que si lo solicitaban no se opondría a la readmisión, con estatuto contractual, de los docentes destituidos.
9. 240. El Comité expresa su firme deseo de que el Gobierno complete el calendario de entrevistas (el principio de las mismas se fijó cuando la misión de contactos directos se reunió en el Ministerio de Trabajo con las organizaciones sindicales) con objeto de examinar las medidas a tomar para que se revoquen o anulen los despidos de los dirigentes sindicales despedidos y para que sean reintegrados lo más rápidamente posible en sus puestos de trabajo y funciones. Se trata en particular de los Sres. Ahmed Djama Egueh y Aden Mohamed Abdou, presidente y secretario general de la UDT respectivamente, de los Sres. Kamil Diraneh Hared y Mohamed Doubad Wais, secretarios generales de la UGTD, del Sr. Habib Ahmed Doualleh, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad, del Sr. Abdillahi Aden Ali, responsable sindical de la coordinación intersindical, así como de tres sindicalistas de los ferrocarriles, los Sres. Houssein Dirieh Gouled, Ahmed Elmi Fod y Moussa Wais Ibrahim. Todos estos dirigentes y militantes sindicales siguen despedidos desde el mes de septiembre de 1995 tras participar en una huelga de protesta contra la política económica y social del Gobierno hace dos años y medio. El Comité invita también al Gobierno a que haga todo lo posible para que los cinco docentes funcionarios titulares de la enseñanza secundaria destituidos de la función pública en febrero de 1997 y los dos docentes de educación primaria revocados en 1996, que las organizaciones querellantes citan por su nombre, sean reintegrados en sus cargos y funciones si así lo piden.
10. 241. En relación con el congelamiento de las cotizaciones sindicales, el Comité toma nota con interés de que los bancos en los que se encontraban depositados los haberes del Sindicato de Trabajadores de la Oficina de Correos y Telecomunicaciones (OPT) y del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Djibouti (SEED) restituyeron a los dirigentes de estos sindicatos las cotizaciones sindicales.
11. 242. En relación con la creación de una organización sindical adicta a la causa del Gobierno, el Congreso del Trabajo de Djibouti (CODJITRA), el Comité observa que, la Comisión de Verificación de Poderes de la reunión de junio de 1997 de la Conferencia Internacional del Trabajo estimó por unanimidad que deberían invalidarse los poderes del delegado de los trabajadores de Djibouti, Sr. Mohamoud Ali Boulaleh, secretario general del Congreso del Trabajo de Djibouti, nombrado por decreto núm. 97/086/CAB representante de los trabajadores de Djibouti ante la reunión de junio de 1997 de la Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión indicaba lo siguiente: Según las pruebas disponibles, el delegado de los trabajadores provenía de una organización estrechamente vinculada al Gobierno, en detrimento de las organizaciones de trabajadores que de modo indiscutible eran las más representativas de Djibouti. Ello constituía una violación patente del artículo 3, párrafo 5, de la Constitución de la OIT (85.a reunión, Ginebra, 1997, Actas 7/17). En caso de que exista al menos una estrecha relación entre un sindicato y las autoridades públicas, el Comité ha puesto siempre de relieve la importancia que atribuye a la resolución de 1952 relativa a la independencia del movimiento sindical, y exhortó al Gobierno a que se abstenga de manifestar favoritismo hacia determinados sindicatos o discriminación en contra de otros y a que adopte una actitud neutral en sus relaciones con todas las organizaciones de trabajadores y de empleadores a fin de que todas ellas se hallen en un pie de igualdad (véase Recopilación, op. cit., párrafo 305).
12. 243. En lo que respecta al local de la UGDT clausurado por las fuerzas del orden desde el 7 de mayo de 1996, el Comité toma nota con satisfacción de que durante la reunión celebrada en el despacho del Ministro de Trabajo con los representantes de las organizaciones sindicales, el Ministro pidió al secretario de trabajo, en presencia de los miembros de la misión, que entregase las llaves al portavoz de la coordinación intersindical UDT/UGTD y que la entrega se efectuó ese mismo día, es decir, el 15 de enero de 1998.
13. 244. Por otra parte, el Comité observa con preocupación que, según las informaciones obtenidas por la misión ante los representantes de los trabajadores, el 7 de julio de 1997, un ujier judicial y varios policías de uniforme forzaron la puerta del domicilio privado del presidente de la UDT, y secretario general del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto, Sr. Egueh, y se incautaron de los archivos sindicales de la UDT, a pesar de que la justicia había dictado a favor del Sr. Egueh en relación con la cuestión de su vivienda.
14. 245. El Comité recuerda la importancia del principio de la inviolabilidad de los bienes sindicales. En consecuencia, llama a la atención del Gobierno el hecho de que todo allanamiento de sedes sindicales, así como de hogares de sindicalistas, sin mandato judicial constituye una gravísima violación de la libertad sindical (véase Recopilación, op. cit., párrafo 177). El Comité invita al Gobierno a que devuelva cuanto antes los archivos sindicales de la UDT y a que le mantenga informado de las medidas que adopte en ese sentido.
15. 246. En relación con la suspensión del Sr. Aref, abogado de las organizaciones sindicales, el Comité observa que la versión de las organizaciones querellantes y del Gobierno se contradicen en parte. Según las informaciones recabadas por la misión, el Gobierno considera que el Sr. Aref ha sido suspendido por hechos ajenos a la defensa de los intereses de los militantes sindicales. El Sr. Aref tiene abierto un proceso penal contra él por haberse constituido defensor de una empresa privada de Djibouti y de la parte contraria, una empresa de derecho británico, en el mismo proceso. Su caso deberá juzgarse en el mes de marzo de 1998. Mientras tanto, el Colegio de Abogados de Djibouti le ha prohibido, temporalmente, ejercer la abogacía. El Sr. Ali Dimi, decano del Colegio de Abogados de Djibouti, mencionó las mismas causas como el motivo de las diligencias penales. Por el contrario, los representantes de los trabajadores rechazan firmemente esta versión de los hechos y estiman que el Sr. Aref ha sido sancionado por haberlos defendido y que, desde entonces, ningún abogado de Djibouti se atreve a defender a los sindicalistas, tanto más cuanto que no se ha dado curso a las denuncias que estos últimos presentaron ante el ministerio público. Según el informe de una organización de derechos humanos que el Sr. Aref presentó a la misión, un bufete de abogados londinense presentó una reclamación puramente disciplinaria en marzo de 1995, a la que no se había dado curso más de un año después de su presentación, tras las explicaciones que dio el Sr. Aref al decano y al bufete de abogados londinense. Posteriormente, el Sr. Aref fue acusado de estafa el 23 de enero de 1997 y citado a comparecer ante el tribunal correccional el 6 de octubre de 1997 sin haber podido obtener precisiones sobre los cargos que se le imputaban. Al mismo tiempo, el Consejo del Colegio de Abogados de Djibouti le ha prohibido ejercer temporalmente sus funciones desde febrero de 1997, es decir, dos años después de que el bufete británico presentase la reclamación disciplinaria. El Sr. Aref presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación contra la decisión de prohibirle temporalmente ejercer la abogacía así como un recurso ante el Tribunal Supremo para que se anulase el procedimiento penal abierto contra él. Los procedimiento penales y disciplinarios abiertos contra él se llevaron a cabo en condiciones contrarias a la presunción de inocencia y al respeto de los derechos de la defensa, a fin de impedir que ejerciera su actividad de defensor ante los tribunales.
16. 247. El Comité observa con preocupación que, según los representantes de los trabajadores con los que se entrevistaron los miembros de la misión, desde que el Sr. Aref fue objeto de sanciones, ningún abogado de Djibouti se atreve a defender a los sindicalistas y que sigue sin darse curso a las denuncias presentadas por estos últimos. Por lo tanto, el Comité insiste en la importancia del principio según el cual las garantías de un procedimiento judicial regular no sólo deben estar expresadas en la legislación, sino también aplicarse en la práctica (véase Recopilación, op. cit., párrafo 107). El Comité pide al Gobierno que extreme la vigilancia en materia de promoción y defensa de la libertad sindical y tome las medidas necesarias para que se instruyan las denuncias presentadas por las organizaciones sindicales o los sindicalistas así como las presentadas por el Sr. Aref, y le comunique el texto de las sentencias dictadas en relación con la situación disciplinaria y penal del Sr. Aref, abogado defensor de los sindicalistas.
17. 248. Por otra parte, el Comité observa que, según las informaciones recabadas por la misión, se está procediendo actualmente a revisar el Código del Trabajo en consulta con los representantes de los empleadores. El Comité recuerda la importancia de consultar al conjunto de los interlocutores sociales, incluidos los representantes de los trabajadores, durante la elaboración de la legislación laboral y la disponibilidad de la OIT para proporcionar asistencia técnica en la labor de revisión del Código del Trabajo que se lleva a cabo actualmente.
18. 249. Se ha informado al Comité que, después del regreso de la misión, se celebró en Djibouti un seminario nacional tripartito sobre la revisión del Código del Trabajo y que una representante del Servicio de Relaciones Laborales de la OIT participó en el mismo. El Comité toma nota con interés de esta información.
19. 250. Al igual que hiciera la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en su observación de diciembre de 1997, el Comité expresa su firme esperanza de que se adopte una legislación conforme a los principios de la libertad sindical y que la revisión actual de la legislación del trabajo permita, por un lado, modificar el decreto del 10 de septiembre de 1983 a fin de circunscribir los amplios poderes del Presidente de la República de decidir la requisa de ciertos funcionarios indispensables para la vida de la nación y para el buen funcionamiento de sus servicios públicos esenciales, únicamente a los casos en que, en opinión de los órganos de control se puede limitar o prohibir el derecho de huelga, a saber, en la función pública sólo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, o en el caso de crisis nacional aguda, y, por otro lado, levantar las restricciones relativas a las elecciones sindicales incluidas en el artículo 6 del Código del Trabajo que reservan el ejercicio de las funciones sindicales a los nacionales para permitir a los extranjeros acceder a las funciones sindicales, al menos después de un período razonable de residencia en el país, a fin de garantizar la aplicación del artículo 3 del Convenio núm. 87.

Anexo

1. Informe sobre una misión de contactos directos efectuada en
2. Djibouti
3. (11 a 18 de enero de 1998)
4. En las comunicaciones de 19 de septiembre y de 9 de diciembre
5. de 1995, y de 28
6. de enero y 12 de marzo de 1996, la Confederación Internacional
7. de
8. Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la Coordinación
9. Intersindical Unión
10. del Trabajo de Djibouti/Unión General de los Trabajadores de
11. Djibouti
12. (UDT/UGTD), y la Organización de la Unidad Sindical Africana
13. (OUSA)
14. presentaron quejas por violación de los principios de libertad
15. sindical contra
16. el Gobierno de Djibouti (caso núm. 1851).
17. El Comité de Libertad Sindical, basándose en las quejas
18. relacionadas con el
19. caso núm. 1851, en las informaciones complementarias que
20. enviaron las
21. organizaciones querellantes en marzo de 1997, y en las
22. respuestas escritas que
23. presentó el Gobierno en febrero de 1996 y en mayo de 1997, se
24. reunió en dos
25. ocasiones (mayo-junio de 1996 y mayo-junio de 1997) para
26. examinar este caso.
27. En ambas reuniones formuló conclusiones provisionales (véanse
28. el 304.o
29. informe, párrafos 255 a 286, y el 307.o informe, párrafos 253 a
30. 272, que
31. aprobó el Consejo de Administración en sus 266.a y 269.a
32. reuniones,
33. respectivamente).
34. Por su parte, la Internacional de la Educación (IE) presentó otra
35. queja por
36. violación de los principios de libertad sindical contra el Gobierno
37. de
38. Djibouti, en una comunicación de 4 de abril de 1997 (caso núm.
39. 1922).
40. En su reunión de mayo-junio de 1997, el Comité de Libertad
41. Sindical pidió al
42. Gobierno que aceptara el envío al país de una misión de
43. contactos directos
44. (véase el 307.o informe, párrafo 272).
45. En una comunicación de 30 de agosto de 1997, el Gobierno
46. indicó que deseaba
47. que la misión de contactos directos relativa a los casos núms.
48. 1851 y 1922 se
49. efectuara a principios de 1998. El 10 de diciembre de 1997, el
50. Ministro de
51. Trabajo y Formación Profesional dirigió una comunicación al
52. Director General
53. de la OIT en la que aceptaba el envío de la misión de
54. contactos directos como
55. parte del examen de los casos que llevaba el Comité.
56. El Director General designó al profesor Jean-Maurice Verdier,
57. miembro de la
58. Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
59. Recomendaciones, para que
60. llevara a cabo esta misión, que tuvo lugar del 11 al 18 de enero
61. de 1998.
62. Acompañaron al profesor Verdier la Sra. Pouyat, alta funcionaria
63. del Servicio
64. de Libertad Sindical, y dos funcionarios de la Oficina de la OIT
65. en Addis
66. Abeba, la Sra. Martine Guilio, encargada de programa, y el Sr.
67. Coen Kompier,
68. experto asociado para las normas internacionales del trabajo,
69. quienes habían
70. establecido los contactos necesarios para preparar la misión y
71. garantizar que
72. se desarrollará en las condiciones adecuadas.
73. Cómo se desarrolló la misión
74. Durante su estancia en Djibouti, los miembros de la misión se
75. entrevistaron
76. con varias personalidades, entre las que cabe citar, el Ministro
77. de Trabajo y
78. Formación profesional Sr. Mohamed Ali Mohamed, altos
79. funcionarios de los
80. Ministerios de Trabajo, Justicia, Educación Nacional, de la
81. administración
82. pública, altos dirigentes que representaban a los trabajadores de
83. la
84. Coordinación Intersindical Unión del Trabajo de Djibouti/Unión
85. General de los
86. Trabajadores de Djibouti (UDT/UGTD), el Sindicato de
87. Docentes de Enseñanza
88. Secundaria (SYNESED) y el Sindicato de Docentes de
89. Enseñanza (SEP), así como
90. con altos dirigentes de la Unión Sindical Interempresas (USIE) y
91. el Decano del
92. Colegio de Abogados de Djibouti, Sr. Ali Dini.
93. Los miembros de la misión desean subrayar que todas las
94. personas con las que
95. se entrevistaron cooperaron plenamente. Pudieron llevar a cabo
96. su tarea en
97. plena libertad y de manera independiente, y el Gobierno de
98. Djibouti les brindó
99. todas las facilidades necesarias para llevar a bien su cometido.
100. Situación de los casos ante el Comité de Libertad Sindical
101. Por lo que se refiere al caso núm. 1851, el Comité señaló
102. anteriormente que en
103. los alegatos en cuanto al fondo se indicaba, en primer lugar,
104. que las dos
105. centrales de trabajadores de Djibouti, agrupadas en la
106. Coordinación
107. Intersindical UDT/UGTD iniciaron una huelga en septiembre de
108. 1995 para
109. protestar contra un proyecto de ley de finanzas que, según los
110. querellantes,
111. tenía repercusiones catastróficas en el nivel de vida de los
112. trabajadores, y
113. contra la negativa del Gobierno de establecer un diálogo con
114. los sindicatos
115. acerca de la elaboración de esta ley. Se indicaba que la huelga
116. duró dos días
117. y que la siguieron varios sectores de actividad. Supuestamente
118. tuvo como
119. consecuencia un gran número de detenciones y de condenas
120. de dirigentes y
121. militantes sindicales, así como de despidos masivos,
122. suspensiones y
123. destituciones, sobre todo en el sector de la enseñanza
124. (concretamente, 400
125. docentes), en las empresas del ferrocarril de Djibouti-Etiopía, del
126. aeropuerto, de electricidad, de correos y telecomunicaciones,
127. de la salud y
128. del agua. Ulteriormente, otra huelga, que iniciaron los docentes
129. en enero de
130. 1996, contra los retrasos en los pagos de los salarios, llevó a la
131. detención
132. de 230 docentes, 217 de los cuales fueron liberados
133. rápidamente, y al despido
134. de 180 institutores suplentes. Trece docentes detenidos fueron
135. llevados ante
136. un tribunal, y luego fueron puestos en libertad tras la
137. intervención de sus
138. abogados. En el momento en que esto ocurría: se creó una
139. organización sindical
140. adicta a la causa del Gobierno, el Congreso del Trabajo de
141. Djibouti
142. (CODJITRA); las fuerzas del orden cerraron los locales de la
143. UGTD; los
144. dirigentes sindicales fueron destituidos; las cotizaciones
145. sindicales de los
146. sindicatos de base (correos y telecomunicaciones y electricidad)
147. fueron
148. congeladas; y el abogado de la Coordinación Intersindical
149. UDT/UGTD (Sr.
150. Mohamed Aref) fue suspendido de sus funciones e inculpado.
151. El Gobierno, en su respuesta escrita, aseguró al Comité que
152. respetaba los
153. sindicatos y la democracia, pero denunció los graves disturbios
154. sociales que
155. afectaron al país y que lo llevaron a recurrir a la intervención de
156. la policía
157. para restablecer el orden. Insistió en el hecho de que el
158. Presidente de la
159. República no suspendió la Constitución y que había privilegiado
160. la
161. conciliación, la mediación y el arbitraje para lograr una solución
162. pacífica de
163. los conflictos, ya que en la Constitución se reconoce el derecho
164. sindical y el
165. derecho de huelga. Sin embargo, los despidos mencionados
166. estuvieron motivados
167. por ausencias en el trabajo, por atentados contra la libertad del
168. trabajo y
169. por actividades puramente políticas. En cuanto a la sede de los
170. sindicatos, el
171. Gobierno explicó que el edificio de los sindicatos pertenecía al
172. Estado, pero
173. que la UGTD se negó a compartirlo y a firmar un acuerdo con la
174. UDT acerca de
175. las condiciones y las modalidades de utilización de dichos
176. locales, tal como
177. la había invitado a hacerlo el Gobierno.
178. La última vez que examinó el caso núm. 1851 en mayo-junio de
179. 1997, el Comité
180. de Libertad Sindical pidió al Gobierno que liberara a los
181. sindicalistas
182. detenidos por huelga, que lo mantuviera informado sobre la
183. suerte de los
184. dirigentes que siguen siendo objeto de procedimientos judiciales
185. y le
186. comunicara el texto de los fallos correspondientes. También
187. pidió al Gobierno
188. que reintegrara en sus puestos de trabajo a los dirigentes y a los
189. miembros de
190. los sindicatos despedidos, suspendidos o destituidos por haber
191. participado en
192. huelgas en 1995, 1996 y 1997. Asimismo, insistió en la
193. necesidad de reintegrar
194. en sus cargos sindicales a los dirigentes sindicales suspendidos
195. y de poner
196. fin tanto al cierre del local de la UGTD como al congelamiento
197. de las
198. cotizaciones sindicales del Sindicato de Trabajadores de la
199. Oficina de Correos
200. y Telecomunicaciones (OPT) y del Sindicato de Trabajadores
201. de la Electricidad
202. de Djibouti (SEED). Por último, pidió al Gobierno que
203. comunicara sus
204. comentarios sobre el alegato de los querellantes relativo a la
205. creación de una
206. organización sindical adicta a su causa: el Congreso del Trabajo
207. de Djibouti;
208. la destitución, el 16 de febrero de 1997, de cinco dirigentes del
209. Sindicato de
210. Docentes de Enseñanza Secundaria (SYNESED); la
211. deportación y el
212. encarcelamiento en un campamento de policía situado a diez
213. kilómetros de la
214. capital de 500 personas por haber participado en una
215. manifestación pacífica
216. para protestar contra la destitución de los cinco dirigentes
217. mencionados, y la
218. suspensión del abogado de la Coordinación Intersindical
219. UDT/UGTD, Sr. Mohamed
220. Aref.
221. Por lo que se refiere al caso núm. 1922, la Internacional de la
222. Educación
223. (IE), el Sindicato de Docentes de Enseñanza Secundaria
224. (SYNESED) y el
225. Sindicato de Docentes de Enseñanza Primaria (SEP) criticaron,
226. en una
227. comunicación de 4 de abril de 1997, la situación de los
228. derechos sindicales en
229. el sector de la enseñanza en relación con los Convenios núms.
230. 87 y 98, que
231. Djibouti ratificó. Explicaron que esos dos sindicatos, fundados
232. respectivamente en 1994 y 1995, llegaron a un acuerdo con el
233. Gobierno el 9 de
234. junio de 1996 acerca de los retrasos en el pago de los salarios
235. de los
236. docentes. Estos salarios habían empezado a pagarse de
237. manera incompleta e
238. irregular después de que los docentes amenazaron con iniciar
239. una huelga y la
240. llevaron a cabo en varias ocasiones aun cuando se
241. mantuvieron dispuestos a
242. negociar con el Gobierno. En efecto, ese día el Ministro de
243. Educación Nacional
244. prometió al secretario general de la Unión del Trabajo de
245. Djibouti (UDT), a la
246. cual están afiliados los dos sindicatos, que atendería sus
247. reivindicaciones
248. una vez que se levantara el boicot, y los sindicatos confiaron en
249. su palabra.
250. Las reivindicaciones de los docentes seguían consistiendo en
251. pedir que se les
252. pagaran cuatro meses de salarios atrasados, el retiro de un
253. decreto por el que
254. se suprimía el derecho de los docentes a una vivienda, el
255. reintegro en sus
256. puestos de trabajo de los responsables y de los militantes
257. sindicales. Sin
258. embargo, se indicó que el Gobierno no respetó ese acuerdo y
259. que, al
260. reiniciarse las clases, los días 14 y 15 de septiembre de 1996,
261. se reanudó la
262. huelga. Supuestamente la represión se intensificó y se
263. reprimieron con
264. violencia varias manifestaciones pacíficas. El 16 de septiembre
265. de 1996, al
266. parecer, el Ministro de Educación Nacional sancionó y trasladó
267. a regiones
268. apartadas del país a los responsables sindicales del SEP y del
269. SYNESED. Muchos
270. institutores fueron destituidos. El 5 de octubre, el SYNESED
271. organizó una
272. manifestación pacífica, con ocasión de la Jornada mundial de
273. los docentes, que
274. según los alegatos fue violentamente reprimida por las fuerzas
275. del orden.
276. Varias personas resultaron heridas, una de ellas con lesiones
277. graves. Sesenta
278. docentes fueron detenidos y transferidos al centro de detención
279. de Nagad. El
280. 17 de noviembre, mediante una nota de servicio núm.
281. 185/96/DGEN se prohibió a
282. los docentes suspendidos el acceso a los establecimientos
283. escolares y la
284. organización de reuniones. A partir del 4 de diciembre de 1996,
285. los docentes
286. iniciaron huelgas alternadas de dos días, seguidas de dos días
287. de cursos, pero
288. al mismo tiempo pidieron al Ministro de Educación Nacional que
289. reiniciara el
290. diálogo con el SEP y el SYNESED. El 16 de febrero de 1997, el
291. Consejo
292. disciplinario de la administración pública destituyó a cinco
293. profesores
294. dirigentes del SYNESED que habían sido suspendidos, lo cual
295. provocó una nueva
296. manifestación de solidaridad que fue reprimida con firmeza.
297. Cientos de
298. docentes fueron enviados a campamentos de detención de
299. Nagad y luego fueron
300. liberados en el desierto sin agua ni comida a principios del mes
301. de marzo de
302. 1997. Desde entonces, el Ministro de Educación Nacional
303. constituyó, a partir
304. del 4 de marzo de 1997, una comisión compuesta de dos
305. docentes por cada
306. establecimiento, al margen del sindicato, para tratar de resolver
307. las
308. dificultades. Los querellantes indican que el abogado de los
309. militantes
310. sindicales docentes, Sr. Mohamed Aref, fue suspendido de su
311. cargo. Piden que
312. se levanten las sanciones, que se apliquen los convenios
313. colectivos
314. concertados en junio de 1996 y que se paguen los retrasos de
315. los salarios.
316. Informaciones recabadas durante la misión
317. Situación política y económica
318. La República de Djibouti es un país de 23.000 km2. Se estima
319. que cuenta con
320. una población de 600.000 habitantes, con una tasa de
321. crecimiento natural del 3
322. por ciento anual. Las dos terceras partes de sus habitantes se
323. concentran en
324. la capital, Djibouti. En el interior del país, semidesértico, hay muy
325. pocas
326. tierras arables, y la falta de tierra y de agua limitan
327. considerablemente las
328. actividades agrícolas. La economía se basa en gran medida en
329. la prestación de
330. servicios relacionados con el puerto, el ferrocarril, la
331. administración
332. pública y la guarnición militar francesa, todo lo cual constituye el
333. 76 por
334. ciento de su producto interior bruto (PIB). Entre 1983 y 1987,
335. hubo varias
336. sequías graves. Las ingentes pérdidas de ganado, que es el
337. principal recurso
338. de las poblaciones nómadas, provocaron un éxodo de
339. refugiados hacia las zonas
340. urbanas, que ya entonces tenían un alto índice de desempleo.
341. Por último, la
342. economía se vio seriamente afectada entre 1991 y 1994 al
343. estallar la guerra
344. civil en la que se enfrascaron el Gobierno y las fuerzas del
345. Frente para la
346. Restauración de la Unidad y la Democracia (FRUD),
347. representante de la rebelión
348. afar.
349. El conflicto se solucionó en diciembre de 1994, fecha en la que
350. el Gobierno de
351. Djibouti firmó un acuerdo de paz con ciertos elementos del
352. FRUD.
353. En septiembre de 1992, gracias a un referéndum destinado a
354. modificar la
355. Constitución se introdujo el multipartidismo. En abril de 1997 se
356. celebró el
357. primer congreso del FRUD. Durante ese congreso, el FRUD se
358. transformó en
359. partido político legal, convirtiéndose así en la cuarta fuerza
360. política del
361. país.
362. Djibouti figura entre los países menos adelantados del mundo
363. (PMA) y ocupa el
364. 164.o lugar (de 174) en la clasificación del Programa de las
365. Naciones Unidas
366. para el Desarrollo (PNUD) de acuerdo con el indicador de
367. desarrollo humano
368. (IDH).
369. Su índice de alfabetización es uno de los más bajos del mundo
370. (44 por ciento).
371. La educación formal se imparte principalmente en los centros
372. urbanos. No hay
373. universidades y la formación profesional está poco desarrollada.
374. Todos los
375. sectores de la economía carecen de mano de obra calificada.
376. La esperanza de vida se estimó en 48 años en 1993, con una
377. tasa de mortalidad
378. infantil de 114 por 1.000.
379. Las perspectivas de desarrollo de Djibouti dependen mucho de
380. su capacidad para
381. convertirse en un centro de servicios y de tránsito de bienes
382. para la
383. subregión.
384. La Constitución del 4 de septiembre de 1992 concede a los
385. trabajadores el
386. derecho de constituir sindicatos y de hacer huelga (artículo 15).
387. Están autorizados cuatro partidos políticos. Estos partidos son:
388. el Grupo
389. Popular para el Progreso (RPP), actualmente en el poder, el
390. Partido Nacional
391. Democrático (PND), el Partido para la Renovación Democrática
392. (PRD), que
393. recientemente se dividió en dos grupos, uno de los cuales no es
394. legal, según
395. las autoridades gubernamentales, ya que sus principales
396. responsables fueron
397. separados de sus cargos, a pesar de las quejas presentadas y a
398. las que no se
399. dio curso, y el Frente para la Restauración de la Unidad y la
400. Democracia
401. (FRUD). Por último, según las informaciones de las autoridades
402. gubernamentales, cabe citar el Grupo para la Democracia y la
403. República (GDR),
404. que es una formación política ilegal a la cual pertenece un
405. antiguo director
406. del gabinete del Presidente de la República, Sr. Ismael Guedi
407. Hared, en
408. funciones desde hace muchos años en la presidencia de la
409. República, y que
410. actualmente ha sido apartado del poder después de que se le
411. condenó como
412. opositor político.
413. El 19 de diciembre de 1997 se eligió a 65 diputados en la
414. Asamblea
415. Legislativa, y el 28 de diciembre de 1997 se procedió a una
416. reorganización
417. ministerial. Así, el Ministro de Trabajo y de Formación
418. Profesional, Sr. Osman
419. Robleh Daach, que ocupaba ese cargo cuando se produjeron
420. los hechos que
421. motivaron las quejas, fue llamado a ocupar otras funciones
422. ministeriales. El
423. actual Ministro de Trabajo y de Formación Profesional, Sr.
424. Mohamed Ali
425. Mohamed, quien era Ministro de Finanzas y fue el autor de la ley
426. de finanzas,
427. que impugnaron las organizaciones de trabajadores querellantes
428. en 1995 fue
429. nombrado para ocupar sus nuevas funciones tan sólo el 28 de
430. diciembre de 1997.
431. Según los representantes de los trabajadores que se
432. entrevistaron con los
433. miembros de la misión, la ley de finanzas rectificativa de 1995,
434. que fue
435. objeto de la queja inicial, fue declarada inconstitucional por el
436. Consejo
437. Constitucional, tres meses después de su adopción.
438. Arresto, detención, procedimientos judiciales
439. Al llegar la misión a Djibouti, las autoridades gubernamentales y
440. los
441. representantes de los trabajadores confirmaron que no había
442. ningún
443. sindicalista detenido en ese momento y que prácticamente no
444. se estaba llevando
445. a cabo ningún procedimiento judicial contra militantes ni
446. dirigentes
447. sindicales. Sólo el Sr. Mohamed Doubad Wais, secretario
448. general adjunto de la
449. UGTD y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la
450. Oficina de
451. Correos y Telecomunicaciones (OPT), fue condenado el 14 de
452. septiembre de 1995
453. por el Tribunal de Primera Instancia de Djibouti, en la vista de
454. flagrante
455. delito, por injuria contra el Ministro de Trabajo, a una pena de
456. tres meses de
457. cárcel y una multa de 60.000 francos de Djibouti. Sin embargo,
458. la pena no fue
459. aplicada porque el acusado presentó un recurso en apelación.
460. En cuanto a los
461. procedimientos judiciales contra los docentes de enseñanza
462. secundaria, que son
463. dirigentes del SYNESED, los mismos fueron abandonados.
464. En cuanto a las detenciones masivas de militantes y de
465. dirigentes sindicales
466. ocurridas en años recientes durante los distintos conflictos del
467. trabajo y
468. manifestaciones sindicales, las autoridades gubernamentales del
469. Ministerio de
470. Justicia explicaron que en adelante el Ministro de Justicia se
471. haría cargo de
472. las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Las
473. jurisdicciones
474. pertinentes no pronunciaron ninguna condena por disturbios del
475. orden público.
476. Los arrestos a que se procedió no sobrepasaron nunca la
477. duración legal de la
478. detención preventiva, que en Djibouti es de 72 horas, y que
479. puede prolongarse
480. hasta ocho días fuera de la ciudad.
481. En relación con el centro de detención de Nagad, las
482. autoridades
483. gubernamentales explicaron que se trata de un centro de
484. detención provisional
485. para las personas en situación irregular que luego son
486. expulsadas del país.
487. Sin embargo, estaban de acuerdo en que tal vez el centro
488. excedió su cometido
489. inicial. Las autoridades gubernamentales del Ministerio de
490. Educación Nacional
491. admitieron que se llevaron a cabo arrestos por disturbios del
492. orden público,
493. pero indicaron que los problemas se solucionaron en menos de
494. 72 horas tras la
495. intervención personal del Ministro de Educación Nacional.
496. Por lo que respecta a las pesquisas que, según los alegatos, se
497. llevaron a
498. cabo sin mandamiento judicial, las autoridades gubernamentales
499. del Ministerio
500. de Justicia lo atribuyeron a un desconocimiento general de
501. estos mecanismos y
502. aseguraron que las autoridades judiciales pueden hacerse
503. cargo de esas
504. violaciones. En todo caso, indicaron que las víctimas de estos
505. hechos deben
506. presentar una queja. Explicaron que el Estado de Derecho debe
507. aprenderse.
508. Durante el período colonial, para la opinión pública el juez penal
509. tenía un
510. papel particularmente represivo. La ciudadanía debe saber que
511. en la actualidad
512. el papel de éste consiste en protegerla.
513. A este respecto, los representantes de los trabajadores
514. subrayaron que no se
515. hace nada para incitar a los ciudadanos, y en particular a los
516. miembros de los
517. sindicatos, a confiar en la justicia, ya que no se dio curso a las
518. quejas que
519. presentaron.
520. En términos generales, las autoridades gubernamentales del
521. Ministerio de
522. Justicia recordaron que la Constitución, el Código de Trabajo y
523. el reglamento
524. de los funcionarios públicos reconocen el derecho sindical y el
525. derecho de
526. huelga de los trabajadores y de los funcionarios, pero que
527. existen problemas
528. para aplicar los textos, en particular por falta de diálogo. Desde
529. 1977, fecha
530. de la independencia, el movimiento sindical y el movimiento
531. político
532. constituían un todo. Tras la adopción de la nueva Constitución
533. en 1992, surgió
534. un movimiento sindical independiente, pero el poder público no
535. cambió.
536. Anteriormente, la administración pública nombraba a los
537. dirigentes sindicales.
538. Así, el secretario general de la UGTD era miembro del
539. Parlamento y no tenía de
540. ninguna independencia frente al poder el ejecutivo. A las
541. autoridades públicas
542. les costó comprender que los sindicatos pueden rebelarse
543. contra ellas. Es
544. necesario que sean tolerantes con la acción sindical, pero
545. también los
546. sindicatos deben aprender a comportarse de conformidad con la
547. ley.
548. Despidos, traslados, sanciones, destituciones por huelga
549. Al llegar los miembros de la misión, los representantes de los
550. trabajadores
551. les entregaron la lista de los dirigentes sindicales que seguían
552. despedidos o
553. destituidos por haber participado en las huelgas de protesta
554. contra la
555. política económica y social del Gobierno, de 1995, 1996 y
556. 1997. Se trata de
557. los altos responsables de la dirección de la Coordinación
558. Intersindical
559. UDT/UGTD, del secretario general del Sindicato de la
560. Electricidad, de la
561. secretaria general del Sindicato de Docentes de Enseñanza
562. Secundaria y de
563. varios dirigentes y militantes sindicales de los sectores
564. ferroviarios y de
565. enseñanza primaria y secundaria. Recordaron que del 6 al 23
566. de septiembre de
567. 1995, las dos centrales sindicales UDT/UGTD habían iniciado
568. una huelga legal
569. contra el contenido de una ley de finanzas rectificativa, de
570. conformidad con
571. las disposiciones relativas al derecho de huelga garantizado en
572. la
573. Constitución de 4 de septiembre de 1992, y que se habían
574. adoptado todas las
575. medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos
576. previstos en la
577. reglamentación de los distintos sectores de actividad
578. económica. Precisaron
579. que el 14 de septiembre de 1995, la más alta autoridad del
580. Estado ordenó la
581. reanudación del trabajo y que se despidió a los dirigentes
582. sindicales por
583. abandono de sus puestos de trabajo, el 12 de septiembre, en el
584. caso de la
585. empresa de correos y en el aeropuerto, y el 16 de septiembre,
586. en el caso de la
587. empresa de ferrocarriles.
588. Dirigentes sindicales de la Coordinación Intersindical de la
589. UDT/UGTD
590. despedidos desde septiembre de 1995
591. 1. Sr. Ahmed Djama Egueh, Presidente de la UDT y
592. copresidente de la
593. Coordinación Intersindical
594. 2. Sr. Aden Mohamed Abdou, Secretario General de la UDT y
595. portavoz de la
596. Coordinación Intersindical
597. 3. Sr. Kamil Diraneh Hared, Secretario General de la UGTD y
598. copresidente de la
599. Coordinación Intersindical
600. 4. Sr. Mohamed Doubad Wais, segundo Secretario General de
601. la UGTD y Secretario
602. General del Sindicato de la OPT
603. 5. Sr. Habib Ahmed Doualleh, Secretario General del Sindicato
604. de Trabajadores
605. de la Electricidad de Djibouti
606. 6. Sr. Abdillahi Aden Ali, responsable sindical de la Coordinación
607. Intersindical
608. Docentes de enseñanza secundaria suspendidos desde agosto
609. de 1996, y
610. destituidos ulteriormente de sus cargos de funcionarios públicos
611. el 16 de
612. febrero de 1997
613. 1. Sr. Souleman Ahmed Mohamed, Secretario General Adjunto
614. de la UDT y ex
615. Secretario General del SYNESED
616. 2. Sr. Mohamed Ali Djama, Secretario General Adjunto del
617. SYNESED
618. 3. Sra. Mariam Hassan Ali, ex Secretaria General del SYNESED
619. 4. Sr. Kamil Hassan, secretario encargado de la información en
620. el SYNESED
621. 5. Srta. Mallyoun Benoit Frumence, secretaria encargada de la
622. documentación en
623. el SYNESED
624. Docentes de enseñanza primaria destituidos en 1996
625. 1. Sr. Abdoulfatah Hassan Ibrahim, Secretario General del SEP
626. 2. Sr. Ahmed Ali Sultan, dirigente sindical del SEP
627. Miembros del Sindicato de Ferrocarriles de Djibouti-Etiopía,
628. despedidos el
629. 23 de septiembre de 1995 por agresión contra un agente, por
630. decisión de la
631. Dirección de Ferrocarriles
632. 1. Sr. Houssein Dirieh Gouled
633. 2. Sr. Ahmed Elni Fod
634. 3. Sr. Moussa Wais Ibrahim
635. Según los representantes de los trabajadores que se
636. entrevistaron con los
637. miembros de la misión, el Sr. Kamil Diraneh Hared, secretario
638. general de la
639. UGTD fue despedido el 16 de septiembre de 1995 por la
640. Dirección de
641. Ferrocarriles de Djibouti por ausentarse de su puesto de trabajo.
642. Fue
643. reintegrado mediante una nota de servicio núm. 37/97 de 15 de
644. abril de 1997
645. del Director General de Ferrocarriles, y esta nota fue anulada
646. por otra nota
647. escrita del presidente y del vicepresidente del consejo de
648. administración de
649. la Empresa de Ferrocarriles, respectivamente los Ministros de
650. Transportes de
651. Djibouti y de Etiopía, el 21 de abril de 1997. Por consiguiente, el
652. despido
653. del interesado siguió siendo válido. Los demás sindicalistas
654. (cuyos nombres se
655. indican) que figuran en la lista del anexo II del 307.o informe del
656. Comité de
657. Libertad Sindical, que no se mencionaron entre los de los
658. dirigentes
659. sindicales que siguen despedidos, fueron reintegrados o viven
660. en el exilio en
661. Francia o en el Canadá.
662. Por lo que se refiere al caso núm. 1922, las autoridades
663. gubernamentales del
664. Ministerio de Trabajo indicaron a los miembros de la misión que
665. no habían
666. recibido copia de la queja de la Internacional de la Educación
667. (IE) ni de los
668. dos sindicatos de docentes (SYNESED y SEP) querellantes en
669. este caso. Por esta
670. razón, los miembros de la misión entregaron personalmente una
671. copia de dicha
672. queja a los funcionarios de ese Ministerio.
673. Por otra parte, los miembros de la misión se entrevistaron con los
674. representantes de los trabajadores y con las autoridades
675. gubernamentales de
676. los Ministerios de Educación Nacional y de Administración
677. Pública para abordar
678. este asunto. Esas autoridades indicaron que la mayor parte de
679. los docentes
680. contractuales de enseñanza primaria y secundaria fueron
681. reintegrados en sus
682. empleos. Admitieron que cinco de los docentes mencionados
683. por los querellantes
684. fueron destituidos de sus cargos en la administración pública.
685. Los representantes de los trabajadores presentaron una nota de
686. servicio núm.
687. 13861/95/MEN de 12 de septiembre de 1995 en la que se
688. indica la destitución de
689. todos los institutores suplentes que no habían reintegrado sus
690. puestos de
691. trabajo el 9 de septiembre de 1995 y que, por esta razón, fueron
692. destituidos
693. de sus cargos el 13 de septiembre de 1995. Esta nota iba
694. firmada por el
695. Ministro de Educación Nacional, Sr. Ahmed Guirreh Waberi.
696. También indicaron
697. que una de las funcionarias destituidas, la Srta. Hassan Ali,
698. secretaria
699. general del SYNESED, suspendida de sus funciones desde el
700. 15 de agosto de
701. 1996, y que, al igual que otros funcionarios, fue destituida
702. ulteriormente de
703. su cargo en la administración pública el 16 de febrero de 1997,
704. tuvo que
705. exiliarse en Francia, en donde se reunió con su cónyuge, de
706. nacionalidad
707. francesa, que trabajaba como docente en el marco de un
708. proyecto de cooperación
709. y cuyo contrato de trabajo en Djibouti no fue renovado.
710. Según las autoridades gubernamentales, el contrato de trabajo
711. de este docente
712. no se había renovado antes de ese momento y normalmente
713. debía llegar a
714. expiración, ya que las personas que trabajan en el marco de un
715. proyecto de
716. cooperación no permanecen por más de seis años ocupando
717. un mismo puesto en un
718. país.
719. Los representantes de los trabajadores también indicaron que
720. una docente
721. contractual, la Srta. Khadija Aboulkader Abeba, tuvo que dejar
722. el país y
723. marcharse al Canadá, que un docente, el Sr. Abdourachid Ali
724. Abdo, cambió de
725. trabajo y que el Sr. Farah Abdillahi, secretario general del
726. SYNESED, que fue
727. trasladado a un puesto alejado de la capital, volvió a Djibouti al
728. iniciarse
729. el año escolar en octubre de 1997 después de que presentó un
730. certificado
731. médico en el que se dejaba constancia de un accidente de
732. trabajo,
733. concretamente una herida en el pie.
734. Por lo que se refiere al alegato de la destitución de 400
735. docentes mediante
736. una nota de servicio del Ministerio de Educación Nacional, las
737. autoridades
738. gubernamentales del Ministerio de Educación Nacional niegan
739. haber expedido
740. dicha orden. Explicaron que después de las huelgas
741. espontáneas que se
742. produjeron en 1996, alrededor de 400 personas, desempleadas,
743. fueron convocadas
744. para reemplazar a los institutores titulares y contractuales en
745. huelga,
746. mientras ésta durara, a fin de asegurar el cuidado de los niños.
747. Sin embargo,
748. para satisfacción de los sindicatos, una vez concluidas las
749. huelgas, los
750. docentes de enseñanza primaria y secundaria, titulares y
751. contractuales, fueron
752. reintegrados en sus puestos de trabajo y las 400 personas
753. desempleadas, que
754. fueron convocadas para reemplazarlos de manera temporal, no
755. permanecieron en
756. esos empleos. Los representantes de los trabajadores, en
757. conjunto,
758. corroboraron esta versión de los hechos, pero añadieron que los
759. docentes
760. reintegrados en sus puestos de trabajo tuvieron que
761. comprometerse por escrito
762. a no adherirse a ningún sindicato, afirmación que negaron las
763. autoridades
764. gubernamentales del Ministerio de Educación Nacional.
765. En relación con el alegato según el cual no se renovaron los
766. contratos de
767. alrededor de 180 institutores, que eran maestros auxiliares, las
768. autoridades
769. gubernamentales del Ministerio de Educación Nacional
770. indicaron que esos
771. institutores fueron reintegrados después de tres semanas de
772. huelga como
773. resultado de las negociaciones celebradas con el Sindicato de
774. Docentes de
775. Enseñanza Secundaria (SYNESED). Empero, explicaron que en
776. vista de que para la
777. enseñanza primaria se cuenta con un millar de docentes, y que
778. 400 de ellos son
779. suplentes institutores maestros auxiliares, se iniciaron
780. discusiones con el
781. Sindicato de Docentes de Enseñanza Primaria (SEP), en
782. particular, sobre la
783. titularización de los suplentes y sobre los retrasos en el pago de
784. los
785. salarios, que pesan particularmente en el caso de los suplentes.
786. Las
787. autoridades gubernamentales del Ministerio de Educación
788. Nacional admitieron
789. que no se pudo renovar el contrato de ciertos maestros
790. auxiliares, pero que
791. esto no se debió al hecho de que hubieran participado en una
792. huelga, sino a
793. que las autoridades deseaban que la contratación de
794. institutores se hiciera
795. con arreglo al procedimiento normal de formación de maestros,
796. es decir,
797. pasando por la escuela normal de institutores.
798. Los representantes de los trabajadores indicaron que tras las
799. huelgas cierto
800. número de institutores maestros auxiliares (que ocupaban sus
801. cargos desde
802. hacía muchos años, y en algunos casos desde hacía
803. muchísimos años) no aceptó
804. la petición de las autoridades para que retomara el trabajo, y
805. que por esta
806. razón recibió una notificación de ruptura de su contrato de
807. trabajo, y
808. confirmaron su declaración aportando como prueba la nota de
809. servicio de 12 de
810. septiembre de 1995. En cuanto a la titularización de los
811. docentes de escuela
812. primaria, los representantes de estos docentes no ponen en tela
813. de juicio la
814. manera en que se hacen las contrataciones en este sector, lo
815. que quieren
816. recordar es que vienen reclamando en vano desde hace varios
817. años que se
818. imparta una formación adecuada a los interesados.
819. En términos generales, las autoridades gubernamentales del
820. Ministerio de
821. Educación Nacional explicaron que el sistema educativo
822. funciona, pero que los
823. retrasos en el pago de los salarios constituyen un problema
824. financiero que
825. afecta a todas las personas que dependen de erogaciones del
826. Estado, es decir
827. los funcionarios o contractuales de los sectores públicos y
828. parapúblicos. A
829. este respecto, el Ministro de Trabajo llegó incluso a indicar a los
830. miembros
831. de la misión que la masa salarial de los gastos públicos se eleva
832. a 17.000
833. millones de francos de Djibouti y que los ingresos sólo son de
834. 12.000 ó 13.000
835. millones de francos de Djibouti. Por consiguiente, los docentes,
836. quienes
837. representan el tercer gasto más importante del presupuesto
838. después de la
839. defensa nacional y de interior, reciben sus salarios con retraso.
840. Actualmente
841. están esperando el pago de dos meses de salarios atrasados
842. correspondientes a
843. 1995 y de tres meses de salarios atrasados correspondientes a
844. 1997. Las
845. autoridades gubernamentales del Ministerio de Educación
846. Nacional indicaron a
847. los miembros de la misión que esos atrasos en el pago de los
848. salarios no
849. incumben al Ministerio de Educación Nacional, pero que éste
850. hace todo lo
851. posible para que se paguen esos sueldos y que desea poder
852. contar con
853. sindicatos fuertes, para hacer frente en particular al Ministerio de
854. Finanzas.
855. Afirmaron que en Djibouti la enseñanza se considera una tarea
856. noble y que goza
857. de respeto, pero que es un hecho que los profesores trabajan
858. en condiciones
859. difíciles. No se pronunciaron traslados a modo de sanción, ya
860. que el
861. Ministerio no hace más que repartir a los docentes en todo el
862. territorio
863. nacional. Precisamente, el secretario general del SYNASED, Sr.
864. Farah
865. Abdillali, que fue trasladado a una provincia alejada, volvió en
866. octubre de
867. 1997 a Djibouti tras presentar un certificado médico en el que se
868. dejaba
869. constancia de un accidente de trabajo. El Ministerio de
870. Educación Nacional no
871. pone en tela de juicio la competencia pedagógica de los
872. docentes despedidos o
873. destituidos; por el contrario, está tratando de reintegrarlos en sus
874. puestos.
875. Por ejemplo, los docentes contractuales fueron reintegrados.
876. Dos de los cinco
877. docentes destituidos hicieron una petición para ser reintegrados.
878. Sus casos se
879. están estudiando en estos momentos.
880. Las autoridades gubernamentales del Ministerio de Educación
881. Nacional
882. presentaron a los miembros de la misión el texto de una
883. comunicación escrita
884. que dicho Ministerio dirigió a la Internacional de la Educación
885. (IE) el 6 de
886. abril de 1997 en respuesta a la queja que esa organización
887. dirigió
888. conjuntamente a la OIT y al Ministerio de Educación Nacional
889. de Djibouti, es
890. decir, dos días después de que se presentara la queja de la IE
891. a la OIT. Según
892. esa comunicación, que responde en parte a la queja relativa al
893. caso núm. 1922,
894. pero que no se dio a conocer al Comité de Libertad Sindical, se
895. ha reanudado
896. el diálogo con el SEP; gracias a varios encuentros las
897. negociaciones están
898. progresando. Después de dos semanas de huelga, los docentes
899. reanudaron los
900. cursos. Los docentes sancionados por abandono de sus
901. puestos de trabajo fueron
902. reintegrados en los mismos y en sus cargos de funcionarios
903. públicos.
904. Por lo que se refiere al diálogo con el SYNESED, el propio
905. Ministro de
906. Educación Nacional llevó a cabo visitas por los planteles para
907. dialogar con
908. los docentes a fin de que reanudaran el trabajo. A iniciativa de
909. una
910. delegación de profesores huelguistas (del Liceo de Estado de
911. Djibouti), el 8
912. de marzo de 1997 se llevó a cabo una reunión entre los
913. miembros de una
914. comisión de docentes (designados por el sindicato) y la
915. Dirección General de
916. Educación Nacional. En esa reunión se abordaron seis puntos:
917. -- el reintegro de los profesores contractuales cuyo contrato no
918. ha sido
919. renovado;
920. los tres profesores fueron reintegrados el 11 de marzo de 1997
921. en los
922. planteles públicos;
923. -- el reintegro de cinco profesores funcionarios destituidos por
924. decisión del
925. consejo de disciplina el 16 de febrero de 1997;
926. habida cuenta de que la decisión de ese consejo es
927. independiente, su reintegro
928. no incumbe al Ministerio de Educación y el sindicato debe, si lo
929. desea,
930. utilizar todos los recursos legales en vigor en el país;
931. -- los sueldos y subsidios de vivienda;
932. el ajuste estructural que impuso el Fondo Monetario
933. Internacional para sanear
934. la economía obligó al Ministerio de Finanzas a separar los
935. salarios y las
936. subvenciones en dos partidas distintas. Por esta razón, se
937. pagan por separado
938. pero al mismo tiempo;
939. -- los salarios de los profesores recientemente contratados;
940. los salarios de la mayoría de los nuevos profesores fueron
941. pagados y se están
942. preparando algunas decisiones;
943. -- la retención de los salarios debido a la participación en
944. huelgas;
945. el sindicato rechaza la retención de los salarios; estas
946. retenciones se deben
947. a una ausencia en el puesto de trabajo, en aplicación de los
948. textos vigentes.
949. Sin embargo, se propuso que los sindicatos o bien elaboraran
950. un calendario
951. para recuperar los días de clases perdidos para terminar el
952. programa de
953. estudios de todos los niveles de enseñanza, antes de
954. reexaminar la aplicación
955. de esas retenciones, o que escalonaran las retenciones,
956. solución que se está
957. estudiando actualmente;
958. -- el derecho de circular por los planteles;
959. este derecho se limitó en las situaciones siguientes: al no
960. respetarse el
961. preaviso de 15 días para iniciar una huelga; cuando ha habido
962. un
963. comportamiento inaceptable por parte de ciertos delegados, por
964. ejemplo, cuando
965. no se informa previamente al director del plantel que se van a
966. fijar carteles
967. o que va a haber una visita de delegados exteriores, o cuando
968. los no
969. huelguistas se quejan de preocupaciones de los huelguistas en
970. la sala de
971. profesores. Los huelguistas tienen derecho a hacer huelga, pero
972. los no
973. huelguistas también tienen derecho de no hacer huelga. Por
974. último, la
975. incitación dentro y fuera de los planteles, para que los alumnos
976. se
977. solidaricen con los profesores y hagan huelga obligó a la
978. administración a
979. adoptar las medidas del caso.
980. En la comunicación escrita se indica también que el Ministro de
981. Educación
982. Nacional pidió que prosiguiera el diálogo y añadió que después
983. de cuatro
984. semanas de huelga los profesores de enseñanza secundaria
985. reanudaron el
986. trabajo. Confirmó que se había detenido a varios profesores en
987. el exterior de
988. los planteles por causar disturbios del orden público, y que luego
989. fueron
990. liberados por intervención suya. Recordó que el mantenimiento
991. del orden
992. público no incumbe a su Ministerio. Por último, indicó que el 25
993. de marzo de
994. 1997 se celebró otra reunión entre los funcionarios de la
995. educación nacional y
996. los sindicatos en la que se abordaron las cuestiones sobre el
997. rechazo de las
998. decisiones de no renovar el contrato de ciertos pasantes,
999. relacionadas con la
1000. vivienda, el salario de los funcionarios destituidos, la libertad
1001. sindical
1002. (circulación de los delegados por los planteles), las retenciones
1003. de los
1004. salarios y el reintegro de los destituidos.
1005. A juicio de los miembros de la misión, esta reunión no dio como
1006. resultado un
1007. acta de conciliación sobre todos los puntos que se examinaron
1008. en ella, de
1009. acuerdo con las indicaciones que ofrecieron los representantes
1010. de los
1011. trabajadores y que luego corroboraron las autoridades
1012. gubernamentales.
1013. Acerca de la cuestión de las destituciones, las autoridades
1014. gubernamentales y
1015. el Ministerio de la Administración Pública también explicaron:
1016. que había
1017. retrasos en el pago de los salarios de todos los agentes del
1018. Estado; que los
1019. docentes habían sido recibidos por las comisiones de
1020. mediación, que se
1021. componen de representantes de los Ministerios de Trabajo, de
1022. Enseñanza y de la
1023. Administración Pública; que las mismas habían escuchado sus
1024. reivindicaciones y
1025. reconocido sus peticiones, salvo la relativa a los atrasos en el
1026. pago de los
1027. salarios, pues esto afectaba al conjunto de los funcionarios y de
1028. los
1029. trabajadores de los sectores públicos y parapúblicos. Ello consta
1030. en las actas
1031. de conciliación. Sin embargo, los sindicatos estaban recurriendo
1032. a la
1033. desinformación. No se respetaron siempre los preavisos de 15
1034. días, previstos
1035. por ley, para iniciar las huelgas en el sector público. Las
1036. autoridades
1037. gubernamentales del Ministerio de la Administración Pública
1038. recordaron que los
1039. funcionarios están sujetos a un deber de reserva. A pesar de
1040. ello, divulgaron
1041. varios comunicados sindicales en diarios de oposición y
1042. obtuvieron el boicot
1043. de los exámenes y de la corrección de exámenes, lo cual fue
1044. motivo para que se
1045. dictaran varias suspensiones en agosto de 1996 y que se
1046. convocara a cinco
1047. docentes funcionarios ante el consejo de disciplina de la
1048. administración
1049. pública, que emite decisiones motivadas, en febrero de 1997. El
1050. consejo de
1051. disciplina, que se compone de seis miembros y que preside el
1052. Ministro de la
1053. Administración Pública, escuchó la declaración del ponente que
1054. designaron las
1055. dos partes y pronunció, a puerta cerrada, varias decisiones
1056. adoptadas por
1057. mayoría de votos en los cinco casos, en las que se proponía a
1058. la presidencia
1059. de la República que destituyera a los interesados. Por lo menos
1060. en un caso la
1061. decisión fue adoptada con el voto de calidad del Presidente
1062. después del
1063. recuento de votos. Así, el Presidente de la República pronunció
1064. la destitución
1065. en febrero de 1997. En este caso ya no es posible recurrir al
1066. tribunal
1067. administrativo, debido a que se agotó el plazo de caducidad de
1068. tres meses para
1069. presentar un recurso en apelación. Sin embargo, las autoridades
1070. gubernamentales del Ministro de la Administración Pública
1071. indicaron que no se
1072. opondrían al reintegro de los docentes destituidos en calidad de
1073. contractuales
1074. si se les cursara una solicitud en ese sentido. Ahora bien,
1075. excluían toda
1076. posibilidad de reintegro de los interesados en calidad de
1077. funcionarios, lo
1078. cual significa que no podrán ser reelegidos a la dirección
1079. sindical del
1080. SYNESED, que es el sindicato de docentes funcionarios.
1081. Los representantes de los trabajadores docentes del SYNESED,
1082. refiriéndose a
1083. este punto, indicaron a los miembros de la misión que en los
1084. consejos de
1085. disciplina que los destituyeron no había docentes y que no
1086. habían recibido la
1087. notificación formal de su destitución, razón por la cual no
1088. pudieron apelar
1089. esas destituciones ante el tribunal administrativo. Por otra parte,
1090. indicaron
1091. a los miembros de la misión que en los reglamentos del SEP y
1092. del SYNESED, de
1093. los cuales se presentaron copia a la misión, se permite que
1094. todos los docentes
1095. de enseñanza primaria y secundaria de Djibouti, sean o no
1096. funcionarios, se
1097. adhieran a esos sindicatos.
1098. Congelamiento de las cotizaciones sindicales
1099. Los representantes de los trabajadores indicaron a los miembros
1100. de la misión
1101. que los bancos privados, en los que se encontraban
1102. depositados los haberes del
1103. Sindicato de Trabajadores de la Oficina de Correos y
1104. Telecomunicaciones (OPT),
1105. y del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Djibouti
1106. (SEED),
1107. restituyeron a los dirigentes sindicales de esos sindicatos las
1108. cotizaciones
1109. de los trabajadores.
1110. Congreso del Trabajo de Djibouti (CODJITRA)
1111. Los representantes de los trabajadores indicaron a los miembros
1112. de la misión
1113. que esta central sindical, recientemente creada, no tenía
1114. ninguna audiencia en
1115. el país, y que sólo representaba a una persona: al dirigente que
1116. la creó y que
1117. era allegado del Gobierno. Proporcionaron a los miembros de la
1118. misión varios
1119. comunicados de prensa de dicha central en los que queda de
1120. manifiesto su apoyo
1121. a las medidas adoptadas por el Gobierno y al decreto núm.
1122. 97/086/CAB por el
1123. que se designó como representante de los trabajadores de
1124. Djibouti ante la
1125. reunión de junio de 1997 de la Conferencia Internacional del
1126. Trabajo, a su
1127. secretario general, Sr. Mohamoud Ali Boulaleh. También
1128. presentaron a los
1129. miembros de la misión la decisión de la Comisión de Verificación
1130. de Poderes de
1131. la reunión de junio de 1997 de la Conferencia Internacional del
1132. Trabajo, en la
1133. que se estima por unanimidad que deberían invalidarse los
1134. poderes del delegado
1135. de los trabajadores de Djibouti. La Comisión de Verificación de
1136. Poderes
1137. indicaba en ella lo siguiente:
1138. Según las pruebas disponibles, el delegado de los trabajadores
1139. provenía de una
1140. organización estrechamente vinculada al Gobierno, en
1141. detrimento de las
1142. organizaciones de trabajadores que de modo indiscutible eran
1143. las más
1144. representativas de Djibouti. Ello constituía una violación patente
1145. del
1146. artículo 3, párrafo 5, de la Constitución (Actas, 85.a reunión,
1147. Ginebra, 1997,
1148. 7/17).
1149. Los representantes de los trabajadores también proporcionaron
1150. a los miembros
1151. de la misión otro comunicado de prensa de CODJITRA que
1152. decía lo siguiente:
1153. CODJITRA es una institución social, fuerte y democrática, que
1154. comparte los
1155. mismos ideales que los dirigentes actuales, y por ende, cercana
1156. al partido en
1157. el poder, es decir, el Grupo Popular para el Progreso (RPP).
1158. El comunicado concluye diciendo que "el contenido del informe
1159. de la Comisión
1160. de Verificación de Poderes de la 85.a reunión de la Conferencia
1161. Internacional
1162. del Trabajo y del 307.o informe del Comité de Libertad Sindical
1163. constituye una
1164. violación grave de los artículos 2 y 3 del Convenio núm. 87 de
1165. la OIT".
1166. Locales sindicales
1167. Los representantes de los trabajadores explicaron a los
1168. miembros de la misión
1169. que los locales de la UGTD permanecían cerrados. En un
1170. primer momento, lo que
1171. deseaban era obtener un local separado para la UDT, pero
1172. ulteriormente, los
1173. representantes de la UGTD y de la UDT estuvieron de acuerdo
1174. en compartir ese
1175. local, que fue construido en 1958 para la gente de mar por la
1176. Confederación
1177. Francesa Force Ouvrière (CGT-FO). El Gobierno trató de
1178. imponer a la UGTD y a
1179. la UDT condiciones inaceptables para el uso de los locales
1180. sindicales, que
1181. incluían un gran número de prohibiciones. Señalaron que
1182. deseaban que se
1183. suspendiera sin condiciones la orden de cierre de la sede
1184. sindical y que el
1185. edificio quedara en su estado inicial. En efecto, recordaron que
1186. de esta
1187. manera la Coordinación Intersindical UDT/UGTD, podría
1188. celebrar reuniones
1189. sindicales sin tener que pedir autorización al Ministerio del
1190. Interior y
1191. exponerse a que éste se la denegara.
1192. Por otra parte, los representantes de los trabajadores explicaron
1193. que, el 7 de
1194. julio de 1997, un ujier judicial y varios policías en uniforme
1195. forzaron la
1196. puerta del domicilio privado del presidente de la UDT,
1197. copresidente de
1198. Coordinación Intersindical, Sr. Egueh, secretario general del
1199. Sindicato de
1200. Trabajadores del Aeropuerto, y se llevaron en particular los
1201. archivos
1202. sindicales de la UDT, cuando la justicia había fallado a favor
1203. del Sr. Egueh
1204. en relación con la cuestión de la vivienda.
1205. Suspensión del Sr. Aref, abogado de las organizaciones
1206. sindicales, y
1207. procedimientos judiciales en su contra
1208. En relación con la suspensión de que fue objeto el Sr.
1209. Mohamed Aref, las
1210. autoridades gubernamentales del Ministerio de Justicia indicaron
1211. a los
1212. miembros de la misión que el interesado fue suspendido por
1213. hechos ajenos a la
1214. defensa de los intereses de los militantes sindicales. En la
1215. actualidad se le
1216. persigue penalmente por haber defendido a una sociedad
1217. privada en Djibouti y a
1218. su parte adversa en el litigio, es decir una sociedad de derecho
1219. británico. En
1220. su caso todavía no se ha pronunciado el fallo, que debía
1221. dictarse en enero de
1222. 1998, pero que se pospuso para el mes de marzo de 1998.
1223. Mientras tanto, el
1224. Colegio de Abogados de Djibouti le prohibió, temporalmente,
1225. ejercer como
1226. abogado. El Sr. Ali Dini, Decano del Colegio de Abogados de
1227. Djibouti, citó
1228. esas mismas causas como motivo de su persecusión penal.
1229. Los representantes de los trabajadores rechazan firmemente
1230. esta versión de los
1231. hechos; estiman que el Sr. Aref ha sido sancionado por haberlos
1232. defendido, y
1233. desde entonces, ningún abogado de Djibouti se atreve a
1234. defender a los
1235. sindicalistas, tanto más cuanto que no se ha dado curso a las
1236. quejas que estos
1237. últimos presentaron ante el ministerio público.
1238. El Sr. Aref transmitió a los miembros de la misión varios
1239. documentos de la
1240. Federación Internacional de Ligas de los Derechos Humanos
1241. (FIDH) y de la
1242. Federación Nacional de Uniones de Jóvenes Abogados
1243. (FNUJA) que corroboran las
1244. indicaciones que presentaron los representantes de los
1245. trabajadores.
1246. En la carta de 26 de enero de 1996 dirigida al Presidente de la
1247. República de
1248. Djibouti, la Federación Internacional de Ligas de los Derechos
1249. Humanos (FIDH)
1250. comunica informaciones acerca de las amenazas y las trabas
1251. administrativas y
1252. policiales de que es objeto el Sr. Aref y con las que se busca
1253. intimidarlo y
1254. obligarlo a abandonar ciertos casos pendientes y se manifiesta
1255. preocupación
1256. por la parálisis del sistema judicial ya que las quejas que
1257. presentó el Sr.
1258. Aref ante el Procurador de la República no han dado lugar a las
1259. encuestas
1260. necesarias para instruir un caso.
1261. En el informe que formuló la misión de observación judicial que
1262. efectuó en
1263. Djibouti del 4 al 11 de octubre de 1997 la Federación Nacional
1264. de Uniones de
1265. Jóvenes Abogados (FNUJA) se mencionan las dificultades que
1266. tuvo a su llegada
1267. el abogado encargado de la misión (intento de expulsión), quien
1268. logró
1269. entrevistarse con muchos representantes de la vida política y
1270. social de
1271. Djibouti, con varios magistrados y recabar muchas
1272. informaciones. En el informe
1273. se exponen, por otra parte, múltiples violaciones de los
1274. derechos humanos y de
1275. las libertades en Djibouti, se indican graves irregularidades y
1276. violaciones de
1277. principios elementales de equidad que se cometieron en los
1278. juicios de cuatro
1279. parlamentarios y del Presidente del Consejo Constitucional (que
1280. fue destituido
1281. tras presidir la sesión en la cual el Consejo estimó que hubo
1282. vicios de
1283. procedimiento al levantar la inmunidad de esos parlamentarios),
1284. juicios en los
1285. cuales se pidió al Sr. Aref que actuara como defensor. El
1286. Consejo de la Unión
1287. Interparlamentaria, reunido en El Cairo en septiembre de 1997,
1288. expresó su
1289. profunda preocupación a este respecto.
1290. Según el informe, el propio Sr. Aref, que es un activo defensor
1291. de los
1292. derechos humanos, fue acusado de estafa el 23 de enero de
1293. 1997. En marzo de
1294. 1995, un estudio de abogados de Londres presentó una
1295. reclamación puramente
1296. disciplinaria a la que no se había dado curso más de un año
1297. después de su
1298. presentación, tras las explicaciones que dio el Sr. Aref al
1299. Decano del Colegio
1300. de Abogados y al estudio de abogados; posteriormente, fue
1301. llamado a comparecer
1302. por tentativa de estafa ante el tribunal correccional en la vista
1303. del 6 de
1304. octubre de 1997, sin haber podido obtener precisiones sobre los
1305. cargos que se
1306. le imputaban en la audiencia previa a la primera comparecencia,
1307. y tras la cual
1308. ningún juez de instrucción levantó un acta de instrucción. El Sr.
1309. Aref llamó
1310. en su defensa a un abogado de París, a quien se le denegó la
1311. entrada a
1312. Djibouti y tuvo que volver inmediatamente a Francia. Durante la
1313. vista, el
1314. estudio de abogados de Londres y el ministerio público pidieron
1315. que se
1316. aplazara el juicio, y el tribunal tomó una decisión inmediata en
1317. este sentido,
1318. a pesar de la oposición de los defensores del Sr. Aref; el
1319. Procurador de la
1320. República (gracias a la intervención de un abogado de París)
1321. informó
1322. ulteriormente al tribunal de que el juicio quedaba aplazado hasta
1323. que la Corte
1324. Suprema tomara una decisión acerca de un recurso que
1325. interpuso el Sr. Aref
1326. para alegar la nulidad del procedimiento y que sigue pendiente
1327. ante la Corte
1328. Suprema.
1329. En cuanto a las cuestiones de disciplina, el Consejo del Colegio
1330. de Abogados
1331. de Djibouti decidió en febrero de 1997 (casi dos años después
1332. de que el
1333. estudio de abogados británico presentara su reclamación
1334. disciplinaria)
1335. prohibir provisionalmente que el Sr. Aref ejerciera su oficio de
1336. abogado, en
1337. espera de sanciones disciplinarias; el Sr. Aref presentó un
1338. recurso contra
1339. esta decisión ante el Tribunal de Apelación. Además, el
1340. abogado que designó el
1341. Consejo del Colegio de Abogados para que actuara en calidad
1342. de administrador
1343. de su estudio de abogados informó a la misión de observación
1344. judicial que
1345. todas las jurisdicciones de Djibouti se negaban a reconocerle
1346. esta calidad
1347. para ocuparse de nuevos casos, aun cuando en ninguno de los
1348. textos vigentes en
1349. Djibouti se autorizaba a una jurisdicción a denegar a un
1350. abogado el derecho de
1351. ejercer su profesión cuando éste está representado por el
1352. administrador de su
1353. estudio de abogados y cuenta para ello con el debido mandato
1354. del Consejo del
1355. Colegio de Abogados (situación que entrañaría la desaparición
1356. de su estudio).
1357. En el informe de la FNUJA se concluye que los procedimientos
1358. penales y
1359. disciplinarios iniciados contra el Sr. Aref se llevaron a cabo en
1360. condiciones
1361. contrarias a la presunción de inocencia y al respeto de los
1362. derechos de la
1363. defensa, a fin de impedir que ejerciera su actividad de defensor
1364. legal.
1365. Elecciones sociales
1366. Los representantes de los trabajadores indicaron a los miembros
1367. de la misión
1368. que deseaban que se celebraran, en breve, elecciones sociales
1369. en las empresas
1370. y elecciones sindicales a fin de poder participar plenamente en
1371. el diálogo y
1372. en la concertación social en tanto que interlocutores sociales
1373. ineludibles.
1374. Deseaban también poder designar a un representante de los
1375. trabajadores en el
1376. tribunal del trabajo y representantes de los trabajadores en los
1377. consejos de
1378. administración de las empresas públicas y parapúblicas y en la
1379. Comisión
1380. Consultiva del Trabajo. A este respecto, recordaron en particular
1381. su firme
1382. deseo de ser consultados durante el proceso de revisión del
1383. Código del
1384. Trabajo, que se está llevando a cabo actualmente.
1385. Los representantes de los empleadores que se entrevistaron
1386. con los miembros de
1387. la misión indicaron por su parte, que el Ministerio de Trabajo y
1388. de Formación
1389. Profesional los había consultado en el marco de la revisión del
1390. Código del
1391. Trabajo que se lleva a cabo actualmente, en particular sobre la
1392. cuestión del
1393. título III sobre el contrato de trabajo, así como sobre las otras
1394. modificaciones previstas del Código. Desean que los
1395. representantes de los
1396. trabajadores puedan participar nuevamente en los consejos de
1397. administración,
1398. aunque, a su juicio, en la actualidad los dirigentes de
1399. UDT/UGTD no
1400. representan al conjunto de los trabajadores. Por esta razón
1401. también se
1402. mostraron favorables a que se celebraran elecciones sociales.
1403. Reuniones entre el Ministro de Trabajo y los altos
1404. representantes sindicales
1405. de UDT/UGTD en el Ministerio de Trabajo
1406. Los miembros de la misión pidieron y obtuvieron que se
1407. celebrara una reunión
1408. de alto nivel presidida por el Ministro de Trabajo con cinco
1409. dirigentes
1410. sindicales de Coordinación Intersindical UDT/UGTD. En esa
1411. reunión, los
1412. representantes de los trabajadores manifestaron su intención de
1413. que se
1414. reanudara el diálogo con las autoridades a fin de poder
1415. participar plenamente
1416. en la concertación social en el país. El Ministro de Trabajo
1417. aceptó entregar a
1418. la Coordinación Intersindical las llaves de los locales sindicales,
1419. que
1420. permanecían cerrados desde el 7 de mayo de 1996 por
1421. intervención de la
1422. policía. El portavoz de Coordinación Intersindical UDT/UGTD,
1423. hizo constar por
1424. escrito que recibió las llaves de los locales sindicales el 15 de
1425. enero de
1426. 1998. El Ministro precisó, acerca del punto esencial de las
1427. reivindicaciones
1428. de los dirigentes sindicales, a saber, el reintegro en sus empleos
1429. y en sus
1430. cargos de los miembros de la alta dirección de las dos centrales,
1431. así como de
1432. los sindicatos de docentes de enseñanza primaria y secundaria,
1433. que se
1434. empezarían a fijar fechas para abordar esas cuestiones. Dio cita
1435. a los
1436. dirigentes sindicales interesados para que asistieran a una
1437. nueva reunión al
1438. concluir la fiesta de tres días del Aïd El Fitr, que marca el final
1439. del
1440. Ramadán, y explicó que acababa de entrar en funciones y que
1441. necesitaba cierto
1442. tiempo para ponerse de acuerdo con los demás miembros del
1443. Gobierno acerca de
1444. esas importantes cuestiones. Los representantes de los
1445. trabajadores aceptaron
1446. este nuevo plazo con la esperanza de obtener el reintegro en
1447. sus empleos y en
1448. sus cargos de los dirigentes sindicales despedidos o destituidos
1449. y el
1450. reconocimiento legal pleno de las organizaciones sindicales, a
1451. saber, la
1452. Coordinación Intersindical UDT/UGTD, el SYNESED y el SEP.
1453. Comunicación escrita del Gobierno
1454. Las autoridades gubernamentales del Ministerio de Trabajo y de
1455. Formación
1456. Profesional aseguraron a los miembros de la misión que en una
1457. fecha próxima se
1458. enviaría al Comité de Libertad Sindical una comunicación por
1459. escrito para
1460. responder a los dos casos examinados.
1461. Resultados obtenidos, garantías de las autoridades y
1462. perspectivas para el
1463. futuro
1464. Los miembros de la misión pudieron observar que, a pesar de
1465. que el contexto
1466. general seguía siendo represivo en muchos aspectos, la
1467. situación se había
1468. esclarecido antes de su llegada en relación con varios puntos,
1469. en particular
1470. las detenciones y ciertos procedimientos judiciales, pero que
1471. seguía
1472. suspendida por la falta casi total de diálogo entre las
1473. autoridades
1474. gubernamentales y administrativas y las organizaciones
1475. sindicales, de modo que
1476. los problemas graves relativos a los despidos de dirigentes
1477. sindicales y las
1478. destituciones de docentes, así como el cierre y la privación de
1479. los locales
1480. sindicales y del material sindical, estaban pendientes de
1481. solución desde hacía
1482. mucho tiempo.
1483. A este respecto, la misión de contactos directos puede
1484. considerarse como una
1485. buena iniciativa y parece haber dado ya resultados positivos en
1486. la medida en
1487. que se acaba de establecer un diálogo entre el Ministro de
1488. Trabajo y los
1489. representantes de las organizaciones sindicales y en la medida
1490. en que el
1491. acuerdo a que éstos llegaron se respetará y dará resultados
1492. efectivos.
1493. Resultados obtenidos y garantías de las autoridades
1494. En efecto, se concertó un acuerdo de contenido limitado, pero
1495. de alcance más
1496. amplio, tras la reunión común que sugirieron los miembros de la
1497. misión, y que
1498. el Ministro de Trabajo aceptó de inmediato y propuso a las
1499. organizaciones
1500. sindicales.
1501. Esta reunión, que se celebró en la oficina del Ministro de
1502. Trabajo, en la que
1503. participaron éste y sus más cercanos colaboradores y los
1504. representantes de las
1505. organizaciones sindicales, en presencia de los miembros de la
1506. misión,
1507. constituyó sin lugar a dudas el punto fuerte de la misma, ya que
1508. en esa
1509. reunión se manifestó la voluntad de establecer un diálogo y de
1510. explicar y
1511. comprender los puntos de vista y las posiciones de las partes.
1512. El representante del Director General podía felicitarse sólo por el
1513. hecho de
1514. que esta reunión se celebrara, pues con ella se podían disipar
1515. la
1516. incomprensión y los malentendidos. Tanto más cuanto que los
1517. problemas por
1518. resolver no se deben a los textos ni a la reglamentación vigente,
1519. que están en
1520. conformidad con los principios de la libertad sindical, sino a la
1521. aplicación
1522. de esos textos. Esta reunión debía ser útil para demostrar que,
1523. en el contexto
1524. de los cambios políticos y económicos que acaba de
1525. experimentar la República
1526. de Djibouti (la cual está solicitando ayuda), en dicho país se
1527. respeta el
1528. principio de la libertad sindical y que en él se puede reiniciar una
1529. vida
1530. sindical normal no sólo con el reintegro de los sindicalistas
1531. despedidos o
1532. destituidos, sino también mediante la organización de
1533. votaciones para elegir a
1534. los representantes de los trabajadores en las empresas, con
1535. arreglo a las
1536. condiciones legales según las cuales los sindicatos pueden
1537. tener
1538. participación; se podría preparar esa reinstauración gracias a
1539. una reunión
1540. tripartita de formación en la que podría participar la OIT.
1541. Los representantes de los sindicatos consideraron que esta
1542. reunión era un paso
1543. positivo para que no se les siguiera considerando como
1544. organizaciones
1545. subversivas, sino como interlocutores sociales que ejercen sus
1546. derechos y que
1547. cumplen sus deberes en pro del desarrollo económico y social
1548. del país. Por
1549. esta razón, su petición prioritaria es el reintegro en sus empleos
1550. y en sus
1551. cargos (es decir, piden que se reconozcan nuevamente los
1552. derechos) de los
1553. dirigentes sindicales que fueron despedidos (con el pretexto de
1554. que
1555. abandonaron sus puestos de trabajo) varios días después de
1556. haber ejercido el
1557. derecho de huelga que les reconoce la Constitución, cuando en
1558. realidad
1559. actuaron dentro del marco de la ley y con arreglo a su papel de
1560. dirigentes
1561. sindicales; estos dirigentes no han sido reintegrados a pesar de
1562. que la ley de
1563. finanzas (relativa al plan de ajuste estructural), que fue la causa
1564. del
1565. conflicto, fue retirada tres meses después por su carácter
1566. inconstitucional.
1567. Piden también el reconocimiento legal de las organizaciones
1568. sindicales
1569. existentes y de sus dirigentes, independientemente de su
1570. situación personal, y
1571. desean que se celebren elecciones sociales en las empresas y
1572. que se cree una
1573. comisión de concertación social para la aplicación del plan de
1574. ajuste
1575. estructural. El movimiento sindical necesita formación y necesita
1576. reestructurarse. En cuanto al problema de los locales, debería
1577. encontrarse una
1578. solución simple y rápida.
1579. El Ministro de Trabajo declaró que estaba dispuesto a examinar
1580. las situaciones
1581. en las que se produjeron los despidos, pero piensa que los
1582. motivos de éstos no
1583. eran de carácter sindical y que no se debían al hecho de
1584. participar en una
1585. huelga sino a ausencias repetidas en el trabajo. Por ser nuevo
1586. en ese cargo,
1587. no dispone de todos los datos necesarios, ya que los hechos
1588. ocurrieron hace
1589. dos años y medio; necesita tiempo y pide que los sindicalistas le
1590. proporcionen
1591. las herramientas que le permitan examinar este problema sin
1592. ideas
1593. preconcebidas y hacer lo necesario para disipar los prejuicios de
1594. ambas
1595. partes, así como la impresión que tienen algunos de que los
1596. sindicalistas
1597. quisieron asumir un papel político. En el país no hay una cultura
1598. sindical y
1599. no se comprende el papel de los sindicatos. El establecimiento
1600. de un diálogo
1601. sin prejuicios, debería hacer avanzar la situación, y el Ministro
1602. tiene la
1603. intención de iniciarlo, pero los sindicatos también deben tener
1604. en cuenta los
1605. cambios efectuados y en curso en Djibouti que tienden hacia el
1606. multipartidismo
1607. y el pluralismo sindical.
1608. Por esta razón, el Ministro propone a los representantes de las
1609. organizaciones
1610. sindicales un calendario provisional de reuniones destinadas a
1611. examinar los
1612. problemas; se ha fijado la cita para una primera reunión el tercer
1613. día después
1614. del Ramadán.
1615. En cuanto a los locales sindicales, que la policía cerró el 7 de
1616. mayo de 1996,
1617. el Ministro encarga al Director del Trabajo que entregue las
1618. llaves al
1619. portavoz de Coordinación Intersindical UGTD/UDT; la entrega
1620. se efectúa el
1621. mismo día (15 de enero de 1998).
1622. Por último, por lo que se refiere a los docentes despedidos o
1623. destituidos, el
1624. Ministro de Trabajo establecerá contacto con las autoridades
1625. gubernamentales
1626. competentes, y en particular con el Ministro de Educación
1627. Nacional, quien ya
1628. dio instrucciones para que algunos de ellos reanudaran labores.
1629. Perspectivas para el futuro
1630. I. Los miembros de la misión, habiendo recibido las
1631. informaciones
1632. proporcionadas por el Gobierno y por las organizaciones
1633. sindicales con que se
1634. entrevistaron, y habiendo participado en la reunión celebrada en
1635. el Ministerio
1636. de Trabajo, por sugerencia de la misión, entre el Ministro de
1637. Trabajo y los
1638. representantes de las organizaciones sindicales, observó una
1639. mejora de la
1640. situación en ciertos aspectos, y en particular en los siguientes:
1641. -- en la actualidad ya no hay personas detenidas por hechos
1642. relacionados con
1643. el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, que se
1644. reconocen
1645. en la legislación de Djibouti, ni se llevan a cabo procesos
1646. judiciales por las
1647. mismas razones (a reserva del resultado de un recurso en
1648. apelación -- en
1649. suspenso -- contra una condena penal por injuria);
1650. -- los locales que ocupaban anteriormente las organizaciones
1651. sindicales, que
1652. la policía cerró ulteriormente, fueron puestos nuevamente a
1653. disposición de
1654. Cooperación Intersindical al finalizar la reunión que se celebró
1655. en el
1656. Ministerio de Trabajo el 15 de enero de 1998, ya que la
1657. devolución de las
1658. llaves constituye a priori un gesto significativo de
1659. reconocimiento legal de
1660. Coordinación Intersindical UGTD/UDT en tanto que entidades
1661. de coordinación de
1662. ambas organizaciones;
1663. -- confirma, por otra parte, que las destituciones masivas de
1664. institutores,
1665. que se alegan en la queja de la CIOSL y de Coordinación
1666. Intersindical
1667. UGTD/UDT, fueron en realidad operaciones de reemplazo
1668. temporal de los docentes
1669. en huelga por personas desempleadas que fueron contratadas
1670. durante la huelga
1671. para garantizar el cuidado de los niños.
1672. II. En cambio, los miembros de la misión, si bien son conscientes
1673. de las
1674. dificultades económicas y de empleo que experimenta el país, y
1675. si bien tienen
1676. en cuenta los cambios políticos que se han producido
1677. recientemente, tienen el
1678. deber de subrayar la gravedad de los problemas que se siguen
1679. planteando y cuya
1680. solución exige el restablecimiento de una situación sindical
1681. normal y conforme
1682. con los principios inscritos en el Convenio núm. 87 de la OIT.
1683. Por esta razón,
1684. invitó a las autoridades en general, y al Ministro de Trabajo en
1685. particular, a
1686. aplicar, de consuno con las organizaciones sindicales, las
1687. medidas necesarias
1688. para responder a las siguientes solicitudes:
1689. 1) Le pidieron al Ministro de Trabajo: que cumpla el calendario
1690. de reuniones,
1691. que se inició al finalizar la reunión celebrada en el Ministerio de
1692. Trabajo
1693. con las organizaciones sindicales, de modo que pueda examinar
1694. con éstas las
1695. situaciones de los dirigentes de la UGTD y de la UDT
1696. despedidos tras las
1697. huelgas; que adopte las medidas necesarias, y que utilice todos
1698. los medios
1699. legales para dejar sin efecto o anular sus despidos y para que
1700. sean
1701. reintegrados lo más rápidamente posible en sus puestos de
1702. trabajo y en sus
1703. cargos, con arreglo a condiciones (calendario y condiciones de
1704. reanudación de
1705. labores, etc.) negociadas con ellos.
1706. 2) Los miembros de la misión, en relación con las destituciones
1707. de los
1708. docentes titulares que participaron en las huelgas, si bien
1709. tomaron nota con
1710. interés de que ciertos docentes contractuales fueron
1711. reintegrados por decisión
1712. del Ministro de Educación Nacional, pidieron que los Ministros
1713. de Trabajo, de
1714. Educación Nacional y de la Administración Pública se
1715. concertaran para dejar
1716. sin efecto esas destituciones y que se garantizara el reintegro
1717. de los
1718. docentes interesados en sus puestos de trabajo y en sus cargos
1719. con arreglo a
1720. condiciones (calendario y condiciones de reintegro) negociadas
1721. con éstos.
1722. 3) A juicio de los miembros de la misión es necesario que las
1723. autoridades
1724. judiciales tengan el máximo cuidado en promover y defender la
1725. libertad
1726. sindical, que se adopten disposiciones para instruir las quejas
1727. presentadas
1728. por las organizaciones sindicales o los sindicalistas, así como
1729. las
1730. presentadas por el Sr. Aref, a las que todavía no se ha dado
1731. curso, y que se
1732. examine con serenidad e independencia la situación personal y
1733. profesional del
1734. Sr. Aref.
1735. 4) Los miembros de la misión pidieron a todos los interlocutores
1736. de las
1737. organizaciones sindicales que hicieran todo lo posible para que
1738. puedan
1739. continuar o reanudar su vida y su actividad sindical normales en
1740. todos los
1741. planos y en todos los sectores de actividad del trabajo, en el
1742. respeto de los
1743. principios de la libertad sindical y del pluralismo sindical.
1744. Formularon la
1745. misma recomendación a las organizaciones sindicales con
1746. cuyos representantes
1747. se entrevistaron.
1748. 5) Por último, los miembros de la misión tomaron nota de la
1749. solicitud, que
1750. expresaron las autoridades gubernamentales y las
1751. organizaciones sindicales con
1752. que se entrevistaron, acerca de la necesidad de impartir
1753. formación y
1754. recomienda, por consiguiente, que en Djibouti se organice
1755. próximamente, con la
1756. participación de la OIT, un seminario tripartito dedicado a las
1757. normas
1758. internacionales relativas a la libertad sindical, en particular, y a
1759. las
1760. normas internacionales del trabajo en general. Esperan que la
1761. OIT pueda
1762. responder favorablemente a esta solicitud, que apoyan sin
1763. reservas, una vez
1764. que se restablezca la situación de los derechos sindicales.
1765. Recordaron también que la OIT está siempre disponible para
1766. proporcionar ayuda
1767. al Gobierno en la labor de revisión del Código de Trabajo que se
1768. lleva a cabo
1769. actualmente.
1770. París, 30 de enero de 1998. Sr. Jean-Maurice Verdier.
1771. Sra. Anna-Juliette Pouyat.
1772. Lista de personas entrevistadas por los miembros de la misión
1773. Autoridades gubernamentales
1774. Ministerio de Trabajo y de Formación Profesional
1775. Sr. Mohamed Ali Mohamed, Ministro de Trabajo y de Formación
1776. Profesional.
1777. Sr. Iwad Hassan, Secretario General.
1778. Sr. Gérard Karche, Consejero Técnico.
1779. Sr. Abdi Ilmi Achkir, Director del Trabajo.
1780. Sr. Guedi Absiye Houssein, Inspector del Trabajo y de las Leyes
1781. Sociales.
1782. Sr. Arbahim Ali, Director del Organismo de Protección Social.
1783. Sra. Osman Fatouma, responsable del Servicio Jurídico.
1784. Ministerio de Justicia
1785. Sr. Abdi Ismael Hersi, Director General de Asuntos Judiciales.
1786. Ministerio de Educación Nacional
1787. Sr. Areitha, Consejero Técnico.
1788. Sr. Fathi Chamsam, Jefe de Servicio a Cargo de la Enseñanza
1789. de Segundo Grado.
1790. Ministerio de la Administración Pública
1791. Sr. Yacin Ahmed Liban, Director.
1792. Presidencia de la República
1793. Sr. Amin A. Robleh, Secretario General del Gobierno.
1794. Representantes de los trabajadores
1795. Coordinación Intersindical -- Unión General de Trabajadores de
1796. Djibouti/Unión
1797. del Trabajo de Djibouti (UGTD/UDT)
1798. Sr. Kamil Diraneh Hared, despedido por abandonar su puesto
1799. de trabajo el 16 de
1800. septiembre de 1995: Secretario General de la Unión General de
1801. Trabajadores de
1802. Djibouti (UGTD), Secretario General del Sindicato de
1803. Trabajadores de
1804. Ferrocarriles, copresidente de Coordinación Intersindical.
1805. Sr. Ahmed Djama Egueh, despedido por abandonar su puesto
1806. de trabajo el 12 de
1807. septiembre de 1995: Presidente de la Unión del Trabajo de
1808. Djibouti (UDT),
1809. dirigente del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto
1810. Internacional de
1811. Djibouti, copresidente de Coordinación Intersindical.
1812. Sr. Aden Mohamed Abdou, despedido por abandonar su puesto
1813. de trabajo el 12 de
1814. septiembre de 1995: secretario general de la UDT, dirigente del
1815. Sindicato de
1816. Trabajadores de la Electricidad de Djibouti (SEED), portavoz de
1817. Coordinación
1818. Intersindical.
1819. Sr. Mohamed Doubad Wais, despedido por abandonar su
1820. puesto de trabajo el 12 de
1821. septiembre de 1995: Secretario General Adjunto de la UGTD,
1822. Secretario General
1823. del Sindicato de Trabajadores de la Oficina de Correos y
1824. Telecomunicaciones
1825. (OPT), miembro del comité de Coordinación Intersindical
1826. así como varios dirigentes sindicales del Sindicato de Docentes
1827. de Enseñanza
1828. Secundaria (SYNESED) y del Sindicato de Docentes de
1829. Enseñanza Primaria (SEP),
1830. en particular.
1831. Sindicato de Docentes de Enseñanza Secundaria (SYNESED)
1832. Sr. Soulaiman Ahmad Mohamed, Secretario General Adjunto de
1833. la UDT, ex
1834. Secretario General del SYNESED, suspendido de sus cargos el
1835. 15 de agosto de
1836. 1996, y ulteriormente destituido de la administración pública el
1837. 16 de febrero
1838. de 1997.
1839. Sr. Farah Abdillahi Miguil, Secretario General del SYNESED.
1840. Sr. Osman Miguil Waiss, Secretario General Adjunto.
1841. Sr. Ali Mohamed Dimbia, Secretario de Documentación.
1842. Sr. Hassan Isman Doubad, Interventor de Cuentas.
1843. Sr. Elmi Youssof Weiss, ex delegado sindical, agente
1844. contractual de enseñanza,
1845. no se le renovó el contrato y luego fue reintegrado.
1846. Srta. Mallyoun Benoit Frumence, Secretaria encargada de la
1847. documentación,
1848. suspendida de sus funciones el 15 de agosto de 1996,
1849. destituida de su cargo
1850. público el 16 de febrero de 1997.
1851. Sindicato de Docentes de Enseñanza Primaria (SEP)
1852. Sr. Mohamed Ali Djama, ex Secretario General Adjunto del SEP,
1853. suspendido de
1854. sus funciones el 15 de agosto de 1996, destituido de su cargo
1855. público el 16 de
1856. enero de 1997.
1857. Sr. Abdoul Fatah Hassan, ex Secretario General del SEP,
1858. secretario de
1859. organización.
1860. Representantes de los empleadores
1861. Sr. Saïd Omar Moussa, presidente de la Unión Sindical
1862. Interempresas (USIE).
1863. Sr. Jean-Philippe Delarue, USIE.
1864. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
1865. Sr. Teoufik Ben Amara, Representante Residente.
1866. Otra personalidad
1867. Sr. Ali Dini, abogado, decano del Colegio de Abogados de
1868. Djibouti.